Ministerio del Interior
Decreto-ley 4635 de 2011
(Diciembre
9 de 2011)
Por el cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
El
Presidente de la República de Colombia
En ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 205 de
la Ley
1448 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Preámbulo
de la Constitución
Política de 1991, concibe como valores y principios fundantes
de la República la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático
y participativo.
Que el artículo 7°
de la Constitución
Política de 1991, por medio del cual se reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación constituye un principio
rector del ordenamiento Superior el cual garantiza los derechos fundamentales y
enfatiza el amparo reforzado del que deben gozar no sólo las personas
afrocolombianas como individuos, sino en tanto comunidades.
Que,
adicionalmente, mediante la Ley
70 de 1993, el Estado colombiano desarrolló el artículo
55 transitorio de la Constitución
Política, que le otorga a las comunidades negras que venían ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, así como de otras zonas del país que presenten condiciones similares,
el derecho a la propiedad colectiva sobre dichas tierras.
Que, con esa
finalidad, la Ley
70 de 1993 reconoció la protección de la diversidad étnica y cultural
y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana,
el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las
comunidades negras, la participación de las comunidades negras y sus
organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las
afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la
ley y la protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas
por las comunidades negras con la naturaleza.
Que en virtud del
principio de igualdad dada la situación de marginalidad histórica y segregación
que han afrontado las personas y comunidades afrocolombianas, deben gozar de
una especial protección por parte del Estado colombiano.
Que de este
reconocimiento y estas obligaciones se desprenden, entre otras, la obligación del
Estado de respetar la autonomía, integridad, dignidad y cultura de las
comunidades, al igual que el deber de consultar la adopción de decisiones
susceptibles de afectarlos, como lo establecen las normas constitucionales y el
Convenio 169 de la OIT, integrado en la legislación interna por la Ley
21 de 1991.
Que la
jurisprudencia nacional e internacional ha reconocido el impacto
desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, del desplazamiento
y confinamiento forzados sobre las Comunidades, y en la protección de sus
derechos individuales y colectivos.
Que en el diseño
de un modelo comprensivo y holístico de Justicia Transicional, el Gobierno
Nacional consideró indispensable crear un mecanismo de reparaciones para las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no sólo con el objetivo de materializar
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, sino adicionalmente, en aras de reducir las
desigualdades sociales existentes entre la sociedad colombiana y las víctimas
del conflicto armado, para así cimentar el proceso de transición y
reconciliación nacional, sobre bases sólidas de equidad e igualdad social.
Que, el 10 de
junio de 2011, fue sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”, bajo el número 1448 de 2011.
Que mediante el
artículo 205 de la Ley 1448 de 2011,
el Congreso de la República le otorgó al Presidente de la República precisas
facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, para generar el
marco legal de la política pública de atención, reparación integral y de
restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, de conformidad con la Constitución
Política, los instrumentos internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios
internacionales a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.
Que de conformidad
con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional en la materia,
los asuntos de que trata este decreto fueron sometidos a consulta previa con los
representantes de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras.
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Objeto
y concepto de víctimas
Artículo 1°. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer el marco normativo e
institucional de la atención, asistencia, reparación integral y restitución de
tierras y de los derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en concordancia con la Ley 70 de 1993,
ofreciendo herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de
participación para que las comunidades y sus miembros individualmente
considerados sean restablecidos en sus derechos de conformidad con la Constitución
Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales acerca de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, respetando y
dignificando su cultura, existencia material, derechos ancestrales y culturales
propios, así como sus derechos en tanto víctimas.
Las medidas de
prevención, atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras
y territorios para las comunidades, como sujetos colectivos y para sus miembros
individualmente considerados, serán diseñadas conjuntamente y acordes con sus
características étnicas y culturales, garantizando así el derecho a la
identidad cultural, la autonomía, el derecho propio, la igualdad material y la
garantía de pervivencia física y cultural.
Artículo 2°. Ámbito. El presente decreto regula el
ámbito de aplicación en lo concerniente a la prevención, atención, asistencia,
reparación de las víctimas, restitución de tierras y territorios con base en
los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras definidas de acuerdo a lo establecido
la Ley
70 de 1993.
Las disposiciones
contenidas en el presente decreto-ley parten del reconocimiento de la victimización
sistemática y desproporcionada contra las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras y de sus derechos en tanto víctimas individuales y colectivas de
violaciones de normas internacionales de Derechos Humanos o Infracciones al
Derecho
Internacional Humanitario.
Artículo 3°. Víctimas.
Se consideran víctimas, para los efectos de este decreto, a las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos colectivos y a
sus miembros individualmente considerados, que hayan sufrido un daño en los
términos definidos en este decreto por hechos ocurridos a partir del 1° de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las Normas Internacionales
de Derechos Humanos y que guarden relación con factores subyacentes y
vinculados al conflicto armado interno.
También son
víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de
estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad.
Para efectos de la
reparación colectiva se tendrá en cuenta a la familia extensa, siguiendo las
normas de parentesco y filiación de cada comunidad.
De la misma forma,
se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese
o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir
entre el autor y la víctima.
Todas las
disposiciones de este decreto se interpretarán en el sentido de que cualquier referencia
a las víctimas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras se entiende circunscrita a las víctimas a que hace referencia este
artículo.
Parágrafo 1°. Los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los
casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados
del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos
del presente decreto, él o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los
parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley
serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos
en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el
daño sufrido por los miembros de dichos grupos.
Parágrafo 2°. Las personas que hayan sido víctimas
por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad,
medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en
el presente Decreto, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que
sean individualizadas.
CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 4°. Comunidades
y autoridades propias. Entiéndase por comunidades, para los efectos
de este decreto, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
Entiéndase por
autoridades propias las estructuras administrativas de los consejos comunitarios
y los representantes de las comunidades ante las instancias de interlocución con
el Estado.
Artículo 5°. Justicia
transicional con enfoque étnico, colectivo y cultural.
Entiéndase por justicia transicional con enfoque étnico, colectivo y cultural,
todos aquellos procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con
los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las
violaciones cometidas en contra de las comunidades y de sus miembros, rindan
cuentas de sus actos, para satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación integral de las víctimas señaladas en el artículo 3° del presente
decreto, y se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no
repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas
ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz
duradera y sostenible.
Artículo 6°. Daño
colectivo. Se entiende que se produce un daño colectivo cuando la acción
viola los derechos y bienes de las comunidades como sujetos étnicos colectivos
en los términos del artículo 3° del presente decreto. También se produce un
daño colectivo cuando se vulneran masiva y sistemáticamente los derechos
individuales de los miembros de la colectividad. La naturaleza colectiva del
daño se verifica con independencia de la cantidad de personas individualmente
afectadas, aunque este se presume cuando hay una violación masiva y sistemática
de derechos individuales de los miembros de una comunidad por el hecho de ser
parte de la misma.
Artículo 7°. Daño
individual con efectos étnico colectivos. Se produce un daño individual con
efectos étnico colectivos cuando el daño sufrido por una víctima individual
perteneciente a una comunidad, pone en riesgo la estabilidad social, cultural,
organizativa y política o la permanencia física y cultural de las comunidades.
Para los efectos
del presente decreto, cuando se produzca un daño individual con efectos colectivos,
este se asimilará al daño colectivo, y la comunidad a la que pertenece el
afectado se entenderá como sujeto étnico colectivo víctima.
Artículo 8°. Daño
a la integridad cultural. Las comunidades sufren un daño a la
integridad cultural a causa del conflicto armado que se manifiesta en la
pérdida o deterioro de la capacidad para la reproducción cultural y la
conservación y trasmisión intergeneracional de su identidad o la imposibilidad
de desarrollar y transmitir sus saberes ancestrales.
Se produce un daño
étnico cultural colectivo cuando el evento afecta los derechos territoriales, el
patrimonio cultural y simbólico de las Comunidades, las formas de organización,
producción y representación propias, así como los elementos materiales y
simbólicos sobre los que se funda la identidad étnica cultural.
Artículo 9°. Daño
ambiental y territorial. Se produce un daño ambiental y
territorial cuando por razón de los hechos victimizantes a que se refiere el
artículo 3° de este decreto, se afectan los ecosistemas naturales, la
sostenibilidad y sustentabilidad del territorio de las comunidades.
La restauración
del entorno natural y la adopción de medidas para su protección serán condiciones
básicas para garantizar la salvaguarda de la relación indisoluble entre
territorio, naturaleza e identidad cultural.
Artículo 10. Daño
por racismo y discriminación racial. Se entiende que hay daño por racismo
y discriminación racial, para efectos de este decreto, cuando se producen actos
de violencia y discriminación racial con ocasión o por efecto del conflicto
armado referido en el artículo 3° de este decreto.
Se presume que uno
de los efectos del conflicto armado sobre las comunidades es la agudización del
racismo y la discriminación racial.
Artículo 11. Sujetos
de especial protección. Las personas pertenecientes a las comunidades
que hayan sufrido un daño en los términos establecidos en este decreto se
encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, debilidad e indefensión. Se
reconoce que al interior de las comunidades hay personas que debido a su
orientación sexual, género, edad y discapacidad física, sensorial o psíquica,
deben recibir un tratamiento especial y preferencial que deberá tener en cuenta
su especial necesidad de protección.
Artículo 12. Procedimiento
de restitución. Es el trámite judicial que tiene por objeto
el reconocimiento de las afectaciones y daños territoriales, para la
recuperación del ejercicio pleno de los derechos territoriales de las
comunidades vulneradas en el contexto del conflicto armado interno.
Artículo 13. Ayuda
humanitaria. Se refiere a las medidas adoptadas con el objetivo de socorrer,
asistir, proteger y atender las necesidades de alimentación, aseo personal,
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica
de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas, dependiendo de las necesidades que surjan por el hecho
victimizante, de las víctimas a las que hace referencia el artículo 3° del
presente decreto, con enfoque diferencial étnico, en el momento de la violación
de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de
la misma.
Artículo 14. Medidas
de asistencia a víctimas.
Se
entiende por asistencia a las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del
presente decreto, el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de
orden político, económico, social, entre otros, a cargo del Estado, orientado a
restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas de las que
trata el presente decreto, brindándoles elementos necesarios u otros para
llevar una vida digna y garantizándoles las condiciones para el retorno a los
territorios de las comunidades a las que pertenecen y su reubicación, en
condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.
Artículo 15. Atención.
Entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y
acompañamiento psicosocial a las víctimas a las que se refiere el artículo 3°
del presente decreto, de acuerdo con sus características culturales con miras a
facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad,
justicia y reparación.
Artículo 16. Reparación
integral. La reparación comprenderá las medidas de restitución de
territorios, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición en sus dimensiones individuales y colectivas.
La reparación
simbólica se entiende como toda medida adoptada a favor del sujeto colectivo como
víctima, que tienda a reconocer el daño causado y a asegurar la preservación de
la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la
aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
El derecho a la
justicia y a la verdad hace parte del concepto de reparación integral de las
víctimas.
Artículo 17. Plan
Integral de Reparación Colectiva. El Plan Integral de Reparación Colectiva
(PIRC) a las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto,
es el instrumento técnico por medio del cual se garantizará el cumplimiento de
las políticas dirigidas a reparar integralmente a los sujetos colectivos étnica
y culturalmente diferenciados y sus miembros individualmente considerados, que
hayan sufrido daños en los términos del artículo 3° del presente decreto.
CAPÍTULO III
Principios
Artículo 18. Enfoque
diferencial étnico. Las medidas de atención, asistencia,
reparación y restitución establecidas en el presente decreto se basan en el
principio de tratamiento especial y diferenciado a que tienen derecho las
comunidades y sus miembros individualmente considerados. Las normas,
procedimientos y mecanismos diseñados para tal efecto, deben interpretarse en
función de la pertenencia étnica y cultural y los derechos colectivos de las
comunidades.
Artículo 19. Garantía
de pervivencia física y cultural. Las medidas establecidas en el
presente decreto-ley están orientadas a favorecer la pervivencia física y
cultural de las comunidades negras.
Artículo 20. Principio
de respeto por el derecho propio de las comunidades. La
interpretación y aplicación de las medidas contenidas en el presente
decreto-ley se hará en coordinación armónica con las normas del derecho propio
de las comunidades, de la legislación especial para comunidades negras y de las
disposiciones generales de la República.
Artículo 21. Principio
de favorabilidad de las víctimas. En caso de existir conflicto entre lo
dispuesto en este decreto-ley y en la Ley 1448 de 2011,
se preferirá la aplicación del primero, con excepción de los casos en los que
lo dispuesto en dicha ley sea más favorable al goce efectivo de los derechos e
intereses de las comunidades.
Artículo 22. Progresividad.
El Estado garantizará el principio de progresividad en todo lo relativo a la
aplicación del presente decreto, en beneficio de las comunidades.
Este supone el
compromiso estatal de iniciar procesos que garanticen el goce efectivo de los
derechos humanos y colectivos respetando los principios de no discriminación y
de igualdad. Obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos
mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos, que el estado debe
garantizar a todas las víctimas, e ir acrecentándolos paulatinamente.
Artículo 23. Identidad
étnica y cultural y el derecho a la diferencia. El Estado reconoce
que las comunidades son parte constitutiva de la nación y tienen derecho a
conservar, reproducir y trasmitir los valores, tradiciones, prácticas e
instituciones que sustentan su identidad étnica y cultural. Por lo tanto, los
mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en este decreto deben
garantizar la pervivencia de la identidad étnica y cultural de las comunidades.
Artículo 24. Dignidad.
El fundamento de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación
integral y a las garantías de no repetición, así como de las medidas de
asistencia y atención integral para las comunidades y los individuos, consiste
en el respeto a la vida, a la integridad y autonomía, a la honra y a su buen
nombre. Este es el fin de la actuación administrativa y judicial en el marco
del presente decreto. En consecuencia serán tratados con respeto y participarán
real y efectivamente en las decisiones que les afecten.
Artículo 25. Autonomía.
En la implementación de este decreto, el Estado respetará los actos,
estrategias e iniciativas legales y legítimas propias de las comunidades, como
ejercicios políticos y colectivos de autonomía, dirigidos a la protección de la
vida, la libertad y la integridad cultural.
Artículo 26. No
discriminación. Las medidas de reparación individual o
colectiva para las Comunidades, debe contar con acciones que reconozcan y
supriman actos de racismo, discriminación, xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia racial, preexistentes y exacerbados con ocasión de las violaciones
de los derechos fundamentales, colectivos e integrales a que hace referencia el
artículo 3° de este decreto.
Artículo 27. Diversidad
etnolingüística. Las víctimas tienen derecho a utilizar su propia lengua en
todos los procedimientos para su atención, asistencia, reparación y
restitución, establecidos en el presente decreto. Así mismo, serán informadas
sobre los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación.
En estos casos el
Estado proporcionará intérpretes reconocidos por el respectivo pueblo o comunidad,
para efectos de garantizar la aplicación del artículo 10 de la Constitución
Política.
Artículo 28. Buena
fe. Se presume la buena fe de las víctimas individuales o
colectivas de que trata el presente decreto. Estas podrán acreditar el daño
sufrido, a través de cualquier medio legalmente aceptado.
Artículo 29. Publicidad.
El Estado, a través de las diferentes entidades a las cuales se asignan
responsabilidades, competencias y funciones en relación con las medidas
contempladas en este decreto, deberá promover mecanismos de publicidad y
difusión eficaces dirigidos a brindar información y orientar a las víctimas
acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan, al igual que
sobre los medios administrativos y judiciales mediante los cuales podrán
acceder al ejercicio de sus derechos.
Artículo 30. Identidad
cultural y derecho a la diferencia. En el diseño, la aplicación y el seguimiento
de los mecanismos, medidas y procedimientos, las autoridades estatales deben observar
un tratamiento sensible a la diferencia étnica y cultural para brindar
respuestas adecuadas en materia de prevención, atención, asistencia y
reparación.
Artículo 31. Carácter
de las medidas transicionales. El Estado reconoce que las víctimas a
las que se refiere el artículo 3° del presente decreto, tienen derecho a la
verdad, la justicia, la reparación y a que las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o las violaciones graves y manifiestas a las Normas
Internacionales de Derechos Humanos no se vuelvan a repetir, con independencia
de la individualización, juzgamiento y sanción del perpetrador o responsables
del daño causado.
Las medidas que se
adoptan y que están dirigidas a la atención, asistencia y reparación de las
víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto, buscan el
restablecimiento del goce efectivo de derechos como grupo étnico.
