CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL



MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                                                                                 

                                                  


Referencia: Expediente No.27661


Acta No.45


Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil seis (2006).



Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de MARTIN EDGAR ORLANDO ACHURY, contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM.


I-. ANTECEDENTES


El actor mencionado demandó a la citada entidad para que se le condene a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría pero con funciones afines al cargo anterior. Como consecuencia de lo anterior se le condene a reconocer y pagar todos los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, auxilios, subsidios y demás emolumentos de carácter legal y convencional dejados de percibir y los que se hayan podido producir desde la terminación del contrato hasta cuando sea reintegrado a sus funciones. Que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio. Las condenas anteriores deben ser indexadas o pagados los intereses correspondientes.


Como fundamento de sus pretensiones manifestó que la entidad demandada dio por terminado su contrato de trabajo mediante una investigación disciplinaria en la cual se violaron los principios rectores de la ley disciplinaria, al igual que las normas convencionales de las cuales era beneficiario.


La demandada en la contestación de la demanda aceptó como ciertos algunos hechos y negó otros. Se opuso a las pretensiones de la demanda, y manifestó que se cumplió con el procedimiento para dar por terminado el contrato de trabajo con el actor. Propuso las excepciones de falta de jurisdicción, inexistencia del derecho invocado, indebido agotamiento de la vía gubernativa e indebida acumulación de pretensiones.

Mediante sentencia del 31 de agosto del 2002 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas  por el demandante, a quien le impuso las costas.

II-. SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 20 de mayo del 2005, confirmó el fallo del juzgado.


El Tribunal, con fundamento en el testimonio del señor José María Infante Carreño y en la prueba documental que relaciona, concluyó que la demandada  adelantó una investigación disciplinaria contra el actor, dentro de la cual este tuvo las oportunidades procesales para hacer valer su derecho de defensa.


Agregó, que como no se cumplió con la norma convencional que exigía convocar al Comité Laboral para que emitiera su concepto sobre la sanción disciplinaria, el despido carece de toda validez, siendo éste injusto e ilegal, y por ende el trabajador tiene derecho al reintegro. Pero, como mediante el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003 se ordenó la liquidación de la demandada, no es posible físicamente reintegrar a un trabajador a una empresa que deja de existir.


Por lo expuesto absolvió a la demandada del reintegro y de las pretensiones inherentes a ella, como la reclamación de salarios y prestaciones dejados de percibir, y la declaratoria de no solución de continuidad, pues todas dependen de la prosperidad de la primera y en consecuencia confirmó la decisión de primera instancia.


III-. DEMANDA DE CASACIÓN


Inconforme con la anterior determinación, la parte demandante interpuso el recurso de casación, con el siguiente contenido:

“CAPITULO IV

ALCANCE DE LA IMPUGNACION

Pretendo con esta demanda, se CASE, parcialmente la sentencia impugnada en lo que se refiere al recurso de la parte demandante, por esa Corporación, la sentencia proferida por el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, SALA LABORAL, de fecha 20 de Mayo de 2005, en el Proceso Ordinario Laboral de MARTIN EDGAR ORLANDO ACHURY contra la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES “TELECOM” EN LIQUIDACIÓN, por medio de la cual se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, para que convertida esa HONORABLE CORPORACION en Tribunal de Instancia, revoque la sentencia de Primera Instancia en todas sus partes y se modifique la sentencia recurrida en el sentido de que se reconozca opción indemnizatoria plena.

CAPITULO V

FORMULACION DE CARGOS

  1. Invoco la Causal Primera de Casación consagrada en el Art. 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964 que modificó los artículos 87 del Código Procesal del
    Trabajo y 7° de la ley 16 de 1969, para lo cual formulo la siguiente acusación.

CARGO UNICO

Acuso la sentencia impugnada de violar indirectamente en la modalidad de aplicación indebida el Art. 305 del C.P.C., modificado por el Decreto 2282 de 1989 Art. 1°, mod. 135; 306 ibidem; artículos 25 del C.P.L., art. 50 y 145 del C.P.L., vilación (sic) medio que condujo a la violación del derecho(sic) 2123 del 29 de diciembre de 1992, art. 5°, Convención Colectiva de Trabajo 1994-1995; Art. 4º, 13, 20, literales B) y D), Art. 21; Art. 11 de ley 6ª de 1945 y D.R. 2127 de 1945; Código Unico (sic) Disciplinario Ley 200 de 1995, literal D) del Art. 73, 80 y 128; Constitución Política Art. 29, 31, 249 y 306 y Art. 6° del C.P.L.;

CONCEPTO DE VIOLACION.- Los errores evidentes de hecho consistieron por parte del TRIBUNAL en lo siguiente:

  1. Dar por demostrado, sin estarlo que las pruebas solicitadas por el demandante ya habían sido surtidas, lo que hacía innecesaria la practica de dichas pruebas nuevamente.
  2. Dar por demostrado que todos los cargos endilgados al señor MARTÍN EDGAR ORLANDO ACHURY, se ajustaron al procedimiento consagrado para tal fin, no siendo cierto, ya que se omitió por parte de la demandanda (sic) el cumplimiento de la garantía del DERECHO DE DEFENSA, establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, siendo ésta ley para las partes, no reposando prueba alguna que demuestre lo contrario, pero si esta omisión vulneró de manera directa al actor, teniendo en cuenta la incidencia en la sanción impuesta, para dar por terminado el contrato de trabajo entre el demandante y la demandada.
  3. Dar por cierto, que por el hecho de ser imposible jurídica y materialmente el reintegro, esto conlleve la desaparición de la acción indemnizatoria plena, propia de los trabajadores oficiales.
  4. (sic).

DESARROLLO DEL CARGO

El Tribunal confirma la sentencia proferida por el Juez de primera instancia, con argumentos diferentes, hace un análisis de la justa causa de terminación del contrato y certeramente va resolviendo cada uno de los hechos endilgados al actor, llegando a la conclusión que el procedimiento en contra del mismo se hizo de conformidad con la normatividad vigente, hasta llegar a uno de los requisitos consagrados para tal fin, manifestando que se incurrió en un despido injusto e ilegal, al no aplicar lo que establece el Art. 20 de la Convención Colectiva vigente para la época de los hechos como garantía del derecho de defensa, que en su literal c) manifiesta que cualquier decisión sanciontatoria (sic) deberá contar con el concepto previo del Comité Laboral respectivo.

Hay un error evidente de hecho, cuando existiendo razones contundentes que desvirtuan (sic) la justa causa para la terminación del contrato de trabajo del actor, que conllevan la nulidad absoluta de la desvinculación, que resulta insubsanable y que trae como consecuencia el reintegro del trabajador, con sus respectivos pagos de salarios y prestaciones sociales con dicha garantía, en virtud de las incompatibilidades creadas por el despido por la condición de entidad en liquidación, lo que permitiría pagar la indemnización al actor, no lo hace el Honorable Tribunal, sustrayéndose de dicho mandato aplicando en esta materia
la desfavorabilidad al actor. Muy a pesar, que la entidad demandada al momento en que se formuló la demanda, no se encontraba incursa en la liquidación.

Según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, la demanda tiene capacidad para formular errores de hecho, motivo por el cual fundamentamos la sustentación de este cargo, acudiendo a la causal primera de casación e intentando la anulación del fallo impugnado por la violación indirecta de la ley sustantiva laboral.

El Juez de segundo grado, encontró que verdaderamente al actor, le fue vulnerado su derecho de defensa, en un asunto de carácter disciplinario, al no haberse convocado el Comité Laboral, concluye que si bien es cierto que se cumple con los requisitos para ordenar su reintegro, al tomar las circunstancias especiales de despido, para considerar la conveniencia o viabilidad del hecho de reintregro,(sic) al casar la sentencia ese HONORABLE TRIBUNAL ordenará que, si no fuere aconsejable el reintegro en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, en su lugar se haga, el pago de la indemnización.

Por todo lo anterior, considero que la sentencia de segunda instancia debe ser casada en la forma solicitada en el alcance de la impugnación y en sede de instancia se condenará a la demandada, al pago de la indemnización absolviendo a mi poderdante de la condena en costas.”(Folios 10, 11 y 12).

No hubo escrito de oposición.



IV-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Se solicita en el alcance de la impugnación que se case parcialmente la sentencia del Tribunal y en sede de instancia se “revoque la sentencia de Primera Instancia en todas su partes y se modifique la sentencia recurrida en el sentido de que se reconozca opción indemnizatoria plena”.(Folio 10).


No se señala de manera precisa en que consiste la casación parcial, pues la sentencia es totalmente absolutoria, al confirmar la de primer grado que lo fue en el mismo sentido, y se pide simultáneamente la revocatoria y modificación del fallo de primer grado.


Además, se solicita que se reconozca la “opción indemnizatoria plena”, cuando en las peticiones de la demanda inicial no se incluyó dicho concepto.


En efecto, en la demanda se pide que se declare que “no existió justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo existente entre el demandante y la entidad demandada…se ordene el Reintegro inmediato de MARTIN EDGAR ORLANDO ACHURY…” y como consecuencia se condene a la empresa a “reconocer y pagar todos los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones cesantías, auxilios, subsidios y demás emolumentos de carácter legal y convencional que hubiera dejado de percibir, junto con los que hayan podido producirse desde la fecha de la injusta terminación efectiva del contrato ya citado, hasta cuando sea efectivamente reintegrado a sus labores.”(Folios 222 y 223).


