Ministerio de
Defensa Nacional
Decreto 324 de 2000
(Febrero 25 de 2000)
Por el cual se crea el Centro de coordinación de la lucha contra los
grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley.
Derogado
Por
la Ley 1621 de 2013,
art. 45 y por la Ley
1288 de 2009, art. 34
El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las conferidas en los numerales 4, 10 y 11 del artículo 189
de la Constitución
Política,
DECRETA
Artículo 1°. Centro de coordinación de lucha contra los grupos
de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley. Créase el centro de coordinación de la lucha
contra los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de
la ley, como una comisión intersectorial dependiente del Ministerio de Defensa
Nacional, y encargado de coordinar las políticas y acciones de persecución contra
dichos grupos.
Este Centro de Coordinación
contará con una base de datos que se deberá construir a partir de la
información de inteligencia que deben aportar todos los organismos del Estado,
de manera que se facilite la captura y judicialización de los integrantes de
dichos grupos, así como las recomendaciones sobre sistemas de reclusión
aplicables.
Artículo 2°. Integración. El Centro
de Coordinación previsto en el artículo anterior estará conformado por:
1. El Ministro de Defensa
Nacional, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior
3. El Ministro de Justicia
y del Derecho
4. El Fiscal General de la
Nación
5. El Procurador General de
la Nación
6. El Comandante General de
las Fuerzas Militares
7. El Director General de
la Policía Nacional
8. El Director del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
9. El Consejero
Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional.
Artículo 3°. Grupos de trabajo operativos. El
Centro de Coordinación, mediante acta de la reunión, podrá establecer la creación
de grupos de trabajo operativos en diferentes regiones del país, integrados por
comandantes de los respectivos organismos de seguridad y autoridades judiciales
a nivel regional.
Igualmente, los alcaldes y
gobernadores dispondrán lo necesario para la correcta aplicación de estas
disposiciones en su jurisdicción.
Artículo 4°. Funciones. Son
funciones del Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de
autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, las
siguientes:
1. Coordinar los recursos
disponibles, las actividades de inteligencia y las operaciones necesarias para
combatir los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de
la ley.
2. Recomendar la estrategia y
coordinar lo necesario para la persecución y captura de los organizadores,
dirigentes y promotores de los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos
armados al margen de la ley, así como de quienes contribuyan a su financiación
y a la dotación de armamento.
3. Apoyar a la Fiscalía
General de la Nación, en la ejecución de las órdenes de captura que se dicten
contra los integrantes de los mencionados grupos.
4. Desarrollar la implantación
de mecanismos de alerta temprana que permitan evitar masacres, atentados y
demás actos delictivos, de manera que induzca a la población a prestar la
máxima colaboración con las autoridades. Para el efecto se establecerán los
canales o líneas telefónicas necesarias para facilitar la recepción de la
información.
5. Recomendar se efectúen las
apreciaciones de inteligencia que conduzcan a la captura de dichos miembros de
grupos al margen de la ley, así como de quienes contribuyan a su financiación.
6. Determinar las estrategias
necesarias para neutralizar las finanzas de dichos grupos y los mecanismos para
congelar dichos recursos.
7. Proponer la conformación de
comisiones mixtas de evaluación de los organismos de seguridad y judiciales,
sobre hechos relacionados con la actuación de estos grupos al margen de la ley.
8. Proponer a los alcaldes y
gobernadores, a los consejos de seguridad y demás autoridades competentes, la
adopción de medidas de control de armas, de vehículos y otros bienes, incluidos
los equipos de comunicación, que se considere aconsejable en cada región del
territorio.
9. Evaluar periódicamente los
resultados e informar al Presidente de la República sobre los avances obtenidos
o la adopción de medidas adicionales.
10. Formular recomendaciones
al Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto
2895 de 1997.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,
Néstor Humberto
Martínez Neira.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Rómulo González
Trujillo.
El Ministro de Defensa Nacional,
Luis Fernando
Ramírez Acuña.