Artículo 32. Sujetos
de especial protección. Por el impacto desproporcionado que
han producido las violaciones de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en las personas definidas por la Constitución
Política y el derecho internacional como sujetos de especial
protección, en virtud de sus características particulares, su diversidad étnica,
su ciclo vital, su género, su diversidad sexual y/o su condición de
discapacidad, el Estado les dará prioridad en la prevención, atención,
asistencia y reparación integral, para garantizar la igualdad real y efectiva,
en las mismas condiciones que los demás grupos étnicos.
Artículo 33. Principios
de la prueba en casos de violencia sexual. Además de los principios dispuestos
en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley 1448 de 2011,
los niños, niñas, adolescentes, las personas LGBT, y las mujeres negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales víctimas tendrán derecho dentro de los
procesos incoados por violencia sexual a:
a) Que el
acompañamiento sea llevado a cabo por personal especializado e
interculturalmente sensibilizado con sus costumbres;
b) Ser sometidos a
exámenes psicológicos culturalmente adecuados que permitan establecer los daños
producidos en la salud mental;
c) Que se
garantice la presencia de traductores para recibir la declaración de los
jóvenes, las mujeres, los mayores y los niños y niñas palenqueros o raizales
que no se expresen de forma suficientemente clara en el idioma español;
d) Elegir el sexo
de la persona ante la cual debe rendir su declaración o realizarse un examen
médico forense.
Artículo 34. Distinción
entre las medidas de reparación y otras obligaciones del Estado.
Las comunidades
víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva. La ayuda y asistencia humanitarias, así como la prestación
de los servicios sociales del Estado, no constituyen medidas de reparación integral.
El acceso prioritario, especial y preferente de las víctimas a los servicios
sociales del Estado, conforme a la Ley 418 de 1997, hace parte de la asistencia
humanitaria. En consecuencia, el valor de estas medidas no podrá descontarse
del valor de la reparación integral, administrativa o judicial, a la que tienen
derecho las víctimas.
Artículo 35. Complementariedad
entre las medidas individuales y colectivas de reparación.
En todos los casos
en que concurran daños individuales y colectivos, la reparación integral se
adelantará para ambos, sin que se entienda como medida de doble reparación.
CAPÍTULO IV
Derechos
de las víctimas
Artículo 36. Derechos
generales y diferenciados. Las comunidades son titulares de derechos
como sujetos colectivos, al tiempo que sus miembros individualmente
considerados son titulares de los derechos generales a la ciudadanía y de
derechos especiales en función de su pertenencia étnica y cultural. Para
efectos de este decreto, las víctimas de las violaciones contempladas en el
artículo 3° tendrán, entre otros, los siguientes derechos en el marco de la
normatividad vigente:
1. Derecho a la
verdad, justicia y reparación.
2. Derecho a
acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3. Derecho a ser
beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger
y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
4. Derecho a
solicitar y recibir atención humanitaria.
5. Derecho a
participar a través de sus autoridades y representantes en la formulación, implementación
y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.
6. Derecho a la reunificación
familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el
núcleo familiar.
7. Derecho a
retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad
y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.
8. Derecho a la
restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos
en la presente ley.
9. Derecho a la
información sobre las medidas y procedimientos de acceso a las medidas que se
establecen en el presente decreto-ley.
10. Derecho a
conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando,
en los que tengan un interés como parte o intervinientes.
Estos derechos se
aplicarán a las víctimas pertenecientes a las comunidades sin perjuicio de
otros derechos establecidos en este decreto, atendiendo a su pertenencia étnica
o cultural y otros derechos reconocidos en la Constitución
Política y en el Derecho Internacional que forma parte del bloque de
constitucionalidad.
Artículo 37. Derecho
a la verdad. Las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente
decreto, tienen el derecho inalienable e imprescriptible a que se conozca,
difunda y comunique la verdad acerca de los motivos, condiciones y
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las violaciones cometidas en su
contra y la relación de las mismas con su pertenencia étnica. El Estado deberá
adelantar con la participación de las autoridades y representantes de las
comunidades las investigaciones correspondientes para establecer la verdad
sobre los daños y los responsables, e informar periódicamente de los resultados
a las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto.
Artículo 38. Reparación
integral. Las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del
presente decreto, tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada,
transformadora, diferenciada y efectiva por el daño que han sufrido como
consecuencia de los hechos victimizantes.
Artículo 39. Derecho
a la justicia. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva
que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo
3° del presente decreto, la identificación de los responsables, y su respectiva
sanción.
Las víctimas,
colectivas e individuales, tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia
y reparación contempladas en este Decreto o en otros instrumentos legales sobre
la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
Artículo 40. Derecho
fundamental al territorio. La pervivencia de las comunidades entraña
el ejercicio efectivo del derecho colectivo sobre sus territorios, en virtud de
la estrecha relación cultural que mantienen con los mismos. El territorio es
reconocido y comprendido como la base fundamental de sus culturas, su vida
espiritual, su integridad y su desarrollo autónomo. En los casos en los que la
comunidad o algunos de sus miembros hayan perdido o se encuentren en riesgo de
perder el dominio, uso o acceso territorial por razón del conflicto a que se
refiere el artículo 3° de este decreto, el Estado garantizará el pleno disfrute
de los mismos en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan.
El carácter constitucional
inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras de las comunidades
orienta el proceso de restitución colectiva e individual de dichos territorios.
Artículo 41. Derecho
a la participación. El Estado garantizará los espacios
para la participación real y efectiva de las comunidades a través de sus
instancias representativas, en las instancias del Sistema Nacional de Atención
y Reparación a Víctimas y en los procedimientos de reparación que se
establezcan en este decreto.
Artículo 42. Derecho
fundamental a la consulta previa. En el marco del presente decreto, el
derecho fundamental a la consulta previa del Plan Integral de Reparación
Colectiva de que trata el artículo 103 del presente decreto se desarrollará de
buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento en
los términos previstos por el Acuerdo 169 de la OIT, la Ley 70 de 1993
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que define sus alcances.
El uso de la
expresión “concertación”, en el marco de este decreto, hace referencia al mecanismo
mediante el cual las autoridades encargadas de adoptar decisiones en materia de
asistencia, atención, reparación integral y de restitución a las víctimas ponen
a consideración de las comunidades y las instancias representativas las
decisiones que pretenden adoptarse, con el fin de llegar a un posible acuerdo.
Artículo 43. Proporcionalidad
y concertación de las medidas. Las medidas de reparación que se
consulten de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del presente decreto y
se elaboren con las respectivas comunidades, autoridades y representantes,
guardarán relación con las violaciones de derechos y los impactos
identificados.
Artículo 44. Colaboración
armónica y respeto mutuo. Las distintas entidades del Estado comprometidas
con el desarrollo, ejecución y seguimiento de las medidas y mecanismos contemplados
en este decreto deberán trabajar de manera armónica y respetuosa con las comunidades,
en concurso con sus autoridades o instancias representativas, con el propósito de
garantizar el carácter integral y diferenciado de las medidas de reparación.
Artículo 45. Indivisibilidad
de los derechos de las comunidades. En la definición de las medidas de
reparación integral, así como de las de prevención, asistencia y atención integral
a las comunidades, las violaciones a los derechos colectivos se entenderán de
manera interdependiente y se analizarán bajo la óptica de los daños causados a
la integridad étnica y cultural.
TÍTULO II
DE LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES EN
SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO O EXTREMO EN EL MARCO DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO
Artículo 46. Protección
del derecho a la autonomía frente al conflicto armado.
Las comunidades gozarán de protección especial contra las agresiones generadas
en el marco de las violaciones e infracciones señaladas en el artículo 3° del
presente decreto-ley, así como de medidas diferenciales de prevención y
atención frente a las violaciones a sus derechos individuales y colectivos.
Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias
las siguientes pautas:
a) No serán objeto
de agresión las comunidades en cuanto tales, ni sus individuos, en cuantos
miembros de la comunidad;
b) Quedan
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar
a las comunidades;
c) Cuando por
condiciones de seguridad se requieran desplazamientos de misiones humanitarias
de asistencia y atención al territorio colectivo, las comunidades podrán pedir el
acompañamiento de la Fuerza Pública y de entidades humanitarias nacionales e
internacionales.
Parágrafo. Ninguna de las previsiones anteriores
se interpretará en el sentido de limitar las competencias asignadas por el
artículo 189 de la Constitución
Política al Presidente de la República en materia de conservación
del orden público.
Artículo 47. Medidas
especiales de protección de los derechos a la vida, seguridad, libertad e
integridad para las comunidades, en situación de riesgo extraordinario o
extremo.
Las autoridades
competentes adoptarán, a través de la formulación del programa nacional de
protección, medidas individuales y colectivas de protección integral
diferencial de carácter étnico, etario y de género, según el nivel de riesgo
evaluado para cada caso.
Estas medidas
deberán cubrir a las comunidades y podrán extenderse a toda la comunidad cuando
su pervivencia se vea amenazada por las violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones
al Derecho Internacional Humanitario. Para tal efecto, se deberán atender los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en la materia.
Cuando las
autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan
conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el presente artículo,
remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de
acuerdo a los programas de protección, para que inicien el procedimiento
urgente conducente a la protección de la víctima.
Parágrafo. En todos los casos las medidas de
protección tendrán en consideración los insumos entregados por parte de las
víctimas, en caso de que los haya, así como las modalidades de agresión, las
características de los riesgos que enfrentan, las dificultades para protegerse
de sus agresores, la vulnerabilidad ante ellos y las características
geográficas de la zona en la que se le brindará protección.
El estudio técnico
de nivel de riesgo, así como los insumos entregados por las víctimas, en caso
de que los hubiere, estarán protegidos por hábeas data y gozarán de carácter reservado
y confidencial.
Las medidas de
protección tendrán en consideración, desde el momento del análisis de riesgo,
las vulneraciones específicas a las que están expuestas los sujetos de especial
protección constitucional.
Artículo 48. Faltas
disciplinarias. Incurrirá en falta disciplinaria gravísima el funcionario público
que:
a) Estando
obligado a ello se niegue a dar una declaración oficial que restablezca la dignidad,
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella;
b) Estando
obligado a ello se niegue a dar una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
c) Impida u
obstaculice el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no
sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las
violaciones a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto-ley;
d) Proporcione
información falsa a las víctimas sobre los hechos que produjeron la victimización;
e) Discrimine por
razón de la victimización, por raza o pertenencia étnica;
f) Realice
declaraciones o incitaciones públicas que pongan en riesgo la vida y/o la integridad
de las comunidades y sus individuos.
Artículo 49. Criterios
y elementos para la revisión e implementación de los programas de protección
integral. Los criterios y elementos para la revisión e
implementación de los programas
de protección deberán incluir un carácter integral con enfoque diferencial
étnico:
a) Las medidas de
protección deberán ser oportunas, efectivas, específicas, adecuadas y
eficientes para la protección de la víctima o testigo;
b) La entidad
competente para la implementación de los programas de protección determinará su
conveniencia, viabilidad y aplicabilidad con la concertación de los consejos comunitarios.
Los programas de
protección contarán con personal especializado y sensibilizado en materia
intercultural, dirigido a garantizar la implementación de estrategias de
adaptación a las medidas de protección. Estos tendrán en consideración los
avances logrados en los planes específicos y en el plan integral de prevención,
protección y atención para la población afrocolombiana.
TÍTULO III
ASISTENCIA, ATENCIÓN Y AYUDA
HUMANITARIA
CAPÍTULO I
Asistencia
y atención
Artículo 50. Atención y orientación. La
atención y orientación que se preste a las víctimas será libre de todo tipo de
trato discriminatorio. Con la participación del Ministerio Público, se
establecerán mecanismos para que las víctimas que hayan sido afectadas por
prácticas discriminatorias, en el momento de ser atendidas puedan denunciar los
hechos. Se investigará y sancionará a los servidores públicos a quienes les
sean comprobados tratos discriminatorios contra las víctimas de que trata el
presente decreto, acorde con la normativa vigente.
Para prevenir las
prácticas de discriminación en la atención y orientación a las víctimas de que
trata el presente Decreto, el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Cultura desarrollarán campañas de sensibilización en enfoque diferencial y
derechos especiales de las comunidades dirigidas a los servidores públicos de
las entidades nacionales y territoriales encargadas de la atención y
orientación a las víctimas.
Artículo 51. Ayuda
humanitaria. En el término de seis (6) meses a partir de la expedición del
presente decreto-ley, la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, formulará con la participación de los
representantes de las comunidades un protocolo de ayuda humanitaria que
establezca los elementos especiales y diferenciados de atención humanitaria en
materia de alimentación y dieta, vestimenta y abrigo, aseo personal, atención
médica y psicosocial, alojamiento transitorio y, en general, para garantizar el
mínimo vital de las víctimas de las que trata el presente decreto-ley. Así mismo
este protocolo contemplará las características, medidas y etapas específicas
para la población desplazada perteneciente a las comunidades.
En todo caso, el
protocolo del que trata el presente artículo será de obligatorio cumplimiento para
la atención y asistencia humanitaria a las comunidades.
Artículo 52. Medidas
en materia de educación. Se debe garantizar una educación libre de
discriminación que permita a las víctimas mantener vivas sus tradiciones y
cultura. Para tal fin el Ministerio de Educación, en conjunto con las secretarías
territoriales certificadas, realizará las acciones necesarias para asegurar que
las comunidades desplazadas puedan dar continuidad a sus procesos
etnoeducativos.
En educación
superior, las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas,
universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública,
en el marco de su autonomía, establecerán, en el año siguiente a la entrada en
vigencia del presente decreto, los procesos de selección, admisión y matrícula
que posibiliten que las víctimas de que trata el presente decreto tengan, las
mismas condiciones que los miembros de los grupos étnicos a que se refiere el
artículo 205 de la Ley 1448, acceso prioritario y preferencial a los programas
académicos ofrecidos por estas instituciones. Las cuotas de acceso para las víctimas
a que se refiere este decreto serán adicionales a las cuotas reservadas por
estas instituciones para los miembros de estas comunidades que no tienen la
condición de víctima.
El Ministerio de
Educación Nacional, en las mismas condiciones que los miembros de los grupos
étnicos a que se refiere el artículo 205 de la Ley 1448, incluirá a las
víctimas de que trata el presente Decreto dentro de las estrategias de atención
a la población diversa y adelantará las gestiones necesarias con el Icetex para
que sean incluidas preferencialmente dentro de las líneas especiales de crédito
y subsidios a la tasa de interés y al sostenimiento.
Artículo 53. Criterios
y elementos para la revisión e implementación de los programas de protección
integral. Los programas de protección deberán incluir en su revisión e
implementación un
carácter integral que incluya los siguientes criterios:
1. Los programas
de protección deben contemplar medidas proporcionales al nivel de riesgo de la
víctima antes, durante y después de su participación en procesos judiciales o administrativos
contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas.
2. Los criterios
para evaluación del riesgo fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
así como la decisión de la medida de protección, deben ser conocidos previamente
por la víctima o testigo.
3. El riesgo y los
factores que lo generan deben ser identificados y valorados de acuerdo con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha fijado al respecto. El riesgo
debe ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha
evaluación, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Las medidas de
protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la
protección de la víctima o testigo. Una vez decidida la medida de protección
por parte del órgano competente, la víctima o testigo podrá sugerir medidas
alternativas o complementarias a la decidida si considera que esta no resulta
adecuada para las circunstancias particulares del caso. El órgano competente
determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad. Lo anterior se
realizará en el marco de la oferta institucional de protección existente.
5. Los programas
de protección deberán amparar sin discriminación alguna a las víctimas y
testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su
participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la
normatividad relacionada con dichos programas. Por consiguiente, los programas
establecerán las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investiga o
juzga, del presunto responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito
o del procedimiento judicial o administrativo para el reclamo de los derechos,
siempre y cuando exista un claro nexo causal entre las amenazas y la
participación de la víctima o testigo en algún proceso judicial o
administrativo o su impedimento para participar en el mismo.
6. Los programas
de protección, los criterios para la evolución de riesgo y las decisiones sobre
las medidas deberán atender y tomar en consideración criterios diferenciales
por género, capacidad, cultura y ciclo vital, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
7. Los programas
de protección deberán estar en coordinación permanente con los programas de
atención a víctimas con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante
y la situación de riesgo generada.
8. Las entrevistas
realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección deberán
efectuarse en sitios seguros y confidenciales, en particular cuando involucran mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
9. Se deberá dar
información permanente a las autoridades judiciales y administrativas que
adelantan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo,
con la finalidad que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación
de la víctima y testigo. En particular, se tendrán en cuenta las razones que
puedan impedir o dificultar la participación de la víctima o testigo en las
diligencias y se adoptarán correctivos para propiciar que su participación no
se vea obstaculizada.