Además, se pretendió la declaratoria de no solución de continuidad en la prestación de los servicios y la indexación de las condenas o el pago de los intereses correspondientes.


Se reitera que no aparece el pago de la indemnización por despido sin justa causa, como pretensión subsidiaria al reintegro. Y tampoco existe referencia a ese punto en el escrito de apelación, en el cual solo se dijo que el despido fue injusto y “de allí que las peticiones de nosotros debían ser reconocidas y admitidas, tal como lo estamos solicitándola TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA.”(Folio 357).


Por lo tanto, no es posible, dentro del recurso extraordinario de casación, incluir una pretensión que no fue incluida en la demanda inicial y por ende no fue objeto de estudio y decisión en las instancias.


Al respecto ha dicho esta Corporación:


“La primera objeción del recurrente consistente en que el Tribunal desatinó al no advertir que las resoluciones que autorizaron el despido colectivo condicionaron su implementación efectiva, en el caso de los trabajadores de mantenimiento y overhaul, a la venta o devolución de aviones por parte de la empresa, constituye en verdad un hecho nuevo, como lo pone de presente el opositor, que no fue esgrimido en la demanda inicial, durante las instancias, ni en la sustentación del recurso de apelación contra el fallo de primer grado, actuaciones en las que la solicitud de ineficacia del despido se fundamentó en causas distintas a la ahora esbozada. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia la improcedencia de estos planteamientos extemporáneos como quiera que implican una trasgresión al derecho de defensa y al debido proceso toda vez que conllevan a una limitación de la posibilidad de la otra parte para pronunciarse en la oportunidad legal sobre los mismos y solicitar la práctica de pruebas para desvirtuarlos. Resulta contrario a toda lógica y a la naturaleza del recurso extraordinario que la demanda de casación se base en hechos distintos a los que sirvieron de marco de referencia al promotor del proceso para delimitar sus pretensiones y a los jueces de instancia para adoptar su decisión, porque aceptarlo sería tanto como reabrir el debate entre los contendientes que quedó definitivamente clausurado con los fallos respectivos o permitir que la causa petendi sea trazada por fuera de las oportunidades procesales pertinentes. Por esto, se omite todo pronunciamiento en relación con los dos primeros errores de hecho denunciados, en tanto, se reitera, se trata de medios nuevos.”(Rad.21533 21 de enero de 2004).


“1-. De la revisión detenida del expediente se desprende que el Instituto demandado en la contestación de la demanda sólo propuso la excepción de prescripción; en la primera audiencia de trámite o en el escrito de sustentación del recurso de apelación tampoco hizo referencia alguna a la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Por lo anterior, este aspecto no puede ser traído ex novo ante la Corte en el recurso extraordinario de casación porque se trata de un punto que no fue materia de discusión durante las instancias del proceso, vale decir constituye un medio nuevo inadmisible en este recurso extraordinario.” (Rad. 12300 9 de septiembre de 1999).



A pesar de que lo dicho es suficiente para desestimar el cargo, la Sala observa que no se señalan las pruebas no apreciadas o erróneamente estimadas, que dieron origen a los supuestos errores de hecho que se le endilgan al Tribunal, el que además, no incurrió en ellos, como pasa a verse.


1-. Consideró, acertadamente, que el actor tuvo las oportunidades procesales para hacer valer su derecho de defensa y las dejó precluir.


2-. Consignó en su providencia que no se convocó el Comité Laboral y por ello concluyó que el despido fue injusto e ilegal.


3-. En ninguna parte sostuvo, que al no ser procedente el reintegro desparecía la acción indemnizatoria plena, propia de los trabajadores oficiales. Lo que encuentra la Sala al respecto, es la cita a la sentencia de esta Corporación de fecha 30 de abril de 1998, donde en uno de sus apartes se sostuvo que ante un cierre parcial o total de la empresa que da lugar a la terminación del contrato de trabajo, es inadmisible pretender el reintegro y por ello el trabajador solo tiene la opción indemnizatoria. Pero no es cierto, que el Tribunal hubiere afirmado lo que le atribuye el recurrente al respecto.


Por lo dicho el cargo no prospera.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de mayo de 2005, en el proceso seguido por MARTIN EDGAR ORLANDO ACHURY contra la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.



Eduardo  López Villegas








GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA                 CARLOS ISAAC NADER







Luis Javier Osorio Lópe    FRANCISCO  JAVIER RICAURTE  GÓMEZ







CAMILO TARQUINO GALLEGO                       ISAURA VARGAS DÍAZ








                     marÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

Secretaria