Parágrafo 1°. Además de los criterios señalados en
el presente artículo, para la revisión, diseño e implementación de los
programas de protección integral se deberán tener en cuenta los siguientes
elementos:
El Ministerio de
Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del
Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a
través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas,
tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de
restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo.
Las organizaciones
comunitarias y de víctimas con presencia en las áreas donde se lleven a cabo
procesos de restitución y reparación colectiva, podrán entregar insumos a los órganos
competentes para la determinación y análisis de riesgo.
Las autoridades
competentes pondrán en marcha una campaña sostenida de comunicación en
prevención, garantía y defensa de los derechos de las víctimas que fomente la solidaridad
social a nivel local y nacional.
La revisión y
adecuación a los criterios establecidos en el presente artículo de los
programas de protección existentes, deberán ser realizadas en un plazo no mayor
de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. Las víctimas que se encuentren
registradas en el Sisbén 1 y 2 quedarán exentas de cualquier cobro de copago o
cuota moderadora, en todo tipo de atención en salud que requieran. En caso de
no hallarse afiliadas a ningún régimen, tendrán que ser afiliadas en forma
inmediata al régimen subsidiado.
Parágrafo 3°. En aras de brindar una atención en
salud que responda a sus usos y costumbres y en concordancia con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo, el Sisbén identificará la pertenencia de las
víctimas a las respectivas comunidades.
Parágrafo 4°. El Ministerio de Salud y Protección
Social, en el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas, incluirá la ejecución de campañas y acciones de difusión de las
medidas en salud presentes en el presente decreto entre las entidades
prestadoras del servicio de salud.
Artículo 54. Atención
de emergencia en salud. Las instituciones hospitalarias,
públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud,
tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a
las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica
de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su
admisión.
Artículo 55. Servicios
de asistencia en salud. Los servicios de asistencia médica,
quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
1.
Hospitalización.
2. Material
médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, conforme con los
criterios técnicos que fije el Ministerio de la Protección Social.
3. Medicamentos.
4. Honorarios Médicos.
5. Servicios de
apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.
6. Transporte.
7. Examen del
VIH/SIDA y de ETS, en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso
carnal violento.
8. Servicios de interrupción
voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la
víctima.
9. La atención
para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.
Parágrafo. El reconocimiento y pago de los
servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que se refiere este
capítulo, se hará por conducto del Ministerio de Salud y Protección Social con
cargo a los recursos del Fosyga, subcuenta de Eventos Catastróficos y
Accidentes de Tránsito, únicamente en los casos en que se deban prestar los
servicios de asistencia para atender lesiones transitorias permanentes y las
demás afectaciones de la salud que tengan relación causal directa con acciones
violentas que produzcan un daño en los términos del artículo 3° del presente
decreto, salvo que estén cubiertos por planes voluntarios de salud.
Artículo 56. Remisiones.
Los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que resultaren
víctimas de acuerdo al presente decreto, serán atendidos por las instituciones prestadoras
de salud y una vez se les preste la atención de urgencias y se logre su
estabilización, si estas instituciones no contaren con disponibilidad o
capacidad para continuar prestando el servicio, serán remitidos a las
instituciones hospitalarias que definan las entidades de aseguramiento para que
allí se continúe el tratamiento requerido. La admisión y atención de las
víctimas en tales instituciones hospitalarias es de aceptación inmediata y
obligatoria por parte de estas, en cualquier parte del territorio nacional, y
estas instituciones deberán notificar inmediatamente al Fosyga sobre la
admisión y atención prestada.
Parágrafo. Aquellas personas que se encuentren en
la situación prevista en la presente norma y que no se encontraren afiliados al
régimen contributivo de seguridad social en salud o a un régimen de excepción,
accederán a los beneficios contemplados en la Ley 100 de 1993 mientras no se
afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo o
deban estar afiliados a dicho régimen.
Artículo 57. Pólizas
de salud. Los gastos que demande la atención de las víctimas a que hace
referencia el artículo 3° de este decreto y que estén amparadas con pólizas de
compañías de seguros de salud o contratos con empresas de medicina prepagada,
serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo establecido en el presente
capítulo cuando no estén cubiertos o estén cubiertos de manera insuficiente por
el respectivo seguro o contrato.
Artículo 58. Evaluación
y control. El Ministerio de Salud y Protección Social o la
Superintendencia Nacional de Salud, según el caso, ejercerán la evaluación y
control sobre los aspectos relativos a:
1. Número de
pacientes atendidos por pertenencia étnica.
2. Acciones
médico-quirúrgicas.
3. Suministros e
insumos hospitalarios gastados.
4. Causa de egreso
y pronóstico.
5. Condición del
paciente frente al ente hospitalario.
6. El efectivo
pago al prestador.
7. Negación de
atención oportuna por parte de prestadores o aseguradores.
8. Las condiciones
de calidad en la atención por parte de IPS, EPS o regímenes exceptuados.
9. Los demás
factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto en
el presente decreto.
Artículo 59. Inspección
y vigilancia. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo constituirá,
para las entidades prestadoras de los servicios de salud, para las EPS,
regímenes especiales y para los empleados responsables, causal de sanción por
las autoridades competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y
vigilancia, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley
10 de 1990, y demás normas concordantes.
Artículo 60. Medidas
de restitución en materia de vivienda. Las víctimas de las Comunidades cuyas
viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán
prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las
modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de
vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el
victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización.
Las víctimas
podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normativa
vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales previstos en la Ley
418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o adicionan. El Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces,
o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus
veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normativa
vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de
que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger
a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón
por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares de
las comunidades que hayan sido víctimas en los términos de la presente ley.
El Gobierno
nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con
el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo,
tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.
Parágrafo 1°. Los miembros de las comunidades,
víctimas de desplazamiento forzado, accederán a los programas y proyectos
diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de
familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población
discapacitada desplazada.
Parágrafo 2°. Se priorizará el acceso a programas de
subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los
predios afectados, previa verificación de condiciones de seguridad por parte de
la autoridad competente.
Parágrafo 3°. Los hogares pertenecientes a
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras incluidas en el
Registro Único de Víctimas, cuyas viviendas hayan sufrido despojo, abandono,
pérdida o menoscabo, y cuya intención sea el asentamiento urbano, serán
atendidos de forma prioritaria y diferencial, al igual que las demás víctimas de
que trata el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011,
en el área urbana, por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio, en las condiciones que para lo propio determine el Ministerio.
Artículo 61. Postulaciones
al subsidio familiar de vivienda. Los postulantes al Subsidio Familiar de
Vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a
cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo Nacional de Vivienda
o la entidad que haga sus veces, o por el Banco Agrario o la entidad que haga
sus veces, según corresponda.
Artículo 62. Cuantía
máxima. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que
trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los
beneficiarios de viviendas de interés social.
Artículo 63. Entidad
encargada de tramitar postulaciones. Las postulaciones al Subsidio Familiar
de Vivienda de que trata este capítulo, serán atendidas por el Ministerio del
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial si el predio es urbano, o por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural si el predio es rural, con
cargo a los recursos asignados por el Gobierno nacional para el Subsidio de
Vivienda de Interés Social.
Artículo 64. Normatividad
aplicable. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata
este capítulo, lo establecido en la normativa vigente que regula la materia, en
cuanto no sea contraria a lo que aquí se dispone.
CAPÍTULO II
Atención
a comunidades víctimas de desplazamiento
Artículo 65. Atención
humanitaria. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas diseñar e implementar los
procedimientos y componentes de la Atención Humanitaria con enfoque étnico, de
modo que sean flexibles y adecuados a las características culturales y necesidades
propias de las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado. La atención a
las víctimas del desplazamiento forzado se regirá por lo establecido en este
capítulo y se complementará con la política pública de prevención y
estabilización socioeconómica de la población desplazada, establecida en la Ley
387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten.
Las disposiciones
existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población
en situación de desplazamiento, que no contraríen el presente decreto,
continuarán vigentes.
Parágrafo 1°. El costo en el que incurra el Estado
en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún
caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a
que tiene derecho esta población.
Parágrafo 2°. Para los efectos del presente decreto,
se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se
refiere el artículo 3° del presente decreto.
Artículo 66. La
declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento forzado.
La
persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones
que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del
hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1° de
enero de 1985, y no se encuentre registrada
en el Registro Único de Población Desplazada.
La declaración
hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de
registro debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe,
confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. La declaración deberá tener
en cuenta las condiciones y características culturales de las víctimas
pertenecientes a las comunidades.
Parágrafo 1°. Se establece un plazo de dos (2) años
para la reducción del subregistro, período en el cual las víctimas de
desplazamientos forzados ocurridos después del 1° de enero de 1985 y que no se
encuentren registradas en el Registro Único de Población Desplazada, podrán
declarar los hechos con el fin de que se decida su inclusión o no en el
Registro.
Para este efecto,
el Gobierno nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a
fin de que las víctimas de desplazamiento forzado pertenecientes a las
comunidades que no han declarado, se acerquen al Ministerio Público a rendir su
declaración.
Parágrafo 2°. En las declaraciones presentadas
después de dos (2) años de la ocurrencia del hecho que dio lugar al
desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar
sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración,
con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la
accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado.
En cualquier caso,
se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron su desplazamiento para contar con información precisa que permita
decidir sobre la inclusión o no del declarante al Registro.
Parágrafo 3°. En evento de fuerza mayor que haya
impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el
término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo
desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento.
La víctima de
desplazamiento forzado deberá informar de esa circunstancia al funcionario del
Ministerio Público, que indagará sobre las mismas y enviará la diligencia a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, con el fin de que esta realice las acciones pertinentes.
Artículo 67. Etapas
de la atención humanitaria. Se establecen tres fases o etapas
para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado:
1. Atención
Inmediata.
2. Atención
Humanitaria de Emergencia, y
3. Atención
Humanitaria de Transición.
Parágrafo. Las etapas aquí establecidas varían
según su temporalidad y el contenido de la ayuda, de acuerdo con la evaluación
cualitativa de la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento
que se realice por la entidad competente.
Artículo 68. Atención
inmediata. Es la ayuda humanitaria entregada a las víctimas de las
comunidades, que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en
situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y
asistencia alimentaria.
Esta ayuda será
proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la
población en situación de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde
el momento en que se presenta la declaración hasta el momento en que informe a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Parágrafo 1°. Podrán acceder a esta ayuda
humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el artículo
61 de la Ley
1448 de 2011 y que se hayan desplazado por hechos
ocurridos dentro de los tres (3) meses anteriores a la solicitud.
Cuando se
presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado
presentar su declaración en ese término, el mismo empezará a contarse a partir
del momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento, frente a
lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas
circunstancias e informará a la Entidad competente para que se adopten las
acciones pertinentes.
Parágrafo 2°. Mientras el Registro Único de Víctimas
no entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de
Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011.
Artículo 69. Atención
humanitaria de emergencia. Es la ayuda humanitaria a la que tienen
derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento, una vez se haya
expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de
Víctimas. La atención humanitaria de emergencia se entregará de acuerdo con el
grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.
Realizado el
registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos a
la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones
necesarias.
Parágrafo 1°. La atención humanitaria de
emergencia seguirá siendo entregada por la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional hasta tanto se le garanticen los recursos
de operación a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá
entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando
la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en su totalidad
y de manera oportuna.
Parágrafo 2°. Mientras el Registro Único de Víctimas
no entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de
Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011.
Artículo 70. Atención
humanitaria de transición. Es la ayuda humanitaria que se
entrega a la población en situación de desplazamiento incluida en el Registro
Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría
destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.
Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la
alimentación de los hogares en situación de desplazamiento.
De igual forma, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas conducentes para
garantizar el alojamiento temporal de la población en situación de
desplazamiento.
Parágrafo 2°. Los programas de empleo dirigidos a
las víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011
se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición en el caso de las víctimas
de las comunidades.
Parágrafo 3°. Mientras el Registro Único de Víctimas
no entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de
Población Desplazada.
Parágrafo 4°. Los procedimientos y componentes de la
atención para las víctimas de desplazamiento en cada una de sus etapas deberán
tomar en consideración las características propias de los sujetos colectivos
étnica y culturalmente diferenciados.
Parágrafo 5°. Para el caso de familias e individuos
desplazados que se encuentran separados de sus comunidades, también se
aplicarán las medidas señaladas para prestar la Atención Humanitaria.
Parágrafo 6°. La alimentación brindada como parte de
la Atención Humanitaria de Transición por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar deberá tener en cuenta, en lo posible, las prácticas de
soberanía alimentaria de las comunidades, las características y restricciones
en la dieta y la preparación de alimentos del individuo, familia o comunidad étnica,
como parte del acompañamiento al retorno o la reubicación, o en el proceso de
transición.
Dicha alimentación
se proveerá de acuerdo con la disponibilidad del territorio donde sea atendida
la familia o comunidad étnica que se encuentre en situación de desplazamiento y
deberá garantizar una nutrición adecuada.
Parágrafo 7°. Cuando una comunidad étnica sea
receptora en su territorio de otra comunidad étnica desplazada masivamente, las
instituciones responsables de entregar atención humanitaria, en cualquiera de
las tres etapas establecidas: atención inmediata, atención humanitaria de
emergencia y atención de transición ofrecerán, la posibilidad de atender a la
comunidad receptora de manera subsidiaria de acuerdo con las necesidades
identificadas como consecuencia del evento del desplazamiento forzado.
CAPÍTULO III
Retornos
y reubicaciones
Artículo 71. Retornos
y reubicaciones colectivos. Los planes de retorno y reubicación para
grupos y para las comunidades, que se encuentren en situación de desplazamiento
forzado en eventos masivos, deberán ser diseñados de manera concertada con las
comunidades y sus representantes. Los retornos y las reubicaciones sólo
ocurrirán bajo condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Cuando no
existan las condiciones referidas para el retorno de las víctimas
pertenecientes a las comunidades, debe llevarse a cabo un plan de reubicación
cuya duración, temporal o definitiva, será definida con las comunidades
directamente afectadas. Los planes temporales estarán sujetos al futuro retorno
cuando, en un tiempo determinado, se hayan superado las condiciones que
generaron el desplazamiento e impidieron el retorno inmediato.
Parágrafo 1°. La implementación y seguimiento de los
planes de retorno y reubicación serán producto de una acción armónica,
concertada e informada entre la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión para la Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas, la Dirección de
Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior y las autoridades propias y los representantes de las
comunidades. Estos seguimientos se realizarán durante los dos (2) años
siguientes al retorno o la reubicación, en plazos de seis (6) meses.
Parágrafo 2°. Los planes de retorno o reubicación
que se formulen con las comunidades afectadas por eventos de desplazamiento
masivo podrán ser elaborados con anterioridad a los Planes Integrales de
Reparación Colectiva de los que trata el Título IV del presente decreto. La implementación
de los planes de retorno o reubicación no estará sujeta a la concertación y
formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, pero serán tenidos
en cuenta como parte constitutiva de los mismos.
Parágrafo 3°. Cuando no existan las condiciones de
seguridad para permanecer en los lugares elegidos por las víctimas de las
comunidades para su retorno o reubicación, sus miembros, autoridades y
representantes, podrán acercarse al Ministerio Público y denunciar los hechos
que pongan en riesgo su subsistencia cultural, social o política y los hechos
que podrían generar su desplazamiento.
Parágrafo 4°. Las condiciones de seguridad para el
retorno y/o la reubicación temporal o definitiva serán revisadas y evaluadas en
el marco de los Comités de Justicia Transicional del territorio donde se lleve
a cabo el retorno o la reubicación, a partir de los conceptos que emita la
Fuerza Pública y las pruebas aportadas por las entidades del Ministerio
Público, y la información remitida por las autoridades propias y los representantes
de las comunidades.
En los Comités de
Justicia Transicional a que hace referencia este artículo, tendrá asiento un
delegado de las comunidades del área de influencia del Comité Territorial.
Artículo 72. Retornos
y reubicaciones individuales. Cuando se trata de desplazamientos individuales
o de familias integrantes de una Comunidad de las que trata el presente
decreto, el retorno de las mismas será coordinado con los consejos
comunitarios, autoridades propias e instancias representativas con el fin de
garantizar la implementación de las medidas de atención y asistencia
necesarias, tanto a los integrantes de la comunidad receptora como a los
directamente afectados. Cuando el retorno no sea posible por condiciones de seguridad,
voluntariedad y dignidad se procederá a la reubicación, la cual se hará de
manera concertada con las autoridades propias de las comunidades receptoras, de
ser el caso.
Parágrafo. Las víctimas pertenecientes a las
comunidades definidas en el presente decreto podrán solicitar su retorno o
reubicación ante la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas por medio del procedimiento establecido para tal fin. La
solicitud será revisada y evaluada en el marco del Comité de Justicia
Transicional del territorio donde se lleve a cabo el retorno o la reubicación a
partir de los conceptos que emita la Fuerza Pública y las pruebas aportadas por
las entidades del Ministerio Público y la información remitida por las
comunidades.
Artículo73. Del
acompañamiento a retornos que se hayan dado de manera voluntaria por parte de
las comunidades. Los retornos voluntarios de las víctimas a que se refiere
el presente
decreto, adelantados sin el acompañamiento de las entidades estatales, podrán adelantarse de conformidad con el Plan
Integral de Reparación Colectiva, en coordinación con las comunidades y sus autoridades propias y
representantes, previa verificación de que existan
las condiciones de seguridad para que las víctimas permanezcan dentro del
territorio.
Parágrafo 1°. La Fuerza Pública rendirá concepto
sobre la situación de seguridad del territorio sobre el que se realizó el
retorno voluntario por parte de las víctimas.
Parágrafo 2°. La Personería Municipal y/o la
Defensoría Regional podrán aportar pruebas que contribuyan a la verificación de
las condiciones de seguridad del territorio sobre el que se realizó el retorno
voluntario por parte de las víctimas.
Artículo 74. Cesación
de condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará
la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho
mismo del desplazamiento cuando la comunidad negra, afrodescendiente, raizal o
palenquera alcance el goce efectivo de los derechos fundamentales y del
restablecimiento económico y social, por sus propios medios o a través de los
programas establecidos por el Gobierno Nacional en el marco de un proceso de
retorno o reubicación.
TÍTULO IV
PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA A
COMUNIDADES
CAPÍTULO I
Artículo 75. Plan
integral de reparación colectiva. La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas, a través del Plan Integral de
Reparación Colectiva –PIRC–, deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar la reparación integral de las víctimas de que trata el presente
decreto, étnica y culturalmente diferenciadas. Este
Plan deberá
reflejar la visión étnica y cultural de la comunidad respectiva.
Artículo 76. Definición.
El Plan Integral de Reparación Colectiva es el instrumento técnico por medio
del cual, previa consulta a las comunidades, consejos comunitarios y autoridades
propias, se estructuran las medidas de reparación colectiva, acordes con las necesidades
concretas de las víctimas de que trata el presente decreto.
Este plan tendrá
en cuenta las particularidades culturales y territoriales de las comunidades que
deben ser reparadas, y deberá ser consultado previamente de acuerdo con las
metodologías definidas con las respectivas comunidades, consejos comunitarios y
autoridades propias.
Parágrafo. El Plan Integral de Reparación
Colectiva recogerá los principios y las medidas contenidas en el presente
decreto como marco general.
Artículo 77. Objetivos
del PIRC. Constituyen objetivos del Plan Integral de Reparación Colectiva:
a) Identificar los
daños y afectaciones colectivas de las comunidades;
b) Construir
conjuntamente la caracterización de que trata el artículo 105 del presente decreto;
c) Determinar
acciones para la reparación colectiva y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales
de las víctimas de que trata el presente decreto;
d) Contribuir de
manera transformadora a la recuperación de las condiciones, capacidades y oportunidades
de desarrollo personal y colectivo perdidas como consecuencia del conflicto
armado;
e) Implementar
medidas para la protección efectiva de la diversidad étnica y cultural de las
comunidades;
f) Transformar las
condiciones de discriminación histórica que permitieron o facilitaron la
comisión de las violaciones de que trata el artículo 3° contra las comunidades;
g) Garantizar la
pervivencia física y la permanencia cultural de las comunidades;
h) Diseñar e
implementar medidas de reparación integral tendientes a garantizar la atención
preferencial a las personas de especial protección constitucional,
especialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia, huérfanos y personas en
situación de discapacidad;
i) Garantizar los
mecanismos, espacios y recursos económicos y humanos que permitan conocer la
verdad sobre los hechos victimizantes, alcanzar la justicia y garantizar la no repetición
de las causas y condiciones que generaron las afectaciones y violaciones;
j) Definir las
obligaciones, roles y competencias de las diferentes instancias del Estado en
los niveles nacional, local y territorial para el diseño, ejecución y
seguimiento de las medidas contempladas en el presente decreto.
Artículo 78. Contenido
del Plan Integral de Reparación Colectiva. Cada una de las comunidades
con el concurso de sus autoridades o instancias representativas construirán y
tendrán derecho a participar activamente en la implementación y seguimiento de
un PIRC que, partiendo de la definición del daño, determine las medidas de
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
conforme a los criterios generales que a continuación se establecen en este
decreto. El Plan Integral contendrá, entre otros, los siguientes elementos:
a) La
caracterización de la que trata el artículo 105 del presente decreto;
b) La
identificación de las respectivas autoridades propias, así como las dinámicas y
mecanismos de consulta interna;
c) Las medidas de
reparación integral colectiva, conforme a los criterios establecidos en el
Capítulo II del Título V del presente decreto;
d) Los recursos y
responsables de la ejecución de las medidas de reparación colectiva;
e) Los tiempos de
ejecución de las medidas de reparación colectiva, y
f) Los mecanismos
e indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación.
CAPÍTULO II
Medidas
de reparación incluidas en el PIRC
Artículo 79. Reparación
integral. La reparación de las víctimas de que trata el presente decreto
implica la adopción de las medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición justas, adecuadas,
transformadoras, diferenciadas y efectivas, en sus dimensiones individual y
colectiva, material, moral y simbólica.
Por su parte, la
reparación de sujetos colectivos étnica y culturalmente diferenciados como
consecuencia de la ocurrencia de un daño colectivo, o un daño individual con
efectos colectivos, se definirá a través de un Plan Integral de Reparación
Colectiva –PIRC–, el cual será concertado con cada comunidad y sus autoridades
representativas respetando su identidad étnico cultural particular y teniendo
en cuenta la dimensión colectiva, étnica, cultural y ecológica de las
violaciones sufridas.
Artículo 80. Indemnización
a las víctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Las
víctimas individuales pertenecientes a las comunidades tendrán derecho a ser indemnizadas por vía
administrativa. Se reglamentará concertadamente el trámite, los procedimientos, mecanismos, montos y demás
lineamientos para otorgar la indemnización.
Los criterios
diferenciales para la determinación de dichas indemnizaciones serán el grado de
vulneración, la afectación diferencial, la equidad aplicable a la distribución
del monto total asignado al universo de víctimas y el impacto producido por los
daños ocasionados a la víctima. Además, en concordancia con el criterio de la
indemnización distributiva en equidad, se determinará de manera transparente y
clara un monto total de indemnización que será distribuido bajo criterios de
equidad entre el universo de las víctimas individuales negras, afrocolombianas,
palenqueras y raizales, y el plazo en el que será distribuido.
Parágrafo 1°. Para la estimación del monto total
disponible se debe partir de la necesidad de alcanzar un monto que resulte
coherente, adecuado, proporcional y razonable, tanto para las víctimas, como en
términos de los límites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de
la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.
Parágrafo 2°. La indemnización por muerte o
desaparición forzada se dará por una sola vez y no podrá ser concurrente.
Tendrán derecho a
ella, prioritaria y concurrentemente, el cónyuge, compañero o compañera permanente
y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima
directa.
Artículo 81. Indemnización
a título colectivo. La indemnización a título colectivo
constituye una de las medidas de reparación a las que tiene derecho la
comunidad registrada en razón del daño colectivo sufrido como consecuencia de
la identificación de un daño individual con efectos colectivos o como
consecuencia de una afectación colectiva.
Esta indemnización
deberá destinarse a la implementación de programas, proyectos, obras y
actividades que beneficien a toda la comunidad, lo cual será objeto de
definición en el PIRC.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas garantizará el acompañamiento
durante el proceso de consulta del PIRC, para proponer y promover proyectos y
programas que garanticen el carácter reparador de la indemnización a título
colectivo.
Artículo 82. Programa
de asesoría y acompañamiento para la inversión de los recursos entregados a título de indemnización colectiva o individual. La
Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas garantizará que el programa de acompañamiento para promover la
inversión adecuada de los recursos recibidos a título de indemnización incorpore un módulo de
capacitación especial en manejo de recursos destinado a asesorar en la materia a los miembros de la
comunidad.
Artículo 83. Rehabilitación.
El Estado establecerá mecanismos permanentes para hacer seguimiento a cada caso
concreto de rehabilitación física, psicosocial, social y de acompañamiento jurídico,
con el fin de restablecer la autonomía de las víctimas afectadas para desempeñarse
en el entorno familiar, cultural, productivo y social y ejercer sus derechos constitucionales.
Parágrafo 1°. Las medidas de rehabilitación
promoverán el fortalecimiento de las autoridades, organizaciones, profesionales
y expertos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, para la prestación
de los servicios que se requieran.
Parágrafo 2°. Deberán establecerse medidas de acción
afirmativa para que las comunidades puedan acceder real y efectivamente a la
prestación de servicios de rehabilitación, especialmente cuando se encuentren
en situación de confinamiento, resistencia y desplazamiento forzado.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Salud y Protección Social, establecerá un protocolo que garantice
la puesta en marcha de modelos de rehabilitación que conduzcan a la acción de
los sistemas de salud tradicional en articulación con agentes y entidades
prestadoras de salud.
Parágrafo 4°. Para la implementación de los
programas de rehabilitación se deberá disponer de intérpretes y traductores de
las lenguas nativas de las víctimas de que trata el presente decreto. En
desarrollo del artículo 21 de la Ley 1381 de 2010, el Ministerio de Cultura en
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, colaborarán para realizar
programas de formación de intérpretes y traductores.
Artículo 84. Rehabilitación
física.
El Estado adoptará medidas adecuadas, coordinadas e interculturales para que
las víctimas individuales de violaciones a su integridad física recuperen la
salud en su sentido integral, a través, entre otros, del apoyo a la medicina y
prácticas tradicionales, la prestación de servicios médicos especializados,
terapias y demás medidas necesarias. Para este efecto, se garantizará la
inclusión de un enfoque étnico diferencial.
Artículo 85. Rehabilitación
psicológica. El Estado adoptará medidas adecuadas, coordinadas e
interculturales para que las víctimas colectivas e individuales de violaciones
a su integridad psicológica y espiritual recuperen el equilibrio, a través,
entre otros, del apoyo en la medicina y prácticas tradicionales.
Artículo 86. Rehabilitación
social y cultural. Con la finalidad de restablecer el
tejido social y cultural afectado, el Estado elaborará con la participación de
las comunidades las medidas necesarias para recuperar los procesos de
etnicidad, potenciar el empoderamiento colectivo e individual, y restablecer
los espacios de autogobierno y las prácticas identitarias y tradicionales que
son parte fundamental de la estructura de las comunidades.
Artículo 87. Acompañamiento
psicosocial. El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al
proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades
de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la
perspectiva de género y las especificidades culturales y étnicas. Igualmente,
debe promover la adopción de acciones afirmativas a favor de mujeres, niños,
niñas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad que sean
víctimas en los términos del presente decreto.
El Gobierno
diseñará e implementará, con la participación de las comunidades, las medidas
psicosociales destinadas a la rehabilitación de las comunidades como sujetos colectivos
étnica y culturalmente diferenciados.
Las víctimas de
que trata el presente decreto recibirán un acompañamiento psicosocial respetuoso
de sus creencias, sus usos y costumbres. El acompañamiento psicosocial tendrá en
cuenta las prácticas de la medicina tradicional y será respetuoso del papel del
médico tradicional en la rehabilitación psicosocial de la víctima.
Parágrafo. Para la implementación de los
programas de rehabilitación se deberá disponer de intérpretes y traductores de
las lenguas de las víctimas de que trata el presente decreto. En desarrollo del
artículo 21 de la Ley 1381 de 2010, el Ministerio de Cultura en coordinación con
el Ministerio de Educación Nacional, colaborará con las entidades territoriales
para realizar programas de formación de intérpretes y traductores,
preferentemente miembros de las comunidades.
Artículo 88. Módulo
étnico del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las
comunidades y sus miembros. El Programa de Atención Psicosocial y
Salud Integral contendrá
un módulo especial a partir de los impactos colectivos causados por los daños sufridos por las comunidades en
la dimensión comunitaria, familiar e individual y las afectaciones generadas sobre los derechos colectivos,
como la identidad, el territorio, la
autonomía y la participación.
El Programa se
guiará por los siguientes lineamientos:
a) Pro-actividad.
Los servicios de atención deben procurar la detección y
acercamiento de las víctimas. Para esto se deben identificar en los sujetos
colectivos étnica y culturalmente diferenciados, las afectaciones e impactos
psicosociales generados por el conflicto armado;
b) Atención
individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad
por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia
relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual,
para lo cual contará con un componente de atención psicosocial para atención de
mujeres y hombres víctimas.
Se incluirá entre
sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según
protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en
función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas. Este
servicio deberá contar con un énfasis en la medicina tradicional y en los
propios procesos que llevan a cabo las comunidades con base en sus conocimientos
ancestrales y culturales;
c) Rehabilitación
colectiva e individual. Creación de procesos formativos para el
fortalecimiento psicosocial, desde una perspectiva multidisciplinaria, en el
ámbito individual, familiar y colectivo y fortalecimiento de la salud mental de
la comunidad;
d) Lógicas
no discriminatorias. El programa deberá incluir un
componente que contribuya a la destrucción de las lógicas discriminatorias
dentro de las propias comunidades contando con un especial enfoque de género y
generación;
e) Gratuidad.
Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los
servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas,
incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y
la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario;
f) Personalización.
La atención estará sujeta a las necesidades particulares de
las víctimas y afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales;
g) Ingreso.
Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que
defina la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y
Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención;
h) Interdisciplinariedad.
Se crearán mecanismos de prestación de servicios
constituidos por profesionales en Psicología y Psiquiatría, con el apoyo de
antropólogos, trabajadores sociales, médicos, médicos tradicionales,
enfermeras, promotores comunitarios, entre otros profesionales, en función de
las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el
adecuado cumplimiento de sus fines.
Artículo 89. Gastos.
Los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas pertenecientes a las comunidades serán reconocidos
y pagados por conducto del Ministerio de Protección Social con cargo a los recursos
del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(Fosyga), Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, salvo
que estén cubiertos por otro plan voluntario de salud.
Artículo 90. Medidas
de satisfacción. El Gobierno Nacional, a través del Plan Integral de
Reparación Colectiva para las víctimas de que trata el presente decreto, deberá
realizar las acciones que tengan por objeto restablecer la dignidad del sujeto
colectivo víctima y sus miembros, y difundir la verdad sobre lo sucedido, de
acuerdo con los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Atención y Reparación a las Víctimas.
Las medidas de
satisfacción serán aquellas acciones que ayuden a mitigar el dolor de las
víctimas de que trata el presente decreto.
El Plan Integral
de Reparación Colectiva –PIRC– podrá incluir las siguientes medidas de
reparación, sin perjuicio de otras que sean identificadas y desarrolladas por los
sujetos colectivos, étnica y culturalmente diferenciados, en el marco del
proceso de consulta del Plan:
a) Reconocimiento
público del carácter de víctima perteneciente a las comunidades, de su
dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor;
b) Efectuar las
publicaciones y acciones a que haya lugar relacionadas con el numeral anterior.
Estas publicaciones deberán hacerse en las lenguas de los sujetos colectivos
étnica y culturalmente diferenciados y en castellano;
c) Difusión en
diarios de masiva circulación y cadenas radiales de las decisiones judiciales que
reivindiquen los derechos de las comunidades, con el fin de que toda la
sociedad conozca esos contenidos;
d) Apoyo para la
reconstrucción del movimiento y tejido social de las víctimas de que trata el
presente decreto;
e) Realización de
actos conmemorativos y homenajes públicos en cuya planeación y puesta en marcha
participarán las víctimas de que trata el presente decreto. Estos actos y homenajes
deberán contar con componentes diferenciadores que resalten y enaltezcan la cultura
y las tradiciones de los sujetos colectivos étnica y culturalmente
diferenciados;
f) Realización de
reconocimientos públicos que deberán contar con la presencia de las comunidades
y de la sociedad civil. En estos eventos se garantizará la traducción para que los
miembros de los sujetos colectivos reciban este reconocimiento en su propia
lengua;
g) Reconocimiento
de la labor que han venido adelantado los defensores de los derechos de las
comunidades y de las víctimas;
h) Construcción de
monumentos públicos que enaltezcan a las víctimas de que trata el presente
decreto, que podrán ser diseñados por artistas pertenecientes a esas
comunidades.
Cuando algún sujeto
colectivo desee la construcción de monumentos dentro de su propio territorio,
el Gobierno garantizará que este será construido a la luz de las tradiciones y cultura
del sujeto colectivo respectivo;
i) Difusión
pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que las victimizó,
siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad,
para lo cual se contará con la autorización de la víctima de que se trate. La
difusión, además de hacerse en castellano, deberá efectuarse en las lenguas y
con las formas de expresión de los sujetos colectivos étnica y culturalmente
diferenciados;
j) Contribuir en
la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres
y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través
de las entidades competentes para tal fin;
k) Revisar los
casos de violaciones a Derechos Humanos que hayan sido fallados o hayan tenido
tratamiento como accidentes naturales, muerte natural o actos de delincuencia común,
cuando surjan nuevos elementos de juicio que así lo indiquen;
l) Investigación,
juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de Derechos Humanos;
m) Reconocimiento
público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de Derechos
Humanos;
n) Difusión del
perdón público y aceptación de las responsabilidades hechas por los victimarios;
o) Creación y
difusión de campañas para medios de comunicación sobre el valor de la diferencia
étnica y cultural, la importancia de erradicar todas las manifestaciones de
racismo y de respetar los derechos de las comunidades. Estas campañas deben
buscar que los ciudadanos entiendan el valor de la diferencia y del pluralismo
étnico y cultural;
p) Creación y
difusión de campañas que muestren la afectación de las comunidades, ocasionada
por el conflicto armado y la persecución de la que fueron víctimas sus miembros
con motivo de la estigmatización social;
q) Inclusión en el
currículo escolar de programas de enseñanza en los cuales se narre la
victimización que sufrieron las comunidades en el conflicto armado y la
discriminación y vulnerabilidad a la que han estado sujetos históricamente;
r) Fortalecimiento
de programas interculturales en materia de tradiciones propias con el apoyo del
Ministerio de Cultura.
Artículo 91. Exención
de la prestación del servicio militar. Salvo en caso de guerra exterior, las
víctimas a que se refiere este decreto y que estén obligadas a prestar el
servicio militar quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de
inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su
situación militar, para lo cual tendrán un plazo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de promulgación de este Decreto o de la ocurrencia del hecho
victimizante. Las víctimas de que trata el presente decreto estarán exentas de
cualquier pago de la cuota de compensación militar.
Artículo 92. Día
Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.
El 9 de abril de cada año se celebrará el Día de la Memoria y Solidaridad con
las Víctimas. Ese día el Estado realizará eventos de memoria y reconocimiento
de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. También se
harán actividades especiales relacionadas con la promoción de los derechos de
las víctimas de que trata el presente decreto.
El Congreso de la
República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una
jornada de sesión permanente y habrá un espacio especial para escuchar a las
víctimas de que trata el presente decreto.
Artículo 93. Deber
de memoria. El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las
garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus
diferentes protagonistas, tales como víctimas, academia, centros de pensamiento,
organizaciones étnicas y sociales, organizaciones de víctimas y de Derechos
Humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia,
autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria
como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las
víctimas de que trata el presente decreto, y la sociedad en su conjunto. Se
garantizará la participación de las víctimas de que trata el presente decreto
en los ejercicios de construcción de memoria.
Artículo 94. Acciones
en materia de memoria histórica. Dentro de las acciones en materia de
memoria histórica se entenderán comprendidas, bien sean desarrolladas por iniciativa
privada o por el Centro de Memoria Histórica de que trata el artículo 146 de la
Ley
1448 de 2011, las siguientes:
a) Integrar un
archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos
victimizantes a los que hace referencia el presente decreto, así como la
documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en sitios
como museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado;
b) Recopilar los
testimonios orales individuales y colectivos correspondientes a las víctimas de
que trata el presente decreto, a través de las organizaciones étnicas y
sociales de Derechos Humanos y remitirlos al archivo de que trata el numeral
anterior, para lo cual se podrá incorporar lo obrado en las audiencias públicas
realizadas en el marco de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando no exista
reserva legal para que esta información sea pública, y no constituya revictimización;
c) Poner a
disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los
numerales 1 y 2 del presente artículo, siempre que los documentos o testimonios
no contengan información confidencial o sujeta a reserva;
d) Fomentar a
través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica sobre
el conflicto armado en Colombia, sus causas y consecuencias, y el impacto
diferencial en las víctimas de que trata el presente decreto, en razón a su
pertenencia a las comunidades; y contribuir a la difusión de sus resultados,
para lo cual se diseñarán instrumentos en su propia lengua;
e) Promover
actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto
armado interno, buscando siempre la participación de las víctimas de que trata el
presente decreto;
f) Realizar
exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el
valor de los Derechos Humanos, derechos étnicos y culturales, y la importancia
de que estos les sean respetados a las víctimas de que trata el presente
decreto;
g) El Ministerio
de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de calidad y
pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de
vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de
derechos diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y
proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos y
que desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños,
niñas y adolescentes del país, y propendan a la reconciliación y la garantía de
no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus Derechos
Humanos, derechos étnicos y culturales.
Parágrafo. En estas acciones el Estado deberá
garantizar la participación de las organizaciones que representen a las
víctimas de que trata el presente decreto, y promoverá y reconocerá las
iniciativas de las organizaciones sociales y étnicas para adelantar ejercicios
de memoria histórica, con un enfoque diferencial. Adicionalmente, las
actividades de memoria histórica harán especial énfasis sobre las modalidades
de violencia contra el territorio y la cultura de las víctimas de que trata el
presente decreto.
Artículo 95. Funciones
del Centro de Memoria Histórica. El Centro de Memoria Histórica de que
trata el artículo 147 de la Ley 1448 de 2011
cumplirá, además de las funciones fijadas en el artículo 148 de dicha ley, la
función de desarrollar e implementar las acciones en materia de construcción de
memoria histórica para las víctimas de que trata el presente decreto.
El Centro de
Memoria Histórica contará con un área específica para estas comunidades, la cual
se encargará de recrear la memoria histórica desde y por las comunidades. Los
integrantes de esta área serán postulados por las autoridades propias de las comunidades
afectadas.
Artículo 96. Módulo
étnico del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica.
Dentro del año siguiente a la promulgación del presente decreto, el Centro de
Memoria
Histórica de que
trata el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011
diseñará, con la participación de representantes de las comunidades, creará e
implementará un módulo étnico dentro del Programa de Derechos Humanos y Memoria
Histórica, especialmente dirigido a las víctimas de que trata el presente
decreto, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación
y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por
personas naturales o jurídicas que se refieran o documenten los temas
relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de este
decreto, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.
Parágrafo. En lo no establecido en este Decreto
en relación con el deber de Memoria del Estado y la construcción y preservación
de los archivos o la memoria histórica, se estará a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.
Artículo 97. Mecanismo
no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Los
informes periódicos que hará el Centro de Memoria Histórica, en virtud del
artículo 1° del
Decreto 2244 de 2011, reglamentario del artículo 4 de la Ley 1424 de 2011, especialmente en lo que se refiere a la información
de interés del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica de
que trata el artículo 4° de la Ley 1424 de 2011, incluirán un capítulo especial sobre las violaciones de los
derechos de las comunidades de que
trata el presente decreto, para cuya elaboración se garantizará la
participación de las víctimas
pertenecientes a las comunidades.
Las víctimas
pertenecientes a las comunidades, así como sus autoridades y representantes, podrán
hacer las manifestaciones voluntarias sobre las violaciones e infracciones de
las que trata el presente decreto, ante el Centro de Memoria Histórica, que
guarden relación con la información que estará a cargo del Mecanismo no Judicial
de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.
Artículo 98. Publicación
de los mapas de los territorios de propiedad colectiva y su inclusión en los
textos de geografía que se usan en el sistema público educativo.
El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, una vez se haya actualizado el sistema de registro de que
trata el
Capítulo V del Título II de este decreto, procederá a incluir en el mapa
oficial del país y de las
entidades territoriales los territorios de propiedad colectiva. El Ministerio
de Educación Nacional
ordenará la inclusión de estos mapas oficiales en los textos de geografía o
historia que
se publiquen en el país y que se usen en el sistema educativo público
colombiano y se
enviará la información al Sistema de Información Geográfica para la Planeación
y el Ordenamiento
Territorial.
Artículo 99. Garantías
de no repetición. El Estado colombiano adoptará, entre
otras, las siguientes garantías de no repetición:
a) La
desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la
ley;
b) La verificación
de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, en la medida en
que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras
personas, ni cree un peligro para su seguridad;
c) La aplicación
de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el artículo 3°
del presente decreto;
d) La prevención
de violaciones contempladas en el Capítulo I del Titulo I de este decreto, para
lo cual ofrecerá especiales medidas de prevención a las víctimas de que trata
el presente decreto que tengan como propósito la superación de los estereotipos
que favorecen la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, en
especial contra la población y las comunidades;
e) La creación de
una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la
reconciliación. Esta pedagogía deberá promover la comprensión de la particular victimización
que sufrieron los miembros de las comunidades de que trata el presente decreto y
así contribuir a garantizar el respeto por la pluralidad étnica y cultural;
f) Fortalecimiento
técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario,
el cual estará en cabeza del Programa Presidencial para la Atención Integral contra
Minas Antipersona, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1421 de 2010 y sus
decretos reglamentarios. Para los trabajos que se lleven a cabo dentro de los
territorios colectivos, el desminado humanitario deberá considerar las
costumbres y tradiciones de las víctimas de que trata el presente decreto, lo
cual no será obstáculo para el adelantamiento de las operaciones;
g) Diseño e
implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir un enfoque diferencial
para las víctimas de que trata el presente decreto, que colabore con la
superación de las condiciones de discriminación histórica de las víctimas;
h) Diseño de una
estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que incluya un enfoque diferencial
para las víctimas de que trata el presente decreto, dirigido a los funcionarios
públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la
Fuerza Pública;
i) Fortalecimiento
de la participación efectiva de las comunidades que hayan sido vulneradas o se
encuentran en situación de vulnerabilidad, en sus escenarios comunitarios, sociales
y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos
culturales;
j) Difusión de la
información sobre los derechos de las víctimas de que trata el presente decreto
radicadas en el exterior;
k) El
fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas;
l) La
reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los
grupos armados al margen de la ley;
m) Reunificación
de los sujetos colectivos étnica y culturalmente diferenciados que hayan sido
separados a causa del conflicto armado;
n) La
reintegración con respeto a la diversidad cultural de niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a sujetos colectivos étnica y culturalmente
diferenciados que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley;
o) Diseño e
implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley 975 de 2005, tanto a nivel social como en el plano
individual;
p) La declaratoria
de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios públicos
condenados por las violaciones contempladas en el Capítulo I del Título I del presente decreto;
q) La promoción de
mecanismos destinados a prevenir y resolver los conflictos sociales derivados
del conflicto a que hace referencia el artículo 3° de este. Estos mecanismos
podrán ser introducidos en programas educativos que fortalezcan las
competencias ciudadanas que ayuden a la resolución pacífica de conflictos de
niños, niñas, jóvenes y adultos;
r) Diseño e
implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal para las
víctimas de que trata el presente decreto;
s) Formulación de
campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la
mujer, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades, por los hechos
ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en Capítulo I del Título
I de este decreto;
t) La capacitación
de funcionarios públicos para que las entidades encargadas de atender a las
víctimas de que trata el presente decreto dispongan de intérpretes y
traductores de las lenguas. Estos funcionarios también deberán recibir una
capacitación que les permita conocer a profundidad los derechos colectivos a
los cuales las comunidades tienen derecho y les permita ser conscientes de las
necesidades específicas de los miembros de estos grupos;
u) Las demás que sean
concertadas con las víctimas de que trata el presente decreto en los procesos
de consulta de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.
Artículo 100. Reglamentación. El Gobierno Nacional, a través del
Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará
las garantías de no repetición que correspondan mediante el fortalecimiento de
los diferentes planes y programas que conforman la política pública de
prevención y protección de las violaciones contempladas en el artículo 3°
del presente decreto.
Artículo 101. Desmantelamiento
de las estructuras económicas y políticas. El Estado colombiano adoptará las
medidas conducentes a lograr el desmantelamiento de las estructuras económicas
y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados
al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de
no repetición de las que trata el artículo anterior.
CAPÍTULO III
Diseño,
implementación y evaluación de los PIRC
Artículo 102. Ámbito de aplicación. El
procedimiento que se establece en el presente decreto contiene unos
lineamientos generales para el desarrollo de las consultas que se realizarán
para el diseño, elaboración, implementación y evaluación de los PIRC. El
carácter general de los lineamientos presentados respetará y se acogerá a las
diferencias y particularidades socioculturales de las víctimas de que trata el
presente decreto.
Artículo 103. Objeto
del mecanismo de consulta de los PIRC. El procedimiento de consulta de los
PIRC tiene por objeto garantizar las prerrogativas que tienen las víctimas de
que trata el presente decreto de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe a las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción
y garantías de no repetición, dentro de los procesos de diseño, formulación,
implementación y evaluación de los PIRC, con la participación de los
representantes de las comunidades.
Artículo 104. Preconsulta.
Con el propósito de garantizar el desarrollo del debido proceso que se desprende
del derecho fundamental de la consulta previa a las víctimas de que trata el
presente decreto, se deberá realizar una fase de preconsulta de los PIRC que deban
ser implementados. Durante el desarrollo de esta fase de preconsulta se
acordará la metodología, se definirán el cronograma de trabajo y formas de
gestión precisadas de manera autónoma por la comunidad en consulta. Además, se
deberá determinar allí la hoja de ruta para el desarrollo de la consulta previa
del diseño, elaboración, implementación y evaluación de los PIRC con la
comunidad respectiva. Dicho procedimiento deberá ser adecuado y expedito con el
fin de lograr la reparación integral del sujeto colectivo en consulta, de forma
pronta y efectiva.
Parágrafo. El Ministerio del Interior, a través
de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, identificará durante el desarrollo de la fase de
preconsulta a las autoridades y representantes de las comunidades y verificará
la representatividad y legitimidad de las instituciones políticas de la
comunidad.
Artículo 105. Caracterización
de daños colectivos e identificación de necesidades específicas.
Durante la fase de preconsulta del PIRC se llevará a cabo un proceso de
caracterización conjunta
de los daños colectivos en el cual participarán delegados de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas las autoridades propias
y de la comunidad en consulta. Además, podrán concurrir los consultivos
nacionales y
departamentales.
Una vez se haya
surtido la etapa de preconsulta, se procederá a consultar el PIRC propuesto por
el Gobierno Nacional de conformidad con la información y caracterización obtenida
en la fase de preconsulta, siguiendo el procedimiento y hoja de ruta acordado
con la comunidad respectiva.
Parágrafo 1°. El Ministerio del Interior coordinará
tanto la fase de preconsulta como el proceso mismo de la consulta previa de los
PIRC.
Parágrafo 2°. En el desarrollo de los procesos de
consulta previa consagrado en el presente decreto deberán participar y estar
presentes el Defensor del Pueblo o su delegado y el Procurador General de la
Nación o de su delegado.
Parágrafo 3°. En los casos en los que también
proceda la restitución de tierras y territorios, la caracterización de
afectaciones y daños deberá realizarse teniendo en cuenta lo previsto en los
artículos 118 y siguientes del presente decreto.
Artículo 106. Imposibilidad
de acuerdo. En los casos en los que no sea posible llegar a un acuerdo,
el Estado llevará el proceso a los espacios de consulta del orden nacional para
desde allí tomar una decisión final sobre el PIRC.
TÍTULO V
RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES
CAPÍTULO I
Disposiciones
generales sobre la restitución de derechos territoriales
de
las comunidades
Artículo 107. Restitución
de derechos territoriales. De conformidad con lo establecido en la
Constitución
Política, el Convenio 169 de la OIT, adoptado
mediante la Ley
21 de 1991, la Ley 70 de 1993
y la jurisprudencia nacional sobre la materia, son susceptibles de los procesos
de restitución en el marco de este decreto las tierras que se señalan a
continuación, las cuales no podrán ser objeto de titulación, adjudicación,
compra o restitución en beneficio de personas ajenas a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras:
1. Las tierras de
las comunidades.
2. Las tierras
sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos de titulación o
ampliación de tierras de comunidades.
3. Las tierras de
ocupación histórica o ancestral que las comunidades conservaban, colectiva o
individualmente, el 31 de diciembre de 1990.
4.
Las tierras comunales de grupos étnicos.
5. Las tierras que
deben ser objeto de titulación o ampliación de tierras de comunidades por
decisión judicial o administrativa nacional o internacional en firme.
6. Las tierras
adquiridas por Incoder en beneficio de comunidades de las que es titular el
Fondo Nacional Agrario.
7. Las tierras
adquiridas a cualquier título con recursos propios de las comunidades, por entidades
públicas, privadas o con recursos de cooperación internacional en beneficio de comunidades
que deben ser tituladas en calidad de tierras de las comunidades.
Parágrafo 1°. El derecho de las víctimas de que
trata el presente decreto a reclamar las tierras de que trata este decreto y a
que estas les sean restituidas jurídica y materialmente, no se afecta por la
posesión actual de terceros o por la pérdida de los territorios por causa y con
ocasión de lo señalado en el artículo 3° del presente decreto, ni por la
explotación productiva por actuales tenedores. Los plazos y procedimientos establecidos
en este Decreto no implican una renuncia a la reclamación y recuperación de los
territorios por las demás vías y mecanismos legalmente establecidos. Esta
restitución hace parte de la reparación integral de comunidades de las que
trata el presente decreto con el fin de posibilitar el retorno a los
territorios de origen.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de derechos de un
integrante de una comunidad, sobre tierras de propiedad o posesión individual
que no hagan parte de los territorios, se aplicará el procedimiento de
restitución establecido en la Ley 1448 de 2011.
En este caso, tendrá derecho a recibir un trato preferencial, similar al de las
demás víctimas a que hace referencia el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011,
en todas las instancias y procedimientos contemplados en la misma, siempre y
cuando ostente la condición de víctima del conflicto armado.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de derechos
ancestrales de familias pertenecientes a estas Comunidades sobre tierras que no
hacen parte de los territorios colectivos, se aplicará el procedimiento de
restitución establecido en este decreto, en lo atinente a sus derechos individuales
de manera diferencial.
Artículo 108. Alcance
de la restitución. Las medidas de restitución
establecidas en el presente decreto aplican a las afectaciones territoriales de
las comunidades ocurridas a partir del 1° de enero de 1991 y hasta el 31 de
diciembre de 2021.
La restitución
material tiene como propósito posibilitar el retorno a los territorios de origen
y se constituye en uno de los fines esenciales de la reparación.
Para las
comunidades palafíticas y de pescadores el Gobierno concertará con las
comunidades afectadas el alcance y contenido de la restitución de los derechos
a su hábitat ancestral.
Parágrafo. La restitución de los derechos
territoriales colectivos no podrá compensarse monetariamente.
Artículo 109. Titulares
del derecho a la restitución. Las comunidades titulares del derecho a
la restitución en los términos del presente decreto son las enunciadas en el
artículo 205 de la Ley 1448 de 2011
que hubieren sido sujeto de las afectaciones territoriales a que hace
referencia este título.
Podrán presentar
las respectivas solicitudes de restitución los siguientes en su calidad de
sujetos de derechos territoriales colectivos:
a) El representante
legal del Consejo Comunitario;
b) Las Juntas de
los Consejos Comunitarios o sus integrantes, de acuerdo a las normas especiales
que regulan la materia;
c) Organizaciones
de víctimas del territorio afectado;
d) Cualquier
miembro de la comunidad del territorio afectado;
e) La Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas de oficio;
f) La Defensoría
del Pueblo.
Como instancia
representativa, también podrán presentar la solicitud o coadyuvar las consultivas
en sus instancias nacional, departamental y distrital.
Artículo 110. Afectaciones
territoriales. Para los fines del presente decreto son afectaciones territoriales
las acciones vinculadas directa o indirectamente al conflicto armado interno,
en la medida que estas causen abandono, confinamiento y despojo del territorio
y otras formas de limitación al goce efectivo de los derechos, de conformidad
con los usos, costumbres y manejos del territorio por parte de la respectiva
comunidad.
Se entiende por
abandono la afectación territorial que, con ocasión al conflicto a que se
refiere el artículo 3° de este decreto, genera pérdida del acceso o disfrute de
los lugares y espacios de uso y aprovechamiento colectivo e individual por
parte de los integrantes de la comunidad. El confinamiento es una forma de
abandono, ya que limita a la comunidad y al individuo el uso y el goce de la
totalidad del territorio.
Se entiende por
despojo la afectación territorial que, con ocasión al conflicto interno a que
se refiere el artículo 3° de este decreto, produce apropiación total o parcial
ilegal del territorio, de los recursos naturales, culturales, o de ambos para
sí o para un tercero, empleando para ello medios ilegales.
También se
consideran despojo aquellos negocios jurídicos, o actos administrativos que,
celebrados o dictados con ocasión del conflicto armado interno a que hace
referencia el artículo 3° de este decreto, generen afectaciones territoriales y
daños de conformidad con las normas y definiciones del mismo.
Artículo 111. Gradualidad
y focalización. Las disposiciones en materia de restitución de las que
trata el presente decreto-ley se aplicarán e implementarán conforme a la
focalización y gradualidad que determine el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta criterios constitucionales y jurisprudenciales.
Artículo 112. Acumulación
de trámites y procedimientos. Para efectos de la restitución de que
trata el presente decreto, se entenderá por acumulación de trámites y
procedimientos el ejercicio de concentración de todos los procesos o actos
judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten
autoridades públicas o notariales, en las cuales se hallen comprometidos
derechos sobre el territorio objeto de la demanda.
CAPÍTULO II
Procedimientos
para la protección y la restitución de derechos territoriales
Artículo 113. Presentación
de la solicitud de restitución. Las solicitudes de protección y/o
restitución se presentarán de manera verbal o escrita ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
También a las oficinas del Ministerio Público como Personerías Municipales y
Distritales, Defensoría del Pueblo y Procuradurías Regionales o Nacionales y
los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, quienes las
remitirán a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas. En aquellos casos en los que se identifique el despojo y abandono
de territorios colectivos de las comunidades, las oficinas remitirán a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
la solicitud en los términos establecidos en el artículo de trámite de la
solicitud del presente decreto.
Los trámites de
solicitudes individuales de integrantes de comunidades de que trata este decreto
serán acumulados a los trámites de restitución y protección del territorio
colectivo, previstos en este título para que sean resueltos en el mismo
proceso.
Artículo 114. Contenido
de la solicitud. La solicitud en materia de restitución
contendrá:
a) La
identificación del solicitante: nombre, identificación, cargo o rol dentro de
la comunidad, domicilio o dirección para notificaciones;
b) Relato de los
hechos que motivan la solicitud de restitución;
c) La ubicación
del territorio: departamento, municipio, corregimiento o vereda y comunidad, nombre
del territorio colectivo si está titulado;
d) Una relación de
las pruebas, en el caso de que el solicitante las posea o tenga conocimiento de
las mismas;
e) Toda la
información pertinente que el solicitante aporte.
Artículo 115. Trámite
de la solicitud. Las solicitudes presentadas ante los
agentes del Ministerio Público y los Centros Regionales de Atención y
Reparación a Víctimas se remitirán a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su presentación.
Dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas iniciará los trámites para
establecer qué territorios deben focalizarse para intervenir, con fundamento en
criterios de vulnerabilidad, afectación y seguridad. Hecha la focalización de
los territorios, la Unidad abrirá la etapa de estudio preliminar, para lo cual
ordenará el recaudo de la documentación básica, apoyándose en las fuentes
institucionales del Incoder, las oficinas de Instrumentos Públicos, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las demás de la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. En todo caso, además de
la información institucional se consultarán fuentes comunitarias,
organizaciones de comunidades, observatorios, bases de datos, medios de
comunicación u organismos internacionales que permitan verificar los hechos que
fundamentan la solicitud, esbozar la situación del territorio y fundamentar las
medidas de protección a que haya lugar.
Este estudio
preliminar servirá de base para la adopción de medidas de protección,
cautelares y el inicio de la caracterización de afectaciones territoriales
prevista en el presente decreto. El plazo para la elaboración del estudio
preliminar será de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo a que hace referencia el inciso anterior.
La información
básica por recolectar para territorios colectivos titulados será la siguiente:
a) Número de
resolución de titulación;
b) Número de
registro predial;
c) Número de
Matrícula Inmobiliaria;
d) Plano (área y
linderos);
e) Mapa (georreferenciados);
f) Posesiones
individuales de integrantes de la comunidad;
g) Predios
privados que se excluyeron en el momento de la titulación;
h) Demás
documentos históricos y/o actuales que apoyen la identificación básica.
Para Territorios
Colectivos en trámite de titulación:
a) Número de
radicación de solicitud;
b) Entidad ante la
que se presentó la solicitud;
c) Tipo de
trámite;
d) Fecha;
e) Estado del
trámite.
Si se trata de
posesión u ocupación tradicional de las comunidades, se indagará sobre sus usos
y costumbres, a través de cualquier medio de prueba legalmente aceptado:
Entente Cordiale, títulos coloniales, registros históricos de propiedad por
manumisión u otros, mapas de cartografía social.
Las entidades a las
que se les solicita la información tienen un plazo de diez (10) días hábiles
para dar respuesta con destino a la Unidad de Restitución.
Artículo 116. Medidas
cautelares para la protección de los derechos territoriales de las comunidades.
En caso de gravedad o urgencia o cuandoquiera que los derechos territoriales resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, las autoridades de las comunidades, sus
representantes, el Ministerio Público y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrán solicitar al juez civil del
circuito especializado en restitución de tierras la adopción preventiva de las
siguientes medidas cautelares para evitar daños inminentes o para cesar el que
se estuviere causando sobre los derechos de las comunidades víctimas y sus
territorios:
a) Cuando sobre el territorio objeto de restitución se encuentren
títulos de propiedad, cuya legitimidad esté cuestionada, el Juez de Restitución
ordenará a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos inscribir la
solicitud de restitución en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios respectivos. Dicha inscripción
tendrá los mismos efectos de la inscripción
de demanda del Código de Procedimiento Civil. De igual forma se procederá a inscribir la medida cautelar en los
folios de matrícula inmobiliaria;
b) La suspensión
de procesos judiciales de cualquier naturaleza que afecten territorios ancestrales
objeto de protección o de las medidas cautelares;
c) Las demás que
el juez considere necesarias, pertinentes y oportunas acorde con los objetivos
de las medidas cautelares, para lo cual se indicarán los plazos de
cumplimiento.
Parágrafo. Cuando la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas no tramite ante el
juez las medidas cautelares, deberá emitir una resolución motivada en la que
argumente su decisión en un término de diez (10) días hábiles contados a partir
de la petición, so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.
Artículo 117. Trámite
de las medidas cautelares. Las autoridades de las comunidades, sus
representantes, el Ministerio Público y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrán solicitar en cualquier
momento las medidas cautelares, independientemente de la focalización de que
trata el artículo 111 del presente decreto y de que haya o no un proceso de
restitución en trámite.
Cuando el Juez
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras reciba la solicitud
de adopción de medidas cautelares por parte de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o el Ministerio
Público procederá a darle curso inmediato, notificando al Ministerio Público y
dictando las órdenes pertinentes a las entidades competentes, según la medida
cautelar adoptada, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
En el evento que
el juez de restitución niegue las medidas cautelares solicitadas, podrán interponerse
los recursos de reposición y apelación dentro de los cinco (5) días siguientes
a su notificación. Estos serán resueltos en el término de diez (10) días
hábiles.
Artículo 118. Caracterización
de afectaciones territoriales. La caracterización unificada a que
hace referencia el artículo 105 del presente decreto, para efectos de
restitución de los derechos territoriales, tiene por objeto identificar las
afectaciones y daños, a través de un proceso de participación promovido y
garantizado por la Unidad de Restitución con las autoridades propias de la
comunidad, a fin de elaborar un informe de caracterización que permita
desarrollar los procesos de restitución, iniciando por la inscripción del
territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Esta se desarrollará en un plazo no mayor de sesenta (60) días, prorrogables
por una vez, contado a partir de la focalización del caso.
Parágrafo 1°. La Dirección de Asuntos para
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras apoyará y
acompañará el proceso de caracterización unificada de los daños y afectaciones
para la reparación y restitución.
Parágrafo 2°. En caso de que se identifiquen
conflictos territoriales intra- o interétnicos relacionados con el proceso de
restitución, se garantizarán las condiciones para propiciar que, en un plazo
máximo de dos (2) meses, estos sean resueltos de acuerdo con las normas y procedimientos
propios de las comunidades. El término previsto en este artículo suspenderá los
demás contenidos en este decreto.
Artículo 119. Elementos
de la caracterización. Una vez determinada el área del
territorio y las eventuales afectaciones objeto de restitución se elaborará un
informe de Caracterización Territorial, con la participación del consejo
comunitario de la comunidad afectada, que deberá contener un listado de las
afectaciones territoriales ocurridas con posterioridad al 1° de enero de 1991 relacionadas
con el conflicto armado, el cual contendrá:
1. Determinación
del área del territorio afectado incluyendo su georreferenciación, los límites
y su extensión.
2. Identificación
del estado de titulación del territorio colectivo.
3. Usos del territorio.
4. Antecedentes,
circunstancias de tiempo, modo, lugar y contexto de cada afectación y daño
territorial.
5. Una relación
detallada de los predios y bienes en cabeza de terceros ocupantes y oposiciones.
6. Una relación de
todos los proyectos de extracción de recursos naturales, de infraestructura y
de desarrollo ejecutados por terceros públicos o privados dentro del territorio
y en sus áreas contiguas.
7. Determinación
de obras, proyectos o actividades legales o ilegales que afecten el territorio.
8. El censo de las
comunidades y personas afectadas con su rol dentro de la comunidad.
9. Una relación de
los cultivos, plantaciones, bienes e infraestructura afectada por los hechos.
10. Los obstáculos
jurídicos que impiden la protección efectiva de los territorios objeto de
restitución.
11. Información
sobre los conflictos intra- e interétnicos relacionados con el territorio.
12. Toda la
información que aporten las instituciones respecto del territorio afectado.
13. Toda la
información que sea pertinente para cumplir el objeto de la caracterización.
14. Recomendación
sobre la inscripción o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente.
De conformidad con
el Informe de Caracterización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas concluirá, entre otros, las acciones de
restitución, protección y formalización que deberán ser atendidas por vía
administrativa o judicial.
Parágrafo 1°. El informe de caracterización
constituye un acto de mero trámite y en consecuencia contra él no procede
recurso alguno. La comunidad podrá solicitar la ampliación o corrección de la
caracterización en aquellos aspectos que considere deben ser complementados, la
cual será evaluada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas en el término de los treinta (30) días hábiles
siguientes.
Parágrafo 2°. Para la realización del informe de
caracterización la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas convocará a las entidades competentes.
En casos
especialmente complejos se podrá solicitar la participación del Incoder, el
Icanh y el Ministerio Público.
Artículo 120. Inscripción
en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
En los casos en
los que en el informe de caracterización se concluya la existencia de daños y
afectaciones territoriales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas inscribirá el respectivo territorio en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La inscripción del
territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente será
requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere
este capítulo.
Artículo 121. Acto
administrativo que niega la inscripción. El acto administrativo que niega la
inscripción en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente
podrá ser demandado por el solicitante o la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal
Contencioso Administrativo con jurisdicción en el territorio objeto de
controversia, que resolverá el asunto en única instancia, en un plazo máximo de
dos (2) meses.
Las oposiciones a
la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente serán resueltas por el Juez civil del circuito especializado en restitución
de Tierras que conozca el proceso.
CAPÍTULO III
Trámite
judicial de restitución
Artículo 122. Proceso
judicial de restitución de derechos territoriales. Tiene por objeto
el reconocimiento de las afectaciones y daños al territorio, para la
recuperación del ejercicio pleno de sus derechos territoriales vulnerados en el
contexto del conflicto armado interno, en los términos del presente decreto.
La restitución
judicial de los territorios de comunidades negras se regirá por lo establecido en
este capítulo y exclusivamente en los artículos de la Ley 1448 de 2011:
79 excepto su parágrafo 2°; 85, 87, 88, 89, 90, parágrafos 1°, 2° y 3° de 1991,
92, 93, 94, 95, 96 y 102.
Parágrafo. Los Jueces y Magistrados
Especializados en Restitución de Tierras serán seleccionados de aquellos
candidatos que demuestren conocimiento y experiencia en los temas propios de
los derechos, la legislación especial y la jurisprudencia de comunidades negras
de tal forma que se cumpla con los objetivos propuestos en materia de
restitución.
Los magistrados,
jueces y funcionarias de los despachos judiciales serán previa y periódicamente
capacitados en los temas relacionados con las leyes, jurisprudencia y
estándares internacionales sobre derechos territoriales de las comunidades
negras.
Artículo 123. Competencia
territorial. Serán competentes los jueces y magistrados del lugar donde
se encuentre el territorio o aquellos jueces y magistrados itinerantes que sean
asignados, según se requiera. En el caso en que el territorio se encuentre en
dos o más jurisdicciones será competente el del lugar donde se presente la
demanda.
Artículo 124. Presentación
y contenido de la demanda. Dentro de los treinta (30) días a partir
de la inscripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas
Forzosamente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y la Defensoría del Pueblo presentarán la demanda ante el
Juez de Restitución. La demanda deberá contener:
1. La
identificación de la persona, comunidad o comunidades solicitantes de
restitución.
2. La
identificación del territorio con los siguientes datos: la ubicación, el
departamento, municipio, corregimiento o vereda y, cuando corresponda, la
identificación registral, número de matrícula inmobiliaria e identificación
catastral.
3. Narración de
los hechos que causaron los daños y afectaciones territoriales.
4. Las
pretensiones.
5. La relación y
solicitud de práctica de pruebas que se pretenden hacer valer sobre la relación
jurídica y los hechos que sustentan la demanda. Se anexará el informe de
caracterización y demás piezas que este contenga.
6. Los elementos
señalados en los literales b) y c) del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011
y los literales d), e) y f) cuando corresponda.
7. El domicilio o
dirección para notificaciones.
8. Solicitud de
todas aquellas medidas necesarias y complementarias para garantizar a las
víctimas de que trata el presente decreto el goce efectivo de sus derechos
territoriales colectivos.
Parágrafo. En caso de identificarse conflictos
intra- e interétnicos relacionados con la restitución de territorios en el
informe de caracterización de afectaciones, y estas continúen sin resolverse,
en la misma demanda se solicitará una audiencia de conciliación judicial.
Con este fin se
aportarán los nombres de las partes y los demás anexos indicados para el efecto
en el informe de caracterización, incluyendo las direcciones o domicilios de
las partes para citaciones y notificaciones.
Artículo 125. Admisión
de la demanda. Una vez verificada la existencia del requisito de
procedibilidad a que hace referencia el artículo 120 del presente decreto, el
Juez, dentro de los quince (15) días calendario, procederá a dictar el auto
admisorio que deberá disponer en concordancia con lo previsto en el artículo 86
de la Ley
1448 de 2011 lo siguiente:
1. La notificación
y traslado a las partes que manifestaron oposición a la inscripción del Territorio
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
2. La publicación
en un diario de amplia circulación del auto admisorio del proceso judicial.
3. Transcurridos
diez (10) días de su publicación se entenderá surtido el traslado de la demanda
a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para
hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren afectados por el
proceso de restitución.
Artículo 126. Inversión
de la carga de la prueba a favor de la víctima. En el procedimiento
judicial, bastará con la prueba sumaría de la afectación territorial en los
términos señalados en el presente decreto, la cual podrá consistir en el relato
del solicitante de restitución, para trasladar la carga de la prueba a quienes
se opongan a la pretensión de restitución de la comunidad negra afectada. Este
artículo no aplica en el caso en que un mismo territorio
sea reclamado en
restitución por dos o más comunidades negras.
Artículo 127. Presunciones
de derecho. En relación con los territorios colectivos inscritos en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se tendrán en cuenta
las siguientes presunciones de derecho, cuando los actos jurídicos enunciados
en los numerales siguientes hubieren ocurrido a partir del primero (1°) de
enero de 1991 y con posterioridad a la titulación colectiva de los territorios:
1. La inexistencia
de cualquier acto o negocio jurídico en virtud del cual se realizaron transferencias
de dominio, constitución de derechos reales o afectación que recaigan total o
parcialmente sobre tierras colectivas de comunidades negras.
2. La inexistencia
de actos administrativos o la invalidez de sentencias judiciales cuando reconozcan
u otorguen derecho real u otro derecho a favor de terceros sobre tierras colectivas
de comunidades negras.
En relación con
los títulos individuales de personas integrantes de las comunidades negras:
Se presume de
derecho que los actos de transferencia de dominio en virtud de los cuales pierdan
su derecho de propiedad o posesión, son inexistentes por ausencia de
consentimiento cuando tales actos se celebraren con personas que hayan sido
condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que
actúan por fuera de la ley, cualquiera que sea su denominación, o por
narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí
mismos en el negocio o a través de terceros.
Artículo 128. Presunciones
legales. En relación con los territorios inscritos en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se tendrán en cuenta las
siguientes presunciones legales cuando los hechos y actos jurídicos enunciados
en el presente artículo hubieran ocurrido a partir del primero (1°) de enero de
1991:
1. Presunción de nulidad para ciertos actos
administrativos en caso de Comunidades sin título. Para
efectos probatorios dentro del proceso de restitución se presume legalmente que están viciados de nulidad absoluta
los actos administrativos que hubieren titulado u otorgado otra clase de derechos a
terceros en tierras baldías ocupadas o utilizadas culturalmente por Comunidades Negras. La declaratoria
de nulidad de tales actos podrá ser decretada por la autoridad judicial que esté
conociendo de la solicitud de restitución, y producirá el decaimiento de todos los actos
administrativos posteriores y la nulidad absoluta de todos los actos y negocios
jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad del territorio o parte del mismo.
2. Presunciones de inexistencia de ciertos
contratos. Se presume legalmente que los actos de transferencia de
derechos en títulos individuales y colectivos en virtud de los cuales perdieron
el goce efectivo del derecho son inexistentes por ausencia de consentimiento o de
causa lícita en los siguientes casos:
a) En cuya
colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de
desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los Derechos Humanos
en la época en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega
causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles y territorios en los
cuales se haya solicitado las medidas de protección de tierras y territorios
individuales, colectivas y étnicas, excepto en aquellos casos autorizados por
la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazada la
víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los
familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes;
b) Sobre
territorios o predios colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en
forma simultánea a las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o
despojo o se hubiera producido un fenómeno de concentración de la propiedad de
la tierra en una o más personas indeterminadas, directa o indirectamente;
c) Sobre
territorios o predios vecinos de aquellos donde se hubieran producido
alteraciones significativas de los usos de la tierra como la sustitución de
agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o
minería industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las
amenazas, los hechos de violencia o el despojo;
d) Con personas
que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que
estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de
terceros;
e) En los casos en
los que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente
pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya
titularidad se traslada en el momento de la transacción.
Cuando no se logre
desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados
en alguno de los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se
trate será reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se
celebren sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad
absoluta.
3. Presunción de nulidad de ciertos actos
administrativos para casos individuales.
Cuando se hubiere
probado la propiedad, posesión u ocupación a título individual, y el posterior
despojo de un bien inmueble, no podrá negarse su restitución a un miembro de las
comunidades con fundamento en que un acto administrativo posterior legalizó una
situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos
probatorios dentro del proceso de restitución, se presume legalmente que tales
actos son nulos. Por lo tanto, el juez o magistrado podrá decretar la nulidad
de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los
actos administrativos posteriores y la nulidad de todos los actos jurídicos
privados que recaigan sobre la totalidad del bien o parte del mismo.
4. Presunción del debido proceso en decisiones
judiciales para casos individuales.
Cuando se hubiere
probado la propiedad, posesión u ocupación a título individual, y el posterior
despojo de un bien inmueble, no podrá negarse su restitución a un miembro de las
comunidades con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada
otorgó, transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un
tercero, o que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, si el respectivo
proceso judicial fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de
violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por
terminado el proceso de que trata el presente decreto.
5. Presunción sobre los hechos de violencia Para
efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que los
hechos de violencia les impidieron a las comunidades ejercer su derecho
fundamental de defensa dentro del proceso a través del cual se legalizó una
situación contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez o
Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a través de las cuales se
vulneraron los derechos de las víctimas y a ordenar los ajustes tendientes a
implementar y hacer eficaz la decisión favorable a las comunidades afectadas
por el despojo.
6. Presunción de inexistencia de la posesión. Para
el caso de derechos individuales de miembros de las comunidades, cuando se
hubiera iniciado una posesión por parte de un tercero sobre el bien objeto de
restitución, entre el 1° de enero de 1991 y la sentencia que pone fin al
proceso de que trata el presente decreto, se presumirá que dicha posesión nunca
ocurrió.
En caso de que el
tercero sea de buena fe exenta de culpa, el Juez o Magistrado ordenará la
restitución y el pago de las compensaciones a que hubiere lugar.
Artículo 129. Oposiciones
y alegatos de conclusión. Cuando en el trámite judicial se presenten
opositores la Unidad de Restitución podrán controvertir los hechos, solicitar y
presentar nuevas pruebas.
Una vez finalizado
el período probatorio las partes podrán presentar alegatos de conclusión hasta
antes del fallo.
Artículo 130. Contenido
del fallo. Conforme a las actuaciones contenidas en el expediente y las
pruebas aportadas por las partes o recaudadas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o por el Juez o
Magistrado de Restitución cuando fuere del caso, la sentencia se pronunciará de
manera definitiva sobre cada una de las pretensiones, las excepciones de los
opositores y las solicitudes de los terceros.
La sentencia
deberá ordenar o referirse a los siguientes aspectos, de manera explícita y suficientemente
motivada, según el caso:
a) En caso de
comunidades o miembros que no contaban con sus derechos territoriales formalizados,
la orden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o a la entidad que
haga sus veces, de formalizar, titular o ampliar tierras colectivas de
Comunidades negras y adjudicar predios cuando sea procedente. El Incoder
contará con equipo especializado y el presupuesto necesario para esta labor;
b) La entrega
material y jurídica del territorio objeto de restitución, indicando la
identificación, individualización, deslinde, ubicación con coordenadas
geográficas y la extensión territorial a restituir;
c) El
acompañamiento al procedimiento de retorno conforme a los protocolos
establecidos institucionalmente, a favor del sujeto colectivo al territorio
restituido, en caso de ser necesario.
Cuando no sea
posible el retorno, o la restitución sea imposible por las razones contempladas
en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011,
se ordenará la reubicación de la comunidad en otros territorios del mismo
estatuto jurídico, de igual o mejor calidad. Esto último en concordancia con lo
establecido en el artículo 16 del Convenio 169 de 1989 o Ley 21 de 1991.
En las medidas
administrativas y policivas que deban adoptarse por parte de las entidades públicas
y privadas, conforme a la caracterización de afectaciones territoriales y
solicitudes presentadas, el juez podrá ordenar:
a) Suspensión de
obras, proyectos o actividades ilegales;
b) Reconstitución
del patrimonio cultural a través de las acciones solicitadas por la comunidad
étnica;
c) Cada una de las
oposiciones que se presentaron a la inscripción del territorio en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente;
d) Las peticiones
de las víctimas pertenecientes a las comunidades étnicas;
e) Las órdenes a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que inscriba la sentencia;
f) Las órdenes a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que cancele todo
antecedente registral sobre gravámenes, limitaciones de dominio o alteración
jurídica cualquiera en detrimento de los derechos territoriales de las
comunidades, así como la cancelación de los correspondientes asientos e
inscripciones registrales;
g) Las órdenes
pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones de que
trata la ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las
partes en relación con los usufructos y asignaciones sobre los territorios
objeto de restitución;
h) La declaratoria
de nulidad de las decisiones judiciales que, por los efectos de su sentencia, pierdan
validez jurídica, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011;
i) La declaratoria
de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos
individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas
en detrimento de los derechos de las comunidades, si existiera mérito para
ello, de conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los permisos,
concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales
que se hubieran otorgado sobre el territorio respectivo;
j) Las órdenes
pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de
entrega material de los territorios a restituir; k) Las órdenes que sean
necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material
del territorio y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos
de las víctimas pertenecientes a las comunidades.
CAPÍTULO IV
Resolución
de controversias territoriales intra e interétnicos
Artículo 131. Resolución de conflictos territoriales intra e interétnicos.
Los conflictos territoriales que ocurran en el marco de los procesos de
restitución de tierras adelantados con ocasión del conflicto armado a que hace
referencia el artículo 3° de este decreto y que surjan dentro de las
comunidades, entre comunidades o entre estas y pueblos indígenas, serán
resueltos por las autoridades de acuerdo con sus normas y procedimientos
propios.
De igual manera,
en caso de que uno o varios miembros de la comunidad individualmente considerados
no puedan ser restituidos, retornar o ser reubicados en un territorio étnico
por conflictos con sus comunidades o sus autoridades propias, se procederá a
decidir los casos que se presenten.
El tratamiento de
estos conflictos será apoyado por la Unidad de Restitución en el marco del
proceso de caracterización de afectaciones, en un plazo máximo de dos (2)
meses. Los términos se suspenderán hasta que dichos conflictos sean resueltos.
El Informe de
Caracterización Territorial dará cuenta de los conflictos identificados y su
forma de resolución.
Artículo 132. Trámite incidental ante el Juez de Restitución. Con la presentación de la demanda se
solicitará el trámite de un incidente especial de conciliación. Una vez
aceptada la demanda el Juez de Restitución, citará a las partes a una audiencia
para que resuelvan amigablemente sus diferencias en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan
agotado o no sea posible adelantar los trámites internos para la solución de
controversias al interior de una comunidad o de un mismo pueblo;
b) Cuando se hayan
agotado o no sea posible adelantar los trámites internos para la solución de controversias
entre varios pueblos o comunidades pertenecientes a diferentes pueblos o grupos
étnicos.
Parágrafo. El incidente de conciliación al cual
se refiere el presente artículo se rige exclusivamente por lo dispuesto en este
decreto-ley. Por tanto, no aplica lo previsto en las normas generales que
regulan la conciliación, en especial las Leyes 446 de 1996, 1285 de 2009 y sus
decretos reglamentarios, por ser de diferente naturaleza.
La Defensoría del
Pueblo hará veeduría a estos procedimientos para garantizar la vigencia de los
derechos fundamentales.
Artículo 133. Conflictos
intercomunitarios e interétnicos. Cuando la restitución de un territorio sea solicitada por varias
comunidades, se convocará a un Consejo interétnico de Conciliación y Justicia ad hoc para que avoque y resuelva el caso.
El consejo se
regirá por las siguientes reglas básicas:
a) Sus miembros
serán nombrados de acuerdo con sus normas y procedimientos propios de cada
comunidad;
b) Las normas y
procedimientos a seguir se acordarán entre los miembros del respectivo Consejo;
c) De las
decisiones se llevarán actas de las cuales se entregarán ejemplares a las
personas involucradas, a las autoridades de las respectivas Comunidades y al
Juez o Tribunal especializado.
Artículo 134. Oportunidad
procesal. Para llevar a cabo estos mecanismos de resolución de
conflictos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Si estos
conflictos son identificados en el trámite de caracterización territorial, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
propiciará de oficio la resolución de los conflictos identificados en los
artículos precedentes;
b) Una vez el
Consejo Interétnico de Conciliación y Justicia ad hoc resuelva dicho conflicto y levante el acta respectiva, esta
se remitirá inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas que a su vez la incorporará al expediente que
se presentará ante el Juez junto con la solicitud de restitución.
Artículo 135. Alcance
de las formas de resolución de conflictos interétnicos y culturales.
Los conflictos
intra o interétnicos resueltos por las instancias señaladas en los artículos anteriores
deberán ser acogidos por el Juez al momento de dictar el fallo, de forma que
este sea coherente con la situación particular de los sujetos partícipes en el
conflicto resuelto, garantizando la vigencia de los derechos fundamentales.
TÍTULO VI
INSTITUCIONALIDAD PARA LA ATENCIÓN,
REPARACIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS ABANDONADAS Y DESPOJADAS
CAPÍTULO I
De
las instituciones encargadas de la atención, reparación integral
y
restitución de tierras
Artículo 136. Del
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
de que trata el Capítulo III del Título V de la Ley 1448 de 2011
serán las encargadas de ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones
específicas, tendientes a la asistencia, atención y reparación integral a las
víctimas de que trata el artículo 3° del presente decreto. Para tales efectos,
se apoyarán especialmente en la información y experticia recaudada por la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior.
Artículo 137. Objetivos
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Los
objetivos enunciados en el artículo 161 de la Ley 1448 de 2011,
tendrán tratamiento
diferencial de acuerdo a lo establecido en el presente decreto. En particular,
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral las víctimas,
tendrán los siguientes objetivos diferenciales como parte de dicho sistema:
a) Participar en
la formulación e implementación de la política integral de atención, asistencia
y reparación a las víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente
decreto;
b) Adoptar las
medidas de asistencia, atención y reparación que faciliten el acceso y garanticen
el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas
a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto;
c) Adoptar las
medidas de asistencia que garanticen el restablecimiento de los derechos de las
víctimas de que trata el presente decreto;
d) Adoptar las
medidas que contribuyan a garantizar la reparación efectiva y eficaz de las
víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto.
e) Coordinar las
acciones de las entidades públicas y privadas para la adecuada atención integral
y garantía de los Derechos Humanos y de la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario que asisten a las víctimas de que trata el presente decreto;
f) Garantizar la
apropiación de manera oportuna y eficiente de los recursos humanos, técnicos,
administrativos y económicos que sean indispensables para el cumplimiento de
los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral
de las víctimas de que trata el presente decreto en sus niveles nacional y
territorial;
g) Garantizar la
flexibilización de la oferta de las entidades responsables de las diferentes medidas
de atención, asistencia y reparación a las víctimas a las que se refiere el
artículo 3° del presente decreto;
h) Apoyar los
esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañan y hacen
seguimiento al proceso de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas a las que se refiere el artículo 3° del presente decreto.
Artículo 138. Subcomité
Técnico de Enfoque Diferencial. Créase el Subcomité Técnico de enfoque
diferencial, con los mismos parámetros establecidos en el artículo 164 de la Ley 1448 de 2011
para el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas.
Artículo 139. Dirección
de Atención y Reparación a las Comunidades. En la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, se creará una Dirección
Técnica de atención y reparación de grupos étnicos que contará con una
Coordinación de Reparación y Atención de las Comunidades que será la encargada
de coordinar, de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica,
las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e
implementación de las medidas consagradas en el presente decreto, y las
acordadas en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva de las
comunidades registradas.
Artículo 140. Dirección
de atención y reparación a comunidades. La Dirección Técnica de que trata el
artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:
a) Aportar los
insumos necesarios para el diseño, adopción y evaluación de los Planes Integrales
de Reparación Colectiva (PIRC);
b) Enviar a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
la información que reciba y que deba ser registrada en el componente dirigido a
las comunidades del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente;
c) Gestionar, por
medio del componente dirigido a las comunidades del Registro Único de Víctimas,
los datos referidos a las violaciones de que trata el artículo 3° del presente decreto.
La fuente de información serán principalmente las víctimas de que trata este
decreto;
d) Diseñar, en
coordinación con el Ministerio del Interior, los mecanismos y estrategias para
la efectiva participación de las comunidades en el diseño de los planes,
programas y proyectos de atención, asistencia y reparación integral;
e) Diseñar e
implementar los módulos de capacitación en manejo de recursos para asesorar a
los miembros de las comunidades que pretendan acceder a la indemnización administrativa
reglamentada en la Ley 1448 de 2011
y a las comunidades registradas que accedan a la indemnización colectiva de que
trata el presente decreto;
f) Apoyar la
implementación de los mecanismos necesarios para la reconstrucción y fortalecimiento
de la identidad étnico cultural de las comunidades que sean víctimas en los términos
del presente decreto;
g) Hacer
seguimiento a la implementación de los Planes Integrales de Reparación
Colectiva de manera conjunta con las comunidades;
h) Las demás que
señale el Gobierno Nacional.
Artículo 141. Oficinas en Centros Regionales de Atención y
Reparación. Los Centros Regionales de Atención y Reparación de que trata
el numeral 11 del artículo 168 de la Ley 1448 de 2011,
unificarán y reunirán toda la oferta institucional para la atención de las víctimas
de que trata el presente decreto, de tal forma que aquellas sólo tengan que
acudir a estos Centros para ser informadas acerca de sus derechos, facilitar el
acceso a las medidas de asistencia y atención según sea el caso, y para llevar
a cabo la solicitud de registro.
Artículo 142. Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a las
Comunidades y sus integrantes. El Gobierno Nacional organizará en la Unidad de Restitución, los órganos y
arreglos institucionales requeridos para la ejecución de las medidas de restitución establecidas
en el presente decreto-ley, los cuales deben proveer el talento humano y los recursos
operativos y presupuestales suficientes e idóneos, con el objetivo de brindar las condiciones
necesarias para la atención diferencial.
Artículo 143. Mecanismo
de monitoreo y seguimiento al cumplimiento del presente decreto-ley.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de que trata el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011
tendrá como función primordial hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y
cumplimiento de las medidas contenidas en este decreto-ley y estará conformada adicionalmente por
dos representantes elegidos por los consejos comunitarios y autoridades propias.
Parágrafo 1°. La comisión deberá reunirse por lo
menos una vez cada seis (6) meses y rendir un informe semestral a las
comunidades, consejos comunitarios, y autoridades propias, y al Congreso de la
República dentro del mes siguiente a cada inicio de legislatura de cada año.
Parágrafo 2°. Las funciones de seguimiento y
monitoreo por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría
General de la República se ejercerán sin perjuicio de las funciones
constitucionales y legales que ejercen como organismos de control. De igual
manera deberán compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación cuando en el
ejercicio de las funciones atribuidas a esta comisión evidencien la ocurrencia
de un ilícito.
Artículo 144. Transición
y adecuación de la institucionalidad. Durante el primer año de vigencia del
presente decreto, el Gobierno Nacional deberá hacer los ajustes institucionales
que se requieran en las entidades y organismos que actualmente cumplen
funciones relacionadas con los temas objeto del presente decreto, con el fin de
evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin
que en ningún momento se afecten los derechos de las víctimas de que trata el
presente decreto.
Artículo 145. Red
Nacional de Información para la Atención y Reparación a Victimas.
La Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación a Víctimas de que trata el artículo
153 de la Ley
1448 de 2011, brindará una rápida y eficaz
información a nivel nacional y regional sobre las violaciones de las que trata
el presente decreto-ley. Asimismo, la Red facilitará la identificación y el
diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan los daños a las
comunidades.
La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá
garantizar la coordinación entre el Sistema de Información del Ministerio del Interior
y la Red Nacional de Información y su operabilidad, de conformidad con el
artículo 153 de la Ley 1448 de 2011.
CAPÍTULO II
Componente
étnico en los registros
Artículo 146. Componente
enfocado en las comunidades del Registro Único de Victimas y del Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas. Los registros de que tratan los artículos 76 y 154 de la Ley 1448 de 2011,
contarán con un componente especial para las
comunidades, en el cual se incorporará de manera específica la información
relativa a las
víctimas y violaciones de que trata el presente decreto, así como de la
comunidad, su ubicación
y las variables de caracterización de daños y afectaciones
étnico-territoriales.
El Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de que trata el artículo 76 de la
Ley
1448 de 2011, tendrá un componente en el que se
inscribirán, para su protección y restitución, los territorios afectados de las
comunidades, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 120 de este decreto.
El Registro Único
de Víctimas de que trata el artículo 154 de la Ley 1448, deberá contar con un
componente dirigido a las comunidades donde se inscribirán como sujetos
colectivos las comunidades que hayan sufrido un daño colectivo, cultural,
territorial o ecológico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8°, 9°
y 10 del presente decreto.
Parágrafo. Conforme a lo establecido en el
artículo 76 de la Ley 1448, los registros de los componentes específicos para
las comunidades estarán interconectados de manera tal que la información sea
compartida en tiempo real por las Unidades de Atención y Reparación Integral a
Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Artículo 147. Solicitud
de inscripción en el registro. La solicitud de incorporación del sujeto
colectivo y sus territorios en el componente destinado a las comunidades del
Registro Único de Víctimas y del Registro de Tierras Despojadas, se hará ante
el Ministerio Público.
En el caso de las
comunidades, la declaración ante el Ministerio Público de que trata el artículo
155 de la Ley 1448 será formulada de manera colectiva a través de la autoridad legítima
o del correspondiente representante de las comunidades. Cuando la autoridad o representante
legal no pueda llevar a cabo dicha declaración, por cualquier circunstancia debidamente
documentada, la misma podrá ser formulada por cualquier miembro de la comunidad.
Dicha solicitud de
inscripción en los Registros deberá formularse en un término de cuatro (4)
años, contados a partir de la promulgación del presente decreto, para aquellos sujetos
colectivos que hayan sido victimizados con anterioridad a ese momento, y de dos
(2) años, contados a partir de la ocurrencia del hecho, respecto de aquellos
que lo sean con posterioridad a la vigencia del presente decreto, conforme a
los requisitos que para tal efecto se definan en este decreto, y a través del
instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, el cual será de uso obligatorio por las
entidades que conforman el Ministerio Público.
En el evento de
fuerza mayor que haya impedido a la autoridad legítima o representante presentar
la solicitud de registro en el término establecido en este artículo, el mismo
empezará a contarse desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron
tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio Público quien
remitirá tal información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
Parágrafo 1°. En los eventos en que se presente un
daño individual con efectos colectivos, asimilable al daño colectivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del presente decreto, la
solicitud de registro deberá presentarse por la autoridad legítima o
representante de la comunidad, En estos casos, también procederá la inscripción
de la víctima individualmente considerada en el Registro Único de Víctimas.
Parágrafo 2°. El representante o autoridad legítima
de la comunidad que acuda a realizar la solicitud de registro de la misma como
sujeto colectivo podrá allegar los documentos adicionales al momento de
presentar su declaración ante el Ministerio Público, quien lo remitirá a la
entidad encargada del Registro Único de Víctimas para que sean tenidos en cuenta
al momento de realizar el proceso de verificación.
Si se trata de un
miembro de la comunidad distinto del representante o la autoridad legítima
durante el proceso de verificación de la información, la Unidad Administrativa
Especial para la
Atención y Reparación de Víctimas podrá consultar con autoridades u organizaciones
étnicas de la zona. Asimismo, dentro del proceso de verificación, la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación de Víctimas deberá consultar los listados censales
y de autoridades o representantes de las comunidades que administra el
Ministerio del Interior, y verificar las afectaciones registradas con la
información suministrada por la
Defensoría del
Pueblo y la Personería Municipal respectiva.
Parágrafo 3°. En caso de que el representante o
autoridad legítima de la comunidad o la víctima individual perteneciente a la
comunidad no hable español o presente alguna discapacidad de habla o escucha,
la entidad del Ministerio Público encargada de tomar la declaración definirá el
procedimiento para garantizar la presencia de un intérprete de confianza o la
atención por parte de un servidor público con las características necesarias
para brindar una atención acorde con las necesidades de comunidad víctima o de
sus miembros individualmente considerados.
Artículo 148. Solicitud
de registro de víctimas pertenecientes a comunidades. En
los casos en que un miembro de las comunidades haya sufrido un daño individual como
consecuencia de los hechos de los que trata el artículo 3° del presente
decreto, y este no tenga efectos colectivos, la solicitud de inscripción en el
registro, así como el procedimiento y los recursos, se regirá por lo dispuesto
en los artículos 154 a 158 de la Ley 1448 de 2011.
Artículo 149. Procedimiento
de registro de sujetos colectivos. Una vez presentada la solicitud de
registro ante el Ministerio Público, la información deberá remitirse tanto a la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
como a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas.
En lo que tiene
que ver con territorios, se seguirá el procedimiento consagrado en el Título V
de Restitución de Tierras y Territorios del presente decreto.
Para efectos de la
incorporación del sujeto colectivo en el Registro Único de Víctimas, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará
la verificación de los hechos victimizantes referidos en la declaración, para
lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, las herramientas de
análisis y seguimiento de contexto y la información del Ministerio del Interior
sobre los registros censales y sus consejos comunitarios, y autoridades propias
, así como otras fuentes de información que resulten pertinentes para
contrastar y ampliar la información institucional.
Con fundamento en
la información contenida en la solicitud de registro, así como la información
recaudada en el proceso de verificación y la otorgada por el Ministerio del Interior,
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro del sujeto
colectivo, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.
Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 15 de
la Constitución
Política, y con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las
víctimas y su seguridad, toda la información suministrada por la autoridad
legítima o representante de las comunidades relacionada con la solicitud de
registro será de carácter reservado.
Parágrafo 2°. En el evento en que la autoridad
legítima o representante de la comunidad que acude a presentar la solicitud de
registro mencione el nombre del presunto o presuntos perpetradores del daño
colectivo, o individual con efectos colectivos, este nombre o nombres, en
ningún caso, serán incluidos en el acto administrativo mediante el cual se
concede o se niegue el registro.
Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas deberá garantizar la
interoperabilidad del Sistema de Información del Ministerio del Interior sobre
registros censales, autoridades o instancias representativas de las comunidades
con la Red Nacional de Información de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1448 de 2011.
Artículo 150. Recursos
contra el acto administrativo de registro. Contra la decisión
que resuelva el registro, procederán los recursos establecidos en el artículo
157 de la Ley
1448 de 2011.
CAPÍTULO III
Participación
de las Victimas
Artículo 151. De
las mesas de víctimas. Se garantizará la participación
oportuna y efectiva de las organizaciones de las comunidades, en los espacios
de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política a nivel
nacional, departamental, municipal y distrital.
Para tal fin, las
organizaciones de las comunidades podrán elegir participar en las mesas de
víctimas de que trata el artículo 193 de la Ley 1448 de 2011,
en los niveles nacional, departamental y distrital o municipal, de acuerdo con
la convocatoria que se haga por parte del Ministerio Público.
Parágrafo. La elección de los participantes de
las víctimas pertenecientes a las comunidades se hará de acuerdo con lo que
defina el reglamento que para tales efectos se expida.
No es necesaria la
existencia jurídica de organizaciones representativas para participar en estos
espacios.
Artículo 152. De
los Comités Territoriales de Justicia Transicional del artículo 173 de la Ley 1448 de 2011. En los Comités Territoriales de
Justicia Transicional, definidos por el artículo
173 de la Ley
1448 de 2011, tendrá asiento un delegado de las
comunidades del área de
influencia del Comité Territorial, quien promoverá la armonización de los
programas de
víctimas pertenecientes a las comunidades y las que no pertenecen a estas y
participará en
los procesos relacionados con la formulación del PIRC de su comunidad, según el
caso.
Parágrafo. El
delegado será escogido por decisión de las autoridades de la zona. En caso de
que existan varias comunidades en el área de influencia del Comité Territorial
de Justicia Transicional, las autoridades podrán cambiar el delegado en aras de
garantizar la participación de todas las comunidades que estén asentadas en la
zona.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 153. Comité de Seguimiento. Créase
el Comité de Seguimiento del Decreto para la Asistencia, Atención, Reparación
Integral y Restitución de Tierras de las víctimas pertenecientes a las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que tendrá por
objeto evaluar la aplicación de las normas contenidas en este decreto.
El Comité de
Seguimiento estará integrado por dos (2) representantes del nivel directivo del
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, escogidos por el
Presidente de la República, y dos (2) miembros de las instancias nacionales de
representación de las comunidades.
El Comité se
reunirá cada seis (6) meses y sus informes orientarán la reglamentación de las
normas previstas en este decreto y la ruta metodológica para su implementación.
La Secretaría
Técnica del Comité de Seguimiento estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Artículo 154. Inclusión
especial en Conpes. Para efectos del presente decreto, el
Gobierno Nacional incluirá en el documento Conpes de que trata el artículo 175
de la Ley
1448 de 2011, un título especial para las
comunidades que contendrá el plan de ejecución de metas, presupuesto suficiente
con continuidad y oportunamente disponible, y el mecanismo de seguimiento e
instrumentos de corrección, así como determinará anualmente la destinación, los
mecanismos de transferencia y ejecución, el monto de los recursos y las entidades
responsables de conformidad con lo establecido en el presente decreto, para
efectos de materializar las medidas de atención, asistencia y reparación
integral contempladas en el presente decreto.
Artículo 155. Interpretación
favorable. En lo no establecido en este Decreto a favor de las víctimas
se aplicará lo regulado en la Ley 1448 de 2011.
Así mismo, si una disposición contenida en el presente decreto llegare a ser
incompatible con alguna contenida en la Ley 1448 de 2011,
se aplicará aquella que resultare ser más favorable para las víctimas de que trata
el artículo 3° del presente decreto.
Artículo 156. Modificado por la Ley
2078 de 2021, art 5. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir d su
promulgación, tendrá una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031, y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Texto anterior. Artículo 156. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su
promulgación, tendrá una vigencia de diez (10) años, y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias. (La expresión resaltada fue
declarada inexequible con efecto diferido por la Sentencia C-588 de 2019)
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de diciembre
de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior
Germán
Vargas Lleras
El Viceministro Técnico del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo
de Jesús Suescún Melo.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Juan
Carlos Esguerra Portocarrero.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar