Estatuto Tributario
Decreto
624 de 1989
(Marzo 30 de 1989)
Por el cual se expide el estatuto tributario
de los impuestos administrados por la dirección general de impuesto nacionales.
Modificado
Por
la Ley 2010 de 2019, por el Decreto 2106 de 2019,por el Ley
1955 de 2019, por la Ley
1943 de 2018 (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020), por la Ley 1819 de 2016,
por la Ley 1739 de 2014,
por la Ley 1731 de 2014,
por el Decreto
2974 de 2013, por la Ley 1607 de 2012,
Por la Ley 1555 de 2012,
por la Ley 1537 de 2012,
por el Decreto 19 de 2012,
por la Ley
1450 de 2011, por el Decreto
4838 de 2010, por la Ley
1430 de 2010, por la Ley
1393 de 2010, por el Decreto
127 de 2010, por la Ley
1379 de 2010, por la Ley
1370 de 2009, por la Ley
1111 de 2006, por la Ley
1004 de 2005, por la Ley
863 de 2003, por la Ley
788 de 2002, por la Ley
633 de 2000, por la Ley
488 de 1998, por la Ley
383 de 1997, por el Decreto
150 de 1997, por la Ley
223 de 1995, por la Ley
174 de 1994, por la Ley 6
de 1992, por el Decreto
1655 de 1991, y por la Ley
49 de 1990
Declarado
inexequible parcialmente
Por
la Sentencia
C -668 de 2015
Derogado
parcialmente
Por
la Ley
1607 de 2012, Por la Ley 1527 de 2012
y por la Ley 1819 de 2016
Reglamentado
parcialmente
Por el Decreto 96 de 2020, por el Decreto 2373 de 2019, por el Decreto 2371 de 2019, por el Decreto 2345 de 2019, por el Decreto 2264 de 2019, por el Decreto 1973 de 2019, por el Decreto 1808 de 2019, por el Decreto 1807 de 2019, por el Decreto 1669 de 2019, por el Decreto 1604 de 2019, por el Decreto 1468 de 2019, por el Decreto 1422 de 2019, por el Decreto 1370 de 2019, por el Decreto 1146 de 2019, por el Decreto 1070 de 2019, por el Decreto 961 de 2019, por el Decreto 703 de 2019, por el Decreto 579 de 2019, por el Decreto 2442 de 2018, por el Decreto 2440 de 2018 por el Decreto 2391 de 2018, por el Decreto 2179 de 2018, por el Decreto 2146 de 2018, por el Decreto
1096 de 2018, por el Decreto
978 de 2018, por el Decreto
2169 de 2017 , por el Decreto 2091 de 2017, Por e Decreto
1515 de 2017, por el Decreto
1412 de 2017, por el Decreto
920 de 2017, por el Decreto
2200 de 2016, por el Decreto 589 de 2016,
por el Decreto 297 de 2016,
por el Decreto
2453 de 2015, por el Decreto
1602 de 2015, por el Decreto 248 de 2015,
por el Decreto
2688 de 2014, por el Decreto
2624 de 2014, por el Decreto
2548 de 2014, por el Decreto
2344 de 2014, por el Decreto
1966 de 2014, por el Decreto
1103 de 2014, por el Decreto 3032 de 2013, por el Decreto
3030 de 2013, por el Decreto 3028 de 2013, Decreto
3027 de 2013, por el Decreto 3026 de 2013,
por el Decreto 2924
de 2013, por el Decreto
2876 de 2013, por el Decreto
2975 de 2013,
por el Decreto 2702 de 2013,
por el Decreto
2074 de 2013, por el Decreto
2926 de 2013, por el Decreto
2921 de 2013, por el Decreto
2860 de 2013, por el Decreto
2819 de 2013, por el Decreto
2646 de 2013, por el Decreto
2223 de 2013, por el Decreto
2193 de 2013, por el Decreto
2108 de 2013, por el Decreto 1848 de 2013,
por el Decreto
803 de 2013, por el Decreto 702 de 2013,
por el Decreto 2714
de 2012, por el Decreto 99 de 2013,
por el Decreto
1625 de 2012, por el Decreto
1159 de 2012, por el
Decreto
4910 de 2011, por el Decreto
4908 de 2011, por el Decreto
2915 de 2011, por el Decreto
859 de 2011, por el Decreto
660 de 2011, por el Decreto
493 de 2011, por el Decreto
4838 de 2010, por el Decreto
4837 de 2010, por el Decreto
4145 de 2010, por el Decreto
3991 de 2010, por el Decreto
2921 de 2010, por el Decreto
1805 de 2010, por
el Decreto
1141 de 2010, por el Decreto
1140 de 2010, por el Decreto
4934 de 2009, por el Decreto
4930 de 2009, por el Decreto
4788 de 2009, por el Decreto
2271 de 2009, por el Decreto
1120 de 2009, por el Decreto
4715 de 2008, por el Decreto
4714 de 2008, por el Decreto
2707 de 2008, por el Decreto
2102 de 2008, por el Decreto 2577 de 1999,
Decreto
1033 de 1999, Decreto
1032 de 1999 por el Decreto
20 de 1994, por el Decreto
1900 de 1992, por el Decreto
596 de 1991, por el Decreto
391 de 1990
Desarrollado
Parcialmente
Por
el Decreto
1781 de 2014, por el Decreto
1794 de 2013, por el Decreto
1744 de 2013, por el Decreto 652 de 2013,
por el Decreto 563 de 2012,
por el Decreto
4955 de 2011, por el Decreto
4868 de 2011, por el Decreto
2820 de 2011, por el Decreto
2521 de 2011, por el Decreto
1919 de 2011, por el Decreto
1358 de 2011, por el Decreto
2670 de 2010, por el Decreto
3655 de 2009 y el Decreto
2271 de 2009
Adicionado
Por
la Ley
1819 de 2016, por la Ley 1739 de 2014,
por la Ley 1607 de 2012,
Por la Ley 1537 de 2012,
por la Ley 1536 de 2012,
por el Decreto 19 de 2012,
por el Decreto
129 de 2010, por la Ley
1370 de 2009, por la Ley 1066 de 2006,
por la Ley 716 de 2001,
por la Ley 488 de 1998,
por el Decreto 251 de 1997,
por la Ley 181 de 1995,
por el Decreto
1653 de 1991, por la Ley
10 de 1990 y por el Decreto
1321 de 1989
Ver
Normas sobre fijación
de plazos para presentación y pago de declaraciones, así como sobre fijación de
cuantías:
Decreto
3022 de 1989, Decreto
3101 de 1990, Decreto
2820 de 1991, Decreto
2064 de 1992, Decreto
2511 de 1993, Decreto
2798 de 1994, Decreto
2321 de 1995, Decreto
2300 de 1996, Decreto
3049 de 1997, Decreto
2652 de 1998, Decreto
2588 de 1999, Decreto
2662 de 2000, Decreto
2795 de 2001, Decreto
3258 de 2002, Decreto
3805 de 2003, Decreto
4345 de 2004, Decreto
4714 de 2005, Decreto
4583 de 2006, Decreto
4818 de 2007 y Decreto
4680 de 2008
Ver
Resolución
084 de 2019 (noviembre 28) por la cual se fija el
valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2020, Resolución
056 de 2018 (noviembre 22) por la cual se fija el
valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), aplicable para el año 2019, Resolución
063 de 2017 (noviembre 14) por la cual se fija el
valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2018, Resolución
071 de 2016 (noviembre 21) por la cual se fija el
valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2017, Decreto
1625 de 2016, Decreto
2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992 sobre valores año gravable
1993; Decreto
2495 de 1993
sobre valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994 sobre valores año gravable
1995; Decreto
2324 de 1995 sobre valores año gravable
1996; Decreto
2301 de 1996
sobre valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997 sobre valores año gravable
1998; Decreto
2649 de 1998
sobre valores año gravable 1999, Decreto
2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto
2661 de 2000 sobre valores año gravable
2001; Decreto
2794 de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto
3257 de 2002 sobre valores año gravable
2003; Decreto
3804 de 2003 sobre valores año gravable
2004; Decreto
4344 de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto
4715 de 2005 sobre valores año gravable
2006, Ley 1111 de 2006
sobre valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008 sobre valores años
gravables 2008 y 2009, Resolución
29 de 2013, Acuerdo 6 de 2013,
Decreto
561 de 2012, Resolución
23 de 2012, Resolución
24 de 2012, Resolución
011963 de 2011 “por la cual se fija el
valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2012”, Ley
1111 de 2006, art 51 y Resolución
DIAN 14199 de 2009, Resolución
107 de 2014, Resolución
106 de 2014
Declarado
exequible
Por
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 1 de marzo de 1990. Exp. 1970 y
en Sentencia del 1 de marzo de 1990. Exp. 1995
El
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confieren los artículos 90, numeral 5°, de la Ley
75 de 1986 y 41 de la Ley
43 de 1987, y oída - DIAN la Comisión Asesora de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
DECRETA:
ARTICULO 1º. El
Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, es el siguiente:
ESTATUTO TRIBUTARIO
IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
TITULO PRELIMINAR
OBLIGACION TRIBUTARIA
Artículo 1.
ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. La obligación tributaria sustancial se
origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley
como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2.
CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo
los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación
sustancial.
Artículo 3.
RESPONSABLES. Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las
personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir
obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.
Artículo 4.
SINÓNIMOS. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los
términos contribuyente y responsable.
LIBRO PRIMERO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS COMPLEMENTARIOS CONSTITUYEN UN SOLO IMPUESTO.
El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo
y comprende:
1.
Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo
11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en
el patrimonio y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al
exterior.
2.
Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales
de sociedades y entidades extranjeras. (El texto
subrayado en el numeral 1 perdió vigencia a partir del año gravable de 1992, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Extraordinario 1321 de 1989). Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo 6. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 1. Declaración
Voluntaria del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la
renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar,
es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que
deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente
durante el respectivo año o período gravable.
Parágrafo. Las personas naturales residentes en el país a quienes
les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones
de este Estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre
la renta y complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce
efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro I de este Estatuto.
Texto original art 6. EL IMPUESTO DE LOS NO DECLARANTES
ES IGUAL A LAS RETENCIONES. El impuesto de renta, patrimonio y ganancia
ocasional, a cargo de los asalariados no obligados a presentar declaración de
renta y complementarios, y el de los demás contribuyentes no obligados a
declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo
concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta realizados al
contribuyente durante el respectivo año gravable. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-643 de 2002, las expresiones subrayadas en
éste artículo). Ver Ley 1111 de 2006, art 78
SUJETOS PASIVOS.
Artículo 7.
LAS PERSONAS NATURALES ESTÁN SOMETIDAS AL IMPUESTO. Las personas naturales y
las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y
complementarios.
La
sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante y aquélla en la
cual se ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la
escritura pública cuando se opte por lo establecido en el Decreto
extraordinario 902 de 1988.
Artículo 8.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia
C-875 de 2005. LOS CÓNYUGES SE GRAVAN EN
FORMA INDIVIDUAL. Los cónyuges, individualmente considerados, son sujetos
gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas.
Durante
el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto sigue
siendo cada uno de los cónyuges, o la sucesión ilíquida, según el caso.
Artículo 9.
IMPUESTO DE LAS PERSONAS NATURALES, RESIDENTES Y NO RESIDENTES. Las personas
naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones
ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte,
están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a
sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente
extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país.
Inciso derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al
impuesto sobre la renta y complementarios respecto a su renta o ganancia
ocasional de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído en el exterior, a partir
del quinto (5º) año o período gravable de residencia continua o discontinua en
el país.
Las
personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el
país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el
momento de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y
complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional y respecto de su patrimonio poseído en el
país. Ver Circular Externa 26
de 2011 y Circular Externa No.
20 de 2010 de la DIAN
Adicionalmente,
los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del
impuesto de remesas, conforme a lo establecido en el Título IV de este Libro. (El texto resaltado en este artículo perdió vigencia a partir del
año gravable de 1992, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Extraordinario
1321 de 1989). Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo 10. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 2. Residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes
en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con
cualquiera de las siguientes condiciones:
1.
Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y
tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país,
durante un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días
calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o
discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se
considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo
gravable.
2.
Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o
con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y
en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y
consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión
respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el
respectivo año o periodo gravable.
3.
Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable:
a)
Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos
dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o,
b)
El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o,
c)
El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el
país; o,
d)
El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el
país; o.
e)
Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no
acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios;
o,
f)
Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno
Nacional como paraíso fiscal.
Parágrafo. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con
las disposiciones de este artículo acrediten su condición de residentes en el
exterior para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales mediante certificado de residencia fiscal o
documento que haga sus veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se
hayan convertido en residentes.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 25. No
serán residentes fiscales, los nacionales que cumplan con alguno de los
literales del numeral 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones:
1. Que el
cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la
jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
2. Que el
cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren localizados en la
jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
El
Gobierno nacional determinará la forma en la que las personas a las que se
refiere el presente parágrafo podrán acreditar lo aquí dispuesto.
Texto original art 10. RESIDENCIA PARA EFECTOS
FISCALES. La residencia consiste en la permanencia continua en el país por más
de seis (6) meses en el año o período gravable, o que se completen dentro de
éste; lo mismo que la permanencia discontinua por más de seis meses en el año o
período gravable.
Se consideran residentes las
personas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento principal
de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan en el exterior.
Artículo 11.
BIENES DESTINADOS A FINES ESPECIALES. Los bienes destinados a fines especiales,
en virtud de donaciones o asignaciones modales, están sometidos al impuesto
sobre la renta y complementarios de acuerdo con el régimen impositivo de las
personas naturales, excepto cuando los donatarios o asignatarios los
usufructúen personalmente. En este último caso, los bienes y las rentas o
ganancias ocasionales respectivas se gravan en cabeza de quienes los hayan
recibido como donación o asignación.
Inciso adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 38. Los gastos de financiación ordinaria, extraordinarios o moratorios
distintos de los intereses corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas
o contribuciones fiscales o parafiscales, serán deducibles de la renta si
tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, y distintos
de la contribución establecida en los Decretos Legislativos de la Emergencia
Económica de 1998.
Artículo 12.
SOCIEDADES Y ENTIDADES SOMETIDAS AL IMPUESTO. Las sociedades y entidades
nacionales son gravadas, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de
fuente nacional como sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia.
Las
sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y
ganancias ocasionales de fuente nacional.
Adicionalmente,
los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del
impuesto de remesas, conforme a lo establecido en el Título IV de este Libro. Ver Ley
1111 de 2006
Artículo 12-1. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 84. Concepto de sociedades y entidades
nacionales para efectos tributarios. Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y
entidades que durante el respectivo año o periodo gravable tengan su sede
efectiva de administración en el territorio colombiano.
También se consideran
nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que cumplan con
cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Tener su domicilio principal
en el territorio colombiano; o
2. Haber sido constituidas en
Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes en el país.
Parágrafo 1°. Para los efectos
de este artículo se entenderá que la sede efectiva de administración de una
sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones
comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las
actividades de la sociedad o entidad como un todo. Para determinar la sede
efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los hechos y
circunstancias que resulten pertinentes, en especial el relativo a los lugares
donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad
usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades
diarias de la alta gerencia de la sociedad o entidad.
Parágrafo
2°. No se considerará que una sociedad o entidad es nacional
por el simple hecho de que su junta directiva se reúna en el territorio
colombiano, o que entre sus accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares se encuentren personas naturales residentes en el país
o a sociedades o entidades nacionales.
Parágrafo
3°. En los casos de fiscalización en los que se discuta
la determinación del lugar de la sede de administración efectiva, la decisión
acerca de dicha determinación será tomada por el Comité de Fiscalización de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Parágrafo
4°. Salvo disposición expresa en contrario, las
expresiones “sede efectiva de administración” y “sede de dirección efectiva”
tendrán para efectos tributarios el mismo significado.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 31. No
se entenderá que existe sede efectiva de administración en Colombia para las
sociedades o entidades del exterior que hayan emitido bonos o acciones de
cualquier tipo en la Bolsa de Valores de Colombia y/o en una bolsa de
reconocida idoneidad internacional, de acuerdo con resolución que expida la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta disposición aplica igualmente
a las subordinadas –filiales o subsidiarias– de la sociedad o entidad que
cumpla con el supuesto a que se refiere el presente inciso, para lo cual la
filial o subsidiaria deberá estar consolidada a nivel contable en los estados
financieros consolidados de la sociedad o entidad emisora en Bolsa. Las
entidades subordinadas a las cuales aplica este parágrafo podrán optar por
recibir el tratamiento de sociedad nacional, siempre y cuando no estén en el
supuesto mencionado en el parágrafo siguiente.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 31. No
se entenderá que existe sede efectiva de administración en el territorio
nacional para las sociedades o entidades del exterior cuyos ingresos de fuente
de la jurisdicción donde esté constituida la sociedad o entidad del exterior
sean iguales superiores al ochenta por ciento (80%) de sus ingresos totales.
Para la determinación de porcentaje anterior, dentro de los ingresos totales
generados en el exterior, no se tendrán en cuenta las rentas pasivas, tales
como las provenientes de intereses o de regalías provenientes de la explotación
de intangibles. Igualmente, se considerarán rentas pasivas los ingresos por
concepto de dividendos o participacionesobtenidos directamente o por intermedio
de filiales, cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se
tenga una participación, bien sea directamente o por intermedio de sus
subordinadas, igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) del capital. Los
ingresos a tener en cuenta serán los determinados conforme con los principios
de contabilidad generalmente aceptados”.
Artículo 13.
SOCIEDADES LIMITADAS Y ASIMILADAS. Las sociedades de responsabilidad limitada y
asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin
perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el
impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus participacioneso
utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las normas legales.
Se
asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas,
las en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades
irregulares o de hecho de características similares a las anteriores, las
comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y
las fundaciones de interés privado.
Inciso derogado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 83. Los consorcios son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se asimilan a las
sociedades limitadas.
Artículo 14.
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS ESTÁN SOMETIDAS AL IMPUESTO. Las
sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y
complementarios, sin perjuicio de que los respectivos accionistas, socios o
suscriptores, paguen el impuesto que les corresponda sobre sus acciones y
dividendos o certificados de inversión y utilidades, cuando éstas resulten
gravadas de conformidad con las normas vigentes.
Se
asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las
sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas u otras.
Artículo
14-1.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Adicionado por la Ley 6 de 1992, art
6. EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA FUSIÓN DE SOCIEDADES. Para efectos tributarios, en
el caso de la fusión de sociedades, no se considerará que existe enajenación,
entre las sociedades fusionadas.
La sociedad absorbente o la
nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las
sociedades fusionadas o absorbidas.
Artículo
14-2.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
6. EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA ESCISIÓN DE SOCIEDADES. Para efectos tributarios,
en el caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que existe
enajenación entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide.
Las nuevas sociedades
producto de la escisión serán responsables solidarios con la sociedad
escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e
intereses y demás obligaciones tributarias, de esta última, exigibles al
momento de la escisión, como de los que se originen a su cargo con
posterioridad, como consecuencia de los procesos de cobro, discusión,
determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones, correspondientes a
períodos anteriores a la escisión. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de los socios de la antigua sociedad, en los términos del artículo
794.
Artículo
15.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Entidades cooperativas que son contribuyentes. Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado
superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del cooperativismo y
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, se
someterán al impuesto sobre la renta y complementarios si destinan sus
excedentes, en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la
legislación cooperativa vigente, asimilándose a sociedades anónimas.
Artículo 16.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 60. ENTIDADES CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas, las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
Las
pérdidas sufridas por estas sociedades durante los años gravables en que no
tengan la calidad de contribuyentes podrán ser calculadas en forma teórica,
para ser amortizadas dentro de los cinco años siguientes a su ocurrencia, de acuerdo
con las normas generales.
Artículo 17.
LOS FONDOS PÚBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios los fondos públicos, tengan o no
personería jurídica, cuando sus recursos provengan de impuestos nacionales
destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean administrados
directamente por el Estado. Para tales efectos, se asimilan a sociedades
anónimas.
La
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, es contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios y se regula por el régimen vigente para las
sociedades anónimas.
Artículo 18. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 20. Contratos de colaboración
empresarial. Los contratos de colaboración empresarial tales como consorcios,
uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación, no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las partes en el
contrato de colaboración empresarial, deberán declarar de manera independiente
los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de
acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos
incurridos en desarrollo del contrato de colaboración empresarial. Para efectos
tributarios, las partes deberán llevar un registro sobre las actividades
desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permita
verificar los ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del mismo.
Las partes
en el contrato de colaboración empresarial deberán suministrar toda la
información que sea solicitada por la DIAN, en relación con los contratos de
colaboración empresarial.
Las
relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de colaboración
empresarial con el contrato de colaboración empresarial que tengan un
rendimiento garantizado, se tratarán para todos los efectos fiscales como
relaciones entre partes independientes. En consecuencia, se entenderá, que no
hay un aporte al contrato de colaboración empresarial sino una enajenación o
una prestación de servicios, según sea el caso, entre el contrato de
colaboración empresarial y la parte del mismo que tiene derecho al rendimiento
garantizado.
Parágrafo 1°.
En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o
administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes,
consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera y
fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por
el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor
fiscal respectivo. En el caso del contrato de cuentas en participación, la
certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hace las veces del
registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de cuentas
en participación.
Parágrafo 2°.
Las partes del contrato de colaboración empresarial podrán establecer que el
contrato de colaboración empresarial llevará contabilidad de conformidad con lo
previsto en los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera que
les sean aplicables.
Texto anterior art 18. Modificado por la Ley 223 de 1995, art
61. RENTA DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Los Consorcios y las Uniones
Temporales no son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta. Los miembros del
Consorcio o la Unión Temporal, deberán llevar en su contabilidad y declarar, de
manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan,
de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones del
Consorcio o Unión Temporal.
Parágrafo. Para efectos impositivos, a las
empresas unipersonales de que trata el Código de Comercio, se les aplicará el
régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades de
responsabilidad limitada.
Artículo 18-1. Reglamentado parcialmente por el Decreto
1973 de 2019 y por Decreto
2108 de 2013. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 125. Para la determinación del
impuesto sobre la renta respecto de las utilidades obtenidas por las
inversiones de capital del exterior de portafolio, independientemente de la
modalidad o vehículo utilizado para efectuar la inversión por parte del
inversionista, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Los inversionistas de capital del
exterior de portafolio son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus
actividades.
2. El impuesto a su cargo será pagado
íntegramente mediante las retenciones en la fuente que le sean practicadas al
final de cada mes por parte del administrador de este tipo de inversiones, o la
entidad que haga sus veces, sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 6 del
presente artículo.
3. Numeral
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 82. Cualquier otra entidad distinta de las señaladas en el anterior
numeral que realice pagos, directa o indirectamente, a los inversionistas de
capital del exterior de portafolio, se abstendrá de efectuar la retención en la
fuente que correspondería practicar de conformidad con las normas generales
previstas en este Estatuto.
Cuando los ingresos
correspondan a dividendos determinados de conformidad con el numeral tercero
del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será
practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono
en cuenta, en cuyo caso la tarifa aplicable corresponderá a la establecida en
el inciso primero del artículo 245 del mismo Estatuto.
Cuando los ingresos
correspondan a dividendos gravados de conformidad con lo establecido en el
parágrafo 2° del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente
será practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o
abono en cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del veinticinco por
ciento (25%), y sobre el remanente se aplicará lo dispuesto en el inciso
anterior de este numeral.
Texto
anterior del numeral 3. Numeral modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo
72. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Cualquier otra entidad distinta de las señaladas en el anterior
numeral que realice pagos, directa o indirectamente, a los inversionistas de
capital del exterior de portafolio, se abstendrá de efectuar la retención en la
fuente que correspondería practicar de conformidad con las normas generales
previstas en este Estatuto.
Cuando los
ingresos correspondan a dividendos determinados de conformidad con el numeral
tercero del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será
practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono
en cuenta, en cuyo caso la tarifa aplicable corresponderá a la establecida en
el inciso primero del artículo 245 del mismo Estatuto.
Cuando los
ingresos correspondan a dividendos gravados de conformidad con lo establecido
en el parágrafo 2° del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la
fuente será practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del
pago o abono en cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del
veinticinco por ciento (25%), y sobre el remanente se aplicará los dispuesto en
el inciso anterior de este numeral;”.
Texto original numeral 3. “Cualquier otra entidad
distinta de las señaladas en el anterior numeral que realice pagos, directa o
indirectamente, a los inversionistas de capital del exterior de portafolio, se
abstendrá de efectuar la retención en la fuente que correspondería practicar de
conformidad con las normas generales previstas en este Estatuto. Cuando los
ingresos correspondan a dividendos gravados, la retención en la fuente será
practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono
en cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del veinticinco por ciento
(25%), sin que esto configure una retención en exceso.”.
4. La base para practicar la retención en
la fuente será la utilidad obtenida por el inversionista durante el respectivo
mes. La utilidad será la diferencia entre los resultados definidos en los
siguientes literales y el valor de los gastos netos de administración
realizados en Colombia. Los resultados se determinarán de la siguiente forma:
a) En el caso de la negociación de
instrumentos financieros derivados, los resultados se determinarán como el
valor neto resultante de los pagos girados o los abonos en cuenta hechos, a
favor y en contra, directa o indirectamente al inversionista, por la
liquidación y cumplimiento de todos los instrumentos financieros derivados que
se hayan vencido o liquidado en el periodo gravable. En el caso de las permutas
financieras o swaps, los resultados que se obtengan antes del vencimiento que
correspondan a la liquidación de cada uno de los flujos del respectivo
instrumento, hacen parte de la base gravable del periodo en el que se pagan o
abonan en cuenta;
b) En el caso de títulos con rendimientos
y/o descuentos, los resultados tanto para las posiciones en portafolio como
para la enajenación de los títulos corresponderán a los rendimientos
determinados de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa
vigente para retención en la fuente sobre rendimientos financieros provenientes
de títulos de renta fija previsto para residentes;
c) En el caso de las operaciones de reporto
o repo, las operaciones simultáneas y las operaciones de transferencia temporal
de valores, la retención en la fuente se practicará exclusivamente al momento
de la liquidación final de la respectiva operación y el resultado se
determinará como el valor neto resultante de los pagos girados o los abonos en
cuenta hechos, directa o indirectamente, a favor y en contra del inversionista;
d) Para todos los demás casos no previstos
de manera específica, los resultados serán el valor neto resultante de los
pagos girados o los abonos en cuenta hechos directa o indirectamente, a favor
y en contra del inversionista, en desarrollo de la respectiva operación.
Se exceptúan de la práctica de la retención
en la fuente a cargo del administrador o quien haga sus veces, todos los
ingresos que no constituyan renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y
los dividendos gravados, que sean percibidos directa o indirectamente por el
inversionista del exterior en sus inversiones de capital de portafolio;
e) La tarifa general de retención en la
fuente será del catorce por ciento (14%) siempre que el inversionista de
capital de portafolio del exterior esté domiciliado en una jurisdicción que no
esté calificada por el Gobierno Nacional como Paraíso Fiscal. En caso
contrario, la tarifa general de la retención en la fuente será del veinticinco
por ciento (25%).
f) Literal adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 82. Cuando se trate de valores de renta
fija pública o privada, o derivados financieros con subyacente en valores de
renta fija, la tarifa de retención en la fuente será del cinco por ciento (5%).
Texto
inicial del literal f). Literal adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 72. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Cuando se trate de valores de renta fija pública o privada, o
derivados financieros con subyacente en valores de renta fija, la tarifa de
retención en la fuente será del cinco por ciento (5%).”.
5. Las retenciones en la fuente practicadas
de conformidad con las reglas anteriores constituirán el impuesto definitivo a
cargo de los inversionistas de que trata el presente artículo, los cuales
tendrán la condición de no declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios. En caso de que las utilidades superen el límite establecido en
el inciso 2° del artículo 36-1 de este Estatuto, el inversionista estará
obligado a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios,
únicamente por las utilidades a que se refiere dicho artículo, en la fecha que
establezca el Gobierno Nacional. Para el efecto, el administrador presentará la
declaración correspondiente por cuenta y en nombre del inversionista.
6. La remuneración que perciba la sociedad
o entidad por administrar las inversiones a las cuales se refiere este artículo,
constituye ingreso gravable, al cual se le aplicará por la misma sociedad o
entidad, la retención en la fuente prevista para las comisiones.
7. Las pérdidas sufridas por el
inversionista en un mes, cuya deducibilidad no esté limitada para los
residentes de conformidad con las normas generales, podrán ser amortizadas con
utilidades de los meses subsiguientes. Las retenciones que resulten en exceso
en un período mensual podrán ser descontadas de las que se causen en los meses
subsiguientes, dentro de los doce (12) meses siguientes.
Las pérdidas sufridas por el inversionista,
acumuladas a 31 diciembre de 2012, podrán ser amortizadas con las utilidades
del año gravable 2013. Las pérdidas que no se amorticen durante dicho año, no
podrán ser amortizadas en períodos posteriores.
Parágrafo
1°.
Las disposiciones establecidas en el presente artículo le serán aplicables en
su totalidad a los fondos de inversión de capital extranjero que se encontraran
autorizados y en funcionamiento con anterioridad a la fecha de expedición del Decreto número 4800 de 2010.
Parágrafo
2°. El administrador o la entidad que haga sus veces,
estará obligado a suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
la información de los inversionistas de capital del exterior de portafolio que
esta requiera para estudios y cruces de información, en nombre y por cuenta del
inversionista del exterior.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 82. El administrador de las inversiones de portafolio estará obligado
a entregar a las autoridades de impuestos, cuando sea requerido, información
sobre el beneficiario final de las inversiones.
Texto original parágrafo 3º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 72. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “El
administrador de las inversiones de portafolio estará obligado a entregar a las
autoridades de impuestos, cuando sea requerido, información sobre el
beneficiario final de las inversiones.”.
Parágrafo 4°. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 82. Las normas de este artículo no son aplicables a las
inversiones provenientes del exterior, que tengan como beneficiario final un
residente fiscal en Colombia que tenga control sobre dichas inversiones.
Texto original parágrafo 4º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 72. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Las normas de este artículo no
son aplicables a las inversiones provenientes del exterior, que tengan como
beneficiario final un residente fiscal en Colombia que tenga control sobre
dichas inversiones.”.
Parágrafo 5°. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 82. Se entiende que un residente fiscal en Colombia controla las
entidades de inversión del exterior cuando se cumple alguno de los criterios de
vinculación señalados en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
Texto original parágrafo 5º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 72. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Se entiende que un residente
fiscal en Colombia controla las entidades de inversión del exterior cuando se
cumple alguno de los criterios de vinculación señalados en el artículo 260-1
del Estatuto Tributario.”.
Articulo
reglamentado parcialmente por el Decreto 2108 de 2013.
Ver Decreto
1625 de 2016, artículos 1.2.4.2.70 y 1.6.1.5.5. Ver Oficio 5468 de
2016, DIAN.
Artículo
desarrollado por el Decreto 640 de 2018.
Texto anterior art 18-1. Inciso modificado Ley 223 de 1995, art
62. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO. Los fondos de inversión de
capital extranjero no son contribuyentes del impuesto de renta y
complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de las
actividades que les son propias. Cuando sus ingresos correspondan a dividendos,
que de haberse distribuido a un residente en el país hubieren estado gravados,
se generará el impuesto a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), el
cual será retenido por la sociedad pagadora del dividendo, al momento del pago
o abono en cuenta.
Cuando los ingresos
correspondan a rendimientos financieros, el impuesto será retenido en la fuente
al momento del pago o abono en cuenta a favor del fondo, utilizando las mismas
tarifas y los mismos procedimientos vigentes para las retenciones en la fuente
a favor de los residentes o domiciliados en Colombia.
Al final de cada mes, la
sociedad administradora del fondo, actuando como autorretenedora, deberá
retener el impuesto que corresponde a los rendimientos acumulados obtenidos en
ese período. En este caso, la tarifa de retención será la del impuesto de renta
vigente para las sociedades en Colombia, aplicada al rendimiento financiero
devengado, después de descontar el componente equivalente a la devaluación del
peso con relación al dólar de los Estados Unidos de América en el respectivo
mes. Para el cálculo de la devaluación del mes se utilizará la tasa
representativa del mercado.
Para los fines de la
declaración y pago de las retenciones previstas en este artículo, la sociedad
administradora descontará, de las retenciones calculadas en la forma prevista
en el inciso precedente, las que hayan sido efectuadas al fondo durante el
mismo período. Las pérdidas sufridas por el fondo en un mes podrán ser
amortizadas con utilidades de los meses subsiguientes. Las retenciones que
resulten en exceso en un período mensual podrán ser descontadas de las que se
causen en los meses subsiguientes. El fondo podrá deducir los gastos netos de
administración en Colombia.
Sin perjuicio de lo anterior,
la transferencia al exterior del capital invertido, así como de los
rendimientos, dividendos y utilidades obtenidas en el país por sus actividades,
no causan impuesto de renta y complementarios.
Los partícipes de los fondos
de inversión de capital extranjero, no residentes en el país, no son
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en cuanto a los ingresos
provenientes del mismo.
En todos los casos, la
remuneración que perciba la sociedad o entidad por administrar los fondos a los
cuales se refiere este artículo, constituye ingreso gravable, al cual se le
aplicará por la misma sociedad o entidad, la retención en la fuente prevista
para las comisiones.
Artículo 19. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 140. Contribuyentes del
Régimen Tributario Especial. Todas las asociaciones,
fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro,
serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a
las normas aplicables a las sociedades nacionales.
Excepcionalmente, podrán
solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2,
su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y
cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación:
1. Que estén legalmente
constituidas.
2. Que su objeto social sea de
interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en
el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la
comunidad.
3. Que ni sus aportes sean
reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera
que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni
durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de
acuerdo con el artículo 356-1.
Parágrafo 1°. La
calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades
enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del
presente Estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 de este Estatuto.
Parágrafo 2°. Para
la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen
las 160.000 UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de
Gestión de Fiscalización una memoria económica, en los términos del artículo
356-3 del presente Estatuto.
Parágrafo 3°. Para
gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 358,
los contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán cumplir además
de las condiciones aquí señaladas, las previstas en el Título VI del presente
Libro.
Parágrafo transitorio
1°. Las entidades que a 31 de
diciembre de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial
continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el
procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el
decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.
Parágrafo transitorio 2°. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1° de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.
Texto anterior art 19. Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
8o. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Los contribuyentes que se
enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y
complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el
Título VI del presente Libro.
1. Las corporaciones,
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) Que el objeto social
principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica,
protección ambiental, o a programas de desarrollo social;
b) Que dichas actividades
sean de interés general, y
c) Que sus excedentes sean
reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
2) Las personas jurídicas sin
ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos
financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria. (Hoy Superintendencia
Financiera de Colombia)
3) Los fondos mutuos de
inversión y las asociaciones gremiales
respecto de sus actividades industriales y de mercadeo. (La Ley 488 de 1998, artículo 154 derogó el aparte resaltado)
4) Las cooperativas, sus
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos de control.
Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios
si el veinte por ciento (20%) del excedente, en su totalidad del Fondo de
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se
destina de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional.
El beneficio neto o excedente
de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen en todo o en parte
en forma diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación
cooperativa vigente.
Inciso adicionado por la Ley 1066 de
2006, artículo 10. El cálculo de este beneficio
neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la ley y la
normatividad cooperativa vigente.
Inciso adicionado por la Ley 1066 de 2006, artículo
10. El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a
como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente.
Parágrafo 1º. Sin perjuicio de lo previsto en
los numerales 2) y 3) del presente artículo y en los artículos 22 y 23 del
Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas
como entidades sin ánimo de lucro, que no cumplan las condiciones señaladas en
el numeral 1) de este artículo, son contribuyentes del impuesto sobre la renta,
para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas.
Parágrafo 2º Los pagos o abonos en cuenta por
cualquier concepto, efectuados en forma directa o indirecta, en dinero o en
especie, por las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro,
a favor de las personas que de alguna manera participen en la dirección o
administración de la entidad, o a favor de sus cónyuges, o sus parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
constituyen renta gravable para las respectivas personas naturales vinculadas
con la administración o dirección de la entidad y están sujetos a retención en
la fuente a la misma tarifa vigente para los honorarios.
Esta medida no es aplicable a
los pagos originados en la relación laboral, sometidos a retención en la fuente
de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.
Parágrafo 3º. Las entidades cooperativas a las
que se refiere el numeral cuarto de este artículo, solo estarán sujetas a
retención en la fuente por concepto de rendimiento financieros, en los términos
que señale el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que les
correspondan como agentes retenedores, cuando el Gobierno Nacional así lo
disponga.
Parágrafo 4º. Para gozar la exención del
impuesto sobre la renta, los
contribuyentes contemplados en el numeral 1 de este artículo, deberán
cumplir además de las condiciones aquí señaladas, las previstas en los artículos
358 y 359 de este Estatuto.
Artículo 19-1.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 24. RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CARGO DE
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Los contribuyentes del Régimen
Tributario Especial de que trata el artículo 19 del presente estatuto, están
sujetos a retención en la fuente de acuerdo con las normas vigentes, sobre los
ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el respectivo
ejercicio gravable.
Parágrafo.
Cuando las entidades del régimen especial resulten gravadas sobre su beneficio
neto o excedente, en la forma prevista en el artículo 356 del Estatuto
Tributario, podrán descontar del impuesto a cargo, la retención que les haya
sido efectuada en el respectivo ejercicio, de acuerdo con lo señalado en el
presente artículo.
Cuando
resulten saldos a favor por exceso en las retenciones practicadas, podrán
solicitar la devolución de dichas retenciones, conforme al procedimiento
especial que, mediante reglamento, establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 19-2. Modificada por la Ley 1819 de 2016, art 141. Tratamiento
tributario de las cajas de compensación. Las cajas de compensación serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios respecto a los
ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras
distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con
las actividades meritorias previstas en el artículo 359 del presente Estatuto.
Las entidades de que trata el
presente artículo no están sometidas a renta presuntiva.
Texto original art 19-2. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
1. OTROS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, las cajas de compensación familiar,
los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, con respecto a los
ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades
financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas
con salud, educación, recreación y desarrollo social.
Las entidades contempladas en
este artículo no están sometidas a renta presuntiva.
Artículo 19-3.
Sustituido
por la Ley 788 de 2002,
artículo 11. OTRAS ENTIDADES CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, Fogafín y Fogacoop.
Los
ingresos y egresos provenientes de los recursos que administran Fogafín y
Fogacoop en las cuentas fiduciarias, no serán considerados para la
determinación de su renta. El mismo tratamiento tendrá (sic) los recursos
transferidos por la Nación a Fogafín provenientes del Presupuesto General de la
Nación destinados al saneamiento de la banca pública, los gastos que se causen
con cargo a estos recursos y las transferencias que realice la Nación a estos
entes con destino al fortalecimiento de que trata la Ley
510 de 1999 y Decreto
2206 de 1998.
El
patrimonio resultante tanto de las cuentas fiduciarias administradas por
Fogafín y Fogacoop, como de las transferencias anteriormente señaladas no será
considerado en la determinación del patrimonio de estos entes.
El
aumento de la reserva técnica que se constituya conforme a la dinámica contable
establecida por la Superintendencia Bancaria será deducible en la determinación
de la renta gravable.
Artículo 19-4. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 142. Tributación sobre la renta de las
cooperativas. Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares
del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control;
pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos
o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de
que trata el artículo 54 de la Ley
79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este
beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa
vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del
beneficio neto o excedente.
Parágrafo 1°. Las entidades cooperativas a las que se refiere el
presente artículo, solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto
de rendimientos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin
perjuicio de las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores,
cuando el Gobierno nacional así lo disponga. Igualmente, estarán excluidas de
renta presuntiva, comparación patrimonial y liquidación de anticipo del
impuesto sobre la renta.
Parágrafo 2°. El recaudo de la tributación sobre la renta de que
trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior
pública.
Parágrafo 3°. A las entidades de que trata el presente artículo,
solamente les será aplicable lo establecido en los artículos 364-1 y 364-5 del
Estatuto en los términos del parágrafo 7, sin perjuicio de las demás
obligaciones previstas en las normas especiales.
Parágrafo 4°. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o
financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación
o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las
entidades de que trata el presente artículo, no podrá exceder del treinta por
ciento (30%) del gasto total anual de la respectiva entidad. Lo dispuesto en
este parágrafo no les será aplicable a las entidades, de que trata el presente
artículo, que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UVT.
Parágrafo 5°. Las entidades de que trata el presente artículo podrán
ser excluidas del Régimen Tributario Especial en los términos del artículo
364-3.
Parágrafo transitorio 1°. En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso
1° de este artículo será del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento
(10%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser
destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo transitorio 2°. En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso
1° de este artículo será del quince por ciento (15%). Además, el cinco por
ciento (5%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser
destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 19-5. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 143. Otros contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas jurídicas originadas
en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de
sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial,
generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del
impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y
comercio.
Parágrafo. Se
excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales de uso
residencial.
Artículo 20. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 85. Las sociedades y
entidades extranjeras son contribuyentes. Salvo las excepciones
previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las sociedades y
entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en relación con sus
rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que
perciban dichas rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de
sucursales o establecimientos permanentes ubicados en el país.
Para
tales efectos, se aplica el régimen consagrado para las sociedades anónimas
nacionales, salvo cuando tenga restricciones expresas.
Ver Ley 2010 de 2019, artículo 66. Ver Ley 1943 de 2018, artículo
58. Ver Oficio 34765 de 2015. Ver Oficio 28867 de 2015.
Ver Oficio 28430 de 2015, DIAN. Ver Decreto 3026 de 2013.
Texto original art 20. LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS SON CONTRIBUYENTES. Salvo las
excepciones especificadas en los pactos internacionales y en el derecho
interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las
sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en
relación a su renta y ganancia ocasional de fuente nacional.
Para
tales efectos, se aplica el régimen señalado para las sociedades anónimas nacionales,
salvo cuando tengan restricciones expresas.
Artículo
20-1. Reglamentado por el Decreto 3026 de 2013.
Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 86. Establecimiento
permanente. Sin perjuicio de lo
pactado en las convenciones de doble tributación suscritas por Colombia, se
entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en
el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier
otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el
caso, realiza toda o parte de su actividad.
Este
concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las
agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y
gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales.
También
se entenderá que existe establecimiento permanente en el país, cuando una
persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de una empresa
extranjera, y tenga o ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes
que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la
empresa. Se considerará que esa empresa extranjera tiene un establecimiento
permanente en el país respecto de las actividades que dicha persona realice
para la empresa extranjera, a menos que las actividades de esa persona se
limiten a las mencionadas en el parágrafo segundo de este artículo.
Parágrafo 1°. No se entiende que una empresa tiene un establecimiento
permanente en Colombia por el simple hecho de que realice sus actividades en el
país a través de un corredor o de cualquier otro agente independiente, siempre
que dichas personas actúen dentro del giro ordinario de su actividad. No
obstante, cuando el agente independiente realice todas o casi todas sus
actividades por cuenta de tal empresa, y entre esa empresa y el agente se
establezcan, pacten o impongan condiciones respecto de sus relaciones
comerciales y financieras que difieran de las que se habrían establecido o
pactado entre empresas independientes, dicho agente no será considerado como
agente independiente para efectos de este parágrafo.
Parágrafo 2°. No se entiende que una empresa extranjera tiene un establecimiento
en el país cuando la actividad realizada por dicha empresa es de carácter
exclusivamente auxiliar o preparatorio.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 21. Las oficinas de representación de sociedades reaseguradoras del exterior no
se consideran un establecimiento permanente.
Ver Ley 2010 de 2019, artículo 66. Ver Ley 1943 de 2018,
artículo 58. Ver Oficio
5468 de 2016. Ver Oficio 34765 de 2015. Ver Oficio 32905 de
2015. Ver Oficio 28430 de 2015, DIAN.
Artículo
20-2. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 87. Tributación
de los establecimientos permanentes y sucursales. Las personas naturales no residentes y las personas
jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o
una sucursal en el país, según el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de
fuente nacional que le sean atribuibles al establecimiento permanente o a la
sucursal, según el caso, de acuerdo con lo consagrado en este artículo y con
las disposiciones que lo reglamenten. La determinación de dichas rentas y
ganancias ocasionales se realizará con base en criterios de funciones, activos,
riesgos y personal involucrados en la obtención de las mencionadas rentas y
ganancias ocasionales.
Parágrafo. Para propósitos de la atribución de las rentas y
ganancias ocasionales a que se refiere este artículo, los establecimientos
permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar
contabilidad separada en la que se discriminen claramente los ingresos, costos
y gastos que les sean atribuibles. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de
los obligados al régimen de precios de transferencia de los deberes formales
relativos a la declaración informativa y a la documentación comprobatoria,
para efectos de lo establecido en este artículo, la contabilidad de los
establecimientos permanentes y de las sucursales de sociedades extranjeras
deberá estar soportada en un estudio sobre las funciones, activos, riesgos y
personal involucrados en la obtención de las rentas y de las ganancias
ocasionales atribuidas a ellos.
Ver Ley 2010 de 2019, artículo 66. Ver Ley
1943 de 2018, artículo 58. Ver Oficio 34765 de 2015. Ver Decreto 3026 de 2013.
Artículo 21. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 88. Concepto de sociedad extranjera. Se consideran extranjeras
las sociedades u otras entidades que no sean sociedades o entidades nacionales.
Texto original art 21. CONCEPTO DE SOCIEDAD EXTRANJERA. Se consideran extranjeras las
sociedades u otras entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y
cuyo domicilio principal esté en el exterior.
Artículo 21-1. Reglamentado por el Decreto
3026 de 2013. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 22. Para
la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos
pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas
de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos
normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita
expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo
caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento
diferente, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 1314 de 2009.
Parágrafo 1°. Los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta
la base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las
transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y
los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los períodos en que
esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se
producen en un período diferente.
Cuando se utiliza la base
contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cuando satisfagan las
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos,
de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que le sean aplicables
al obligado a llevar contabilidad.
Parágrafo 2°. Los
contribuyentes personas naturales que opten por llevar contabilidad se
someterán a las reglas previstas en este artículo y demás normas previstas en
este Estatuto para los obligados a llevar contabilidad.
Parágrafo 3°. Para
los fines de este Estatuto, cuando se haga referencia al término de causación,
debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata
este artículo.
Parágrafo 4°. Para
los efectos de este Estatuto, las referencias a marco técnico normativo
contable, técnica contable, normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Colombia y contabilidad por el sistema de causación, entiéndase a las normas de
contabilidad vigentes en Colombia.
Cuando las normas tributarias
establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes,
el sistema contable que deben aplicar corresponde a las normas contables
vigentes en Colombia, siempre y cuando no se establezca lo contrario.
Parágrafo 5°. Para
efectos fiscales, todas las sociedades y personas jurídicas, incluso estando en
estado de disolución o liquidación, estarán obligadas a seguir lo previsto en
este Estatuto”.
Parágrafo 6°. Para
efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o valor
razonable de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deberán
reconocerse al costo, precio de adquisición o valor nominal, siempre y cuando
no exista un tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las
diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán
efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta que la
transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la
extinción del pasivo, según corresponda
NO CONTRIBUYENTES.
Artículo 22. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 83. Entidades que no son contribuyentes. No son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán
cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de
acuerdo con el artículo 598 del presente Estatuto, la Nación, las entidades
territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades
administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como
contribuyentes.
Así mismo, serán no
contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las
asociaciones de padres de familia; los organismos de acción comunal; las juntas
de defensa civil; las juntas de copropietarios administradoras de edificios
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos
residenciales; las asociaciones de exalumnos; las asociaciones de hogares
comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar o autorizados por este y las asociaciones de adultos mayores
autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Tampoco serán contribuyentes
ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva
de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993.
exto anterior del artículo 22. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 73. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Entidades que no son contribuyentes. No
son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán
cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de
acuerdo con el artículo 598 del presente Estatuto, la Nación, las entidades
territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, las áreas Metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades
administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como
contribuyentes.
Así mismo,
serán no contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las
asociaciones de padres de familia; los organismos de acción comunal; las juntas
de defensa civil; las juntas de copropietarios administradoras de edificios
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos
residenciales; las asociaciones de exalumnos; las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este y las
asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Tampoco
serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la
propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993.”.
Texto anterior del artículo
22. Modificado por la Ley 1819 de
2016, artículo 144. “Entidades no contribuyentes
y no declarantes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración
de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 598 del presente Estatuto,
la Nación, las entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible, las áreas Metropolitanas, la Sociedad Nacional de
la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las Superintendencias y las
Unidades Administrativas Especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley
como contribuyentes.
Asimismo, serán no
contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las
asociaciones de padres de familia; las juntas de acción comunal; las juntas de
defensa civil; las juntas de copropietarios administradoras de edificios
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos
residenciales; las asociaciones de exalumnos; las asociaciones de hogares
comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar o autorizados por este y las asociaciones de adultos mayores
autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Tampoco serán contribuyentes
ni declarantes los Resguardos y Cabildos Indígenas, ni la propiedad colectiva
de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de
1993.”.
Nota,
artículo 22: Artículo desarrollado por el Decreto 2150
de 2017.
Texto anterior del artículo
22. Modificado por la Ley 223 de
1995, artículo 64. ENTIDADES QUE NO SON
CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, la Nación, los departamentos y sus
asociaciones, los distritos, los territorios indígenas, los municipios y las
demás entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de
desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, las
asociaciones de departamentos y las federaciones de municipios, los resguardos
y cabildos indígenas, los establecimientos públicos y los demás
establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en
la ley como contribuyentes.
Tampoco será contribuyente la
propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de
1993.
Inciso
adicionado por la Ley 633 de 2000, artículo
8. El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, no es
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está obligado
a presentar declaración de ingresos y patrimonio.”. (Nota: Ver Decreto 390
de 1999, artículo 3, parágrafo 3°.).
Nota,
artículo 22: Ver Decreto 2623 de 2014,
artículo 10.
Texto anterior del
artículo: Modificado por la Ley 6 de 1992,
artículo 1º. “ENTIDADES QUE NO SON
CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios la Nación, los departamentos, los distritos, los territorios
indígenas, los municipios y las demás entidades territoriales, las áreas metropolitanas,
las asociaciones de municipios, las superintendencias, las unidades
administrativas especiales, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden departamental, distrital y
municipal y los demás establecimientos oficiales descentralizados, siempre y
cuando no se señalen en la ley como contribuyentes.
Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades
negras que habrá de crearse conforme al desarrollo legal del
artículo 55 transitorio de la Constitución Política.”.
Texto inicial del artículo: “ENTIDADES QUE NO SON
CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios la Nación, los Departamentos, las Intendencias y Comisarías, el
Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las empresas industriales y
comerciales del Estado del orden departamental y municipal y los demás
establecimientos oficiales descentralizados siempre y cuando no se señalen en
la ley como contribuyentes.”.
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006.
Artículo 23. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 23. Entidades no
contribuyentes declarantes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los
sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos
mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el
Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos
aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de
Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos
anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento
oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra
manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la
declaración de ingresos y patrimonio.
Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la
transparencia en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de su actividad.
La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la
información que considere pertinente para esos efectos.
Artículo 23. Modificado Ley 223 de 1995, art
65. OTRAS ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del
impuesto sobre la renta, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia,
las sociedades de mejoras públicas, las instituciones de educación superior
aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, los hospitales que estén
constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de
alcohólicos anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa
civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en
propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las
asociaciones de exalumnos, los partidos o movimientos políticos aprobados por
el Consejo Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los fondos de
pensionados, así como los movimientos, asociaciones y congregaciones
religiosas, que sean entidades sin ánimo de lucro.
Las entidades contempladas en
el numeral 3 del artículo 19, cuando no realicen actividades industriales o de
mercadeo.
Tampoco son contribuyentes
las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud,
siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, y
los beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su totalidad al
desarrollo de los programas de salud.
Inciso modificado por la Ley 1430 de 2010, art
23. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las
asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por éste y las asociaciones de
adultos mayores autorizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Artículo 23-1. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 68. No son contribuyentes los fondos de capital privado, los fondos de
inversión colectiva y otros. No son contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios los fondos de capital privado y los fondos de inversión
colectiva, administrados por una entidad autorizada para tal efecto.
La remuneración que reciba
por su labor la entidad que administre el fondo constituye un ingreso gravable
para la misma y estará sujeta a retención en la fuente.
Los ingresos del fondo de
capital privado o de inversión colectiva, previa deducción de los gastos a
cargo del mismo y de la contraprestación de la sociedad administradora, se
distribuirán entre los suscriptores o partícipes, al mismo título que los haya
recibido el fondo de capital privado o de inversión colectiva y en las mismas
condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el
suscriptor o partícipe.
No obstante lo anterior, la
realización de las rentas para los beneficiarios o partícipes de un fondo solo
se diferirá hasta el momento de la distribución de las utilidades, inclusive en
un periodo gravable distinto a aquel en el cual el fondo de capital privado o
los fondos de inversión colectiva han devengado contablemente el respectivo
ingreso, en los siguientes casos:
1. Cuando las
participaciones del Fondo sean negociadas en una bolsa de valores sometida a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o
2. Cuando el fondo cumpla
con los siguientes requisitos:
a) No ser poseído directa o
indirectamente, en más de un 50%, por un mismo beneficiario efectivo, o grupo
inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma familia hasta
un 4º grado de consanguinidad o afinidad, que sean contribuyentes del impuesto
sobre la renta; y
b) Cuando ninguno de los
beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado o grupo
familiar, de manera individual o conjunta, tenga control o discrecionalidad
sobre las distribuciones del mismo.
En los casos en que el
propósito principal para la creación del fondo sea el diferimiento de
impuestos, como sucede con la estructuración de un fondo con el propósito de
realizar una transacción particular de venta de uno o varios activos, las
rentas de los partícipes se causarán en el mismo ejercicio en que son
percibidas por el fondo, con independencia de que se cumpla con los requisitos
señalados en los literales a) y b) anteriores.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el numeral 2 del inciso 4° de este artículo
no aplicará para aquellos fondos que tengan por objeto exclusivo desarrollar
nuevos emprendimientos innovadores y recaudar capitales de riesgo para dicho
propósito.
Para estos efectos, el valor de la inversión en el
fondo tiene que ser inferior a seiscientos mil (600.000) UVT, y no puede
existir vinculación económica o familiar entre el desarrollador del nuevo
emprendimiento y los inversionistas de capital de riesgo.
Parágrafo 2°. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, y el Fondo
de Promoción Turística. Los anteriores fondos que administran recursos públicos
están sujetos a control fiscal.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el literal b) del numeral segundo del inciso 4 de
este artículo no será aplicable al gestor, siempre y cuando no exista
vinculación económica entre el gestor y los beneficiarios o inversionistas
mayoritarios el fondo de capital privado o de inversión colectiva.
Parágrafo 4°. Para todos los efectos fiscales regulados en el Estatuto
Tributario, incluyendo para efectos de los artículos 631-5 y 631-6, se entiende
por beneficiario efectivo, final o real, toda persona natural que en último
término posea, controle o se beneficie directa o indirectamente de una persona
jurídica o estructura sin personería jurídica. Se entiende que una persona
natural es beneficiario efectivo, final o real, cuando cumpla con cualquiera de
las siguientes condiciones:
a) Persona natural que
directa y/o indirectamente, posea el 5% o más del capital o los derechos de
voto de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica, o
b) Persona natural que, de
forma individual o considerando su grupo familiar hasta un 4º grado de
consanguinidad o afinidad, ejerce control directo y/o indirecto sobre la
persona jurídica o estructura sin personería jurídica. El control se
determinará, considerando los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, el
artículo 260-1 del Estatuto Tributario y demás normas que los modifiquen o
complementen, aplicando el siguiente procedimiento:
i. Persona natural que tenga
directa y/o indirectamente en última instancia el control material y/o interés
o participación controlante sobre la propiedad,
ii. En caso de que no se
tenga certeza que la persona natural identificada en el paso (i) corresponda al
beneficiario efectivo, final o real, se deberá identificar la persona natural
que tenga control sobre la persona jurídica o estructura sin personería
jurídica por cualquier otro medio,
iii. En caso de que no se
identifique la persona natural en los pasos (i) y (ii), se deberá identificar
la persona natural que ostente el cargo de funcionario de más alta gerencia o
dirección dentro la persona jurídica o estructura sin personería jurídica, o
c) Persona natural que se
beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona
jurídica o estructura sin personería jurídica.
Créase el Registro Único de
Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales (RUB), cuyo funcionamiento y
administración estará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y se implementará mediante resolución expedida por dicha entidad y que
busque la interoperabilidad con el Registro Único Tributario (RUT).
El régimen sancionatorio
será el previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario cuando no se
entregue esta información o se entregue de manera errónea, bajo requerimiento
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y el previsto en el
artículo 658-3 de este Estatuto cuando no se cumpla la obligación de registro y
actualización del RUB.
Parágrafo Transitorio. Los Fondos de Capital Privado y los Fondos de Inversión
Colectiva que se encuentren vigentes a 31 de diciembre de 2018, continuarán
rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1848 de 2013 hasta el 30 de junio de 2021, fecha a partir de la cual
deberán haberse acogido a los requisitos establecidos en los numerales 1 o 2
del inciso 4° de este artículo, según el caso, para mantener el tratamiento
allí consagrado. En caso contrario, las utilidades de los fondos a los que se
refiere el inciso 4° de este artículo, que conforme a las disposiciones
anteriores se hayan causado en el fondo y se encuentren pendientes de causación
fiscal por parte de los partícipes, se entenderán causadas en el año gravable
2021, siempre y cuando no se cumplan los supuestos dispuestos en esta norma
para su diferimiento.
Texto anterior artículo 23-1. Reglamentado
por el Decreto 1973 de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo
60. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). “No son contribuyentes los
fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva y otros. No
son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los fondos de
capital privado y los fondos de inversión colectiva, administrados por una
entidad autorizada para tal efecto.
La remuneración que reciba por
su labor la entidad que administre el fondo constituye un ingreso gravable para
la misma y estará sujeta a retención en la fuente.
Los ingresos del fondo de
capital privado o de inversión colectiva, previa deducción de los gastos a
cargo del mismo y de la contraprestación de la sociedad administradora, se
distribuirán entre los suscriptores o partícipes, al mismo título que los haya
recibido el fondo de capital privado o de inversión colectiva y en las mismas
condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el
suscriptor o partícipe.
No obstante lo anterior, la realización de las
rentas para los beneficiarios o partícipes de un fondo solo se diferirá hasta
el momento de la distribución de las utilidades, inclusive en un periodo
gravable distinto a aquel en el cual el fondo de capital privado o los fondos
de inversión colectiva han devengado contablemente el respectivo ingreso, en
los siguientes casos:
1. Cuando las participaciones
del Fondo sean negociadas en una bolsa de valores sometida a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o
2. Cuando el fondo cumpla con
los siguientes requisitos:
a) No ser poseído directa o
indirectamente, en más de un 50%, por un mismo beneficiario efectivo, o grupo
inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma familia
hasta un 4° grado de consanguinidad o afinidad, que sean contribuyentes del
impuesto sobre la renta y;
b) Cuando ninguno de los
beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado o grupo
familiar, de manera individual o conjunta, tenga control o discrecionalidad
sobre las distribuciones del mismo.
En los casos en que el
propósito principal para la creación del fondo sea el diferimiento de
impuestos, como sucede con la estructuración de un fondo con el propósito de
realizar una transacción particular de venta de uno o varios activos, las
rentas de los partícipes se causarán en el mismo ejercicio en que son
percibidas por el fondo, con independencia de que se cumpla con los requisitos
señalados en los literales a. y b. anteriores.
Parágrafo 1°. Lo
dispuesto en el numeral 2 del inciso 4° no aplicará para aquellos fondos que
tengan por objeto exclusivo desarrollar nuevos emprendimientos innovadores y
recaudar capitales de riesgo para dicho propósito.
Para estos efectos, el valor
de la inversión en el fondo tiene que ser inferior a seis cientos mil (600.000)
UVT, y no puede existir vinculación económica a familiar entre el desarrollador
del nuevo emprendimiento y los inversionistas de capital de riesgo.
Parágrafo 2°. No son
contribuyentes del impuesto sobre la renta complementarios, los fondos
parafiscales agropecuarios y pesqueros, y el Fondo de Promoción Turística. Los
anteriores fondos que administran recursos públicos están sujetos a control
fiscal.
Parágrafo 3°. Lo
dispuesto en el literal b) del numeral segundo del inciso 4° no será aplicable
al gestor, siempre y cuando no exista vinculación económica entre el gestor y
los beneficiarios o inversionistas mayoritarios el fondo de capital privado o
de inversión colectiva.
Parágrafo transitorio. Los
Fondos de Capital Privado y los Fondos de Inversión Colectiva que se encuentren
vigentes a 31 de diciembre de 2018, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en
la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1848 de 2013 hasta el 30 de junio de 2020, fecha a partir de la cual
deberán haberse acogido a los requisitos establecidos en los numerales 1 o 2
del inciso 4° de este artículo, según el caso, para mantener el tratamiento
allí consagrado. En caso contrario, las utilidades de los fondos a los que se
refiere el inciso 4°, que conforme a las disposiciones anteriores se hayan
causado en el fondo y se encuentren pendientes de causación fiscal por
parte de los partícipes, se entenderán causadas en el año gravable 2020,
siempre y cuando no se cumplan los supuestos dispuestos en esta norma para su diferimiento.”.
Texto inicial del
artículo 23-1. Adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo 8. “NO SON CONTRIBUYENTES LOS FONDOS DE INVERSIÓN, LOS FONDOS DE VALORES
Y LOS FONDOS COMUNES. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, los fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos
comunes que administren las entidades fiduciarias.
La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el
fondo, constituye un ingreso gravable para la misma sobre la cual se aplicará
retención en la fuente.
Los ingresos del Fondo, previa deducción de los gastos a cargo del
mismo y de la contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán
entre los suscriptores o partícipes, al mismo título que los haya recibido el
fondo y en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos
directamente por el suscriptor o partícipe.
Lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 y en el artículo 56
no se aplicará a las entidades que trata el presente artículo.
Último inciso modificado por la Ley 633 de 2000, artículo
118. Interprétase con autoridad
que tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que
trata el capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996.
Texto inicial del último inciso:“Para efectos de determinar el
componente inflacionario no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional,
percibido por personas naturales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39.
Cuando se trate de personas jurídicas se determinará de conformidad con el
artículo 40.”. (Nota: reglamentado por el Decreto 1281 de 2008.).
Inciso adicionado por la Ley 383 de 1997, artìculo 26. Interprétase con autoridad que tampoco se consideran
contribuyentes del impuesto sobre la renta y comeplementarios los fondos
parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que trata el Capítulo V de la Ley 101 de 1993.”.
Artículo desarrollado por el Decreto 1848 de 2013, artículo
1º, numeral 7.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.2.80. Ver Oficio 31255 de 2016,
DIAN. Ver Decreto 390 de 1999, artículo 3, parágrafo 3°.
Artículo 23-2.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
art 9o. NO SON CONTRIBUYENTES LOS FONDOS DE PENSIONES Y LOS DE CESANTÍAS. Los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y los fondos de cesantías no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
La
remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo,
constituye un ingreso gravable para la misma sobre la cual se aplicará
retención en la fuente.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 23. Los fondos de pensiones y cesantías administrados por sociedades
supervisadas por autoridades extranjeras con las cuales la Superintendencia
Financiera de Colombia haya suscrito acuerdos o convenios de intercambio de
información y protocolos de supervisión, no están obligados a presentar
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y, respecto de sus
inversiones en Colombia de capital del exterior de portafolio en Colombia, no
estarán sometidos a retención en la fuente.
INGRESOS DE FUENTE NACIONAL
Y DE FUENTE EXTRANJERA.
Artículo 24.
INGRESOS DE FUENTE NACIONAL. Inciso primero modificado por la Ley
223 de 1995, art 66. Se consideran ingresos de
fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e
inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su
territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento
propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la
enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se
encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Los ingresos de fuente
nacional incluyen, entre otros, los siguientes:
1.
Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país,
tales como arrendamientos o censos.
2.
Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en
el país.
3.
Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país.
4.
Los intereses producidos por créditos poseídos en el país vinculados
económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de créditos
transitorios originados en la importación de mercancías y en sobregiros o
descubiertos bancarios.
5.
Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios,
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares o
por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la
actividad se desarrollen dentro del país.
6.
Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado colombiano,
cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado.
7.
Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la
explotación de toda especie de propiedad industrial, o del "know
how", o de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos
se suministren desde el exterior o en el país.
Igualmente,
los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y
científica explotada en el país.
8. Declarado exequible
por la Sentencia
C-527 de 2003. La prestación de servicios
técnicos, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el país.
9.
Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas
domiciliadas en el país.
10.
Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que provengan de
sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por conducto de otras,
tengan negocios o inversiones en Colombia.
11.
Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los beneficiarios
son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado
económicamente al país.
12.
Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, depósitos
naturales y bosques, ubicados dentro del territorio nacional.
13.
Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de
mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que sea el lugar de
venta o enajenación.
14.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del
país.
15.
Para el contratista, el valor total del respectivo contrato en el caso de los
denominados contratos "llave en mano" y demás contratos de confección
de obra material.
16. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 24. Las primas de reaseguros cedidas por parte de entidades aseguradoras
colombianas a entidades del exterior.
16. Adicionado por el Decreto 150 de 1997, artículo
7º, (éste declarado inexequible por
la Sentencia
C-131 de 1997). Los pagos que realicen las
filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades
extranjeras a sus casas matrices u oficinas en el exterior, con excepción de
los originados en la adquisición de bienes materiales.
Parágrafo.
Lo dispuesto en los numerales 8 y 15 se aplicará únicamente a los contratos que
se celebren, modifiquen o prorroguen a partir del 24 de diciembre de 1986. En
lo relativo a las modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con
anterioridad a esa fecha, las disposiciones de tales numerales se aplicarán
únicamente sobre los valores que se deriven de dichas modificaciones o
prórrogas.
Artículo 25. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 84. Ingresos que no se consideran de fuente nacional. No
generan renta de fuente dentro del país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales tampoco
se entienden poseídos en Colombia:
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías
y servicios y en sobregiros o descubiertos bancarios. Para estos efectos se
entiende por corto plazo, un plazo máximo de 6 meses.
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de
exportaciones.
3. Los créditos que obtengan de no residentes, denominados y/o
desembolsados en moneda legal o extranjera, las corporaciones financieras, las
cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial, los
bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter y las sociedades mercantiles sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades bajo un régimen de
regulación prudencial, cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos y
cuyo endeudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto social.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de
servicios, realizados por intermedio de Bancoldex, Finagro y Findeter.
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el presente
literal, no están gravados con impuesto de renta. Quienes efectúen pagos o
abonos en cuenta por concepto de tales intereses, no están obligados a efectuar
retención en la fuente.
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y
mantenimiento de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente
nacional; en consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este
concepto no están obligados a hacer retención en la fuente.
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras de
propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, que
se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución de Logística
Internacional, ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y los
fluviales ubicados únicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo
y Amazonas habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si
las sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias de
dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es
requisito esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo,
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan
beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno
nacional reglamentará la materia.
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se consideran
ingresos de fuente extranjera aquellos provenientes del transporte aéreo o
marítimo internacional.
e) Los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen
CHC a personas no residentes, siempre que dichos dividendos provengan de rentas
atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes.
f) La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades
pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, siempre que dicha prima
provenga de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no
residentes.
g) Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones de una
CHC por parte de una persona no residente, respecto de la proporción de la
venta correspondiente al valor creado por entidades no residentes.
Texto anterior del artículo 25. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 74. (La Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Ingresos que no se consideran de fuente
nacional. No generan renta de fuente dentro del país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales
tampoco se entienden poseídos en Colombia:
l. Los créditos a corto plazo originados en la importación de
mercancías y servicios y en sobregiros o descubiertos bancarios. Para estos
efectos se entiende por corto plazo, un plazo máximo de 6 meses.
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones.
3. Los créditos que obtengan de no residentes, denominados y/o
desembolsados en moneda legal o extranjera, las corporaciones financieras, las
cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial, los
bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades bajo un régimen de regulación prudencial, cuyo
objeto exclusivo sea la originación de
créditos y cuyo endeudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto social.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior e importación
de servicios, realizados por intermedio de Bancoldex, Finagro y Findeter.
Los intereses sobre los créditos a que hace
referencia el presente literal, no están gravados con impuesto de renta.
Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de tales intereses, no
están obligados a efectuar retención en la fuente;
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y
mantenimiento de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente
nacional; en consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este
concepto no están obligados a hacer retención en la fuente;
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en
el país, que se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución
de Logística Internacional, ubicados en aeropuertos internacionales, puertos
marítimos y los fluviales ubicados únicamente en los departamentos de Guanía, Vaupés, Putumayo y
Amazonas habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las
sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias de
dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es
requisito esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo,
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan
beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno
nacional reglamentará la materia;
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se consideran
ingresos de fuente extranjera aquellos provenientes del transporte aéreo o
marítimo internacional;
e) Los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al
régimen CHC a personas no residentes, siempre que dichos dividendos provengan
de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes;
f) La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades
pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, siempre que dicha prima
provenga de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no
residentes;
g) Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones de
una CHC por parte de una persona no residente, respecto de la proporción de la
venta correspondiente al valor creado por entidades no residentes.”.
Texto original artículo 25: “INGRESOS QUE NO SE CONSIDERAN DE
FUENTE NACIONAL. No generan renta de fuente dentro del país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales
tampoco se entienden poseídos en Colombia: (Literal reglamentado por
el Decreto 2105 de 1996.).
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de
mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios.
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de
exportaciones.
3. Numeral modificado por la Ley 1607 de 2012, artículo 126. Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones
financieras, las cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial,
Bancoldex, Finagro y Findeter y los bancos, constituidos conforme a las leyes
colombianas vigentes.
Texto anterior del numeral 3. Modificado por la Ley 1430 de 2010, artículo 43. “Los créditos que obtengan en el exterior las Corporaciones
Financieras, las Cooperativas Financieras, las Compañías de Financiamiento,
Bancoldex y los bancos, constituidos conforme a las leyes colombianas
vigentes.”.
Texto inicial del numeral 3.: “Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones
financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas
vigentes.”.
4. Numeral modificado por la Ley 1430 de 2010, a rtículo 43. Los créditos para operaciones de Comercio Exterior, realizados
por intermedio de las Corporaciones Financieras, las Cooperativas Financieras,
las Compañías de Financiamiento, Bancoldex y los bancos, constituidos conforme
a las leyes colombianas vigentes.
Texto inicial del numeral 4.: “Los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados
por intermedio de las corporaciones financieras y los bancos constituidos
conforme a las leyes colombianas vigentes.”.
5. Derogado por la Ley 1430 de 2010, artículo
67. Numeral modificado por la Ley 488 de 1998, Articulo
16. Los créditos que obtengan en el
exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en el país,
y los patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias
establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el
desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. (Numeral
reglamentado por el Decreto 4145 de 2010 y por el Decreto 2105
de 1996.).
Texto anterior del numeral 5: “Los créditos que obtengan el exterior las empresas nacionales,
extranjeras o mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren
de interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las
políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES.”.
6. Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el
presente literal, no están gravados con impuesto de renta ni con el
complementario de remesas. Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por
concepto de tales intereses, no están obligados a efectuar retención en la
fuente. (Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.8.1.).
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y
mantenimiento de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente
nacional; en consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este
concepto no están obligados a hacer retención en la fuente. Tampoco se
consideran de fuente nacional los ingresos derivados de los servicios de
adiestramiento de personal, prestados en el exterior a entidades del sector
público.
c) Literal adicionado por la Ley 1607 de 2012, artículo
156. Los ingresos obtenidos de la
enajenación de mercancías extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o
personas sin residencia en el país, que se hayan introducido desde el exterior
a Centros de Distribución Logística Internacional, ubicados en puertos
marítimos habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si
las sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias
de dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es
requisito esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan
beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
Texto anterior del literal c). Literal derogado por la Ley 1430 de 2010, artículo 67. Literal adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo 19. Las rentas por arrendamiento originadas en contratos de
leasing que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, para financiar inversiones en
maquinaria y equipo vinculados a procesos de exportación o a actividades que se
consideren de interés para el desarrollo económico y social del país de acuerdo
con la política adoptada por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social, Conpes. (Literal reglamentado por el Decreto 4145 de 2010 y por
el Decreto 2105 de 1996.).
c) Literal adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 25. Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en
el país, que se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución
de Logística Internacional, ubicados en puertos marítimos y los fluviales
ubicados únicamente en los departamentos de Guanía, Vaupés, Putumayo y Amazonas
habilitados por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales. Si las
sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias de
dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es
requisito esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo,
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan
beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno
nacional reglamentará la materia.
d) Literal adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 26. Para las empresas residentes fiscales colombianas, se consideran
ingresos de fuente extranjera aquellos provenientes del transporte aéreo o
marítimo internacional.”.
artículo 25: Ver Decreto 1625
de 2016, artículo 1.2.1.8.1. Ver Oficio 900782 de 2016, DIAN.
Ver Decreto 2579 de 1983, artículo 21.
artículo 25: Según el texto oficialmente publicado de la Ley 1819 de 2016, el artículo 25
repite el consecutivo de literales, pues un literal c) ya había sido adicionado
por la Ley 1607 de 2012, artículo 156. Se dejan ambos textos, con el mismo literal.
Texto original artículo: “INGRESOS
QUE NO SE CONSIDERAN DE FUENTE NACIONAL. No generan renta de fuente dentro del
país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales
tampoco se entienden poseídos en Colombia:
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de
mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de
exportaciones.
3. Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones
financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas
vigentes.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados
por intermedio de las corporaciones financieras y los bancos constituidos
conforme a las leyes colombianas vigentes.
5. Los créditos que obtengan el exterior las empresas nacionales,
extranjeras o mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren
de interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las
políticas adoptadas por el Consejo Nacional de política Económica y Social,
CONPES.
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el presente
literal, no están gravados con impuesto de renta ni con el complementario de
remesas. Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de tales
intereses, no están obligados a efectuar retención en la fuente.
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y
mantenimiento de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente
nacional; en consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este
concepto no están obligados a hacer retención en la fuente. Tampoco se
consideran de fuente nacional los ingresos derivados de los servicios de
adiestramiento de personal, prestados en el exterior a entidades del sector
público.”. (Las expresiones señaladas con negrilla en este literal
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-527 de 2003, en relación con
los cargos analizados en la misma.).
TITULO I
RENTA
CAPITULO I
INGRESOS.
Artículo 26.
LOS INGRESOS SON BASE DE LA RENTA LÍQUIDA. La renta líquida gravable se
determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios
realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un
incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan
sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos
se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales
ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan
las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las
excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las
tarifas señaladas en la ley.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.7.1. Ver Oficio
31255 de 2016. Ver Oficio 25556 de 2016. Ver Oficio 34760 de
2015, DIAN. Ver Decreto 187 de 1975, artículo 17.
Artículo 27. Reglamentado por el Decreto
2264 de 2019. Modificado por la Ley 1819 de 2016,
artículo 27. Realización del ingreso para los no obligados a llevar
contabilidad. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad
se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero
o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho
a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en
el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos
recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no realizadas, solo se
gravan en el año o período gravable en que se realicen.
Se exceptúan de
la norma anterior:
1. Los ingresos
por concepto de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden
realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad
de exigibles. En el caso del numeral 2 del artículo 30 de este Estatuto, se
entenderá que dichos dividendos o participaciones en utilidades se realizan al
momento de la transferencia de las utilidades, y
2. Los ingresos
provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en
la fecha de la escritura pública correspondiente.
3. Numeral
adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 30. Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los
intereses sobre cesantías, se entenderán realizados en el momento del pago del
empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de
cesantías. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los
intereses sobre cesantías, dará lugar a la aplicación de la renta exenta que
establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al
reconocimiento patrimonial, cuando haya lugar a ello.
En el
caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del
Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título VIII, parte primera, y demás
disposiciones que lo modifiquen o adicionen, se entenderá realizado con ocasión
del reconocimiento por parte del empleador. Para tales efectos, el trabajador
reconocerá cada año gravable, el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la
diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno (31) de diciembre del
año gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros
parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el valor
correspondiente será adicionado.
Texto original numeral 3. Numeral adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
22. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Los ingresos por concepto de
auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, se entenderán realizados
en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de
consignación al fondo de cesantías. El tratamiento aquí previsto para el
auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, dará lugar a la
aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4 del artículo 206 del
Estatuto Tributario, así como al reconocimiento patrimonial, cuando haya lugar
a ello.
En el caso
del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del
Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título VII, parte primera, y demás
disposiciones que lo modifiquen o adicionen, se entenderá realizado con ocasión
del reconocimiento por parte del empleador. Para tales efectos, el trabajador
reconocerá cada año gravable, el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la
diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno (31) de diciembre del
año gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros
parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el valor
correspondiente será adicionado.”.
Texto original
artículo 27: “REALIZACIÓN DEL
INGRESO. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben
efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un
pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal
distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por
consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas
no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen.
Se exceptúa (sic) de la norma anterior:
a) Los ingresos obtenidos por los contribuyentes que llevan
contabilidad por el sistema de causación. Estos contribuyentes deben denunciar
los ingresos causados en el año o período gravable, salvo lo establecido en
este Estatuto para el caso de negocios con sistemas regulares de ventas a
plazos o por instalamentos;
b) Literal modificado por la Ley 1607 de 2012, artículo
89. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en
utilidades, se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios,
comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados
en cuenta en calidad de exigibles. En el caso del numeral cuarto del artículo
30 de este Estatuto, se entenderá que dichos dividendos o participaciones en
utilidades se causan al momento de la transferencia de las utilidades al
exterior, y (Ver Oficio 900298 de 2017, DIAN. Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.14.8 y
1.2.1.14.9. Ver Decreto 3026 de 2013, artículo 18.).
Texto original literal b): “Los ingresos por concepto de
dividendos, y de participaciones de utilidades en sociedades de responsabilidad
limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos accionistas,
socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido
abonados en cuenta en calidad de exigibles;”
c) Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles,
se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente,
salvo que el contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos.
Parágrafo. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes
se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro adicionalmente deberán
sujetarse a las normas allí previstas.
Ver Decreto 1625 de 2016, artícuo
1.6.1.5.1. Ver Oficio 25556 de 2016. Ver Oficio 12574 de
2016. Ver Oficio 34381 de 2015, DIAN.
Artículo 28. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 28. Realización del ingreso para
los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén
obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los
ingresos devengados contablemente en el año o período gravable.
Los
siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia
y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este
Estatuto y en las condiciones allí previstas:
1.
En el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y
extranjeras, el ingreso se realizará en los términos del numeral 1 del artículo
27 del Estatuto Tributario.
2.
En el caso de la venta de bienes inmuebles el ingreso se realizará en los
términos del numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario.
3.
En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses
implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para
efectos del impuesto sobre la renta y complementario, solo se considerará el
valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que
contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue
contablemente, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales.
4.
Los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación
patrimonial de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no
serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios. La distribución de
dividendos o la enajenación de la inversión se regirán bajo las disposiciones
establecidas en este estatuto.
5.
Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en
resultados, tales como propiedades de inversión, no serán objeto del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o
liquidación, lo que suceda primero.
6.
Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, no serán
objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, en la medida en que
dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de impuestos en
períodos anteriores.
7.
Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos y las
previstas en el parágrafo del artículo 145 del Estatuto Tributario, no serán
objeto del impuesto sobre la renta y complementarios en la medida en que dichos
deterioros no hayan generado un costo o gasto deducible de impuestos en
períodos anteriores.
8.
Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
clientes deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria, a más
tardar, en el siguiente período fiscal o en la fecha de caducidad de la
obligación si este es menor.
9.
Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella
sometida a una condición –como, por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento
de metas, etc.–, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios
sino hasta el momento en que se cumpla la condición.
10.
Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables
deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del
impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de
acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de
resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento
del patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales producto de la
enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello
haya lugar.
Parágrafo 1°.
Cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato
con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, y, en
consecuencia, no haya lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero
exista el derecho a cobro, para efectos fiscales se entenderá realizado el
ingreso en el período fiscal en que surja este derecho por los bienes
transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia.
Parágrafo 2°.
Entiéndase por interés implícito el que se origina en aquellas transacciones de
financiación, que tienen lugar cuando los pagos se extienden más allá de los
términos de la política comercial y contable de la empresa, o se financia a una
tasa que no es una tasa de mercado.
Parágrafo 3°.
Para efectos del numeral 8 del presente artículo, se entenderá por programas de
fidelización de clientes aquellos en virtud de los cuales, como parte de una
transacción de venta, un contribuyente concede una contraprestación
condicionada y futura a favor del cliente, que puede tomar la forma de un
descuento o un crédito.
Parágrafo 4°.
Para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del
petróleo, aplicará lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Al
ingreso bruto así determinado, no se le podrán detraer costos por concepto de
adquisición de combustibles líquidos y derivados del petróleo, lo cual no
comprende el costo del transporte de los combustibles líquidos y derivados del
petróleo, ni otros gastos deducibles, asociados a la operación.
Texto original Artículo 28. CAUSACIÓN DEL INGRESO. Se entiende causado un ingreso cuando nace
el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.
Artículo 28-1. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 29. Transacciones que generan
ingresos que involucran más de una obligación. Para efectos del impuesto sobre
la renta y complementarios, cuando en una única transacción, se vendan en
conjunto bienes o servicios distintos, en donde el contribuyente se obliga con
el cliente a transferir bienes o servicios en el futuro. El ingreso total de la
transacción, así como los descuentos que no sean asignables directamente al
bien o servicio, deberán distribuirse proporcionalmente entre los diferentes
bienes o servicios comprometidos, utilizando los precios de venta cuando estos
se venden por separado, de tal manera que se refleje la realidad económica de
la transacción.
Lo
aquí dispuesto, no será aplicable a las transferencias a título gratuito,
entendidas como aquellas que no generan derechos y obligaciones entre las partes
adicionales a la entrega o a la prestación del servicio, ni a la enajenación de
establecimientos de comercio.
Parágrafo.
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios los comodatos que
impliquen para el comodatario obligaciones adicionales a la de recibir y
restituir el bien recibido en comodato, tales como adquirir insumos, pactos de
exclusividad en mantenimiento u operación, se someten a las reglas previstas en
este artículo.
Artículo 29.
VALOR DE LOS INGRESOS EN ESPECIE. El valor de los pagos o abonos en especie que
sean constitutivos de ingresos, se determina por el valor comercial de las
especies en el momento de la entrega.
Si
en pago de obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de
éstas se determina, salvo prueba en contrario, por el precio fijado en el
contrato.
Artículo 30. Modificado por
la ley
1918 de 2016, art 30. Definición de dividendos o participaciones
en utilidades. Se entiende por dividendos o participaciones en utilidades:
1.
Toda distribución de beneficios, en dinero o en especie, con cargo a patrimonio
que se realice a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o
similares, excepto la disminución de capital y la prima en colocación de
acciones.
2.
La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos
permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o
sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el
exterior.
Ver Decreto 3026 de 2013.
Texto anterior art 30. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
90. Definición de dividendos o participaciones en utilidades. Se entiende por dividendo o participación en
utilidades:
1.
La distribución ordinaria o extraordinaria que, durante la existencia de la sociedad
y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad, en dinero o en
especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares, de la utilidad neta realizada durante el año o
período gravable o de la acumulada en años o períodos anteriores, sea que
figure contabilizada como utilidad o como reserva.
2.
La distribución extraordinaria de la utilidad neta acumulada en años o períodos
anteriores que, al momento de su transformación en otro tipo de sociedad, y
bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad, en dinero o en
especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares.
3.
La distribución extraordinaria de la utilidad neta acumulada en años o períodos
anteriores que, al momento de su liquidación y bajo cualquier denominación que
se le dé, haga una sociedad, en dinero o en especie, a favor de sus respectivos
accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, en exceso
del capital aportado o invertido en acciones.
4.
La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos
permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o
sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el
exterior.
Texto original art 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDAD. Se entiende por dividendo o
utilidad:
1.
La distribución ordinaria o extraordinaria que, durante la existencia de la
sociedad y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad anónima
o asimilada, en dinero o en especie, a favor de sus respectivos accionistas,
socios o suscriptores, de la utilidad neta realizada durante el año o período
gravable o de la acumulada en años o períodos anteriores, sea que figure
contabilizada como utilidad o como reserva.
2.
La distribución extraordinaria que, al momento de su transformación en otro
tipo de sociedad y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad
anónima o asimilada, en dinero o en especie, a favor de sus respectivos
accionistas, socios o suscriptores, de la utilidad neta acumulada en años o
períodos anteriores.
3.
La distribución extraordinaria que, al momento de su liquidación y bajo
cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en
dinero o en especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios o
suscriptores, en exceso del capital aportado o invertido en acciones.
Artículo 31.
Modificado por la Ley 1819 de 2016,
art 30. VALOR DE LOS INGRESOS EN ACCIONES Y OTROS TÍTULOS. Siempre que la
distribución de dividendos o utilidades se haga en acciones y otros títulos, el
valor de los dividendos o utilidades realizados se establece de acuerdo con el
valor patrimonial de los mismos.
Artículo
32. Tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones
público-privadas. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios,
en los contratos de concesión y las Asociaciones Público-Privadas, en donde se
incorporan las etapas de construcción, administración, operación y
mantenimiento, se considerará el modelo del activo intangible, aplicando las
siguientes reglas:
1.
En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles
corresponderá a todos los costos y gastos devengados durante esta etapa,
incluyendo los costos por préstamos los cuales serán capitalizados. Lo anterior
con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones de este
Estatuto.
2.
La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea
recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a
partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.
3.
Todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa de
construcción, hasta su finalización y aprobación por la entidad
correspondiente, cuando sea del caso, deberán acumularse para efectos fiscales
como un pasivo por ingresos diferidos.
4.
El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este artículo se
reversará y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta, en iguales
proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio
de la etapa de operación y mantenimiento.
5.
En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los
mencionados en el numeral 3, se reconocerán en la medida en que se vayan
prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o
subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario.
6.
En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer
activos, realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención
significativa, los gastos efectivamente incurridos por estos conceptos deberán
ser capitalizados para su amortización en los términos de este artículo. Para
el efecto, la amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones,
teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la reposición de activos, los
mantenimientos mayores o intervención significativa, durante el término que
dure dicha actividad.
Parágrafo 1°.
Los ingresos, costos y deducciones asociados a la explotación comercial de la
concesión, diferentes de peajes, vigencias futuras, tasas y tarifas, y los
costos y gastos asociados a unos y otros, tendrán el tratamiento general establecido
en el presente Estatuto.
Parágrafo 2°.
En el caso que la concesión sea únicamente para la construcción o únicamente
para la administración, operación y mantenimiento, no se aplicará lo
establecido en el presente artículo y deberá darse el tratamiento de las reglas
generales previstas en este Estatuto.
Parágrafo 3°.
En el evento de la adquisición del activo intangible por derechos de concesión,
el costo fiscal será el valor pagado y se amortizará de conformidad con lo
establecido en el presente artículo.
Parágrafo 4°.
Si el contrato de concesión o contrato de Asociación Público-privada establece
entrega por unidades funcionales, hitos o similares, se aplicarán las reglas
previstas en este artículo para cada unidad funcional, hito o similar. Para los
efectos de este artículo, se entenderá por hito o unidad funcional, cualquier
unidad de entrega de obra que otorga derecho a pago.
Parágrafo 5°.
Los costos o gastos asumidos por la Nación con ocasión de asunción del riesgo o
rembolso de costos que se encuentren estipulados en los contratos de concesión,
no podrán ser tratados como costos, gastos o capitalizados por el concesionario
en la parte que sean asumidos por la Nación.
Parágrafo 6°.
En el evento de la enajenación del activo intangible, el costo corresponderá al
determinado en el numeral 1, menos las amortizaciones que hayan sido deducibles.
Artículo 32. INGRESOS EN DIVISAS EXTRANJERAS. Las rentas percibidas en divisas
extranjeras se estiman en pesos colombianos por el valor de dichas divisas en
la fecha del pago liquidadas al tipo oficial de cambio.
Artículo
32-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por
la Ley 49 de 1990, artículo
17. INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO. El ajuste por diferencia en cambio de los
activos en moneda extranjera poseídos en el último día del año o período
gravable constituye ingreso en el mismo ejercicio, para quienes lleven
contabilidad de causación. Mientras entran en vigencia los ajustes integrales
por inflación, para las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, el ajuste por diferencia en cambio constituirá ingreso, costo o
deducción, cuando sea efectivamente realizada, independientemente de su
causación.
(La expresión
resaltada fue derogada por la Ley
1111 de 2006, artículo
78)
Parágrafo. Adicionado por la Ley
1739 de 2014, art 66. El ajuste por diferencia en cambio de
las inversiones en moneda extranjera, en acciones o participaciones en
sociedades extranjeras, que constituyan activos fijos para el contribuyente
solamente constituirá ingreso, costo o gasto en el momento de la enajenación, a
cualquier título, o de la liquidación de la inversión.
Artículo 33.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 32. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a valor
razonable. Para efectos fiscales los instrumentos financieros medidos a valor
razonable, con cambios en resultados tendrán el siguiente tratamiento:
1.
Títulos de renta variable. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos
instrumentos, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios,
sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.
Para efectos de lo aquí previsto, son títulos de renta variable aquellos cuya
estructura financiera varía durante su vida, tales como las acciones.
2.
Títulos de renta fija. Respecto de los títulos de renta fija, se siguen las
siguientes reglas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios:
a)
El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de
estos títulos, se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este
cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo
convenido y el tiempo de tenencia en el año o período gravable del título;
b)
La utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta fija, se realizará
al momento de su enajenación y estará determinada por la diferencia entre el
precio de enajenación y el costo fiscal del título;
c)
Para efectos de lo aquí previsto, se entiende por títulos de renta fija,
aquellos cuya estructura financiera no varía durante su vida, tales como los
bonos, los certificados de depósito a término (CDT) y los TES.
3.
Instrumentos derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos devengados
por estos instrumentos, no serán objeto del impuesto sobre la renta y
complementarios sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que
suceda primero.
4.
Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la
medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no
serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino en lo
correspondiente al gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo
del costo amortizado, de acuerdo a la técnica contable.
Parágrafo
1°. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la retención y la
autorretención en la fuente por concepto de rendimientos financieros y
derivados a que haya lugar.
Artículo
33.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78.
INGRESOS EN DIVISAS DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO. La
cuantía de las remuneraciones percibidas en moneda extranjera por el personal
diplomático o consular colombiano o asimilado al mismo, se declara en moneda
colombiana, de acuerdo con la equivalencia de cargos fijada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores para sus funcionarios del servicio interno.
Las remuneraciones percibidas
en moneda extranjera por funcionarios de entidades oficiales colombianas,
distintos de los contemplados en el párrafo anterior, se declaran en moneda
colombiana de acuerdo con la equivalencia de cargos similares en el territorio
nacional, fijada igualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo
33-1. Adicionado por
la ley 1918 de 2016, art 33. Tratamiento tributario de instrumentos
financieros medidos a costo amortizado. Los ingresos, costos y gastos
provenientes de instrumentos financieros medidos a costo amortizado, se
entienden realizados de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo
28, 59, 105 de este Estatuto.
Artículo
33-2. Adicionado por
la ley 1918 de 2016, art 34. Tratamiento del factoraje o factoring para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. El tratamiento que de
acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos tenga el factoraje o
factoring será aplicable para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Artículo
33-3. Adicionado por
la ley 1918 de 2016, art 35. Tratamiento tributario de las acciones
preferentes. Para efectos fiscales, las acciones preferentes tendrán, para el
emisor, el mismo tratamiento de los pasivos financieros. Para el tenedor,
tendrán el tratamiento de un activo financiero. Por consiguiente, el tenedor
deberá reconocer un ingreso financiero, respecto de los pagos, al momento de su
realización o la enajenación del activo.
Artículo
33-4. Adicionado por
la ley 1918 de 2016, art 36. Tratamiento de las operaciones de reporto o
repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. En las operaciones de
reporto o repo, simultáneas o trasferencias temporales de valores,
independientemente de los valores involucrados en la operación, el valor neto
de la operación, será:
1. Ingreso a favor del adquirente inicial para el caso de
las operaciones de reporto o repo y simultáneas, y del originador en el caso de
las operaciones de transferencia temporal de valores, y
2. Costo o gasto para el enajenante en las operaciones de
reporto o repo y simultáneas o para el receptor en las operaciones de transferencia
temporal de valores.
En todo caso, los ingresos, costos y gastos, se entienden
realizados al momento de la liquidación de la operación y el valor neto se
considera como un rendimiento financiero o interés.
Las operaciones de este artículo que se realicen a través
de la Bolsa de Valores de Colombia no estarán sometidas a retención en la fuente.
El gobierno reglamentará las condiciones de las certificaciones que deban
expedir las instituciones financieras correspondientes.
Parágrafo
1°. El presente artículo
aplicará a aquellas acciones preferentes que reúnan la totalidad de las
siguientes características:
1. Por regla general, no incorporan el derecho a voto.
2. Incorporan la obligación, por parte del emisor, de
readquirir las acciones en una fecha futura definida.
3. Incorpora una obligación por parte del emisor de
realizar pagos al tenedor, en una suma fija o determinable, antes de la
liquidación y, en caso de que en el período no haya utilidades susceptibles de
ser distribuidas como dividendos, la acción incorpora la obligación de pago
posterior en el momento en que existan utilidades distribuibles.
4. No se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de
Colombia.
Parágrafo
2°. Los rendimientos de las
acciones preferentes se someten a las reglas previstas en este Estatuto para la
deducción de intereses. Las acciones preferentes se consideran una deuda. Las
acciones que no reúnan las condiciones del Parágrafo 1, se consideran
instrumentos de patrimonio, sus rendimientos se someten a las reglas de
dividendos y su enajenación a las reglas previstas para la enajenación de
acciones.
Parágrafo
1°. En las operaciones de
factoraje o factoring el factor podrá deducir el deterioro de la cartera
adquirida de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 y 146 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo
2°. En las operaciones de
factoraje o factoring que no impliquen la transferencia de los riesgos y
beneficios de la cartera enajenada y la operación se considere como una
operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el activo
y la deducción de los intereses y rendimientos financieros se somete a las
reglas previstas en el Capítulo V del Libro I de este estatuto. Lo previsto en
este parágrafo no será aplicable cuando el factor tenga plena libertad para
enajenar la cartera adquirida.
Artículo 34.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 97. INGRESOS DE LAS MADRES COMUNITARIAS. Los ingresos que reciban por parte
del Gobierno Nacional las madres comunitarias por la prestación de dicho
servicio social, se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional.
Artículo 35. Reglamentado por
el Decreto
703 de 2019. Desarrollado por el Decreto 652 de 2013.
Decreto
563 de 2012. Reglamentado por el Decreto 596 de 1991
y por el Decreto
391 de 1990. Modificado por la Ley 788 de 2002,
artículo 94. LAS DEUDAS POR PRÉSTAMOS EN DINERO ENTRE LAS SOCIEDADES Y LOS
SOCIOS GENERAN INTERESES PRESUNTIVOS. Para efectos del impuesto sobre la renta,
se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su
naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o
accionistas o estos (sic) a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y
proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a 31
de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable.
La
presunción a que se refiere este artículo, no limita la facultad de que dispone
la Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando
éstos fueren superiores.
Ver Decreto 850 de 2009 (valores
años gravable 2008 y 2009); Decreto 636 de 2008, para
determinación de valores aplicables a los años gravables 2007 y 2008,
respectivamente;
Decreto 873 de 2007, para
determinación de valores aplicables al año gravable 2006; Decreto 530 de 2006, para
determinación de valores año gravable 2005, Decreto 520 de 2005, para
determinación de valores año gravable 2004, Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004,
Decreto 620 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2003.
Artículo
35-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Modificado por la Ley 863 de 2003, art
1º. LÍMITE A LOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA. A partir del año gravable
2004, los ingresos de que tratan los artículos 36-4, 37, 43, 46, 54, 55 y 56
del Estatuto Tributario, quedan gravados en el ciento por ciento (100%) con el
impuesto sobre la renta.
INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN
RENTA NI GANANCIA OCASIONAL.
Artículo 36.
Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 91. Prima en colocación de acciones o de cuotas sociales. Para todos los efectos tributarios, el superávit de capital
correspondiente a la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales,
según el caso, hace
parte del aporte y, por tanto, estará sometido a las mismas reglas tributarias
aplicables al capital, entre otras, integrará el costo fiscal respecto de las
acciones o cuotas suscritas exclusivamente para quien la aporte y será
reembolsable en los términos de la ley mercantil. Por lo tanto, la
capitalización de la prima en colocación de acciones o cuotas no generará
ingreso tributario ni dará lugar a costo fiscal de las acciones o cuotas
emitidas.
Texto original art 36. LA PRIMA POR COLOCACIÓN DE ACCIONES. La prima por colocación de
acciones no constituye renta ni ganancia ocasional si se contabiliza como
superávit de capital no susceptible de distribuirse como dividendo.
En
el año en que se distribuya total o parcialmente este superávit, los valores
distribuidos configuran renta gravable para la sociedad, sin perjuicio de las
normas aplicables a los dividendos.
Artículo
36-1.
Inciso primero
derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Reglamentado por el Decreto
2688 de 2014 y por el Decreto
1281 de 2008. Adicionado
por la Ley 49 de 1990, art
4º. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES: De la utilidad obtenida en la
enajenación de acciones o cuotas de interés social, no constituye renta ni
ganancia ocasional, la parte proporcional que corresponda al socio o
accionista, en las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de
distribuirse como no gravadas, que se hayan causado entre la fecha de
adquisición y la de enajenación de las acciones o cuotas de interés social. Ver Decreto 150 de 1997, artículo 2º, (éste declarado inexequible en la Sentencia C-131 de 1997)
Inciso modificado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 9. No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades
provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores
Colombiana, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, cuando dicha
enajenación no supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación
de la respectiva sociedad, durante un mismo año gravable.
Inciso adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 67. A los socios o accionistas no residentes en el país, cuyas
inversiones estén debidamente registradas de conformidad con las normas
cambiarias, las utilidades a que se refiere este artículo, calculadas en forma
teórica con base en la fórmula prevista por el artículo 49 de este Estatuto,
serán gravadas a la tarifa vigente en el momento de la transacción para los
dividendos a favor de los no residentes.
Inciso adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 36. Tampoco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades
provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente
esté representando exclusivamente en acciones inscritas en una bolsa de valores
colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que
reflejen el comportamiento de dichas acciones.
Artículo 36-2.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 5o. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O RESERVAS EN ACCIONES O CUOTAS DE
INTERÉS SOCIAL. El valor fiscal por el cual se reciben los dividendos o participaciones
en acciones o cuotas de interés social, provenientes de la distribución de
utilidades o reservas que sean susceptibles de distribuirse como no gravadas,
es el valor de las utilidades o reservas distribuidas.
Artículo 36-3. Modificado por
la ley
1918 de 2016, art 37. Capitalizaciones no gravadas
para los socios o accionistas. La distribución de utilidades en acciones o
cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la
capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, es un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia
ocasional, la distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades
que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de
conformidad con los artículos 48 y 49.
Texto original art 36-3. Adicionado por la Ley 49 de 1990 art
6º. CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS PARA LOS SOCIOS O ACCIONISTAS. La distribución
de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta
de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del
Patrimonio, de la reserva de que trata el artículo 130 y de la prima en
colocación de acciones, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional. En el caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa,
tampoco constituye renta ni ganancia ocasional, la distribución en acciones o
la capitalización, de las utilidades que excedan de la parte que no constituye
renta ni ganancia ocasional de conformidad con los artículos 48 y 49. (Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198., el aparte resaltado en este inciso)
Con la capitalización de la
reserva de que trata el artículo 130 se entiende cumplida la obligación de
mantenerla como utilidad no distribuible.
Inciso adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
68. Las reservas provenientes de ganancias exentas, o de ingresos no
constitutivos de renta o de ganancia ocasional, o del sistema de ajustes
integrales por inflación, que la sociedad muestre en su balance de 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, podrán ser capitalizadas
y su reparto en acciones liberadas será un ingreso no constitutivo de renta ni
de ganancia ocasional para los respectivos socios o accionistas.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Artículo
36-4.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 633 de 2000 artículo
10. PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN. No constituyen renta ni ganancia ocasional las
utilidades originadas en procesos de democratización de sociedades, realizados
mediante oferta pública.
Se entenderá que se ha
efectuado un proceso de democratización a través de una oferta pública, cuando
se ofrezca al público en general el diez por ciento (10%) o más de las acciones
en determinada sociedad.
La respectiva oferta pública
de democratización deberá incorporar condiciones especiales que faciliten y
promuevan la masiva participación de los inversionistas en la propiedad de las
acciones que se pretenda enajenar y garanticen su amplia y libre concurrencia.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo
37.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
171. Utilidad en Venta de Inmuebles. Cuando, mediante negociación directa
y por motivos definidos previamente por la ley como de interés público o de
utilidad social, o con el propósito de proteger el ecosistema a juicio del
Ministerio del Medio Ambiente, se transfieran bienes inmuebles que sean activos
fijos a entidades públicas y/o mixtas en las cuales tenga mayor participación
el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional. Igual tratamiento se aplicará cuando los inmuebles que sean
activos fijos se transfieran a entidades sin ánimo de lucro, que se encuentren
obligadas por ley a construir vivienda social. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-1074 de 2002, las expresiones subrayadas)
Artículo 38. Reglamentado por
el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
Reglamentado
por el Decreto 596 de 1991
y por el Decreto
391 de 1990. EL COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCIBIDOS POR PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES
ILÍQUIDAS. No constituye renta ni ganancia ocasional la parte que corresponda
al componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por
personas naturales y sucesiones ilíquidas, que provengan de:
a)
Entidades que estando sometidas a inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, tengan por objeto propio intermediar en el mercado
de recursos financieros.
Inciso adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 262. Entidades vigiladas por el Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas.
b)
Títulos de deuda pública;
c)
Bonos y papeles comerciales de sociedades anónimas cuya emisión u oferta haya
sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
El
porcentaje no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, se determinará
como el resultado de dividir la tasa de corrección monetaria vigente el 31 de
diciembre del respectivo año gravable por la tasa de interés anual que
corresponda a los rendimientos percibidos por el ahorrador. (Para el año gravable de 1996, este inciso se entendería
derogado tácitamente con la expedición de la Ley 223 de 1995, artículo 69, que adiciona el artículo 40-1 al Estatuto Tributario)
Las
entidades que paguen o abonen los rendimientos financieros de que trata este artículo,
informarán a sus ahorradores el valor no gravado de conformidad con el inciso
anterior.
Parágrafo 1º
Cuando los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, soliciten
costos o deducciones por intereses y demás gastos financieros, dichos costos y
gastos serán deducidos previamente, para efectos de determinar la parte no
gravada de los rendimientos financieros, de conformidad con lo previsto en el
presente artículo.
Parágrafo 2º
Para efectos de la retención en la fuente, los porcentajes de retención que
fija el Gobierno podrán aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono en
cuenta correspondiente al respectivo rendimiento.
Parágrafo 3º
Para los efectos de este artículo, el ingreso originado en el ajuste por
diferencia en cambio se asimilará a rendimientos financieros.
Parágrafo
4º
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Lo dispuesto en el presente artículo respecto de la
parte no gravada de los rendimientos financieros, no será aplicable, a partir
del año gravable de 1992, a los contribuyentes sometidos a los ajustes
previstos en el Título V de este Libro.
Ver Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto 520 de 2005, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004.
Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
La Ley
2010 de 2019, artículo 160,
declaró la
reviviscencia expresa de este artículo.
Artículo
39. Derogado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Reglamentado por el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE DISTRIBUYAN LOS
FONDOS DE INVERSIÓN, MUTUOS DE INVERSIÓN Y DE VALORES. Las utilidades que los
fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión y los fondos de valores
distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados, no constituyen renta ni
ganancia ocasional en la parte que corresponda al componente inflacionario de
los rendimientos financieros recibidos por el fondo cuando éstos provengan de:
a)
Entidades que estando sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, tengan por objeto propio intermediar en el mercado
de recursos financieros;
b)
Títulos de deuda pública;
c)
Valores emitidos por sociedades anónimas cuya oferta pública haya sido
autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Para
los efectos del presente artículo, se entiende por componente inflacionario de
los rendimientos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de
tales rendimientos, por la proporción que exista entre la tasa de corrección
monetaria vigente a 31 de diciembre del año gravable y la tasa de captación más
representativa a la misma fecha, según certificación de la Superintendencia
Bancaria. (Para el año gravable de 1996, este inciso se entendería derogado
tácitamente con la expedición de la
Ley 223 de 1995, artículo 69, que
adiciona el artículo 40-1 al Estatuto Tributario)
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Lo dispuesto en el presente artículo no será
aplicable, a partir del año gravable de 1992, a los contribuyentes sometidos a
los ajustes previstos en el Título V de este Libro.
Ver valores años
gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009. Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto
520 de 2005, para determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
La Ley
2010 de 2019, artículo 160,
declaró la
reviviscencia expresa de este artículo.
Artículo 40. Reglamentado por
el Decreto
703 de 2019.
Reglamentado por el Decreto 596 de 1991
y por el Decreto
391 de 1990. EL COMPONENTE INFLACIONARIO EN
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCIBIDOS POR LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES. No constituye
renta ni ganancia ocasional el componente inflacionario de los rendimientos
financieros percibidos por los contribuyentes distintos de las personas
naturales, en el porcentaje que se indica a continuación:
30%
para los años gravables de 1989, 1990 y 1991.
40%
para el año gravable 1992.
50%
para el año gravable 1993.
60%
para el año gravable 1994.
70%
para el año gravable 1995.
80%
para el año gravable 1996.
90%
para el año gravable 1997.
100%
para el año gravable 1998 y siguientes.
Para
los efectos del presente artículo, entiéndese por componente inflacionario de
los rendimientos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de
tales rendimientos, por la proporción que exista entre la tasa de corrección
monetaria vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable
y la tasa de captación más representativa a la misma fecha, según certificación
de la Superintendencia Bancaria(Para el año gravable de 1996, este inciso se entendería derogado
tácitamente con la expedición de la
Ley 223 de 1995, artículo 69, que
adiciona el artículo 40-1 al Estatuto Tributario)
Parágrafo 1º
Para los efectos de este artículo, el ingreso generado en el ajuste por
diferencia en cambio se asimilará a rendimientos financieros.
Parágrafo
2º
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Lo dispuesto en el presente artículo no será
aplicable, a partir del año gravable de 1992, a los contribuyentes sometidos a
los ajustes previstos en el Título V de este Libro.
Ver Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto 520 de 2005, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004.
Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
Artículo 40-1. Derogado por la Ley 1943 de 2018, artículo
122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). Reglamentado
por el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 69. COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Para
fines de los cálculos previstos en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto
Tributario, el componente inflacionario de los rendimientos financieros se
determinará como el resultado de dividir la tasa de inflación del respectivo
año gravable, certificada por el DANE, por la tasa de captación más representativa
del mercado, en el mismo período, certificada por la Superintendencia Bancaria.
Ver valores años
gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009. Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
520 de 2005, para determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
La Ley
2010 de 2019, artículo 160, declaró la reviviscencia expresa de este artículo.
Artículo 41. Derogado por la Ley 1943 de 2018, artículo
122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). Reglamentado
por el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012. Modificado por la Ley 1111 de 2006,
artículo 68. COMPONENTE INFLACIONARIO DE RENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS. El
componente inflacionario de los rendimientos y gastos financieros a que se
refieren los artículos 40-1, 81-1 y 118 de este Estatuto, será aplicable
únicamente por las personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a
llevar libros de contabilidad.
Los
intereses, los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás gastos
financieros, en los cuales se incurra para la adquisición o construcción de
activos, constituirán un mayor valor del activo hasta cuando haya concluido el
proceso de puesta en marcha o tales activos se encuentren en condiciones de
utilización o enajenación. Después de este momento constituirán un gasto
deducible.
Ver valores años
gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009. Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto
520 de 2005, para determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
La Ley 2010 de 2019,
artículo 160, declaró la
reviviscencia expresa de este artículo.
Artículo 42.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 252. RECOMPENSAS. No constituye renta ni ganancia ocasional para los
beneficiarios del pago, toda retribución en dinero, recibida de organismos
estatales, como recompensa por el suministro de datos e informaciones
especiales a las secciones de inteligencia de los organismos de seguridad del
Estado, sobre ubicación de antisociales o conocimiento de sus actividades
delictivas, en un lugar determinado.
Artículo
43.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. LOS PREMIOS EN CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES. No
están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios, los premios y
distinciones obtenidos en concursos o certámenes nacionales e internacionales
de carácter científico, literario, periodístico, artístico y deportivo,
reconocidos por el Gobierno Nacional.
Artículo 44.
Declarado
exequible por la Sentencia C-275 de 1996.
LA UTILIDAD EN LA VENTA DE CASA O APARTAMENTO DE HABITACIÓN. Cuando la casa o apartamento
de habitación del contribuyente hubiere sido adquirido con anterioridad al 1°
de enero de 1987, no se causará impuesto de renta ni ganancia ocasional por
concepto de su enajenación sobre una parte de la ganancia obtenida, en los
porcentajes que se indican a continuación:
10%
si fue adquirida durante el año 1986.
20%
si fue adquirida durante el año 1985.
30%
si fue adquirida durante el año 1984.
40%
si fue adquirida durante el año 1983.
50%
si fue adquirida durante el año 1982.
60%
si fue adquirida durante el año 1981.
70%
si fue adquirida durante el año 1980.
80%
si fue adquirida durante el año 1979.
90%
si fue adquirida durante el año 1978.
100%
si fue adquirida antes del 1º de enero de 1978.
Artículo 45.
LAS INDEMNIZACIONES POR SEGURO DE DAÑO. El valor de las indemnizaciones en
dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte
correspondiente al daño emergente, es un ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente deberá
demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la
totalidad de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes
a los que eran objeto del seguro. (Declarado exequible por la Sentencia
C-385 de 2008, el aparte subrayado)
Parágrafo.
Las indemnizaciones obtenidas por concepto de seguros de lucro cesante,
constituyen renta gravable.
Artículo 46. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 11. Apoyos económicos no
constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Son ingresos no constitutivos
de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados,
entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar
programas educativos.
Texto original art 46. LOS TERNEROS NACIDOS Y ENAJENADOS DENTRO DEL AÑO. Para el ganadero,
el valor de sus terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año gravable, no
constituye renta.
Artículo 46-1.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 70. INDEMNIZACIONES POR DESTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE CULTIVOS, Y POR
CONTROL DE PLAGAS. No constituirán renta ni ganancia ocasional para el
beneficiario los ingresos recibidos por los contribuyentes por concepto de
indemnizaciones o compensaciones recibidas por concepto de la erradicación o
renovación de cultivos, o por concepto del control de plagas, cuando ésta forme
parte de programas encaminados a racionalizar o proteger la producción agrícola
nacional y dichos pagos se efectúen con recursos de origen público, sean éstos
fiscales o parafiscales. Para gozar del beneficio anterior deberán cumplirse
las condiciones que señale el reglamento.
Artículo 47.
LOS GANANCIALES. No constituye ganancia ocasional lo que se recibiere por
concepto de gananciales, pero sí lo percibido como porción conyugal.
Artículo 47-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 248. DONACIONES PARA PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y CAMPAÑAS POLÍTICAS. Las
sumas que las personas naturales reciban de terceros, sean éstas personas
naturales o jurídicas, destinadas en forma exclusiva a financiar el
funcionamiento de partidos, movimientos políticos y grupos sociales que
postulen candidatos y las que con el mismo fin reciban los candidatos cabezas de listas
para la financiación de las campañas políticas para las elecciones populares
previstas en la Constitución Nacional, no constituyen renta ni ganancia
ocasional para el beneficiario si se demuestra que han sido utilizadas en estas
actividades. (La expresión resaltada fue elimina por la Ley
1111 de 2006, artículo 78)
Artículo
47-2.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
255. Las primas de localización y vivienda, pactadas hasta el 31 de julio de
1995, no constituyen renta ni ganancia ocasional para sus beneficiarios.
Articulo
48. Modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 2º. Participaciones y dividendos. Los dividendos y
participaciones percibidas por los socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, que sean sociedades nacionales, no constituyen renta
ni ganancia ocasional. (Inciso 1º declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-129 de 2018.).
Para efectos de lo dispuesto en el inciso
anterior, tales dividendos y participaciones deben corresponder a utilidades
que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Si las utilidades hubieren
sido obtenidas con anterioridad al primero de enero de 1986, para que los
dividendos y participaciones sean un ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional, deberán además, figurar como utilidades retenidas en la
declaración de renta de la sociedad correspondiente al año gravable de 1985, la
cual deberá haber sido presentada a más tardar el 30 de julio de 1986.
Inciso 3º derogado por la Ley 2010 de
2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de
2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de
inversión, de fondos de valores administrados por sociedades anónimas
comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de inversión y de fondos de empleados
que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.
Ver Decreto
1625 de 2016, artículo 1.2.1.14.7.
Texto inicial del artículo
48: “LAS PARTICIONES Y DIVIDENDOS. Los dividendos y participaciones
percibidos por los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y
similares, que sean personas naturales residentes en el país, sucesiones
ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país,
o sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional. (Este
inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995.).
Para efectos de lo dispuesto
en el inciso anterior, tales dividendos y participaciones deben corresponder a
utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Si las
utilidades hubieren sido obtenidas con anterioridad al primero de enero de
1986, para que los dividendos y participaciones sean un ingreso no constitutivo
de renta ni de ganancia ocasional, deberán además, figurar como utilidades
retenidas en la declaración de renta de la sociedad correspondiente al año
gravable de 1985, la cual deberá haber sido presentada a más tardar el 30 de
julio de 1986. (Este inciso fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995.).
Se asimilan a dividendos las
utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores
administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos
de inversión, de fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de fondos de
empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de los
mismos.”.
Ver valores
años gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009.
Ver Oficio
22778 de 2016. Ver Oficio 34381 de 2015, DIAN.
Artículo 49. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 92. Determinación de
los dividendos y participaciones no gravados. Cuando se trate de
utilidades obtenidas a partir del 1º de enero de 2013, para efectos de
determinar el beneficio de que trata el artículo anterior, la sociedad que
obtiene las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, utilizará el siguiente
procedimiento:
1.
Tomará la Renta Líquida Gravable más las Ganancias Ocasionales Gravables del
respectivo año y le restará el resultado de tomar el Impuesto Básico de Renta y
el Impuesto de Ganancias Ocasionales liquidado por el mismo año gravable, menos
el monto de los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior
correspondientes a dividendos y participaciones a los que se refieren los
literales a), b) y c) del inciso segundo del artículo 254 de este Estatuto.
2.
Al resultado así obtenido se le adicionará el valor percibido durante el
respectivo año gravable por concepto de:
a)
Dividendos o participaciones de otras sociedades nacionales y de sociedades
domiciliadas en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que
tengan el carácter no gravado; y
b)
Beneficios o tratamientos especiales que, por expresa disposición legal, deban
comunicarse a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o similares.
3.
El valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior constituye
la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.
4.
El valor de que trata el numeral 3 de este artículo deberá contabilizarse en
forma independiente de las demás cuentas que hacen parte del patrimonio de la
sociedad hasta concurrencia de la utilidad comercial.
5.
Si el valor al que se refiere el numeral 3 de este artículo excede el monto de
las utilidades comerciales del período, el exceso se podrá imputar a las
utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas y que sean
obtenidas dentro de los cinco años siguientes a aquel en el que se produjo el
exceso, o a las utilidades calificadas como gravadas que hubieren sido
obtenidas durante los dos períodos anteriores a aquel en el que se produjo el
exceso.
6.
El exceso al que se refiere el numeral 5 de este artículo se deberá registrar y
controlar en cuentas de orden.
7.
La sociedad informará a sus socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, en el momento de la distribución, el valor no
gravable de conformidad con los numerales anteriores.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el numeral 2 y 5 de este artículo no
será aplicable a los excesos de utilidades que provengan de rentas exentas u
otras rentas o beneficios tributarios cuyo tratamiento especial no se pueda
trasladar a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o similares por
disposición expresa de la ley.
Parágrafo 2°. Las utilidades comerciales después de impuestos, obtenidas
por la sociedad en el respectivo período gravable que excedan el resultado
previsto en el numeral 3 tendrán la calidad de gravadas. Dichas utilidades
constituirán renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, asociados,
suscriptores, o similares, en el año gravable en el cual se distribuyan, cuando
el exceso al que se refiere este parágrafo no se pueda imputar en los términos
del numeral 5 de este artículo. La sociedad efectuará la retención en la fuente
sobre el monto del exceso calificado como gravado, en el momento del pago o
abono en cuenta, de conformidad con los porcentajes que establezca el Gobierno
Nacional para tal efecto.
Parágrafo 3°. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Adicionado
por la Ley 1819 de
2016, artículo 3º. Para
efecto de lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5 y 7 de este artículo, deberá
tenerse en cuenta lo dispuesto en el Título V del Libro Primero de este
Estatuto.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 85. Los dividendos o participaciones percibidos por
sociedades nacionales pertenecientes al régimen de Compañías Holding
Colombianas (CHC) tendrán el tratamiento establecido en el Título II del Libro
Séptimo del Estatuto Tributario.
Texto original
parágrafo 4º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 75. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los dividendos o participaciones
percibidos por sociedades nacionales pertenecientes al régimen de Compañías
Holding Colombianas (CHC) tendrán el tratamiento establecido en el Título II
del Libro Séptimo del Estatuto Tributario.”.
Ver Decreto
1625 de 2016, artículo 1.2.1.14.7. Ver Oficio 22778 de
2016. Ver Oficio 34381 de 2015, DIAN.
Texto inicial del artículo
49: “DETERMINACIÓN DE LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES NO
GRAVADOS. Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1º de enero
de 1986, para efectos de determinar el beneficio de que trata el artículo
anterior, la sociedad que obtiene las utilidades susceptibles de ser
distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional, utilizará el siguiente procedimiento:
1. Numeral modificado
por la Ley 1004 de 2005, artículo 6º. Tomará la Renta Líquida
Gravable del respectivo año y le resta el Impuesto Básico de Renta liquidado
por el mismo año gravable.
Texto anterior del numeral
1.: Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 71. “Tomará
el impuesto de renta antes de los descuentos tributarios, y el de ganancias
ocasionales a su cargo que figure en la liquidación privada del respectivo año
gravable y lo dividirá por 3.5. La suma resultante se multiplicará por 6.5.”.
Texto original numeral 1. “Tomará
el impuesto de renta antes del descuento tributario por CERT, y el de ganancias
ocasionales a su cargo que figure en la liquidación privada del respectivo año
gravable y lo dividirá por tres (3). La suma resultante se multiplicará por
siete (7).”.
2. El valor así obtenido
constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el cual en ningún
caso podrá exceder de la utilidad comercial después de impuestos obtenida por
la sociedad durante el respectivo año gravable.
3. El valor de que trata el
numeral anterior deberá contabilizarse en forma independiente de las demás
cuentas que hacen parte del patrimonio de la sociedad.
4. La sociedad informará a
sus socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, en el
momento de la distribución, el valor no gravable de conformidad con los
numerales anteriores.
Parágrafo 1º Cuando la sociedad nacional
haya recibido dividendos o participaciones de otra sociedad, para efectos de
determinar el beneficio de que trata el presente artículo, adicionará al valor
obtenido de conformidad con el numeral primero, el monto de su propio ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional por concepto de los
dividendos y participaciones que haya percibido durante el respectivo año
gravable.
Parágrafo 2º Cuando las utilidades
comerciales después de impuestos, obtenidas por la sociedad en el respectivo
período gravable, excedan el resultado previsto en el numeral primero o el del
parágrafo anterior, según el caso, tal exceso constituirá renta gravable en
cabeza de los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o similares, en el
año gravable en el cual se distribuya. En este evento, la sociedad efectuará
retención en la fuente sobre el monto del exceso, en el momento del pago o
abono en cuenta, de conformidad con los porcentajes que establezca el Gobierno
Nacional para tal efecto.
Ver Decreto
567 de 2007, porcentajes año gravable 2008, modificado por el Decreto 4980
de 2007.
Ver Decreto
150 de 1997, artículo 2, Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-131 de 1997.
Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995.
Artículo 50.
UTILIDADES EN AJUSTES POR INFLACIÓN O POR COMPONENTE INFLACIONARIO. La parte de
las utilidades generadas por las sociedades nacionales en exceso de las que se
pueden distribuir con el carácter de no gravables, conforme a lo previsto en
los artículos 48 y 49, se podrá distribuir en acciones o cuotas de interés
social o llevar directamente a la cuenta de capital, sin que constituya renta
ni ganancia ocasional, en cuanto provenga de ajustes por inflación efectuados a
los activos, o de utilidades provenientes del componente inflacionario no
gravable de los rendimientos financieros percibidos.
Los
ajustes por inflación a que se refiere este artículo, comprenden todos los
permitidos en la legislación para el costo de los bienes.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78 y Decreto
2912 de 1991
Artículo 51.
LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES POR LIQUIDACIÓN. Cuando una sociedad de
responsabilidad limitada o asimilada haga distribución en dinero o en especie a
sus respectivos socios, comuneros o asociados, con motivo de su liquidación o fusión, no constituye renta la distribución hasta por
el monto del capital aportado o invertido por el socio, comunero o asociado,
más la parte alícuota que a éste corresponda en las utilidades no distribuidas
en años o períodos gravables anteriores al de su liquidación, siempre y
cuando se mantengan dentro de los parámetros de los artículos 48 y 49. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-222 de 1995, las expresiones subrayadas. La palabra resaltada se entiende
derogada por el artículo 14-1 de este Estatuto)
Artículo 52.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 20. INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR). El Incentivo a la
Capitalización Rural (ICR) previsto en la Ley 101 de 1993,
no constituye renta ni ganancia ocasional.
Artículo 53.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 29. APORTES DE ENTIDADES ESTATALES, SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA
FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS. Las transferencias de recursos, la sustitución de pasivos y otros
aportes que haga la Nación o las entidades territoriales, así como las
sobretasas, contribuciones y otros gravámenes que se destinen a financiar
sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, en los
términos de la Ley 310 de 1996,
no constituyen renta ni ganancia ocasional, en cabeza de la entidad
beneficiaria.
Artículo
54.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. PAGOS POR INTERESES Y SERVICIOS TÉCNICOS EN ZONAS FRANCAS.
Los pagos y transferencias al exterior por concepto de intereses y servicios
técnicos que efectúen las personas jurídicas instaladas en zonas francas
industriales, no estarán sometidos a retención en la fuente ni causarán
impuesto de renta.
Parágrafo.
Para tener derecho al tratamiento preferencial establecido en este artículo los
pagos y transferencias deberán corresponder a intereses y servicios técnicos
directa y exclusivamente vinculados a las actividades industriales que se
desarrollen en las zonas francas.
Artículo 55. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 31. Aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones. Los
aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no harán parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes
a cargo del empleador serán deducibles de su renta. Las cotizaciones
voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante, en un
porcentaje que no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral o
tributario anual, limitado a 2.500 UVT. Los retiros, parciales o totales, de
las cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen de
ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una
mayor pensión o un retiro anticipado, constituyen renta líquida gravable para
el aportante y la respectiva sociedad administradora efectuará la retención en
la fuente a la tarifa del 35% al momento del retiro.
Parágrafo. Los
retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias, que hayan
efectuado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, para
fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado,
constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La respectiva
sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa del 35%
al momento del retiro.
Texto anterior artículo 55. Reglamentado
por el Decreto 2264 de 2019 y por el Decreto 1808 de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 23. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). “Aportes obligatorios al
Sistema General de Pensiones. Los aportes obligatorios que efectúen los
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por
rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta
ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo del empleador serán deducibles de
su renta. Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con
solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional
para el aportante, en un
porcentaje que no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso laboral o
tributario anual, limitado a 2.500 UVT. Los retiros, parciales o totales, de
las cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen de
ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una
mayor pensión o un retiro anticipado, constituyen renta líquida gravable para
el aportante y la
respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la
tarifa del 35% al momento del retiro.
Parágrafo. Los
retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias, que hayan
efectuado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, para
fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado,
constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La respectiva
sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa del 35%
al momento del retiro.”. (Ver Sentencia C-550 de 2019, con relación a este parágrafo.).
Texto anterior
artículo 55. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 13. “Aportes al Sistema General de Pensiones. Los
aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones no harán parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los retiros,
parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias de los afiliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la
obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán renta
gravada en el año en que sean retirados. La respectiva sociedad administradora
efectuará la retención en la fuente a la tarifa del 15% al momento del
retiro.”.
Ver Decreto 1625 de 2018, artículo 1.2.1.12.9.
Texto anterior del artículo 55: “CONTRIBUCIONES ABONADAS POR LAS
EMPRESAS A LOS TRABAJADORES EN UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN. Los primeros
ciento cincuenta mil pesos ($150.000) (año gravable 2001: $2.200.000, año
gravable 2002: $2.400.000) de las contribuciones de la empresa, que anualmente
se abonen al trabajador en un fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni
ganancia ocasional.
Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador, en la
parte que excedan de los primeros ciento cincuenta mil pesos ($150.000), serán
ingreso constitutivo de renta, sometido a retención en la fuente por el fondo,
la cual se hará a la tarifa aplicable para los rendimientos financieros”..
Reajustes: Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre
valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable
1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable
1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794
de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344
de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850
de 2009 sobre valores años gravables
2008 y 2009.
Texto origina
artículo “Los primeros ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000) de las contribuciones de la empresa, que anualmente se abonen
al trabajador en un fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni ganancia
ocasional.
Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador en la
parte que excedan de los primeros ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), serán
ingreso constitutivo de renta, sometido a retención en la fuente por el fondo,
la cual se hará a la tarifa aplicable para los rendimientos financieros.
(Valores año base 1987).”.
Artículo
56. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 14. Aportes
obligatorios al Sistema General de Salud. Los
aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud no harán parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por salarios, y serán considerados como un
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.
Texto original art 56. RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN, FONDOS DE INVERSIÓN
Y FONDOS DE VALORES PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES Y BONOS
CONVERTIBLES EN ACCIONES. No constituyen renta ni ganancia ocasional las sumas
que los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión y los fondos de
valores distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados en la parte que provenga
de dividendos, valorización de acciones o bonos convertibles en acciones y
utilidades recibidas en la enajenación de acciones y bonos convertibles en
acciones.
Ver Decreto
150 de 1997, artículo 2
Artículo
56-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado Ley 49 de 1990, artículo
9o. APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES Y PAGO DE LAS PENSIONES. No constituye
renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos de
pensiones de jubilación e invalidez, el aporte del patrocinador o empleador del
afiliado al fondo, en la parte que no exceda del diez por ciento (10%) del
valor del salario percibido por el trabajador. El exceso se sumará a los
ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, para
integrar la base de retención en la fuente por concepto de ingresos laborales.
Las pensiones y pagos que
distribuyen los mencionados fondos, recibidas por el beneficiario, que cumpla
los requisitos de jubilación, no constituyen renta ni ganancia ocasional, en
los años gravables en los cuales ellos sean percibidos.
Ver el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 y la Ley 488 de 1998.
Artículo
56-2.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo
122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo
9o. APORTES DEL EMPLEADOR A FONDOS DE CESANTÍAS. No
constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los
fondos de cesantías, el aporte del empleador a título de cesantías mensuales o
anuales.
Artículo 57.
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS PARA LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ. El ingreso obtenido
por la enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere el Decreto 3850 de
1985, no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, en los términos establecidos en dicho decreto.
Artículo 57-1.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 58. INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA O GANANCIA OCASIONAL. Son
ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los subsidios y ayudas
otorgadas por el Gobierno Nacional en el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, y
los provenientes del incentivo al almacenamiento y el incentivo a la
capitalización rural previstos en la Ley 101 de 1993
y las normas que lo modifican o adicionan.
Artículo 57-2.
Adicionado
por la Ley 1450 de 2011,
artículo 37. Los recursos que reciba el contribuyente para ser destinados al
desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o
de innovación, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, son
ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional.
Igual
tratamiento se aplica a la remuneración de las personas naturales por la ejecución
directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, siempre
que dicha remuneración provenga de los recursos destinados al respectivo
proyecto, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación.
CAPITULO II
COSTOS.
Artículo 58. Modificado por la Ley 1819 de
2016, art 38. Realización del costo para
los no obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes no obligados a
llevar contabilidad se entienden realizados los costos legalmente aceptables
cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad
termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.
Por
consiguiente, los costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año o
período gravable en que se preste el servicio o venda el bien.
Texto original art 58. REALIZACIÓN DE LOS COSTOS.
Los costos legalmente aceptables se entienden realizados cuando se paguen
efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por
cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.
Por consiguiente, los costos
incurridos por anticipado sólo se deducen en el año o período gravable en que
se causen.
Se exceptúan de la norma
anterior, los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad por
el sistema de causación, los cuales se entienden realizados en el año o período
en que se causen, aun cuando no se hayan pagado todavía.
Artículo 59. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 39. Realización del costo para los
obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos
devengados contablemente en el año o período gravable.
1.
Los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y
su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este
Estatuto y se cumpla con los requisitos para su procedencia previstos en este
Estatuto:
a)
Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor
neto de realización, solo serán deducibles al momento de la enajenación del
inventario;
b)
En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los
marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, solo se considerará como costo el valor nominal de la adquisición
o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos.
En consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo
no será deducible;
c)
Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en
resultados, tales como propiedades de inversión, serán deducibles o tratados
como costo al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero;
d)
Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos,
incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los
pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en
cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la
obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos,
salvo las expresamente aceptadas por este Estatuto, en especial lo previsto en
el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y
113;
e)
Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones
no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta
el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y
fecha ciertos y no exista limitación alguna;
f)
El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será
deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su
enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este
Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 145 y 146;
g)
Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables
deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del
impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de
acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de
resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento
del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la
enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello
haya lugar.
2.
El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto
sobre la renta y complementarios, sino hasta la proporción determinada de
acuerdo con el artículo 64 de este Estatuto. En consecuencia, el mayor costo de
los inventarios por faltantes constituye una diferencia permanente.
Parágrafo
1°. Capitalización por costos de préstamos. Cuando de conformidad con la
técnica contable se exija la capitalización de los costos y gastos por préstamos,
dichos valores se tendrán en cuenta para efectos de lo previsto en los artículos
118-1 y 288 del Estatuto Tributario.
Parágrafo
2°. En el caso que los inventarios sean autoconsumidos o transferidos a título
gratuito, se considerará el costo fiscal del inventario para efectos del
Impuesto sobre la renta y complementarios.
Texto original art
59. CAUSACIÓN DEL COSTO. Se entiende
causado un costo cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho
efectivo el pago.
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS.
Artículo 60.
Reglamentado
parcialmente por el Decreto
3730 de 2005. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS
ENAJENADOS. Los activos enajenados se dividen en movibles y en fijos o
inmovilizados.
Son
activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales
que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e
implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o período
gravable.
Son
activos fijos o inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los
incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del
contribuyente.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 40. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los activos
movibles corresponden a los inventarios. Los activos fijos corresponden a todos
aquellos activos diferentes a los inventarios y se clasificarán de acuerdo con
los nuevos marcos técnicos normativos, tales como propiedad, planta y equipo,
propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta.
Artículo
61.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. NATURALEZA DE LOS ACTIVOS DISTRIBUIDOS EN
LIQUIDACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS. Las especies que distribuya a sus
respectivos socios, comuneros o asociados, una sociedad de responsabilidad
limitada o asimilada, tendrán el misma valor de costo y el carácter de movibles
o inmovilizados que tenían en la entidad. Se considerará además, que la fecha
de adquisición por parte de dichos socios, comuneros o asociados fue la misma
de adquisición por parte de la sociedad.
Artículo 61.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 41. Costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad a 31 de
diciembre de 2016. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios
el costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad a 31 de diciembre
de 2016 corresponde al precio de adquisición, más los costos directamente
atribuibles al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta,
salvo las excepciones dispuestas en este estatuto.
COSTO DE LOS ACTIVOS
MOVIBLES.
Artículo
62. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 42. Sistema
para establecer el costo de los inventarios enajenados. Para los
obligados a llevar contabilidad el costo en la enajenación de inventarios debe
establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas:
1. El de
juego de inventarios o periódicos.
2. El de
inventarios permanentes o continuos.
El
inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o
período gravable siguiente.
Texto anterior art 62. SISTEMA PARA ESTABLECER EL
COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES ENAJENADOS. El costo de la enajenación de los
activos movibles debe establecerse con base en alguno de los siguientes
sistemas:
1. El juego de inventarios.
2. El de inventarios
permanentes o continuos.
3. Cualquier otro sistema de
reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables, autorizado por la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
El inventario de fin de año o
período gravable es el inventario inicial del año o período gravable siguiente.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 174 de 1994, artículo
2o. Para los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los
contribuyentes que de acuerdo con el artículo 596 de este Estatuto están
obligados a presentar su declaración tributaria firmada por Revisor Fiscal o
Contador Público, deberán establecer el costo de la enajenación de los activos
movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier
otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables,
autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Inciso adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
267. Cuando se trate de inventarios en proceso, bastará con mantener un sistema
regular y permanente, que permita verificar mensualmente el movimiento y saldo
final, por unidades o por grupos homogéneos.
Inciso adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
267. La asignación de los costos indirectos de fabricación podrá igualmente
hacerse en forma mensual y por unidades o grupos homogéneos.
Artículo 63.
LIMITACIÓN A LA VALUACIÓN EN EL SISTEMA DE JUEGO DE INVENTARIOS. En el caso de
juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser
inferiores a la diferencia que resulte de restar, de la suma de las unidades
del inventario inicial, más las compradas, las unidades vendidas durante el año
o período gravable.
Artículo 64. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 43. Disminución del inventario.
Para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios, el inventario podrá
disminuirse por los siguientes conceptos:
1.
Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las
unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento
(3%) de la suma del inventario inicial más las compras. Si se demostrare la
ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse
disminuciones mayores.
Cuando
el costo de los inventarios vendidos se determine por el sistema de inventario
permanente, serán deducibles las disminuciones ocurridas en inventarios de
fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a
la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario
inicial más las compras.
2.
Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos,
reciclados o chatarrizados; siempre y cuando sean diferentes a los previstos en
el numeral 1 de este artículo, serán deducibles del impuesto sobre la renta y
complementarios en su precio de adquisición, más costos directamente
atribuibles y costos de transformación en caso de que sean aplicables. Para la
aceptación de esta disminución de inventarios se requiere como mínimo un
documento donde conste la siguiente información: cantidad, descripción del
producto, costo fiscal unitario y total y justificación de la obsolescencia o
destrucción, debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus
veces y las personas responsables de tal destrucción y demás pruebas que sean
pertinentes.
3.
En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida
fiscal objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere
cubierto por la indemnización o seguros. El mismo tratamiento será aplicable a
aquellos casos en los que el valor de la pérdida sea asumido por un tercero.
Parágrafo 1°.
El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas
excluye la posibilidad de solicitar dicho valor como deducción.
Parágrafo 2°.
Cuando en aplicación de los casos previstos en este artículo, genere algún tipo
de ingreso por recuperación, se tratará como una renta líquida por recuperación
de deducciones.
Texto anterior art 64. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
2º. DISMINUCIÓN DEL INVENTARIO FINAL POR FALTANTES DE MERCANCÍAS. Cuando se
trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario
final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del
inventario inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones
mayores.
Cuando el costo de las
mercancías vendidas se determine por el sistema de inventario permanente, serán
deducibles las disminuciones ocurridas en mercancías de fácil destrucción o
pérdida, siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o
destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial
más las compras.
La disminución que afecta el
costo, excluye la posibilidad de solicitar dicho valor como deducción.
Artículo 65. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 44. Métodos de valoración
de inventarios. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de
valoración de inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y
técnicas de medición del costo, serán las establecidas en la técnica contable,
o las que determine el Gobierno nacional.
Texto anterior art 65. Modificado por la Ley 174 de 1994, artículo
3º. GRADUALIDAD EN EL DESMONTE DE LA PROVISIÓN UEPS O LIFO. Para efectos
fiscales, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios que
tengan diferencias entre el inventario final declarado valorado con base en la
utilización de modalidades UEPS o LIFO (últimas entradas, primeras salidas) y
el inventario final valorado por otros sistemas para sus efectos internos,
deberán desmontar el saldo de dichas diferencias, existente al 31 de diciembre
de 1994, en sus declaraciones de renta a partir del año gravable de 1995, a más
tardar hasta el año gravable de 1999, utilizando como mínimo tasas del 20%
anual.
Los valores obtenidos con
base en los parámetros aquí establecidos, tendrán como efecto un aumento en el
valor de los inventarios del respectivo período y un ingreso por corrección monetaria
fiscal.
Parágrafo. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
72. El método que se utilice para la valoración de los inventarios, de acuerdo
con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, deberá aplicarse en la
contabilidad de manera uniforme, durante todo el año gravable, debiendo
reflejarse en cualquier momento del período en la determinación del inventario
y el costo de ventas. El valor del inventario detallado de las existencias al
final del ejercicio, antes de descontar cualquier provisión para su protección,
debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la
declaración de renta.
El cambio de método de
valoración deberá ser aprobado previamente por el Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales, de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.
El mismo funcionario podrá autorizar, cuando las circunstancias técnicas del
contribuyente así lo ameriten, el uso parcial del sistema de inventarios
periódicos.
Se considera como método
aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el denominado
sistema "Retail".
Se entiende que para las
plantaciones agrícolas, el inventario permanente es el que controla sus
existencias y costos, bajo un sistema de amortización dependiente de su ciclo
agronómico, sin necesidad de que dicho inventario exija un control por
unidades.
Parágrafo transitorio. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
72. El Gobierno podrá otorgar plazos adicionales a los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta, para poner en práctica los sistemas de control de
inventarios permanentes o continuos, a que se refiere el artículo 2º de la Ley 174 de
1994.
Artículo
66. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 45. Determinación
del costo fiscal de los bienes muebles y de prestación de servicios. El costo
fiscal de los bienes muebles y de prestación de servicios se determinará así:
1. Para
los obligados a llevar contabilidad:
a) El
costo fiscal de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya
incurrido para colocarlos en su lugar de expendio, utilización o beneficio de
acuerdo a la técnica contable.
Al costo
determinado en el inciso anterior se le realizarán los ajustes de que tratan el
artículo 59, el numeral 3 del artículo 93 y las diferencias que surjan por las
depreciaciones y amortizaciones no aceptadas fiscalmente de conformidad con lo
establecido en este Estatuto;
b) El
costo fiscal para los prestadores de servicios será aquel que se devengue, de
conformidad con la técnica contable, durante la prestación del servicio, salvo
las excepciones establecidas en este Estatuto.
2. Para
los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad:
a) El
costo fiscal de los bienes muebles considerados activos movibles será: sumando
al costo de adquisición el valor de los costos y gastos necesarios para poner
la mercancía en el lugar de expendio;
b) El
costo fiscal para los prestadores de servicios serán los efectivamente pagados.
Texto anterior art 66.
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES. El costo de los bienes muebles
que forman parte de las existencias se determina al elaborar los inventarios,
con base en las siguientes normas:
1.
El de las mercancías y papeles de crédito: Sumando al costo de adquisición el
valor de los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de
expendio.
2.
El de los productos de industrias extractivas: Sumando a los costos de
explotación de los productos extraídos durante el año o período gravable, los
costos y gastos necesarios para colocarlos en el lugar de su expendio,
utilización o beneficio.
3.
El de los artículos producidos o manufacturados: Sumando al costo de la materia
prima consumida, determinado de acuerdo con las reglas de los numerales
anteriores, el correspondiente a los costos y gastos de fabricación.
4.
El de los frutos o productos agrícolas: Sumando al valor de los costos de
siembra, los de cultivo, recolección y los efectuados para poner los productos
en el lugar de su expendio, utilización o beneficio.
Cuando
se trate de frutos o productos obtenidos de árboles o plantas que produzcan
cosechas en varios años o períodos gravables, sólo se incluye en el inventario
de cada año o período gravable la alícuota de las inversiones en siembras que sea
necesaria para amortizar lo invertido en árboles o plantas durante el tiempo en
que se calcula su vida productiva.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este Libro
aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los activos muebles
movibles. (Éste parágrafo quedó derogado
por la Ley 488 de 1998, que eliminó el ajuste integral por inflación a los inventarios)
Artículo 66-1. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 46. Determinación del costo de
mano de obra en el cultivo del café. Para la determinación del costo en los
cultivos de café, se presume de derecho que el cuarenta por ciento (40%) del
valor del ingreso gravado en cabeza del productor, en cada ejercicio gravable,
corresponde a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra. El
contribuyente podrá tomar dicho porcentaje como costo en su declaración del
impuesto de renta y complementario acreditando únicamente el cumplimiento de
los requisitos de causalidad y necesidad contenidos en el artículo 107 del
Estatuto Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de cualquier
documento que resulte idóneo para ello.
El
Gobierno podrá establecer por decreto una disminución gradual del porcentaje
del costo presunto definido en el presente artículo, en consideración al monto
de los ingresos gravados de los productores durante el correspondiente año
gravable.
La
presente disposición no exime al empleador del cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y de seguridad social.
Artículo
67. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 47. Determinación
del costo fiscal de los bienes inmuebles. El costo fiscal de los bienes
inmuebles se determinará así:
1. Para
los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el
establecido en los artículos 69 y 69-1 del presente Estatuto.
2. Para
los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo fiscal de los
bienes inmuebles, está constituido por:
a) El
precio de adquisición;
b) El
costo de las construcciones, mejoras;
c) Las
contribuciones por valorización del inmueble o inmuebles de que trate.
Parágrafo. En las operaciones de negocios
de parcelación, urbanización o construcción y venta de inmuebles en las que el
costo no se pueda determinar de conformidad con lo previsto en los numerales 1
y 2 de este artículo, en donde se realicen ventas antes de la terminación de
las obras, para fines del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo
fiscal del inventario en proceso no excederá la cuantía que sea aprobada por la
entidad competente del municipio en el cual se efectúe la obra dependiendo del
grado de avance del proyecto.
Cuando
las obras se adelanten en municipios que no exijan aprobación del respectivo presupuesto,
para fines del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo del
inventario en proceso se constituye con base en el presupuesto elaborado por
ingeniero, arquitecto o constructor con licencia para ejercer.
La
diferencia entre la contraprestación recibida y el costo fiscal atribuible al
bien al momento de su venta, se tratará como renta gravable o pérdida
deducible, según el caso.
Texto original art 67. Declarado exequible por la Sentencia C-275 de 1996. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES
INMUEBLES. El costo de los bienes inmuebles que forman parte de las existencias
está constituido por:
1. El precio de adquisición.
2. El costo de las
construcciones y mejoras.
3. Las contribuciones pagadas
por valorización del inmueble o inmuebles de que trate.
Parágrafo 1º Cuando en los negocios de
parcelación, urbanización o construcción y venta de inmuebles, se realicen
ventas antes de la terminación de las obras y se lleve contabilidad por el
sistema de causación, puede constituirse con cargo a costos una provisión para
obras de parcelación, urbanización o construcción, hasta por la cuantía que sea
aprobada por la entidad competente del municipio en el cual se efectúe la obra.
Cuando las obras se adelanten
en municipios que no exijan aprobación del respectivo presupuesto, la provisión
se constituye con base en el presupuesto elaborado por ingeniero, arquitecto o
constructor con licencia para ejercer.
El valor de las obras se
carga a dicha provisión a medida que se realicen y a su terminación el saldo se
lleva a ganancias y pérdidas para tratarse como renta gravable o pérdida
deducible, según el caso.
Parágrafo 2º. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes
contemplados en el Título V de este Libro, aplicarán lo allí previsto en
materia de ajustes a los activos inmuebles movibles. (Éste parágrafo quedó derogado por la Ley 488 de 1998, que eliminó el ajuste integral por inflación a los inventarios)
Artículo 68.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 3º. COSTO FISCAL DE ACTIVOS. A partir del año gravable 2007, la
determinación del costo fiscal de los activos que hayan sido objeto de ajustes
por inflación, se realizará con base en el costo ajustado de dichos activos a
31 de diciembre de 2006.
Cuando
se trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, la deducción o el
costo por depreciación, agotamiento o amortización, se determinará sobre el
costo del bien, sin incluir los ajustes a que se refieren los artículos 70, 72
y 90-2 de este Estatuto, el artículo 65 de la Ley 75 de 1986,
el artículo 16 de la Ley 49 de 1990,
ni los ajustes por inflación sobre dichas partidas, ni los ajustes por
inflación a los mayores valores fiscales originados en diferencias entre el
costo fiscal de los inmuebles y el avalúo catastral cuando este hubiere sido
tomado como valor patrimonial a 31 de diciembre de 1991. (Declarados
exequibles por la Sentencia C-809 de 2007, los apartes
subrayados en este artículo)
COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.
Artículo 69. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 48. Determinación del costo fiscal
de los elementos de la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión.
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de
los elementos de propiedades, planta y equipo, y propiedades de inversión, para
los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el precio de
adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté
disponible para su uso, salvo la estimación inicial de los costos de
desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar
sobre el que se asienta, en el caso que le sea aplicable. Adicionalmente harán
parte del costo del activo las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones,
que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que
cumplan con las disposiciones de este Estatuto.
En las mediciones posteriores de estos activos
se mantendrá el costo determinado en el inciso anterior. Para efectos fiscales
estos activos se depreciarán según las reglas establecidas en el artículo 128
de este Estatuto.
Cuando
un activo se transfiere de inventarios o de activo no corriente mantenido para
la venta a propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o viceversa, el
costo fiscal corresponderá al valor neto que posea el activo en el inventario o
activo no corriente mantenido para la venta.
Cuando
estos activos se enajenen, al resultado anterior se adiciona el valor de los
ajustes a que se refiere el artículo 70 de este Estatuto; y se resta, cuando
fuere el caso, la depreciación o amortización, siempre y cuando haya sido
deducida para fines fiscales.
Parágrafo 1°.
Las propiedades de inversión que se midan contablemente bajo el modelo de valor
razonable, para efectos fiscales se medirán al costo.
Parágrafo 2°.
Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo de los
bienes enajenados de los activos fijos o inmovilizados de que trata el artículo
60 de este estatuto, está constituido por el precio de adquisición o el costo
declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes
valores:
a)
El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles;
b)
El costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y
el de las contribuciones por valorización, en el caso de inmuebles.
Parágrafo 3°.
Cuando un activo se transfiere de inventarios o de activo no corriente
mantenido para la venta a propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión
o viceversa, el costo fiscal corresponderá al costo que posea el activo en el
inventario o activo no corriente mantenido para la venta, menos las deducciones
a que se hayan tomado para efectos fiscales.
Parágrafo 4°.
Las inversiones en infraestructura de que trata el artículo 4° de la Ley 1493
de 2011, se capitalizarán hasta que el activo se encuentre apto para su uso, de
conformidad con lo establecido en este estatuto.
Texto anterior art 69. COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.
El costo de los bienes enajenados que tengan el carácter de activos fijos, está
constituido por el precio de adquisición o el costo declarado en el año
inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores:
a) El valor de los ajustes a
que se refiere el artículo siguiente;
b) El costo de las adiciones
y mejoras, en el caso de bienes muebles;
c) Declarado exequible por la Sentencia C-275 de 1996. El costo de las construcciones,
mejoras, reparaciones locativas no deducidas y el de las contribuciones por
valorización, en el caso de inmuebles;
Del resultado anterior se
restan, cuando fuere del caso, la depreciación u otras disminuciones fiscales
correspondientes al respectivo año o período gravable, calculadas sobre el
costo histórico, o sobre el costo ajustado por inflación, para quienes se
acojan a la opción establecida en el artículo 132. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de
este Libro, calcularán la depreciación sobre los activos fijos ajustados, de
conformidad con lo allí previsto. (El aparte resaltado fue derogado por la Ley 1111 de 2006, art 78)
Artículo
69-1. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 49. Determinación
del costo fiscal de los activos no corrientes mantenidos para la venta. Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de los
activos no corrientes mantenidos para la venta, corresponderá al mismo costo
fiscal remanente del activo antes de su reclasificación. Así, el costo fiscal
será la sumatoria de:
1. Precio
de adquisición.
2. Costos
directos atribuibles en la medición inicial.
3. Menos
cualquier deducción que haya sido realizada para fines del impuesto sobre la
renta y complementarios.
Cuando
estos activos se enajenen, al resultado anterior se adiciona el valor de los
ajustes a que se refiere el artículo 70 de este Estatuto.
Artículo 70.
Reglamentado
por el Decreto 2373 de 2019, por el Decreto
2391 de 2018, por el Decreto
2169 de 2017, por el Decreto
2453 de 2015, Decreto
2624 de 2014, por el Decreto
2921 de 2013, por el Decreto
4908 de 2011, por el Decreto
4837 de 2010, por el Decreto
4930 de 2009 y por el Decreto
4715 de 2008. AJUSTE AL COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.
Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e
inmuebles, que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado en
el artículo 868.
Parágrafo.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este Libro,
aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los activos fijos.
Artículo 71. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 50. Utilidad en la
enajenación de inmuebles. Para determinar la utilidad en la enajenación de
bienes inmuebles que se encuentren contenidos en el artículo 69 y 69-1 del Estatuto Tributario, se restará al
precio de venta el costo fiscal, establecido de acuerdo con las alternativas
previstas en este Capítulo.
Cuando se trate de inmuebles
adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero o leasing, retroarriendo o lease-back, de acuerdo con lo previsto en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el costo de
enajenación para el arrendatario adquirente será el determinado en el numeral 2
del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, más las adiciones y mejoras,
menos, cuando fuere el caso, la depreciación o amortización, siempre y cuando
haya sido deducida para fines fiscales.
Texto anterior art 71. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
73. UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES. Para determinar la utilidad en la
enajenación de bienes inmuebles que tengan el carácter de activos fijos, se
restará al precio de venta el costo fiscal, establecido de acuerdo con las
alternativas previstas en este capítulo.
Cuando se trate de inmuebles
adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero o leasing,
retroarriendo o lease-back, que hayan sido sometidos al tratamiento previsto en
el numeral 1º del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el costo de
enajenación para el arrendatario adquirente será el de adquisición,
correspondiente a la opción de compra y a la parte capitalizada de los cánones,
más las adiciones y mejoras, las contribuciones de valorización pagadas y los
ajustes por inflación, cuando haya lugar a ello.
Artículo 72.
Incorporado
por la Ley 174 de 1994,
artículo 4º. AVALÚO COMO COSTO FISCAL. El avalúo declarado para los fines del
Impuesto Predial Unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13
y 14 de la Ley
44 de 1990 y 155 del Decreto
1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados
por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5o de la Ley
14 de 1983, podrán ser tomados como
costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se
produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente.
Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el
que figure en la declaración del Impuesto Predial Unificado y/o declaración de
renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación.
Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las
declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el
artículo 7° de la Ley 14 de 1983.
Inciso adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 51. En caso de tomarse como costo fiscal el avalúo o autoavalúo, en el
momento de la enajenación del inmueble, se restarán del costo fiscal las
depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales.
Artículo 73.
Reglamentado
por el Decreto 2373 de 2019, por el Decreto
2391 de 2018, por el Decreto
2169 de 2017, por el Decreto
2202 de 2016 por el Decreto
2453 de 2015, Decreto
2624 de 2014, por el Decreto
2921 de 2013, por el Decreto
4908 de 2011, por el Decreto
4837 de 2010, por el Decreto
4930 de 2009, por el Decreto
4715 de 2008, por el Decreto
4816 de 2007, por el Decreto
4584 de 2006, por el Decreto
4712 de 2005, por el Decreto
4347 de 2004, por el Decreto
3807 de 2003, por el Decreto
2797 de 2001, por el Decreto
2663 de 2000, por el Decreto
2307 de 1996, por el Decreto
2493 de 1993, por el Decreto
3102 de 1990, por el Decreto
4816 de 2007, por el Decreto
3260 de 2002, por el Decreto
2650 de 1998, por el Decreto
3018 de 1997, por el Decreto
72 de 1996, por el Decreto
2803 de 1994, por el Decreto
2041 de 1992, por el Decreto
2811 de 1991 y por el Decreto
3021 de 1989. AJUSTE DE BIENES RAÍCES, ACCIONES Y
APORTES QUE SEAN ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES. Para efectos de
determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la
enajenación de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de
activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el
costo de adquisición de tales activos, en el incremento porcentual del valor
de la propiedad raíz, o en el incremento porcentual del índice de precios
al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el
período comprendido entre el 1° de enero del año en el cual se haya adquirido
el bien y el 1° de enero del año en el cual se enajena. El costo así
ajustado, se podrá incrementar con el valor de las mejoras y contribuciones por
valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.
Inciso
modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 74. Cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los
bienes raíces, aportes o acciones en sociedades, con base en lo previsto en
este artículo, la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en
sus declaraciones de renta, cuando se trate de contribuyentes obligados a
declarar, sin perjuicio de que en años posteriores pueda hacer uso de la
alternativa prevista en el artículo 72 de este Estatuto, cumpliendo los
requisitos allí exigidos.
Los
incrementos porcentuales aplicables al costo de adquisición de los bienes
raíces, de las acciones o de los aportes, previstos en este artículo, serán
publicados por el Gobierno Nacional con base en la certificación que al
respecto expidan, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, respectivamente. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-275 de 1996, las expresiones subrayadas en este artículo)
El
ajuste previsto en este artículo podrá aplicarse, a opción del contribuyente,
sobre el costo fiscal de los bienes que figure en la declaración de renta del
año gravable de 1986. En este evento, el incremento porcentual aplicable será
el que se haya registrado entre el 1° de enero de 1987 y el 1º de enero del año
en el cual se enajene el bien.
Los
ajustes efectuados de conformidad con el inciso primero del artículo 70, no
serán aplicables para determinar la renta o la ganancia ocasional prevista en
este artículo.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este
Llibro, aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los bienes raíces,
acciones y aportes que sean activos fijos.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 52. En el momento de la enajenación del inmueble, se restará del costo fiscal
determinado de acuerdo con el presente artículo, las depreciaciones que hayan
sido deducidas para fines fiscales.
Artículo 74. Modificado
por la Ley 1819 de 2016, art 53. Costo fiscal de los activos intangibles. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, los activos intangibles se clasifican dependiendo de la
operación que los origine, y su costo fiscal, se determina con base en lo
siguiente:
1. Activos
intangibles adquiridos separadamente. Son aquellos activos intangibles
por los cuales el contribuyente paga por su adquisición.
El costo de los activos intangibles adquiridos
separadamente corresponde al precio de adquisición más cualquier costo
directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su
uso previsto.
Cuando se enajene un activo intangible adquirido
separadamente, el costo del mismo será el determinado en el inciso anterior
menos la amortización, siempre y cuando haya sido deducida para fines fiscales.
2. Activos
intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios. Son
aquellos activos intangibles que se adquieren en el marco de una combinación de
negocios, entendida como una transacción u otro suceso en el que el
contribuyente adquirente obtiene el control de uno o más negocios, lo cual
comprende, un conjunto integrado de actividades, activos y pasivos susceptibles
de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una
rentabilidad. Así:
a) En el caso de la compra de acciones o cuotas o
partes de interés social no se originan activos intangibles, en consecuencia,
el valor de adquisición corresponde a su costo fiscal;
b) En el caso de las fusiones y escisiones gravadas de
conformidad con las reglas de este estatuto, surge la plusvalía y corresponde a
la diferencia entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los
activos identificables enajenados. La plusvalía así determinada no es
susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados serán
susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el numeral 1
de este artículo respecto de los activos intangibles, y las reglas generales
para la adquisición de activos en el caso de los demás activos;
c) En el caso de adquisición de un establecimiento de
comercio, la plusvalía corresponde a la diferencia entre el valor de
enajenación del establecimiento y el valor patrimonial neto de los activos
identificables del establecimiento. La plusvalía así determinada no es
susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados serán
susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el numeral 1
de este artículo respecto de los activos intangibles, y las reglas generales
para la adquisición de activos en el caso de los demás activos;
d) Si entre los activos identificables identificados,
existen activos intangibles formados por parte del enajenante, en los casos de
los literales b) y c) de este artículo, el costo fiscal para el adquirente,
será el valor atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo
contrato o acuerdo con base en estudios técnicos.
Cuando los activos intangibles adquiridos como parte
de una combinación de negocios se enajenen, individualmente o como parte de una
nueva combinación de negocios, el costo de los mismos será el determinado en el
inciso anterior menos, cuando fuere el caso, la amortización, siempre y cuando
haya sido deducida para fines fiscales. En todo caso, la plusvalía no será
susceptible de ser enajenada individualmente o por separado y tampoco será
susceptible de ser amortizada.
3. Activos
intangibles originados por subvenciones del Estado. Son aquellos activos
intangibles originados por la autorización estatal de usar algún bien de
propiedad del Estado o de cuyo uso este pueda disponer, de manera gratuita o a
un precio inferior al valor comercial.
El costo fiscal de los activos intangibles originados
en subvenciones del Estado, y que no tengan un tratamiento especial de
conformidad con lo previsto en este Estatuto, estará integrado por el valor
pagado por dichos activos más los costos directamente atribuibles a la
preparación del activo para su uso previsto o para la obtención del activo.
Cuando estos activos se enajenen, del costo fiscal
determinado de conformidad con el inciso anterior, se resta, cuando fuere el
caso la amortización, siempre y cuando haya sido deducida para fines fiscales.
4. Activos
intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento
operativo. Son aquellos activos intangibles originados en las mejoras a
los bienes objeto de arrendamiento operativo. El costo fiscal de estos activos
corresponde a los costos devengados en el año o período gravable siempre que
los mismos no sean objeto de compensación por parte del arrendador.
5. Activos
intangibles formados internamente. Son aquellos activos intangibles
formados internamente y que no cumplen con ninguna de las definiciones
anteriores ni las previstas en el artículo 74-1 del Estatuto Tributario, concernientes a la propiedad
industrial, literaria, artística y científica, tales como marcas, goodwill,
derechos de autor y patentes de invención. El costo fiscal de los activos
intangibles generados o formados internamente para los obligados a llevar
contabilidad será cero.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en este estatuto el
término plusvalía se refiere al activo intangible adquirido en una combinación
de negocios que no está identificado individualmente ni reconocido de forma
separada. Así mismo, plusvalía es sinónimo de goodwill,
fondo de comercio y crédito mercantil.
Parágrafo 2°. Para los casos no previstos en este artículo o en el
artículo 74-1 del Estatuto Tributario,
los activos que sean susceptibles de amortizarse de conformidad con la técnica
contable y no exista una restricción en este estatuto, tales como terrenos, su
costo fiscal será el precio de adquisición, más los gastos atribuibles hasta
que el activo esté listo para su uso o disposición.
Texto anterior art
74. COSTO DE LOS BIENES INCORPORALES. El valor de
los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial y a la
literaria, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas,
good will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a cualquier título,
se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones
concedidas y la solicitada por el año o período gravable. En caso de que esta
última amortización no sea aceptada, el liquidador hará los ajustes
correspondientes.
Inciso derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Cuando los intangibles aquí contemplados fueren creación intelectual del
contribuyente, su valor podrá ser establecido por el Director General de
Impuestos Nacionales, a petición del interesado.
Parágrafo. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes
contemplados en el Título V de este Libro, aplicarán lo allí previsto en
materia de ajustes a los intangibles pagados efectivamente.
Artículo 74-1. Adicionado por
la Ley 1819 de 2016,
art 54. Costo fiscal de las inversiones. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo
fiscal de las siguientes inversiones será:
1. De los gastos pagados por anticipado, el costo
fiscal corresponde a los desembolsos efectuados por el contribuyente, los
cuales deberán ser capitalizados de conformidad con la técnica contable y
amortizados cuando se reciban los servicios o se devenguen los costos o gastos,
según el caso.
2. De los gastos de establecimiento, el costo fiscal
corresponde a los gastos realizados de puesta en marcha de operaciones, tales
como costos de inicio de actividades, costos de preapertura, costos previos a
la operación, entre otros, los cuales serán capitalizados.
A todos los desembolsos de establecimiento acumulados,
se les permitirá su deducción fiscal a partir de la generación de rentas.
3. De los gastos de investigación, desarrollo e
innovación, el costo fiscal está constituido por todas las erogaciones
asociadas al proyecto de investigación, desarrollo e innovación, salvo las
asociadas con la adquisición de edificios y terrenos.
Se encuentran dentro de este concepto los activos
desarrollados en la elaboración de software para su uso, venta o derechos de
explotación.
El régimen aquí previsto no será aplicable para
aquellos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que opten por lo
previsto en el artículo 158-1 y 256 del Estatuto Tributario.
4. En la evaluación y exploración de recursos
naturales no renovables, el costo fiscal capitalizable corresponderá a los
siguientes rubros:
a) Adquisición de derechos de exploración;
b) Estudios sísmicos, topográficos, geológicos,
geoquímicos y geofísicos, siempre que se vinculen a un hallazgo del recurso
natural no renovable;
c) Perforaciones exploratorias;
d) Excavaciones de zanjas, trincheras, apiques,
túneles exploratorios, canteras, socavones y similares;
e) Toma de muestras;
f) Actividades relacionadas con la evaluación de la
viabilidad comercial de la extracción de un recurso natural; y
g) Costos y gastos laborales y depreciaciones, según
el caso considerando las limitaciones establecidas en este estatuto;
h) Otros costos, gastos y adquisiciones necesarias en
esta etapa de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables que
sean susceptibles de ser capitalizados de conformidad con la técnica contable,
diferentes a los mencionados en este artículo.
La capitalización de que trata este numeral cesará
luego de que se efectúe la factibilidad técnica y viabilidad comercial de
extraer el recurso natural no renovable, de acuerdo con lo establecido
contractualmente. Los terrenos serán capitalizables y amortizables únicamente
cuando exista la obligación de revertirlos a la nación.
Los costos y gastos a los que se refiere este numeral
no serán aplicables a los desembolsos incurridos antes de obtener los derechos
económicos de exploración.
Cuando estos activos se enajenen, el costo de
enajenación de los mismos será el determinado de conformidad con este numeral
menos, cuando fuere el caso, la amortización, siempre y cuando haya sido
deducida para fines fiscales.
5. Instrumentos financieros.
a) Títulos de renta variable. El costo fiscal de estos
instrumentos será el valor pagado en la adquisición;
b) Títulos de renta fija. El costo fiscal de estos
instrumentos será el valor pagado en la adquisición más los intereses
realizados linealmente y no pagados a la tasa facial, desde la fecha de
adquisición o la última fecha de pago hasta la fecha de enajenación.
6. Acciones, cuotas o partes de interés social. El
costo fiscal de las inversiones, por los conceptos mencionados, está
constituido por el valor de adquisición.
Parágrafo. Para
efectos de lo previsto en el numeral 3 de este artículo, las definiciones de
investigación, desarrollo e innovación serán las mismas aplicadas para efectos
del artículo 256 del Estatuto Tributario.
Artículo 75. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 55. Costo
fiscal de los bienes incorporales formados. El costo fiscal de los
bienes incorporales formados por los contribuyentes no obligados a llevar
contabilidad, concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística y
científica, tales como patentes de invención, marcas, derechos de autor y otros
intangibles, se presume constituido por el treinta por ciento (30%) del valor
de la enajenación.
Texto anterior art 75. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo
16. COSTO DE LOS BIENES INCORPORALES FORMADOS. El costo de los bienes
incorporales formados por los contribuyentes concernientes a la propiedad
industrial, literaria, artística y científica, tales como patentes de
invención, marcas, good will, derechos de autor y otros intangibles, se presume
constituido por el treinta por ciento (30%) del valor de la enajenación.
Para
que proceda el costo previsto en este artículo, el respectivo intangible deberá
figurar en la declaración de renta y complementarios del contribuyente
correspondiente al año inmediatamente anterior al gravable y estar debidamente
soportado mediante avalúo técnico.
Artículo 76.
COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES. Cuando el contribuyente tuviere dentro de su
patrimonio acciones de una misma empresa cuyos costos fueren diferentes, deberá
tomar como costo de enajenación el promedio de tales costos.
Artículo 76-1.
Adicionado
Ley
49 de 1990, artículo 7o. AJUSTE AL COSTO FISCAL DE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES. Cuando se distribuyan dividendos en acciones, el
accionista deberá ajustar el costo fiscal de las acciones que poseía antes de
la distribución.
Similar
procedimiento se deberá seguir en la capitalización de las participaciones en
las sociedades limitadas y asimiladas.
OTRAS NORMAS COMUNES AL
COSTO DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES.
Artículo 77.
REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN. Cuando dentro de los costos o inversiones amortizables
existan pagos o abonos en cuenta, que correspondan a conceptos respecto de los
cuales se obliga el cumplimiento de requisitos para su deducción, deben
llenarse en relación con tales pagos o abonos, los mismos requisitos señalados
para las deducciones.
Artículo 78.
PAZ Y SALVO POR CUOTAS DE FOMENTO ARROCERO, CEREALISTA Y CACAOTERO. Para que
las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar las cuotas de fomento
de que trata la Ley 67 de 1983, tengan derecho a que se les acepte como costos deducibles
el valor de las compras durante el respectivo ejercicio gravable, deberán
obtener un certificado de paz y salvo por concepto de dicha cuota, expedido por
la respectiva entidad administradora de la cuota.
Artículo 79.
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LOS PAGOS EN ESPECIE QUE CONSTITUYEN COSTO. El valor
de los pagos o abonos en especie que sean constitutivos de costos, se
determinará conforme a lo señalado para los ingresos en el artículo 29.
Artículo
80.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE COSTOS EN DIVISAS EXTRANJERAS. Los
costos incurridos en divisas extranjeras se estiman por su precio de
adquisición en moneda colombiana.
Cuando se compren o importen
a crédito mercancías que deban ser pagadas en moneda extranjera, los saldos
pendientes de pago en el último día del año o período gravable se ajustan de
acuerdo al tipo de cambio oficial. Igual ajuste se hace, en la proporción que
corresponda, en la cuenta de mercancías y en la de ganancias y pérdidas, según
el caso.
En la fecha en la cual se
realice el pago de las deudas, el contribuyente debe hacer el correspondiente
ajuste en la cuenta de mercancías, o de ganancias y pérdidas, según estén en
existencia o se hayan vendido, por la diferencia entre el valor en pesos
colombianos efectivamente pagado y el valor ya acreditado al respectivo
proveedor por concepto de las mercancías a que los pagos se refieren.
Cuando se compren o importen
a crédito bienes constitutivos de activos fijos, cuyo pago deba hacerse en
moneda extranjera, el costo de tales bienes, así como la deuda respectiva se
ajustan en el último día del año o período gravable y en la fecha en la cual se
realice el pago, en la forma prevista en este artículo.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro,
deberán sujetarse a las normas allí previstas.
Artículo 81. Reglamentado por
el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
Reglamentado
por el Decreto 596 de 1991
y por el Decreto
391 de 1990. PARTE DEL COMPONENTE INFLACIONARIO NO
CONSTITUYE COSTO. No constituirá costo el componente inflacionario de los
intereses y demás costos y gastos financieros, incluidos los ajustes por diferencia
en cambio, en el porcentaje que se indica a continuación:
30%
para los años gravables 1989, 1990 y 1991
40%
para el año gravable 1992
50%
para el año gravable 1993
60%
para el año gravable 1994
70%
para el año gravable 1995
80%
para el año gravable 1996
90%
para el año gravable 1997
100%
para los años gravables de 1998 y siguientes.
Para
los efectos del presente artículo, entiéndese por componente inflacionario de
los intereses y demás costos y gastos financieros, el resultado de multiplicar
el valor bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por la
proporción que exista entre la tasa de corrección monetaria vigente a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior al gravable y la tasa de colocación
más representativa a la misma fecha, según certificación de la Superintendencia
Bancaria.
Derogado tácitamente para el año gravable 1996 por el artículo
76 de la Ley 223 de 1995, que
adicionó el artículo 18-1 al Estatuto Tributario. Cuando
se trate de costos o gastos financieros por concepto de deudas en moneda
extranjera, no será deducible en los porcentajes de que trata este artículo, la
suma que resulte de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y
gastos financieros, por la proporción que exista entre la tasa de corrección
monetaria vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable
y la tasa más representativa del costo del endeudamiento externo a la misma
fecha, según certificación del Banco de la República.
Parágrafo 1º
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los créditos de constructores
que otorgan las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y a los intermediarios
financieros que capten y coloquen masivamente y en forma regular dineros del
público y que sean vigilados por la Superintendencia Bancaria.
Parágrafo 2°
Derogado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 78. Lo dispuesto en este artículo, tampoco será aplicable a partir del
año gravable de 1992, a los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en
el Título V de este Libro, siempre y cuando se cumpla con los requisitos allí
establecidos.
Ver valores años
gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009. Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto
520 de 2005, para determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
Ley
2010 de 2019, artículo 160,
declaró la
reviviscencia expresa de este artículo
Artículo 81-1. Derogado por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). Reglamentado
por el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 76. COMPONENTE INFLACIONARIO QUE NO CONSTITUYE COSTO. Para los fines
previstos en el artículo 81 del Estatuto Tributario, entiéndese por componente
inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros, el
resultado de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y gastos
financieros, por la proporción que exista entre la tasa de inflación del
respectivo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa promedio de colocación
más representativa en el mismo período, según certificación de la
Superintendencia Bancaria.
Cuando
se trate de costos o gastos financieros por concepto de deudas en moneda
extranjera, no será deducible en los porcentajes señalados en el mencionado artículo
la suma que resulte de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y
gastos financieros, por la proporción que exista entre la inflación del mismo
ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa más representativa del costo
promedio del endeudamiento externo en el mismo año, según certificación del
Banco de la República.
Ver Decreto
636 de 2008, para determinación de valores aplicables a los años gravables 2007
y 2008, respectivamente.
Decreto
873 de 2007, para determinación de valores aplicables al año gravable 2006. Decreto
530 de 2006, para determinación de valores año gravable 2005. Decreto 520 de 2005, para
determinación de valores año gravable 2004. Decreto 4350 de 2004, para
determinación de valores año gravable 2004.
Decreto
620 de 2004, para determinación de valores año gravable 2003.
Artículo 82.
DETERMINACIÓN DE COSTOS ESTIMADOS Y PRESUNTOS. Cuando exisan (sic) indicios de
que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca
el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante
pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de
terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el
funcionario que esté adelantado (sic) el proceso de fiscalización respectivo,
puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período
gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del
contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos,
atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria
y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas
estadísticas fueren aplicables.
Su
aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.
Si
lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el
setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin
perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de
renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad.
Artículo
83.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA EN PLANTACIONES DE
REFORESTACIÓN. En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el
ochenta por ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio gravable,
corresponde a los costos y deducciones inherentes a su explotación.
Esta presunción sólo podrá
aplicarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el contribuyente no
haya solicitado en años anteriores ni solicite en el mismo año gravable,
deducciones por concepto de gastos o inversiones efectuados para reforestación,
incluidos los intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad;
b) Que los planes de
reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de Agricultura y se
conserven las certificaciones respectivas.
Parágrafo. El contribuyente que haya
solicitado deducciones por gastos e inversiones en reforestación en años
anteriores, podrá acogerse a la presunción del ochenta por ciento (80%) de que
trata este artículo, en cuyo caso el total de las deducciones que le hayan sido
aceptadas por dicho concepto, se considerará como renta bruta recuperada que se
diferirá durante el período de explotación sin exceder de cinco (5) años.
Artículo
84.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Ver derogatoria en la Ley 49 de 1990, artículo
4o. DETERMINACIÓN DEL COSTO EN VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
ABIERTAS. A partir del año gravable de 1989, para determinar la renta o
ganancia ocasional proveniente de la enajenación en bolsa, de acciones de
sociedades anónimas abiertas, los contribuyentes que posean un patrimonio bruto
inferior a veinte millones (20.000.000) (Valor año base 1989), podrán ajustar
por inflación el costo de dichas acciones al valor de mercado de las mismas en
la fecha de la enajenación, sin que en ningún caso el valor ajustado exceda del
precio de venta.
Para tal efecto, las
acciones deben haberse adquirido en bolsa de valores o haber sido suscritas
directamente en la emisión primaria.
El patrimonio bruto a que se
refiere este artículo, será el correspondiente al último día del año
inmediatamente anterior al de la respectiva enajenación de las acciones.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
LIMITACIONES ESPECÍFICAS A
LA SOLICITUD DE COSTOS.
Artículo 85.
NO DEDUCIBILIDAD DE LOS COSTOS ORIGINADOS EN PAGOS REALIZADOS A VINCULADOS
ECONÓMICOS NO CONTRIBUYENTES. No serán deducibles los costos y gastos de los
contribuyentes, cuando correspondan a pagos o abonos en cuenta a favor de sus
vinculados económicos que tengan el carácter de no contribuyentes del impuesto
sobre la renta.
Inciso derogado por la Ley 863 de 2003, artículo
69. Inciso
adicionado por la Ley 223 de
1995, artículo 77. Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta
efectuados por los contribuyentes a favor de entidades no contribuyentes,
contribuyentes del régimen especial o contribuyentes exentos del impuesto sobre
la renta, con los cuales exista vinculación económica o dependencia
administrativa, será necesario demostrar que los respectivos servicios han sido
efectivamente prestados, y que se han facturado a precios de mercado, para
tener derecho a los correspondientes costos o deducciones.
Artículo
85-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 1004 de 2005, artículo
9º. LIMITACIÓN DE COSTOS Y GASTOS PARA USUARIOS DE ZONAS FRANCAS. Las
operaciones de compra y venta de bienes y servicios que realicen los usuarios
industriales de bienes y servicios de zonas francas, con los vinculados
económicos o partes relacionadas a que se refieren los artículos 260, 261, 263
y 264 del Código de Comercio, 28 de la Ley 222 de
1995, 450 y 452 del Estatuto Tributario que no
correspondan a precios de mercado serán rechazadas dentro del proceso de
investigación y sujetas a la aplicación de la correspondiente sanción por
inexactitud.
Artículo 86.
PROHIBICIÓN DE TRATAR COMO COSTO EL IMPUESTO A LAS VENTAS. En ningún caso, el
impuesto a las ventas que deba ser tratado como descuento podrá ser tomado como
costo o gasto en el impuesto sobre la renta.
Artículo
87.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. LIMITACIÓN DE LOS COSTOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
COMISIONISTAS. Los costos y deducciones imputables a la actividad propia de los
profesionales independientes y de los comisionistas, que sean personas
naturales, no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos que
por razón de su actividad propia perciban tales contribuyentes.
Cuando se trate de contratos
de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos
o ingenieros contratistas, el límite anterior será del noventa por ciento
(90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la Cámara de
Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 10. Las anteriores
limitaciones no se aplicarán cuando el contribuyente facture la totalidad de
sus operaciones y sus ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente,
cuando ésta fuere procedente. En este caso, se aceptarán los costos y
deducciones que procedan legalmente.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 39. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a los
concejales municipales y distritales.
Artículo 87-1.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 15. OTROS GASTOS ORIGINADOS EN LA RELACIÓN LABORAL NO DEDUCIBLES. Los
contribuyentes no podrán solicitar como costo o deducción, los pagos cuya
finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base
de retención en la fuente por ingresos laborales. Exceptúanse de la anterior
disposición los pagos no constitutivos de ingreso gravable o exentos para el
trabajador, de conformidad con las normas tributarias incluidos los provistos
en el artículo 387 del Estatuto Tributario.
Artículo 88.
LIMITACIÓN DE COSTOS POR COMPRAS A PROVEEDORES FICTICIOS O INSOLVENTES. A partir
de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación nacional, no
serán deducibles en el impuesto sobre la renta las compras efectuadas a quienes
el administrador de impuestos nacionales hubiere declarado como proveedor
ficticio o insolvente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 671.
Artículo 88-1.
Adicionado
Ley
383 de 1997, artículo 9º. DESCONOCIMIENTO DE COSTOS
Y GASTOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS EXTRANJEROS. No se aceptarán
como deducción los gastos y costos en publicidad, promoción y propaganda de
productos importados que correspondan a renglones calificados de contrabando
masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince por
ciento (15%) de las ventas de los respectivos productos importados legalmente,
en el año gravable correspondiente.
Previa
autorización del Director de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá aceptarse, en
los casos de productos importados que correspondan a renglones calificados de
contrabando masivo por el Gobierno Nacional, como deducción en publicidad,
hasta un veinte por ciento (20%) de la proyección de ventas de los productos
importados legalmente. La solicitud deberá presentarse en los tres primeros
meses del año gravable y el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, tendrá
un mes para decidir; de no pronunciarse en el término anterior, se entenderá
que la decisión es negativa.
Sobre
los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago de los tributos
aduaneros correspondientes, no se aceptarán expensas por concepto de publicidad.
Al contribuyente que en la declaración de renta solicite como deducción por
concepto de publicidad una suma superior a las mencionadas en este artículo, se
le rechazará la totalidad de los costos y gastos incurridos en publicidad, sin
perjuicio de la sanción por inexactitud.
Cuando
los gastos de publicidad de productos importados que correspondan a renglones
calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, sean contratados
desde el exterior por personas que no tengan residencia o domicilio en el país,
a las agencias publicitarias se les desconocerán los costos y gastos asociados
a dichas campañas.
Parágrafo 1.
Cuando se trate de campañas publicitarias cuyo objetivo sea el posicionamiento
inicial de productos extranjeros en el país, que correspondan a renglones
calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, tal hecho podrá
demostrarse con los correspondientes estudios de mercadeo y proyección de
ingresos, caso en el cual procederán los costos y gastos.
Parágrafo 2.
La calificación de productos importados que correspondan a renglones
calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, deberá hacerse en
todos los casos, previo concepto de la comisión mixta de gestión Tributaria y
Aduanera.
CAPITULO III
RENTA BRUTA.
Artículo 89.
COMPOSICIÓN DE LA RENTA BRUTA. La renta bruta está constituida por la suma de
los ingresos netos realizados en el año o período gravable que no hayan sido
exceptuados expresamente en los artículos 36 a 57, y 300 a 305. Cuando la
realización de tales ingresos implique la existencia de costos, la renta bruta
está constituida por la suma de dichos ingresos menos los costos imputables a
los mismos.
Artículo 90. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 61. Determinación de la renta bruta en la
enajenación de activos y valor comercial en operaciones sobre bienes y
servicios. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de
activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio
de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados.
Cuando se trate de activos
fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá
imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de
deducciones, depreciaciones o amortizaciones; el saldo de la utilidad
constituye renta o ganancia ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación
es el valor comercial realizado en dinero o en especie. Para estos efectos será
parte del precio el valor comercial de las especies recibidas.
Se tiene por valor comercial
el señalado por las partes, el cual deberá corresponder al precio comercial
promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Esta
previsión también resulta aplicable a los servicios.
En el caso de bienes raíces,
además de lo previsto en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al
costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, sin perjuicio de la posibilidad de
un valor comercial superior. En los casos en que existan listas de precios,
bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el
valor comercial de los bienes raíces enajenados o transferidos, los
contribuyentes deberán remitirse a los mismos. Del mismo modo, el valor de los
inmuebles estará conformado por todas las sumas pagadas para su adquisición,
así se convengan o facturen por fuera de la escritura o correspondan a bienes o
servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como aportes, mejoras,
construcciones, intermediación o cualquier otro concepto.
En la escritura pública de
enajenación o declaración de construcción las partes deberán declarar, bajo la
gravedad de juramento, que el precio incluido en la escritura es real y no ha
sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente; en caso
de que tales pactos existan, deberá informarse el precio convenido en ellos. En
la misma escritura se debe declarar que no existen sumas que se hayan convenido
o facturado por fuera de la misma o, de lo contrario, deberá manifestarse su
valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como
la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los
derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces
el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario
de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su
competencia y sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) para determinar el valor real de la transacción.
Los inmuebles adquiridos a
través de fondos, fiducias, esquemas de promoción inmobiliaria o semejantes,
quedarán sometidos a lo previsto en esta disposición. Para el efecto, los
beneficiarios de las unidades inmobiliarias serán considerados como adquirentes
de los bienes raíces, en relación con los cuales deberá declararse su valor de
mercado.
No serán constitutivos de
costo de los bienes raíces aquellas sumas que no se hayan desembolsado a través
de entidades financieras.
Cuando el valor asignado por
las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes o servicios
en la fecha de su enajenación o prestación, conforme a lo dispuesto en este
artículo, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización
respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio
de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos;
atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por el Banco
de la República u otras entidades afines. Su aplicación y discusión se hará
dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor
asignado por las partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se
aparte en más de un quince por ciento (15%) de los precios establecidos en el
comercio para los bienes o servicios de la misma especie y calidad, en la fecha
de enajenación o prestación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y
estado de los activos y servicios.
Sin perjuicio de lo previsto
en este artículo, cuando el activo enajenado sean acciones o cuotas de interés
social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de
Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo
determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), salvo prueba
en contrario, se presume que el precio de enajenación no puede ser inferior al
valor intrínseco incrementado en un 30%. Lo anterior sin perjuicio de la
facultad fiscalizadora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), en virtud de la cual podrá acudir a los métodos de valoración
técnicamente aceptados, como el de flujos descontados a valor presente o el de
múltiplos de EBITDA.
El mismo tratamiento
previsto en el inciso anterior será aplicable a la enajenación de derechos en
vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión
colectiva cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés social de
sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de
Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Texto anterior artículo 90. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo
53. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos y valor
comercial en operaciones sobre bienes y servicios. La renta bruta o
la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está
constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del
activo o activos enajenados.
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al
momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta
líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones; el
saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación
es el valor comercial realizado en dinero o en especie. Para estos efectos será
parte del precio el valor comercial de las especies recibidas.
Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual
deberá corresponder al precio comercial promedio para bienes de la misma
especie, en la fecha de su enajenación. Esta previsión también resulta
aplicable a los servicios.
En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta
disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni
al autoavalúo, sin perjuicio de la posibilidad de un valor comercial superior. En
los casos en que existan listas de precios, bases de datos, ofertas o cualquier
otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de los bienes raíces
enajenados o transferidos, los contribuyentes deberán remitirse a los mismos.
Del mismo modo, el valor de los inmuebles estará conformado por todas las sumas
pagadas para su adquisición, así se convengan o facturen por fuera de la
escritura o correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del
bien, tales como aportes, mejoras, construcciones, intermediación o cualquier
otro concepto.
En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción
las partes deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio
incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los
que se señale un valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá
informarse el precio convenido en ellos. En la misma escritura se debe declarar
que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma
o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas
declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el
impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán
liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la
escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la
irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin
perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) para determinar el valor real de la transacción.
Los inmuebles adquiridos a través de fondos, fiducias, esquemas de promoción
inmobiliaria o semejantes, quedarán sometidos a lo previsto en esta
disposición. Para el efecto, los beneficiarios de las unidades inmobiliarias
serán considerados como adquirentes de los bienes raíces, en relación con los
cuales deberá declararse su valor de mercado.
A partir del 1° de enero de 2019, no serán constitutivos de costo de
los bienes raíces aquellas sumas que no se hayan desembolsado a través de
entidades financieras.
Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del
valor comercial de los bienes o servicios en la fecha de su enajenación o
prestación, conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté
adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los
efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza,
condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos
producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el
Departamento Nacional de Estadística, por el Banco de la República u otras
entidades afines. Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado por las partes difiere
notoriamente del promedio vigente, cuando se aparte en más de un quince por
ciento (15%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes o
servicios de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación o
prestación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los
activos y servicios.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo
enajenado sean acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades
nacionales que no coticen en la Bolsa. de Valores de Colombia o una de
reconocida idoneidad internacional según lo determine la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), salvo prueba en contrario, se presume que el
precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en
un 30%. Lo anterior sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de la cual podrá acudir a
los métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de flujos descontados
a valor presente o el de múltiplos de EBITDA.
El mismo tratamiento previsto en el inciso anterior será aplicable a
la enajenación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de
inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés
social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de
Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo
determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).”.
Ver Concepto 6184 de 2019, DIAN.
Texto inicial del artículo
90: “DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. La
renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier
título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y
el costo del activo o activos enajenados.
Cuando se trate de activos fijos depreciables,
la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse, en
primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones; el saldo de
la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación es el valor
comercial realizado en dinero o en especie.
Inciso
cuarto modificado por la Ley 863 de 2003, artículo 57. Se tiene por valor comercial el señalado por las
partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para
bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de
bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral
ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.
Texto anterior inciso cuarto Modificado por la Ley 633
de 2000, artículo 127. “Se
tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera
notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en
la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un
precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el
artículo 72 de este Estatuto, salvo que se demuestre la procedencia de un menor
valor con base en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado por la
Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi. El avalúo así
efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales mediante peritaje técnico autorizado por la Lonja de
Propiedad Raíz.”.
Texto
anterior inciso cuarto: Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 78. “Se tiene por valor
comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del
precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su
enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al
costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de
este Estatuto.”.
Texto
original inciso cuarto (Decreto 624 de 1989): “Se tiene por valor comercial el
señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial
promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se
trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo
catastral vigente en la fecha de la enajenación.”.
Cuando
el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de
los bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en este
artículo, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización
respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio
de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos;
atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por la
Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras
entidades afines. Su aplicación y discusión se harán dentro del mismo proceso.
Se
entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio
vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los
precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y
calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza,
condiciones y estado de los activos.
Inciso
adicionado por el Decreto 150 de 1997, artículo 10. (éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-131 de 1997.). Cuando se
enajenen acciones, se coticen o no en bolsa, o cuotas de interés social, su
valor de enajenación comercial para efectos fiscales no podrá ser inferior en
más de un 25% al valor intrínseco de las respectivas acciones o cuotas de
interés social. Entiéndese por valor intrínseco el resultante de dividir el
patrimonio líquido de la sociedad establecido al último día del período
gravable inmediatamente anterior a la fecha de la enajenación, entre el número
de acciones o cuotas de interés en circulación o en poder de los socios o
accionistas.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 56. Sin perjuicio
de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean acciones o
cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en
la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad internacional
según lo determine la DIAN, salvo prueba en contrario, se presume que el precio
de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un
15%.
El mismo tratamiento previsto en este parágrafo
será aplicable a la enajenación de derechos en vehículos de inversión tales
como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos
correspondan a acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades
nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de
reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN.”.
Ver Oficio 34752 de 2016. Ver Oficio 34403 de 2015.
Texto original artículo (Decreto 624 de 1989): “DETERMINACIÓN
DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. La renta bruta o la pérdida
proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está constituida
por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o
activos enajenados.
Cuando se trate de activos fijos depreciables,
la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse, en
primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones; el saldo de
la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación es el valor
comercial realizado en dinero o en especie.
Se tiene por valor comercial el señalado por
las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio
para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de
bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo catastral
vigente en la fecha de la enajenación.
Cuando el valor asignado por las partes difiera
notoriamente del comercial de los bienes en la fecha de su enajenación,
conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté adelantando
el proceso de fiscalización, respectivo, puede rechazarlo para los efectos
impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza,
condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos
producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por la Superintendencia de
Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su
aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado por las
partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se aparta en más de un
veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para
bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de la enajenación, teniendo
en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.”.
Artículo
90-1.
Derogado
por la Ley 863 de 2003, artículo
69. Adicionado por el Decreto 251
de 1997, artículo 10, (éste declarado
inexequible por la Sentencia
C-186 de 1997). VALOR COMERCIAL DE LOS INMUEBLES
ENAJENADOS: Para la determinación del
valor comercial de los inmuebles, los Administradores de Impuestos y Aduanas
Nacionales deberán utilizar estadísticas, avalúos, índices y otras
informaciones disponibles sobre el valor de la propiedad raíz en la respectiva
localidad, suministradas por dependencias del Estado o por entidades privadas
especializadas u ordenar un avalúo del predio, con cargo al presupuesto de la
Dian. El avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por el
Instituto Agustín Codazzi, o por las Lonjas de Propiedad Raíz o sus afiliados.
En caso de que existan varias fuentes de información, se tomará el promedio de
los valores disponibles.
Cuando el contribuyente
considere que el valor comercial fijado por la Administración Tributaria no
corresponde al de su predio, podrá pedir que a su costa, dicho valor comercial
se establezca por la Lonja de Propiedad Raíz, el Instituto Agustín Codazzi o
los catastros municipales, en los municipios donde no operen las Lonjas. Dentro
del proceso de determinación y discusión del impuesto, la Administración
Tributaria podrá aceptar el avalúo pericial aportado por el contribuyente o
solicitar otro avalúo a un perito diferente. En caso de que haya diferencia
entre los dos avalúos, se tomará para efectos fiscales el promedio simple de
los dos.
Artículo 90-2.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 80. SANEAMIENTO DE BIENES RAÍCES. Para los efectos previstos en el artículo
anterior, en las declaraciones de renta y complementarios del año gravable de
1995, los contribuyentes podrán ajustar al valor comercial los bienes raíces
poseídos a 31 de diciembre de dicho año.
El
valor correspondiente a la diferencia entre el costo fiscal ajustado y el valor
comercial en la fecha antes mencionada no generará renta por diferencia
patrimonial, ni ocasionará sanciones, ni será objeto de requerimiento especial,
ni de liquidación de revisión ni de aforo.
Las
personas naturales y jurídicas podrán tomar el ajuste que se origina por la
aplicación de los artículos 72 y 73 del Estatuto Tributario para determinar el
costo fiscal ajustado a 31 de diciembre de 1995, el cual servirá de base para
compararlo con el valor comercial.
El
ajuste de que trata este artículo se tendrá en cuenta para efectos de
determinar el costo fiscal en caso de enajenación de los bienes raíces.
Las
utilidades comerciales no constitutivas de renta ni de ganancia ocasional, que
se obtengan como resultado de la enajenación de bienes raíces a los que se les
ajuste el costo fiscal a valor comercial, de conformidad con lo previsto en
este artículo, podrán ser distribuidas a los socios, accionistas, comuneros,
fideicomitentes o beneficiarios, según sea la naturaleza del ente que haya
enajenado el respectivo bien, con el carácter de ingreso no constitutivo de
renta ni de ganancia ocasional.
El
valor estimado por los contribuyentes con base en este artículo no producirá,
en ningún caso, efectos para la determinación del impuesto predial, ni otros
impuestos, tasas o contribuciones, diferentes del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Parágrafo.
En el caso de los bienes raíces que tengan el carácter de activos movibles, el
ajuste al valor comercial de que trata este artículo sólo será aplicable al
costo fiscal de los terrenos.
En
estos casos, el valor ajustado no puede exceder del valor comercial del terreno
al 31 de diciembre de 1995, lo cual deberá demostrarse con certificación
expedida por las lonjas de propiedad raíz o sus afiliados. El avalúo aquí
previsto debe corresponder al del lote bruto o desnudo, sin incorporar el valor
de las obras de urbanización, parcelación o desarrollo.
Artículo 90-3. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 62. Enajenaciones indirectas. La
enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en
el territorio nacional, mediante la enajenación, a cualquier título, de
acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, se encuentra
gravada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera
realizado directamente. El costo fiscal aplicable al activo subyacente, así
como el tratamiento y condiciones tributarios será el que tenga el tenedor del
activo subyacente como si lo hubiera enajenado directamente en el país y el
precio de venta o valor de enajenación debe corresponder a su valor comercial
de conformidad con el Estatuto Tributario. Cuando se realice una posterior
enajenación indirecta, el costo fiscal será el valor proporcionalmente pagado
por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que
posee los activos subyacentes ubicados en Colombia.
Se entiende por transferencia indirecta,
la enajenación de un derecho de participación en un activo en su totalidad o en
parte, ya sea que dicha transferencia se realice entre partes relacionadas o
independientes.
Cuando el primer punto de contacto en
Colombia sea una sociedad nacional, se entenderá que el activo subyacente son
las acciones, participaciones o derechos en dicha sociedad nacional.
Cuando el adquirente sea un residente
colombiano, agente de retención, deberá practicar la correspondiente retención
en la fuente según la naturaleza del pago. La retención en la fuente será
calculada con base en la participación total del valor comercial del activo
subyacente ubicado en Colombia dentro del valor total de enajenación.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las acciones o
derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores
reconocida por una autoridad gubernamental, que cuente con un mercado
secundario activo, y cuando las acciones no estén concentradas en un mismo
beneficiario real en más de un veinte por ciento (20%).
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la transferencia
indirecta de sociedades o activos ubicados en el territorio nacional, cuando el
valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del veinte por
ciento (20%) del valor en libros y menos del veinte por ciento (20%) del valor
comercial, de la totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior
enajenada.
En el caso de fusiones y escisiones entre
entidades extranjeras, que involucren una enajenación indirecta, se aplicarán
las disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de
una transferencia indirecta por parte del vendedor, la subordinada en
territorio colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intereses y
sanciones, sin perjuicio del derecho a la acción de repetición contra el
vendedor. El comprador será responsable solidario, cuando tenga conocimiento
que la operación constituye abuso en materia tributaria.
Parágrafo 4°. El término de tenencia que permite determinar si la transferencia
se encuentra gravada con el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional será
aquel que tenga el accionista, socio o partícipe en la entidad tenedora de los
activos subyacentes ubicados en territorio colombiano.
Parágrafo 5°. El vendedor que enajena indirectamente el
activo subyacente es quien debe cumplir con la obligación de presentar las
declaraciones tributarias en Colombia. La declaración del impuesto sobre la
renta debe ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de enajenación,
salvo que el vendedor sea residente fiscal en el país.
Texto original artículo 90-3. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 54. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Enajenaciones indirectas. La enajenación indirecta de
acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en el territorio nacional,
mediante la enajenación, a cualquier título, de acciones, participaciones o
derechos de entidades del exterior, se encuentra gravada en Colombia como si la
enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente. El costo
fiscal aplicable al activo subyacente, así como el tratamiento y condiciones tributarios
será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubiera enajenado
directamente en el país y el precio de venta debe corresponder a su valor
comercial de conformidad con el Estatuto Tributario.
Se entiende por transferencia indirecta, la enajenación de un
derecho de participación en un activo en su totalidad o en parte, ya sea que
dicha transferencia se realice entre partes relacionadas o independientes.
Cuando el primer punto de contacto en Colombia sea una sociedad
nacional, se entenderá que el activo subyacente son las acciones,
participaciones o derechos en dicha sociedad nacional.
Cuando el adquirente sea un residente colombiano, agente de
retención, deberá practicar la correspondiente retención en la fuente según la
naturaleza del pago. La retención en la fuente será calculada con base en la
participación total del valor comercial del activo subyacente ubicado en
Colombia dentro del valor total de enajenación.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las acciones o
derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores
reconocida por una autoridad gubernamental, que cuente con un mercado
secundario activo, y cuando las acciones no estén concentradas en un mismo
beneficiario real en más de un veinte por ciento (20%).
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la transferencia
indirecta de sociedades o activos ubicados en el territorio nacional, cuando el
valor de los activos ubicados en Colombia represente menos del veinte por
ciento (20%) del valor en libros y menos del veinte por ciento (20%) del valor
comercial, de la totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior
enajenada.
Parágrafo 3°. En caso de incumplimiento de las
obligaciones tributarias derivadas de una transferencia indirecta por parte del
vendedor, la subordinada en territorio colombiano responderá solidariamente por
los impuestos, intereses y sanciones, sin perjuicio del derecho a la acción de
repetición contra el vendedor. El comprador será responsable solidario, cuando
tenga conocimiento que la operación constituye abuso en materia tributaria.
Parágrafo 4°. El término de tenencia que permite
determinar si la transferencia se encuentra gravada con el impuesto sobre la
renta o ganancia ocasional será aquel que tenga el accionista, socio o
partícipe en la entidad tenedora de los activos subyacentes ubicados en
territorio colombiano.
Parágrafo 5°. El
vendedor que enajena indirectamente el activo subyacente es quien debe cumplir
con la obligación de presentar las declaraciones tributarias en Colombia. La
declaración del impuesto sobre la renta debe ser presentada dentro del mes
siguiente a la fecha de enajenación, salvo que el vendedor sea residente fiscal
en el país.”.
CAPITULO IV
RENTAS BRUTAS ESPECIALES
RENTA DE LOS SOCIOS,
ACCIONISTAS O ASOCIADOS.
Artículo 91.
Inciso
declarado
exequible por la Sentencia C-222 de 1995.
LA RENTA BRUTA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS ES LA PARTE GRAVABLE DE LOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES PERCIBIDOS. La parte gravable de los dividendos, participaciones
o utilidades, abonados en cuenta en calidad de exigibles, conforme a lo
previsto en los artículos 48 y 49, constituye renta bruta de los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas
naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al
momento de su muerte eran residentes en el país o sociedades nacionales.
Los
dividendos, participaciones y utilidades recibidos por socios, accionistas,
comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales no
residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su
muerte no eran residentes en el país o sociedades extranjeras, constituyen
renta bruta en su totalidad.
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Artículo
92. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 57. Activos
biológicos. Los activos biológicos, plantas o animales, se dividen
en:
1.
Productores porque cumplen con las siguientes características:
a)
Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios;
b)
Se espera que produzca durante más de un periodo;
c) Existe una probabilidad remota de que sea
vendida como producto agropecuario
excepto por ventas incidentales de raleos y podas.
2.
Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de
producción sea inferior a un año y su vocación es ser:
a)
Enajenados en el giro ordinario de los negocios, o
b)
Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de
transformación posterior.
Artículo
93. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 57. Tratamiento
de los activos biológicos productores. Para efectos del impuesto
sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad observarán las siguientes reglas:
1. Los
activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo
susceptibles de depreciación.
2. El
costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser
depreciado será:
a) Para las plantas productoras: el valor de
adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta
esté en disposición de dar frutos por primera vez;
b) Para
los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los
costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir.
3. La
depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el
término de la vida útil del activo determinada de conformidad con un estudio
técnico elaborado por un experto en la materia.
4. Todas
las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no
tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico.
Parágrafo
1°. Los
costos y gastos devengados que hayan sido tratados como costo o deducción en
periodos fiscales anteriores, no podrán ser objeto de capitalización.
Parágrafo
2°. En la
determinación de los costos devengados previstos en el numeral 2 de este
artículo, se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en este estatuto para
su procedencia.
Artículo
94. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 57.
Tratamiento de los activos biológicos consumibles. Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad tratarán los activos biológicos consumibles
como inventarios de conformidad con las reglas previstas en este estatuto para
los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal.
Parágrafo. Todas las mediciones a valor razonable de los activos
biológicos consumibles no tendrán efectos en la determinación del impuesto
sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del
activo biológico.
Artículo
95. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 57. Renta bruta especial en la enajenación de
activos biológicos. La renta bruta especial en la enajenación de activos
biológicos será la siguiente:
1. Para
los obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el
ingreso realizado y los costos determinados de acuerdo con los artículos
anteriores.
2. Para
los no obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el
ingreso realizado y el costo de los activos biológicos. Para este efecto, el
costo de los activos biológicos corresponde a los costos realizados por
concepto de adquisición más costos de transformación, costos de siembra, los de
cultivo, recolección, faena, entre otros asociados a la actividad económica y
los efectuados para poner los productos en el lugar de su expendio, utilización
o beneficio, debidamente soportados.
Parágrafo
1°. Respecto
de los sujetos del numeral 1 de este artículo, independientemente del momento
de ocurrencia, son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción,
daños, muerte y otros eventos que afecten económicamente a los activos
biológicos de los contribuyentes usados en la actividad generadora de la
respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la
parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la parte que no
hubiere sido asumida por un tercero. Para fines fiscales, las pérdidas serán
valoradas teniendo en cuenta, únicamente, su precio de adquisición, y los
costos directamente atribuibles a la transformación biológica del activo. El
contribuyente conservará los respectivos documentos comprobatorios.
Parágrafo
2°. En ningún
caso los no obligados a llevar contabilidad de que trata el numeral 2 del
presente artículo podrán generar pérdidas fiscales.
RENTAS PECUARIAS.
Texto anterior art 92. DEFINICIÓN DE NEGOCIO DE GANADERÍA. Para efectos fiscales, se
entiende por negocio de ganadería, la actividad económica que tiene por objeto
la cría, el levante o desarrollo, la ceba de ganado bovino, caprino, ovino,
porcino y de las especies menores; también lo es la explotación de ganado para
la leche y lana.
Constituye
igualmente negocio de ganadería la explotación de ganado en compañía o en participación,
tanto para quien entrega el ganado como para quien lo recibe.
Texto anterior art 93. RENTA BRUTA EN NEGOCIO DE GANADERÍA. En el negocio de ganadería la
renta bruta proveniente de la enajenación de semovientes está constituida por
la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de los semovientes
enajenados.
Texto anterior art 94. COSTO DEL GANADO VENDIDO. El costo del ganado vendido está
conformado por el de adquisición si el ganado enajenado se adquirió durante el
año gravable o por el valor que figure en el inventario a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior, si el ganado enajenado se adquirió en año
diferente al de la venta. En este último caso el costo no puede ser inferior al
del precio comercial del ganado en 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, que en el caso de ganado bovino se determina conforme a lo dispuesto
en el artículo 276.
Parágrafo. En la explotación de ganado en compañía o en participación, tanto
quien reciba como quien entregue el ganado valoriza la parte que le corresponda
en el ganado.
VENTAS A PLAZOS.
Texto anterior art 95. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN VENTAS A PLAZOS. Los
contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación y tengan
negocios donde prime un sistema organizado, regular y permanente de ventas a
plazos, cuya cuota inicial no exceda del porcentaje fijado por la Junta
Monetaria sobre el precio total estipulado para cada venta, pueden determinar,
en cada año o período gravable, su renta bruta conforme al siguiente sistema:
1.
De la suma de los ingresos efectivamente recibidos en el año o período gravable
por cada contrato, se sustrae a título de costo una cantidad que guarde con
tales ingresos la misma proporción que exista entre el costo total y el precio
del respectivo contrato.
2.
La parte del precio de cada contrato que corresponde a utilidades brutas por
recibir en años o períodos posteriores al gravable, debe quedar contabilizada
en una cuenta especial como producto diferido por concepto de pagos pendientes
de ventas a plazos.
3.
El valor de las mercancías recuperadas por incumplimiento del comprador, debe
llevarse a la contabilidad por el costo inicial, menos la parte de los pagos
recibidos que corresponda a recuperación del costo. Cuando, en caso de
incumplimiento del comprador, no sea posible recuperación alguna, es deducible
de la renta bruta el costo no recuperado.
Actividades de seguros y
capitalización.
Artículo 96.
RENTA BRUTA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA. La renta bruta de las compañías de
seguros de vida se determina de la manera siguiente: Al total de los ingresos
netos obtenidos durante el año o período gravable, se suma el importe que al
final del año o período gravable anterior haya tenido la reserva matemática, y
del resultado de esa suma se restan las partidas correspondientes a los
siguientes conceptos:
1.
El importe pagado o abonado en cuenta, por concepto de siniestros, de pólizas
dotales vencidas y de rentas vitalicias, ya sean fijas o indefinidas.
2.
El importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no
reasegurada, debidamente certificado por el revisor fiscal.
3.
Lo pagado por beneficios especiales sobre pólizas vencidas.
4.
Lo pagado por rescates.
5.
El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
6.
El importe que al final del año o período gravable tenga la reserva matemática.
Parágrafo.
Las disposiciones de este artículo se aplican en lo pertinente a las compañías
de capitalización.
Parágrafo 2°. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 58. Para efectos de la
determinación de la renta líquida gravable, cuando las compañías aseguradoras y
reaseguradoras generen ingresos determinados como rentas exentas, deberán
calcular separadamente dichas rentas exentas y las rentas gravables, teniendo
en cuenta lo previsto en los artículos 26, 96 y demás disposiciones
concordantes del Estatuto Tributario, así como los artículos 135 de la Ley 100
de 1993 y 4 del Decreto 841 de 1998.
Artículo 97.
RENTA BRUTA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES. La renta bruta de las compañías
de seguros generales se determina de la manera siguiente:
Al
total de los ingresos netos obtenidos durante el año o período gravable, se
suma el importe que al final del año o período gravable haya tenido la reserva
técnica, y del resultado de esa suma se restan las partidas correspondientes a
los siguientes conceptos:
1.
El importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta.
2.
El importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no
reasegurada, debidamente certificado por el Revisor Fiscal.
3.
El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
4.
El importe de los gastos por salvamentos o ajustes de siniestros.
5.
El importe que al final del año o período gravable tenga la reserva técnica.
Artículo 98.
RESERVA MATEMÁTICA Y RESERVA TÉCNICA. Por reserva matemática se entiende la
fijada por las compañías de seguros de vida y por las de capitalización, y no
puede exceder los límites establecidos, en cada caso, por la Superintendencia
Bancaria.
Por
reserva técnica se entiende la fijada por las compañías de seguros generales y
no puede exceder del porcentaje de las primas netas recibidas en el año o
período gravable menos el valor de los reaseguros cedidos, ni de los límites
fijados por la ley.
Parágrafo.
Las compañías de seguros o de capitalización deben conservar copia auténtica de
la tabla numérica prescrita por la Superintendencia Bancaria que sirvió para
computar la reserva matemática o técnica del respectivo año o período gravable.
Artículo 99.
INGRESOS NETOS Y PRIMAS NETAS. Por ingresos netos se entiende el valor de los
ingresos de toda procedencia realizados en el año o período gravable, menos las
devoluciones, cancelaciones y rebajas hechas durante el mismo.
Por
primas netas se entiende el valor de las primas brutas menos sus
correspondientes devoluciones y cancelaciones.
RENTA VITALICIA Y FIDUCIA
MERCANTIL.
Artículo 100.
DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN CONTRATOS DE RENTA VITALICIA. En los
contratos de renta vitalicia, la renta bruta de los contratantes se determina
así:
1.
El precio o capital que se pague por la renta vitalicia constituye renta bruta
para quien lo reciba.
2.
La pensión periódica constituye renta bruta para el beneficiario, y se estima
en un porcentaje anual del precio o capital pagado, equivalente a la tasa de
interés sobre depósitos bancarios a término.
Si
la pensión periódica excediere del porcentaje anterior, cuando la suma de los
excedentes de cada año iguale al precio o capital pagado para obtener la
pensión periódica, se considera como renta bruta la totalidad de lo pagado por
pensiones de allí en adelante.
3.
Las indemnizaciones por incumplimiento, originadas en la resolución del contrato
de renta vitalicia, son renta bruta. Su valor se establece restando de la suma
recibida con ocasión de la resolución del contrato el precio o capital pagado,
disminuido en la parte de las pensiones periódicas que no haya constituido
renta bruta para el beneficiario.
Parágrafo 1º
En todo contrato de renta vitalicia el valor de los bienes que se entreguen
como precio o capital, indemnización o restitución, es el que figure en la
declaración de renta y patrimonio del año inmediatamente anterior, o en su defecto,
el de costo.
Parágrafo 2º
Las disposiciones contenidas en este artículo, no se aplican a los contratos de
renta vitalicia que se celebren con las compañías de seguros.
Artículo 101.
LAS SUMAS PAGADAS COMO RENTA VITALICIA SON DEDUCIBLES. Son deducibles las sumas
periódicas pagadas en el año o período gravable a título de renta vitalicia,
hasta el total del reembolso del precio o capital. De allí en adelante sólo es
deducible el valor de las sumas periódicas que no excedan del límite señalado
en el artículo anterior.
Artículo 102.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 81. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. Para la determinación del impuesto
sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se observarán las
siguientes reglas:
1. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 127. Los derechos fiduciarios tendrán el costo fiscal y las
condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al patrimonio
autónomo. Al cierre de cada periodo gravable los derechos fiduciarios tendrán
el tratamiento patrimonial que le corresponda a los bienes de que sea titular
el patrimonio autónomo.
Para
los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos
originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que
se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un incremento en
el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos
contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá
efectuarse una liquidación de los resultados obtenidos en el respectivo periodo
por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las normas que señala el
Capítulo I del Título I de este Libro para los contribuyentes que llevan
contabilidad por el sistema de causación.
Texto anterior num. 1º. Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los
ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el
momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un
incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de
derechos sobre dichos contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio
gravable deberá efectuarse una liquidación de las utilidades obtenidas en el
respectivo período por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las
normas que señala el Capítulo I del Título I de este Libro para los
contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación.
2. Modificado por
la Ley 1819 de 2016, art 59. El
principio de transparencia en los contratos de fiducia mercantil opera de la
siguiente manera:
En los contratos de fiducia mercantil
los beneficiarios, deberán incluir en sus declaraciones del impuesto sobre la
renta y complementarios, los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al
patrimonio autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a
favor o en contra del patrimonio autónomo con las mismas condiciones
tributarias, tales como fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto, que
tendrían si las actividades que las originaron fueren desarrolladas
directamente por el beneficiario.
Cuando los beneficiarios o
fideicomitentes sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad se
observará la regla de realización prevista en el artículo 27 del Estatuto Tributario.
Texto anterior num. 2º modificado por la Ley 1607 de
2012, art 127. Las utilidades o pérdidas obtenidas en los fideicomisos
deberán ser incluidas en las declaraciones de renta de los beneficiarios, en el
mismo año gravable en que se causan a favor o en contra del patrimonio autónomo,
conservando el carácter de gravables o no gravables, deducibles o no
deducibles, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si
fueren percibidas directamente por el beneficiario.
Texto original num. 2º. Las utilidades obtenidas en
los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta de los
beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan a favor del patrimonio
autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables, y el mismo
concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren percibidas
directamente por el beneficiario.
3.
Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas,
resolutorias, o a sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no
permitan identificar a los beneficiarios de las rentas en el respectivo
ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa
de las sociedades colombianas. En este caso, el patrimonio autónomo se asimila
a una sociedad anónima para los fines del impuesto sobre la renta y
complementarios. En los fideicomisos de garantía se entenderá que el
beneficiario es siempre el constituyente.
4.
Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del
constituyente, siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o
los derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades diferentes
del constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se
causa en cabeza del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. Para
estos fines se aplicarán las normas generales sobre la determinación de la
renta o la ganancia ocasional, así como las relativas a las donaciones y las
previstas en los artículos 90 y 90-1 de este Estatuto.
5. Reglamentado
por el Decreto 589 de 2016.
Inciso
modificado por la Ley
1607 de 2012, art 127. Las sociedades fiduciarias deben cumplir con
los deberes formales de los patrimonios autónomos que administren. Para tal
fin, se le asignará a las sociedades fiduciarias, aparte del NIT propio, un NIT
que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administren. El
Gobierno Nacional determinará adicionalmente en qué casos los patrimonios autónomos
administrados deberán contar con un NIT individual, que se les asignará en
consecuencia.
Texto anterior inc. 1º. Modificado por la Ley 488 de 1998, art
82. Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su
responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir las obligaciones
formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los
retenedores y los responsables, según sea el caso. Para tal efecto, se le
asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, que identifique en
forma global a todos los fideicomisos que administre.
Inciso modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 127. Las sociedades fiduciarias presentarán una sola
declaración por los patrimonios autónomos que administren y que no cuenten con
un NIT individual. En estos casos la sociedad fiduciaria tendrá una
desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio
autónomo a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
cuando esta lo solicite. Cuando se decida que uno o varios patrimonios
autónomos tengan un NIT independiente del global, la sociedad fiduciaria
deberá presentar una declaración independiente por cada patrimonio autónomo con
NIT independiente y suministrar la información que sobre los mismos le sea
solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Texto anterior inc. 2º. Las sociedades fiduciarias
presentarán una sola declaración por todos los patrimonios autónomos. La
sociedad fiduciaria tendrá una desagregación de los factores de la declaración
atribuible a cada patrimonio autónomo a disposición de la DIAN para cuando esta
lo solicite.
Los
fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del incumplimiento de
las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de la
sanción por corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de
cualquier otra sanción relacionada con dichas declaraciones.
Con
cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago
de los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen
como resultado de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes
intereses moratorios y actualización por inflación, cuando sean procedentes.
Cuando
los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán
solidariamente por tales impuestos retenciones y sanciones.
6. Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 81. Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido
distribuidas ni abonadas en las cuentas de los correspondientes beneficiarios,
deberán ser determinadas por el sistema de causación e incluidas en sus
declaraciones de renta. Cuando se den las situaciones contempladas en el
numeral 3 de este artículo se procederá de acuerdo con lo allí previsto.
8.
Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art 127. Cuando la ley consagre un beneficio tributario
por inversiones, donaciones, adquisiciones, compras, ventas o cualquier otro
concepto, la operación que da lugar al beneficio podrá realizarse directamente
o a través de un patrimonio autónomo, o de un fondo de inversión de capital,
caso en el cual el beneficiario, fideicomitente o adherente tendrá derecho a
disfrutar del beneficio correspondiente.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 81. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23-1 de este Estatuto, el
fiduciario deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o
abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los
beneficiarios de los mismos, a las tarifas que correspondan a la naturaleza de
los correspondientes ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Parágrafo 2°.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 82. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en este artículo,
en la acción de cobro, la administración tributaria podrá perseguir los bienes
del fideicomiso.
Parágrafo 3°. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 59. Para efectos de lo dispuesto
en este artículo, el fiduciario deberá proporcionar a los fideicomitentes y/o beneficiarios
la información financiera relacionada con el patrimonio autónomo. La
certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus
veces, y la información financiera, que hará parte integral de dichos
certificados, por el contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, de
acuerdo con los mecanismos establecidos en las disposiciones vigentes que rigen
en materia de firmas.
Artículo 102-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 82. TITULARIZACIÓN. En los casos de titularización, el originador está
sujeto al impuesto de renta y complementarios sobre todos los valores causados
o reconocidos a su favor, en el respectivo ejercicio, en exceso del costo
fiscal de los bienes, títulos o derechos de su propiedad utilizados en el
proceso de titularización.
Los
tenedores de los títulos están sujetos al impuesto de renta y complementarios
sobre las rentas generadas por los mismos y sobre las ganancias obtenidas en su
enajenación. Las rentas derivadas de los títulos de contenido crediticio
reciben el tratamiento de rendimientos financieros; las derivadas de títulos de
participación tendrán el tratamiento que corresponda a su naturaleza. En los
títulos mixtos, el tratamiento tributario será el que corresponda a las rentas
obtenidas por cada uno de los respectivos conceptos.
Cuando
se adquieran bienes o derechos a través del proceso de titularización, su costo
fiscal será la suma del costo fiscal de los respectivos títulos.
Artículo 102-2.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 19. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR.
Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de
propiedad de terceros, diferentes de los de propiedad de la empresa
transportadora, para propósitos de los impuestos nacionales y territoriales,
las empresas deberán registrar el ingreso así: Para el propietario del vehículo
la parte que le corresponda en la negociación; para la empresa transportadora
el valor que le corresponda una vez descontado el ingreso del propietario del
vehículo.
Artículo 102-3.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 53. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado,
para efectos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán
registrar el ingreso así: para los trabajadores asociados cooperados la parte
correspondiente a la compensación ordinaria y extraordinaria de conformidad con
el reglamento de compensaciones y para la cooperativa el valor que corresponda
una vez descontado el ingreso de las compensaciones entregado a los
trabajadores asociados cooperados, lo cual forma parte de su base gravable.
Artículo 102-4. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art 157. Ingresos brutos
derivados de la compra venta de medios de pago en la prestación de servicios de
telefonía móvil. Para
efectos del impuesto sobre la renta y territoriales, en la actividad de
compraventa de medios de pago de los servicios de servicios de telecomunicaciones,
bajo la modalidad de prepago con cualquier tecnología, el ingreso bruto del
vendedor estará constituido por la diferencia entre el precio de venta de los
medios y su costo de adquisición.
Parágrafo 1°. Para propósitos de la aplicación de la retención en la fuente
a que haya lugar, el agente retenedor la practicará con base en la información
que le emita el vendedor.
RENTAS DE TRABAJO.
Artículo 103.
Modificado
Ley
633 de 2000, artículo 21. RENTAS DE TRABAJO. Se
consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales
por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos
de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones
recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones
por servicios personales.
Parágrafo 1º.
Para que sean consideradas como rentas de trabajo las compensaciones recibidas
por el trabajo asociado cooperativo, la precooperativa o cooperativa de trabajo
asociado, deberá tener registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores asociados de
aquellas deberán estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y
pensiones aceptados por la ley, o tener el carácter de pensionados o con
asignación de retiro de acuerdo con los regímenes especiales establecidos por
la ley. Igualmente, deberán estar vinculados al sistema general de riesgos
profesionales.
Parágrafo 2º.
Las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo están gravadas
con el impuesto a la renta y complementarios en los mismos términos,
condiciones y excepciones establecidos en el Estatuto Tributario para las
rentas exentas de trabajo provenientes de la relación laboral asalariada.
CAPITULO V
DEDUCCIONES
ASPECTOS GENERALES.
Artículo
104. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 60. Realización
de las deducciones para los no obligados a llevar contabilidad. Para
los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se entienden realizados
las deducciones legalmente aceptables cuando se paguen efectivamente en dinero
o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga
legalmente a un pago.
Por
consiguiente, las deducciones incurridas por anticipado solo se deducen en el
año o período gravable en que se preste el servicio o se venda el bien.
Texto anterior art 104. REALIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES. Se entienden realizadas las
deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen efectivamente en dinero o
en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que
equivalga legalmente a un pago.
Por
consiguiente, las deducciones incurridas por anticipado sólo se deducen en el
año o período gravable en que se causen.
Se
exceptúan de la norma anterior las deducciones incurridas por contribuyentes
que lleven contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden
realizadas en el año o período en que se causen, aun cuando no se hayan pagado
todavía.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro,
adicionalmente deberán sujetarse a las normas allí previstas.
Artículo
105. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 61. Realización
de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. Para
los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones
realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o
período gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto.
1. Los
siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su
reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto:
a)
En las transacciones que generen intereses implícitos de conformidad con los
marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, solo se considerará como deducción el valor nominal de la
transacción o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses
implícitos. En consecuencia, cuando se devengue la deducción por intereses
implícitos, el mismo no será deducible;
b) Las
pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en
resultados, tales como propiedades de inversión, serán deducibles al momento de
su enajenación o liquidación, lo que suceda primero;
c) Los
gastos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos,
incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los
pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en
cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la
obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos,
salvo las expresamente aceptadas por este estatuto, en especial lo previsto en
el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y
113;
d) Los
gastos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones no
serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el
momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y
fecha cierto y no exista limitación alguna;
e) El deterioro de los activos, salvo en el caso de
los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios
al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo
previsto en este estatuto; en especial lo establecido en los artículos 145 y
146;
f)
Las deducciones que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables
deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del
impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de
acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de
resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento
del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la
enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello
haya lugar.
2. Los
gastos que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto para su
deducción en el impuesto sobre la renta y complementarios, generarán
diferencias permanentes. Dichos gastos comprenden, entre otros:
a) Las
deducciones devengadas por concepto de la aplicación del método de participación
patrimonial, incluyendo las pérdidas, de conformidad con los marcos técnicos
normativos contables;
b) El
impuesto sobre la renta y complementarios y los impuestos no comprendidos en el
artículo 115 de este estatuto;
c) Las
multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios de carácter sancionatorio
y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o
arbitrales diferentes a las laborales con sujeción a lo prevista en el numeral
3 del artículo 107-1 de este estatuto;
d) Las
distribuciones de dividendos;
e) Los
impuestos asumidos de terceros.
Texto anterior art 105. CAUSACIÓN DE LA DEDUCCIÓN. Se entiende causada una deducción cuando
nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago.
Artículo 106.
VALOR DE LOS GASTOS EN ESPECIE. El valor de los pagos o abonos en especie, que
sean constitutivos de expensas necesarias o inversiones amortizables, se
determina por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega.
Si
en pago de obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de
éstas se determina, salvo prueba en contrario, por el precio fijado en el
contrato.
DEDUCCIONES GENERALES.
Artículo 107.
LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las expensas realizadas
durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las
actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de
acuerdo con cada actividad.
La
necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio
comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y
las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.
Inciso adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 62. En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de conductas
típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La
administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes, desconocer cualquier deducción que incumpla con esta
prohibición. La administración tributaria compulsará copias de dicha
determinación a las autoridades que deban conocer de la comisión de la conducta
típica. En el evento que las autoridades competentes determinen que la conducta
que llevó a la administración tributaria a desconocer la deducción no es
punible, los contribuyentes respecto de los cuales se ha desconocido la
deducción podrán imputarlo en el año o periodo gravable en que se determine que
la conducta no es punible, mediante la providencia correspondiente.
Texto anterior Inciso adicionado por la Ley 1607 de
2012, art 158. En ningún caso
serán deducibles las expensas provenientes de conductas típicas consagradas en
la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración tributaria
podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer cualquier
deducción que incumpla con esta prohibición. La administración tributaria
compulsará copias de dicha determinación a las autoridades que deban conocer de
la comisión de la conducta típica. En el evento que las autoridades competentes
determinen que la conducta que llevó a la administración tributaria a
desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes respecto de los
cuales se ha desconocido la deducción podrán solicitar la correspondiente
devolución o solicitar una compensación, de conformidad con las reglas
contenidas en este Estatuto y según los términos establecidos, los cuales
correrán a partir de la ejecutoria de la providencia o acto mediante el cual se
determine que la conducta no es punible.
Artículo
107-1. Adicionado por
la Ley 1819 de 2016, art 63. Limitación de deducciones. Las siguientes
deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren
debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio, y con las
siguientes limitaciones:
1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales
como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo a
deducir por la totalidad de estos conceptos es el 1% de ingresos fiscales netos
y efectivamente realizados.
2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando
provengan de litigios laborales, serán deducibles en el momento del pago
siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
para la deducción de salarios.
Artículo 107-2. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 87. Deducciones por contribuciones a educación de los
empleados. Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre
y cuando se encuentren debidamente soportadas:
a) Los pagos destinados a
programas de becas de estudios totales o parciales y de créditos condonables
para educación, establecidos por las personas jurídicas en beneficio de sus
empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador;
b) Los pagos a inversiones
dirigidos a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral
y/o de educación inicial, para niños y niñas menores de siete años,
establecidos por las empresas exclusivamente para los hijos de sus empleados;
c) Los aportes que realicen
las empresas para instituciones de educación básica-primaria y secundaria -y
media reconocidas por el Ministerio de Educación, y las de educación técnica,
tecnológica y de educación superior que cumplan con los requisitos establecidos
por el Ministerio de Educación, y que se justifican por beneficiar a las
comunidades y zonas de influencia donde se realiza la actividad productiva o
comercial de la persona jurídica.
Parágrafo. Para todos los
efectos, los pagos definidos en este artículo no se considerarán pagos
indirectos hechos al trabajador.
Lo anterior será reglamentado
por el Gobierno nacional.
Texto original artículo 107-2. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 77. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Deducciones por contribuciones a educación de los empleados. Las
siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se
encuentren debidamente soportadas:
a) Los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o
parciales y de créditos condonables para educación, establecidos por las personas jurídicas en
beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo familiar del
trabajador;
b) Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de
atención, estimulación y desarrollo integral y/o de educación inicial, para
niños y niñas menores de siete años, establecidos por las empresas
exclusivamente para los hijos de sus empleados;
c) Los aportes que realicen las empresas para instituciones de
educación básica-primaria y secundaria -y media reconocidas por el Ministerio
de Educación, y las de educación técnica, tecnológica y de educación superior
que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, y
que se justifican por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde
se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica.
Parágrafo. Para todos los efectos, los pagos definidos en este
artículo no se considerarán pagos indirectos hechos al trabajador.
Lo anterior será reglamentado por el Gobierno nacional.”.
SALARIOS.
Artículo 108.
LOS APORTES PARAFISCALES SON REQUISITO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS. Para
aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio
familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al
Instituto de Seguros Sociales (ISS), y al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el
respectivo año o período gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las
entidades recaudadoras constituirán prueba de tales aportes. Los empleadores
deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los
aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.
(El aparte subrayado fue adicionado por la Ley 223 de 1995, art 83)
Adicionalmente,
para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos
remunerados, es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las cajas de
compensación familiar.
Parágrafo.
Para que sean deducibles los pagos efectuados por los empleadores, cuyas
actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la
minería, la avicultura o la apicultura, a que se refiere el artículo 69 de la Ley
21 de 1982, por concepto de salarios, subsidio
familiar, aportes para el SENA, calzado y overoles para los trabajadores, es
necesario que el contribuyente acredite haber consignado oportunamente los
aportes ordenados por la citada ley.
Parágrafo
2°.
Adicionado
por el Decreto 129 de 2010, art 3º, (el
decreto 129 fue declarado inexequible por la Sentencia C-291 de
2010).
Para efectos de
la deducción por salarios de que trata el presente artículo se entenderá que
tales aportes parafiscales deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en
las normas vigentes. Igualmente, para aceptar la deducción por pagos a
trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el
pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden
según la ley.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, podrá efectuar las
gestiones que sean necesarias para comprobar la correcta liquidación de los
aportes tanto de asalariados como de trabajadores independientes. En caso de
encontrar inconsistencias, reportará este hecho a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, para lo de su competencia.
Parágrafo 2°.
Adicionado
por la Ley 1393 de 2010,
artículo 27. Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente
artículo se entenderá que tales aportes parafiscales deben efectuarse de
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la
procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el
contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y
aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley,
de acuerdo con el reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. Lo
anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener
cuando esta proceda. Ver Sentencia C-369 de
2011
Parágrafo
3°. Adicionado por
la Ley 1607 de 2012, art 34. Las sociedades y personas jurídicas y
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que
trata este artículo por los salarios pagados cuyo monto no exceda de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 108-1.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-875 de 2005.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 127. DEDUCCIÓN POR PAGOS A
VIUDAS Y HUÉRFANOS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS MUERTOS EN COMBATE,
SECUESTRADOS O DESAPARECIDOS. Los contribuyentes que estén obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de
la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados
durante el año o período gravable, a las viudas del personal de la Fuerza
Pública o los hijos de los mismos mientras sostengan el hogar, fallecidos en
operaciones de mantenimiento o restablecimiento del orden público o por acción
directa del enemigo.
También
se aplica a los cónyuges de miembros de la Fuerza Pública desaparecidos o
secuestrados por el enemigo, mientras permanezcan en tal situación.
Igual
deducción se hará a los contribuyentes que vinculen laboralmente a exmiembros
de la Fuerza Pública, que en las mismas circunstancias a que se refiere el
inciso primero del presente artículo hayan sufrido disminución de su capacidad
sicofísica, conforme a las normas legales sobre la materia.
Parágrafo.
La deducción máxima por cada persona estará limitada a dos y medio salarios
mínimos legales anuales, incluidas las prestaciones sociales.
Artículo 108-2.
Adicionado
Ley
6 de 1992, artículo 128. PRUEBA DE REQUISITOS
PARA LA DEDUCCIÓN POR PAGOS A VIUDAS Y HUÉRFANOS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS
ARMADAS. Para que proceda la deducción por concepto de salarios y prestaciones
pagados a las personas señaladas en el artículo 108-1, se requiere
certificación del Ministerio de Defensa de que la persona por la cual se
solicita la deducción, cumpla los requisitos establecidos para ello. El
Ministerio de Defensa llevará un registro de todos aquellos beneficiados con
este programa.
Artículo
108-3.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
2°. CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS. Las cuotas de manejo de tarjetas no asociadas
a cuentas corrientes o de ahorro, emitidas por establecimientos bancarios, para
los empleados, pensionados o miembros de la fuerza pública con asignación de
retiro o pensión, que devenguen un salario mensual igual o inferior a dos punto
cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, correrán a cargo del
empleador, quien tendrá derecho a deducir de su renta el importe que haya
reconocido por los mismos.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 108-4. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 64. Tratamiento tributario de los
pagos basados en acciones. Los pagos basados en acciones o cuotas de
participación social son aquellos en virtud de los cuales el trabajador: (1)
adquiere el derecho de ejercer una opción para la adquisición de acciones o
cuotas de participación social en la sociedad que actúa como su empleadora o
una vinculada o (2) recibe como parte de su remuneración acciones o cuotas de
interés social de la sociedad que actúa como su empleadora o una vinculada.
Para efectos fiscales el tratamiento será el siguiente:
1.
Respecto de la sociedad:
a)
Respecto de la primera modalidad, no se reconocerá pasivo o gasto por este
concepto sino hasta el momento en que el trabajador ejerza la opción de compra;
b)
Respecto de la segunda modalidad, el gasto correspondiente se reconocerá al
momento de la realización;
c)
El valor a deducir en ambos casos, será:
i)
Tratándose de acciones o cuotas de interés social listadas en una bolsa de
valores de reconocido valor técnico, el valor correspondiente a las acciones el
día en que se ejerza la opción o se entreguen las acciones correspondientes.
ii)
Tratándose de acciones o cuotas de interés social no listadas en una bolsa de
valores de reconocido valor técnico, el valor será aquel determinado de
conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Estatuto Tributario;
d)
En ambos casos, la procedencia de la deducción requiere el pago de los aportes
de la seguridad social y su respectiva retención en la fuente por pagos
laborales.
2.
Respecto de los trabajadores:
a)
Respecto de la primera modalidad, el ingreso se reconocerá en el momento en que
se ejerza la opción y se calculará sobre la diferencia entre el valor a deducir
por parte de la sociedad empleadora de acuerdo con el literal c) del numeral 1
de este artículo y el valor pagado por ellas;
b)
Respecto de la segunda modalidad, el ingreso se reconocerá en el momento en que
se entreguen las respectivas acciones o cuotas de interés social, el trabajador
figure como accionista de la respectiva sociedad o se efectúe la
correspondiente anotación en cuenta, lo que suceda primero, y se calculará
sobre el valor comercial de conformidad con el literal c) del numeral 1 de este
artículo.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.5.1.3.1, numeral 4.
Ver Decreto 3048 de 2016, artículo 6º.
Artículo 108-5. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 88. Deducción del primer empleo. Los contribuyentes
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen
derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en
relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y
cuando se trate del primer empleo de la persona. La deducción máxima por cada
empleado no podrá exceder ciento quince (115) UVT mensuales y procederá en el
año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.
Para efectos de acceder a la
deducción de que trata este artículo, debe tratarse de nuevos empleos y el
empleado deberá ser contratado con posterioridad a la vigencia de la presente
Ley, ser menor de veintiocho (28) años y ser el primer empleo de la persona.
El Ministerio del Trabajo
expedirá al contribuyente una certificación en la que se acredite que se trata
del primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años, como requisito
para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo. El Ministerio del
Trabajo llevará un registro anualizado de todas las certificaciones de primer
empleo que expida, con la identificación del empleado y del contribuyente.
PRESTACIONES SOCIALES.
Artículo 109.
DEDUCCIÓN DE CESANTÍAS PAGADAS. Son deducibles las cesantías efectivamente
pagadas, siempre que no se trate de las consolidadas y deducidas en años o
períodos gravables anteriores.
Artículo 110.
DEDUCCIÓN DE CESANTÍAS CONSOLIDADAS. Los contribuyentes que lleven libros de
contabilidad por el sistema de causación, deducen las cesantías consolidadas
que dentro del año o período gravable se hayan causado y reconocido irrevocablemente
en favor de los trabajadores.
Artículo 111.
DEDUCCIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ. Los patronos pueden deducir
por concepto de pensiones de jubilación e invalidez de los trabajadores:
1.
Los pagos efectivamente realizados.
2.
Las cuotas o aportes pagados a las compañías de seguros debidamente aceptadas
por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo de contratos para el pago de
las pensiones de jubilación y de invalidez, tanto en relación con las pensiones
ya causadas como con las que se estén causando y con las que pueden causarse en
el futuro.
Artículo 112.
DEDUCCIÓN DE LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE FUTURAS PENSIONES. Las sociedades que
están sometidas o se sometan durante todo el año o período gravable a la
vigilancia del Estado, por intermedio de la Superintendencia respectiva, pueden
apropiar y deducir cuotas anuales para el pago de futuras pensiones de
jubilación o invalidez, en cuanto no estuvieren amparadas por seguros o por el
Instituto de Seguros Sociales y siempre que en su determinación se apliquen las
siguientes normas:
a)
Que el cálculo se establezca sobre la última tabla de mortalidad para rentistas
o de invalidez, aprobada por la Superintendencia Bancaria;
b)
Que se utilice el sistema de equivalencia actuarial para rentas fraccionarias
vencidas.
Artículo 113.
CÓMO SE DETERMINA LA CUOTA ANUAL DEDUCIBLE DE LA PROVISIÓN. La cuota anual
deducible por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, será la
que resulte del siguiente cálculo:
1.
Se determina el porcentaje que representa la deducción acumulada hasta el 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, con relación al monto del cálculo
actuarial efectuado para dicho año.
2.
El porcentaje así determinado se incrementa hasta en cuatro puntos y ese
resultado se aplica al monto del cálculo actuarial realizado para el respectivo
año o período gravable.
3.
La cantidad que resulte se disminuye en el monto de la deducción acumulada
hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
La
diferencia así obtenida constituye la cuota anual deducible por el respectivo
año o período gravable.
Parágrafo 1°
El porcentaje calculado conforme al numeral 2 de este artículo, no podrá
exceder del ciento por ciento (100%).
Parágrafo 2°
Cuando la cuota anual resulte negativa, constituirá renta líquida por
recuperación de deducciones.
Parágrafo 3°
El cálculo actuarial se regirá por las disposiciones del artículo anterior,
pero la tasa de interés técnico efectivo será la que señale el Gobierno, con
arreglo a las normas determinadas en la ley.
Ver Decretos 2783 de 2001, para procedimiento de cálculos actuariales a partir del año
gravable 2009.
APORTES.
Artículo 114.
DEDUCCIÓN DE APORTES. Los aportes efectuados por los patronos o empresas
públicas y privadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán
deducibles para los efectos del impuesto de renta y complementarios.
Los
pagos efectuados por concepto del subsidio familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, son igualmente deducibles.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 35. Las
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementarios, no estarán sujetas al cumplimiento
de los requisitos de que trata este artículo por los salarios pagados cuyo
monto no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 114-1. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 65. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de
los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA),
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios,
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales
empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los
empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de
dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que
trata este inciso.
Los consorcios, uniones
temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de
sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el
inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el
ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo
1°. Los empleadores
de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de
1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89
de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.
Parágrafo 2°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 135. Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que
trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser
admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán
obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan
los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7º de la Ley 21 de 1982, los artículos 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1º de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en
las normas aplicables.
Las entidades de que trata
el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración
de que trata este artículo.
Texto anterior del parágrafo 2. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 118. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que
trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser
admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán
obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan
los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7º de la Ley 21 de 1982, los artículos 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.
Inciso adicionado por la Ley 1955 de 2019, artículo 204. Lass entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto
Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo.”.
Texto original parágrafo 2 “Las entidades calificadas en el
Régimen Tributario Especial estarán obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de
la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7°
de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el
artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.”.
Parágrafo 3°. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista
en el inciso 1° del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que
trata este artículo.
Parágrafo 4°. Los contribuyentes que tengan
rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los parágrafos 1°,
2°, 3° y 4° del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1° del artículo
240-1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la
exoneración de aportes de que trata este artículo siempre que liquiden el
impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin
perjuicio de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 240-1.
Parágrafo
5°. Las
Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas a efectuar
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje.
IMPUESTOS DEDUCIBLES.
Artículo 115. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 86. Deducción
de impuestos pagados y otros. Es deducible el cien por ciento (100%) de
los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado
durante el año o período gravable por parte del contribuyente, que tengan
relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto
sobre la renta y complementarios.
En
el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta
por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes
durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación de
causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se
encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.
Las
deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán tratarse
simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.
El
contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta
el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y comercio, avisos y
tableros.
Para
la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que el impuesto
de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente pagado durante el
año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad económica.
Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
Parágrafo 1°. El
porcentaje del inciso 4 se incrementará al cien por ciento (100%) a partir del
año gravable 2022.
Parágrafo 2°. El
impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización no son deducibles en el
impuesto sobre la renta.
Parágrafo 3°.
Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles del impuesto de
renta.
Texto
anterior del artículo 115. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 76. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).
“Deducción de impuestos pagados y otros. Es
deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones,
que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por parte
del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.
En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible
el cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga
o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente,
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.
Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso
podrán tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.
El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto
sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros.
Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere
que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente
pagado durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su
actividad económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.
Parágrafo 1°. El porcentaje del inciso 4 se incrementará al
cien por ciento (100%) a partir del año gravable 2022.
Parágrafo 2°. El impuesto al patrimonio y el impuesto de
normalización no son deducibles en el impuesto sobre la renta.
Parágrafo 3°. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios
serán deducibles del impuesto de renta.”.
Ver Concepto 6465
de 2019, DIAN.
Texto
anterior artículo 115. Modificado por la Ley 1111 de
2006, artículo 4º. “DEDUCCIÓN
DE IMPUESTOS PAGADOS. Es deducible el cien por ciento (100%) de los
impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial, que
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable siempre y
cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del
contribuyente. La deducción de que trata el presente artículo en ningún caso
podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.
Inciso 2º modificado por la Ley 1430 de 2010, artículo 45. A
partir del año gravable 2013 será deducible el cincuenta por ciento (50%) del
gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado por los
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga
o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente,
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.”.
Texto anterior del iniciso
2º.: “Igualmente será deducible el veinticinco por ciento (25%) del
Gravamen a los Movimientos Financieros efectivamente pagado por los
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga
o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente,
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.”.
Texto anterior artículo: Adicionado
por la Ley 863 de 2003, artículo
61. “DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS. “Es deducible el
ochenta por ciento (80%) de los impuestos de industria y comercio y de predial,
que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable siempre y
cuando tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente. La deducción
de que trata el presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente
como costo y gasto de la respectiva empresa.".
Nota,
artículo 115: Ver Decreto 1625 de 2016,
artículo 1.5.1.3.1, numeral 4. Ver Decreto 3048
de 2016, artículo 6º. Ver Oficio
33113 de 2015, DIAN.
Texto anterior artículo: Modificado Ley 788 de
2002, artículo 114. Declarado inexequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-1152 de
2003. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS. Es
deducible el ochenta por ciento (80%) de los impuestos de industria y comercio
y de predial, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período
gravable siempre y cuando tengan relación de causalidad con la renta del
contribuyente. La deducción de que trata el presente artículo en ningún caso
podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. (Nota:
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-776 de 2003, en
relación con los cargos analizados en la misma.).
Texto anterior artículo: Modificado
por la Ley 633 de 2000, artículo
20. “DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS. Son
deducibles en su totalidad los impuestos de industria y comercio, predial, de
vehículos, de registro y anotación y de timbre, que efectivamente se hayan
pagado durante el año o periodo gravable, siempre y cuando tuvieren relación de
causalidad con la renta del contribuyente.
La deducción de que trata el presente artículo en ningún caso podrá
tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.”.
Texto anterior artículo: Adicionado
por el Decreto 251 de 1997, artículo
6º. “DEDUCCIÓN DE
IMPUESTOS PAGADOS. Son deducibles los impuestos predial y de industria y
comercio que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable,
siempre cuando tuvieren relación de causalidad con la renta del
contribuyente.”.
Texto anterior artículo: Derogado
por el Decreto 150 de 1997, artículo
23. (éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-131 de 1997.). “DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS.
Son deducibles los impuestos de industria y comercio, de vehículos, de registro
y anotación y de timbre, que efectivamente se hayan pagado durante el año o
período gravable; siempre y cuando tuvieren relación de causalidad con la renta
del contribuyente.
Con iguales condiciones, es
deducible el impuesto predial y sus adicionales para los contribuyentes no
sujetos al impuesto complementario de patrimonio.”.
Parágrafo transitorio. Derogado por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
11. “La contribución
especial creada en el artículo 248-1 podrá tratarse como deducción en la
determinación del impuesto sobre la renta correspondiente al año en que se
pague efectivamente en su totalidad.”.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): “DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS. Son deducibles los impuestos
de industria y comercio, de vehículos, de registro y anotación y de timbre, que
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable; siempre y
cuando tuvieren relación de causalidad con la renta del contribuyente.
Con iguales condiciones, es
deducible el impuesto predial y sus adicionales para los contribuyentes no
sujetos al impuesto complementario de patrimonio.”.
Artículo
115-1.
Derogado
por la Ley 633 de 2000 artículo
134. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
18. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGADO EN LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FIJOS. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como
deducción en el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la
adquisición o nacionalización de bienes de capital, de equipo de computación, y
para las empresas transportadoras, adicionalmente, de equipo de transporte, en
la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en que se haya
realizado su adquisición o nacionalización. En ningún caso, los vehículos
automotores ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este artículo.
En el caso de la adquisición
de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por medio del sistema
de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una
opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el
arrendatario tenga derecho a la deducción contemplada en el presente artículo.
En este evento, la deducción
sólo podrá ser solicitada por el usuario del respectivo bien,
independientemente de que el contrato se encuentre sometido al procedimiento
del numeral 1º o al procedimiento del numeral 2º de que trata el artículo 127-1
del Estatuto Tributario.
Para los efectos del
presente artículo se consideran bienes de capital aquellos activos de capital
que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser
depreciados.
Parágrafo 1º. El impuesto sobre las ventas
pagado en la adquisición de activos depreciables frente a los cuales no sea
procedente lo dispuesto en el presente artículo formará parte del costo del
activo.
Parágrafo 2º.
Los contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con el inciso
primero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995,
tuvieren a la fecha de vigencia de la presente ley, saldos pendientes para
solicitar como descuento tributario, correspondientes a impuestos sobre las
ventas pagados en la adquisición o nacionalización de activos fijos,
conservarán su derecho a solicitarlo en los periodos siguientes hasta agotarlo,
sin que en ningún caso exceda de cinco (5) períodos gravables. (Declarado exequible por la Sentencia C-926
de 2000, el aparte subrayado)
Artículo 115-1. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 66. Deducción para las
prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos. Para los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones
devengadas por concepto de prestaciones sociales, aportes parafiscales e
impuestos de que trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o periodo
gravable que se devenguen, siempre y cuando los aportes parafiscales e
impuestos se encuentren efectivamente pagados previamente a la presentación de
la declaración inicial del impuesto sobre la renta.
Artículo 115-2. Derogado
por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020).). Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 67. Deducción especial del impuesto sobre las
ventas. A partir del año
gravable 2017 los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo de
su base gravable del impuesto sobre la renta el valor pagado por concepto del
Impuesto sobre las Ventas por la adquisición o importación de bienes de capital
gravados a la tarifa general.
Esta deducción se solicitará en la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe o adquiera el bien
de capital.
Parágrafo 1°. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo
puede ser utilizado en forma concurrente con el establecido en el artículo
258-2 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2°. Los
beneficios aquí previstos serán aplicables cuando los bienes sean adquiridos a
través de la modalidad de leasing financiero y la opción de compra sea ejercida
al final del contrato. En caso contrario, el arrendatario estará obligado al
momento en que decida no ejercer la opción de compra a reconocer el descuento
tomado como mayor impuesto a pagar y la deducción tomada como renta líquida por
recuperación de deducciones.
Parágrafo 3°. Se
entiende como bienes de capital para efectos del presente inciso, aquellos
bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el giro ordinario del
negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios y que a diferencia
de las materias primas e insumos no se incorporan a los bienes finales
producidos ni se transforman en el proceso productivo, excepto por el desgaste
propio de su utilización. En esta medida, entre otros, se consideran bienes de
capital la maquinaria y equipo, los equipos de informática, de comunicaciones y
de transporte, cargue y descargue; adquiridos para la producción industrial y
agropecuaria y para la prestación de servicios, maquinaria y equipos usados
para explotación y operación de juegos de suerte y azar.
IMPUESTOS, REGALÍAS Y
CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS.
Artículo
116. Derogado por la Ley 2010 de
2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de
2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por el Decreto 150 de 1997, artículo 16. (éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-131 de 1997.). Las regalías que los organismos descentralizados deban pagar conforme
a disposiciones vigentes, a la Nación u otras entidades territoriales, serán
deducibles de la renta bruta del respectivo contribuyente, siempre y cuando
cumplan los requisitos que para su deducibilidad exigen las normas vigentes.
Ver Decreto 1625 de
2016, artículo 1.5.1.3.1, numeral 4. Ver Decreto 3048 de 2016, artículo
6º.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS,
REGALÍAS Y CONTRIBUCIONES PAGADOS POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Los
impuestos, regalías y contribuciones, que los organismos descentralizados deban
pagar conforme a disposiciones vigentes a la Nación u otras entidades
territoriales, serán deducibles de la renta bruta del respectivo contribuyente,
siempre y cuando cumplan los requisitos que para su deducibilidad exigen las
normas vigentes.”.
Parágrafo
1°. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo 57. Las
cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán deducibles del impuesto de
renta.
INTERESES
Artículo 117. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 68. Deducción de intereses. El
gasto por intereses devengado a favor de terceros será deducible en la parte
que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los
establecimientos bancarios, durante el respectivo año o período gravable, la
cual será certificada anualmente por la Superintendencia Financiera.
El
exceso a que se refiere el primer inciso de este artículo no podrá ser tratado
como costo, ni capitalizado cuando sea el caso.
Texto anterior art 117. Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo
3o. DEDUCCIÓN DE INTERESES. Los intereses que se causen a entidades sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los intereses que se causen a
otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte que no exceda
la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos
bancarios, durante el respectivo año o período gravable, la cual será
certificada anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general.
Artículo 118. Reglamentado por
el Decreto
703 de 2019.
Desarrollado por el Decreto 652 de 2013
y por el Decreto 563 de 2012.
EL COMPONENTE INFLACIONARIO NO ES DEDUCIBLE. No constituirá deducción, el
componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros,
incluidos los ajustes por diferencia en cambio, en la forma señalada en el artículo
81.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, art 78. A partir del año gravable de 1992 lo dispuesto en este artículo
no será aplicable a los contribuyentes sometidos a los ajustes previstos en el
Título V de este Libro, siempre y cuando se cumpla con los requisitos allí
establecidos.
Ver valores años gravable 2008 y 2009, en el Decreto 850 de 2009
La Ley
2010 de 2019, artículo 160,
declaró la
reviviscencia expresa de este artículo.
Artículo 118-1. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 63. Subcapitalización. Son deducibles, siempre y cuando
cumplan con los requisitos previstos en la ley, los intereses por deudas
durante el respectivo período gravable.
Sin perjuicio de los demás
requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la
deducción, cuando las deudas que generan intereses sean contraídas, directa o
indirectamente, a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo podrán
deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas en cuanto el monto
total promedio de las mismas, durante el correspondiente año gravable, no
exceda el resultado de multiplicar por dos (2) el patrimonio líquido del
contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente
anterior.
En virtud de lo dispuesto en
el inciso anterior, no será deducible la proporción de los intereses que exceda
el límite a que se refiere este artículo.
Parágrafo 1°. En los demás casos, para efectos de la deducción de los
intereses, el contribuyente deberá estar en capacidad de demostrar a la DIAN,
mediante certificación de la entidad residente o no residente que obre como
acreedora, que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento, que el
crédito o los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con
entidades vinculadas mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra
operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras.
Las entidades del exterior o que se encuentren en el país que cohonesten
cualquier operación que pretenda encubrir el acreedor real serán responsables
solidarias con el deudor de la operación de crédito en relación con los mayores
impuestos, sanciones e intereses a los que haya lugar con motivo del
desconocimiento de la operación, sin perjuicio de las sanciones penales a que
pueda haber lugar.
Parágrafo 2°. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo
de la proporción a la que se refiere el inciso segundo son las deudas que
generen intereses e incluyen aquellas que se hayan contraído con vinculados
económicos por conducto de intermediarios no vinculados del exterior o que se
encuentren en el país.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo y en los
parágrafos primero y segundo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que estén sometidos a inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni a los que realicen
actividades de factoring, en los términos del Decreto 2669 de 2012, y siempre y cuando las actividades de la compañía
de factoring no sean prestadas en más de un 50% a compañías con
vinculación económica, en los términos del artículo 260-1 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo y en los
parágrafos primero y segundo no se aplicará a las personas naturales o
jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que
desarrollen empresas en periodo improductivo. Para estos efectos, se tendrán en
cuenta las disposiciones consagradas en los artículos 1.2.1.19.6 al 1.2.1.19.14
del Decreto 1625 de 2016 o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.
Parágrafo 5°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de
financiación de proyectos de infraestructura de transporte, ni a la
financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de
propósito especial.
Texto anterior artículo 118-1. Reglamentado por el Decreto 1146 de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 55. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Subcapitalización. Son
deducibles, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley,
los intereses por deudas durante el respectivo período gravable.
Sin perjuicio de los demás
requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la
deducción, cuando las deudas que generan intereses sean contraídas, directa o
indirectamente, a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán
deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas en cuanto el monto
total promedio de las mismas, durante el correspondiente año gravable, no
exceda el resultado de multiplicar por dos (2) el patrimonio líquido del
contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente
anterior.
En virtud de lo dispuesto en
el inciso anterior, no será deducible la proporción de los intereses que exceda
el límite a que se refiere este artículo.
Parágrafo 1°. En los demás casos, para efectos de la deducción de los intereses,
el contribuyente deberá estar en capacidad de demostrar a la DIAN, mediante
certificación de la entidad residente o no residente que obre como acreedora,
que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento, que el crédito o los
créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades
vinculadas mediante un aval, back-to-back, o cualquier
otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como
acreedoras. Las entidades del exterior o que se encuentren en el país que
cohonesten cualquier operación que pretenda encubrir el acreedor real serán
responsables solidarias con el deudor de la operación de crédito en relación
con los mayores impuestos, sanciones e intereses a los que haya lugar con
motivo del desconocimiento de la operación, sin perjuicio de las sanciones
penales a que pueda haber lugar.
Parágrafo 2°. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de la
proporción a la que se refiere el inciso segundo son las deudas que generen
intereses e incluyen aquellas que se hayan contraído con vinculados económicos
por conducto de intermediarios no vinculados del exterior o que se encuentren
en el país.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo y en los
parágrafos primero y segundo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que estén sometidos a inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni a los que realicen
actividades de factoring, en los términos del Decreto 2669 de 2012, y siempre y cuando las actividades de la compañía de factoring no sean
prestadas en más de un 50% a compañías con vinculación económica, en los
términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo y en los
parágrafos primero y segundo no se aplicará a las personas naturales o
jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que
desarrollen empresas en periodo improductivo. Para estos efectos, se tendrán en
cuenta las disposiciones consagradas en los artículos 1.2.1.19.6 al 1.2.1.19.14
del Decreto 1625 de 2016 o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.
Parágrafo 5°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de
financiación de proyectos de infraestructura de transporte, ni a la
financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de
propósito especial.”.
Texto original
artículo 118-1. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, artículo
109. (éste declarado exequible por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-665 de 2014. Providencia confirmada en la
Sentencia C-622 de 2015.). “SUBCAPITALIZACIÓN. Sin perjuicio de los
demás requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia
de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir los intereses
generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el
correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3)
el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año
gravable inmediatamente anterior. (Inciso 1º declarado
exequible por el cargo por presunta infracción del principio
de certeza en materia tributaria, por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-622 de 2015.).
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible
la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a
que se refiere este artículo. (Inciso 2º declarado
exequible por el cargo por presunta infracción del principio
de certeza en materia tributaria, por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-622 de 2015.).
Parágrafo 1°. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del
cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas que
generen intereses. (Ver Sentencia C-622 de 2015.).
Parágrafo 2°. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de
propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda a los que se
refiere la Ley 1537 de 2012 sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de
deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no
exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del
contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente
anterior. (Parágrafo declarado exequible por
el cargo de presunta infracción de los principios de igualdad y equidad, por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-622 de 2015.).
Parágrafo 3°. Modificado por la Ley 1739 de 2014, artículo 62. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén
sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, ni a los que realicen actividades de factoring, en los términos del Decreto número 2669 de 2012.
Texto original parágafo 3º: “Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
estén sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.”.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de
financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de
propósito especial. (Nota: Parágrafo declarado
exequible por el cargo de presunta infracción de los
principios de igualdad y equidad, por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-622 de 2015.).
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 69. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a
intereses generados con ocasión de créditos otorgados por entidades sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o entidades del
exterior que estén sometidas a vigilancia de la autoridad encargada de la
supervisión del sistema financiero, siempre que el contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios, sea un operador de libranzas y esté sometido
a un régimen de regulación prudencial por parte de la Superintendencia de
Sociedades.
En ningún caso lo establecido en el presente parágrafo será
aplicable a créditos otorgados por los vinculados del exterior a que se refiere
el artículo 260-1 ni a créditos otorgados por entidades localizadas en
jurisdicción no cooperante.”.
Artículo reglamentado por el Decreto 3027 de 2013.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.60, 1.2.1.18.61 y 1.2.1.18.61. Ver Oficio 22264 de 2016. Ver Oficio 34420 de 2015. Ver Oficio 27299 de 2015. Ver Concepto 25661 de 2015, DIAN.
Artículo 119. Modificado
por la Ley
2010 de 2019, artículo 89. Deducción
de intereses sobre préstamos educativos del Icetex y para adquisición de
vivienda.
Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta,
también son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para
adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté
garantizado con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del
Estado, y se cumplen las demás condiciones señaladas en este artículo.
Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder
adquisitivo constante, la deducción por intereses y corrección monetaria estará
limitada para cada contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil
quinientos cincuenta y tres (4.553) unidades de poder adquisitivo constante
UPAC, del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del
valor equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante.* (Hoy
1.200 Uvt)
También estarán sujetos a las deducciones de que trata este artículo los
intereses que se paguen sobre préstamos educativos del Instituto Colombiano de
Créditos Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) dirigidos para
la educación superior del contribuyente. Dicha deducción no podrá exceder
anualmente del valor equivalente a 100 UVT.
Texto inicial del artículo 119. “DEDUCCIÓN DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA.
Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, también
son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de
vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con
hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se
cumplen las demás condiciones señaladas en este artículo.
Inciso segundo modificado por la Ley
488 de 1998,
artículo 36. Cuando el préstamo de
vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo constante, la
deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada para cada
contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos
cincuenta y tres (4.553) unidades de poder adquisitivo constante UPAC, del
respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor
equivalente de mil (1.000) unidades de poder adquisitivo constante.
Texto original
inciso segundo “Cuando el préstamo de vivienda se
haya adquirido en Unidades de poder Adquisitivo Constante, la deducción por
intereses y corrección monetaria, estará limitada para cada contribuyente al
valor equivalente a las primeras 4.553 Unidades de Poder Adquisitivo Constante,
UPAC, del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del
valor equivalente a 771 Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC.”.
Reglamentado por el Decreto 4585 de 2006, por el Decreto 4711 de 2005, por el Decreto 4348 de 2004, por el Decreto 3808 de 2003, por el Decreto 2798 de 2001, por el Decreto 710 de 2001 y por el Decreto 3261 de 2002.).
Reajustes: Ver Decreto 2972 de 2013. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable
1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre
valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable
1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre
valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable
1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794
de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344
de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de
2006 sobre valores año gravable
2007 y Decreto 850 de 2009 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
AJUSTES POR DIFERENCIA EN
CAMBIO.
Artículo
120. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 70. Limitaciones
a pagos de regalías por concepto de intangibles. No será
aceptada la deducción por concepto de pago de regalías a vinculados económicos
del exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de un
intangible formado en el territorio nacional.
No serán
deducibles los pagos por concepto de regalías realizadas durante el año o
periodo gravable, cuando dichas regalías estén asociadas a la adquisición de
productos terminados.
Texto anterior art 120. DEDUCCIÓN DE AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO. Los pagos hechos en
divisas extranjeras se estiman por el precio de adquisición de éstas en moneda
colombiana.
Cuando
existan deudas por concepto de deducciones que deban ser pagadas en moneda
extranjera, los saldos pendientes de pago en el último día del año o período
gravable se ajustan por pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar, al tipo
oficial de cambio.
En
la fecha en la cual se realice el pago de las deudas, el contribuyente debe
hacer el correspondiente ajuste por pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar
respectiva, por la diferencia entre el valor en pesos colombianos efectivamente
pagado y el valor de la deducción a que los pagos se refieren.
No
constituirá deducción el componente inflacionario de los ajustes por diferencia
en cambio, en la forma señalada en el artículo 81.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los
contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro,
deberán sujetarse adicionalmente a las normas allí previstas.
GASTOS EN EL EXTERIOR.
Artículo 121.
DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL EXTERIOR. Los contribuyentes podrán deducir los
gastos efectuados en el exterior, que tengan relación de causalidad con rentas
de fuente dentro del país, siempre y cuando se haya efectuado la retención en
la fuente si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia.
Derogado por la Ley 1819 de 2016,
art 376. Son deducibles sin que sea necesaria la
retención:
a) Derogado por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o
venta de mercancías, materias primas u otra clase de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la
operación en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; (Declaradas exequibles por la Sentencia C-153 de 2003, las
expresiones subrayadas)
b) Derogado por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados de la
importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos
bancarios, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de cada crédito o
sobregiro que señale el Banco de la República.
Artículo
122. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 71. Limitación
a las deducciones de los costos y gastos en el exterior. Los
costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de
fuente dentro del país, no pueden exceder del quince por ciento (15%) de la
renta líquida del contribuyente, computada antes de descontar tales costos o
deducciones, salvo cuando se trate de los siguientes pagos:
1.
Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente.
2. Los
contemplados en el artículo 25.
3. Los
pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes
corporales.
4.
Aquellos en que se incurra en cumplimiento de una obligación legal, tales como
los servicios de certificación aduanera.
5. Los
intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por
parte de organismos multilaterales de crédito, a cuyo acto constitutivo haya
adherido Colombia, siempre y cuando se encuentre vigente y en él se establezca
que el respectivo organismo multilateral está exento de impuesto sobre la
renta.
Artículo 122. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
84. LIMITACIÓN A LOS COSTOS Y DEDUCCIONES. Los costos o
deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente
dentro del país, no pueden exceder del quince por ciento (15%) de la renta
líquida del contribuyente, computada antes de descontar tales costos o
deducciones, salvo cuando se trate de los siguientes pagos:
a) Aquellos respecto de los
cuales sea obligatoria la retención en la fuente;
b) Los referidos en los
literales a) y b) del artículo anterior;
c) Los contemplados en el artículo
25;
d) Los pagos o abonos en
cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales;
e) Los costos y gastos
que se capitalizan para su amortización posterior de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban activarse de acuerdo con
tales normas;
f) Aquellos en que se incurra
en cumplimiento de una obligación legal, tales como los servicios de
certificación aduanera. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-409 de 1996, las expresiones subrayadas)
g) Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art
Los intereses sobre créditos otorgados a
contribuyentes residentes en el país por parte de organismos multilaterales de
crédito, a cuyo acto constitutivo haya adherido Colombia, siempre y cuando se
encuentre vigente y en él se establezca que el respectivo organismo
multilateral está exento de impuesto sobre la renta.
Artículo 123.
REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Si el beneficiario de la renta fuere una
persona natural extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el
país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la
cantidad pagada o abonada en cuenta sólo es deducible si se acredita la
consignación del impuesto retenido en la fuente a título de los de renta y
remesas, según el caso, y cumplan las regulaciones previstas en el régimen
cambiario vigente en Colombia.
Inciso adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 72. Proceden como deducción los
gastos devengados por concepto de contratos de importación de tecnología,
patentes y marcas, en la medida en que se haya solicitado ante el organismo
oficial competente el registro del contrato correspondiente, dentro de los seis
meses siguientes a la suscripción del contrato. En caso que se modifique el
contrato, la solicitud de registro se debe efectuar dentro de los tres meses
siguientes al de su modificación.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 124.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 85. LOS PAGOS A LA CASA MATRIZ SON DEDUCIBLES. Las filiales o
sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras
tienen derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las
cantidades pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices
u oficinas del exterior, por concepto de gastos de administración o dirección y
por concepto de regalías y explotación o adquisición de cualquier clase de
intangibles, siempre que sobre los mismos practiquen las retenciones en la
fuente del impuesto sobre la renta y el complementario de remesas. Los
pagos a favor de dichas matrices u oficinas del exterior por otros conceptos
diferentes, están sujetos a lo previsto en los artículos 121 y 122 de este
Estatuto. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-596 de 1996, las expresiones subrayadas)
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 73. Los conceptos mencionados en
el presente artículo, diferentes a regalías y explotación o adquisición de
cualquier clase de intangible, sean de fuente nacional o extranjera estarán
sometidos a una tarifa de retención en la fuente establecido en el artículo 408
de este Estatuto.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 124-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 15. OTROS PAGOS NO DEDUCIBLES. No son deducibles los intereses y demás
costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, por concepto de
deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o
compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o
agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior con
excepción de:
a)
Los originados por las deudas de las entidades del sector financiero vigiladas
por la Superintendencia Bancaria;
b)
Los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la adquisición de
materias primas y mercancías, en las cuales las casas matrices extranjeras o
agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior,
operan como proveedores directos.
Parágrafo.
Igualmente son deducibles para las sucursales de sociedades extranjeras los
intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en
cambio, generados en operaciones de corto plazo para la adquisición de materias
primas y mercancías, en las cuales la principal o su casa matriz extranjera o
agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior,
operan como proveedores directos.
c) Literal adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 64. Los intereses y demás costos o
gastos financieros atribuidos a un establecimiento permanente en Colombia, que
se hayan sometido a retención en la fuente.
Texto original literal c) Literal
adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 56. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los intereses y demás costos o
gastos financieros atribuidos a un establecimiento permanente en Colombia, que
se hayan sometido a retención en la fuente.”.
Parágrafo. Igualmente son deducibles para las sucursales de sociedades
extranjeras los intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la
diferencia en cambio, generados en operaciones de corto plazo para la
adquisición de materias primas y mercancías, en las cuales la principal o su
casa matriz extranjera o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con
domicilio en el exterior, operan como proveedores directos.
Parágrafo
2.
Declarado
inexequible por las Sentencias C-690 de 2003, C-1114 de 2003, C-715 de 2003, C-945 de 2003 y C-1005 de 2003. Adicionado por la Ley 788 de 2002, artículo
82. No serán constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en cuenta
que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro
tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en
países que hayan sido declarados paraísos fiscales, por la Organización para el
Desarrollo Económico Europeo, OCDE, o por el Gobierno colombiano, salvo que se
haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la
renta y remesas.
Este tratamiento no les será
aplicable a los pagos o abonos en cuenta que hayan sido registrados antes de la
vigencia de la presente ley que se realicen a entidades financieras con ocasión
de créditos registrados ante el Banco de la República.
Artículo
124-2. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 74. Pagos
a jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y a entidades
pertenecientes a regímenes tributarios preferenciales. No serán
constitutivos de costo o deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen
a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que
se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en jurisdicciones no
cooperantes, de baja o nula imposición, o a entidades pertenecientes a
regímenes preferenciales, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno
colombiano, salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto
de Impuesto sobre la Renta, cuando a ello haya lugar.
Sin
perjuicio de lo previsto en el régimen de precios de transferencia, lo previsto
en este artículo no le será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se
realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la
República.
Texto original art 124-2. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
3°. PAGOS A PARAÍSOS FISCALES. No serán constitutivos de costo o deducción los
pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas
jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre constituida,
localizada o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados
como tales por el Gobierno colombiano, salvo que se haya efectuado la retención
en la fuente por concepto de Impuesto sobre la Renta y Remesas.
Este tratamiento no les será
aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión de
operaciones financieras registradas ante el Banco de la República.
Ver Ley
1111 de 2006, Arts. 78 y 408 y el parágrafo del presente Estatuto
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES.
Artículo 125. Modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 75. Incentivo a la donación del sector privado en la red nacional de
bibliotecas públicas y biblioteca nacional. Las personas jurídicas
obligadas al pago del impuesto sobre la renta por el ejercicio de cualquier
tipo de actividad, que realicen donaciones de dinero para la construcción,
dotación o mantenimiento de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas y de la Biblioteca Nacional también tendrán derecho a deducir el
ciento por ciento (100%) del valor real donado para efectos de calcular el
impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al período gravable en que
se realice la donación.
Este incentivo solo será
aplicable, previa verificación del valor de la donación y aprobación del
Ministerio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas municipales,
distritales o departamentales se requerirá la previa aprobación del Ministerio
de Cultura y de la autoridad territorial correspondiente.
Para los efectos
anteriores, se constituirá un fondo cuenta sin personería jurídica, al que
ingresarán los recursos materia de estas donaciones. Dicho fondo será
administrado por el Ministerio de Cultura mediante un encargo fiduciario, y no
requerirá situación de fondos en materia presupuestal.
En caso de que el
donante defina la destinación de la donación, si se acepta por el Ministerio de
Cultura de conformidad con las políticas y reglamentaciones establecidas en
materia de bibliotecas públicas, tal destinación será inmodificable.
Estas donaciones darán
derecho a un Certificado de Donación Bibliotecaria que será un título valor a
la orden transferible por el donante y el cual se emitirá por el Ministerio de
Cultura sobre el año en que efectivamente se haga la donación. El monto del
incentivo podrá amortizarse en un término de cinco (5) años desde la fecha de
la donación.
Igual beneficio tendrán
los donantes de acervos bibliotecarios, recursos informáticos y en general
recursos bibliotecarios, previo avalúo de los respectivos bienes, según
reglamentación del Ministerio de Cultura.
Para los efectos
previstos en este artículo podrán acordarse con el respectivo donante,
modalidades de divulgación pública de su participación.
Texto anterior artículo 125. Modificado
por la Ley 488 de 1998, artículo 31. “DEDUCCIÓN POR DONACIONES. Los
contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar
declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a
deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o
período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en
el artículo 22, y
2. Las asociaciones,
corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad
correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión,
el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección
ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el
acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las
mismas sean de interés general.
Texto anterior del primer inciso del numeral 2. Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 86. “Las asociaciones,
corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad
correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión,
el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección
ambiental, o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas
sean de interés general.”.
El valor a deducir por este
concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de la
renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la
donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se
efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes
que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF– para el cumplimiento de sus programas
del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a las
instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos
estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas,
tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa
aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Parágrafo. Adicionado por
la Ley 1379 de 2010, artículo 40. Incentivo a la donación del
sector privado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca
Nacional, las personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre la renta
por el ejercicio de cualquier tipo de actividad, que realicen donaciones de
dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca Nacional también tendrán derecho
a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real donado para efectos de
calcular el impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al período
gravable en que se realice la donación.
Este incentivo solo será
aplicable, previa verificación del valor de la donación y aprobación del
Ministerio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas municipales,
distritales o departamentales se requerirá la previa aprobación del Ministerio
de Cultura y de la autoridad territorial correspondiente.
Para los efectos anteriores,
se constituirá un fondo cuenta sin personería jurídica, al que ingresarán los
recursos materia de estas donaciones. Dicho fondo será administrado por el
Ministerio de Cultura mediante un encargo fiduciario, y no requerirá situación
de fondos en materia presupuestal.
El Ministerio de Cultura
definirá metodologías para destinar tales recursos a proyectos bibliotecarios
prioritariamente en municipios de categorías 4, 5 y 6, y para su canalización
bajo parámetros de equidad hacia los municipios en forma acorde con el Plan
Nacional de Bibliotecas.
En caso de que el donante
defina la destinación de la donación, si se acepta por el Ministerio de Cultura
de conformidad con las políticas y reglamentaciones establecidas en materia de
bibliotecas públicas, tal destinación será inmodificable.
Estas donaciones darán
derecho a un Certificado de Donación Bibliotecaria que será un título valor a
la orden transferible por el donante y el cual se emitirá por el Ministerio de
Cultura sobre el año en que efectivamente se haga la donación. El monto del
incentivo podrá amortizarse en un término de cinco (5) años desde la fecha de
la donación.
Igual beneficio tendrán los
donantes de acervos bibliotecarios, recursos informáticos y en general recursos
bibliotecarios, previo avalúo de los respectivos bienes, según reglamentación
del Ministerio de Cultura.
Para los efectos previstos en
este parágrafo podrán acordarse con el respectivo donante, modalidades de
divulgación pública de su participación.”.
Texto anterior del
artículo Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 3º. “DEDUCCIÓN POR DONACIONES. Los contribuyentes del
impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y
complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor
de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro,
cuyo objeto social y actividades correspondan al desarrollo de la salud, la
educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y
tecnológica o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas
sean de interés general.
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior
al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada
antes de restar el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en
el caso de las donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de
la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles departamental,
municipal y distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,
para el cumplimiento de sus programas de servicio al menor y a la familia, ni
en el caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros
de investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación
en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento
de la productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.".
Texto original artículo (Decreto 624 de
1989): “DEDUCCIÓN DE DONACIONES AL ICBF. Son deducibles las donaciones
que las personas naturales o jurídicas hagan al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para el cumplimiento de sus programas y servicios al niño y
a la familia.”.
Artículo 125-1. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 155. Requisitos de los beneficiarios de
las donaciones. Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho al
descuento de que trata el artículo 257 se trate de una entidad calificada en el
Régimen Tributario Especial, deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Estar legalmente constituida y estar sometida a inspección, control y
vigilancia de una entidad estatal.
2. Si se trata de una de las entidades a las que se refiere el artículo
19 de este Estatuto, haber sido calificada en el Régimen Tributario Especial
antes de haber sido efectuada la donación.
3. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de
ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente
anterior al de la donación, salvo cuando se haya constituido en el mismo año
gravable.
4. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros
autorizados, los ingresos por donaciones.
Texto original 125-1. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
3o. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DONACIONES. Cuando la entidad
beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las
entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las
siguientes condiciones:
1. Haber sido reconocida como
persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su funcionamiento a
vigilancia oficial.
2. Haber cumplido con la
obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta,
según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.
3. Manejar, en depósitos o
inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por
donaciones.
Artículo 125-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 3º. MODALIDADES DE LAS
DONACIONES. Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las
siguientes modalidades:
1.
Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque,
tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero.
2. Modificado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 27. Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores.
Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición
más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos
las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha.
Parágrafo 1°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 156. En
todo caso, cuando se donen otros activos su valor será el menor entre el valor
comercial y el costo fiscal del bien donado.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 156. Las
donaciones que no tengan condición por parte del donante deberán registrarse
como ingresos que darán lugar a rentas exentas siempre que se destinen a la
actividad meritoria. Si la donación está condicionada por el donante, debe
registrarse directamente en el patrimonio, para ser usada la donación y sus
rendimientos en las actividades meritorias.
Ver Ley 1111 de 2006, Arts. 78 y 125-3 y el inciso
2º del presente Estatuto
Artículo 125-3.
Modificado
por la Ley 633 de 2000
artículo 11. REQUISITOS PARA RECONOCER LA DEDUCCIÓN. Para que proceda el reconocimiento
de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la
entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la
forma, el monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de
las condiciones señaladas en los artículos anteriores.
En
ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen
acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o
acreencias, poseídos en entidades o sociedades.
Artículo 125-4.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 86. REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES POR DONACIONES. Las deducciones por
donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán otorgadas en las
condiciones previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario.
Para
los fines previstos en el numeral 2 del artículo 125 de este Estatuto, se
tendrán en cuenta igualmente las donaciones efectuadas a los partidos o
movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral.
Artículo
125-5. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 157. Donaciones a entidades no pertenecientes al Régimen Tributario
Especial. Las donaciones
efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del Régimen
Tributario Especial no serán descontables de la renta y serán ingresos
gravables para las entidades receptoras.
Si se determina que con motivo de la donación entregada cabe la
figura de elusión fiscal, se procederá a sanciones para ambas entidades,
receptora y donante.
Parágrafo. Las donaciones
efectuadas a las entidades de que tratan los artículos 22 y 23 de este Estatuto
seguirán las reglas establecidas en el artículo 257 del Estatuto
Tributario.
Artículo 126.
DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ. Las
empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo
mutuo de inversión, así como los aportes para los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez. (Los apartes
resaltados fueron derogados por la Ley 49 de 1990, artículo 9, parágrafo 1º)
Artículo 126-1. Reglamentado
por el Decreto
1808 de 2019. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 15. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre
la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las
entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación
e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán
deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del
empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones
voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por
empleado.
Los aportes voluntarios que haga
el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los
seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y
obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la retención en
la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que adicionada
al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la
Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto, no exceda
del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año,
según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por
año.
Los retiros de aportes
voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la
fuente, que se efectúen a los seguros privados de pensiones y a los fondos de
pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o pensiones
con cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y que
se efectué por parte del respectivo fondo o seguro, la retención inicialmente
no realizada en el año de percepción del ingreso y realización del aporte según
las normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o
el pago de la pensión, se produce sin el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
Que los aportes, rendimientos o
pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido por un
período mínimo de diez (10) años, en los seguros privados de pensiones y los
fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el caso del cumplimiento
de los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación y en el caso
de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de
acuerdo con el régimen legal de la seguridad social.
Tampoco estarán sometidos a
imposición los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición
de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de
vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse
ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los
recursos se destinaron a dicha adquisición.
Se causa retención en la
fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros
de que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en
la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean
retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes señaladas. Los aportes a
título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán
deducibles de la renta hasta la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que
excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año.
Parágrafo 1°. Las
pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el
presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y
rendimientos, que cumplan dichas condiciones, mantienen la condición de rentas
exentas y no deben ser incluidas en la declaración de renta del periodo en que
se efectuó el retiro.
Parágrafo 2°. Constituye
renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades concedidas
en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por
aportes voluntarios de este a los fondos o seguros de que trata el presente artículo,
así como los rendimientos que se hayan obtenido, cuando no haya lugar al pago
de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al
empleador.
Parágrafo 3°. Los
aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador,
el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de
pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los
aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que
trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios
del trabajador, de que trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda
del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año,
según el caso. El retiro de los aportes de que trata este parágrafo, antes del
período mínimo de cinco (5) años de permanencia, contados a partir de su fecha
de consignación en los fondos o seguros enumerados en este parágrafo, implica
que el trabajador pierda el beneficio y se efectúe por parte del respectivo
fondo o seguro la retención inicialmente no realizada en el año en que se
percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo en el caso de muerte o
incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el
régimen legal de la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se
destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a
través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la
adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro,
deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los
ahorros en los fondos o seguros de que trata este parágrafo, de acuerdo con las
normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en
el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el presente parágrafo.
Los retiros, parciales o totales,
de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo
exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la
declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
Parágrafo 4°. Los
retiros parciales o totales de los aportes voluntarios que incumplan con las
condiciones previstas en los incisos 4° y 5° y el parágrafo 3° de este artículo,
que no provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al
momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios
o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de
renta y complementario del año del aporte, constituirán renta gravada en el año
en que sean retirados. La respectiva sociedad administradora efectuará la
retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en
este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir
del 1° de enero de 2017.
Texto anterior art 126-1. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
3. Deducción de Contribuciones a Fondos de Pensiones de Jubilación e
Invalidez y Fondos de Cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios,
son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o
empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de
cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la
misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los
seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, serán
deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.
El monto
obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe
independiente, al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará parte
de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será
considerado como una renta exenta en el año de su percepción.
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los
aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los
fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la
base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta
exenta, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de
Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4
de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que
trata el inciso anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o ingreso tributario del año, según el caso, y hasta un monto máximo de
tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se
excluyeron de retención en la fuente, que se efectúen al Sistema General de
Pensiones, a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones
voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales
fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectué por parte
del respectivo fondo o seguro, la retención inicialmente no realizada en el año
de percepción del ingreso y realización del aporte según las normas vigentes en
dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión,
se produce sin el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a
aportes que hayan permanecido por un período mínimo de diez (10) años, en los
seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones voluntarias,
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, salvo en el caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a la
pensión de vejez o jubilación y en el caso de muerte o incapacidad que dé
derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de
la seguridad social.
Tampoco estarán sometidos a imposición, los retiros de aportes voluntarios
que se destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el
evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación,
previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia
de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha
adquisición.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen
los ahorros en los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con
las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros,
en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las
condiciones antes señaladas. Los aportes a título de cesantía, realizados por
los partícipes independientes, serán deducibles de la renta hasta la suma de
dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que excedan de un doceavo del ingreso
gravable del respectivo año.
Parágrafo
1°. Las
pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el
presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y
rendimientos, que cumplan dichas condiciones, continúan sin gravamen y no
integran la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional
(IMAN).
Parágrafo
2°.
Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades
concedidas en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la
renta bruta por aportes voluntarios de este a los fondos o seguros de que trata
el presente artículo, así como los rendimientos que se hayan obtenido, cuando
no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los
recursos al empleador.
Parágrafo
3°. Los
aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador,
el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de
pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de
pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la
fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las
Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo
126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador,
de que trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda del treinta
por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el
caso. El retiro de los aportes de que trata este parágrafo, antes del período
mínimo de cinco (5) años de permanencia, contados a partir de su fecha de
consignación en los fondos o seguros enumerados en este parágrafo, implica que
el trabajador pierda el beneficio y se efectúe por parte del respectivo fondo o
seguro la retención inicialmente no realizada en el año en que se percibió el
ingreso y se realizó el aporte, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé
derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de
la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se destinen a la
adquisición de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través
de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la
adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro,
deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.
Los retiros y pensiones que cumplan con el periodo de permanencia
mínimo exigido o las otras condiciones señaladas en el inciso anterior,
mantienen la condición de no gravados y no integran la base gravable
alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen
los ahorros en los fondos o seguros de que trata este parágrafo, de acuerdo con
las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros,
en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el presente parágrafo.
Texto anterior art 126-1. Modificado por la Ley 488 de 1998, art
4o. Declarado exequible por la Sentencia
C-711 de 2001. Deducción de Contribuciones a
Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez y Fondos de Cesantías. Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del
empleador a los fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia
fiscal en que se realicen.
Inciso declarado exequible por la Sentencia C-711 de 2001. El
monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al fondo
de pensiones de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para aplicar
la retención en la fuente por salarios y será considerado como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Los aportes voluntarios que
haga el trabajador o el empleador, o los aportes del partícipe independiente a
los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones de
que trata el Decreto 2513
de 1987, a los seguros privados de
pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, no harán parte de la
base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como un ingreso
no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada
al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso
anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso
tributario del año, según el caso.
Los retiros de aportes
voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la
fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los fondos de
pensiones de que trata el Decreto 2513
de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de
pensiones en general, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales
fondos, constituyen un ingreso gravado para el aportante y estarán sometidos a
retención en la fuente por parte de la respectiva sociedad administradora, si
el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce sin el
cumplimiento del siguiente requisito de permanencia:
Que los aportes, rendimientos
o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido por un
período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros enumerados en el
inciso anterior del presente artículo, salvo en el caso de muerte o incapacidad
que dé derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen
legal de la seguridad social.
Se causa retención en la
fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros
de que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en
la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean
retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado.
Los aportes a título de
cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la
renta hasta la suma de quince millones novecientos mil pesos ($ 15.900.000),
sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año (valor
año base 1995).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008
y 2009.
Parágrafo 1º. Los pagos de pensiones podrán
tener las modalidades de renta vitalicia inmediata, retiro programado, retiro
programado con renta vitalicia diferida, o cualquiera otra modalidad que
apruebe la Superintendencia Bancaria; no obstante, los afiliados podrán, sin
pensionarse, retirar total o parcialmente los aportes y rendimientos. Las
pensiones que se paguen en cumplimiento del requisito de permanencia señalado
en el presente artículo y los retiros, parciales o totales, de aportes y
rendimientos, que cumplan dicho requisito de permanencia, estarán exentos del
impuesto sobre la renta y complementarios.
Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para el
empleador, la recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o
períodos gravables, como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de
éste a fondos de pensiones, así como los rendimientos que se hayan obtenido,
cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se
restituyan los recursos al empleador.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1111 de 2006, artículo
67. El retiro de los aportes voluntarios de los fondos privados de pensiones
antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de
consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen,
por parte del respectivo fondo, las retenciones inicialmente no realizadas,
salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no
financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera. En el evento en que la adquisición se realice sin
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante el respectivo
fondo copia de la escritura de compraventa.
Artículo 126-2.
Inciso
modificado por la Ley 488 de 1998,
art 37. Deducción por Donaciones Efectuadas a la Corporación General Gustavo
Matamoros D'Costa. Los contribuyentes que hagan donaciones a la Corporación
General Gustavo Matamoros D'Costa y a las fundaciones y organizaciones
dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el
acceso a la justicia, tienen derecho a deducir de la renta, el 125% del valor
de las donaciones efectuadas durante el año o período gravable.
Inciso modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 278. Los contribuyentes que hagan donaciones a organismos del deporte
aficionado tales como clubes deportivos, clubes promotores, comités deportivos,
ligas deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas y Comité
Olímpico Colombiano debidamente reconocidas, que sean personas jurídicas sin ánimo
de lucro, tienen derecho a deducir de la renta el 125% del valor de la
donación, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en los artículos
125, 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.
Inciso adicionado
por la Ley
181 de 1995, artículo 76. Los
contribuyentes que hagan donaciones a organismos deportivos y recreativos o
culturales debidamente reconocidos que sean personas jurídicas sin ánimo de
lucro, tienen derecho a deducir de su renta, el 125% del valor de las
donaciones efectuadas durante el año o período gravable.
Inciso adicionado
por la Ley 181 de 1995,
artículo 76. Para gozar del beneficio de las donaciones efectuadas, deberá
acreditarse el cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos
en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que
establezca el reglamento.
Artículo
126-3.
Derogado
por la Ley 633 de 2000 artículo
134. Adicionado por la Ley 383 de 1997, artículo
57. “Deducción por Inversiones o Donaciones para Proyectos de Investigación o
Desarrollo Científico o Tecnológico. Las personas jurídicas, contribuyentes del
impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones para
proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o
tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por
ciento (125%) del valor invertido o donado, en el período gravable en que se
realizó la inversión o donación.
Para gozar de este
beneficio, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario, y los demás que
establezca el reglamento.
Artículo 126-4. Reglamentado
por el Decreto
1808 de 2019. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 16. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la
construcción. Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en
las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción
(AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente
persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la
renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes
voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones
voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del
treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año,
según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT
por año.
Las
cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podrán
realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros AFC para la
adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el
evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación,
previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia
de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha
adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de
un período mínimo de permanencia de diez (10) años contados a partir de la
fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que
se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó
el aporte.
Se
causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro AFC, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del
requisito de permanencia antes señalado, de acuerdo con las normas generales de
retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
Los
retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el
periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines
autorizados en el presente artículo, mantienen la condición de rentas exentas y
no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó
el retiro.
Los
recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser
destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la
inversión en titularización de cartera originada en adquisición de vivienda o
en la inversión en bonos hipotecarios.
Parágrafo 1°. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en
cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC)
hasta el 31 de diciembre de 2012, no harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los
aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo
126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda.
El
retiro de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir
de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y
que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó
el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda,
sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o
leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad
financiera copia de la escritura de compraventa.
Se
causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre
rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el
cumplimiento de permanencia mínima de cinco (5) años.
Los
retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el
periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines
autorizados en el presente artículo, mantienen la condición de rentas exentas y
no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó
el retiro.
Parágrafo 2°. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el
periodo de permanencia mínimo exigido o que no se destinen para los fines
autorizados en el presente artículo, que no provinieron de recursos que se
excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se
hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como
renta exenta en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año
del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La
entidad financiera efectuará la retención en la fuente al momento del retiro a
la tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de
los aportes efectuados a partir del 1° de enero de 2017.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las
sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)
abiertas en:
a)
Organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que
realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas para ofrecer
cuentas de ahorro, o
b)
Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Artículo 126-4. Modificado por la Ley 1607 de
2012 art 4. Incentivo al Ahorro de Largo Plazo para el
Fomento de la Construcción. Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen
en las cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el Fomento a la Construcción
(AFC)” a partir del 1° de enero de 2013, no formarán parte de la base de
retención en la fuente del contribuyente persona natural, y tendrán el
carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta
un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del
trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del
treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año,
según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT
por año.
Las cuentas
de ahorro “AFC” deberán operar en las entidades bancarias que realicen
préstamos hipotecarios. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las
cuentas de ahorros “AFC” para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o
no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o
leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice
sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad
financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se
destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro
propósito, antes de un período mínimo de permanencia de diez (10) años contados
a partir de la fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el
beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las
retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso
y se realizó el aporte, sin que se incremente la base gravable alternativa del
Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Se
causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro “AFC”, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del
requisito de permanencia antes señalado, de acuerdo con las normas generales de
retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
Los
retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que hayan cumplido los
requisitos de permanencia establecidos en el segundo inciso o que se destinen
para los fines previstos en el presente artículo, continúan sin gravamen y no
integran la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
Los
recursos captados a través de las cuentas de ahorro “AFC”, únicamente podrán
ser destinados a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en
titularización de cartera originada en adquisición de vivienda.
Parágrafo. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados
en cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el Fomento a la Construcción
(AFC)” hasta el 31 de diciembre de 2012, no harán parte de la base para aplicar
la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo
de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los
aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo
126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso
laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda.
El retiro
de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de
su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que
se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó
el aporte, sin que se incremente la base gravable alternativa del Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), salvo que dichos recursos se destinen a la
adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a
través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la
adquisición se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá
acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa.
Se
causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro “AFC” de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente
sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el
cumplimiento de permanencia mínima de cinco (5) años.
Los
retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el
periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines
autorizados en el presente parágrafo, mantienen la condición de no gravados y
no integran la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional (IMAN).
Texto original art 126-4. Adicionado por la Ley 488 de 1998, art
23. Incentivo al Ahorro de Largo Plazo para el Fomento de la Construcción. Las
sumas que destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las cuentas de
ahorro denominadas "Ahorro para el Fomento a la Construcción-AFC-,” no
harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán
consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional,
hasta una suma que no exceda del treinta por ciento (30%) de su ingreso laboral
o ingreso tributario del año.
Las
cuentas de ahorro "AFC" deberán operar en las entidades bancarias que
realicen préstamos hipotecarios y en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
Inciso modificado por la Ley
1111 de 2006, artículo 67. El retiro de
los recursos de las cuentas de ahorros “AFC” antes de que transcurran cinco (5)
años contados a partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador
pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas, salvo que dichos
recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada por
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.
En el evento en que la adquisición se realice sin financiación, previamente al
retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de
compraventa.
Se
causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro "AFC", de acuerdo con las normas generales de retención en la
fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados
sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado.
Los
recursos captados a través de las cuentas de ahorro "AFC", únicamente
podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en
titularización de cartera originada en adquisición de vivienda.
Artículo 126-5.
Adicionado
por la Ley 1536 de 2012,
art 6. Deducción por Donaciones efectuadas para el Apadrinamiento de Parques
Natura/es y Conservación de Bosques Naturales. Los contribuyentes que hagan
donaciones a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, con el fin de financiar los parques naturales de Colombia
y conservar los bosques naturales, de conformidad con el beneficio de
financiación de parques naturales y conservación de bosques naturales, tienen
derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las donaciones
efectuadas durante el año o periodo gravable.
Para
gozar del beneficio de las donaciones efectuadas, deberá acreditarse el
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en los artículos,
125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que establezca el reglamento.
Parágrafo 1°.
Es obligación de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales destinar las donaciones al financiamiento del parque
natural que indique el donante, informar anualmente sobre el uso de las
donaciones realizadas y gestionar efectivamente el sistema de áreas protegidas
para dar uso efectivo a la medida.
Parágrafo 2°.
En ningún caso las donaciones de que trata el presente artículo generarán
derecho alguno sobre los parques naturales o áreas protegidas.
Depreciación.
Artículo 127.
Beneficiarios de la Deducción. El contribuyente y beneficiario de la deducción
por depreciación es el propietario o usufructuario del bien, salvo que se trate
de venta con pacto de reserva de dominio, en cuyo caso el beneficiario es el
comprador. El arrendatario no puede deducir suma alguna por concepto de
depreciación del bien arrendado. Sin embargo, cuando el arrendatario de un
inmueble le haga mejoras cuya propiedad se transfiera al arrendador sin
compensación, el arrendatario puede depreciar el costo de la mejora, conforme a
la vida útil de ésta, sin atender al término de duración del contrato.
Si
quedare un saldo pendiente por depreciar, al enajenar definitivamente la
mejora, el arrendatario tiene derecho a deducirlo como pérdida, siempre que no
utilice la mejora posteriormente.
Artículo 127-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 76. Contratos de arrendamiento. Son contratos de arrendamiento el arrendamiento
operativo y el arrendamiento financiero o leasing.
Los contratos de arrendamiento que se celebren a
partir del 1° de enero de 2017, se someten a las siguientes reglas para efectos
del impuesto sobre la renta y complementarios:
1. Definiciones:
a) Arrendamiento financiero o leasing financiero: Es
aquel contrato, que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y
puede reunir una o varias de las siguientes características:
i) Al final del contrato se trasfiere la propiedad del
activo al arrendatario o locatario.
ii) El arrendatario o locatario tiene la opción de
comprar el activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor
comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al
inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción podrá
ser ejercida.
iii) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte
de la vida económica del activo incluso si la propiedad no se trasfiere al
final de la operación.
iv) Al inicio del arrendamiento el valor presente de
los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor
comercial del activo objeto del contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia
económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra
financiada.
v) Los activos arrendados son de una naturaleza tan
especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos
modificaciones importantes.
Los contratos de leasing internacional se someten a
las reglas anteriores.
b) Arrendamiento operativo: Es todo arrendamiento
diferente de un arrendamiento financiero o leasing financiero, de que trata el
literal anterior.
2. Tratamiento del arrendamiento financiero o leasing:
a) Para el arrendador financiero:
i) Al momento de celebración del contrato deberá
reconocer un activo por arrendamiento financiero por el valor presente de los
cánones de arrendamientos, la opción de compra y el valor residual de garantía
en caso de ser aplicable.
ii) Deberá incluir en sus declaraciones de renta la
totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para
tal efecto, se entiende por ingresos, los ingresos financieros procedentes del
activo por arrendamiento, así como los demás ingresos que se deriven del
contrato.
b) Para el arrendatario:
i) Al inicio del contrato, el arrendatario deberá
reconocer un activo y un pasivo por arrendamiento, que corresponde al valor
presente de los cánones de arrendamientos, la opción de compra y el valor
residual de garantía en caso de ser aplicable, calculado a la fecha de
iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el contrato. La suma registrada
como pasivo por el arrendatario, debe coincidir con la registrada por el
arrendador como activo por arrendamiento.
Adicionalmente y de manera discriminada, se podrán
adicionar los costos en los que se incurra para poner en marcha o utilización
el activo siempre que los mismos no hayan sido financiados.
ii) El valor registrado en el activo por el arrendatario,
salvo la parte que corresponda al impuesto a las ventas que vaya a ser
descontado o deducido, tendrá la naturaleza de activo el cual podrá ser
amortizado o depreciado en los términos previstos en este estatuto como si el
bien arrendado fuera de su propiedad.
iii) El IVA pagado en la operación solo será
descontable o deducible según el tipo de bien objeto del contrato por parte del
arrendatario, según las reglas previstas en este estatuto.
iv) Cuando el arrendamiento financiero comprenda
bienes inmuebles, la parte correspondiente a terrenos no será depreciable ni
amortizable.
v) Los cánones de arrendamiento causados a cargo del
arrendatario, deberán descomponerse en la parte que corresponda a abono a
capital y la parte que corresponda a intereses o costo financiero. La parte
correspondiente a abonos de capital, se cargará directamente contra el pasivo
registrado por el arrendatario, como un menor valor de este. La parte de cada
canon correspondiente a intereses o costo financiero, será un gasto deducible
para el arrendatario sometido a las limitaciones para la deducción de
intereses.
vi) Al momento de ejercer la opción de compra, el valor
pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del arrendatario, debiendo
quedar este en ceros. Cualquier diferencia se ajustará como ingreso o gasto.
vii) En el evento en que el arrendatario no ejerza la
opción de compra, se efectuarán los ajustes fiscales en el activo y en el
pasivo, y cualquier diferencia que surja no tendrá efecto en el impuesto sobre
la renta, siempre y cuando no haya generado un costo o gasto deducible, en tal
caso se tratara como una recuperación de deducciones.
3. Tratamiento del arrendamiento operativo:
a) Para el arrendador: El arrendador del activo le
dará el tratamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo y reconocerá como
ingreso el valor correspondiente a los cánones de arrendamiento realizados en
el año o período gravable. Cuando el arrendamiento comprenda bienes inmuebles,
la parte correspondiente a terrenos no será depreciable;
b) Para el arrendatario: El arrendatario reconocerá
como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento realizado sin
que deba reconocer como activo o pasivo suma alguna por el bien arrendado.
Parágrafo 1°. Los
contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra y los
contratos de arrendamiento operativo, que se hayan celebrado antes de la
entrada en vigencia de esta ley, mantendrán el tratamiento fiscal vigente al
momento de su celebración.
Parágrafo 2°. El
contrato de retroarriendo o lease-back se tratará para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios como dos operaciones separadas, es decir, una venta de activos
y un arrendamiento posterior. El arrendamiento posterior se somete a la regla
prevista en el artículo 139 del Estatuto Tributario. El
contrato de retroarriendo o lease-back debe cumplir con las siguientes dos condiciones:
1. Que el proveedor del bien objeto de arrendamiento y
el arrendatario del bien, sean la misma persona o entidad, y
2. Que el activo objeto del arrendamiento financiero
tenga la naturaleza de activo fijo para el proveedor.
Parágrafo 3°. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). El presente artículo no se
aplica a los contratos de leasing internacional de helicópteros y aerodinos de
servicio público y de fumigación, al cual se refiere el Decreto ley 2816
de 1991.
Parágrafo 4°. El tratamiento de este artículo aplica a todas las
modalidades contractuales que cumplan con los elementos de la esencia del contrato
de arrendamiento, independientemente del título otorgado por las partes a dicho
contrato.
Texto original art 127-1. Adicionado por la Ley 223 de 1995, art
88. Contratos de Leasing. Los contratos de arrendamiento financiero o leasing
con opción de compra, que se celebren a partir del 1 de enero de 1996, se
regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas:
1. Los contratos de
arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual o superior a 60
meses; de maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o
superior a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación,
cuyo plazo sea igual o superior a 24 meses; serán considerados como un
arrendamiento operativo. Lo anterior significa que el arrendatario registrará
como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin
que deba registrar en su activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien
objeto de arriendo. Cuando los inmuebles objeto de arrendamiento financiero
incluyan terreno, la parte del contrato correspondiente al terreno se regirá
por lo previsto en el siguiente numeral.
2. Los contratos de
arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que correspondan a terreno,
cualquiera que sea su plazo; los contratos de lease back o retroarriendo,
cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento y el plazo de los
mismos; y los contratos de arrendamiento financiero que versen sobre los bienes
mencionados en el numeral anterior, pero cuyos plazos sean inferiores a los
allí establecidos; tendrán para efectos contables y tributarios, el siguiente
tratamiento:
a) Al inicio del contrato, el
arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo por el valor total del bien
objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor presente de los
cánones y opciones de compra pactados, calculado a la fecha de iniciación del
contrato, y a la tasa pactada en el mismo. La suma registrada como pasivo por
el arrendatario debe coincidir con la registrada por el arrendador como activo
monetario, en la cuenta de bienes dados en leasing. En el evento de que el
arrendatario vaya a hacer uso del descuento del impuesto a las ventas previsto
en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, deberá reclasificar el activo en
tal monto, para registrar el impuesto a las ventas a descontar como un anticipo
del impuesto de renta;
b) El valor registrado en el
activo por el arrendatario, salvo la parte que corresponda al impuesto a las
ventas que vaya a ser descontado, tendrá la naturaleza de activo no monetario,
sometido a ajustes por inflación. En el caso de que el bien objeto de
arrendamiento financiero sea un activo depreciable o amortizable, el activo no
monetario registrado por el arrendatario se depreciará o amortizará, utilizando
las mismas reglas y normas que se aplicarían si el bien arrendado fuera de su
propiedad, es decir, teniendo en cuenta la vida útil del bien arrendado. En el
caso de que el bien arrendado sea un activo no depreciable o no amortizable, el
arrendatario no podrá depreciar el activo no monetario registrado en su
contabilidad; (Derogado por el artículo
78 de la Ley 1111 de 2006, el aparte resaltado en este inciso)
c) Los cánones de
arrendamiento causados a cargo del arrendatario deberán descomponerse en la parte
que corresponda a abono a capital y la parte que corresponda a intereses o
costo financiero. La parte correspondiente a abonos de capital, se cargará
directamente contra el pasivo registrado por el arrendatario, como un menor
valor de éste. La parte de cada canon correspondiente a intereses o costo
financiero será un gasto deducible para arrendatario.
Para los efectos de este
literal, el contrato debe estipular, tanto el valor del bien en el momento de
su celebración, incluyendo el impuesto sobre las ventas, como la parte del
valor de los cánones periódicos pactados que corresponde a cada uno de los
conceptos de financiación y amortización de capital;
d) Al momento de ejercer la
opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del
arrendatario, debiendo quedar éste en ceros. Cualquier diferencia se ajustará
contra los resultados del ejercicio. En el evento de que el arrendatario no
ejerza la opción de compra, se efectuarán los ajustes en su renta y patrimonio,
deduciendo en la declaración de renta del año en que haya finalizado el
contrato la totalidad del saldo por depreciar del activo no monetario
registrado por el arrendatario. Por su parte, el arrendador hará los ajustes
del caso;
e) Los valores determinados
de acuerdo con los literales anteriores serán utilizados por el arrendatario
para: declarar el valor patrimonial del activo; realizar el cálculo de la depreciación,
cuando ella sea procedente; aplicar los ajustes por inflación; determinar el
saldo del pasivo y su amortización; y calcular el monto de los costos
financieros deducibles.
3. Para el arrendador, en
cualquiera de los casos aquí contemplados, los activos dados en leasing tendrán
la naturaleza de activos monetarios. El arrendador deberá incluir en sus
declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos
de arrendamiento. Para tal efecto, se entiende por ingresos generados por el
contrato de arrendamiento la parte de los cánones que corresponda a intereses o
ingresos financieros, así como los demás ingresos que se deriven del contrato.
4. El descuento del impuesto
a las ventas de qué trata el artículo 258-1 solamente podrá ser tomado por el
arrendatario del contrato de leasing. El impuesto a las ventas liquidado al
momento de la compra del bien deberá registrarse por parte del arrendador, como
mayor valor del bien dado en leasing, salvo que el impuesto haya sido pagado total
o parcialmente por el arrendatario al momento de la celebración del contrato.
En este último evento, el arrendador registrará como activo dado en leasing el
valor total del bien, disminuido en la parte del impuesto sobre las ventas que
haya sido cancelada por el arrendatario.
5. Los registros contables y
fiscales a que se refiere el presente artículo en nada afectan la propiedad
jurídica y económica de los bienes arrendados, la cual hasta tanto se ejerza la
opción de compra pactada, seguirá siendo del arrendador.
Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo,
se entiende por contrato de leaseback o retroarriendo, aquel contrato de
arrendamiento financiero que cumpla las siguientes dos características:
a) Que el proveedor del bien
objeto de arrendamiento y el arrendatario del bien, sean la misma persona o
entidad, y
b) Que el activo objeto del
arrendamiento financiero tenga la naturaleza de activo fijo para el proveedor.
Parágrafo 2. El presente artículo no se aplica
a los contratos de leasing internacional de helicópteros y aerodinos de
servicio público y de fumigación, al cual se refiere el Decreto ley 2816 de
1991.
Parágrafo 3. Adicionado por la Ley 1004 de 2005, art
10. Únicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el numeral 1 ° del
presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta por el límite
definido para la mediana empresa en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004.
Quienes no cumplan con estos requisitos, deberán someter los contratos de
leasing al tratamiento previsto en el numeral 22 del presente artículo.
Parágrafo 4. Derogado por la Ley 1527 de 2012, art
15. Modificado por la Ley 1111 de
2006, art 65. Todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing
con opción de compra, que se celebran a partir del 1º de enero del año 2012,
deberán someterse al tratamiento previsto en el numeral 2 del presente artículo,
independientemente de la naturaleza del arrendatario.
Artículo
128. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 77. Deducción
por depreciación. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, los obligados a llevar contabilidad podrán deducir cantidades
razonables por la depreciación causada por desgaste de bienes usados en
negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma
necesaria para amortizar la diferencia entre el costo fiscal y el valor
residual durante la vida útil de dichos bienes, siempre que éstos hayan
prestado servicio en el año o período gravable.
Texto original art 128. Deducción por Depreciación. Son deducibles cantidades razonables
por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por obsolescencia
de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a
la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento (100%) de su
costo durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan prestado
servicio en el año o período gravable de que se trate.
Artículo
129. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 78. Concepto
de obsolescencia. Se entiende por obsolescencia, la pérdida por
deterioro de valor, el desuso o falta de adaptación de un bien a su función
propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de
condiciones o circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y
evidentemente la necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior
al vencimiento de su vida útil probable.
La
obsolescencia parcial, se entiende como la pérdida parcial de valor de los
activos depreciables. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, no será deducible sino hasta el momento de la enajenación de
dichos bienes.
En las
bajas por obsolescencia completa de activos depreciables será deducible el
costo fiscal menos las deducciones que le hayan sido aplicadas, en la parte que
no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará
los respectivos documentos comprobatorio
Texto original art 129. Concepto de Obsolescencia. Se entiende por obsolescencia el desuso
o falta de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda
preverse como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias físicas o
económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonarlo
por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil probable.
Artículo
130.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Constitución de Reserva. Los contribuyentes que en uso de las
disposiciones pertinentes soliciten en su declaración de renta cuotas de
depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el Estado de
Pérdidas y Ganancias, deberán, para que proceda la deducción sobre el mayor
valor solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año
gravable como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por
ciento (70%) del mayor valor solicitado.
Cuando la depreciación
solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el Estado de Pérdidas
y Ganancias, se podrá liberar de la reserva a que se refiere el inciso
anterior, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) de la diferencia
entre el valor solicitado y el valor contabilizado.
Inciso adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 6º. Las utilidades que se liberen de la reserva de que trata este artículo,
podrán distribuirse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional.
Artículo
131. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 79. Base
para calcular la depreciación. Para las personas obligadas a
llevar contabilidad el costo fiscal de un bien depreciable no involucrará el
impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o nacionalización, cuando
haya debido ser tratado como descuento o deducción en el impuesto sobre la
renta, en el Impuesto sobre las ventas u otro descuento tributario que se le
otorgue.
Para efectos
del impuesto sobre la renta y complementarios, un contribuyente depreciará el
costo fiscal de los bienes depreciables, menos su valor residual a lo largo de
su vida útil.
Para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la
vida útil se determinará de acuerdo con la técnica contable.
Texto original art 131. Base para Calcular la Depreciación. El costo de un bien depreciable
está constituido por el precio de adquisición, incluidos los impuestos a las
ventas, los de aduana y de timbre, más las adiciones y gastos necesarios para
ponerlo en condiciones de iniciar la prestación de un servicio normal.
Artículo
131-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
20. Base para Calcular la Depreciación por Personas Jurídicas. Para las
personas jurídicas y sus asimiladas el costo de un bien depreciable no
involucrará el impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o
nacionalización, cuando haya debido ser tratado como descuento en el impuesto
sobre la renta.
Artículo
132.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Opción para Depreciar Bienes Adquiridos a partir
de 1989. La deducción anual por concepto de depreciación de bienes adquiridos a
partir del año gravable de 1989, se podrá solicitar sobre el valor del bien
ajustado por inflación, siempre y cuando en el Estarlo de Pérdidas y Ganancias
se registre un gasto por concepto de depreciación, por lo menos igual al
solicitado fiscalmente. El ajuste por inflación se efectuará de acuerdo con el
porcentaje establecido en el artículo 868.
En este caso, se deberán
registrar por separado en los estados financieros el valor del bien ajustado
por inflación y las respectivas depreciaciones acumuladas. Estas últimas
también serán objeto de ajuste de acuerdo con el porcentaje anualmente
aplicable.
Artículo
133.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Ajustes por Inflación a la Depreciación a partir
del Año 1992. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes que deban
aplicar los ajustes contemplados en el Título V del presente Libro, calcularán
la depreciación en la forma allí prevista.
Artículo 134. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 80. Métodos de
depreciación. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los métodos de
depreciación de los activos depreciables, serán los establecidos en la técnica
contable.
Texto anterior art 134. Sistemas de Cálculo. La
depreciación se calcula por el sistema de línea recta, por el de reducción de
saldos o por otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por el
Subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Nacionales o
su delegado.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 159. Para los casos en los que se opte por utilizar el sistema
de depreciación de reducción de saldos, no se admitirá un valor residual o
valor de salvamento inferior al 10% del costo del activo y no será admisible
la aplicación de los turnos adicionales, establecidos en el artículo 140 de
este Estatuto.
Inciso derogado por la Ley 223 de 1995, art 285. Para bienes adquiridos con posterioridad al 30 de septiembre
de 1974 y cuya vida útil sea mayor de cinco (5) años, el sistema de reducción
de saldos se puede aplicar con base en un porcentaje equivalente al doble del
que hubiera de aplicarse en el sistema de línea recta.
Artículo
135. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 81. Bienes
depreciables. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios serán tratados como bienes tangibles depreciables los
siguientes: propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y los activos
tangibles que se generen en la exploración y evaluación de recursos naturales
no renovables, con excepción de los terrenos, que no sean amortizables. Por
consiguiente, no son depreciables los activos movibles, tales como materias
primas, bienes en vía de producción e inventarios, y valores mobiliarios.
Se
entiende por valores mobiliarios los títulos representativos de participaciones
de haberes en sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos
pecuniarios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles o
civiles.
Texto original art 135. Bienes Depreciables. Se entiende por bienes depreciables los
activos fijos tangibles, con excepción de los terrenos, que no sean
amortizables. Por consiguiente, no son depreciables los activos movibles, tales
como materias primas, bienes en vía de producción e inventarios, y valores
mobiliarios.
Se
entiende por valores mobiliarios los títulos representativos de participaciones
de haberes en sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos
pecuniarios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles o
civiles.
Artículo 136.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 90. Depreciación de Bienes Adquiridos en el Año. Cuando un bien
depreciable haya sido adquirido o mejorado en el curso del año o período
gravable, la alícuota de depreciación se calcula proporcionalmente al número de
meses o fracciones de mes en que las respectivas adquisiciones mejoras
prestaron servicio. Cuando un bien se dedique parcialmente a fines no
relacionados con los negocios o actividades productoras de renta, la alícuota
de depreciación se reduce en igual proporción.
Artículo
137. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 82 Limitación
a la deducción por depreciación. Para efectos del impuesto
sobre la renta y complementarios la tasa por depreciación a deducir anualmente
será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no
exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno nacional.
Parágrafo
1°. El Gobierno nacional
reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales oscilarán entre el
2.22% y el 33%. En ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las siguientes
tasas anuales, sobre la base para calcular la depreciación:
CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR |
TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL ANUAL % |
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
2,22% |
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES |
2,50% |
VÍAS DE COMUNICACIÓN |
2,50% |
FLOTA Y EQUIPO AÉREO |
3,33% |
FLOTA Y EQUIPO FÉRREO |
5,00% |
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL |
6,67% |
ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA |
10,00% |
EQUIPO ELÉCTRICO |
10,00% |
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE |
10,00% |
MAQUINARIA, EQUIPOS |
10,00% |
MUEBLES Y ENSERES |
10,00% |
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO |
12,50% |
ENVASES, EMPAQUES Y HERRAMIENTAS |
20,00% |
EQUIPO DE COMPUTACIÓN |
20,00% |
REDES DE PROCESAMIENTO DE DATOS |
20,00% |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN |
20,00% |
Parágrafo 2°. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, la vida útil es el período durante el cual se espera que el
activo brinde beneficios económicos futuros al contribuyente; por lo cual la
tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincidirá con la tasa de
depreciación contable.
La vida útil de los activos
depreciables deberá estar soportada para efectos fiscales por medio de, entre
otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes. También son admisibles
para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios elaborados por
un experto en la materia.
Parágrafo 3°. En
caso de que el contribuyente realice la depreciación de un elemento de la
propiedad, planta y equipo por componentes principales de conformidad con la
técnica contable, la deducción por depreciación para efectos del impuesto sobre
la renta y complementarios no podrá ser superior a la depreciación o alícuota
permitida en este estatuto o el reglamento, para el elemento de propiedad,
planta y equipo en su totalidad.
Parágrafo 4°. Las
deducciones por depreciación no deducibles porque exceden los límites
establecidos en este artículo o en el reglamento, en el año o periodo gravable,
generarán una diferencia que será deducible en los periodos siguientes al
término de la vida útil del activo. En todo caso, la recuperación de la
diferencia, anualmente, no podrá exceder el límite establecido en este artículo
o el reglamento calculado sobre el costo fiscal menos el valor residual del
activo.”
Parágrafo 5°. La
depreciación de las inversiones en infraestructura de que trata el artículo 4°
de la Ley 1493 de 2011, se efectuará mediante línea
recta durante un período de 10 años; lo cual excluye la aplicación de lo
previsto en el artículo 140 del Estatuto Tributario.
Texto original art 137. Facultad para Establecer la vida útil de Bienes Depreciables. La
vida útil de los bienes depreciables se determina conforme a las normas que
señale el reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles entre tres y
veinticinco años, atendiendo a la actividad en que se utiliza el bien, a los
turnos normales de la actividad respectiva, a la calidad de mantenimiento
disponible en el país y a las posibilidades de obsolescencia.
Artículo
138.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Posibilidad de utilizar una vida útil diferente. Si el
contribuyente considera que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde
a la realidad de su caso particular, puede, previa autorización del Director
General de Impuestos Nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en
conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico.
Si la vida útil efectiva
resulta menor que la autorizada, por razones de obsolescencia u otro motivo
imprevisto, el contribuyente puede aumentar su deducción por depreciación
durante el período que le queda de vida útil al bien, aduciendo las explicaciones
pertinentes.
Si la vida útil efectiva
resulta superior a la autorizada por el reglamento, el contribuyente puede
distribuir, dentro del lapso faltante, el saldo amortizable, o puede disminuir
su deducción de acuerdo con la vida útil efectiva.
Artículo 139.
Depreciación de Bienes Usados. Cuando se adquiera un bien que haya estado en
uso, el adquirente puede calcular razonablemente el resto de vida útil probable
para amortizar su costo de adquisición.
La
vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores
propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos en el
reglamento.
Artículo
140. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 83. Depreciación
acelerada para fines fiscales. El contribuyente puede
aumentar la alícuota de depreciación determinada en el artículo 137 de este
estatuto en un veinticinco por ciento (25%), si el bien depreciable se utiliza
diariamente por 16 horas y proporcionalmente en fracciones superiores, siempre
y cuando esto se demuestre.
El
tratamiento aquí previsto no será aplicable respecto de los bienes inmuebles.
Texto original art 140. Depreciación Acelerada. Si los turnos establecidos exceden de los
normales, el contribuyente puede aumentar la alícuota de depreciación en un
veinticinco por ciento (25%) por cada turno adicional que se demuestre y
proporcionalmente por fracciones menores.
Artículo
141.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Registro Contable de la Depreciación. Las cuotas anuales de
depreciación de que tratan las normas tributarias, deberán registrarse en los
libros de contabilidad del contribuyente en la forma que indique el reglamento.
Amortización de Inversiones.
Artículo
142. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 84. Deducción
de inversiones. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, las inversiones de que trata el artículo 74-1 de este
estatuto, serán deducibles de conformidad con las siguientes reglas:
1. Gastos
pagados por anticipado. Se deducirá periódicamente en la medida en que se
reciban los servicios.
2.
Desembolsos de establecimiento. Los desembolsos de establecimiento se deducirán
mediante el método de línea recta, en iguales proporciones, por el plazo del
contrato a partir de la generación de rentas por parte del contribuyente y en
todo caso no puede ser superior a una alícuota anual del 20%, de su costo
fiscal.
En
consecuencia, los gastos no deducibles porque exceden el límite del 20%, en el
año o periodo gravable, generarán una diferencia que será deducible en los
periodos siguientes, sin exceder el 20% del costo fiscal por año o periodo
gravable.
3.
Investigación, desarrollo e innovación: La deducción por este concepto se
realizará así:
a) Por
regla general iniciará en el momento en que se finalice el proyecto de
investigación, desarrollo e innovación, sea o no exitoso, el cual se amortizará
en iguales proporciones, por el tiempo que se espera obtener rentas y en todo
caso no puede ser superior a una alícuota anual del 20%, de su costo fiscal;
b) Los
desarrollos de software: i) si el activo es vendido se trata como costo o
deducción en el momento de su enajenación. ii) si el activo es para el uso
interno o para explotación, es decir, a través de licenciamiento o derechos de
explotación se amortiza por la regla general del literal a) de este numeral.
En
consecuencia, para los literales a) y b) de este numeral, los gastos por
amortización no deducibles porque exceden el límite del 20%, en el año o
periodo gravable, generarán una diferencia que será deducible en los periodos
siguientes, sin exceder el 20% del costo fiscal del activo por año o periodo
gravable.
Parágrafo. Lo previsto en los numerales 5
y 6 del artículo 74-1 de este estatuto no es susceptible de amortización.
Texto original art 142. Deducción por Amortización de Inversiones. Son deducibles, en la
proporción que se indica en el artículo siguiente, las inversiones necesarias
realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo
con otros artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en
terrenos.
Se
entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los
desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad
susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deban
registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable;
o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u
organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y
de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros
productos naturales.
También
es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.
Parágrafo. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes se aplica
lo dispuesto en el Título V de este Libro, deberán sujetarse adicionalmente a
las normas allí previstas, en materia de ajuste a los activos amortizables.
Artículo 143. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 143. Deducción por amortización de activos
intangibles. Son deducibles,
en la proporción que se indica en el presente artículo, las inversiones
necesarias en activos intangibles realizadas para los fines del negocio o actividad,
si no lo fueren de acuerdo con otros artículos de este capítulo y distintas de
las inversiones en terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias en activos
intangibles las amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o
devengados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y
que, de acuerdo con la técnica contable, deban reconocerse como activos, para
su amortización.
La amortización de activos intangibles a que se
refiere el artículo 74 de este estatuto, se hará en los siguientes términos:
1. La base de amortización será el costo de los
activos intangibles determinado de conformidad con el artículo 74 de este
estatuto.
2. El método para la amortización del intangible será
determinado de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando la
alícuota anual no sea superior del 20%, del costo fiscal.
En caso tal que el intangible sea adquirido mediante
contrato y este fije un plazo, su amortización se hará en línea recta, en
iguales proporciones, por el tiempo del mismo. En todo caso la alícuota anual
no podrá ser superior al 20% del costo fiscal.
Los gastos por amortización no deducibles porque
exceden el límite del 20%, en el año o periodo gravable, generarán una
diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término de la vida
útil del activo intangible, sin exceder el 20% del costo fiscal del activo por
año o periodo gravable.
Parágrafo 1°. Los activos intangibles adquiridos de que tratan los
numerales 1 y 2 del artículo 74 de este estatuto, que reúnan la totalidad de
las siguientes características serán amortizables:
1. Que tengan una vida útil definida.
2. Que el activo se puede identificar y medir con
fiabilidad de acuerdo con la técnica contable, y
3. Su adquisición generó en cabeza del enajenante
residente fiscal colombiano un ingreso gravado en Colombia a precios de
mercado, o cuando la enajenación se realice con un tercero independiente del
exterior.
Parágrafo 2°. No serán amortizables los activos intangibles
adquiridos de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 74 de este estatuto,
entre partes relacionadas o vinculadas dentro del Territorio Aduanero Nacional,
zonas francas y las operaciones sometidas al régimen de precios de
transferencia de que trata el artículo 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. La plusvalía que surja en cualquiera de los eventos
descritos en el artículo 74 de este estatuto, no será objeto de amortización.
Parágrafo 4°. Cuando la persona jurídica o asimilada se liquide,
será deducible el costo fiscal pendiente del activo intangible amortizable.
Parágrafo 5°. Para los activos de que trata el parágrafo 2° del
artículo 74 de este estatuto y que sean susceptibles de amortizarse y no exista
una restricción en este estatuto, se amortizará en línea recta, en cuotas
fijas, por el tiempo que se espera obtener rentas y en todo caso no puede ser
superior a una alícuota anual del 20%, de su costo fiscal.
Los gastos por amortización no deducibles porque
exceden el límite del 20%, en el año o periodo gravable, generarán una
diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término de la vida
útil del activo intangible, sin exceder el 20% del costo fiscal del activo por
año o periodo gravable.
Texto anterior art 143. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
91. Término para la Amortización de Inversiones. Las inversiones a que se
refiere el artículo precedente pueden amortizarse en un término no inferior a
cinco (5) años, salvo que se demuestre que, por la naturaleza o duración del
negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior. En el año o período
gravable en que se termine el negocio o actividad pueden hacerse los ajustes
pertinentes, a fin de amortizar la totalidad de la inversión.
Inciso modificado por la Ley 685 de
2001, artículo 236. Cuando se trate de los costos
de adquisición o exploración y explotación de recursos naturales no renovables,
la amortización podrá hacerse con base en el sistema de estimación técnica de
costo de unidades de operación o por el de amortización en línea recta en un término
no inferior a cinco (5) años. Cuando las inversiones realizadas en exploración
resulten infructuosas, su monto podrá ser amortizado en el año en que se
determine tal condición y en todo caso a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes.
Para los casos diferentes de
los previstos en el inciso precedente, en los contratos donde el contribuyente
aporte bienes, obras, instalaciones u otros activos, los cuales se obligue a
transferir durante el convenio o al final del mismo, como en el caso de los
contratos de concesión, riesgo compartido, o joint venture, el valor de tales
inversiones deberá ser amortizado durante el término del respectivo contrato,
hasta el momento de la transferencia. La amortización se hará por los métodos
de línea recta o reducción de saldos, o mediante otro de reconocido valor
técnico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En lo
relacionado con los contratos de concesión para infraestructura, el sistema de
amortización aquí previsto rige solamente para los que se suscriban a partir de
la vigencia de la presente Ley.
Artículo
143-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 86. Amortización
de las inversiones en la exploración, desarrollo y construcción de minas, y
yacimientos de petróleo y gas. Los gastos preliminares de
instalación u organización o de desarrollo o los costos de adquisición o
exploración de minas, de yacimientos petrolíferos o de gas y otros recursos
naturales no renovables para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios seguirán las siguientes reglas para su amortización y su
respectiva deducción:
1. Los
activos de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables
determinados en el numeral 4 del artículo 74-1 de este estatuto serán
depreciables o amortizables, dependiendo de si se trata de un activo tangible o
intangible.
2.
En caso de que se determine que la mina o yacimiento es infructuoso, los
activos de que trata el numeral 4 del artículo 74-1 de este estatuto, podrán
ser amortizados en el año en que se determine y compruebe tal condición y, en
todo caso, a más tardar dentro de los 2 años siguientes.
3. En caso de que se determine que la mina o
yacimiento es fructuoso, el valor a amortizar en el año o período gravable será
el determinado de conformidad con la siguiente fórmula:
CAt = (UPt /Rt−1) ∗ SAt−1
Donde:
CAt denota el costo por amortización en el año o
período gravable.
UPt
corresponde a las unidades producidas en el año o período gravable.
Rt–1
corresponde a las reservas probadas desarrolladas remanentes o reservas
recuperables remanentes, debidamente auditadas por el experto en la materia, al
final del año inmediatamente anterior. En el primer año de producción,
corresponde al valor de reservas probadas y consignadas en el respectivo
contrato, programas de trabajo y obras- PTO y/o el estudio técnico de reservas.
SAt–1
corresponde al saldo por amortizar al final del año o período gravable
inmediatamente anterior.
En el
caso en que las reservas probadas difieran de las inicialmente estimadas en el
contrato, el mayor o menor valor de las mismas, deberá incorporarse en la
variable de reservas probadas remanentes en el año en que se efectúe dicha
actualización.
En
aquellas zonas donde los recursos naturales no renovables no son de propiedad
del estado, es decir, tienen Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP), las
reservas probadas deben ser presentadas por el contribuyente, mediante el
estudio técnico de reservas debidamente avalado por un experto en la materia.
Salvo lo
previsto en el artículo 167 de este estatuto, en caso que la producción se
agote antes de lo previsto en el contrato correspondiente, el saldo pendiente
se podrá amortizar en el año o período gravable en el que se comprueba tal
situación y en todo caso a más tardar dentro de los 2 años siguientes a la
comprobación.
Parágrafo
1°. Los
desembolsos en que se incurran en las etapas de Desarrollo y Explotación de
recursos naturales no renovables, tendrán el tratamiento fiscal que corresponda
a la naturaleza de dichas partidas de conformidad con lo previsto en este
estatuto.
Parágrafo
2°. Los
costos incurridos en los procesos de mejoramiento en la explotación de un
recurso natural no renovable, se capitalizarán y se amortizarán aplicando las
reglas previstas en este artículo.
Parágrafo
transitorio. Las
inversiones amortizables de que trata el numeral 1 de este artículo, que se
efectúen entre el 1° de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2027, serán
amortizables por el método de línea recta en un término de 5 años. En caso de
que se determine que la mina o yacimiento es infructuoso, se aplicará lo
previsto en el numeral 2 de este artículo.
Texto
anterior art 143-1. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art
110. Crédito Mercantil en la
Adquisición de Acciones, Cuotas o partes de intereses. En el evento en que se genere crédito mercantil que tenga como
origen la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades
nacionales o extranjeras, se aplicarán las siguientes reglas:
1.
El gasto por amortización del crédito mercantil adquirido o generado por la
adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales o
extranjeras será deducible en la medida en que cumpla con los requisitos
generales establecidos para la deducibilidad de los gastos, y siempre y cuando
el demérito materia de amortización exista y se pruebe por parte del
contribuyente con el respectivo estudio técnico.
2.
El gasto por amortización del crédito mercantil no podrá ser deducido por la
misma sociedad cuyas acciones, cuotas o partes de interés hayan sido
adquiridas, ni por las sociedades que resulten de la fusión, escisión o
liquidación de la misma sociedad, y
3.
El crédito mercantil que no sea materia de amortización, integrará el costo
fiscal para quien lo tenga, respecto de la inversión correspondiente.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo se aplicará al crédito mercantil que
se genere con ocasión de la adquisición de acciones, cuotas, o partes de
interés que se perfeccione con posterioridad al 1º de enero de 2013 y al
crédito mercantil que se genere con ocasión de las operaciones de adquisición
de acciones, cuotas o partes de interés, objeto de contratos suscritos o
celebrados con anterioridad al 1° de enero de 2013, cuyo perfeccionamiento esté
sujeto a la decisión, autorización, o aprobación de autoridad gubernamental
competente, en virtud de trámites que se hubieren iniciado antes del 31 de
diciembre de 2012.
Parágrafo 2°. Lo previsto en el numeral 1 del presente artículo no será aplicable
a las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera, las cuales podrán deducir el gasto por amortización del crédito
mercantil adquirido o generado en la adquisición de acciones, de acuerdo con
las metodologías contempladas en la regulación prudencial que le sea aplicable;
tampoco le será aplicable lo consagrado en el numeral 2 del presente artículo,
cuando la fusión, escisión, liquidación o cualquier otro tipo de reorganización
empresarial ocurra por mandato legal.
Artículo 144.
Obligación del Cumplimiento de los Requisitos Exigidos en la Ley. Cuando dentro
de las inversiones amortizables existan pagos o abonos en cuenta, que
correspondan a conceptos respecto de los cuales obliga el cumplimiento de
requisitos para su deducción, deben llenarse, en relación con tales pagos o
abonos, los mismos requisitos señalados para las deducciones.
Cartera Morosa o Perdida.
Artículo
145. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 87. Deducción
de deudas de dudoso o difícil cobro. Los contribuyentes obligados a
llevar contabilidad, podrán deducir las cantidades razonables que fije el
reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que
tales deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta,
correspondan a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos legales.
No se
reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas
o personas económicamente vinculadas, o por los socios para con la sociedad, o
viceversa
Parágrafo
1°. Serán
deducibles por las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera, la provisión de cartera de créditos y la provisión
de coeficiente de riesgo realizado durante el respectivo año gravable. Así
mismo, son deducibles las provisiones realizadas durante el respectivo año
gravable sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing
que deban realizarse conforme a las normas vigentes.
No
obstante lo anterior, no serán deducibles los gastos por concepto de provisión
de cartera que:
a)
Excedan de los límites requeridos por la ley y la regulación prudencial
respecto de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia; o
b) Sean
voluntarias, incluso si media una sugerencia de la Superintendencia Financiera
de Colombia.
Texto original art Reglamentado por el Decreto 2000
de 2004. Deducción de Deudas de Dudoso o
Difícil Cobro. Son deducibles, para los contribuyentes que lleven contabilidad
por el sistema de causación, las cantidades razonables que con criterio
comercial fije el reglamento como provisión para deudas de dudoso o difícil
cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones productoras
de renta, correspondan a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos
legales.
No se reconoce el carácter de
difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas o personas
económicamente vinculadas, o por los socios para con la sociedad, o viceversa.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 633 de 2000 artículo
131. A partir del año gravable 2000 serán deducibles por las entidades sujetas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, la provisión
individual de cartera de créditos y la provisión de coeficiente de riesgo
realizadas durante el respectivo año gravable.
Así mismo, serán deducibles
de la siguiente manera las provisiones realizadas durante el respectivo año
gravable sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing
que deban realizarse conforme a las normas vigentes:
a) El 20% por el año gravable
2000;
b) El 40% por el año gravable
2001,
c) El 60% por el año gravable
2002;
d) El 80% para el año
gravable 2003;
e) A partir del año gravable
2004 el 100%.
Artículo 146.
Deducción por Deudas manifiestamente Perdidas o sin Valor. Son deducibles para
los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las
deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el
año o período gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se
justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones
productoras de renta. Cuando se establezca que una deuda es cobrable sólo en parte,
puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no cobrable.
Cuando
los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta
deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de su
anulación.
Pérdidas.
Artículo 147. Ver Ley
2010 de 2019, artículo 117. Modificado
por la Ley 788 de 2002, artículo 24. Inciso 1º
modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 88. Las sociedades podrán
compensar las pérdidas fiscales, con las rentas líquidas ordinarias que
obtuvieren en los doce (12) períodos gravables siguientes, sin perjuicio de la
renta presuntiva del ejercicio. Los socios no podrán deducir ni compensar las
pérdidas de las sociedades contra sus propias rentas líquidas.
Artículo 147. Inciso primero modificado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
5º. Artículo modificado por la Ley 788 de 2002, artículo
24. Compensación de Pérdidas Fiscales de Sociedades. Las sociedades podrán
compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas
ordinarias que obtuvieren en los periodos gravables siguientes sin perjuicio de
la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán
trasladables a los socios.
La
sociedad absorbente o resultante de un proceso de fusión, puede compensar con
las rentas líquidas ordinarias que obtuviere, las pérdidas fiscales sufridas
por las sociedades fusionadas, hasta un límite equivalente al porcentaje de participación
de los patrimonios de las sociedades fusionadas dentro del patrimonio de la
sociedad absorbente o resultante. La compensación de las pérdidas sufridas por
las sociedades fusionadas, referidas en este artículo, deberá realizarse
teniendo en cuenta los períodos gravables para compensar ya transcurridos y los
límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se generó y
declaró la pérdida fiscal.
Las
sociedades resultantes de un proceso de escisión, pueden compensar con las
rentas líquidas ordinarias, las pérdidas fiscales sufridas por la sociedad
escindida, hasta un límite equivalente al porcentaje de participación del
patrimonio de las sociedades resultantes en el patrimonio de la sociedad que se
escindió. La compensación de las pérdidas sufridas por la sociedad que se
escindió, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables para
compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente
en el período en que se generó y declaró la pérdida fiscal.
En
caso de que la sociedad que se escinde no se disuelva, ésta podrá compensar sus
pérdidas fiscales sufridas antes del proceso de escisión, con las rentas
líquidas ordinarias, hasta un límite equivalente al porcentaje del patrimonio
que conserve después del proceso de escisión. La compensación de las pérdidas
sufridas por la sociedad escindida, deberá realizarse teniendo en cuenta los
períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales,
previstos en la ley vigente en el período en que se generó y declaró la pérdida
fiscal.
Declarado
exequible por la Sentencia C-540 de 2005.
En todos los casos, la compensación de las pérdidas fiscales en los procesos de
fusión y escisión con las rentas líquidas ordinarias obtenidas por las
sociedades absorbentes o resultantes según el caso, sólo serán procedentes si
la actividad económica de las sociedades intervinientes en dichos procesos era
la misma antes de la respectiva fusión o escisión.
Inciso modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 5º. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de
renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan
relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso
podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, salvo las
generadas en la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el artículo
158-3 de este Estatuto.
Inciso modificado
por la Ley 1819 de 2016,
art 89. El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones
en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales será de seis (6) años
contados a partir de la fecha de su presentación.
Texto anterior del inciso El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus
correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación.
Parágrafo
transitorio.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Declarado exequible por la Sentencia
C-508 de 2008. Las sociedades podrán compensar
las pérdidas fiscales registradas a 31 de diciembre de 2002 en cualquier año o
período gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco períodos
gravables siguientes al período en que se registraron.
Parágrafo
2°.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-886 de
2002 y C-433 de 2003. Adicionado por la Ley 716 de 2001, artículo 20. En casos especiales
el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar a las sociedades
la compensación de las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o periodo
gravable, con las rentas líquidas que obtuvieren dentro de los siete periodos
gravables siguientes, en ningún caso, serán deducibles las pérdidas originadas
en la venta de activos fijos, a los que se les amplía el plazo por dos años.
Las pérdidas de las sociedades además de no ser trasladables a los
socios, tampoco lo serán respecto de las sociedades absorbentes o de las que
resulten de una fusión cuando la actividad generadora de renta de la sociedad
absorbida o fusionada sea distinto. En todo caso para que las pérdidas, sean
admitidas tendrán que cumplir con todos los requisitos legales y en particular
con la condición de tener relación de causalidad con la actividad productora de
rentas.
En todos los casos en que la Administración de Impuestos Nacionales
encuentre indicios sobre la improcedencia de las pérdidas fiscales declaradas o
compensadas por el contribuyente, el término de firmeza de las declaraciones de
rentas correspondientes a los años gravables en que se originen y compensen las
pérdidas, será de cinco años siempre y cuando se compruebe la improcedencia.
Ver Ley 2010 de 2019, artículo 117
Artículo 148.
Deducción por Pérdidas de Activos. Son deducibles las pérdidas sufridas durante
el año o período gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o
actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor.
El
valor de la pérdida, cuando se trate de bienes depreciados, es el que resulte
de restar las depreciaciones, amortizaciones y pérdidas parciales concedidas de
la suma del costo de adquisición y el de los (sic) mejoras. La pérdida se
disminuye en el valor de las compensaciones por seguros y similares, cuando la
indemnización se recibe dentro del mismo año o período gravable en el cual se
produjo la pérdida. Las compensaciones recibidas con posterioridad están
sujetas al sistema de recuperación de deducciones.
Cuando
el valor total de la pérdida de los bienes, o parte de ella, no pueda deducirse
en el año en que se sufra, por carencia o insuficiencia de otras rentas, el
saldo se difiere para deducirlo en los cinco períodos siguientes. En caso de
liquidación de sociedades o sucesiones, el saldo de la pérdida diferida es
deducible en su totalidad, en el año de la liquidación.
No
son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado
en el juego de inventarios.
Parágrafo.
Lo dispuesto en el artículo siguiente será aplicable en lo pertinente para las
pérdidas de bienes.
Artículo 149.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 6º. Pérdidas en la Enajenación de Activos. El valor de los ajustes
efectuados sobre los activos fijos a que se refieren los artículos 73, 90-2 y
868 de este Estatuto y el artículo 65 de la Ley 75 de 1986,
no se tendrá en cuenta para determinar el valor de la pérdida en la enajenación
de activos. Para este propósito, forman parte del costo los ajustes por
inflación calculados, de acuerdo con las normas vigentes al respecto hasta
el año gravable 2006. (Declarado exequible por la Sentencia C-809 de
2007, el aparte subrayado)
Ver la Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 150.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 7º. Pérdidas Sufridas por Personas Naturales en Actividades
Agropecuarias. Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en
empresas agropecuarias serán deducibles en los cinco años siguientes a su
ocurrencia, siempre y cuando que se deduzcan exclusivamente de rentas de igual
naturaleza y las operaciones de la empresa estén contabilizadas de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta deducción se
aplicará sin perjuicio de la renta presuntiva.
Artículo 151.
No son Deducibles las Pérdidas, por Enajenación de Activos a Vinculados
Económicos. No se aceptan pérdidas por enajenación de activos fijos o movibles,
cuando la respectiva transacción tenga lugar entre una sociedad u otra entidad
asimilada y personas naturales o sucesiones ilíquidas, que sean económicamente
vinculadas a la sociedad o entidad.
Artículo 152.
No son Deducibles las Pérdidas, por Enajenación de Activos de Sociedades a
Socios. Además de los casos previstos en el artículo anterior, no se aceptan
pérdidas por enajenación de activos fijos o movibles, cuando la respectiva
transacción tenga lugar entre una sociedad limitada o asimilada y sus socios
que sean sucesiones ilíquidas o personas naturales, el cónyuge o los parientes
de los socios dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil.
Artículo 153.
Modificado
por la Ley 49 de 1990,
art 4o. No es Deducible la Pérdida en la Enajenación de Acciones o Cuotas de
Interés Social. La pérdida proveniente de la enajenación de las acciones o
cuotas de interés social no será deducible.
Inciso adicionado por la Ley 1607 de 2012,
art 128. No son deducibles las pérdidas originadas en la
enajenación de derechos fiduciarios cuando el objeto del patrimonio autónomo,
o el activo subyacente, esté constituido por acciones o cuotas de interés
social o por cualquier otro activo cuya pérdida esté restringida de conformidad
con las normas generales.
Artículo
154. Modificado por la Ley 1819
de 2016, art 90. Pérdida en la enajenación de plusvalía. Con sujeción a las limitaciones
previstas en este estatuto para las deducciones de pérdidas en la enajenación
de activos, la pérdida originada en la enajenación del intangible de que trata
el numeral 2 del artículo 74 de este estatuto, tendrá el siguiente tratamiento:
1. Si se
enajena como activo separado no será deducible.
2. Si se
enajena como parte de otro activo o en el marco de una combinación de negocios,
en los términos del numeral 2
del artículo 74 de este estatuto, será deducible.
Texto original art 54. No son Deducibles las Pérdidas, por Enajenación de Bonos de Financiamiento
Presupuestal. Las pérdidas sufridas en la enajenación de los Bonos de
Financiamiento Presupuestal no serán deducibles.
Artículo 155.
No son Deducibles las Pérdidas, por Enajenación de Bonos de Financiamiento
Especial. Las pérdidas sufridas en la enajenación de los Bonos de
Financiamiento Especial no serán deducibles.
Artículo 156.
Las Pérdidas no pueden afectar Rentas de Trabajo. Las rentas de trabajo no
podrán afectarse con pérdidas, cualquiera que fuese su origen.
DEDUCCIONES ESPECIALES POR
INVERSIONES.
Artículo
157.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN NUEVAS PLANTACIONES, RIEGOS,
POZOS Y SILOS. Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente
inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de palmas
productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de
obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y
beneficio primario de los productos agrícolas, tendrán derecho a deducir
anualmente de su venta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el
respectivo año gravable.
La deducción anterior se
extenderá también a las personas naturales y jurídicas que efectúen inversiones
en empresas especializadas reconocidas por el Ministerio de Agricultura en las
mismas actividades.
La deducción de que trata
este artículo, no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta líquida
del contribuyente que realice la inversión.
Para efectos de la deducción
aquí prevista, el contribuyente deberá conservar la prueba de la inversión y de
la calidad de empresa especializada en la respectiva área, cuando fuere del
caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una resolución en la
cual señale las empresas que califican para los fines del presente artículo.
Artículo
158.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Declarado exequible
condicionalmente
por la Sentencia C-1647 de
2000.
DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO. Serán considerados como
gastos deducibles del impuesto sobre la renta, en sus coeficientes de
amortización, las inversiones en construcción y reparación de viviendas en el
campo en beneficio de los trabajadores; igualmente, los desmontes, obras de
riego y de desecación; la titulación de baldíos, construcción de acueductos,
cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación y
mejoramiento de fincas rurales.
El Gobierno fijará las inversiones a
que se refiere este artículo y reglamentará la forma de ejecutar estas
deducciones.
Artículo 158-1. Modificado por la Ley 1955 de 2019, art. 170.
Deducción por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico
e innovación. Las
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación
(CNBT), serán deducidles en el período gravable en que se realicen. Lo
anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata el artículo 256
del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones y requisitos allí
previstos.
El mismo tratamiento previsto en este
artículo será aplicable en los siguientes casos: i) a las donaciones que se
realicen por intermedio de las Instituciones de Educación Superior o del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(Icetex) dirigidas a programas de becas o créditos condonables que
sean aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y que beneficien a
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial,
o créditos condonables que podrán incluir manutención, hospedaje,
transporte, matrícula, útiles y libros, de acuerdo a la reglamentación expedida
por el Gobierno nacional respecto de las condiciones de asignación y
funcionamiento de los programas de becas y créditos condonables a los
que hace referencia el presente artículo, i) a las donaciones recibidas por el
Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean destinadas al
financiamiento de Programas y/o Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación,
de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT),
y iii) a la remuneración correspondiente a la vinculación de personal con
título de Doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con
posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando se cumplan
con los criterios y condiciones definidos por el CNBT para tal fin y su
vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I+D+i. Para el caso
de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los requisitos
de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su
vinculación.
Parágrafo
1°. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CNBT) definirá anualmente un monto máximo total de la deducción
prevista en el presente artículo y del descuento establecido en el artículo 256
del Estatuto Tributario y del Crédito Fiscal por Inversiones en CTel, así
como el monto máximo anual que individualmente pueden solicitar las empresas
como deducción y descuento por inversiones o donaciones de que trata el
Parágrafo 2° del artículo 256 del Estatuto Tributario, efectivamente realizadas
en el año. El Gobierno nacional definirá mediante reglamento que un porcentaje
específico del monto máximo total de la deducción de que trata el presente
artículo y del descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto Tributario,
se invierta en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en Pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Cuando se presenten proyectos en CT+I
que establezcan inversiones superiores al monto señalado anteriormente, el
contribuyente podrá solicitar al CNBT la ampliación de dicho tope, justificando
los beneficios y la conveniencia del mismo. En los casos de proyectos
plurianuales, el monto máximo establecido en este inciso se mantendrá vigente
durante los años de ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar
en un año un valor superior, cuando el CNBT establezca un monto superior al
mismo para dicho año.
Parágrafo 2°. Los costos y gastos que
dan lugar a la deducción de que trata este artículo y al descuento del artículo
256 del Estatuto Tributario, no podrán ser capitalizados ni tomados como costo
o deducción nuevamente por el mismo contribuyente.
Parágrafo 3°. Los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios que hayan accedido al beneficio
contemplado en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario antes de 31 de
diciembre de 2016 en un proyecto plurianual, conservarán las condiciones
previstas al momento de obtener la aprobación por parte del CNBT respecto del
proyecto correspondiente. Las inversiones en los proyectos
de que trata este Parágrafo, no se someten a lo previsto en el
artículo 256 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 4°. La deducción prevista
por la remuneración de personal con título de doctorado se causará cuando dicho
personal no esté vinculado a los proyectos a los que hace mención el presente
artículo en su primer inciso.
Texto anterior Artículo 158-1. Reglamentado por el Decreto 978 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 91. Deducción por donaciones e
inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Las
inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante actualización del
documento CONPES 3834 de 2015, serán deducibles en el período gravable en que
se realicen. Lo anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata
el artículo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones y
requisitos allí previstos.
El mismo tratamiento previsto en este
artículo será aplicable a las donaciones que se realicen por intermedio de las
Instituciones de Educación Superior o del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) dirigidas a programas de
becas o créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas
de estudio total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir
manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. El Gobierno
nacional reglamentará las condiciones de asignación y funcionamiento de los
programas de becas y créditos condonables a los que hace referencia el presente
artículo.
Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CNBT) definirá anualmente un monto máximo total de la
deducción prevista en el presente artículo y del descuento establecido en el
artículo 256 del Estatuto Tributario, así como el monto máximo anual que
individualmente pueden solicitar las empresas como deducción y descuento por
inversiones o donaciones de que trata el Parágrafo 3 del artículo 256 del
Estatuto Tributario, efectivamente realizadas en el año. El Gobierno nacional
definirá mediante reglamento que un porcentaje específico del monto máximo
total de la deducción de que trata el presente artículo y del descuento de que
trata el artículo 256 del Estatuto Tributario, se invierta en proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en pequeñas y medianas
empresas - Pymes.
Cuando se presenten proyectos en CT+I
que establezcan inversiones superiores al monto señalado anteriormente, el
contribuyente podrá solicitar al CNBT la ampliación de dicho tope, justificando
los beneficios y la conveniencia del mismo. En los casos de proyectos
plurianuales, el monto máximo establecido en este inciso se mantendrá vigente
durante los años de ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar
en un año un valor superior, cuando el CNBT establezca un monto superior al
mismo para dicho año.
Parágrafo 2°. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que trata este
artículo y al descuento del artículo 256 del Estatuto Tributario, no podrán ser
capitalizados ni tomados como costo o deducción nuevamente por el mismo
contribuyente.
Parágrafo 3°. El Documento CONPES previsto en este artículo deberá expedirse o
ajustarse antes del 1° de mayo de 2017.
Parágrafo 4°. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
que hayan accedido al beneficio contemplado en el artículo 158-1 del Estatuto
Tributario antes de 31 de diciembre de 2016 en un proyecto plurianual,
conservarán las condiciones previstas al momento de obtener la aprobación por
parte del CNBT respecto del proyecto correspondiente. Las inversiones en los
proyectos de que trata este Parágrafo, no se someten a lo previsto en el
artículo 256 del Estatuto Tributario.
Texto anterior art 158-1. Modificado por la Ley
1739 de 2014, art 33.
Deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o
innovación. Las personas que
realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología e Innovación como de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los
criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social mediante documento Conpes, tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento
setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el
periodo gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá
exceder del cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de
restar el valor de la inversión.
Las
inversiones o donaciones de que trata este artículo, podrán ser realizadas a
través de Investigadores, Grupos o Centros de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o Innovación o directamente en Unidades de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o Innovación de Empresas, registrados y reconocidos por
Colciencias. Igualmente, a través de programas creados por las instituciones de
educación superior aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que sean
entidades sin ánimo de lucro y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y
3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención,
hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. El Gobierno nacional
reglamentará las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de
becas a los que hace referencia el presente artículo.
Los
proyectos calificados como de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación previstos en el presente artículo incluyen además la vinculación de
nuevo personal calificado y acreditado de nivel de formación técnica
profesional, tecnológica, profesional, maestría o doctorado a Centros o Grupos
de Investigación o Innovación, según los criterios y las condiciones definidas
por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación.
El
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios definirá los procedimientos de
control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las
condiciones para garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos
calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad
intelectual, y que además servirán de mecanismo de control de la inversión de
los recursos.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes podrán optar por la alternativa de
deducir el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del valor de las donaciones
efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando
se destinen exclusivamente a proyectos calificados por el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología e Innovación como de
investigación o desarrollo tecnológico o innovación, según los criterios y las
condiciones definidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
mediante un documento Conpes. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por
ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la
donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás
requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2°. Para que proceda la deducción de que trata el presente artículo
y el parágrafo 1°, al calificar el proyecto se deberá tener en cuenta criterios
de impacto ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir
simultáneamente de su renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de
que trata el presente artículo.
Parágrafo 3°. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación definirá anualmente un monto máximo total de la
deducción prevista en el presente artículo, así como el monto máximo anual que
individualmente pueden solicitar las empresas como deducción por inversiones o
donaciones efectivamente realizadas en el año.
Cuando
se presenten proyectos en CT+I que establezcan inversiones superiores al monto
señalado anteriormente, el contribuyente podrá solicitar al CNBT la ampliación
de dicho tope, justificando los beneficios y la conveniencia del mismo. En los
casos de proyectos plurianuales, el monto máximo establecido en este inciso se
mantendrá vigente durante los años de ejecución del proyecto calificado, sin
perjuicio de tomar en un año un valor superior, cuando el CNBT establezca un
monto superior al mismo para dicho año.
Parágrafo 4°. Cuando el beneficio supere el valor máximo deducible en el
año en que se realizó la inversión o la donación, el exceso podrá solicitarse
en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el límite del cuarenta por
ciento (40%) a que se refieren el inciso 1° y el parágrafo 1° del presente artículo.
Parágrafo 5°. La deducción de que trata el artículo 158-1 excluye la
aplicación de la depreciación o la amortización de activos o la deducción del
personal a través de los costos de producción o de los gastos operativos. Así
mismo, no serán objeto de esta deducción los gastos con cargo a los recursos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional.
Parágrafo 6°. La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada
en cabeza de los socios o accionistas.
Parágrafo 7°. El Documento Conpes previsto
en este artículo deberá expedirse en un término de 4 meses, contados a partir
de la entrada en vigencia la presente ley.
Texto anterior art 158-1. Modificado por la Ley 1450 de 2011, artículo
36. Deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Las
personas que realicen inversiones en proyectos calificados como de
investigación y desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento
setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el
período gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá
exceder del cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de
restar el valor de la inversión.
Tales inversiones serán
realizadas a través de Investigadores, Grupos o Centros de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o Innovación o Unidades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o Innovación de Empresas, registrados y reconocidos por
Colciencias.
Los proyectos calificados
como de investigación o desarrollo tecnológico previstos en el presente artículo
incluyen además la vinculación de nuevo personal calificado y acreditado de
nivel de formación técnica profesional, tecnológica, profesional, maestría o
doctorado a Centros o Grupos de Investigación o Innovación, según los criterios
y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
en Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios definirá los procedimientos de control, seguimiento y
evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para garantizar la
divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio de la
aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán de
mecanismo de control de la inversión de los recursos.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes podrán optar
por la alternativa de deducir el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del
valor de las donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo,
siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados como de
investigación o desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por
ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la
donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás
requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 2°. Para que proceda la deducción de
que trata el presente artículo y el parágrafo 1°, al calificar el proyecto se
deberá tener en cuenta criterios de impacto ambiental. En ningún caso el
contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta bruta, el valor de las
inversiones y donaciones de que trata el presente artículo.
Parágrafo 3°. El Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación definirá anualmente un monto
máximo total de la deducción prevista en el artículo 158-1, así como los
porcentajes asignados de ese monto máximo total para cada tamaño de empresa,
siguiendo para ello los criterios y las condiciones de tamaño de empresa que
establezca el gobierno nacional.
Parágrafo 4°. Cuando el beneficio supere el
valor máximo deducible en el año en que se realizó la inversión o la donación,
el exceso podrá solicitarse en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el
límite del cuarenta por ciento (40%) a que se refiere el inciso primero y el
parágrafo primero del presente artículo.
Parágrafo 5°. La deducción de que trata el Artículo
158-1 excluye la aplicación de la depreciación o la amortización de activos o
la deducción del personal a través de los costos de producción o de los gastos
operativos. Así mismo, no serán objeto de esta deducción los gastos con cargo a
los recursos no constitutivos de renta o ganancia ocasional.
Parágrafo 6. La utilización de esta deducción
no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas.
Artículo 158-2.
Derogado por la Ley 1819 de 2016,
art 376. Reglamentado por el Decreto 3172 de 2003. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo
78. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. Las
personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y
mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su
renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año
gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en
la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados
a dichas inversiones.
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser
superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente,
determinada antes de restar el valor de la inversión.
No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por
mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido
por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental.
Artículo
158-3.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
8º. DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. A partir del 1º de enero de 2007,
las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta,
podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones
efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos
adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable
de compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno
Nacional. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán
acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto. (Declarados
exequibles por la Sentencia C-714 de 2009, los apartes
subrayados)
La utilización de esta
deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas.
La deducción por inversión
en activos fijos sólo podrá aplicarse con ocasión de aquellos activos fijos
adquiridos que no hayan sido objeto de transacción alguna entre las demás
empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma composición
mayoritaria de accionistas, y la declarante, en el evento en que las hubiere.
Parágrafo. Los contribuyentes que adquieran
activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y utilicen la
deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema
de línea recta de conformidad con lo establecido en este Estatuto.
Parágrafo 2°. Adicionado Ley 1370 de 2009, artículo
10. A partir del período gravable 2010, la deducción a que se refiere este artículo
será del treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas
realizadas sólo en activos fijos reales productivos.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
1º. A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata
este artículo. (Declarado exequible por la Sentencia
C-076 de 2012, el aparte subrayado)
Quienes con
anterioridad al 1° de noviembre de 2010 hayan
presentado solicitud de contratos de estabilidad jurídica, incluyendo
estabilizar la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el
presente artículo y cuya prima sea fijada con base en el valor total de la
inversión objeto de estabilidad, podrán suscribir contrato de estabilidad
jurídica en el que se incluya dicha deducción. En estos casos, el término de la
estabilidad jurídica de la deducción especial no podrá ser superior tres (3)
años. (Declarado exequible por la Sentencia
C-785 de 2012, el aparte subrayado en este inciso)
Artículo 159. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 92. Deducción por inversiones
en evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. Las inversiones
necesarias realizadas de conformidad con el numeral 4 del artículo 74-1 de este
estatuto, serán amortizables de conformidad con lo establecido en el artículo
143-1.
Texto anterior art 159. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES AMORTIZABLES EN LA INDUSTRIA PETROLERA Y
EL SECTOR MINERO. Para los efectos del artículo 142, en las inversiones
necesarias realizadas en materia de minas y petróleos, distintas de las
efectuadas en terrenos o en bienes depreciables, se incluirán los desembolsos
hechos tanto en áreas en explotación como en áreas no productoras, continuas o
discontinuas.
Artículo 160.
DEDUCCIÓN POR EXPLORACIÓN DE PETRÓLEOS EN CONTRATOS VIGENTES AL 28 DE OCTUBRE
DE 1974. Cuando se trate de exploraciones en busca de petróleos llevadas a cabo
a partir del 1° de enero de 1955 que correspondan a zonas cuyo subsuelo
petrolífero haya sido reconocido como de propiedad privada o a concesiones o
asociaciones vigentes a octubre 28 de 1974, directamente por personas naturales
o por compañías con explotaciones en producción o por medio de filiales o
subsidiarias, se concederá una deducción por amortización de inversiones de
toda clase, hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones
en el país, a una tasa del diez por ciento (10%) de la respectiva inversión.
Una
vez iniciado el período de explotación, esta deducción se suspenderá; pero el
saldo no amortizado de las inversiones correspondientes se tendrá como costo
integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente,
amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento.
Cuando
tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el saldo no amortizado de
las inversiones hechas en exploración se continuará amortizando a la tasa anual
del diez por ciento (10%).
Artículo 161.
DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO EN EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, EN CONTRATOS
VIGENTES A OCTUBRE 28 DE 1974. El contribuyente que derive renta de
explotaciones de hidrocarburos en zonas cuyo subsuelo petrolífero se reconozca
como de propiedad privada o de concesiones o contratos de asociación vigentes a
octubre 28 de 1974, tendrá derecho a una deducción por agotamiento, de
conformidad con los artículos siguientes.
Artículo 162.
SISTEMAS PARA SU DETERMINACIÓN. La deducción por agotamiento podrá determinarse
a base de estimación técnica de costo de unidades de operación o a base de
porcentaje fijo.
El
contribuyente podrá elegir el sistema para calcular el agotamiento; escogida una
de las dos bases, sólo podrá cambiarla por la sola vez, con autorización de la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
Artículo 163.
AGOTAMIENTO NORMAL A BASE DE PORCENTAJE FIJO. La deducción anual por
agotamiento normal a base de porcentaje fijo, será igual al diez por ciento
(10%) del valor bruto del producto natural extraído del depósito o depósitos
que estén en explotación y que se haya vendido o destinado a la exportación o
vendido para ser refinado o procesado dentro del país, o destinado por el
explotador para el mismo objeto en sus propias refinerías en el año o período
para el cual se solicita la deducción, debiendo restarse de tal valor la suma
equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, o
al impuesto causado o pagado sobre el petróleo de propiedad privada, o al de
las participaciones que le correspondan a la Nación.
Artículo 164.
DETERMINACIÓN DEL VALOR BRUTO DEL PRODUCTO NATURAL. Para los efectos del artículo
anterior, el valor bruto del producto natural se determinará con base en los
precios en el campo de producción que señale la Comisión de Precios del
Ministerio de Minas y Energía, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
162 del Decreto
444 de 1967, en lo que fuere
pertinente, y a la reglamentación que dictará el Gobierno.
Artículo 165.
LIMITACIÓN A LA DEDUCCIÓN. El porcentaje permitido como deducción anual por
concepto de agotamiento normal, no podrá exceder en ningún caso del treinta y
cinco (35%) del total de la renta líquida fiscal del contribuyente, computada
antes de hacer la deducción por agotamiento, siendo entendido que este límite
no se aplica cuando el sistema de agotamiento sea el de estimación técnica de
costo de unidades de operación.
La
deducción por agotamiento normal a base de porcentaje fijo permitida en el artículo
163, se concederá en cuanto sea necesaria para amortizar totalmente el costo de
las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho en
terrenos o en propiedad depreciable.
Artículo 166.
DEDUCCIÓN POR FACTOR ESPECIAL DE AGOTAMIENTO EN EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.
Además de la deducción anual por agotamiento normal, reconócese un factor
especial de agotamiento aplicable año por año a las siguientes explotaciones:
a)
Las iniciadas después del 1º de enero de 1955 y existentes al 28 de octubre de
1974;
b)
Las que se inicien a partir del 28 de octubre de 1974 y correspondan a zonas
cuyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido como de propiedad privada; y
c)
Las correspondientes a contratos de concesión o asociación, vigentes a octubre
28 de 1974. Dicho factor especial será equivalente al quince por ciento (15%)
del valor bruto del producto natural extraído, determinado conforme a lo
dispuesto en el artículo 164 y hasta el monto total de las inversiones
efectuadas en estas explotaciones.
Para
las explotaciones situadas al Este y Sureste de la cima de la Cordillera
Oriental, el factor especial de agotamiento de que trata este artículo será del
dieciocho por ciento (18%) del valor bruto del producto natural extraído,
determinado en la forma indicada en el artículo 164 y hasta el monto total de
las inversiones efectuadas en estas explotaciones.
La
deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del dieciocho por
ciento (18%) que se concede en el inciso anterior, no podrá exceder en conjunto
del cincuenta por ciento (50%) de la renta líquida fiscal del contribuyente,
computada antes de hacer la deducción por agotamiento.
Es
entendido que los límites del cuarenta y cinco por ciento (45%) y del cincuenta
por ciento (50%) no se aplican cuando el sistema de agotamiento adoptado por el
contribuyente sea el de estimación técnica de costos o de unidades de
operación.
Artículo 167.
DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO EN EXPLOTACIONES DE MINAS, GASES DISTINTOS DE LOS
HIDROCARBUROS Y DEPÓSITOS NATURALES EN CONTRATOS VIGENTES A OCTUBRE 28 DE 1974.
El contribuyente que derive renta de explotaciones de minas, gases distintos de
los hidrocarburos y depósitos naturales, en concesiones, aportes, permisos y
adjudicaciones vigentes a octubre 28 de 1974 o en áreas de propiedad, cuyo
subsuelo minero haya sido reconocido como de propiedad privada, tendrá derecho
a una deducción por agotamiento, de conformidad con las disposiciones
contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 168.
QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA DEDUCCIÓN. El arrendamiento, la concesión, el
aporte o el permiso para la explotación de minas, de gases distintos de los
hidrocarburos, y de depósitos naturales, se estimarán, para los efectos del
agotamiento, como un contrato especial en que tanto el arrendador u otorgante
de la concesión, permiso, aporte, según el caso, como el arrendatario o
concesionario o beneficiario del permiso o del aporte, conservan o retienen un
interés económico en la propiedad agotable; interés que es la fuente de su
respectiva renta. En consecuencia, la deducción por agotamiento se concederá
tanto al arrendador o propietario como al arrendatario o concesionario o
beneficiario mencionado, sobre la base de sus respectivos costos, determinados
conforme a las reglas establecidas en el artículo siguiente.
La
norma anterior se aplica a los contribuyentes que reciban participaciones o
regalías por concepto de las explotaciones enumeradas anteriormente.
En
el caso de propiedad poseída en usufructo, la deducción por agotamiento se
computará como si el usufructuario tuviera el pleno dominio sobre la propiedad,
y será éste quien tenga derecho a la deducción correspondiente.
Artículo 169.
FACTORES QUE INTEGRAN EL COSTO. El costo de que trata el artículo anterior,
estará constituido por las siguientes partidas:
a)
Los gastos capitalizados hechos en la adquisición de la respectiva concesión,
aporte, permiso o adjudicación, o el precio neto de adquisición de la
propiedad, según el caso. Cuando la propiedad ha sido adquirida a título
gratuito, el valor amortizable por agotamiento estará constituido por el que se
haya fijado en el título de adjudicación o traspaso. En todos los casos de
adquisición de la propiedad que se explota, deberá restarse de su precio de
adquisición o del valor que se haya fijado como se dispone en esta norma, el
precio o valor, según el caso, que corresponda a la superficie del terreno que
sea susceptible de utilizarse económicamente para fines distintos de la
explotación o producción de gas o minerales;
b)
Los gastos preliminares de explotación, instalación, legales y de desarrollo y
en general, todos aquellos que contablemente deban ser capitalizados a
excepción de las inversiones hechas en propiedades para las cuales se solicitan
deducciones por depreciación;
c)
El saldo de los gastos capitalizados y no amortizados que se hayan efectuado en
áreas improductivas por el contribuyente que invoca la deducción, de acuerdo
con el artículo 171.
Artículo 170.
SISTEMA PARA SU DETERMINACIÓN. La deducción por agotamiento se computara bien a
base de estimación técnica de costo de unidades de operación, o bien a base de
porcentaje fijo:
a)
Cuando la deducción por agotamiento haya de computarse a base de estimación
técnica de costo de unidades de operación, en el año o período gravable en que
resulte cierto, como resultado de operaciones y trabajos de desarrollo, que las
unidades recuperables son mayores o menores que las primitivamente estimadas,
este cálculo deberá ser revisado, en cuyo caso la deducción por agotamiento
tendrá por base para el año o período gravable de que se trate y para los
subsiguientes, el nuevo cálculo revisado;
b)
La deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo no deberá exceder del
10% del valor total de la producción en el año o periodo gravable, calculado en
boca de mina, debiendo restarse plenamente de dicho valor cualquier
arrendamiento o regalía pagado o causado por concepto de la propiedad
explotada.
El
porcentaje permitido como deducción por agotamiento, no podrá exceder en ningún
caso del 35% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de hacer
esta deducción.
El
sistema de agotamiento para calcular la deducción correspondiente queda a
opción del contribuyente, pero una vez elegido el sistema sólo podrá cambiarlo,
por una sola vez, con autorización de la Dirección General de Impuestos
Nacionales y previos los ajustes correspondientes que ordene esta dependencia.
La
deducción normal por agotamiento, cualquiera que sea el sistema que se utilice,
cesará al amortizarse el costo de la propiedad agotable.
Artículo 171.
DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EN EXPLORACIONES DE GASES Y
MINERALES. Cuando se trate de exploraciones en busca de gases distintos de los
hidrocarburos, minerales u otros depósitos naturales, llevadas a cabo
directamente por personas naturales o por compañías con explotaciones en
producción o por medio de filiales o subsidiarias, se concederá una deducción
por amortización de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones,
con cargo a la renta de explotaciones en el país, a una tasa razonable, que en
ningún caso excederá del 10% de la respectiva inversión, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior.
Una
vez iniciada el período de explotación, la deducción de que trata este artículo
se suspenderá. Esta suspensión no obsta para que, por el saldo no amortizado de
las respectivas inversiones, se concedan a la filial o subsidiaria deducciones
con cargo a su renta, de acuerdo con los artículos 168 a 170.
Artículo
172.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EFECTUADAS POR ECOPETROL. Las
inversiones en hidrocarburos que se realicen por la Empresa Colombiana de
Petróleos, directamente o por contratos celebrados con posterioridad a octubre
28 de 1974, así como las efectuadas en minas, bases distintos de los
hidrocarburos y depósitos naturales, correspondientes a aportes, concesiones y
permisos igualmente perfeccionados con posterioridad a la misma fecha, se
regirán por las normas sobre amortización de que trata el artículo 142. En
consecuencia, no les serán aplicables las disposiciones de los artículos 162 a
171, inclusive.
PRESUNCIÓN DE DEDUCCIÓN.
Artículo
173.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. LAS DEDUCCIONES EN PLANTACIONES DE REFORESTACIÓN. En
plantaciones de reforestación el monto de las deducciones, se establece de
acuerdo con la presunción y condiciones señaladas en el artículo 83.
PAGOS POR RENTA VITALICIA.
Artículo
174.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. DEDUCCIÓN POR SUMAS PAGADAS COMO RENTA VITALICIA. Las sumas
periódicas pagadas en el año o período gravable a título de renta vitalicia,
son deducibles en la forma prevista en el artículo 101.
DEDUCCIÓN POR RENTA
PRESUNTIVA.
Artículo
175. Modificado por la Ley 1731 de 2014, art 18. El Fondo Nacional de Garantías tendrá
derecho a deducir anualmente el valor de las reservas técnicas o de siniestralidad
constituidas durante el respectivo ejercicio. En igual forma podrá proceder el
Fondo Agropecuario de Garantías de que trata la Ley 16 de 1990 respecto a sus provisiones y
reservas
Texto anterior. Artículo 175. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art
129. El Fondo Nacional de Garantías
tendrá derecho a deducir anualmente el valor de las reservas técnicas o de
siniestralidad constituidas durante el respectivo ejercicio.
Texto original. Artículo
175. Derogado por la Ley 633 de 2000, art 134. DEDUCCIÓN DEL EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA RENTA LIQUIDA
ORDINARIA. Los contribuyentes que a partir del año gravable de 1990 hayan
determinado un impuesto a su cargo con base en el sistema de renta presuntiva,
podrán restar de la renta bruta determinada, dentro de los dos años siguientes,
el valor equivalente al exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida
calculada por el sistema ordinario.
Lo dispuesto en este artículo, se aplicará sin perjuicio de la
presunción mínima de rentabilidad que se debe calcular en el año en el cual se
efectúe la deducción.
LIMITACIONES COMUNES A
COSTOS Y DEDUCCIONES.
Artículo
176. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 93. Los
gastos que no sean susceptibles de tratarse como deducción, no podrán ser
tratados como costos ni capitalizados. Los
costos cuya aceptación esté restringida no podrán ser tratados como deducción.
Los gastos no aceptados fiscalmente no podrán ser tratados como costo, ni ser
capitalizados.
Texto anterior art 176. DEDUCCIONES EN EL NEGOCIO DE GANADERÍA. Los gastos y expensas
efectuados en el año en el negocio de ganadería, sólo serán deducibles de la
misma renta en la medida en que éstos no hayan sido capitalizados.
Artículo 177.
LAS LIMITACIONES A COSTOS SE APLICAN A LAS DEDUCCIONES. Las deducciones están
sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos, en los artículos
85 a 88, inclusive. Igualmente, para uno y otro caso, no serán deducibles los
pagos respaldados en documentos frente a los cuales no se cumpla lo previsto en
el numeral 3º del artículo 522.
Tampoco
serán procedentes los costos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla
con la obligación señalada en el artículo 632.
Artículo 177-1.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 13. LÍMITE DE LOS COSTOS Y DEDUCCIONES. Para efectos de la
determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los
costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional ni a las rentas exentas.
Parágrafo.
Modificado
por la Ley
964 de 2005, artículo 82. La limitación
prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos de que tratan
los artículos 16 y 56 de la Ley
546 de 1999, en los términos allí
señalados y hasta el 31 de diciembre de 2010. Ver Decreto 779 de 2003.
Artículo 177-2.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 4°. NO ACEPTACIÓN DE COSTOS Y GASTOS. No son aceptados como costo o
gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:
a)
Los que se realicen a personas no inscritas en el Régimen Común del Impuesto
sobre las Ventas por contratos de valor individual y superior a sesenta
millones de pesos ($60.000.000) en el respectivo período gravable (valor año
base 2004);
b)
Los realizados a personas no inscritas en el Régimen Común del impuesto sobre
las ventas, efectuados con posterioridad al momento en que los contratos
superen un valor acumulado de sesenta millones de pesos ($60.000.000) en el
respectivo período gravable (valor año base 2004);
c) Los
realizados a personas naturales no inscritas en el Régimen Común, cuando no
conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo
vendedor o prestador de servicios en el régimen simplificado. Se exceptúan de
lo anterior las operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen simplificado,
siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento
equivalente a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437
del Estatuto Tributario. (La expresión resaltada fue derogada por la Ley 1819 de 2016, art 376.)
Sin
perjuicio de lo previsto en los literales a) y b) de este artículo, la
obligación de exigir y conservar la constancia de inscripción del responsable
del Régimen Simplificado en el RUT, operará a partir de la fecha que establezca
el reglamento a que se refiere el artículo 555-2.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 94. A las mismas limitaciones se
someten las operaciones gravadas con el impuesto nacional al consumo.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
CAPITULO VI
RENTA LÍQUIDA.
Artículo 178.
DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA. La renta líquida está constituida por la
renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las
actividades productoras de renta.
La
renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas,
salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la
renta gravable.
Artículo 179.
LA UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS POSEÍDOS POR MENOS DE DOS AÑOS
ES RENTA LÍQUIDA. No se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la
utilidad en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del
contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos de dos años.
Para
la determinación del costo del activo fijo enajenado, se tendrá en cuenta lo
contemplado en el Capítulo II del Título I de este Libro, en cuanto le sea
aplicable.
RENTAS LIQUIDAS ESPECIALES
RENTA PRESUNTIVA
NORMAS APLICABLES PARA 1989.
Artículo
180.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. BASES Y PORCENTAJES. Para efectos tributarios, se presume que
la renta líquida del contribuyente no es inferior al ocho por ciento (8%) de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente
anterior, determinado conforme a las disposiciones del Título II del presente
Libro, o al uno por ciento (1%) de los ingresos netos obtenidos en el
respectivo año gravable, si este último valor fuere superior.
Artículo
181.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. PERÍODO IMPRODUCTIVO O FUERZA MAYOR. La renta presuntiva se
reducirá proporcionalmente sobre aquella parte de los ingresos netos y del
patrimonio líquido vinculado a empresas en período improductivo, o afectada por
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre
la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la
determinación de una renta líquida inferior. Al resto de los ingresos netos y
del patrimonio líquido, se aplican los respectivos porcentajes establecidos en
el artículo anterior.
Artículo
182.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. REDUCCIÓN POR MEDIDAS LEGALES O ADMINISTRATIVAS. La reducción
proporcional también se hará en los siguientes casos, debidamente comprobados:
1. Cuando se trate de
propiedades urbanas afectadas por prohibiciones de urbanizar o por congelación
de arrendamientos.
2. Cuando la actividad
económica del contribuyente se encuentra afectada por disposiciones legales o
administrativas relativas a control de precios, a conservación de sitios
históricos o de recursos naturales.
Artículo
183.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. REDUCCIÓN POR CONTROL DE PRECIOS, QUE REQUIERE
PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTRO DE HACIENDA. Cuando la actividad económica del
contribuyente se encuentre afectada por disposiciones legales o administrativas
relativas a control de precios, la reducción proporcional de la renta
presuntiva se efectuará por el Ministro de Hacienda y de Crédito Público.
Para tal efecto, se tendrán
en cuenta los estudios económicos que hayan servido de base para fijar el
precio de los respectivos bienes o servicios.
Artículo
184.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. EXCLUSIÓN DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA
OCASIONAL. En la base de cálculo de los ingresos netos, no se incluirán los
ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional.
Artículo
185.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. FIJACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO SOBRE INGRESOS. La base de
cálculo de los ingresos netos para efectos de la renta presuntiva, se
establecerá restando de los ingresos netos susceptibles de constituir renta,
realizados en el año gravable, los que correspondan a los siguientes conceptos:
1. Los dividendos o participaciones
percibidos que tengan el carácter de ingreso constitutivo de renta, siempre y
cuando provengan de sociedades colombianas.
2. En el caso de compañías
de seguros, el valor de las primas diferentes de las retenidas.
3. Para las compañías de
seguros y de capitalización, el valor del reintegro de la reserva técnica o
matemática del año anterior, si estuviere incluido en el cálculo de los ingresos.
4. El valor de los ingresos
netos realizados en actividades vinculadas a empresas en período improductivo.
5. El valor de los ingresos
netos realizados, provenientes de propiedades urbanas afectadas por
prohibiciones de urbanizar o por congelación de arrendamientos.
6. El valor de los ingresos
netos realizados en actividades económicas afectadas por disposiciones legales
o administrativas relativas a control de precios, a conservación de sitios
históricos o de recursos naturales.
7. Los demás ingresos netos
realizados en actividades económicas afectadas por hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, o por anormalidades económicas determinadas por
el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO
186.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art
140. FIJACIÓN DE
LA BASE DE CÁLCULO SOBRE PATRIMONIO. El patrimonio líquido base para el cálculo
de la renta presuntiva, será el que se obtenga de excluir del total del
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior al gravable, el valor
patrimonial neto de los activos representados en los siguientes bienes:
1. El sesenta por ciento
(60%) del valor patrimonial neto representado en ganado de cría, hembras de
levante y leche.
2. El valor patrimonial neto
de los aportes, y acciones poseídos en sociedades colombianas.
3. El valor patrimonial neto
de los activos vinculados a empresas en período improductivo.
4. El valor patrimonial neto
representado en propiedades urbanas afectadas por prohibiciones de urbanizar o
por congelación de arrendamientos.
5. El valor patrimonial neto
de los bienes vinculados a actividades económicas afectadas por disposiciones
legales o administrativas relativas a control de precios, a conservación de
sitios históricos o de recursos naturales.
6. El valor patrimonial neto
de los demás bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, o por anormalidades económicas determinadas por el Gobierno Nacional.
Artículo
187.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EXCLUIDOS DE LA BASE DE
CALCULO AUMENTAN LA RENTA PRESUNTIVA. A la renta presuntiva se le se le
agregará el valor de los dividendos y participaciones constitutivos de renta.
Este resultado será el que se compare con la renta líquida ordinaria del
contribuyente para efectos de determinar su renta gravable.
NORMAS APLICABLES A PARTIR
DE 1990.
Artículo 188. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 90. Base y porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del
impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no
es inferior al tres y medio por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en el
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
El porcentaje de renta
presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al cero punto cinco por
ciento (0,5%) en el año gravable 2020; y al cero por ciento (0 %) a partir del
año gravable 2021.
Los contribuyentes inscritos
bajo el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE no
estarán sujetos a renta presuntiva.
Texto anterior artículo 188 Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 78. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019,
declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos
50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá
efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Artículo declarado exequible por los cargos analizados por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-520 de 2019.). “Base y
porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la
renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres
y medio por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en el último día del
ejercicio gravable inmediatamente anterior.
El porcentaje de renta
presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al uno y medio por
ciento (1,5%) en los años gravables 2019 y 2020; y al cero por ciento (0%) a
partir del año gravable 2021.
Los contribuyentes inscritos
bajo el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) no
estarán sujetos a renta presuntiva.”.
Texto anterior Artículo 188. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 95. Base
y porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida
del contribuyente no es inferior al tres y medio por ciento (3.5%) de su
patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente
anterior.
Texto anterior art 188. Modificado por la Ley 1111 de 2006, art
9º. BASE Y PORCENTAJE DE RENTA PRESUNTIVA. Para efectos del impuesto sobre la
renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres
por ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior.
Artículo
188-1.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. Adicionado por el Decreto
1653 de 1991, artículo 1º. PORCENTAJE A PARTIR DEL AÑO
GRAVABLE 1992. El porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo
anterior será del seis por ciento (6%) para el año gravable de 1992, del cinco
por ciento (5%) para el año gravable de 1993 y del cuatro por ciento (4%) para
los años gravables de 1994 y siguientes.
Artículo 189.
Reglamentado
parcialmente
por el Decreto
4123 de 2005. Modificado por la Ley 1111 de 2006,
art 10. DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN. Del total del
patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo
de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:
a)
El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales;
(Declarado exequible por la Sentencia C-809 de 2007, el aparte subrayado en este literal)
b)
El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos
hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta
líquida inferior;
c)
El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período
improductivo;
d) A
partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes
vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería
distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos; (Declarado exequible por la Sentencia C-809 de 2007, el aparte subrayado en este literal)
e)
Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos del contribuyente
destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la
renta presuntiva sobre patrimonio líquido;
f) Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 160. Las primeras ocho mil (8.000) UVT del valor de la
vivienda de habitación del contribuyente.
Texto anterior literal f). Las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de la vivienda de
habitación del contribuyente;
g) Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 96. El valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a
actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos.
Al
valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable
generada por los activos exceptuados y este (sic) será el valor de la renta
(sic) presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema
ordinario.
Parágrafo.
El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá
compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco
(5) años siguientes, reajustado fiscalmente.
Expresión resaltada derogada por la Ley 1819 de 2016,
art 376.
NORMAS COMUNES.
Artículo 190.
EL CONPES PODRÁ FIJAR LAS TASAS DIFERENCIALES POR EFECTO DE LOS AVALÚOS
CATASTRALES. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, podrá
revisar y fijar tasas generales o diferenciales para la renta presuntiva,
cuando mediante estudios adelantados por el Gobierno determine que la
incidencia de los avalúos catastrales sobre el monto de esta renta, sea
especialmente onerosa para algunos sectores de la economía.
Artículo 191.
Reglamentado
por el Decreto
2755 de 2005. Modificado por la Ley 1111 de 2006,
artículo 11. EXCLUSIONES DE LA RENTA PRESUNTIVA. De la presunción establecida
en el artículo 188 se excluyen:
1.
Las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19.
2.
Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
3.
Los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de cesantías
contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto.
4.
Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de
pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el
sistema de tren metropolitano.
5.
Las empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria
de generación de energía.
6.
Las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas
residuales y de aseo.
7.
Las sociedades en concordato.
8.
Las sociedades en liquidación por los primeros tres (3) años.
9.
Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria
que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de
posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del artículo 114
del estatuto orgánico del sistema financiero.
10.
Los bancos de tierras de las entidades territoriales, destinados a ser
urbanizados con vivienda de interés social.
11.
Los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente
las Cámaras de de (sic) Comercio y los constituidos como empresas industriales
y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta en las cuales la participación
de capital estatal sea superior al 51%, siempre que se encuentren debidamente
autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
12.
Las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal sea la
adquisición, enajenación y administración de activos improductivos de su
propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de la misma
naturaleza.
13. A
partir del 1º de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención,
los activos vinculados a las actividades contempladas en los numerales 1º, 2º,
3º, 6º y 9º del artículo 207-2 de este Estatuto, en los términos que establezca
el reglamento. (Declarado exequible por la Sentencia C-809 de
2007, el aparte subrayado en este literal)
Artículo
192.
Derogado
por la Ley 488 de 1998, art 154. REDUCCIÓN POR SITUACIÓN ANORMAL GEOGRÁFICA O ECONÓMICA.
Cuando en un sector específico de la actividad económica o zona geográfica, se
presente una situación de anormalidad que afecte gravemente, en una anualidad
tributaria, la rentabilidad normal de las empresas del sector o zona, el
Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y
Social, procederá a determinar tal situación antes del mes de enero del año
siguiente al gravable y a establecer disminuciones en el monto de las rentas
presuntivas previstas en los artículos 180 y 188, que compensen la incidencia
de la anormalidad económica.
Artículo 193.
CONCEPTO DE VALOR PATRIMONIAL NETO. El valor patrimonial neto de los bienes que
se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es el que se obtenga
de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de
dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto, del año gravable base
para el cálculo de la presunción.
Artículo 194.
EXCLUSIÓN DE LOS INMUEBLES GRAVEMENTE AFECTADOS POR EL NEVADO DEL RUIZ. Cuando
un inmueble hubiere sido gravemente afectado por la actividad volcánica del
Nevado del Ruiz, según calificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y
además hubiere estado destinado a la actividad agrícola, ganadera o industrial,
lo cual se probará por cualquiera de los medios establecidos por la ley, no
estará sometido a la renta presuntiva hasta el año gravable de 1991, inclusive.
RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES.
Artículo 195.
Reglamentado
por el Decreto
2000 de 2004. DEDUCCIONES CUYA RECUPERACIÓN
CONSTITUYE RENTA LÍQUIDA. Constituye renta líquida:
1.
La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos
gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de
activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro,
deudas perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier
otro concepto hasta concurrencia del monto de la recuperación.
2.
La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto de
reservas para protección o recuperación de activos, fomento económico y
capitalización económica, o la destinación de tales reservas a finalidades
diferentes.
Artículo 196.
RENTA LÍQUIDA POR RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES EN BIENES DEPRECIADOS. La
utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable
deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de
deducciones.
Artículo 197.
RECUPERACIÓN DE LA DEDUCCIÓN EN LAS PROVISIONES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN.
Cuando la cuota anual, determinada en la forma prevista en el artículo 113,
resulte negativa, constituirá renta líquida por recuperación de deducciones.
Artículo 198.
RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES POR AMORTIZACIÓN. Cuando el contribuyente obtenga
ingresos o aprovechamientos por concepto de recuperaciones, con ocasión de la
venta de bienes tangibles o intangibles o de devoluciones o rebajas de pagos
constitutivos de inversiones, para cuya amortización se hayan concedido
deducciones, constituye renta el valor de tales ingresos o aprovechamiento,
hasta concurrencia de las deducciones concedidas.
Artículo 199.
RECUPERACIÓN POR PÉRDIDAS COMPENSADAS MODIFICADAS POR LA LIQUIDACIÓN DE
REVISIÓN. Las pérdidas declaradas por las sociedades que sean modificadas por
liquidación oficial y que hayan sido objeto de compensación, constituyen renta
líquida por recuperación de deducciones, en el año al cual corresponda la
respectiva liquidación.
CONTRATOS DE SERVICIOS
AUTÓNOMOS.
Artículo
200. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 97. Contratos
por servicios de construcción. Para las actividades de
servicios de construcción se aplicarán las siguientes reglas:
1. Los
ingresos, costos y deducciones del contrato de construcción se reconocerán
considerando el método de grado de realización del contrato.
2. Para
la aplicación de este método, se elaborará al comienzo de la ejecución del
contrato un presupuesto de ingresos, costos y deducciones totales del contrato
y atribuir en cada año o período gravable la parte proporcional de los ingresos
del contrato que corresponda a los costos y deducciones efectivamente
realizados durante el año. La diferencia entre la parte del ingreso así
calculada y los costos y deducciones efectivamente realizados, constituye la
renta líquida del respectivo año o período gravable.
Al
terminar la ejecución del contrato deben hacerse los ajustes que fueren
necesarios, con los soportes respectivos.
3. Cuando
sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los
ingresos totales derivados del mismo las pérdidas esperadas contabilizadas no
serán deducibles para efecto del impuesto sobre la renta y complementarios,
solo hasta el momento de la finalización del contrato, en la medida que se haya
hecho efectiva.
Parágrafo
1°. El
presupuesto del contrato debe estar suscrito por arquitecto, ingeniero u otro
profesional especializado en la materia, con licencia para ejercer.
Parágrafo
2°. Los
contribuyentes que realicen esta actividad deben llevar contabilidad.
Parágrafo
3°. Cuando en
esencia económica el contribuyente no preste un servicio de construcción, sino
que construya un bien inmueble para destinarlo a la venta en el curso ordinario
de sus operaciones, para su uso o para ser destinado como una propiedad de
inversión, se considerarán las reglas previstas para los inventarios y activos
fijos, contempladas en este Estatuto.
Texto anterior art 200. RENTA LÍQUIDA EN CONTRATOS DE SERVICIOS AUTÓNOMOS. En los contratos
de servicios autónomos que impliquen la existencia de costos y deducciones,
tales como los de obra o empresa y los de suministro, la renta líquida está
constituida por la diferencia entre el precio del servicio o servicios y el
costo o deducciones imputables a su realización.
Artículo
201.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Inciso primero modificado por la
Ley 49 de 1990, artículo
58. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS AUTÓNOMOS. En los
contratos de servicios autónomos, cuando el pago de los servicios se haga por
cuotas y éstas correspondan a más de un año o período gravable, en la
determinación de su renta líquida el contribuyente deberá optar por uno de los
siguientes sistemas:
1. Elaborar al comienzo de
la ejecución del contrato un presupuesto de ingresos, costos y deducciones
totales del contrato y atribuir en cada año o período gravable la parte
proporcional de los ingresos del contrato que corresponda a los costos y
deducciones efectivamente realizados durante el año. La diferencia entre la parte
del ingreso así calculada y los costos y deducciones efectivamente realizados,
constituye la renta líquida del respectivo año o período gravable. Al terminar
la ejecución del contrato deben hacerse los ajustes que fueren necesarios.
2. Diferir los costos y
deducciones efectivamente incurridos, hasta la realización de los ingresos a
los cuales proporcionalmente corresponden.
Cuando el contribuyente opte
por el sistema a que se refiere el numeral 1o. de este artículo, el presupuesto
del contrato debe estar suscrito por arquitecto, ingeniero u otro profesional
especializado en la materia, con licencia para ejercer.
Para que los contribuyentes
puedan hacer uso de la opción consagrada en este artículo, deben llevar
contabilidad.
Inciso adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo
58. Los contribuyentes que se acojan a la opción del numeral 1, deberán ajustar
anualmente el presupuesto para las siguientes vigencias. Para quienes se acojan
a la opción 2 la realización del ingreso es proporcional al avance en la
ejecución del contrato.
Parágrafo (Transitorio). Adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo
58. Los contribuyentes que con anterioridad a la vigencia de esta Ley, hayan
diferido ingresos y costos, en desarrollo de contratos de servicios autónomos
que aún no se hayan terminado, deberán en la declaración de renta de 1990,
incluir todos los ingresos, costos y gastos que hasta tal año se hubieren
realizado.
Artículo
202.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. APLICACIÓN A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Los sistemas
previstos en el artículo anterior pueden aplicarse, en cuanto fueren
compatibles, a la industria de la construcción.
TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Artículo 203.
DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA. Las rentas provenientes del transporte
aéreo, marítimo, terrestre y fluvial obtenidas por sociedades extranjeras o
personas naturales no residentes que presten en forma regular el servicio de
transporte entre lugares colombianos y extranjeros, son rentas mixtas.
En
los casos previstos en este artículo, la parte de la renta mixta que se
considera originada dentro del país, y que constituye la renta líquida gravable
en Colombia, es la cantidad que guarde con el total de la ganancia neta
comercial obtenida por el contribuyente, tanto dentro como fuera del país en el
negocio de transporte, la misma proporción que exista entre sus entradas brutas
en Colombia y sus entradas totales en los negocios de transporte efectuados
dentro y fuera del país.
Corresponde
al Gobierno Nacional, en los casos de duda, decidir si el negocio de transporte
se ha ejercido regularmente o sólo de manera eventual.
EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS.
Artículo
204.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. PORCENTAJE QUE CONSTITUYE RENTA LÍQUIDA. La renta líquida
gravable proveniente de la explotación de películas cinematográficas en el
país, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en el
territorio y de compañías sin domicilio en Colombia, es del sesenta por ciento
(60%) del monto de las regalías o arrendamientos percibidos por tal
explotación.
Artículo
204-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
95. RENTA EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.
La Renta Líquida Gravable
Proveniente de la Explotación de programas de computador dentro del país, a
cualquier título, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en
el país y de compañías sin domicilio en Colombia, es el ochenta por ciento
(80%) del monto del precio o remuneración percibidos por dicha explotación.
CERTIFICADOS DE DESARROLLO
TURÍSTICO.
Artículo 205.
RENTA GRAVABLE POR CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO. Los Certificados de
Desarrollo Turístico se emiten al portador, son libremente negociables, no
devengan intereses ni gozan de exenciones tributarias y constituyen renta gravable
para sus beneficiarios directos.
CAPITULO VII
RENTAS EXENTAS
DE TRABAJO.
Artículo 206.
Reglamentado
por el Decreto
1808 de 2019. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados
con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o
abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria,
con excepción de los siguientes:
1.
Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.
2.
Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad.
3.
Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4.
El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean
recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6)
últimos meses de vinculación laboral no exceda de $ 300.000. Cuando el salario
mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de $ 300.000, la parte no
gravada se determinará así:
Salario mensual
promedio |
Parte no gravada |
Entre
$ y $ |
|
300.001 350.000 |
90 |
350.001 400.000 |
80 |
400.001 450.000 |
60 |
450.001 500.000 |
40 |
500.001 550.000 |
20 |
De 550.001 en
adelante |
0 |
__________________ |
|
(Valores año base
1986). |
Nota.
Los valores año gravable 2007 son: $7.033.000, equivalentes a 350 UVT.
Los
rangos año gravable 2007, son:
$7.033.000 |
y |
$8.205.000 |
350 |
y
410 UVT |
$8.205.001 |
y |
$9.377.000 |
410 |
y
470 UVT |
$9.377.001 |
y |
$10.549.000 |
470 |
y 530 UVT |
$10.549.001 |
y |
$11.721.000 |
530 |
y
590 UVT |
$11.721.001 |
y |
$12.893.00 |
590 |
Y
650 UVT |
$12.893.001 |
En
adelante. |
|
|
|
5. Declarado exequible
por la Sentencia
C-397 de 2011. Modificado por la Ley
223 de 1995, artículo 96. Las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales,
hasta el año gravable de 1997. A partir del 1 de enero de 1998 estarán gravadas
sólo en la parte del pago mensual que exceda de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales.
El
mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o
las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado
del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales, calculados al momento de recibir la
indemnización, por el número de meses a los cuales ésta corresponda.
6. Numeral modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. El seguro por
muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad
y en retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Texto anterior del numeral 6. Numeral
modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 24. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Artículo declarado exequible por los cargos analizados
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-520 de 2019.). “El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las
prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.”.
Texto original numeral 6 “El seguro por muerte,
y las compensaciones por muerte de los miembros de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional.”.
7. Adicionado
por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. En el caso
de los Magistrados de los Tribunales, sus Fiscales y Procuradores Judiciales,
se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente
al cincuenta por ciento (50%) de su salario.
Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del
veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.
Texto original numeral 7 Derogado por
la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Inciso 1º declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-1060A de 2001, Providencia confirmada en
la Sentencia C-461 de 2004. Los
gastos de representación que perciban en razón a la naturaleza de las funciones
que desempeñan, el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, los
Senadores, Representantes y Diputados, los Magistrados de la Rama
Jurisdiccional del Poder Público y sus Fiscales, el Contralor General de la
República, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del
Estado Civil, los Jefes de Departamento Administrativo, los Superintendentes,
los Gobernadores y Secretarios Departamentales de Gobernaciones, los
Contralores Departamentales, los Alcaldes y Secretarios de Alcaldías de
ciudades capitales de Departamento, los Intendentes y Comisarios, los
Consejeros Intendenciales y los rectores y profesores de universidades
oficiales. Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y Secretarios
Generales de las Comisiones Constitucionales y Legales del Congreso de la
República.
Inciso 2º
declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1060A
de 2001, Providencia confirmada en la Sentencia C-461 de 2004. En
este caso se considera gastos de representación el cincuenta por ciento (50%)
de sus salarios. (Nota:
el texto subrayado fue adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 20.).
En el caso de los Magistrados
de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará como gastos de
representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de su salario. Para los Jueces de la República el porcentaje exento será
del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario. (Este inciso fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-250 de
2003, en relación con los cargos analizados en la misma Sentencia, Providencia
confirmada en la Sentencia C-461 de 2004. Este inciso 3º fue
declarado exequible condicionalmente, por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-748 de 2009. Inciso 3º reglamentado por
el Decreto 2921 de 2010. Ver Sentencia C-647 de 2010. Nota 5: Ver
Sentencia C-352 de 2013, con relación a las expresiones subrayadas.).
En el caso de los rectores y
profesores de universidades oficiales, los gastos de representación no podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario. (Este inciso fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-461 de
2004. Nota 2: Ver Decreto 1003 de 2017, artículo 6º. Ver Decreto 1034
de 2013, artículo 6º. Ver Decreto 1026 de 2013, artículo 10.
Ver Decreto 849 de 2012, artículo 10. Ver Decreto 848 de 2012,
artículo 6º. Ver Decreto 1041 de 2011, artículo 6º. Ver Decreto 1938
de 2010, artículo 10. Ver Decreto 1387 de 2010, artículo 10 y Decreto
1405 de 2010, artículo 6º. Ver Decreto 43 de 1999, artículo 12.).
8. Numeral modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. El exceso del salario básico
percibido por los Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y
Agentes de la Policía Nacional.
Texto anterior del numeral 8 Numeral
modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 24. (La Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado exequible por los cargos analizados por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-520 de 2019.). “El exceso del salario básico percibido por los Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares y Oficiales,
Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes de la Policía Nacional.”.
Texto original numeral 8 “El exceso del salario
básico percibido por los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional y de los agentes de esta última.”.
9. Numeral
adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. Los
gastos de representación de los rectores y profesores de universidades
públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario.
Texto original numeral 9. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 24. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado
exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-520 de 2019.). “Los gastos de
representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los
cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario.”.
Texto original numeral 9. Derogado por
la Ley 1819 de 2016, artículo 376, numeral 1. “Para los ciudadanos
colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase
de la fuerza aérea, mientras ejerzan actividades de piloto, navegante o
ingeniero de vuelo, en empresas aéreas nacionales de transporte público
y de trabajos aéreos especiales, solamente constituye renta gravable el
sueldo que perciban de las respectivas empresas, con exclusión de las primas,
bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales.”. (El
aparte señalado en negrilla en este numeral fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-403 de 2007. Nota 2:
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.11.1.).
Parágrafo.
La exención prevista en los numerales 1º a 6º de este artículo, opera
únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las
normas laborales; el excedente no está exento de impuestos sobre la renta y
complementarios.
10. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 6. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los
pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT. El
cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total
de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos
de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la
establecida en el presente numeral. Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.1.6. Ver Decreto
1070 de 2013, artículo 2º.).
Texto anterior numeral 10. Modificado por la Ley 788 de
2002, art 17. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los
pagos laborales, limitada mensualmente a cuatro millones de pesos ($4.000.000)
(Valor año base 2003).
Parágrafo 1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 96. La exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4, y 6 de este artículo,
opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que
tratan las normas laborales; el excedente no está exento del impuesto de renta
y complementarios.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 96. La exención prevista en el numeral 10 no se otorgará sobre las cesantías,
sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta por
otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las pensiones. La
exención del factor prestacional a que se refiere el artículo 18 de la Ley
50 de 1990 queda sustituida por lo
previsto en este numeral. (Declaradas exequibles por la Sentencia
C-393 de 1996, las expresiones subrayadas)
Parágrafo 3.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-1261 de 2005 y C-128 de 2006.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 96. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este artículo,
el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la
pensión, de acuerdo con la Ley
100 de 1993.
Ver Decreto 150 de 1997, artículo 3,
(éste declarado inexequible por la Sentencia
C-131 de 1997)
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. Las
rentas exentas establecidas en los numerales 6, 7, 8 y 9 de este artículo, no
estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 de
este Estatuto.
Texto original parágrafo 4 Adicionado por la Ley
1943 de 2018, artículo 24. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019,
declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos
50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Las rentas exentas establecidas en los numerales 6, 8 y 9 de este
artículo, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del
artículo 336 de este Estatuto.”.
Texto ant<erior Parágrafo 4°. Derogado por la Ley 1819 de 2016,
art 376. Adicionado por la Ley 1739 de
2014, art 26. La exención prevista en el numeral 10 procede también para
las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o
abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria,
de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 383 del Estatuto Tributario.
Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal de costos y
gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados
en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades
económicas por cuenta y riesgo del contratante. Lo anterior no modificará el
régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las personas naturales de que
trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al descuento del impuesto
sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales muebles y
servicios, en los términos del artículo 488 del Estatuto Tributario,
siempre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre
las ventas.(Declarado inexequible la
expresión resaltada en rojo por la Sentencia C-668 de 2015)
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 32. La
exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los
honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que
contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o
discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la
actividad.
Texto
original parágrafo 5 Adicionado por la Ley 1943 de
2018, articulo 24. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Artículo declarado exequible por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-520
de 2019.). “La
exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los
honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que
contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o
discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la
actividad.”.
Ver Decreto 1625
de 2016, artículo 1.2.1.20.4. Ver Decreto 150
de 1997, artículo 3, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional enla Sentencia C-131 de 1997.
Ver Oficio 3059
de 2017. Ver Oficio 30970
de 2016. Ver Oficio 28974 de 2016. Ver Oficio 7792
de 2016. Ver Oficio 4858 de 2016.
Ver Oficio 31633 de 2015. Ver Concepto
30573 de 2015. Ver Oficio 23438
de 2015, DIAN.
Articulo 206-1. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 33. Determinación de la renta para servidores públicos diplomáticos,
consulares y administrativos del ministerio de relaciones exteriores. Para
efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios de
los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de
vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, estarán exentas del
impuesto sobre la renta. El mismo tratamiento es aplicable respecto a la prima
especial y la prima de costo de vida de los servidores públicos de las plantas
en el exterior que, aunque presten sus servicios fuera de Colombia, sean
residentes fiscales en el país, de conformidad con el numeral 2 del artículo 10
del Estatuto Tributario.
Las primas de que trata este
artículo, no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de los límites
establecidos en el numeral 3 del artículo 336 del presente Estatuto.
Texto anterior artículo 206-1. Reglamentado por el Decreto 2264
de 2019 y por el Decreto 1808 de 2019. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 25. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Determinación
de la renta para servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para efectos de la determinación
del impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores públicos
diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, o las
normas que lo modifiquen o sustituyan, estarán exentas del impuesto sobre la
renta.
Las primas
de que trata este artículo, no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de
los límites establecidos en el numeral 3° del artículo 336 del presente
estatuto.”.
Texto anterior Artículo 206-1. Reglamentado por el Decreto 2264 de 2019. Decreto 1808 de 2019. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 7. Determinación de la renta para servidores
públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta
y complementarios de los servidores públicos diplomáticos, consulares y
administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y
la prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009, estarán exentas del impuesto sobre la renta.
Parágrafo. Derogado por
la Ley 1819 de
2016, art 376. Los servidores
públicos de que trata este artículo determinarán su impuesto sobre la renta de
acuerdo con el sistema ordinario contemplado en el Título I del Libro I de este
Estatuto, y en ningún caso aplicarán el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional
(IMAN).
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 4. En el caso de los servidores
públicos, diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que
trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo
del límite porcentual previsto en el artículo 336 del presente estatuto.
Artículo 207.
EXENCIÓN DE PRESTACIONES PROVENIENTES DE UN FONDO DE PENSIONES. Las prestaciones
que reciba un contribuyente provenientes de un Fondo de Pensiones de Jubilación
e Invalidez, en razón de un plan de pensiones y por causa de vejez, invalidez,
viudez, u orfandad, se asimilan a pensiones de jubilación para efectos de lo
previsto en el ordinal 5º del artículo anterior.
Las
prestaciones por causa de vejez sólo tendrán este tratamiento cuando el
beneficiario haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y haya
pertenecido al Fondo durante un período no inferior a cinco (5) años.
No
obstante lo anterior, no se exigirá el plazo de cinco (5) años cuando el Fondo
de Pensiones asuma pensiones de jubilación por razón de la disolución de una
sociedad, de conformidad con el artículo 246 del Código de Comercio.
Artículo 207-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 9o. EXENCIÓN DE CESANTÍAS PAGADAS POR FONDOS DE CESANTÍAS. Cuando el
fondo pague las cesantías, éstas serán exentas de acuerdo a lo previsto en el
numeral 4o. del artículo 206.
Artículo 207-2.
Reglamentado
por el Decreto
2755 de 2003. Adicionado por la Ley 788 de 2002,
artículo 18. OTRAS RENTAS EXENTAS. Son rentas exentas las generadas por los
siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el
reglamento:
1. Derogado
a partir del año gravable 2018 por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Venta de energía eléctrica generada con
base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada
únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a)
Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de
acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto;
b)
Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la
venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la
región donde opera el generador.
2. Derogado
a partir del año gravable 2018 por
la Ley 1819 de 2016, art 376. La prestación del servicio de transporte
fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado, por un término de quince
(15) años a partir de la vigencia de la presente ley.
3.
Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los
quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por un
término de treinta (30) años.
4.
Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de
los quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por un
término de treinta (30) años. La exención prevista en este numeral,
corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o
ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo
cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría
Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o
ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será
necesaria la certificación del Ministerio de Desarrollo.
5.
Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o
autoridad competente conforme con la reglamentación que para el efecto se
expida, por un término de veinte (20) años a partir de la vigencia de la
presente ley.
6. Derogado por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida
la guadua, según la calificación que para el efecto expida la corporación
autónoma regional o la entidad competente.
En las mismas condiciones,
gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley realicen inversiones en nuevos aserríos
vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral.
También gozarán de la exención
de que trata este numeral, los contribuyentes que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles maderables
debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda sujeta
a la renovación técnica de los cultivos.
7. Derogado
a partir del año gravable 2018 por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Los nuevos contratos de arrendamiento
financiero con opción de compra (leasing), de inmuebles construidos para
vivienda, con una duración no inferior a diez (10) años. Esta exención operará
para los contratos suscritos dentro de los diez (10) años siguientes a la
vigencia de la presente ley.
8. Derogado
a partir del año gravable 2018 por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Prorrogado por
la Ley
1607 de 2012, art 161. Los nuevos productos medicinales y el
software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas
ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de
investigación científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias o
quien haga sus veces, por un término de diez (10) años a partir de la vigencia
de la presente ley. (La vigencia de esta exención se prorroga
por el término de cinco (5) años,
contados a partir del 1° de enero de 2013, esto es hasta el 1º de enero de 2018)
9. La utilidad
en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se
refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan
sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad
exclusiva, por un término igual a la ejecución del proyecto y su liquidación,
sin que exceda en ningún caso de diez (10) años. También gozarán de esta
exención los patrimonios autónomos indicados.
10. Derogado por
la Ley 1819 de 2016, art 376. La prestación de servicios de sísmica para el sector de
hidrocarburos, por un término de 5 años contados a partir de la vigencia de la
presente ley.
11. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 162. Los
rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías a que se refiere
el artículo 1° del Decreto número 721 de 1994.
12. Adicionado por la Ley
1739 de 2014, art 27.
El pago del principal, intereses, comisiones, y demás rendimientos financieros
tales como descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general, lo
correspondiente a rendimientos de capital o a diferencias entre valor presente
y valor futuro relacionados con operaciones de crédito, aseguramiento,
reaseguramiento y demás actividades financieras efectuadas en el país por parte
de entidades gubernamentales de carácter financier
o y de cooperación para el desarrollo
pertenecientes a países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo específico
de cooperación en dichas materias.
Parágrafo 1°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 98. A partir del año
gravable 2018, incluido, las rentas exentas previstas en los numerales 2, 5, 8
y 11 de este artículo estarán gravadas con el impuesto sobre la renta y
complementarios.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 98. Las rentas
exentas previstas en el numeral 12 de este artículo conservarán tal carácter.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 98. Lo aquí
dispuesto no debe interpretarse como una renovación o extensión de los beneficios
previstos en este artículo.
DERECHOS DE AUTOR.
Artículo
208.
Derogado
por la Ley 98 de 1993, artículo
28. RENTAS EXENTAS POR DERECHOS DE AUTOR. Estarán
exentos del pago de impuestos sobre la renta y complementarios, los ingresos
que por concepto de derechos de autor reciban los colombianos personas
naturales, por libros editados en Colombia, hasta una cuantía de trescientos
mil pesos ($300.000), (Valor año base 1983), por cada título y por cada año.
Las ediciones de libros que
ocasionen las exenciones a que se refiere el presente artículo, deberán ser
acreditadas por medio de los contratos de edición y el Registro de Propiedad de
los respectivos títulos de derecho de autor.
Los pagos de regalías y
anticipos por concepto de derechos de autor, hechos por editores colombianos a
titulares de esos derechos, residentes en el exterior, estarán exentos de los
impuestos sobre la renta y complementarios, hasta por un monto de trescientos
mil pesos ($300.000), (Valor año base 1983), en valor constante. Los giros a
que haya lugar serán autorizados con la sola presentación del respectivo
contrato de regalías debidamente autenticado.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
EMPRESAS COMUNITARIAS.
Artículo 209.
RENTA EXENTA DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS. Las empresas comunitarias e
instituciones auxiliares de las mismas, definidas en el artículo 38 de la Ley
30 de 1988, gozarán de los beneficios y prerrogativas que la ley reconoce a las
entidades de utilidad común y quedarán exentas de los impuestos de renta y
complementarios establecidos por la ley.
Las
empresas comunitarias podrán optar por constituirse o transformarse en
sociedades comerciales conforme a la ley, en cuyo caso, estarán exentas de los
impuestos de renta y patrimonio, durante los 5 años gravables siguientes a la
fecha de su constitución. Para que una empresa comunitaria pueda acogerse a los
beneficios de que trata este artículo, deberá solicitar al INCORA ser
calificada como tal mediante resolución motivada.
La Junta
Directiva del INCORA, mediante Acuerdo que deberá ser aprobado por resolución
ejecutiva, reglamentará los requisitos y condiciones para la calificación de
las empresas comunitarias.
Parágrafo 1º
Las empresas comunitarias constituidas con anterioridad al 18 de marzo de 1988,
podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en este artículo a partir
de la fecha en que obtengan la calificación por parte del INCORA, siempre que
lo soliciten dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha mencionada.
Ver Decreto
150 de 1997, artículo 3, (éste declarado inexequible por la Sentencia
C-151 de 1997) y artículo 5º de la
Ley 863 de 2003
Artículo
210.
Derogado
por la Ley 633 de 2000, artículo
134. EXTENSIÓN DE LA EXENCIÓN. Los profesionales y
técnicos en ciencias agropecuarias, egresados de instituciones de educación
media o superior, que acrediten no estar obligados por la ley a presentar
declaración de renta y patrimonio, podrán acogerse a las reglas y beneficios
establecidos para la constitución de empresas comunitarias.
FLOTA MERCANTE
GRANCOLOMBIANA.
Artículo 211.
Modificado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 13. EXENCIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Todas
las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los
impuestos nacionales, en los términos definidos por el Estatuto Tributario, con
las excepciones que se establecen a continuación.
Las
rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades
oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de
los anteriores servicios determinadas en la Ley
142 de 1994, están exentas del impuesto
sobre la renta y complementarios por un período de dos (2) años a partir de la
vigencia de esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como
reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de
acuerdo con los siguientes porcentajes:
Para
el año gravable 2001 80% exento
Para
el año gravable 2002 80% exento
Gozarán
de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas provenientes
de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Para tal
efecto, las rentas de la generación y de la distribución deberán estar
debidamente separadas en la contabilidad.
Así
mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de
los servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su
actividad complementaria de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas
por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del
impuesto sobre la renta y complementarios por un término de dos (2) años, sobre
las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la
rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
Para
el año gravable 2001 30% exento
Para
el año gravable 2002 10% exento
Parágrafo 1°.
Para efectos de la sobretasa en el sector del gas de que trata el numeral 89.5
del artículo 89 de la Ley 142 de 1994,
se entenderá para todos los efectos que dicha sobretasa será hasta del veinte
por ciento (20%) del costo económico del suministro en puerta de ciudad.
Parágrafo 2°. Desarrollado por
el Decreto
4955 de 2011.
Reglamentado parcialmente por el Decreto
2860 de 2013, y por el Decreto
2915 de 2011. Modificado por la Ley 1430 de 2010,
artículo 2º. Para los efectos de la sobretasa o contribución especial en el
sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley
143 de 1994, se aplicará para los
usuarios industriales, para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y
para los usuarios comerciales, el veinte por ciento (20%) del costo de
prestación del servicio.
Los
usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta a cargo
por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la
sobretasa a que se refiere el presente parágrafo. La aplicación del descuento
aquí previsto excluye la posibilidad de solicitar la sobretasa como deducible
de la renta bruta.
A partir
del año 2012, dichos usuarios no serán sujetos del cobro de esta sobretasa. Así
mismo, el gobierno establecerá quién es el usuario industrial beneficiario del
descuento y sujeto de la presente sobretasa.
Parágrafo 3°. Desarrollado por
el Decreto
4955 de 2011. Reglamentado parcialmente por el Decreto
2860 de 2013, y por el Decreto
2915 de 2011. Adicionado por la Ley 1430 de 2010,
artículo 2º. Para los efectos del parágrafo anterior, el Gobierno Nacional
reglamentará las condiciones necesarias para que los prestadores de los
servicios públicos, a que se refiere el presente artículo, garanticen un
adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de
energía eléctrica.
Parágrafo 4°.
Las empresas generadoras que se establezcan para prestar el servicio público
con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con
base en el aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada
inferior a veinticinco mil (25.000) kilovatios, estarán exentas del impuesto de
renta y complementarios por un término de quince (15) años a partir de la vigencia
de esta ley. Esta exención debe ser concordante con la retención en la fuente
en lo referente a las entidades no sujetas a retención.
Ver modificación a este parágrafo en el artículo
5º de la Ley 863 de 2003
Parágrafo 5°.
Los costos que impliquen para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios,
la reducción de los porcentajes de exención señalados en este artículo, no
podrán afectar las tarifas aplicables a los usuarios de los mencionados
servicios.
Ver Ley
1111 de 2006.
Artículo
211-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
98. RENTAS EXENTAS DE LOTERÍAS Y LICORERAS. Están exentas del impuesto sobre la
renta y complementarios todas las rentas obtenidas por las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del
orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación del
Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de
licores y alcoholes. Ver Decreto 150 de 1997, artículo 3, (éste declarado
inexequible por la Sentencia C-131 de 1997) y Ley 1111 de 2006.
Artículo
211-2.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
19. UTILIDADES EXENTAS DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO DEL
ORDEN NACIONAL. Las utilidades que sean distribuidas a las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden nacional, accionistas de las
empresas prestadoras del servicio público domiciliario de telefonía local,
estarán exentas del impuesto de renta y complementarios hasta el 31 de
diciembre de 1999.
Ver Ley 1111 de 2006
ZONAS FRANCAS.
Artículo
212.
Inciso derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. RENTA EXENTA DE LAS ZONAS FRANCAS. Las Zonas
Francas, en su calidad de establecimientos públicos, están exentas del pago de
impuestos, contribuciones, gravámenes y renta de carácter nacional con
excepción del impuesto nacional sobre ventas, de conformidad con las normas que
regulan la materia.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 115. Las Zonas Francas
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios.
Ver Ley
1004 de 2005, artículo 13 que deroga este artículo, a partir del año gravable
2007
Artículo
213.
Derogado
condicionalmente
por la Ley 863 de 2003, artículo
69, a partir del 31 de diciembre de 2006. RENTA EXENTA
DE LOS USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCA. Las personas jurídicas usuarias de las
Zonas Francas Industriales estarán exentas del impuesto de renta y
complementarios, correspondiente a los ingresos que obtengan en el desarrollo
de las actividades industriales realizadas en la Zona, siempre que cumplan con
las disposiciones contenidas en la Ley 109 de 1985 y demás normas que la
desarrollen.
Para que la exención de que
trata este artículo sea reconocida, se deberá obtener concepto previo favorable
del Ministerio de Desarrollo Económico para su constitución y operación
exclusiva dentro de la respectiva Zona Franca, con dedicación a la actividad
industrial orientada prioritariamente a vender su producción en mercados
externos, así como la certificación del Banco de la República o del
establecimiento de crédito debidamente autorizado para la venta de divisas a
que se refiere el artículo 11 de la Ley 109 de 1985. En este caso, la
certificación del establecimiento de crédito mencionado deberá estar avalada
por el Banco de la República.
Ver Ley 1004 de 2005, artículo 13
FONDO DE GARANTÍAS.
Artículo
214.
Derogado
por la Ley 633 de 2000, artículo
134. EXENCIÓN PARA EL FONDO DE GARANTÍAS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Para el conveniente y eficaz logro de sus objetivos,
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras de que trata la Ley 117 de
1985 estará exento del impuesto de renta y complementarios y de las inversiones
forzosas.
EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS, MINAS, GASES DISTINTOS DE LOS HIDROCARBUROS, Y DEPÓSITOS
NATURALES.
Artículo
215.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. CONDICIÓN PARA MANTENER EXENCIÓN EN EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS. Los contribuyentes que con anterioridad al 24 de diciembre de
1986, hayan hecho uso de la exención especial y de la deducción normal como
exención a que se refería el artículo 9º del Decreto 2310 de 1974, deberán
reinvertir en el país en actividades de exploración dentro de los tres años siguientes
al año en el cual se haya solicitado la exención, el monto de tales exenciones.
Si no hacen la reinversión por el valor expresado, la diferencia se gravará
como renta del contribuyente del año correspondiente a la finalización de dicho
período.
Artículo 216.
RENTA EXENTA PARA CONTRATOS VIGENTES A OCTUBRE 28 DE 1974. Terminada la
deducción por agotamiento de que tratan los artículos 167 al 170, el explotador
tendrá derecho año por año, a una exención del impuesto sobre la renta
equivalente al 10% del valor bruto de la producción, determinada conforme a lo
dispuesto en dichos artículos.
Ver Ley 863 de 2003, artículo 5º
FONDOS GANADEROS.
Artículo 217.
RENTA EXENTA PARA FONDOS GANADEROS ORGANIZADOS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS
ABIERTAS. Los Fondos Ganaderos estarán exentos del impuesto sobre la renta,
siempre y cuando reúnan la calidad de sociedades anónimas abiertas y destinen
el equivalente del impuesto sobre la renta a una cuenta especial cuya
destinación exclusiva será la de atender las actividades de extensión
agropecuaria.
Para
tal fin, los Fondos Ganaderos deberán probar la calidad de sociedades anónimas
abiertas y la destinación a que hace referencia este artículo.
Ver Decreto 150 de 1997, artículo 3,
(éste declarado inexequible por la
Sentencia C-131 de 1997) y Ley 863 de 2003, art 5º
INTERESES.
Artículo 218.
Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 7o. INTERESES, COMISIONES Y DEMÁS PAGOS PARA EMPRÉSTITOS Y TÍTULOS DE
DEUDA PÚBLICA EXTERNA. El pago del principal, intereses, comisiones y demás
conceptos relacionados con operaciones de crédito público externo y con las
asimiladas a éstas, estará exento de toda clase de impuestos, tasas,
contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice a
personas sin residencia o domicilio en el país.
Parágrafo.
Declarado
exequible por las Sentencias C-291 de 2000,
C-604
de 2000 y C-736 de 2000.
Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto
700 de 1992 (Bonos Colombia) y por la Resolución
4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al momento
de su emisión.
Artículo 219.
INTERESES DE CÉDULAS B.C.H. EMITIDAS CON ANTERIORIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
1974. Las Cédulas Hipotecarias del Banco Central Hipotecario emitidas con
anterioridad al 30 de septiembre de 1974, y que a la fecha de emisión
estuvieran exentas del impuesto de renta sobre los intereses recibidos por las
mismas, seguirán gozando de dicho beneficio.
Ver Ley
863 de 2003, artículo 5º
Artículo
220.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. INTERESES DE BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL Y DE BONOS
DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL. Los intereses de Bonos de Financiamiento
Presupuestal y de Bonos de Financiamiento Especial, estarán exentos del
impuesto de renta mientras duren en poder del adquirente primario.
Artículo 221.
INTERESES POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A LA REFORMA URBANA. Los
intereses corrientes y moratorios, que reciban los propietarios de las
entidades que adquieran los inmuebles, por negociación voluntaria o por
expropiación, de que trata la Ley
9ª de 1989, gozarán de la exención del
impuesto de renta y complementarios para sus beneficiarios.
Ver Ley
863 de 2003, art 5º y Ley 1111 de 2006, art 78.
ARTÍCULO 222.
INTERESES POR DEUDAS Y BONOS DE LA REFORMA AGRARIA, E INTERÉS SOBRE PAGARÉS Y
CÉDULAS DE REFORMA URBANA. Los intereses que pague el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, INCORA, por concepto de deudas por pago de tierras o
mejoras y lo que devenguen los bonos de deuda pública de que trata el artículo
26 de la Ley 30 de 1988, así como los intereses devengados por los
"Pagarés de Reforma Urbana" gozarán de exención de impuesto de renta
y complementarios.
Cuando
las "Cédulas de Ahorro y Vivienda", de que trata la Ley
9ª de 1989, se emitan para cumplir las funciones
previstas para los "Pagarés de Reforma Urbana", gozarán del mismo
tratamiento tributario de éstos.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78,
Ley 863 de 2003, artículo 5º y Decreto 1292 de 2003
SEGUROS DE VIDA.
Artículo
223.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). INDEMNIZACIONES POR SEGUROS DE
VIDA. Las indemnizaciones por concepto de seguros de vida percibidos durante el
año o período gravable, estarán exentas del impuesto de renta y ganancias
ocasiónales.
EMPRESAS EN LA ZONA DEL
NEVADO DEL RUIZ.
Artículo
224.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. RENTA EXENTA PARA NUEVAS EMPRESAS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL
RUIZ. Durante los seis (6) primeros años gravables de su período productivo
estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, las nuevas empresas
agrícolas o ganaderas o los nuevos establecimientos industriales, comerciales o
mineros que se establezcan antes del 31 de diciembre de 1988, en los siguientes
municipios: Armero, Ambalema, Casabianca, Fresno, Falan, Herbeo, Honda,
Mariquita, Murillo, Lérida, Líbano, Villahermosa y Venadillo en el Departamento
del Tolima; Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría en el Departamento de
Caldas.
Dicha exención se concederá
en las siguientes proporciones:
Para los dos (2) primeros
años de período productivo, el 100%;
Para el tercero y cuarto
año, el 50%; y
Para el quinto y sexto año,
el 20%.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá ampliar
a otros municipios los beneficios de las exenciones que por este artículo se
disponen.
Ver Ley 1111 de 2006.
Artículo
225.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. CONCEPTO DE NUEVA EMPRESA EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.
Para los efectos del artículo anterior, entiéndese establecida una empresa
cuando el empresario si aquélla no es persona jurídica, manifiesta su intención
de establecerla antes del 31 de diciembre de 1988, en memorial dirigido a la
Administración de Impuestos respectiva en el cual se señale detalladamente la actividad
económica a que se dedicará, el capital de la empresa, el lugar de ubicación de
las instalaciones, la sede principal de sus negocios y las demás informaciones
que exija el reglamento, el cual determinará así mismo los mecanismos de
control que el Gobierno debe poner en práctica. Las sociedades comerciales se
tendrán como establecidas, para los mismos efectos, desde la fecha de su
inscripción de su acto constitutivo en el registro público de comercio. Las
demás personas jurídicas desde la fecha de su constitución.
Parágrafo. Para gozar la exención, no podrá
transcurrir un plazo mayor de cuatro (4) años entre la fecha del
establecimiento de la empresa y el momento en que empieza la fase productiva.
Artículo
226.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS QUE REANUDEN ACTIVIDADES EN LA
ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ. En los términos y condiciones indicados en el artículo
224, gozarán del mismo beneficio aquellas empresas o establecimientos que,
habiendo sido puestos en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades
por obra del fenómeno volcánico, las reanuden.
Artículo
227.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS DE TARDÍO RENDIMIENTO EN LA ZONA
DEL NEVADO DEL RUIZ. La exención consagrada en el artículo 224 también regirá
para las empresas de tardío rendimiento, caso en el cual, para la determinación
del momento en el cual debe empezar a aplicarse la exención, el contribuyente
deberá acompañar certificación del Ministerio de Agricultura, si se trata de
empresas agrícolas o ganaderas; del Ministerio de Minas y Energía, si se trata
de empresas mineras; y del Ministerio de Desarrollo Económico, si se trata de
empresas industriales o comerciales.
Artículo
228.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. EXTENSIÓN DEL BENEFICIO A LOS SOCIOS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL
RUIZ. Los socios que recibieren rentas provenientes de las empresas señaladas
en los artículos anteriores, gozarán del beneficio de exención en los mismos
porcentajes y por los mismos períodos allí previstos.
Inciso adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 280. Los socios o accionistas que recibieren dividendos o participaciones
de las empresas señaladas en la Ley
218 de 1995, gozaran del beneficio de
exención del Impuesto sobre la renta, en los mismos porcentajes y por los
mismos periodos allí previstos.
EMPRESAS EDITORIALES.
Artículo 229.
RENTAS EXENTAS EN EMPRESAS EDITORIALES. Las empresas editoriales constituidas
como personas jurídicas cuya actividad económica u objetivo social sea
exclusivamente la edición de libros, revistas o folletos, de carácter
científico o cultural, gozarán de la exención de los impuestos sobre la renta y
complementarios, hasta el año gravable 1993, inclusive, cuando la impresión de
dichos libros, revistas o folletos se realice en Colombia.
Ver Ley
98 de 1993, art 21, Decreto
150 de 1997, art 3, (éste declarado inexequible por la Sentencia
C-131 de 1997)
Artículo 230. CONCEPTO
DE EMPRESA EDITORIAL. Se entiende por empresa editorial, la persona jurídica
responsable, económica y legalmente, de la edición de libros, revistas o
folletos, de carácter científico o cultural, aunque el proceso productivo se
realice total o parcialmente en talleres propios o de terceros. La exención
mencionada cobijará a la empresa editorial aun en el caso de que dicha empresa
se ocupe de la distribución y venta de los mismos. Ver Ley
98 de 1993, artículo 21, Decreto
150 de 1997, artículo 3, (éste declarado inexequible por la Sentencia
C-131 de 1997)
Artículo
231.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. RENTA EXENTA PARA INVERSIONISTAS EN EMPRESAS
EDITORIALES. Los primeros trescientos mil pesos ($ 300.000), (Valor año base
1983), recibidos por concepto de dividendos, participacioneso utilidades que
constituyan renta, de acuerdo con el artículo 49, y correspondan a personas
naturales o jurídicas, socios de una empresa editorial, siempre y cuando se
compruebe su reinversión en la misma empresa, o en otra que se dedique a la
producción editorial, estarán exentos de los impuestos de renta y
complementarios hasta el año gravable 1993, inclusive.
En el caso de las sociedades
limitadas, la prueba de la capitalización de los valores exentos será la
escritura pública del caso y la reinversión deberá efectuarse, a más tardar,
dentro del término de que dispone el contribuyente para presentar su
declaración de renta correspondiente al período fiscal en que dichos
dividendos, utilidades o participacionesse causaron.
Cuando se trate de
sociedades anónimas o asimiladas, la emisión y el pago de las acciones
correspondientes al aumento de capital, que se derive de la reinversión de
tales dividendos, utilidades o participaciones, constituirán la prueba de la
capitalización.
El contribuyente tendrá como
plazo para la reinversión hasta el vencimiento del período para presentar la
declaración de renta correspondiente al año fiscal en que se causó el
respectivo gravamen.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
232.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS EN SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA. Las rentas líquidas provenientes de empresas destinadas
exclusivamente a la explotación de industrias, hoteles, edificios de apartamentos
y construcciones para fines culturales en el Archipiélago de San Andrés y
Providencia, no serán gravables hasta el año 1990, inclusive.
PARA EXTRANJEROS.
Artículo 233.
RENTAS EXENTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES EXTRANJERAS. Los extranjeros tendrán
derecho a las exenciones contempladas en los Tratados o Convenios
Internacionales que se encuentran vigentes.
Los
agentes diplomáticos y consulares acreditados en Colombia gozarán de las
exenciones contempladas en las normas vigentes.
INTRANSFERIBILIDAD DE LAS
RENTAS EXENTAS.
Artículo 334. Modificado por la Ley 1739 de 2014, art 33. Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados. El Impuesto Mínimo Alternativo Simple
(IMAS) es un sistema de determinación simplificado del Impuesto sobre la Renta
y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el
país, clasificadas en la categoría de empleado, que en el respectivo año o
periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 Unidades de
Valor Tributario (UVT), y hayan poseído un patrimonio líquido inferior a 12.000
Unidades de Valor Tributario (UVT), el cual es calculado sobre la renta
gravable alternativa determinada de conformidad con el sistema del Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). A la Renta Gravable Alternativa se le aplica
la tarifa que corresponda en la siguiente tabla:
Renta gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en UVT) |
Renta gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en UVT) |
|
1.548 |
1,08 |
2.199 |
20,92 |
|
1.588 |
1,10 |
2.281 |
29,98 |
|
1.629 |
1,13 |
2.362 |
39,03 |
|
1.670 |
1,16 |
2.443 |
48,08 |
|
1.710 |
1,19 |
2.525 |
57,14 |
|
1.751 |
2,43 |
2.606 |
66,19 |
|
1.792 |
2,48 |
2.688 |
75,24 |
|
1.833 |
2,54 |
2.769 |
84,30 |
|
1.873 |
4,85 |
|||
1.914 |
4,96 |
|||
1.955 |
5,06 |
|||
1.996 |
8,60 |
|||
2.036 |
8,89 |
|||
2.118 |
14,02 |
Parágrafo. Para el periodo gravable 2014, el artículo 334 del Estatuto Tributario será aplicable en las condiciones
establecidas en la Ley 1607 de 2012 en relación con la tabla de tarifas,
el tope máximo de renta alternativa gravable para acceder al IMAS y demás
condiciones establecidas para acceder al sistema de determinación simplificado.
Texto original art 234. LAS RENTAS EXENTAS DE LAS
SOCIEDADES NO SON TRANSFERIBLES. En ningún caso serán trasladables a los
socios, copartícipes, asociados, cooperados, accionistas, comuneros,
suscriptores y similares, las rentas exentas de que gocen los entes de los
cuales formen parte.
Artículo 235.
LAS EXENCIONES SOLO BENEFICIAN A SU TITULAR. Las personas y entidades exentas
del impuesto sobre la renta no podrán estipular, en ningún caso, el pago de los
impuestos que recaigan sobre las personas que reciban de ellas algunas sumas
por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonificaciones, etc., ni
contratar en forma que pueda extenderse la exención de que ellas gozan a las
personas con quienes contratan. En estos casos, el organismo oficial competente
no concederá licencia alguna para exportación de sumas por los conceptos
indicados, sin que con la respectiva solicitud se le presente el comprobante de
que se ha pagado el impuesto correspondiente, causado en el país.
Artículo 235-1.
Modificado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 5º. LÍMITE DE LAS RENTAS EXENTAS. A partir del año gravable 2004, las
rentas de que tratan los artículos 211 parágrafo 4°, 209, 216, 217, 219, 221 y
222 del Estatuto Tributario; los artículos 14 a 16 de la Ley 10 de 1991, 58 de
la Ley
633 de 2000 y 235 de la Ley 685 de 2001,
del Estatuto Tributario, quedan gravados en el ciento por ciento (100%) con el
impuesto sobre la renta.
Ver Ley 1152 de 2007, artículo 172
Artículo 235-2. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 91. Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin
perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales de los artículos
126-1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los
convenios internacionales ratificados por Colombia, las únicas excepciones
legales de que trata el artículo 26 del Estatuto Tributario son las siguientes:
1. Incentivo tributario para
empresas de economía naranja. Las rentas provenientes del desarrollo de
industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un
término de siete (7) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Las sociedades deben
tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano, y su objeto
social exclusivo debe ser el desarrollo de industrias de valor agregado
tecnológico y/o actividades creativas.
b) Las sociedades deben ser
constituidas e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de
2021.
c) Las actividades que
califican para este incentivo son las siguientes:
CÓDIGO CIIU |
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
3210 |
Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |
5811 |
Edición de libros. |
5820 |
Edición de programas de informática (software) |
5911 |
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión |
5912 |
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión |
5913 |
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión |
5914 |
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos |
5920 |
Actividades de grabación de sonido y edición de música |
6010 |
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora |
6020 |
Actividades de programación y transmisión de televisión |
6201 |
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) |
6202 |
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas |
7110 |
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica |
7220 |
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades |
7410 |
Actividades especializadas de diseño |
7420 |
Actividades de fotografía |
9001 |
Creación literaria |
9002 |
Creación musical |
9003 |
Creación teatral |
9004 |
Creación audiovisual |
9005 |
Artes plásticas y visuales |
9006 |
Actividades teatrales |
9007 |
Actividades de espectáculos musicales en vivo |
9008 |
Otras actividades de espectáculos en vivo |
9101 |
Actividades de bibliotecas y archivos |
9102 |
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos |
|
Actividades referentes al turismo cultural. |
|
Actividades relacionadas con Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. |
d) Las sociedades deben
cumplir con los montos mínimos de empleo que defina el Gobierno nacional, que
en ningún caso puede ser inferior a tres (3) empleados. Los empleos que se
tienen en cuenta para la exención en renta son aquellos relacionados
directamente con las industrias de valor agregado tecnológico y actividades
creativas. Los administradores de la sociedad no califican como empleados para
efectos de la presente exención en renta.
e) Las sociedades deben presentar
su proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de
Cultura, justificando su viabilidad financiera, conveniencia económica y
calificación como actividad de economía naranja. El Ministerio debe emitir un
acto de conformidad con el proyecto y confirmar el desarrollo de industrias de
valor agregado tecnológico y actividades creativas.
f) Las sociedades deben
cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos que defina el
Gobierno nacional, que en ningún caso pueden ser inferiores a cuatro mil
cuatrocientas (4.400) UVT y en un plazo máximo de tres (3) años gravables. En
caso de que no se logre el monto de inversión se pierde el beneficio a partir
del tercer año, inclusive.
g) Los usuarios de zona
franca podrán aplicar a los beneficios establecidos en este numeral, siempre y
cuando cumplan con todos los requisitos señalados en este artículo para efectos
de acceder a esta exención.
2. Incentivo tributario para
el desarrollo del campo colombiano. Las rentas provenientes de inversiones que
incrementen la productividad en el sector agropecuario, por un término de diez
(10) años, contados, inclusive, a partir del año en que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:
a) Las sociedades deben
tener por objeto social alguna de las actividades que incrementan la
productividad del sector agropecuario. Las actividades comprendidas son
aquellas señaladas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU), Sección A, división 01, división 02, división 03; Sección C, división
10 y división 11, adoptada en Colombia mediante Resolución de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
b) Las sociedades deben
constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre
de 2022.
c) Los
beneficiarios de esta renta exenta deberán acreditar la contratación directa a
través de contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación de
permanencia que desempeñen funciones relacionadas directamente con las
actividades de que trata este artículo. El número mínimo de empleos requerido
tendrá relación directa con los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año
gravable y se requerirá de una inversión mínima en un periodo de seis (6) años
en propiedad, planta y equipo. Lo anterior, de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional, dentro los parámetros fijados
en la siguiente tabla:
Imagen
Los anteriores requisitos
deben cumplirse por los contribuyentes en todos los periodos gravables en los
que se aplique el beneficio de renta exenta, quienes deben de estar inscritos
en el Registro Único Tributario como contribuyentes del régimen general del
impuesto sobre la renta.
El beneficio al que se
refiere este artículo no será procedente, cuando los trabajadores que se
incorporen a los nuevos empleos directos generados hayan laborado durante el
año de su contratación y/o el año inmediatamente anterior a este, en empresas
con las cuales el contribuyente tenga vinculación económica o procedan de
procesos de fusión o escisión que efectúe el contribuyente. Para acceder a la
renta exenta de que trata este artículo, el contribuyente deberá acreditar que
el mínimo de empleados directos requeridos no ostentan la calidad de
administradores de la respectiva sociedad ni son miembros, socios, accionistas,
copartícipes, asociados, cooperados, comuneros o consorciados de la misma.
Para efectos de determinar
la vocación de permanencia mínima de empleos, se deberán acreditar los empleos
directos a 30 de junio del año en el cual está obligado a presentar la
declaración objeto del beneficio establecido en este artículo, y poder
demostrar que se han mantenido a 31 de diciembre del mismo año.
d) Las sociedades deben
presentar su proyecto de inversión ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, justificando su viabilidad financiera y conveniencia
económica, y el Ministerio debe emitir un acto de conformidad y confirmar que
las inversiones incrementan la productividad del sector agropecuario antes del
31 de diciembre de 2022.
e) Las sociedades deben
cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos que defina el
Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a mil quinientas
(1.500) UVT y en un plazo máximo de seis (6) años gravables. En caso de que no
se logre el monto de inversión se pierde el beneficio a partir del sexto año,
inclusive.
f) El
beneficio de renta exenta aquí contemplado, se aplicará incluso, en el esquema
empresarial, de inversión, o de negocios, se vincule a entidades de economía
solidaria cuyas actividades u objetivos tengan relación con el sector
agropecuario, a las asociaciones de campesinos, o grupos individuales de estos.
3. Venta de energía
eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas,
solar, geotérmica o de los mares, según las definiciones de la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 2755 de 2003, realizada únicamente por parte de empresas generadoras, por un
término de quince (15) años, a partir del año 2017, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Tramitar, obtener y
vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con la
reglamentación del Gobierno nacional.
b) Que al menos el 50% de
los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en
obras de beneficio social en la región donde opera el generador. La inversión
que da derecho al beneficio será realizada de acuerdo con la proporción de
afectación de cada municipio por la construcción y operación de la central
generadora.
4. Las siguientes rentas
asociadas a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés
prioritario:
a) La utilidad en la
enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social y/o de vivienda de interés prioritario;
b) La utilidad en la primera
enajenación de viviendas de interés social y/o de interés prioritario;
c) La utilidad en la
enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana;
d) Las rentas de que trata
el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en los términos allí previstos;
e) Los rendimientos
financieros provenientes de créditos para la adquisición de vivienda de interés
social y/o de interés prioritario, sea con garantía hipotecaria o a través de
leasing financiero, por un término de 5 años contados a partir de la fecha del
pago de la primera cuota de amortización del crédito o del primer canon del
leasing.
Para gozar de las exenciones
de que tratan los literales a) y b) de este numeral, se requiere que:
i) La licencia de
construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de
interés social y/o de interés prioritario.
ii) Los predios sean
aportados a un patrimonio autónomo con objeto exclusivo de desarrollo del
proyecto de vivienda de interés social y/o de interés prioritario;
iii) La totalidad del
desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de interés
prioritario se efectúe a través del patrimonio autónomo, y
iv) El plazo de la fiducia
mercantil a través del cual se desarrolla el proyecto no exceda de diez (10)
años. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Los mismos requisitos
establecidos en este literal serán aplicables cuando se pretenda acceder a la
exención prevista por la enajenación de predios para proyectos de renovación
urbana.
5. Aprovechamiento de nuevas
plantaciones forestales, incluida la guadua, el caucho y el marañón, según la
calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la
entidad competente.
En las mismas condiciones,
gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 1943 de
2018 realicen inversiones
en nuevos aserríos y plantas de procesamiento vinculados directamente al
aprovechamiento a que se refiere este numeral.
También gozarán de la
exención de que trata este numeral, los contribuyentes que, a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, posean plantaciones de árboles maderables y árboles en
producción de frutos, debidamente registrados ante la autoridad competente. La
exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos.
La exención de que trata el
presente numeral estará vigente hasta el año gravable 2036, incluido.
6. La prestación del
servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado,
por un término de quince (15) años a partir de la vigencia de la Ley 1943 de 2018.
7. Las rentas de que tratan
los artículos 4° del Decreto 841 de 1998 y 135 de la Ley 100 de 1993.
8. El incentivo tributario a
las creaciones literarias de la economía naranja, contenidas en el artículo 28
de la Ley 98 de 1993.
9. Los rendimientos
generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades
administradoras de fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con el artículo
101 de la Ley 100 de 1993.
Parágrafo 1°. La exención consagrada en el numeral 1 del presente artículo
aplica exclusivamente a los contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales
inferiores a ochenta mil (80.000) UVT y se encuentren inscritos en el Registro
Único Tributario como contribuyentes del régimen general del impuesto sobre la
renta. Los anteriores requisitos deben cumplirse en todos los periodos
gravables en los cuales se aplique el beneficio de renta exenta.
El presente parágrafo no
aplica para aquellas sociedades cuyo objeto social principal sean actividades
enmarcadas dentro de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU 5911.
Parágrafo 2°. Las entidades que tengan derecho a las exenciones a las que
se refieren los numerales 1 y 2 del presente artículo estarán obligadas a
realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los
artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en
las normas aplicables.
Parágrafo 3°. Las rentas exentas por la venta de energía eléctrica generada con
base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o
de los mares, de que trata el presente artículo, no podrán aplicarse
concurrentemente con los beneficios establecidos en la Ley 1715 de 2014.
Texto anterior Artículo 235-2. Reglamentado por el Decreto 2264 de 2019. Decreto 1808 de 3019, por el Decreto 1070 de 2019. Reglamentado por
el Decreto 1669 de 2019. Adicionado
por la Ley 1819 de 2016, art 99. Rentas exentas a partir del año gravable
2018. A partir del 1° de enero de 2018, sin perjuicio de las rentas exentas de
las personas naturales, las únicas excepciones legales de que trata el artículo
26 del Estatuto Tributario son las siguientes:
1. Las rentas
exentas de la Decisión 578 de la CAN.
2. Las rentas de que
tratan los artículos 4° del Decreto 841 de 1998 y 135 de la Ley 100 de 1993.
3. La renta exenta
de que trata el numeral 12 del artículo 207-2 de este Estatuto en los mismos
términos allí previstos.
4. Aprovechamiento
de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la calificación
que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad
competente.
En las mismas
condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley realicen inversiones en nuevos
aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este
numeral.
También gozarán de la exención de que trata este numeral, los
contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean
plantaciones de árboles maderables debidamente registrados ante la autoridad
competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos.
La exención de que
trata el presente numeral estará vigente hasta el año gravable 2036, incluido.
5. Las rentas exentas
de que trata el artículo 96 de la Ley 788 de 2002. Estos contribuyentes no
estarán cobijados por la exención a la que se refiere el artículo 114-1 de este
estatuto.
6. Las siguientes
rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés
prioritario:
a) La utilidad en la
enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social y/o de vivienda de interés prioritario;
b) La utilidad en la
primera enajenación de viviendas de interés social y/o de interés prioritario;
c) La utilidad en la
enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana;
d) Las rentas de que
trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en los términos allí previstos;
e) Los rendimientos
financieros provenientes de créditos para la adquisición de vivienda de interés
social y/o de interés prioritario, sea con garantía hipotecaria o a través de
leasing financiero, por un término de 5 años contados a partir de la fecha del
pago de la primera cuota de amortización del crédito o del primer canon del
leasing.
Para gozar de las
exenciones de que tratan los literales a) y b) de este numeral 6, se requiere
que:
i) La licencia de
construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de
interés social y/o de interés prioritario.
ii) Los predios sean
aportados a un patrimonio autónomo con objeto exclusivo de desarrollo del
proyecto de vivienda de interés social y/o de interés prioritario;
iii) La totalidad
del desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de interés
prioritario se efectúe a través del patrimonio autónomo, y
iv) El plazo de la
fiducia mercantil a través del cual se desarrolla el proyecto, no exceda de
diez (10) años. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Los mismos
requisitos establecidos en este literal serán aplicables cuando se pretenda
acceder a la exención prevista por la enajenación de predios para proyectos de
renovación urbana.
7. Venta de energía
eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas,
solar, geotérmica o de los mares, según las definiciones de la Ley 1715 de 2014
y el Decreto 2755 de 2003, realizada únicamente por parte de empresas
generadoras, por un término de quince (15) años, a partir del año 2017, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Tramitar, obtener
y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los
términos del protocolo de Kyoto;
b) Que al menos el
50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos
en obras de beneficio social en la región donde opera el generador. La
inversión que da derecho al beneficio será realizada de acuerdo con la
proporción de afectación de cada municipio por la construcción y operación de
la central generadora.
8. La prestación del
servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado,
por un término de quince (15) años a partir de la vigencia de la presente ley.
Parágrafo 1°. Las rentas exentas
de que trata el numeral 6, se aplicarán en los términos y condiciones allí
previstos a partir del 1° de enero de 2017, incluso respecto de los proyectos
en los que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan
aportado los predios al patrimonio autónomo constituido con objeto exclusivo
para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.
Parágrafo 2°. Las rentas exentas
de que trata este numeral y el numeral 4, se aplicarán también durante el año
2017 en la medida en que se cumpla con los requisitos previstos en el
reglamento correspondiente para su procedencia.
Parágrafo 3°. Las rentas exentas por la venta de energía eléctrica
generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solar,
geotérmica o de los mares, de que trata el presente artículo, no podrán
aplicarse concurrentemente con los beneficios establecidos en la Ley 1715 de
2014.
Nota leyex.info: según la ley 1955 de 2019, art. 64.
Interprétese con autoridad el primer inciso del artículo 235-2 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018, y entiéndase que
las rentas exentas de las personas naturales comprenden las de los artículos
126-1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y las reconocidas en
convenios internacionales, desde el 1° de enero de 2019 inclusive.
Artículo 235-3. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 75. Mega-inversiones. A partir del 1° de enero de 2020, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen
nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a
treinta millones (30.000.000) UVT en cualquier actividad industrial, comercial
y/o de servicios y generen al menos cuatrocientos (400) nuevos empleos directos
asociados al desarrollo de esta inversión, cumplirán las obligaciones
tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y
complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:
Las inversiones deben hacerse
en propiedades, planta y equipo, que sean productivos o que tengan la
potencialidad de serlo. Las inversiones se deben hacer en un período máximo de
cinco (5) años gravables contados a partir de la aprobación del proyecto de
Mega-Inversión. Si trascurrido el plazo, el contribuyente no cumple con el
requisito de la inversión, se reconocerá una renta líquida por recuperación de
deducciones sobre las cantidades efectivamente invertidas en propiedades,
planta y equipo, en la declaración de impuesto sobre la renta del quinto año.
Los requisitos y formas de las inversiones de que trata este inciso serán
reglamentadas por el Gobierno nacional.
1. La tarifa del impuesto
sobre la renta y complementarios para los contribuyentes que realicen las
nuevas inversiones, sean per sonas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, será del
27%. Lo anterior sin perjuicio de las rentas provenientes de servicios
hoteleros, las cuales estarán gravadas a la tarifa del 9%.
2. Los contribuyentes que
realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas,
residentes o no residentes, podrán depreciar sus activos fijos en un período
mínimo de dos (2) años, independientemente de la vida útil del activo.
3. Los contribuyentes que
realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas,
residentes o no residentes, no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva
consagrado en los artículos 188 y siguientes del Estatuto Tributario.
4. En caso que las
inversiones sean efectuadas a través de sociedades nacionales o
establecimientos permanentes, las utilidades que estas distribuyan, no estarán
sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los dividendos o participaciones
correspondan a utilidades, que de haberse distribuido hubieren estado gravadas,
conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, estarán
sometidos a la tarifa del 27% sobre el valor pagado o abonado en cuenta. El
impuesto será retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos
en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
5. Los proyectos de
Mega-Inversiones de que trata el presente artículo no estarán sujetas al
impuesto al patrimonio consagrado en el artículo 292-2 del Estatuto Tributario
o aquellos que se creen con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
ley.
Podrán existir proyectos de
Megainversiones en zona franca a los cuales les aplicará el régimen del
impuesto sobre la renta y complementario previsto para Megainversiones.
Parágrafo 1°. El presente régimen aplicará para aquellas inversiones
aprobadas con anterioridad al 1° de enero de 2024, por un término de veinte
(20) años contados a partir del periodo gravable en el cual el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo notifique el acto administrativo reconociendo el
carácter de Mega-Inversión para el nuevo proyecto, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con
la evaluación, exploración y explotación de recursos naturales no renovables,
tales como la exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de
petróleo, no podrán solicitar calificación al Régimen Tributario en Renta para
Mega-Inversiones.
Parágrafo 3°. Las megas inversiones de los sectores de alto componente
tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales, y de comercio
electrónico tendrán un requisito de generación mínimo de doscientos cincuenta
(250) empleos directos.
Texto original artículo 235-3 Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 67. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo
declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-520 de 2019.). “Mega-Inversiones. A
partir del 1° de enero de 2019, los contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios que generen al menos doscientos cincuenta (250) nuevos
empleos directos y realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional
con valor igual o superior a treinta millones (30.000.000) UVT en cualquier
actividad industrial, comercial y/o de servicios, cumplirán las obligaciones
tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios,
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:
Las inversiones deben hacerse en propiedades, planta y equipo, que
sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo. Las inversiones se
deben hacer en un período máximo de cinco (5) años gravables. Si trascurrido el
plazo, el contribuyente no cumple con el requisito de la inversión, se
reconocerá una renta líquida por recuperación de deducciones sobre las
cantidades efectivamente invertidas en propiedades, planta y equipo, en la declaración
de impuesto sobre la renta del quinto año. Los requisitos y formas de las
inversiones de que trata este inciso serán reglamentadas por el Gobierno
nacional.
l. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para los
contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o
jurídicas, residentes o no residentes, será del 27%. Lo anterior sin perjuicio
de las rentas provenientes de servicios hoteleros, las cuales estarán gravadas
a la tarifa del 9%.
2. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean
personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, podrán depreciar
sus activos fijos en un período mínimo de dos (2) años, independientemente de
la vida útil del activo.
3. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean
personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, no estarán sujetos
al sistema de renta presuntiva consagrado en los artículos 188 y siguientes del
Estatuto Tributario.
4. En caso que las inversiones sean efectuadas a través de
sociedades nacionales o establecimientos permanentes, las utilidades que estas
distribuyan, no estarán sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los
dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de haberse
distribuido hubieren estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48
y 49 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la tarifa del 27% sobre el
valor pagado o abonado en cuenta. El impuesto será retenido en la fuente, sobre
el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o
participaciones.
5. Los proyectos de Mega-Inversiones de que trata el presente
artículo no estarán sujetas al impuesto al patrimonio consagrado en el artículo
292-2 del Estatuto Tributario o aquellos que se creen con posterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley.
Parágrafo 1°. El presente régimen aplicará para aquellas inversiones
realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2024, por un término de veinte
(20) años contados a partir del periodo gravable en el cual el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo notifique el acto administrativo reconociendo el
carácter de Mega-Inversión para el nuevo proyecto, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con la
evaluación y exploración de recursos naturales no renovables, tales como la
exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo, no
podrán solicitar calificación al Régimen Tributario en Renta para MegaInversiones.”.
Artículo 235-4. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 76. Estabilidad tributaria para
mega-inversiones. Se establecen los contratos de estabilidad tributaria
sobre los nuevos proyectos de Mega-Inversiones que sean desarrollados en el
territorio nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza que los
beneficios tributarios y demás condiciones consagrados en el artículo 235-3 de
este Estatuto aplicarán por el término de duración del contrato, si se modifica
de forma adversa el artículo 235-3 y/u otra norma de carácter tributario
nacional que tenga relación directa con este.
Parágrafo 1°. Los contratos de estabilidad tributaria podrán ser suscritos por
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata
el artículo 235-3 de este Estatuto, con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Parágrafo 2°. Los contratos de estabilidad tributaria deberán cumplir con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a) El inversionista realizará el proceso
de calificación del proyecto como Mega-Inversión ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno nacional.
b) Una vez el inversionista haya sido
notificado del acto administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, por medio del cual se reconoce el carácter de Mega-Inversión del nuevo
proyecto, presentará una solicitud de contrato a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). El Gobierno nacional reglamentará los documentos que
se deben anexar a la solicitud.
c) En los contratos se establecerá que la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá facultades de auditoría
tributaria, y del avance y cumplimiento del proyecto de inversión.
d) En los contratos de estabilidad
tributaria se deberá establecer el monto de la prima a que se refiere el
parágrafo 3 del presente artículo, la forma de pago y demás características de
la misma.
Parágrafo 3°. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad
tributaria pagará a favor de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público una prima equivalente al 0,75% del valor de la inversión que se realice
en cada año durante el periodo de cinco (5) años de que trata el artículo
anterior de la presente ley, que en cualquier caso no puede ser inferior a
treinta millones (30.000.000) UVT.
Parágrafo 4°. Los contratos de estabilidad tributaria empezarán a regir desde su firma
y permanecerán vigentes durante el término del beneficio consagrado en el
artículo 235-3 de este Estatuto.
Parágrafo 5°. La no realización oportuna o retiro de la totalidad o parte de la
inversión, el no pago oportuno de la totalidad o parte de la prima, el estar
incurso en la causal del parágrafo 6° del presente artículo, o el
incumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales o formales, dará
lugar a la terminación anticipada del contrato.
Parágrafo 6°. No podrán suscribir ni ser beneficiarios de los contratos de
estabilidad tributaria quienes hayan sido condenados mediante sentencia
ejecutoriada o sancionados mediante acto administrativo en firme, en el
territorio nacional o en el extranjero, en cualquier época, por conductas de
corrupción que sean consideradas punibles por la legislación nacional.
Parágrafo 7°. Los contratos de estabilidad tributaria aplican solamente para los
beneficios y condiciones tributarias señaladas en el artículo 235-3 de este
Estatuto. Por lo tanto, los contratos no conceden estabilidad tributaria
respecto de otros impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos
territoriales u otros impuestos, tasas y contribuciones, o elementos de
impuestos, tasas y contribuciones que no hayan sido definidos expresamente en
el artículo 235-3 de este Estatuto.
La estabilidad tributaria tampoco podrá
recaer sobre las disposiciones de este artículo que sean declaradas
inexequibles durante el término de duración de los contratos de estabilidad
tributaria.
Texto original artículo 235-4 Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 68. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).) Artículo
declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-520 de 2019.). “Estabilidad tributaria para MegaInversiones. Se establecen los contratos de estabilidad tributaria sobre
los nuevos proyectos de Mega-Inversiones que sean desarrollados en el
territorio nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza que los
beneficios tributarios y demás condiciones consagrados en el artículo 235-3 de
este Estatuto aplicarán por el término de duración del contrato, si se modifica
de forma adversa el artículo 235-3 y/u otra norma de carácter tributario
nacional que tenga relación directa con este.
Parágrafo 1°. Los
contratos de estabilidad tributaria podrán ser suscritos por los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 235-3 de
este Estatuto, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Parágrafo 2°. Los
contratos de estabilidad tributar la deberán cumplir con la totalidad de los
siguientes requisitos:
a) El inversionista realizará
el proceso de calificación del proyecto como MegaInversión ante el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con la reglamentación
que expida el Gobierno nacional.
b) Una vez el inversionista
haya sido notificado del acto administrativo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, por medio del cual se reconoce el carácter de
Mega-Inversión del nuevo proyecto, presentará una solicitud de contrato a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El Gobierno nacional
reglamentará los documentos que se deben anexar a la solicitud.
c) En los contratos se
establecerá que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá facultades
de auditoría tributaria, y del avance y cumplimiento del proyecto de
inversión.
d) En los contratos de
estabilidad tributaria se deberá establecer el monto de la prima a que se
refiere el parágrafo 3 del presente artículo, la forma de pago y demás
características de la misma.
Parágrafo 3°. El
inversionista que suscriba un contrato de estabilidad tributaria pagará a favor
de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público una prima equivalente
al 0,75% del valor de la inversión que se realice en cada año durante el
periodo de cinco (5) años de que trata el artículo anterior de la presente ley,
que en cualquier caso no puede ser inferior a treinta millones (30.000.000)
UVT.
Parágrafo 4°. Los
contratos de estabilidad tributaria empezarán a regir desde su firma y
permanecerán vigentes durante el término del beneficio consagrado en el
artículo 235-3 de este Estatuto.
Parágrafo 5°. La no
realización oportuna o retiro de la totalidad o parte de la inversión, el no
pago oportuno de la totalidad o parte de la prima, el estar incurso en la
causal del parágrafo 6° del presente artículo, o el incumplimiento de las
obligaciones tributarias sustanciales o formales, dará lugar a la terminación
anticipada del contrato.
Parágrafo 6°. No podrán
suscribir ni ser beneficiarios de los contratos de estabilidad tributaria
quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados
mediante acto administrativo en firme, en el territorio nacional o en el
extranjero, en cualquier época, por conductas de corrupción que sean
consideradas punibles por la legislación nacional.
Parágrafo 7°. Los
contratos de estabilidad tributaria aplican solamente para los beneficios y
condiciones tributarias señaladas en el artículo 235-3 de este Estatuto. Por lo
tanto, los contratos no conceden estabilidad tributaria respecto de otros
impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos territoriales u otros
impuestos, tasas y contribuciones, o elementos de impuestos, tasas y
contribuciones que no hayan sido definidos expresamente en el artículo 235-3 de
este Estatuto.
La estabilidad tributaria
tampoco podrá recaer sobre las disposiciones de este artículo que sean
declaradas inexequibles durante el término de duración de los contratos de
estabilidad tributaria.”.
CAPITULO VIII
RENTA GRAVABLE ESPECIAL
COMPARACIÓN PATRIMONIAL.
Artículo 236.
RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL. Cuando la suma de la renta gravable, las
rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia
entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido
del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta
gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial
obedece a causas justificativas.
Artículo 237.
AJUSTES PARA EL CÁLCULO. Para efectos de la determinación de la renta por
comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la
ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma, se sustrae el valor
de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.
En
lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por
valorizaciones y desvalorizaciones nominales.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78
Artículo 238.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-374 de 2004 y declarado exequible condicionalmente
por la Sentencia
C-875 de 2005. DIFERENCIA PATRIMONIAL EN
LA PRIMERA DECLARACIÓN. Si se presenta declaración de renta y patrimonio por
primera vez y el patrimonio líquido resulta superior a la renta gravable
ajustada como se indica en el artículo anterior, el mayor valor patrimonial se
agrega a la renta gravable determinada por el sistema ordinario.
Constituye
explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión de
los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según
el caso, en el año inmediatamente anterior.
Artículo 239.
NO HABRÁ LUGAR A LA COMPARACIÓN PATRIMONIAL. La conversión de títulos de deuda
pública externa de que trata el artículo 42, no dará lugar a determinar la
renta por el sistema de comparación de patrimonios.
Ver Ley 223 de 1995, artículo 285
Artículo 239-1.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
art 6º. RENTA LÍQUIDA GRAVABLE POR ACTIVOS OMITIDOS O PASIVOS INEXISTENTES. Los
contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declaración de
renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el artículo 588,
el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en
períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida
gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por
diferencia patrimonial.
Cuando
en desarrollo de las acciones de fiscalización, la Administración detecte
pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los
mismos constituirá renta líquida gravable en el período gravable objeto de
revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará
la sanción por inexactitud.
Cuando
el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes sin
declararlos como renta líquida gravable, la Administración procederá a
adicionar la renta líquida gravable por tales valores y aplicará la sanción por
inexactitud.
Inciso Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 41. A partir del periodo gravable 2018, la sanción por
inexactitud a que se refieren los incisos segundo y tercero de este artículo,
será equivalente al doscientos (200%) del mayor valor del impuesto a cargo
determinado.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78 y Concepto 91302 de 2008 de la DIAN
Parágrafo
transitorio. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 163. Ganancia
ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios podrán incluir como ganancia ocasional en las declaraciones de
renta y complementarios de los años gravables 2012 y 2013 únicamente o en las
correcciones de que trata el artículo 588 de este Estatuto, el valor de los
activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no
revisables, adicionando el correspondiente valor como ganancia ocasional y
liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia
patrimonial, ni renta líquida gravable, siempre y cuando no se hubiere
notificado requerimiento especial a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley. Cuando en desarrollo de las actividades de fiscalización, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales detecte activos omitidos o pasivos
inexistentes, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en el
periodo gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo
determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud.
En
cualquier caso, los activos omitidos que se pretendan ingresar al país, deberán
transferirse a través del sistema financiero, mediante una entidad vigilada por
la Superintendencia Financiera, y canalizarse por el mercado cambiario.
Parágrafo 1°. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 163. El
impuesto a las ganancias ocasionales causado con ocasión de lo establecido en
el primer inciso de este artículo deberá pagarse en cuatro (4) cuotas iguales
durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 o 2014, 2015, 2016 y 2017, según corresponda,
en las fechas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 163. En
caso de que se verifique que el contribuyente no incluyó la totalidad de los
activos omitidos o no excluyó la totalidad de los pasivos inexistentes,
automáticamente se aplicará el tratamiento previsto en el inciso 2° de este artículo.
En este último evento se podrá restar del valor del impuesto a cargo el valor
del impuesto por ganancia ocasional, efectivamente pagado por el contribuyente.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 163. La
inclusión como ganancia ocasional en las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios del valor de los activos omitidos y los pasivos
inexistentes originados en periodos no revisables, establecida en el inciso 1°
del presente artículo no generará la imposición de sanciones de carácter cambiario.
CAPITULO IX
TARIFAS DE IMPUESTO DE
RENTA.
Articulo 240. Inciso 1º modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 92. Tarifa general para personas
jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las
sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin
residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto
sobre la renta y complementarios, será del treinta y dos por ciento (32%) para
el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021
y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022.
Texto
anterio inciso 1º. Inciso 1º
modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 80. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá
efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por
la Ley 1819 de 2016, artículo 100. “Tarifa
general para para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a
las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin
residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto
sobre la renta y complementarios, será del treinta y tres por ciento (33%) para
el año gravable 2019, treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020,
treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por
ciento (30%) a partir del año gravable 2022.”.
Texto original inciso 1 del artículo 240 “Tarifa general para personas
jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las
sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia
obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y
complementarios, será del 33%.”.
Parágrafo 1°. Declarado
exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-235 de 2019.). A partir de 2017 las rentas a las que se referían los numerales 3, 4, 5
y 7 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario y la señalada en el artículo
1° de la Ley 939 de 2004 estarán gravadas con el impuesto sobre la
renta y complementarios a la tarifa del 9% por el término durante el que se
concedió la renta exenta inicialmente, siempre que se haya cumplido con las
condiciones previstas en su momento para acceder a ellas. (La expresión resaltada fue derogada por
la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).).
Lo aquí
dispuesto no debe interpretarse como una renovación o extensión de los
beneficios previstos en los artículos mencionados en este parágrafo.
Parágrafo 2°. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la
participación del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios de
suerte y azar y de licores y alcoholes.
Parágrafo 3°. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios, que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de esta
ley al tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán las siguientes
reglas:
1. El
beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan accedido
al mismo, no se extenderá con ocasión de lo aquí previsto.
2. A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, los contribuyentes que hayan
accedido al beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla del numeral 5
de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de
inicio de la actividad económica.
3. Los
contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo hayan
incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, deberán liquidar el
impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el
número de años contados desde la fecha de inicio de operaciones en los que no
hayan incurrido en pérdidas fiscales.
4. Los
contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese tiempo
únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales, deberán liquidar el impuesto
aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo desde el año gravable en que
obtengan rentas líquidas gravables, que, en todo caso, no podrá ser superior a
5 años.
5. Tabla de
Progresividad en la Tarifa para las sociedades constituidas bajo la Ley
1429 de 2010:
AÑO |
TARIFA |
Primer año |
9%+(TG-9%)*0 |
Segundo año |
9%+(TG-9%)*0 |
Tercer año |
9%+(TG-9%)*0.25 |
Cuarto año |
9%+(TG-9%)*0.50 |
Quinto año |
9%+(TG-9%)*0.75 |
Sexto año y siguientes |
TG |
TG = Tarifa general de renta para el año gravable. |
6. El
cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida del tratamiento
preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este artículo. (Nota 1: Ver
Sentencia C-02 de 2018, con relación a este numeral. Nota 2: Parágrafo
declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-119 de 2018 y por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-265 de 2019.).
Parágrafo 4°. La
tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a las empresas
editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad
económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas,
folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, en los
términos de la Ley 98 de 1993, será del 9%.
Parágrafo 5°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 92. Las
siguientes rentas están gravadas a la tarifa del 9%:
a)
Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de hasta
doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a
31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, por un término de 20 años;
b)
Servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de
hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad
competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a
la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, por un término de 20 años.
El tratamiento previsto en este numeral corresponderá a la proporción que
represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del
inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa
del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía
Municipal del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado.
c) A partir
del 1° de enero de 2019, servicios prestados en nuevos hoteles que se
construyan en municipios de igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y
como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de
los cuatro (4) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la Ley
1943 de 2018, por un término de diez (10) años.
d) A partir
del 1° de enero de 2019, servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o
amplíen en municipios de igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y
como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de
los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de
2018, por un término de diez (10) años, siempre y cuando el valor de la
remodelación y/o ampliación no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del
valor de adquisición del inmueble remodelado y/o ampliado, conforme a las
reglas del artículo 90 de este Estatuto. Para efectos de la remodelación y/o
ampliación, se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la
Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del
inmueble remodelado y/o ampliado.
e) Las
rentas exentas a las que tengan derecho las personas naturales que presten
servicios hoteleros conforme a la legislación vigente en el momento de la
construcción de nuevos hoteles, remodelación y/o ampliación de hoteles, no
estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 de
este Estatuto.
f) A partir
del 1° de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos
proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que
se construyan en municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo
certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los
diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la Ley
1943 de 2018 por un término de veinte (20) años.
g) A partir
del 1° de enero de 2019, los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos
proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que
se construyan en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y
como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de
los cuatro (4) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 1943 de 2018, por un término de diez (10) años.
h) Lo
previsto en este parágrafo no será aplicable a moteles y residencias.
i) A partir
del 1° de enero de 2020, los servicios prestados en parques temáticos, que se
remodelen y/o amplíen, dentro de los cuatro (4) años siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, por un término de diez (10) años, siempre y cuando
el valor de la remodelación y/o ampliación no sea inferior al cincuenta por
ciento (50%) de sus activos. Los activos se deberán valorar conforme al
artículo 90 del Estatuto Tributario. Dicha remodelación y/o ampliación debe
estar autorizada por la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía
Municipal del domicilio del parque temático.
Texto anterior del parágrafo 5º. Modificado por la Ley
1943 de 2018, artículo 80. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Las siguientes
rentas están gravadas a la tarifa del 9%:
a) Servicios prestados en nuevos hoteles
que se construyan en municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como
lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los
diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley, por
un término de 20 años;
b) Servicios prestados en hoteles que se
remodelen y/o amplíen en municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y
como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de
los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por
un término de 20 años. El tratamiento previsto en este numeral, corresponderá a
la proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el
costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo cual se requiere
aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto
de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado;
c) A partir del 1° de enero de 2019,
servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en municipios de igual
o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad
competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años siguientes
a partir de la entrada en vigencia de esta ley, por un término de diez (10)
años;
d) A partir del 1° de enero de 2019,
servicios prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de
igual o superior a doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la
autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4) años
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, por un término de diez
(10) años, siempre y cuando el valor de la remodelación y/o ampliación no sea
inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor de adquisición del inmueble
remodelado y/o ampliado, conforme a las reglas del artículo 90 de este
Estatuto. Para efectos de la remodelación y/o ampliación, se requiere
aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto
de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y/o ampliado;
e) Las rentas exentas a las que tengan
derecho las personas naturales que presten servicios hoteleros conforme a la
legislación vigente en el momento de la construcción de nuevos hoteles,
remodelación y/o ampliación de hoteles, no estarán sujetas a las limitantes
previstas en el numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto;
f) A partir del 1° de enero de 2019, los
nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de
ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que se construyan en
municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifique la autoridad
competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los diez (10) años siguientes a
partir de la entrada en vigencia de esta ley por un término de veinte (20)
años;
g) A partir del 1° de enero de 2019, los
nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de
ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, que se construyan en
municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, tal y como lo certifique
la autoridad competente a 31 de diciembre de 2018, dentro de los cuatro (4)
años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley, por un término
de diez (10) años;
h) Lo previsto en este parágrafo no será
aplicable a moteles y residencias.”.
Texto anterior del parágrafo 5 “Las siguientes rentas estarán gravadas a la tarifa del 9%:
a) Servicios prestados en nuevos hoteles
que se construyan en municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como
lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los
diez (10) años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley, por
un término de 20 años;
b) Servicios hoteleros prestados en
hoteles que se remodelen y/o amplíen en municipios de hasta doscientos mil
habitantes, tal y como lo certifique la autoridad competente a 31 de diciembre
de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley, por un término de 20 años. La exención prevista en este numeral,
corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o
ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo
cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría
Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble
remodelado y/o ampliado;
c) Lo previsto en este Parágrafo no será
aplicable a moteles y residencias.”.
Parágrafo 6°. Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por
la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá
efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). A partir del 1° de enero de 2017, los rendimientos generados por la
reserva de estabilización que constituyen las Sociedades Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cesantías de acuerdo con el artículo 101 de la Ley
100 de 1993 se consideran rentas brutas especiales gravadas a la tarifa
del 9%. La disposición del exceso de reserva originado en dichos rendimientos
genera una renta bruta especial gravada para las Sociedades Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cesantías en el año gravable en que ello suceda a la
tarifa del 24%.
Parágrafo
7°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo
92. Las instituciones financieras deberán
liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante
los siguientes periodos gravables:
1. Para el año gravable 2020, adicionales, de
cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en
total del treinta y seis por ciento (36%).
2. Para el año gravable 2021, adicionales, de tres
(3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total
del treinta y cuatro por ciento (34%).
3. Para el año gravable 2022, adicionales, de tres
(3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total
del treinta y tres por ciento (33%).
Los puntos adicionales de los que trata el presente
parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable
correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.
La sobretasa de que trata este parágrafo está
sujeta, para los tres periodos gravables aplicables, a un anticipo del ciento
por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del
impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente
liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El
anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse
en dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento.
Con el fin de contribuir al bienestar general y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, el recaudo por concepto de
la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de
carreteras y vías de la Red Vial Terciaria. El Gobierno nacional determinará
las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como
el mecanismo para la ejecución de los mismos.
Texto original parágrafo 7º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 80. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).
Artículo declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-510 de 2019. Providencia confirmada en la
Sentencia C-540 de 2019.). “Las entidades financieras deberán liquidar
unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los
siguientes periodos gravables:
1. Para el año gravable 2019,
adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa general del
impuesto, siendo en total del treinta y siete por ciento (37%).
2. Para el año gravable 2020,
adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del
impuesto, siendo en total del treinta y cinco por ciento (35%).
3. Para el año gravable 2021,
adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del
impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento (34%).
Los puntos adicionales de la que trata el
presente parágrafo solo es aplicable a las personas jurídicas que, en el año
gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000
UVT.
Parágrafo transitorio 1°. Durante el año 2017, la tarifa general del
impuesto sobre la renta será del 34%.
Parágrafo
transitorio 2°. Los contribuyentes a que se refiere este artículo también
deberán liquidar una sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios
durante los siguientes períodos gravables:
1.
Para el año gravable 2017:
imagen
2.
Para el año gravable 2018:
imagen
La
sobretasa de que trata este artículo está sujeta, para los períodos gravables
2017 y 2018, a un anticipo del cien por ciento (100%) del valor de la misma,
calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios
sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año
gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto
sobre la renta y complementarios deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales
en los plazos que fije el reglamento.”.
Ver Concepto
1288 de 2019. Ver Oficio 901849 de 2017, DIAN.
Texto anterior del artículo 240 Modificado por la Ley 1607 de 2012, artículo 94. (éste desarrollado
por el Decreto 2418 de 2013.). TARIFA PARA SOCIEDADES NACIONALES Y
EXTRANJERAS. Sin perjuicio
de lo establecido en otras disposiciones especiales de este Estatuto, la tarifa
sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas
y de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes
que tengan la calidad de Nacionales, incluidas las sociedades y otras entidades
extranjeras de cualquier naturaleza que obtengan sus rentas a través de
sucursales o de establecimientos permanentes, es del veinticinco por ciento
(25%). Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones especiales de
este Estatuto, las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras,
que no sean atribuibles a una sucursal o establecimiento permanente de dichas
sociedades o entidades extrajeras, estarán sometidas a la tarifa del treinta y
tres (33%).
Parágrafo. Las referencias a la tarifa del treinta y tres por
ciento (33%) contenidas en este Estatuto para las sociedades anónimas,
sociedades limitadas y demás entes asimilados a unas y a otras, deben
entenderse modificadas de acuerdo con la tarifa prevista en este artículo.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, artículo 28. Sin perjuicio de
lo establecido en otras disposiciones especiales de este Estatuto, las rentas
obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras, que no sean atribuibles a
una sucursal o establecimiento permanente de dichas sociedades o entidades
extranjeras, por los años fiscales del 2015 al 2018, estarán sometidas a las
siguientes tarifas:
AÑO |
TARIFA |
2015 |
39% |
2016 |
40% |
2017 |
42% |
2018 |
43% |
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo
1.2.1.23.3. Ver Decreto 3026 de 2013.
Ver Oficio 36965 de 2015. Ver Oficio 34765 de
2015. Ver Oficio 900634 de 2016, DIAN.
Texto
anterior artículo 240 Modificado por la Ley 1111 de
2006, artículo 12. “TARIFA PARA SOCIEDADES NACIONALES Y
EXTRANJERAS. La tarifa única sobre la renta gravable de las sociedades
anónimas, de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a unas y
otras, de conformidad con las normas pertinentes, incluidas las sociedades y
otras entidades extranjeras de cualquier naturaleza, es del treinta y tres por
ciento (33%).
Parágrafo. Las referencias a la tarifa del
treinta y cinco por ciento (35%) contenidas en este Estatuto, deben entenderse
modificadas de acuerdo con las tarifas previstas en este artículo.
Parágrafo
transitorio. Por el año
gravable 2007 la tarifa a que se refiere el presente artículo será del treinta
y cuatro por ciento (34%).”.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “TARIFA
PARA SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS. Fíjase
en un treinta y cinco por ciento (35%) la tarifa única sobre la renta gravable
de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas, y de los demás entes
asimilados a unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes. La misma
tarifa se aplicará a la renta gravable de las sociedades extranjeras de
cualquier naturaleza y a cualesquiera otras entidades extranjeras.”. (Nota: Tarifa del 30% modificada por
la Ley 223 de 1995, artículo 99).
Artículo
240-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 101. Tarifa
para usuarios de zona franca. A partir del 1° de enero de
2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas
jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%.
Parágrafo
1°. La tarifa
del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de
zona franca será la tarifa general del artículo 240 de este Estatuto.
Parágrafo
2°. Para los contribuyentes
usuarios de zona franca que tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica,
la tarifa será la establecida en el correspondiente contrato y no podrá
aplicarse concurrentemente con la deducción de que trataba el artículo 158-3 de
este Estatuto.
Parágrafo
3°. Los
contribuyentes usuarios de zonas francas que hayan suscrito un contrato de
estabilidad jurídica, no tendrán derecho a la exoneración de aportes de que
trata el artículo 114-1 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo
4°. Sin
perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1°, se exceptúan de la aplicación
de este artículo, los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el
municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre de 2019, a los cuales se
les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, siempre y cuando, dichas
nuevas zonas francas cumplan con las siguientes características:
1. Que
las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas.
2. Que se
garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios entre empresas
nacionales o extranjeras.
Texto anterior art 240-1. Adicionado por la Ley 1004 de 2005, artículo
5º. TARIFA PARA USUARIOS DE ZONA FRANCA. Fíjase a partir del 1° de enero de
2007, en un quince por ciento (15%) la tarifa única del impuesto sobre la renta
gravable, de las personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca.
Parágrafo. La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los
usuarios comerciales de Zona Franca será la tarifa general vigente.
Parágrafo 2°. Adicionado Ley 1370 de 2009, art
11. A partir del período gravable 2010, la tarifa del quince por ciento (15%) a
que se refiere este artículo no podrá aplicarse concurrentemente con la
deducción de que trata el artículo 158-3 de este Estatuto.
Artículo 241. Modificado por
la Ley 2010 de 2019,
artículo 34. Tarifa
para las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones
modales. El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes
en el país, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los
bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones
modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:
Imagen
Texto anterior
del artículo 241 Modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 26. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del
primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Tarifa para las personas naturales residentes y asignaciones y
donaciones modales. El impuesto sobre la renta de las personas
naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en
el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones
o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla:
Imagen
Texto anterior original artículo 241 Modificado por la Ley 1819 de 2016,
artículo 5º. “Tarifa para las personas naturales residentes y asignaciones
y donaciones modales. El impuesto sobre la renta de las personas
naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes residentes en
el país, y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones
o asignaciones modales, se determinará de acuerdo con las siguientes tablas:
1.
Para la renta líquida laboral y de pensiones:
Rangos en UVT |
Tarifa Marginal |
Impuesto |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
1090 |
0% |
0 |
>1090 |
1700 |
19% |
(Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x
19% |
>1700 |
4100 |
28% |
(Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x
28% + 116 UVT |
>4100 |
En adelante |
33% |
(Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x
33% + 788 UVT |
2.
Para la renta líquida no laboral y de capital:
Rangos en UVT |
Tarifa Marginal |
Impuesto |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
600 |
0% |
0 |
>600 |
1000 |
10% |
(Base Gravable en UVT menos 600 UVT) x
10% |
>1000 |
2000 |
20% |
(Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) x
20% + 40 UVT |
>2000 |
3000 |
30% |
(Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) x
30% + 240 UVT |
>3000 |
4000 |
33% |
(Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) x
33% + 540 UVT |
>4000 |
En adelante |
35% |
(Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) x
35% + 870 UVT |
El artículo 240
de este Estatuto fijó todas las referencias a la tarifa del treinta y cinco por
ciento (35%) al treinta y tres (33%) contenidas en este Estatuto, éste modificado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 12.
Texto
anterior artículo 241 Inciso
1º modificado por la Ley 1607 de 2012, artículo 8º. “TARIFA PARA
LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. El
impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las
sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a
fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se
determinará de acuerdo con la tabla que contiene el presente artículo.
Texto
anterior inciso 1 Modificado por
la ley 1111 de 2006, artículo 12. “TARIFA PARA PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS
RESIDENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. El impuesto
correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de
las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras
residentes en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en
el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones
o asignaciones modales, es determinado en la tabla que contiene el presente
artículo.”.
Tabla del impuesto sobre la renta y complementarios
Rangos en UVT |
Tarifa marginal |
Impuesto |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
1.090 |
0% |
0 |
>1.090 |
1.700 |
19% |
(Renta gravable o ganancia ocasional gravable
expresada en UVT menos 1.090 UVT) * 19% |
>1.700 |
4.100 |
28% |
(Renta gravable o ganancia ocasional
gravable expresada en UVT menos 1.700 UVT) * 28% más 116 UVT |
>4.100 |
En adelante |
33% |
(Renta gravable o ganancia ocasional
gravable expresada en UVT menos 4.100 UVT) * 33% más 788 UVT |
Nota leyex.info: El asterisco significa
multiplicar por.
CONSULTAR TABLA
EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF (D.O. No. 46.494)
Parágrafo
transitorio. Para el año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el
último rango de esta tabla será del treinta y cuatro por ciento (34%).
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo
1.2.1.23.3. Ver Oficio 10479 de 2016. Ver Decreto 4910 de
2011, artículo 3º.
Texto
anterior artículo Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
63. “TARIFA PARA PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS RESIDENTES Y
ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. El impuesto correspondiente a la renta
gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes
colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de
las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes
destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales,
es determinado en la tabla que contiene el presente artículo.
Tabla
de impuesto sobre la renta
Año
gravable 2004
Intervalos de renta
gravable Tarifa
promedio del
intervalo Impuesto
de renta
o de ganacia ocasional
TARIFA DEL 0%
1
a
20.400.000 0,00% 0
TARIFA DEL 20%
20.400.001
a
21.000.000 0,29% 60.000
21.000.001
a
21.600.000 0,85% 180.000
21.600.001
a
22.200.000 1,37% 300.000
22.200.001
a
22.800.000 1,87% 420.000
22.800.001
a 23.400.000 2,34% 540.000
23.400.001
a
24.000.000 2,78% 660.000
24.000.001
a
24.600.000 3,21% 780.000
24.600.001
a
25.200.000 3,61% 900.000
25.200.001
a
25.800.000 4,00% 1.020.000
25.800.001
a 26.400.000 4,37% 1.140.000
26.400.001
a
27.000.000 4,72% 1.260.000
27.000.001
a
27.600.000 5,05% 1.380.000
27.600.001
a
28.200.000 5,38% 1.500.000
28.200.001
a
28.800.000 5,68% 1.620.000
28.800.001
a
29.400.000 5,98% 1.740.000
29.400.001
a
30.000.000 6,26% 1.860.000
30.000.001
a
30.600.000 6,53% 1.980.000
30.600.001
a
31.200.000 6,80% 2.100.000
31.200.001
a
31.800.000 7,05% 2.220.000
31.800.001
a
32.400.000 7,29% 2.340.000
TARIFA DEL 29%
32.400.001
a
33.000.000 7,69% 2.514.000
33.000.001
a
33.600.000 8,07% 2.688.000
33.600.001
a
34.200.000 8,44% 2.862.000
34.200.001
a
34.800.000 8,80% 3.036.000
34.800.001
a
35.400.000 9,15% 3.210.000
35.400.001
a
36.000.000 9,48% 3.384.000
36.000.001
a
36.600.000 9,80% 3.558.000
36.600.001
a 37.200.000 10,11% 3.732.000
37.200.001
a
37.800.000 10,42% 3.906.000
37.800.001
a
38.400.000 10,71% 4.080.000
38.400.001
a
39.000.000 10,99% 4.254.000
39.000.001
a
39.600.000 11,27% 4.428.000
39.600.001
a
40.200.000 11,53% 4.602.000
40.200.001
a
40.800.000 11,79% 4.776.000
40.800.001
a
41.400.000 12,04% 4.950.000
41.400.001
a
42.000.000 12,29% 5.124.000
42.000.001
a
42.600.000 12,52% 5.298.000
42.600.001
a
43.200.000 12,76% 5.472.000
43.200.001
a
43.800.000 12,98% 5.646.000
43.800.001
a
44.400.000 13,20% 5.820.000
44.400.001
a 45.000.000 13,41% 5.994.000
45.000.001
a
45.600.000 13,62% 6.168.000
45.600.001
a
46.200.000 13,82% 6.342.000
46.200.001
a
46.800.000 14,01% 6.516.000
46.800.001
a
47.400.000 14,20% 6.690.000
47.400.001
a 48.000.000 14,39% 6.864.000
48.000.001
a
48.600.000 14,57% 7.038.000
48.600.001
a
49.200.000 14,75% 7.212.000
49.200.001
a
49.800.000 14,92% 7.386.000
49.800.001
a
50.400.000 15,09% 7.560.000
50.400.001
a
51.000.000 15,25% 7.734.000
51.000.001
a
51.600.000 15,42% 7.908.000
51.600.001
a
52.200.000 15,57% 8.082.000
52.200.001
a
52.800.000 15,73% 8.256.000
52.800.001
a
53.400.000 15,88% 8.430.000
53.400.001
a
54.000.000 16,02% 8.604.000
54.000.001
a
54.600.000 16,17% 8.778.000
54.600.001
a
55.200.000 16,31% 8.952.000
55.200.001
a
55.800.000 16,44% 9.126.000
55.800.001
a
56.400.000 16,58% 9.300.000
56.400.001
a
57.000.000 16,71% 9.474.000
57.000.001
a
57.600.000 16,84% 9.648.000
57
.600.001 a
58.200.000 16,96% 9.822.000
58.200.001
a 58.800.000 17,09% 9.996.000
58.800.001
a
59.400.000 17,21% 10.170.000
59.400.001
a
60.000.000 17,33% 10.344.000
60.000.001
a
60.600.000 17,44% 10.518.000
60.600.001
a
61.200.000 17,56% 10.692.000
61.200.001
a 61.800.000 17,67% 10.866.000
61.800.001
a
62.400.000 17,78% 11.040.000
62.400.001
a
63.000.000 17,89% 11.214.000
63.000.001
a
63.600.000 17,99% 11.388.000
63.600.001
a
64.200.000 18,09% 11.562.000
64.200.001
a 64.800.000 18,20% 11.736.000
64.800.001
a
65.400.000 18,29% 11.910.000
65.400.001
a
66.000.000 18,39% 12.084.000
66.000.001
a
66.600.000 18,49% 12.258.000
66.600.001
a
67.200.000 18,58% 12.432.000
67.200.001
a
67.800.000 18,68% 12.606.000
67.800.001
a
68.400.000 18,77% 12.780.000
68.400.001
a
69.000.000 18,86% 12.954.000
69.000.001
a
69.600.000 18,94% 13.128.000
69.600.001
a
70.200.000 19,03% 13.302.000
70.200.001
a 70.800.000 19,11% 13.476.000
70.800.001
a
71.400.000 19,20% 13.650.000
71.400.001
a
72.000.000 19,28% 13.824.000
72.000.001
a
72.600.000 19,36% 13.998.000
72.600.001
a
73.200.000 19,44% 14.172.000
73.200.001
a
73.800.000 19,52% 14.346.000
73.800.001
a
74.400.000 19,60% 14.520.000
74.400.001
a
75.000.000 19,67% 14.694.000
75.000.001
a
75.600.000 19,75% 14.868.000
75.600.001
a
76.200.000 19,82% 15.042.000
76.200.001
a
76.800.000 19,89% 15.216.000
76.800.001
a
77.400.000 19,96% 15.390.000
77.400.001
a
78.000.000 20,03% 15.564.000
TARIFA DEL 35%
78.000.001
a
78.600.000 20,15% 15.774.000
78.600.001
a
79.200.000 20,26% 15.984.000
79.200.001
a 79.800.000 20,37% 16.194.000
79.800.001
a
80.400.000 20,48% 16.404.000
80.400.001
a
81.000.000 20,59% 16.614.000
81.000.001
a
81.600.000 20,69% 16.824.000
81.600.001
a
82.200.000 20,80% 17.034.000
82.200.001
a
82.800.000 20,90% 17.244.000
82.800.001
a
83.400.000 21,00% 17.454.000
83.400.001
a
84.000.000 21,10% 17.664.000
84.000.001
a
84.600.000 21,20% 17.874.000
84.600.001
a
85.200.000 21,30% 18.084.000
85.200.001
a
85.800.000 21,40% 18.294.000
85.800.001
a
86.400.000 21,49% 18.504.000
86.400.001
a
87.000.000 21,58% 18.714.000
87.000.001
a
87.600.000 21,68% 18.924.000
87.600.001
a
88.200.000 21,77% 19.134.000
88.200.001
a
88.800.000 21,86% 19.344.000
88.800.001
a
89.400.000 21,95% 19.554.000
89.400.001
a
90.000.000 22,03% 19.764.000
90.000.001
a
90.600.000 22,12% 19.974.000
90.600.001
a
91.200.000 22,20% 20.184.000
91.200.001
a
91.800.000 22,29% 20.394.000
91.800.001
a
92.400.000 22,37% 20.604.000
92.400.001
a
93.000.000 22,45% 20.814.000
93.000.001
a
93.600.000 22,53% 21.024.000
93.600.001
a
94.200.000 22,61% 21.234.000
94.200.001
a
94.800.000 22,69% 21.444.000
94.800.001
a
95.400.000 22,77% 21.654.000
95.400.001
a
96.000.000 22,85% 21.864.000
96.000.001
En adelante 21.864.000
más
el 35% del exceso sobre $96.000.000
El
Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la
presente tabla, aplicando el ciento por ciento (100%) de la variación acumulada
del Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios que corresponde
elaborar al DANE en el periodo comprendido entre el primero de octubre del año
2003 y el primero de octubre del año anterior al gravable.
Para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes
del impuesto sobre la renta el Gobierno podrá determinar el tamaño y el número
de intervalos dentro de cada rango de renta gravable, guardando
proporcionalidad con el tamaño de los intervalos contemplados en la tabla de
retención en la fuente.”.
Texto
anterior del artículo: Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
100. TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES NACIONALES Y EXTRANJERAS
RESIDENTES. La tabla de la tarifa del impuesto sobre la renta a que se refiere
el artículo 241 del Estatuto Tributario será la siguiente:
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES PERSONALES NATURALES AÑO GRAVABLE 1996 |
|||||||||
Intervalos de Renta
Gravable o de Ganancia Ocasional |
Tarifa del Promedio del Intervalo % |
Impuesto $ |
|||||||
1 |
a |
9.000.000 |
0.00% |
0 |
|||||
9.000.001 |
a |
9.100.000 |
0.11% |
10.000 |
|||||
9.100.001 |
a |
9 200.000 |
0.33% |
30.000 |
|||||
9.200.001 |
a |
9.300.000 |
0.54% |
60.000 |
|||||
9.300.001 |
a |
9.400.000 |
0.75% |
70.000 |
|||||
9.400.001 |
a |
9.500.000 |
0.95% |
90.000 |
|||||
9.500.001 |
a |
9.600.000 |
1.15% |
110.000 |
|||||
9.600.001 |
a |
9.700.000 |
1.35% |
130.000 |
|||||
9.700.001 |
a |
9.800.000 |
1.54% |
160.000 |
|||||
9.800.001 |
a |
9.900.000 |
1.73% |
170.000 |
|||||
9.900.001 |
a |
10.000.000 |
1.91% |
190.000 |
|||||
10.000.001 |
a |
10.200.000 |
2.18% |
220.000 |
|||||
10.200.001 |
a |
10.400.000 |
2.52% |
260.000 |
|||||
10.400.001 |
a |
10.600.000 |
2.86% |
300.000 |
|||||
10.600.001 |
a |
10.800.000 |
3.18% |
340.000 |
|||||
10.800.001 |
a |
11.000.000 |
3.49% |
380.000 |
|||||
11.000.001 |
a |
11.200.000 |
3.78% |
420.000 |
|||||
11.200.001 |
a |
11.400.000 |
4.07% |
460.000 |
|||||
11.400.001 |
a |
11.600.000 |
4.35% |
500.000 |
|||||
11.600.001 |
a |
11.800.000 |
4.62% |
540.000 |
|||||
11.800.001 |
a |
12.000.000 |
4.87% |
580.000 |
|||||
12.000.001 |
a |
12.200.000 |
5.12% |
620.000 |
|||||
12.200.001 |
a |
12.400.000 |
5.37% |
660.000 |
|||||
12.400.001 |
a |
12.600.000 |
5.60% |
700.000 |
|||||
12.600.001 |
a |
12.800.000 |
5.83% |
740.000 |
|||||
12.800.001 |
a |
13.000.000 |
6.05% |
780.000 |
|||||
13.000.001 |
a |
13.200.000 |
6.26% |
820.000 |
|||||
13.200.001 |
a |
13.400.000 |
6.47% |
860.000 |
|||||
13.400.001 |
a |
13.600.000 |
6.67% |
900.000 |
|||||
13.600.001 |
a |
13.800.000 |
6.99% |
958.000 |
|||||
13.800.001 |
a |
14.000.000 |
7.31% |
1.016.000 |
|||||
14.000.001 |
a |
14.200.000 |
7.62% |
1.074.000 |
|||||
14.200.001 |
a |
14.400.000 |
7.92% |
1.132.000 |
|||||
14.400 001 |
a |
14.600.000 |
8.21% |
1.190.000 |
|||||
14.600.001 |
a |
14.800.000 |
8.49% |
1.248.000 |
|||||
14.800.001 |
a |
15.000.000 |
8.77% |
1.306.000 |
|||||
15.000.001 |
a |
15.200.000 |
9.03% |
1.364.000 |
|||||
15.200.001 |
a |
15.400.000 |
9.29% |
1.422.000 |
|||||
15.400.001 |
a |
16.600.000 |
9.55% |
1.480.000 |
|||||
15.600.001 |
a |
15.800.000 |
9.80% |
1.538.000 |
|||||
15.800.001 |
a |
16.000.000 |
10.04% |
1.596.000 |
|||||
16.000.001 |
a |
16.200.000 |
10.27% |
1.654.000 |
|||||
16.200.001 |
a |
16.400.000 |
10.50% |
1.712.000 |
|||||
16.400.001 |
a |
16.600.000 |
10.73% |
1.770.000 |
|||||
16.600.001 |
a |
16.800.000 |
10.95% |
1.828.000 |
|||||
16.800.001 |
a |
17.000.000 |
11.16% |
1.888.000 |
|||||
17.000.001 |
a |
17.200.000 |
11.37% |
1.944.000 |
|||||
17.200.001 |
a |
17.400.000 |
11.57% |
2.002.000 |
|||||
17.400.001 |
a |
17.600.000 |
11.77% |
2.060.000 |
|||||
17.600.001 |
a |
17.800.000 |
11.97% |
2.118.000 |
|||||
17.800.001 |
a |
18.000.000 |
12.16% |
2.176.000 |
|||||
18.000.001 |
a |
18.200.000 |
12.34% |
2.234.000 |
|||||
18.200.001 |
a |
18.400.000 |
12.52% |
2.292.000 |
|||||
18.400.001 |
a |
18.600.000 |
12.70% |
2.350.000 |
|||||
18.600.001 |
a |
18.800.000 |
12.88% |
2.408.000 |
|||||
18.800.001 |
a |
19.000.000 |
13.05% |
2.466.000 |
|||||
19.000.001 |
a |
19.200.000 |
13.21% |
2.524.000 |
|||||
19.200.001 |
a |
19.400.000 |
13.38% |
2.582.000 |
|||||
19.400.001 |
a |
19.600.000 |
13.54% |
2.640.000 |
|||||
19.600.001 |
a |
19.800.000 |
13.70% |
2.698.000 |
|||||
19.800.001 |
a |
20.000.000 |
13.85% |
2.756.000 |
|||||
20.000.001 |
a |
20.200.000 |
14.00% |
2.814.000 |
|||||
20.200.001 |
a |
20.400.000 |
14.15% |
2.872.000 |
|||||
20.400.001 |
a |
20.600.000 |
14.29% |
2.930.000 |
|||||
20.600.001 |
a |
20.800.000 |
14.43% |
2.988.000 |
|||||
20.800.001 |
a |
21.000.000 |
14.57% |
3.046.000 |
|||||
21.000.001 |
a |
21.200.000 |
14.71% |
3.104.000 |
|||||
21.200.001 |
a |
21.400.000 |
14.85% |
3.162.000 |
|||||
21.400.001 |
a |
21.600.000 |
14.98% |
3.220.000 |
|||||
21.600.001 |
a |
21.800.000 |
15.11% |
3.278.000 |
|||||
21.800.001 |
a |
22.000.000 |
15.23% |
3.336.000 |
|||||
22.000.001 |
a |
22.200.000 |
15.36% |
3.394.000 |
|||||
22.200.001 |
a |
22.400.000 |
15.48% |
3.452.000 |
|||||
22.400.001 |
a |
22.600.000 |
15.60% |
3.510.000 |
|||||
22.600.001 |
a |
22.800.000 |
15.72% |
3.568.000 |
|||||
22.800.001 |
a |
23.000.000 |
15.83% |
3.626.000 |
|||||
23.000.001 |
a |
23.200.000 |
15.95% |
3.684.000 |
|||||
23.200.001 |
a |
23.400.000 |
16.06% |
3.742.000 |
|||||
23.400.001 |
a |
23.600.000 |
16.17% |
3.800.000 |
|||||
23.600.001 |
a |
23.800.000 |
16.28% |
3.858.000 |
|||||
29.800.001 |
a |
24.000.000 |
16.38% |
3.916.000 |
|||||
24.000.001 |
a |
24.200.000 |
16.49% |
3.974.000 |
|||||
24.200.001 |
a |
24.400.000 |
16.59% |
4.032.000 |
|||||
24.400.001 |
a |
24.600.000 |
16.69% |
4.090.000 |
|||||
24.600.001 |
a |
24.800.000 |
16.79% |
4.148.000 |
|||||
24.800.001 |
a |
25.000.000 |
16.89% |
4.206.000 |
|||||
25.000.001 |
a |
25.200.000 |
18.99% |
4.264.000 |
|||||
25.200.001 |
a |
25.400.000 |
17.08% |
4.322.000 |
|||||
25.400.001 |
a |
25.600.000 |
17.18% |
4.380.000 |
|||||
25.600.001 |
a |
25.800.000 |
17.27% |
4.438.000 |
|||||
25.800.001 |
a |
26.000.000 |
17.36% |
4.496.000 |
|||||
26.000.001 |
a |
26.200.000 |
17.45% |
4.554.000 |
|||||
26.200.001 |
a |
26.400.000 |
17.54% |
4.612.000 |
|||||
26.400.001 |
a |
26.600.000 |
17.62% |
4.670.000 |
|||||
26.600.001 |
a |
26.800.000 |
17.71% |
4.728.000 |
|||||
26.800.001 |
a |
27.000.000 |
17.79% |
4.786.000 |
|||||
27.000.001 |
a |
27.200.000 |
17.87% |
4.844.000 |
|||||
27.200.001 |
a |
27.400.000 |
17.96% |
4.902.000 |
|||||
27.400.001 |
a |
27.600.000 |
18.04% |
4.960.000 |
|||||
27.600.001 |
a |
27.800.000 |
18.12% |
5.018.000 |
|||||
27.800.001 |
a |
28.000.000 |
18.19% |
5.076.000 |
|||||
28.000.001 |
a |
28.200.000 |
18.27% |
5.134.000 |
|||||
28.200.001 |
a |
28.400.000 |
18.35% |
5.192.000 |
|||||
28.400.001 |
a |
28.600.000 |
18.42% |
5.250.000 |
|||||
28.600.001 |
a |
28.800.000 |
18.49% |
5.308.000 |
|||||
28.800.001 |
a |
29.000.000 |
18.57% |
5.366.000 |
|||||
29.000.001 |
a |
29.200.000 |
18.64% |
5.424.000 |
|||||
29.200.001 |
a |
29.400.000 |
18.71% |
5.482.000 |
|||||
29.400.001 |
a |
29.600.000 |
18.78% |
5.540.000 |
|||||
29.600.001 |
a |
29.800.000 |
18.85% |
5.598.000 |
|||||
29.800.001 |
a |
30.000.000 |
18.92% |
5.656.000 |
|||||
30.000.001 |
a |
30.200.000 |
18.98% |
5.714.000 |
|||||
30.200.001 |
a |
30.400.000 |
19.05% |
5.772.000 |
|||||
30.400.001 |
a |
30.600.000 |
19.11% |
5.830.000 |
|||||
30.600.001 |
a |
30.800.000 |
19.18% |
5.888.000 |
|||||
30.800.001 |
a |
31.000.000 |
19.24% |
5.946.000 |
|||||
31.000.001 |
a |
31.200.000 |
19.31% |
6.004.000 |
|||||
31.200.001 |
a |
31.400.000 |
19.37% |
6.062.000 |
|||||
31.400.001 |
a |
31.600.000 |
19.43% |
6.120.000 |
|||||
31.600.001 |
a |
31.800.000 |
19.49% |
6.178.000 |
|||||
31.800.001 |
a |
32.000.000 |
19.55% |
6.236.000 |
|||||
32.000.001 |
a |
32.200.000 |
19.61% |
6.294.000 |
|||||
32.200.001 |
a |
32.400.000 |
19.67% |
6.352.000 |
|||||
32.400.001 |
a |
32.600.000 |
19.72% |
6.410.000 |
|||||
32.600.001 |
a |
32.800.000 |
19.78% |
6.468.000 |
|||||
32.800.001 |
a |
33.000.000 |
19.84% |
6.526.000 |
|||||
33.000.001 |
a |
33.200.000 |
19.89% |
6.584.000 |
|||||
33.200.001 |
a |
33.400.000 |
19.95% |
6.642.000 |
|||||
33.400.001 |
a |
33.600.000 |
20.00% |
6.700.000 |
|||||
33.600.001 |
a |
33.800.000 |
20.05% |
6.758.000 |
|||||
33.800.001 |
a |
34.000.000 |
20.11% |
6.816.000 |
|||||
34.000.001 |
a |
34.200.000 |
20.16% |
6.874.000 |
|||||
34.200.001 |
a |
34.400.000 |
20.21% |
6.932.000 |
|||||
34.400.001 |
a |
34.600.000 |
20.26% |
6.990.000 |
|||||
34.600.001 |
a |
34.800.000 |
20.31% |
7.048.000 |
|||||
34.800.001 |
a |
35.000.000 |
20.36% |
7.106.000 |
|||||
35.000.001 |
a |
35.200.000 |
20.41% |
7.164.000 |
|||||
35.200.001 |
a |
35.400.000 |
20.46% |
7.222.000 |
|||||
35.400.001 |
a |
35.600.000 |
20.51% |
7.280.000 |
|||||
35.600.001 |
a |
35.800.000 |
20.55% |
7.338.000 |
|||||
35.800.001 |
a |
36.000.000 |
20.60% |
7.396.000 |
|||||
36.000.001 |
a |
36.200.000 |
20.68% |
7.466.000 |
|||||
36.200.001 |
a |
36.400.000 |
20.76% |
7.536.000 |
|||||
36.400.001 |
a |
36.600.000 |
20.84% |
7.606.000 |
|||||
36.600.001 |
a |
36.800.000 |
20.92% |
7.676.000 |
|||||
36.800.001 |
a |
37.000.000 |
20.99% |
7.746.000 |
|||||
37.000.001 |
a |
37.200.000 |
21.07% |
7.816.000 |
|||||
37.200.001 |
a |
37.400.000 |
21.14% |
7.886.000 |
|||||
37.400.001 |
a |
37.600.000 |
21.22% |
7.956.000 |
|||||
37.600.001 |
a |
37.800.000 |
21.29% |
8.026.000 |
|||||
37.800.001 |
a |
38.000.000 |
21.36% |
8.096.000 |
|||||
38.000.001 |
a |
38.200.000 |
21.43% |
8.166.000 |
|||||
38.200.001 |
a |
38.400.000 |
21.50% |
8.236.000 |
|||||
38.400.001 |
a |
38.600.000 |
21.57% |
8.306.000 |
|||||
38.600.001 |
a |
38.800.000 |
21.64% |
8.376.000 |
|||||
38.800.001 |
a |
39.000.000 |
21.71% |
8.446.000 |
|||||
39.000.001 |
a |
39.200.000 |
21.78% |
8.516.000 |
|||||
39.200.001 |
a |
39.400.000 |
21.85% |
8.586.000 |
|||||
39.400.001 |
a |
39.600.000 |
21.91% |
8.656.000 |
|||||
39.600.001 |
a |
39.800.000 |
21.98% |
8.726.000 |
|||||
39.800.001 |
a |
40.000.000 |
22.05% |
8.796.000 |
|||||
40.000.001 |
a |
40.200.000 |
22.11% |
8.856.000 |
|||||
40.200.001 En
delante Más el 35% del
exceso sobre $ 40.200.000 |
8.866.000 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Texto
original artículo (Decreto 624 de 1989): “TARIFA PARA
LAS PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS RESIDENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES
MODALES. El impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas
naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las
personas naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de
causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es el determinado
en la tabla que contiene el presente artículo.
CONSULTAR TABLA
EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF (D.O. 38.756)
Para
cada uno de estos contribuyentes, el impuesto sobre la renta es el indicado
frente al intervalo al cual corresponda su renta gravable.”.
Ver Ley 1111 de 2006, artículos 50 y 78.
Ver Resolución 1063 de 2008, 12115 de 2009.
Articulo 242. Reglamentado por
el Decreto 2371 de 2019. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 35. Tarifa especial para dividendos o
participaciones recibidas por personas naturales residentes. Los
dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran
residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren
sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto,
estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:
Imagen
Los dividendos y participaciones pagados o
abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de
distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo
2° del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa señalada en el
artículo 240 de este Estatuto, según el periodo gravable en que se paguen o
abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior,
se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán
gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades
extranjeras.
Parágrafo. El impuesto sobre
la renta de que trata este artículo será retenido en la fuente sobre el valor
bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o
participaciones.
La retención en la fuente del artículo
242-1 del Estatuto Tributario será descontable para el accionista persona
natural residente. En estos casos el impuesto sobre la renta se reduciría en el
valor de la retención en la fuente trasladada al accionista persona natural
residente.
Texto anterior del artículo 242 Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 27. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado exequible
por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-521 de 2019.). “Participaciones tarifa especial recibidas por para dividendos o
personas naturales residentes. Los dividendos y participaciones pagados o
abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de
causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de
distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la siguiente
tarifa del impuesto sobre la renta:
Rangos UVT |
Tarifa |
Impuest |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
300 |
0% |
0 |
>300 |
En adelante |
15% |
(Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 15% |
Los dividendos y
participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes
del país, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49, estarán sujetos a la tarifa
señalada en el artículo 240, según el periodo gravable en que se paguen o
abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior,
se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán
gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades
extranjeras.
Parágrafo. El
impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la fuente
sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos
o participaciones.
La retención en la fuente del
artículo 242-1 del Estatuto Tributario será descontable para
el accionista persona natural residente. En estos casos el impuesto sobre la
renta se reduciría en el valor de la retención en la fuente trasladada al
accionista persona natural residente.”.
Texto anterior del
artículo 242. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 6º. “Tarifa especial para dividendos o participaciones
recibidas por personas naturales residentes. A partir del año gravable
2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su
muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que
hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este
Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la
renta: (Inciso declarado exequible por los cargos analizados por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-129 de 2018.).
Rangos en UVT |
Tarifa Marginal |
Impuesto |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
600 |
0% |
0 |
>600 |
1000 |
5% |
(Dividendos
en UVT menos 600 UVT) x 5% |
>1000 |
En
adelante |
10% |
(Dividendos
en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20 UVT |
Ver Sentencia C-02 de 2018, con relación a las expresiones subrayadas dentro de la tabla. Nota
2: La expresión señalada en negrilla dentro de la tabla, fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-129 de 2018.
A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones
pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones
ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país,
provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto
en el parágrafo 2° del artículo 49, estarán sujetos a una tarifa del treinta y
cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado en el inciso
anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa
estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y
entidades extranjeras.
Parágrafo. El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido
en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto
de dividendos o participaciones.”.
Artículo desarrollado por el Decreto 640 de 2018.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.10.3.
Texto original
artículo 242. Derogado por la Ley 863 de 2003, artículo
69. FORMA DE REAJUSTAR LA TABLA. Los
valores absolutos expresados en moneda nacional de la tabla contenida en el
artículo anterior, se reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por
ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor
para empleados, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el 1º de octubre del
año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a
éste.
Ver Decreto 2972 de 2013. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre
valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable
1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable
1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794
de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344
de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850
de 2009 sobre valores años gravables
2008 y 2009.
Artículo 242-1. Reglamentado por
el Decreto 2371 de 2019. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 50. Tarifa especial para dividendos o
participaciones recibidas por sociedades nacionales. Los dividendos y
participaciones pagados o abonados en cuenta a sociedades nacionales,
provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto
en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la tarifa
del siete y medio por ciento (7,5%) a título de retención en la fuente
sobre la renta, que será trasladable e imputable a la persona natural residente
o inversionista residente en el exterior.
Los dividendos y participaciones pagados o
abonados en cuenta a sociedades nacionales, provenientes de distribuciones de
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49
del Estatuto Tributario, estarán sujetos a la tarifa señalada en el artículo
240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que se paguen o
abonen en cuenta, caso en el cual la retención en la fuente señalada en el
inciso anterior se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma
tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de
sociedades y entidades extranjeras.
Parágrafo 1°. La retención en la
fuente será calculada sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por
concepto de dividendos o participaciones.
La retención en la fuente a la que se
refiere este artículo solo se practica en la sociedad nacional que reciba los
dividendos por primera vez, y el crédito será trasladable hasta el beneficiario
final persona natural residente o inversionista residente en el exterior.
Parágrafo 2°. Las sociedades bajo el
régimen CHC del impuesto sobre la renta, incluyendo las entidades públicas
descentralizadas, no están sujetas a la retención en la fuente sobre los
dividendos distribuidos por sociedades en Colombia.
Parágrafo 3°. Los dividendos que se
distribuyen dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en
situación de control debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, no
estarán sujetos a la retención en la fuente regulada en este artículo. Lo
anterior, siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para
el diferimiento del impuesto sobre los dividendos.
Texto original artículo 242-1. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
50. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por
sociedades nacionales. Los dividendos y participaciones pagados o
abonados en cuenta a sociedades nacionales, provenientes de distribución de
utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49
de este Estatuto, estarán sujetas a la tarifa del siete y medio por ciento
(7,5%) a título de retención en la fuente sobre la renta, que será trasladable
e imputable a la persona natural residente o inversionista residente en el
exterior.
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a
sociedades nacionales, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49, estarán sujetos a
la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo
gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual la retención en
la fuente señalada en el inciso anterior se aplicará una vez disminuido este
impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones
recibidos de sociedades y entidades
extranjeras.
Parágrafo 1°. La retención en la fuente será calculada sobre el valor bruto
de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
La retención en la fuente a la que se refiere este artículo solo se
practica en la sociedad nacional que reciba los dividendos por primera vez, y
el crédito será trasladable hasta el beneficiario final persona natural
residente o inversionista residente en el exterior.
Parágrafo 2°. Las sociedades bajo el régimen CHC del impuesto sobre la
renta, incluyendo las entidades públicas descentralizadas, no están sujetas a
la retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades en
Colombia.
Parágrafo 3°. Modificado por la Ley 1955 de
2019, artículo 65. Los dividendos que se distribuyen
dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en situación de
control debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, no estarán sujetos
a la retención en la fuente regulada en este artículo. Lo anterior, siempre y
cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del
impuesto sobre los dividendos.”, (Nota: Ver Sentencia C-481 de
2019, con relación a este parágrafo,.
Texto original parágrafo 3º: “Los dividendos que se distribuyan
dentro de los grupos empresariales debidamente registrados ante la Cámara de
Comercio, no estarán sujetos a la retención en la fuente regulada en este
artículo. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia
dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos.”.
Artículo
243.
Derogado
por la Ley 863 de 2003, art 69. FACULTAD PARA FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA TABLA.
El Gobierno determinará el procedimiento para realizar los ajustes de que trata
el artículo anterior.
Podrán agregarse nuevos
intervalos en los niveles superiores de renta gravable y ganancias ocasionales,
respetándose los límites tarifarios señalados en el artículo 241.
Artículo
244.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. EXCEPCIÓN DE LOS NO DECLARANTES. El impuesto de renta de los
asalariados no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, no
se rige por lo previsto en el artículo 241.
El impuesto de renta,
patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, y el de los demás
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las
retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o
abonos en cuenta realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable. (El texto resaltado en cursiva perdió
vigencia a partir del año gravable de 1992, de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto Extraordinario 1321 de 1989. Las expresiones subrayadas fueron
declaradas exequibles por la Sentencia C-643 de 2002)
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 245. Reglamentado por el Decreto 2371 de 2019. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 51. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por
sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. La
tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o
participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin
domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en
Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en
Colombia será del diez por ciento (10%).
Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a
utilidades, que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto
Tributario estarán sometidos a la tarifa señalada en el artículo 240 del
Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en
cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará
una vez disminuido este impuesto.
Parágrafo 2°. El impuesto de que trata este artículo será retenido en la
fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de
dividendos o participaciones.
Texto anterior artículo 245. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 51. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Tarifa
especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades
extranjeras y por personas naturales no residentes. La tarifa del
impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones,
percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal
en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones
ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia será del siente punto
cinco por ciento (7,5%).
Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades,
que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas,
conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 estarán sometidos a la tarifa
señalada en el artículo 240, según el periodo gravable en que se paguen o
abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior,
se aplicará una vez disminuido este impuesto.
Parágrafo 2°. El impuesto de que trata este artículo será retenido en la
fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de
dividendos o participaciones.”.
Texto anterior Artículo 245. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 7. Tarifa especial para dividendos o participacionesrecibidos
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.
La tarifa del
impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones,
percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal
en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones
ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia será de cinco por
ciento (5%).
Parágrafo 1°. Cuando los
dividendos o participacionescorrespondan a utilidades, que de haberse
distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas, conforme a las
reglas de los artículos 48 y 49 estarán sometidos a la tarifa general del
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta,
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez
disminuido este impuesto.
Parágrafo 2. El impuesto de que
trata este artículo será retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
Texto anterior art 245.
Inciso modificado por la Ley 1607 de
2012, art 95. Tarifa especial para dividendos o participacionesrecibidos
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.
La tarifa del impuesto
sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país,
por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de
causantes que no eran residentes en Colombia será la siguiente:
Texto anterior inciso 1º. Modificado por la Ley 6 de
1992, artículo 133. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONESRECIBIDOS
POR EXTRANJEROS NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS. La tarifa del impuesto sobre la
renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por personas naturales
extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que no eran residentes en Colombia será la siguiente:
12% |
para el año
gravable 1993 |
10% |
para el año
gravable 1994 |
8% |
para el año
gravable 1995 |
7% |
para el año
gravable 1996 y siguientes. |
Parágrafo primero. Cuando los dividendos o participacionescorrespondan
a utilidades, que de haberse distribuido a un residente en el país, hubieren
estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49, adicionalmente
a la tarifa de que trata el presente artículo, estarán sometidos a la tarifa
general del treinta por ciento (30%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta,
caso en el cual el impuesto señalado en el inciso 1o. y 2o. de este artículo,
se aplicará una vez disminuido este impuesto. Nota Leyex.info: La tarifa fue aumentada al 35% por la Ley 223 de 1995, art 99
Parágrafo segundo. El impuesto de que tratan este artículo
y el parágrafo primero, será retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los
pagos o abonos, (sic) en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
Parágrafo tercero. Modificado por la Ley 223 de 1995, art
101. El impuesto del 7% a que se refiere este artículo se diferirá, hasta que
se demuestre que los correspondientes dividendos o participacioneshan estado reinvertidos
dentro del país, durante un término no inferior a cinco (5) años, en cuyo caso
quedarán exonerados de dicho impuesto. Cuando los dividendos o participacionesestén
gravados con la tarifa del 35 % de conformidad con el parágrafo 1 de este artículo,
para gozar de la exoneración se deberá demostrar además el pago de este
impuesto.
Para los fines de este artículo,
la reinversión de utilidades dentro del país se podrá realizar en la empresa
generadora de la utilidad o en otras empresas constituidas o que se constituyan
en Colombia. La reinversión de utilidades deberá reflejarse en el
correspondiente incremento neto del patrimonio poseído en el país.
Parágrafo 4º. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
9º. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo tercero de este artículo y en
el artículo 320 del Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de
utilidades e incremento del patrimonio neto o activos netos, poseídos en el
país, con el simple mantenimiento de las utilidades dentro del patrimonio de la
impresa.
Ver Circular 9 de 2007 y Ley 1111 de 2006.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 1111 de 2006, artículo
13. A partir del año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el inciso
primero de este artículo será del cero por ciento (0%).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Articulo 246. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 52. Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos por
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. La tarifa del
impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se
paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de
sociedades extranjeras será del diez por ciento (10%), cuando provengan de utilidades
que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional.
Cuando estos dividendos
provengan de utilidades que no sean susceptibles de ser distribuidas a título
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán gravados a
la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo
gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto
señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.
En cualquier caso, el
impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta.
Texto anterior artículo 246 Modificado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 52. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Tarifa
especial para dividendos y participaciones recibidos por establecimientos
permanentes de sociedades extranjeras. La tarifa del impuesto sobre la
renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en
cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras
será del siete punto cinco por ciento (7,5%), cuando provengan de utilidades
que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional.
Cuando estos dividendos
provengan de utilidades que no sean susceptibles de ser distribuidas a título
de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán gravados a
la tarifa señalada en el artículo 240, según el periodo gravable en que se
paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior,
se aplicará una vez disminuido este impuesto.
En cualquier caso, el impuesto
será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta.”.
Texto anterior Artículo 246. Modificado por la Ley 1819 de
2016, art 8. Tarifa especial para
dividendos y participacionesrecibidos por establecimientos permanentes de
sociedades extranjeras. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los
dividendos y participacionesque se paguen o abonen en cuenta a establecimientos
permanentes en Colombia de sociedades extranjeras será del cinco por ciento
(5%), cuando provengan de utilidades que hayan sido distribuidas a título de
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles de
ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, estarán gravados a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%)
sobre el valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado
en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.
En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente en el momento del
pago o abono en cuenta.
Ver Decreto 1625
de 2016, artículo 1.2.1.10.3
Artículo 246. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONESRECIBIDOS POR
SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS. La tarifa del impuesto sobre la renta
aplicable a los dividendos y participacionesque se paguen o abonen en cuenta a
sucursales en Colombia de sociedades extranjeras, provenientes de utilidades
generadas a partir del año gravable de 1988 por la entidad que las distribuye,
será la siguiente:
Año gravable |
Tarifa % |
1989 |
25 |
1990 |
20 |
1991 |
15 |
1992 |
10 |
1993 |
5 |
1994 y siguientes |
0 |
Los
dividendos y participacionesque se distribuyan en exceso de los 7/3 del
impuesto de renta de la sociedad que los genera, seguirán gravándose a la
tarifa del 30%.
En
cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente a la tarifa vigente en
el momento del pago o abono en cuenta.
Los
dividendos y participacionesrecibidos por la sucursal, se tendrán en cuenta
para determinar las utilidades comerciales que sirven de base para liquidar el
impuesto de remesas.
Ver Ley
1111 de 2006, artículos 12 y 78,
Ley 1004 de 2005, artículo 6º y Ley 223 de 1995, artículo 99.
Artículo
246-1. Reglamentado por
el Decreto 2371 de 2019. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 9. Régimen
de transición para el impuesto a los dividendos. Lo
previsto en los artículos 242, 245, 246, 342, 343 de este Estatuto y demás
normas concordantes solo será aplicable a los dividendos que se repartan con
cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017.
Artículo 246-1. Derogado por la Ley 1607 de 2012, art
198. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
102. TARIFAS PARA INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EN LA EXPLOTACIÓN O PRODUCCIÓN DE
HIDROCARBUROS. Las tarifas del impuesto de renta y del impuesto de remesas
aplicables en el caso de los inversionistas extranjeros cuyos ingresos
provengan de la exploración, explotación o producción de hidrocarburos, por los
conceptos de que tratan los artículos 245 y 321-1 de este Estatuto serán: 12%
para el año gravable de 1996; 10% para el año gravable de 1997; 7% para el año
gravable de 1998 y siguientes.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78.
Artículo
247. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 10. Tarifa
del impuesto de renta para personas naturales sin residencia. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245 de este Estatuto, la tarifa única
sobre la renta gravable de fuente nacional, de las personas naturales sin
residencia en el país, es del treinta y cinco por ciento (35%). La misma tarifa
se aplica a las sucesiones de causantes sin residencia en el país.
Parágrafo. En el caso de profesores extranjeros sin residencia en
el país, contratados por períodos no superiores a ciento ochenta y dos (182)
días por instituciones de educación superior legalmente constituidas,
únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del siete por ciento
(7%). Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono
en cuenta
Ver Oficio 900298
de 2017, DIAN.
Texto anterior del artículo
247. Modificado por la Ley 1607 de
2012, artículo 9º. “TARIFA DEL IMPUESTO DE RENTA PARA
PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 245 de este Estatuto, la tarifa única sobre la renta gravable de
fuente nacional, de las personas naturales sin residencia en el país, es del
treinta y tres por ciento (33%).
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de causantes sin
residencia en el país.
Parágrafo. En
el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por
períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de educación
superior, aprobadas por el ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta
a la tarifa del siete por ciento (7%). Este impuesto será retenido en la fuente
en el momento del pago o abono en cuenta.”.
Ver Oficio 10479
de 2016, DIAN. Ver Decreto 3026 de 2013.
Texto original artículo 247 “TARIFA
DEL IMPUESTO DE RENTA PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245, la tarifa única sobre la renta
gravable de fuente nacional, de las personas naturales extranjeras sin
residencia en el país, es del treinta por ciento (30%). (Tarifa
modificada por la Ley 223 de 1995,
artículo 99.).
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de causantes extranjeros
sin residencia en el país.
Parágrafo. En
el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por
períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de educación superior,
aprobadas por el ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta a la
tarifa del siete por ciento (7%). Este impuesto será retenido en la fuente en
el momento del pago o abono en cuenta.”.
Ver Ley 1111 de 2006,
artículo 12.
Artículo 248.
TARIFA ESPECIAL PARA ALGUNOS PAGOS AL EXTERIOR EFECTUADOS POR CONSTRUCTORES
COLOMBIANOS. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los pagos al
exterior que por concepto de arrendamiento de maquinaria para construcción,
mantenimiento o reparación de obras civiles, efectúen los constructores
colombianos en desarrollo de contratos que hayan sido objeto de licitaciones
públicas internacionales, es del dos por ciento (2%).
Artículo
248-1.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
11. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A CARGO DE CONTRIBUYENTES DECLARANTES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA. Créase una contribución especial para los años gravables 1993 a
1997, inclusive, a cargo de los declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios. Esta contribución será equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del impuesto neto sobre la renta determinado por cada uno de dichos años
gravables y se liquidará en la respectiva declaración de renta y
complementarios.
Parágrafo primero. Tendrán derecho a solicitar un
descuento equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la contribución a su
cargo del respectivo año gravable, las personas naturales, sucesiones ilíquidas
y las asignaciones y donaciones modales, que inviertan un quince por ciento
(15%) de su renta gravable obtenida en el año inmediatamente anterior, en
acciones y bonos de sociedades cuyas acciones, en dicho año, hayan registrado
un índice de bursatilidad alto, o que conformen el segundo mercado, de acuerdo
con lo dispuesto por la Sala General de la Superintendencia de Valores; o en
sociedades de economía mixta o privadas que tengan como objeto exclusivo la
prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y/o
generación de energía; o en participacioneso bonos de largo plazo en
cooperativas; o en ahorro voluntario en fondos de pensiones u otras formas de
ahorro contractual a largo plazo destinado al cubrimiento de pensiones.
El índice de bursatilidad al
que se refiere este parágrafo se calculará por la Superintendencia de Valores
teniendo en cuenta el monto transado promedio por rueda bursátil, el grado de
rotación de las acciones, la frecuencia de la cotización y el número de
operaciones realizadas en promedio por rueda bursátil, para el conjunto de
acciones que se negociaron en bolsa durante el año inmediatamente anterior.
En el caso en que la
inversión que se efectúe sea de un porcentaje inferior al quince por ciento
(15%) de la renta gravable, el monto del descuento tributario se disminuirá
proporcionalmente.
CAPITULO X
DESCUENTOS TRIBUTARIOS.
Artículo 249.
Reglamentado
parcialmente
por el Decreto 667 de 2007.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 14. POR INVERSIÓN EN ACCIONES DE SOCIEDADES AGROPECUARIAS. Los
contribuyentes que inviertan en acciones que se coticen en bolsa, en empresas
exclusivamente agropecuarias, en las que la propiedad accionaria esté altamente
democratizada según lo establezca el reglamento, tendrán derecho a descontar el
valor de la inversión realizada, sin que exceda del uno por ciento (1%) de la
renta líquida gravable del año gravable en el cual se realice la inversión.
El
descuento a que se refiere el presente artículo procederá siempre que el
contribuyente mantenga la inversión por un término no inferior a dos (2) años.
Artículo
250.
Derogado
Ley 788 de 2002, artículo
118. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
25. DESCUENTO TRIBUTARIO POR LA GENERACIÓN DE EMPLEO. Los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, podrán solicitar un descuento tributario equivalente
al monto de los gastos por salarios y prestaciones sociales cancelados durante
el ejercicio, que correspondan a los nuevos empleos directos que se generen en
su actividad productora de renta y hasta por un monto máximo del quince por
ciento (15%) del impuesto neto de renta del respectivo período.
Dicho descuento sólo será
procedente si el número de los nuevos empleos generados durante el ejercicio
excede por lo menos un cinco por ciento (5%) el número de trabajadores a su
servicio a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior.
Para ser beneficiario del
descuento, el empleador deberá cumplir con cada una de las obligaciones
relacionadas con la seguridad social, por la totalidad de los trabajadores de
la empresa, incluidos los correspondientes a los nuevos empleos generados.
Adicionalmente, los trabajadores que se contraten en estos nuevos empleos
deberán estar vinculados por lo menos durante un (1) año.
Los nuevos trabajadores que vincule
el contribuyente a través de empresas temporales de empleo, no darán derecho al
beneficio aquí establecido.
Las nuevas empresas que se
constituyan durante el ejercicio, sólo podrán gozar del beneficio establecido
en el presente artículo, a partir del período gravable inmediatamente siguiente
al primer año de su existencia.
Cuando la administración
tributaria determine que no se ha cumplido con el requisito de la generación
efectiva de los nuevos empleos directos que sustenten el descuento incluido en
la respectiva liquidación privada o con el tiempo mínimo de vinculación de los
nuevos trabajadores, el contribuyente no podrá volver a solicitar descuento
alguno por este concepto, y será objeto de una sanción equivalente al
doscientos por ciento (200%) del valor del beneficio improcedente. Esta sanción
no será objeto de disminución por efecto de la corrección de la declaración que
realice el contribuyente.
El mayor valor de los
salarios y prestaciones sociales que se cancelen durante el ejercicio por los
nuevos empleos, que no pueda tratarse como descuento en virtud del límite
previsto en el inciso primero de este artículo, podrá solicitarse como gasto
deducible. En ningún caso, los valores llevados como descuento podrán tratarse
como deducción.
Parágrafo 1º. El descuento tributario aquí
previsto no se sujeta al límite establecido en el inciso segundo del artículo
259 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2º. El beneficio al que se refiere
este artículo no será procedente cuando los trabajadores que se incorporen a
los nuevos empleos generados, hayan laborado durante el año de su contratación
y/o el año inmediatamente anterior a éste, en empresas con las cuales el
contribuyente tenga vinculación económica.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
251.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, artículo
140. MODALIDADES DE LAS DONACIONES. Las donaciones que
dan derecho a descuento deben revestir las siguientes modalidades:
1. Cuando se done dinero, el
pago debe haberse realizado por medio de cheque.
2. Cuando se donen bienes
raíces, se tomará como valor de la donación el catastral o fiscal, según el
caso, vigente en el último día del año o período gravable inmediatamente
anterior.
3. Cuando se donen acciones
u otros títulos nominativos, se tomará como valor de la donación el establecido
para la declaración patrimonial de acciones u otros títulos.
Artículo
252.
Derogado
Ley 6 de 1992, artículo
140. REQUISITOS PARA RECONOCER EL DESCUENTO. Para que
proceda el reconocimiento del descuento por concepto de donaciones, se requiere
una certificación de la entidad donataria, en donde conste la forma y el monto
de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos
anteriores, firmada por Revisor Fiscal o Contador.
Artículo
253.
Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo
250. POR REFORESTACIÓN. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que
establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de
reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la
renta, hasta el 20% de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas
Regionales o la Autoridad Ambiental Competente, siempre que no exceda del
veinte (20) % del impuesto básico de renta determinado por el respectivo año o
período gravable.
Parágrafo. El Certificado de Incentivo
Forestal (CIF), creado por la Ley 139 de 1994, también podrá ser utilizado para
compensar los costos económicos directos e indirectos en que incurra un
propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas naturales boscosos
poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios ambientales y
sociales derivados de éstos.
El Gobierno Nacional
reglamentará este incentivo, cuyo manejo estará a cargo de las Corporaciones
Autónomas Regionales y Finagro, según lo establece la citada Ley.
Un ecosistema poco o nada
intervenido es aquel que mantiene sus funciones ecológicas y paisajísticas.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Articulo 254. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 93. Descuento
por impuestos pagados en el exterior. Las personas naturales residentes en
el país y las sociedades y entidades nacionales, que sean contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente
extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios,
el impuesto pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado
sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del
impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
Para efectos de esta limitación general, las rentas del exterior deben
depurarse imputando ingresos, costos y gastos.
Cuando se trate de dividendos o
participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá
lugar a un descuento tributario en el impuesto sobre la renta y complementarios
por los impuestos sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al
resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones por la
tarifa efectiva del impuesto sobre la renta a la que hayan estado sometidas las
utilidades comerciales que los generaron.
b) Cuando la sociedad que reparte los
dividendos o participaciones gravados en Colombia haya recibido a su vez
dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas en la misma o en
otras jurisdicciones, el valor del descuento equivale al resultado de
multiplicar el monto de los dividendos o participaciones percibidos por el
contribuyente nacional, por la tarifa efectiva a la que hayan estado sometidas
las utilidades comerciales que los generaron.
c) Para tener derecho al descuento a que
se refiere el literal a) del presente artículo, el contribuyente nacional debe
poseer una participación directa en el capital de la sociedad de la cual recibe
los dividendos o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones sin
derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional deberá
poseer indirectamente una participación en el capital de la subsidiaria o
subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto).
Las participaciones directas e indirectas señaladas en el presente literal
deben corresponder a inversiones que constituyan activos fijos para el
contribuyente en Colombia, con lo que el descuento tributario indirecto no
sería aplicable a las inversiones de portafolio o destinadas a especular en
mercados de valores.
d) Cuando los dividendos o participaciones
percibidos por el contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de
origen, el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen.
e) En ningún caso el descuento a que se
refieren los literales anteriores podrá exceder el monto del impuesto de renta
y complementarios, generado en Colombia por tales dividendos, menos los costos
y gastos imputables.
f) Para tener derecho al descuento a que
se refieren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago
en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto
expedido por la autoridad tributaria respectiva o en su defecto con una prueba
idónea. Adicionalmente, se deberá contar con un certificado del revisor fiscal
de la sociedad que distribuye los dividendos, en que se pueda constatar el
valor de la utilidad comercial, el valor de la utilidad fiscal, la tarifa de
impuesto y el impuesto efectivamente pagado por dicha sociedad. La tarifa
efectiva será el porcentaje que resulte de dividir el valor del impuesto
efectivamente pagado en las utilidades comerciales de la sociedad extranjera
operativa antes de impuestos.
Parágrafo 1°. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior podrá ser
tratado como descuento en el año gravable en el cual se haya realizado el pago,
o en cualquiera de los períodos gravables siguientes sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 259 de este Estatuto. En todo caso, el exceso de
impuesto descontable que se trate como descuento en otros períodos gravables
tiene como límite el impuesto sobre la renta y complementarios generado en
Colombia sobre las rentas de fuente extranjera de igual naturaleza a las que
dieron origen a dicho descuento.
Parágrafo 2°. Cuando de acuerdo con la aplicación del régimen ECE el residente
colombiano realice una atribución de algunas rentas pasivas y no de la
totalidad de las rentas de la ECE, el descuento tributario corresponde al
impuesto efectivamente pagado por la ECE sobre las mismas rentas, el cual
deberá certificarse por la ECE y no podrá ser superior al porcentaje del
ingreso atribuido sobre el valor total de los ingresos de la ECE.
Texto anterior del artículo 254. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 81. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Descuento por impuestos pagados en
el exterior. Las personas naturales residentes en el país y las
sociedades y entidades nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas
al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del
monto del impuesto colombiano de renta y complementarios, el impuesto pagado en
el extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas
rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba
pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. Para efectos de esta
limitación general, las rentas del exterior deben depurarse imputando ingresos,
costos y gastos.
Cuando se trate de dividendos o participaciones provenientes de
sociedades domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un descuento tributario
en el impuesto sobre la renta y complementarios por los impuestos sobre la
renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el
monto de los dividendos o participaciones por la tarifa efectiva del impuesto
sobre la renta a la que hayan estado sometidas las utilidades comerciales que
los generaron;
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participaciones
gravados en Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de
otras sociedades, ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del
descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o
participaciones percibidos por el contribuyente nacional, por la tarifa
efectiva a la que hayan estado sometidas las utilidades comerciales que los
generaron;
c) Para
tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del presente
artículo, el contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el
capital de la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones
(excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el caso
del literal b), el contribuyente nacional deberá poseer indirectamente una
participación en el capital de la subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las
acciones o participaciones sin derecho a voto). Las participaciones directas e
indirectas señaladas en el presente literal deben corresponder a inversiones
que constituyan activos fijos para el contribuyente en Colombia, con lo que el
descuento tributario indirecto no sería aplicable a las inversiones de
portafolio o destinadas a especular en mercados de valores;
d) Cuando los dividendos o participaciones percibidas por el
contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de origen el descuento
se incrementará en el monto de tal gravamen;
e) En ningún caso el descuento a que se refieren los literales
anteriores, podrá exceder el monto del impuesto de renta y complementarios,
generado en Colombia por tales dividendos, menos los costos y gastos
imputables;
f) Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales
a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago en cada jurisdicción
aportando certificado fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad
tributaria respectiva o en su defecto con una prueba idónea. Adicionalmente, se
deberá contar con un certificado del revisor fiscal de la sociedad que
distribuye los dividendos, en que se pueda constatar el valor de la utilidad
comercial, el valor de la utilidad fiscal, la tarifa de impuesto y el impuesto
efectivamente pagado por dicha sociedad. La tarifa efectiva será el porcentaje
que resulte de dividir el valor del impuesto efectivamente pagado en las
utilidades comerciales de la sociedad extranjera operativa antes de impuestos.
Parágrafo 1°. El impuesto sobre la renta pagado en el
exterior podrá ser tratado como descuento en el año gravable en el cual se haya
realizado el pago, o en cualquiera de los períodos gravables siguientes sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. En todo caso, el
exceso de impuesto descontable que se trate como descuento en otros períodos gravables, tiene
como límite el impuesto sobre la renta y complementarios generado en Colombia
sobre las rentas de fuente extranjera de igual naturaleza a las que dieron
origen a dicho descuento.
Parágrafo 2°. Cuando de acuerdo con la aplicación del
régimen ECE el residente colombiano realice una atribución de algunas rentas
pasivas y no de la totalidad de las rentas de la ECE, el descuento tributario
corresponde al impuesto efectivamente pagado por la ECE sobre las mismas
rentas, el cual deberá certificarse por la ECE y no podrá ser superior al
porcentaje del ingreso atribuido sobre el valor total de los ingresos de la
ECE.”.
Texto anterior artículo 254. Modificado por la Ley 1739 de 2014, art
29. Descuento por impuestos pagados en el exterior. Las personas naturales residentes en
el país y las sociedades y entidades nacionales, que sean contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente
extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y
complementarios, el impuesto sobre la renta pagado en el país de origen,
cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas el siguiente
valor:
Descuento = (_______TRyC_______) * ImpExt
TRyC+TCREE+STCREE
Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la
renta y complementarios aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta
para la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de
fuente extranjera.
– ImpExt es el impuesto sobre la renta
pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas
mismas rentas.
El valor del descuento en ningún caso podrá exceder
el monto del impuesto sobre la renta y complementarios que deba pagar el
contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos o participaciones
provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un
descuento tributario en el impuesto sobre la renta y complementarios por los
impuestos sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de
multiplicar el monto de los dividendos o participaciones por la tarifa del
impuesto sobre la renta a la que hayan estado sometidas las utilidades que los
generaron multiplicado por la proporción de que trata el literal h) de este
inciso;
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participacionesgravados
en Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de otras
sociedades, ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del
descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participacionespercibidos
por el contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas
las utilidades que los generaron multiplicado por la proporción de que trata el
literal h) de este inciso;
c) Para tener derecho al descuento a que se refiere
el literal a) del presente artículo, el contribuyente nacional debe poseer una
participación directa en el capital de la sociedad de la cual recibe los
dividendos o participaciones(excluyendo las acciones o participaciones sin
derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional deberá
poseer indirectamente una participación en el capital de la subsidiaria o
subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto).
Las participacionesdirectas e indirectas señaladas en el presente literal deben
corresponder a inversiones que constituyan activos fijos para e1 contribuyente
en Colombia, en todo caso haber sido poseídas por un periodo no inferior a dos
años;
d) Cuando los dividendos o participacionespercibidas
por el contribuyente nacional hayan estado gravado en el país de origen el
descuento se incrementará en el monto que resulte de multiplicar tal gravamen
por la proposición de que trata el literal h) de este inciso;
e) En ningún caso el
descuento a que se refiere este inciso podrá exceder el monto del impuesto de
renta y complementarios, generado en Colombia por tales dividendos;
f) Para tener derecho al descuento a que se
refieren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago en
cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto expedido
por la autoridad tributaria respectiva o en su defecto con prueba idónea;
g) Las reglas aquí previstas para el descuento
tributario relacionado con dividendos o participaciones provenientes del
exterior serán aplicables a los dividendos o participacionesque se perciban a partir
de 1° de enero de 2015, cualquiera que sea el periodo o ejercicio financiero a
que correspondan las utilidades que los generaron;
h) La proporción aplicable
al descuento del impuesto sobre la renta y complementarios es la siguiente:
Proporción Aplicable =
(_______TRyC_______)
TRyC+TCREE+STCREE
Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la
renta y complementarios aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
–
TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE aplicable
al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
–
STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la Equidad
CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
Parágrafo 1°. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior, podrá ser
tratado como descuento en el año gravable en el cual se haya realizado el pago
o en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables siguientes sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. En todo caso, el exceso de
impuesto descontable que se trate como descuento en cualquiera de los cuatro
(4) periodos gravables siguientes tiene como límite el impuesto sobre la renta
y complementarios generado en Colombia sobre las rentas que dieron origen a
dicho descuento y no podrá acumularse con el exceso de impuestos descontables
originados en otras rentas gravadas en Colombia en distintos periodos.
Parágrafo Transitorio. El descuento tributario relacionado con dividendos o participaciones
provenientes del exterior que fueron percibidas con anterioridad a 1° de enero
de 2015 continuará rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley
1607 de 2012”.
Texto anterior art 254. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 96. Descuento por impuestos pagados en el
exterior. Las
personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades
nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto
sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del
impuesto colombiano de renta y complementarios, sumado al Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE) cuando el contribuyente sea sujeto pasivo del
mismo, el impuesto pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación,
liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del
monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas
rentas.
Cuando
se trate de dividendos o participaciones provenientes de sociedades
domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un descuento tributario en el
impuesto sobre la renta por los impuestos sobre la renta pagados en el
exterior, de la siguiente forma:
a)
El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los
dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que
hayan estado sometidas las utilidades que los generaron;
b)
Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participacionesgravados en
Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de otras
sociedades, ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del
descuento equivale al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participacionespercibidos
por el contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas
las utilidades que los generaron;
c)
Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del presente artículo,
el contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el capital
de la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones(excluyendo
las acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el caso del literal
b), el contribuyente nacional deberá poseer indirectamente una participación en
el capital de la subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones
sin derecho a voto). Las participacionesdirectas e indirectas señaladas en el
presente literal deben corresponder a inversiones que constituyan activos fijos
para el contribuyente en Colombia, en todo caso haber sido poseídas por un periodo
no inferior a dos años;
d)
Cuando los dividendos o participacionespercibidas por el contribuyente
nacional hayan estado gravados en el país de origen el descuento se
incrementará en el monto de tal gravamen;
e)
En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso, podrá exceder el
monto del impuesto de renta, sumado al Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) cuando sea del caso, generado en Colombia por tales dividendos;
f)
Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales a), b) y d), el
contribuyente deberá probar el pago en cada jurisdicción aportando certificado
fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad tributaria respectiva o
en su defecto con prueba idónea;
g)
Las reglas aquí previstas para el descuento tributario relacionado con
dividendos o participaciones provenientes del exterior serán aplicables a los
dividendos o participacionesque se perciban a partir de la vigencia de la
presente ley, cualquiera que sea el periodo o ejercicio financiero a que
correspondan las utilidades que los generaron.
Parágrafo. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior, podrá ser tratado
como descuento en el año gravable en el cual se haya realizado el pago o en
cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables siguientes sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 259 de este Estatuto. En todo caso, el exceso de
impuesto descontable que se trate como descuento en cualquiera de los cuatro
(4) periodos gravables siguientes tiene como límite el impuesto sobre la renta,
sumado al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) cuando sea del caso,
generado en Colombia sobre las rentas que dieron origen a dicho descuento y no
podrá acumularse con el exceso de impuestos descontables originados en otras
rentas gravadas en Colombia en distintos periodos.
Texto anterior art 254. Modificado por la Ley 1430 de
2010, art 46. Por impuestos pagados en el exterior. Los contribuyentes
nacionales, o los extranjeros personas naturales con cinco años o más de
residencia continua o descontinua en el país, que perciban rentas de fuente
extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta, el pagado en el
extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas,
siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el
contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos
o participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá
lugar a un descuento tributario en el impuesto sobre la renta por los impuestos
sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento
equivale al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones
por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que hayan estado sometidas las
utilidades que los generaron;
b) Cuando la sociedad que reparte
los dividendos o participaciones gravados en Colombia haya recibido a su vez
dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas en la misma o en
otras jurisdicciones, el valor del descuento equivale al resultado de
multiplicar el monto de los dividendos o participaciones percibidos por el
contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas las
utilidades que los generaron;
c) Para tener derecho al
descuento a que se refiere el literal a) del presente artículo, el
contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el capital de
la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones de al menos el quince por ciento (15%) de las
acciones o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones sin
derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional deberá
poseer indirectamente una participación en el capital de la subsidiaria o
subsidiarias de al menos el quince por
ciento (15%) de las acciones o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones
sin derecho a voto); (Declarados inexequibles los apartes resaltados por la
Sentencia C-914 de 2011)
d) Cuando los dividendos o participaciones
percibidas por el contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de
origen el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen;
e) En ningún caso el
descuento a que se refiere este inciso, podrá exceder el monto del impuesto de
renta generado en Colombia por tales dividendos;
f) Para tener derecho al descuento
a que se refieren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el
pago en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto
expedido por la autoridad tributaria respectiva o en su defecto con prueba
idónea;
g) Las reglas aquí previstas
para el descuento tributario relacionado con dividendos o participaciones provenientes
del exterior serán aplicables a los dividendos o participaciones que se
perciban a partir de la vigencia de la presente ley, cualquiera que sea el periodo
o ejercicio financiero a que correspondan las utilidades que los generaron.
Parágrafo. El impuesto sobre la renta pagado
en el exterior, podrá ser tratado como descuento en el año gravable en el cual
se haya realizado el pago o en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 del Estatuto
Tributario.
Artículo 255. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 103. Descuento para inversiones realizadas en
control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen directamente
inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán
derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las
inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberá
tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones.
No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por mandato de una
autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o
actividad objeto de una licencia ambiental.
Parágrafo. El
reglamento aplicable al artículo 158-2 del Estatuto Tributario
antes de la entrada en vigencia de la presente ley, será aplicable a este
artículo y la remisión contenida en la Ley 1715 de 2014 al artículo 158-2 del Estatuto Tributario, se entenderá hecha al presente artículo.
Artículo 255. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 103. Descuento para inversiones realizadas en
control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen directamente
inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán
derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las
inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberá
tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas
inversiones. No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por
mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido
por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental.
Parágrafo. El
reglamento aplicable al artículo 158-2 del Estatuto Tributario
antes de la entrada en vigencia de la presente ley, será aplicable a este
artículo y la remisión contenida en la Ley 1715 de 2014 al artículo 158-2 del Estatuto Tributario, se entenderá hecha al presente artículo.
Artículo 255. Derogado por la Ley 49 de 1990, art 83.
PARA SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE INTEGREN CONSORCIOS. Las
sucursales de sociedades extranjeras que integren el consorcio, tienen derecho
a descontar del monto del impuesto sobre la renta a cargo, el treinta por
ciento (30%) de las participacionespercibidas del consorcio, sin que exceda del
ciento por ciento (100%) del impuesto básico de renta aplicable a dichas participaciones.
Artículo 256.
Modificado por
la Ley 1955 de 2019, art. 171. Descuento para
inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación.
Las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como
de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los
criterios y condiciones definidas por dicho Consejo, tendrán derecho a
descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en
dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión. Las
inversiones de que trata este artículo, podrán ser realizadas a
través de los actores reconocidos por Colciencias de acuerdo con la
normatividad vigente. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, definirá
los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos
calificados, y las condiciones para garantizar la divulgación de los resultados
de los proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas
sobre propiedad intelectual, y que además servirán de mecanismo de control de
la inversión de los recursos.
Parágrafo 1°. Para que proceda el descuento de que trata el presente artículo, al
calificar el proyecto se deberán tener en cuenta criterios de impacto
ambiental.
Parágrafo 2°. El mismo
tratamiento previsto en este artículo será aplicable en los siguientes casos:
i) a las donaciones hechas a programas creados por las instituciones de
educación superior, o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex) dirigidas a programas de becas o
créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través
de becas de estudio total o parcial o créditos condonables que podrán
incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros de
acuerdo a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional respecto de las
condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de becas y
créditos condonables a los que se refiere el presente
artículo, ii) a las donaciones recibidas por el Fondo Nacional de
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco
José de Caldas, y que sean destinadas al financiamiento de Programas y/o
Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y
las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), y iii) a la remuneración
correspondiente a la vinculación de personal con título de doctorado en las
empresas contribuyentes de renta, que se realice con posterioridad a la
expedición de la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y
condiciones definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada
al desarrollo de actividades de I+D+i. Para el caso de títulos de Doctorado
obtenidos en el exterior, se deberán cumplir los requisitos de convalidación
previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su vinculación.
Parágrafo 3°. El descuento previsto por la remuneración de personal con título de
doctorado se causará cuando dicho personal no esté vinculado a los proyectos a
los que hace mención el presente artículo en su primer inciso.
Parágrafo 4°. El descuento aquí previsto se somete a lo establecido en los parágrafos
1° y 2° del artículo 158-1 del Estatuto Tributario.
Texto anterior Artículo 256. Reglamentado por el Decreto 978
de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 104.
ModiDescuento para inversiones
realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Las personas que realicen inversiones en proyectos
calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y
Tecnología en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, mediante actualización del Documento
CONPES 3834 de 2015, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta
a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable
en que se realizó la inversión. Las inversiones de que trata este artículo,
podrán ser realizadas a través de investigadores, grupos o centros de
investigación, centros e institutos de investigación centros de desarrollo
tecnológico, parques de Ciencia Tecnología e Innovación, Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Empresas Altamente
Innovadoras (EAI), en unidades de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación de empresas, centros de innovación y productividad, incubadoras de
base tecnológica, centros de ciencia y organizaciones que fomentan el uso y la
apropiación de la ciencia, tecnología e invocación, todos los anteriores,
registrados y reconocidos como tales por Colciencias.
Los
proyectos calificados como de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación, previstos en el presente artículo incluyen, además, la vinculación
de nuevo personal calificado y acreditado de nivel de formación técnica
profesional, tecnológica, profesional, maestría o doctorado a centros o grupos
de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, según los criterios y
las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia, Tecnología e Innovación. El Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios, definirá los procedimientos de control, seguimiento y evaluación
de los proyectos calificados, y las condiciones para garantizar la divulgación
de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación
de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán de mecanismo
de control de la inversión de los recursos.
Parágrafo 1°. Para que proceda el descuento de que trata
el presente artículo, al calificar el proyecto se deberá tener en cuenta
criterios de impacto ambiental.
Parágrafo 2°. El Documento Conpes
previsto en este artículo deberá expedirse en un término de 4 meses, contados a
partir de la entrada en vigencia la presente ley.
Parágrafo 3°. El mismo tratamiento previsto en este
artículo será aplicable a las donaciones hechas a programas creados por las
instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que beneficien a estudiantes
de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán
incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. El
Gobierno nacional, reglamentará las condiciones de asignación y funcionamiento
de los programas de becas a los que se refiere este parágrafo.
Parágrafo 4°. El descuento aquí previsto se somete a lo
establecido en los parágrafos 1° y 2° del artículo 158-1 del Estatuto Tributario.
Artículo 256-1. Adicionado por la Ley 1955 de 2019, art. 168.
Crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación o vinculación de capital humano de alto nivel. Las inversiones que realicen las
Micro, Pequeñas y Medianas empresas en proyectos calificados como de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo con los
criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), podrán acceder a un
crédito fiscal por un valor del 50% de la inversión realizada y certificada por
el CNBT aplicable para la compensación de impuestos nacionales. El crédito
fiscal aquí establecido no generará saldo a favor susceptible de devolución,
excepto únicamente respecto de lo previsto en los parágrafos 3 y 4 del presente
artículo.
Igual tratamiento será aplicable a la
remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de
doctorado en las Mipymes, que se realice con posterioridad a la expedición
de la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones
definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo
de actividades de I+D+i. El crédito fiscal corresponde al 50% de la
remuneración efectivamente pagada durante la vigencia fiscal y deberá
solicitarse cada año una vez demostrada la vinculación del personal con título
de doctorado. Para el caso de títulos de doctorado obtenidos en el exterior, se
deberán cumplir los requisitos de convalidación previstos en la normatividad
vigente, de manera previa a su vinculación.
Parágrafo 1°. Los proyectos
presentados y calificados bajo la modalidad de crédito fiscal no podrán acceder
a la deducción y descuento definido en el artículo 158-1 y 256 del Estatuto
Tributario, respectivamente. Igual tratamiento aplica para la remuneración
derivada de la vinculación del nuevo personal con título de doctorado.
Parágrafo 2°. El CNBT definirá el
cupo máximo de inversiones que podrá certificar bajo esta modalidad, el cual
hará parte del cupo establecido en el parágrafo 1 del artículo 158-1 del
Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. Las micro, pequeñas y
medianas empresas que cuenten con créditos fiscales vigentes superiores a mil
UVT (1000 UVT) por inversiones en proyectos calificados como de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CNBT), podrán solicitar Títulos de Devolución de
Impuestos (TIDIS) por el valor del crédito fiscal.
Parágrafo 4°. La remuneración pagada
por la vinculación de personal con título de doctorado en
las Mipymes podrá ser solicitada como TIDIS (Títulos de Devolución de
Impuestos) siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones
definidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y cuenten con un
crédito fiscal vigente superior a los 1000 UVT.
Parágrafo 5°. Los créditos fiscales
tendrán una vigencia de dos años una vez expedido el respectivo certificado.
Texto anterior art 256. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
97. A empresas colombianas de transporte internacional. Las empresas colombianas de transporte aéreo o
marítimo, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta,
sumado al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) cuando el
contribuyente sea sujeto pasivo del mismo, un porcentaje equivalente a la
proporción que dentro del respectivo año gravable representen los ingresos por
transporte aéreo o marítimo internacional dentro del total de ingresos
obtenidos por la empresa.
Texto original art 256. A EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. Las empresas
colombianas de transporte aéreo o marítimo, tienen derecho a descontar del
monto del impuesto sobre la renta, un porcentaje equivalente a la proporción
que dentro del respectivo año gravable representen los ingresos por transporte
aéreo o marítimo internacional dentro del total de ingresos obtenidos por la
empresa.
Artículo 257. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 105. Descuento por
donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
Las
donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas
en el régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios y a las
entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, no serán deducibles
del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento
del impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 25% del valor
donado en el año o período gravable. El Gobierno nacional reglamentará los
requisitos para que proceda este descuento.
Parágrafo. Las
donaciones de que trata el artículo 125 del Estatuto Tributario también darán lugar al descuento
previsto en este artículo.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 94. Todos los usuarios de las entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia tendrán la posibilidad de efectuar
donaciones para el financiamiento y sostenimiento de las Instituciones de
Educación Superior Públicas a través de los cajeros automáticos, páginas web y
plataformas digitales pertenecientes a dichas entidades financieras, quienes
emitirán los certificados de donación a fin de que los donantes puedan tomar el
descuento tributario en los términos previstos en los artículos 257 y 258 del
Estatuto Tributario. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
mediante resolución reglamentará lo dispuesto en este artículo.
Texto
original parágrafo 2 Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
82. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Todos los
usuarios de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia tendrán la posibilidad de efectuar donaciones para el
financiamiento y sostenimiento de las Instituciones de Educación Superior
Públicas a través de los cajeros automáticos, páginas web y plataformas digitales
pertenecientes a dichas entidades financieras, quienes emitirán los
certificados de donación a fin de que los donantes puedan tomar el descuento
tributario en los términos previstos en los artículos 257 y 258 del Estatuto Tributario.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución
reglamentará lo dispuesto en este artículo.”.
Texto original Artículo 257. Derogado Ley 788 de 2002, artículo
118. POR CERT. Las personas que reciban directamente del Banco de la República
los Certificados de Reembolso Tributario, CERT, tendrán derecho a descontar del
impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo, en el año gravable
correspondiente a su recibo, el treinta por ciento (30%) del valor de tales
certificados, cuando se trate de sociedades, o la tarifa que figure frente a la
renta líquida del contribuyente, en la tabla del impuesto de renta por dicho
año, cuando se trate de personas naturales. Ver modificación de tarifa al 35% en la Ley 223 de 1995, artículo
103
Artículo 257-1. Adicionado por la Ley 1955 de 2019, art. 190.
Becas por impuestos. Las personas naturales o jurídicas contribuyentes del Impuesto sobre la
renta y complementarios podrán celebrar convenios con Coldeportes para asignar
becas de estudio y manutención a deportistas talento o reserva deportiva, por
las que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre
la renta.
Coldeportes reglamentará en un plazo
no mayor a seis (6) meses de la expedición de la presente ley el mecanismo de
selección, evaluación y seguimiento de los deportistas beneficiados, así como
los criterios de inclusión y de exclusión del programa y los criterios
técnico-deportivos aplicables para el concepto de manutención.
Los descuentos de los que trata este
artículo y en su conjunto los que tratan los artículos 255, 256 y 257 del
Estatuto Tributario no podrán exceder en un 30% del impuesto sobre la renta a
cargo del contribuyente en el respectivo año gravable.
Artículo 258. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 106. Limitaciones a los
descuentos tributarios de que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario. Los
descuentos de que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario tomados en su conjunto no podrán
exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el
respectivo año gravable. El exceso no descontado en el año tendrá el siguiente
tratamiento:
1. El exceso originado en el
descuento de que trata el artículo 255 del Estatuto Tributario, podrá tomarse dentro de los
cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se efectuó la inversión
en control y mejoramiento del medio ambiente.
2. El exceso originado en el
descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto Tributario, podrá tomarse dentro de los
cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se efectuó la inversión
en investigación, desarrollo e innovación.
3. El exceso originado en el
descuento de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, podrá tomarse dentro del
periodo gravable siguiente a aquel en que se efectuó la donación.
Texto original art 258. DESCUENTO POR COLOCACIÓN DE
ACCIONES O CONVERSIÓN DE BONOS. Hasta por el año gravable de 1995, inclusive,
las sociedades anónimas cuyas acciones estén inscritas en una bolsa de valores,
tendrán derecho a un descuento tributario del impuesto sobre la renta y
complementarios por los aumentos de patrimonio que hayan realizado en virtud de
la colocación de acciones o la conversión de bonos en acciones, efectuadas
durante el respectivo año gravable, en la parte que haya sido ofrecida a los
fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones de jubilación e invalidez y
fondos de empleados y haya sido suscrita por ellos en exceso de los que le
pueda corresponder en razón de su derecho de preferencia como accionistas.
Este descuento no podrá
exceder del veinte por ciento (20%) del impuesto sobre la renta y
complementarios a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable.
Para estos efectos, se
entiende por aumento patrimonial, las sumas que se contabilicen como capital o
superávit de capital, no susceptible de distribuirse como dividendo por
concepto de la suscripción de acciones o de la conversión de los bonos en
acciones.
Este descuento será igual a
la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes que se indican a
continuación, a los aumentos patrimoniales que haya realizado la sociedad
durante el respectivo año gravable, por la colocación de acciones o la
conversión de los bonos en acciones, en la parte suscrita inicialmente por los
inversionistas señalados en el inciso primero de este artículo.
Año Gravable |
Porcentaje de Descuento % |
1989 |
10 |
1990 |
10 |
1991 |
8 |
1992 |
8 |
1993 |
8 |
1994 |
5 |
1995 |
5 |
Sólo darán derecho al
descuento de que trata este artículo, las conversiones en acciones de bonos que
hayan sido emitidos con posterioridad a diciembre 31 de 1987.
Parágrafo 1º. La sociedad sólo tendrá derecho al
descuento de que trata este artículo, cuando su oferta cumpla las siguientes
condiciones:
a) Que en el respectivo
reglamento de colocación de acciones o prospecto de colocación de bonos, se
establezca que dichos valores se ofrecerán públicamente a todos los
inversionistas mencionados en el primer inciso de este artículo bien sea
directamente, o una vez vencido el plazo para el ejercicio del derecho de
preferencia por parte de los antiguos accionistas;
b) Que dicha oferta se haga
por un término no inferior a quince (15) días hábiles;
c) Que en el reglamento o
prospecto se establezca que cuando el monto de acciones o bonos que acepten
suscribir los inversionistas señalados en el primer inciso de este artículo,
exceda del total de acciones o bonos ofrecidos a los mismos, estos valores se
distribuirán a prorrata entre los inversionistas que hayan manifestado su
voluntad de suscribir.
Parágrafo 2º. Cuando la sociedad reparta las
sumas que, de conformidad con este artículo, se hayan contabilizado como
superávit de capital no susceptible de distribuirse como dividendos, deberá,
por el año gravable en que se realice dicho reparto, incrementar su impuesto
sobre la renta en una suma igual al valor del descuento solicitado aumentado en
los correspondientes intereses de mora, que se liquidarán a la tasa que rija
para efectos tributarios, por el período transcurrido entre la fecha de la
solicitud del descuento y la fecha de la liquidación del impuesto por el año
gravable en que se distribuye el superávit.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 258-1. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 95. Impuesto sobre las ventas en
la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales
productivos. Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) podrán
descontar del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que
se efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el
IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de
activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios
necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En el caso de los activos
fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las ventas
podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y comience a
depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables
siguientes.
Este descuento procederá también cuando
los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado
a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción
irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.
El IVA de que trata esta disposición no
podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta
ni será descontable del impuesto sobre las ventas (IVA).
Texto original artículo 258-1. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 83. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado
exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-520 de 2019.). “Impuesto sobre las ventas en
la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales
productivos. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) podrán
descontar del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que
se efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el
IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de
activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios
necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En el caso de los
activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las
ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y
comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables
siguientes.
Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos
se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de
arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En este
caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.
El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse
simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del Impuesto sobre las
Ventas (IVA).”.
Artículo 258-1. Derogado por la Ley 1819 de
2016, art 376. Adicionado por
la Ley 1739 de 2014, art 67. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán
derecho a descontar del impuesto sobre la renta a su cargo, dos (2) puntos del
impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o importación de bienes de
capital gravados a la tarifa general de impuesto sobre las ventas, en la
declaración de renta y complementarios correspondiente al año en que se haya
realizado su adquisición o importación.
Se
entiende como bienes de capital para efectos del presente inciso, aquellos
bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el giro ordinario del
negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios y que a diferencia
de las materias primas e insumos no se incorporan a los bienes finales
producidos ni se transforman en el proceso productivo, excepto por el desgaste
propio de su utilización. En esta medida, entre otros, se consideran bienes de
capital la maquinaria y equipo, los equipos de informática, de comunicaciones y
de transporte, cargue y descargue; adquiridos para la producción industrial y
agropecuaria y para la prestación de servicios.
Si
tales bienes se enajenan antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de
vida útil señalado por el reglamento tributario, contado desde la fecha de
adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto
neto de renta correspondiente al año gravable de enajenación la parte del valor
del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los años o
fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable; en este
último caso, la fracción de año se tomará como año completo.
En
el caso de la adquisición de bienes de capital gravados con impuesto sobre las
ventas por medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing) que tengan
el tratamiento señalado en el numeral 2 del artículo 127-1 de este Estatuto, se requiere que se haya pactado una opción de compra
irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga
derecho al descuento considerado en el presente artículo. En el evento en el
cual la opción de compra no sea ejercida por el comprador, se aplicará el
tratamiento descrito en el inciso anterior.
Texto anterior art 258-1. Derogado por la Ley 488 de 1998 artículo
154. Adicionado por la Ley 6 de
1992, artículo 20. DESCUENTO POR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGADO EN LA
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS.. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán
derecho a descontar del impuesto sobre la renta a su cargo, el impuesto a las
ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, de
equipo de computación, y para las empresas transportadoras adicionalmente de
equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios
correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o nacionalización.
Si tales bienes se enajenan antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de
vida útil, señalado por el reglamento, desde la fecha de adquisición o
nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta
correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto
sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los años o fracción de
año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable; en este caso, la
fracción de año se tomará como año completo. En ningún caso, los vehículos
automotores ni los camperos darán lugar al descuento.
En el caso de la adquisición
de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por medio del sistema
de arrendamiento financiero (Leasing), se requiere que se haya pactado una
opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el
arrendatario tenga derecho al descuento considerado en el presente artículo.
Parágrafo. El impuesto sobre las ventas
pagado por activos fijos adquiridos o nacionalizados por nuevas empresas
durante su período improductivo, podrá tratarse como descuento tributario en la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al primer año de
período productivo. En caso de no poderse realizar el descuento en su totalidad
en dicho año, el valor restante podrá descontarse en los dos años siguientes
hasta agotarse.
Lo dispuesto en el inciso
anterior será igualmente aplicable a las empresas en proceso de reconversión
industrial, siempre y cuando el referido proceso obtenga la autorización del Departamento
Nacional de Planeación. El Gobierno Nacional señalará las condiciones y
requisitos necesarios para la aplicación de lo consagrado en este artículo. Ver Ley 223 de 1995, artículo 104
Artículo 258-2. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1739
de 2014, art 68. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la
adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas. El
impuesto sobre las ventas que se cause en la adquisición o en la importación de
maquinaria pesada para industrias básicas, deberá liquidarse y pagarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Estatuto Tributario.
Cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a
quinientos mil dólares (US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las ventas
podrá realizarse de la siguiente manera: 40% con la declaración de importación
y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años siguientes. Para el
pago de dicho saldo, el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante la
Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la forma y dentro de los
plazos que establezca el Gobierno nacional.
El valor del impuesto sobre las ventas pagado por la adquisición o
importación, podrá descontarse del impuesto sobre la renta a su cargo,
correspondiente al período gravable en el cual se haya efectuado el pago y en
los períodos siguientes.
Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química
pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía
eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno.
Sin perjuicio de lo contemplado en los numerales anteriores para el
caso de las importaciones temporales de largo plazo el impuesto sobre las
ventas susceptible de ser solicitado como descuento, es aquel efectivamente
pagado por el contribuyente al momento de la nacionalización o cambio de la
modalidad de importación en el periodo o año gravable correspondiente.
Parágrafo 1°. En el caso en que los bienes que originaron el descuento
establecido en el presente artículo se enajenen antes de haber transcurrido el
respectivo tiempo de vida útil señalado en las normas vigentes, desde la fecha
de adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto
neto de renta correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del
valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los
años o fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable.
En este caso, la fracción de año se tomará como año completo.
Parágrafo 2°. A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad
a la vigencia de la Ley 223 de 1995, con base en las modalidades ‘Plan Vallejo’ o importaciones
temporales de largo plazo, se aplicarán las normas en materia del Impuesto
sobre las Ventas vigentes al momento de su introducción al territorio nacional.
Texto anterior art 258-2. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
50. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA
INDUSTRIAS BÁSICAS. El impuesto sobre las ventas que se cause en la importación
de maquinaria pesada para industrias básicas deberá liquidarse y pagarse con la
declaración de importación.
Cuando
la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares
(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las ventas podrá realizarse de la
siguiente manera: 40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2)
cuotas iguales dentro de los dos años siguientes. Para el pago de dicho saldo,
el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante la Administración de
Impuestos y Aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que
establezca el Gobierno Nacional.
El
valor del impuesto sobre las ventas pagado por el importador podrá descontarse
del impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al período gravable en
el que se haya efectuado el pago y en los períodos siguientes.
Son
industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia,
metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y
obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno.
Este
descuento sólo será aplicable a las importaciones realizadas a partir del 1º de
julio de 1996.
Durante
el plazo otorgado en el presente artículo, el impuesto diferido se actualizará
por el PAAG mensual.
Parágrafo. A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad a la
vigencia de esta Ley, con base en las modalidades "Plan Vallejo" o
importaciones temporales de largo plazo, se aplicarán las normas en materia del
Impuesto sobre las Ventas vigentes al momento de su introducción al territorio
nacional.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 259.
Reglamentado
por el Decreto
1697 de 2007. Declarado exequible por la Sentencia
C-809 de 2007. Modificado por la Ley
383 de 1997, artículo 29. LÍMITE DE LOS DESCUENTOS.
En ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto
básico de renta.
La
determinación del impuesto después de descuentos, en ningún caso podrá ser
inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva
sobre patrimonio líquido, antes de cualquier descuento tributario.
Parágrafo 1º.
El límite establecido en el inciso segundo del presente artículo, no será
aplicable a las inversiones de que trata el artículo quinto (5º) de la Ley
218 de 1995, ni a las rentas exentas.
Parágrafo 2.
Modificado
por la Ley 633 de 2000
artículo 22. Cuando los descuentos tributarios estén originados exclusivamente
en certificados de reembolso tributario, la determinación del impuesto a cargo
no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) del impuesto determinado por
el sistema de renta presuntiva antes de cualquier descuento.
“Ver Ley
1111 de 2006, artículo 16, el cual adicionó el
siguiente artículo: “El Ministro de Minas y Energía fijará el precio de venta
de las exportaciones de minerales, cuando se trate de exportaciones que superen
los cien millones de dólares (US$100.000.000) al año, teniendo en cuenta los
precios en términos FOB en puerto colombiano que paguen los consumidores
finales de estos minerales.
Para
tal efecto, el Ministro de Minas y Energía podrá solicitar a las empresas
mineras, al exportador o a sus vinculados, las facturas de venta al consumidor
final o una certificación de los auditores fiscales en las que consten los
valores de estas transacciones. Se entiende por consumidor final, el comprador
que no sea vinculado económico o aquel comprador que adquiera embarques de
minerales para ser reprocesados o fragmentados para su posterior venta a
pequeños consumidores.
El
Gobierno reglamentará el procedimiento mediante el cual se dará aplicación a lo
dispuesto en este parágrafo y fijará un término de transición para que el mismo
entre en vigencia.”
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 259-2. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 96. Eliminación de descuentos
tributarios en el impuesto sobre la renta. Elimínense a partir del
año gravable 2020 todos los descuentos tributarios aplicables al impuesto sobre
la renta, que sean distintos de los contenidos en los artículos 115, 254, 255,
256, 256-1, 257, 257-1 y 258-1 del Estatuto Tributario, el artículo 104 de
la Ley 788 de 2002 y los previstos en esta ley para las
Zomac.
Texto original artículo 259-2. Adicionado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 84. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Eliminación de descuentos tributarios en el impuesto sobre la renta. Elimínense
a partir del año gravable 2019 todos los descuentos tributarios aplicables al
impuesto sobre la renta, que sean distintos de los contenidos en los artículos
115, 254, 255, 256, 257 y 258-1 del Estatuto Tributario, el artículo 104 de
la Ley 788 de 2002 y los previstos en esta ley para las Zomac.”.
Artículo 260.
INTRANSFERIBILIDAD DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS. En ningún caso serán
trasladables a los socios, copartícipes, asociados, cooperados, accionistas,
comuneros, suscriptores y similares, los descuentos tributarios de que gocen
los entes de los cuales formen parte.
CAPITULO XI
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Capítulo
Adicionado por
la Ley
788 de 2002, art 28
Artículo 260-1. Reglamentado por
el Decreto
3030 de 2013.
Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 111. Criterios
de vinculación. Para efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se
encuentra en uno o más de los siguientes casos:
1. Subordinadas
a) Una entidad será
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la
voluntad de otra u otras personas o entidades que serán su matriz o
controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial,
o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo
caso se llamará subsidiaria;
b) Será subordinada una
sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
i)
Cuando más del 50% de su capital pertenezca a la matriz, directamente o por
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de
estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto;
ii)
Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho
de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de
socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la
mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere;
iii)
Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con
sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de
administración de la sociedad;
iv)
Igualmente habrá subordinación, cuando el control conforme a los supuestos
previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas
naturales o jurídicas o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien
sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales
esta posean más del cincuenta (50%) del capital o configuren la mayoría mínima
para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o
toma de decisiones de la entidad;
v)
Igualmente habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas
personas naturales o jurídicas, o un mismo vehículo no societario o unos mismos
vehículos no societarios, conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir
el cincuenta por ciento de las utilidades de la sociedad subordinada.
2. Sucursales, respecto de sus
oficinas principales.
3. Agencias, respecto de las
sociedades a las que pertenezcan.
4. Establecimientos
permanentes, respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte.
5. Otros casos de Vinculación
Económica:
a) Cuando la operación tiene
lugar entre dos subordinadas de una misma matriz;
b) Cuando la operación tiene
lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente a una
misma persona natural o jurídica o entidades o esquemas de naturaleza no
societaria;
c) Cuando la operación se lleva
a cabo entre dos empresas en las cuales una misma persona natural o jurídica participa
directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de
ambas. Una persona natural o jurídica puede participar directa o indirectamente
en la administración, el control o el capital de otra cuando i) posea, directa
o indirectamente, más del 50% del capital de esa empresa, o, ii) tenga la
capacidad de controlar las decisiones de negocio de la empresa;
d) Cuando la operación tiene
lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en
más del cincuenta por ciento (50%) a personas ligadas entre sí por matrimonio,
o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o único
civil;
e) Cuando la operación se
realice entre vinculados a través de terceros no vinculados;
f) Cuando más del 50% de los
ingresos brutos provengan de forma individual o conjunta de sus socios o
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares;
g) Cuando existan consorcios,
uniones temporales, cuentas en participación, otras formas asociativas que no
den origen a personas jurídicas y demás contratos de colaboración empresarial.
La vinculación se predica de
todas las sociedades y vehículos o entidades no societarias que conforman el
grupo, aunque su matriz esté domiciliada en el exterior.
Texto anterior art 260-1. Título modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
41. OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS.
Texto anterior del título del Art 260-1:
“OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS Y PARTES RELACIONADAS”.
Los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la
renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos
y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y márgenes de
utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes
independientes.
La administración tributaria,
en desarrollo de sus facultades de verificación y control, podrá determinar los
ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos y deducciones de las
operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios con vinculados económicos o partes relacionadas, mediante la
determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de
utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas
económicamente, en Colombia o en el exterior.
Inciso modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
41. Para efectos de la aplicación del régimen de Precios de Transferencia se
consideran vinculados económicos o partes relacionadas, los casos previstos en
los artículos 260, 261, 263 y 264 del Código de Comercio; en el artículo 28 de
la Ley 222 de
1995 y los que cumplan los supuestos contenidos en los artículos 450 y
452 del Estatuto Tributario.
El control puede ser
individual o conjunto, sin participación en el capital de la subordinada o
ejercido por una matriz domiciliada en el exterior o por personas naturales o
de naturaleza no societaria.
La vinculación se predica de
todas las sociedades que conforman el grupo, aunque su matriz esté domiciliada
en el exterior.
Los precios de transferencia
a que se refiere el presente título solamente producen efectos en la
determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.
Inciso adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
41. Lo dispuesto en este capítulo se aplicará igualmente para la determinación
de los activos y pasivos entre vinculados económicos o partes relacionadas.
Inciso adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
41. Así mismo, las disposiciones sobre precios de transferencia, solo (sic)
serán aplicables a las operaciones que se realicen con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior.
Ver Ley 1111 de 2006.
Artículo 260-2. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 112. Operaciones con
vinculados. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
que celebren operaciones con vinculados del exterior están obligados a
determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos
y pasivos, considerando para esas operaciones el Principio de Plena
Competencia.
Se
entenderá que el Principio de Plena Competencia es aquel en el cual una
operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieren utilizado
en operaciones comparables con o entre partes independientes.
La
Administración Tributaria, en desarrollo de sus facultades de verificación y
control, podrá determinar, para efectos fiscales, los ingresos ordinarios y
extraordinarios, los costos y deducciones y los activos y pasivos generados en
las operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios con sus vinculados, mediante la determinación de las
condiciones utilizadas en operaciones comparables con o entre partes
independientes.
Cuando
una entidad extranjera, vinculada a un establecimiento permanente en Colombia,
concluya una operación con otra entidad extranjera, a favor de dicho
establecimiento, este último, está obligado a determinar, para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y
extraordinarios, sus costos y deducciones y sus activos y pasivos considerando
para esas operaciones el Principio de Plena Competencia.
Así
mismo, cuando los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
celebren operaciones con vinculados residentes en Colombia, en relación con el
establecimiento permanente de uno de ellos en el exterior, están obligados a
determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos
y pasivos, considerando para esas operaciones el Principio de Plena
Competencia.
Sin
perjuicio de lo consagrado en otras disposiciones en este Estatuto, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios ubicados
domiciliados o residentes en el Territorio Aduanero Nacional, que celebren
operaciones con vinculados ubicados en zona franca están obligados a
determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos
y pasivos, considerando para esas operaciones el Principio de Plena
Competencia.
Parágrafo. Los precios de transferencia a que se refiere el
presente título, solamente producen efectos en la determinación del impuesto
sobre la renta y complementarios.
Texto anterior art 260-2. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL
PRECIO O MARGEN DE UTILIDAD EN LAS OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES
RELACIONADAS. El precio o margen de utilidad en las operaciones celebradas
entre vinculados económicos o partes relacionadas se podrá determinar por la
aplicación de cualquiera de los siguientes métodos, para lo cual deberá tenerse
en cuenta cuál resulta más apropiado de acuerdo con las características de las
transacciones analizadas:
1. Precio comparable no
controlado. El método de precio comparable no controlado consiste en considerar
el precio de bienes o servicios que se hubiera pactado entre partes
independientes en operaciones comparables.
2. Precio de reventa. El
método de precio de reventa consiste en determinar el precio de adquisición de
un bien o de prestación de un servicio entre vinculados económicos o partes
relacionadas, multiplicando el precio de reventa del bien o del servicio, a partes
independientes, por el resultado de disminuir, de la unidad, el porcentaje de
utilidad bruta obtenido entre partes independientes en operaciones comparables.
Para los efectos de este inciso, el porcentaje de utilidad bruta se calculará
dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas.
3. Costo adicionado. El
método de costo adicionado consiste en multiplicar el costo de bienes o
servicios por el resultado de sumar a la unidad el porcentaje de utilidad bruta
obtenido entre partes independientes en operaciones comparables. Para los
efectos de este numeral, el porcentaje de utilidad bruta se calculará
dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas netas.
4. Partición de utilidades.
El método de partición de utilidades consiste en asignar la utilidad de
operación obtenida por vinculados económicos o partes relacionadas, en la
proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Se determinará la utilidad
de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida en la
operación por cada una (sic) de los vinculados económicos o partes
relacionadas;
b) La utilidad de operación
global se asignará a cada uno de los vinculados económicos o partes
relacionadas, considerando, entre otros, el volumen de activos, costos y gastos
de cada uno de los vinculados económicos, con respecto a las operaciones entre
dichas partes.
5. Residual de partición de
utilidades. El método residual de partición de utilidades consiste en asignar
la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos o partes
relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada entre partes
independientes, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se determinará la utilidad
de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida en la
operación por cada uno de los vinculados económicos o partes relacionadas;
b) La utilidad de operación
global se asignará de acuerdo con los siguientes parámetros:
(1) Se determinará la
utilidad mínima que corresponda, en su caso, a cada una de los vinculados
económicos o partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los
métodos a que se refieren los numerales 1 a 6 del presente artículo, sin tomar
en cuenta la utilización de intangibles significativos.
(2) Se determinará la
utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad mínima a que se
refiere el numeral (1), de la utilidad de operación global. Esta utilidad
residual se distribuirá entre los vinculados económicos involucrados o partes
relacionadas en la operación tomando en cuenta, entre otros elementos, los
intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos, en la proporción
en que hubiera sido distribuida entre partes independientes en operaciones
comparables.
6. Márgenes transaccionales
de utilidad de operación. El método de márgenes transaccionales de utilidad de
operación consiste en determinar, en transacciones entre vinculados económicos
o partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido partes
independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad
que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o
flujos de efectivo.
Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo,
los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de
operación, activos y pasivos, se determinarán con base en los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. De la aplicación de cualquiera de
los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango de precios o
de márgenes de utilidad cuando existan dos o más operaciones comparables. Estos
rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos, en particular
el rango intercuartil que consagra la ciencia económica.
Si los precios o márgenes de
utilidad del contribuyente se encuentran dentro de estos rangos, se
considerarán ajustados a los precios o márgenes de operaciones entre partes
independientes.
En caso de que el
contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el
precio o margen de utilidad en operaciones entre partes independientes es la
mediana de dicho rango.
Parágrafo 3°. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales podrá celebrar acuerdos con contribuyentes del impuesto
sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se determine el
precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus
vinculados económicos o partes relacionadas, en los términos que establezca el
reglamento.
La determinación de los
precios mediante acuerdo se hará con base en los métodos y criterios de que
trata éste Capítulo y podrá surtir efectos en el período gravable en que se
solicite, en el período gravable inmediatamente anterior y hasta por los tres
períodos gravables siguientes a aquel en que se solicite.
Los acuerdos a que se refiere
el presente parágrafo se aplicarán sin perjuicio de las facultades de
fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 260-3. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 113. Métodos para determinar
el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados. El precio o margen de utilidad en las operaciones
celebradas entre vinculados se podrá determinar por la aplicación de cualquiera
de los siguientes métodos:
1. Modificado por
la Ley 1819 de 2016, art 107. Precio comparable no controlado.
Compara el precio de bienes o servicios transferidos en una operación entre
vinculados, frente al precio cobrado por bienes o servicios en una operación
comparable entre partes independientes, en situaciones comparables.
Para las siguientes operaciones
se aplicará el siguiente tratamiento.
a) Cuando se trate de operaciones
de adquisición de activos corporales usados la aplicación del método de Precio
Comparable no Controlado será mediante la presentación de la factura de
adquisición del activo nuevo al momento de su compra a un tercero independiente
menos la depreciación desde la adquisición del activo, de conformidad con los
marcos técnicos normativos contables;
b) Cuando se trate de operaciones de commodities,
el método “Precio Comparable No Controlado”, será el método de precios de
transferencia más apropiado y deberá ser utilizado para establecer el precio de
Plena Competencia en estas transacciones.
Se entenderá que la referencia a commodities abarca productos físicos para los que un precio
cotizado es utilizado como referencia por partes independientes en la industria
para fijar los precios en transacciones no controladas. El término “precio de
cotización” se refiere al precio del commodity en un
período determinado obtenido en un mercado nacional o internacional de
intercambio de commodities. En este contexto, un
precio de cotización incluye también los precios obtenidos de organismos
reconocidos y transparentes de notificación de precios o de estadísticas, o de
agencias gubernamentales de fijación de precios, cuando tales índices sean
utilizados como referencia por partes no vinculadas para determinar los precios
en las transacciones entre ellos.
Para efectos del análisis, el
precio de plena competencia para las transacciones de commodities
puede determinarse por referencia a transacciones comparables realizadas entre
independientes o por referencia a precios de cotización. Los precios de
cotización de commodities reflejan el acuerdo entre
compradores independientes y vendedores, en el mercado, sobre el precio de un
tipo y cantidad específicos del producto, negociados bajo condiciones
específicas en un momento determinado.
Cuando existan diferencias entre
las condiciones de la transacción de commodity
analizada y las condiciones de las transacciones entre independientes o las
condiciones bajo las que se determina el precio de cotización del commodity, que afecten sustancialmente el precio, deberán
efectuarse los ajustes de comparabilidad razonables para asegurar que las
características económicamente relevantes de las transacciones son comparables.
Un factor particularmente
relevante para el análisis de las transacciones de commodities
efectuado con referencia al precio de cotización, es la fecha o periodo
específico acordado por las partes para fijar del commodity.
Esta fecha o periodo acordado para la fijación del precio del commodity deberá ser demostrado mediante documentos fiables
(Ej: contratos, ofertas y aceptaciones u otros
documentos que establezcan los términos del acuerdo y que puedan constituir una
prueba fiable), cuyos términos sean consistentes con el comportamiento real de
las partes o con lo que empresas independientes habrían acordado en
circunstancias comparables tomando en consideración la práctica de la
industria. Así mismo, estos acuerdos deberán estar registrados en los términos
y condiciones que establezca el Gobierno nacional.
En caso de que el contribuyente
no aporte estas pruebas fiables o si la fecha acordada de fijación del precio
es inconsistente y si la administración tributaria no puede determinar de otra
manera la fecha de fijación del precio, la administración tributaria podrá
considerar como fecha para fijar el precio de la transacción del commodity sobre la base de la evidencia que tenga
disponible; esta puede ser la fecha de embarque registrada en el documento de
embarque o en el documento equivalente en función de los medios de transporte.
Solo en casos excepcionales se
podrá utilizar otro método de precios de transferencia para el análisis de
operaciones de commodities, siempre y cuando se
incluya en la documentación comprobatoria las razones económicas, financieras y
técnicas que resulten pertinentes y razonables a los fines del análisis y que
estas se encuentren debidamente justificadas y puedan ser demostradas ante la
Administración Tributaria.
Texto
original del numeral 1. Precio comparable
no controlado. Compara el precio de bienes o servicios transferidos en una
operación entre vinculados, frente al precio cobrado por bienes o servicios en
una operación comparable entre partes independientes, en situaciones
comparables.
Cuando se trate de operaciones de
adquisición de activos usados realizadas por los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios a sus vinculados, la aplicación del método de
Precio Comparable no Controlado será mediante la presentación de la factura de
adquisición del activo nuevo al momento de su compra a un tercero independiente
y la aplicación posterior de la depreciación que ya se ha amortizado desde la
adquisición del activo, permitida de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
2. Precio de
reventa. En este método el precio de adquisición de bienes o servicios entre
vinculados es calculado como el precio de reventa a partes independientes menos
el porcentaje de utilidad bruta que hubieran obtenido partes independientes en
operaciones comparables. Para los efectos de este método, el porcentaje de
utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas
netas.
3. Costo adicionado. Este
método valora bienes o servicios entre vinculados al costo, al que se le debe
sumar el porcentaje de utilidad bruta que hubieran obtenido partes
independientes en operaciones comparables. Para los efectos de este método, el
porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el
costo de ventas netas.
4. Márgenes transaccionales de
utilidad de operación. Consiste en determinar, en operaciones entre vinculados,
la utilidad de operación que hubieran obtenido con o entre partes
independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad
que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o
flujos de efectivo.
5. Partición de utilidades.
Este método identifica las utilidades a ser repartidas entre vinculados por las
operaciones en las que estos participen y posteriormente asigna dichas
utilidades entre las partes vinculadas sobre una base económica válida, en las
proporciones que hubieran sido asignadas si dichas partes vinculadas hubieran
actuado como partes independientes de conformidad con el Principio de Plena
Competencia y considerando, entre otros, el volumen de activos, costos y
gastos asumidos por cada una de las vinculadas en las operaciones entre ellas.
La aplicación de este método se debe realizar de conformidad con las siguientes
reglas:
a) Se determinará la utilidad
de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida en la
operación por cada uno de los vinculados;
b) La utilidad de operación
global se asignará de acuerdo con los siguientes parámetros:
i)
Análisis de Contribución: Cada uno de los vinculados participantes en la
operación recibirá una remuneración de plena competencia por sus contribuciones
rutinarias en relación con la operación. Dicha remuneración será calculada
mediante la aplicación del método más apropiado a que se refieren los numerales
1 al 4 del presente artículo, como referencia de la remuneración que hubiesen
obtenido partes independientes en operaciones comparables;
ii)
Análisis Residual: Cualquier utilidad residual que resulte después de la
aplicación del numeral anterior, se distribuirá entre los vinculados
involucrados en la operación en las proporciones en las cuales se habrían
distribuido si dichas partes vinculadas hubiesen sido partes independientes
actuando de conformidad con el Principio de Plena Competencia.
Cuando haya dos o más
operaciones independientes, y cada una de las cuales sea igualmente comparable
a la operación entre vinculados, se podrá obtener un rango de indicadores
financieros relevantes de precios o márgenes de utilidad, habiéndoles aplicado
el más apropiado de los métodos indicados en este Artículo. Este rango se
denominará de Plena Competencia. Este rango podrá ser ajustado mediante la
aplicación de métodos estadísticos, en particular el rango intercuartil, cuando
se considere apropiado.
Si los precios o márgenes de
utilidad del contribuyente se encuentran dentro del rango de Plena Competencia,
estos serán considerados acordes con los precios o márgenes utilizados en
operaciones entre partes independientes.
Si los precios o márgenes de
utilidad del contribuyente se encuentran fuera del rango de Plena Competencia,
la mediana de dicho rango se considerará como el precio o margen de utilidad de
Plena Competencia para las operaciones entre vinculados.
Para la determinación de cuál
de los métodos anteriores resulta más apropiado, en cada caso, se deben
utilizar los siguientes criterios: i) los hechos y circunstancias de las
transacciones controladas o analizadas, con base en un análisis funcional
detallado, ii) la disponibilidad de información confiable, particularmente de
operaciones entre terceros independientes, necesaria para la aplicación del
método, iii) el grado de comparabilidad de las operaciones controladas frente a
las independientes y iv) la confiabilidad de los ajustes de comparabilidad que
puedan ser necesarios para eliminar las diferencias materiales entre las
operaciones entre vinculados frente a las independientes.
Para los efectos de este artículo,
los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de
operación, activos y pasivos, se determinarán con base en los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Parágrafo
1°. Para el caso de operaciones de compraventa de acciones
que no coticen en bolsa o de aquellas operaciones que involucren la
transferencia de otros tipos de activos y que presenten dificultades en materia
de comparabilidad, se deberán utilizar los métodos de valoración financiera
comúnmente aceptados, en particular aquel que calcule el valor de mercado a
través del valor presente de los ingresos futuros, y bajo ninguna circunstancia
se aceptará como método válido de valoración el del Valor Patrimonial o Valor
Intrínseco.
Parágrafo
2°. Para los servicios intragrupo o acuerdo de costos compartidos,
prestado entre vinculados, el contribuyente debe demostrar la prestación real
del servicio y que el valor cobrado o pagado por dicho servicio se encuentra
cumpliendo el principio de plena competencia, de conformidad con lo establecido
en el presente artículo.
Parágrafo
3°. Reestructuraciones
empresariales. Se entiende como reestructuración empresarial la
redistribución de funciones, activos o riesgos que llevan a cabo las empresas
nacionales a sus vinculadas en el exterior. Para lo cual el contribuyente debe
tener una retribución en cumplimiento del principio de plena competencia.
Texto anterior art 260-3. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD
ENTRE VINCULADOS ECONÓMICOS Y PARTES INDEPENDIENTES. Para efectos del régimen
de precios de transferencia, se entiende que las operaciones son comparables
cuando no existen diferencias entre las características económicas relevantes
de éstas y las del contribuyente que afecten de manera significativa el precio
o margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo
260-2 o, si existen dichas diferencias, su efecto se puede eliminar mediante
ajustes técnicos económicos razonables.
Para determinar si las
operaciones son comparables o si existen diferencias significativas, se tomarán
en cuenta los siguientes atributos de las operaciones, dependiendo del método
seleccionado:
1. Las características de las
operaciones, incluyendo:
a) En el caso de operaciones
de financiamiento, elementos tales como el monto del principal, plazo,
calificación de riesgo, garantía, solvencia del deudor y tasa de interés;
b) En el caso de prestación
de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio y si el servicio
involucra o no una experiencia o conocimiento técnico;
c) En el caso de otorgamiento
del derecho de uso o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las
características físicas, calidad, confiabilidad, disponibilidad del bien y
volumen de la oferta;
d) En el caso de que se
conceda la explotación o se transmita un bien intangible, elementos tales como la
clase del bien, patente, marca, nombre comercial o “know-how”, la duración y el
grado de protección y los beneficios que se espera obtener de su uso;
e) En el caso de enajenación
de acciones, el patrimonio líquido de la emisora, ajustado por inflación, el
valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados, o la
cotización bursátil de la emisora del último hecho del día de la enajenación.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
2. Las funciones o
actividades económicas significativas, incluyendo los activos utilizados y
riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en
la operación.
3. Los términos contractuales
reales de las partes.
4. Las circunstancias
económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, tamaño del mercado,
nivel del mercado (por mayor o detal), nivel de la competencia en el mercado,
posición competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y
servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el mercado,
poder de compra de los consumidores, reglamentos gubernamentales, costos de
producción, costo de transportación y la fecha y hora de la operación.
5. Las estrategias de
negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y
ampliación del mercado.
Parágrafo. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. Cuando los ciclos de negocios o de aceptación comercial de los
productos del contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrá tomar en
consideración información del contribuyente y de las operaciones comparables
correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio
materia de fiscalización.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 260-4. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 114. Criterios de
comparabilidad para operaciones entre vinculados y terceros independientes. Para efectos del régimen de precios de transferencia, dos
operaciones son comparables cuando no existan diferencias significativas entre
ellas, que puedan afectar materialmente las condiciones analizadas a través de
la metodología de precios de transferencia apropiada. También son comparables
en los casos que dichas diferencias puedan eliminarse realizando ajustes
suficientemente fiables a fin de eliminar los efectos de dichas diferencias en
la comparación.
Para determinar si las
operaciones son comparables o si existen diferencias significativas, se
tomarán en cuenta los siguientes atributos de las operaciones, dependiendo del
método de precios de transferencia seleccionado:
1. Las características de las
operaciones, incluyendo:
a) En el caso de operaciones de
financiamiento, elementos tales como el monto del principal, el plazo, la
calificación de riesgo, la garantía, la solvencia del deudor y tasa de interés.
Los pagos de intereses, independientemente de la tasa de interés pactada, no
serán deducibles si no se cumple con los elementos de comparabilidad
enunciados. Lo anterior debido a que si los términos y condiciones de las
operaciones de financiamiento son tales que no son propias o no concuerdan con
las de las prácticas de mercado, dichas operaciones no serán consideradas como
préstamos ni intereses, sino como aportes de capital y serán tratadas como
dividendos;
b) En el caso de prestación de
servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio y “know-how”, o
conocimiento técnico;
c) En el caso de otorgamiento
del derecho de uso o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las
características físicas, calidad, confiabilidad, disponibilidad del bien y
volumen de la oferta;
d) En el caso en el que se
conceda la explotación o se transfiera un bien intangible, elementos tales como
la clase del bien, patente, marca, nombre comercial o “know-how”, la duración y
el grado de protección y los beneficios que se espera obtener de su uso;
e) En el caso de enajenación de
acciones, para efectos de comparabilidad, se debe considerar el valor presente
de las utilidades o flujos de efectivo proyectados, o la cotización bursátil
del emisor correspondiente al último día de la enajenación.
2. Las funciones o actividades
económicas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las
operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación.
3. Los términos contractuales de
las partes que se evidencien frente a la realidad económica de la operación.
4. Las circunstancias económicas o de
mercado, tales como ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado
(por mayor o detal), nivel de la competencia en el mercado, posición
competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y
servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el mercado,
poder de compra de los consumidores, reglamentos gubernamentales, costos de
producción, costo de transporte y la fecha y hora de la operación.
5. Las estrategias de negocios, incluyendo
las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado.
Parágrafo. En caso de
existir comparables internos, el contribuyente deberá tomarlos en cuenta de
manera prioritaria en el análisis de los precios de transferencia.
Texto anterior art 260-4. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. Declarado exequible por
la Sentencia
C-981 de 2005. Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
42. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta
cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o
superior al equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores
al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas
domiciliadas o residentes en el exterior, deberán preparar y enviar la
documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación con la que
demuestren la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de
transferencia, dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno
Nacional.
Ver Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Dicha documentación deberá
conservarse por un término mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1º
de enero del año siguiente al año gravable de su elaboración, expedición o
recibo y colocarse a disposición de la Administración Tributaria, cuando esta
(sic) así lo requiera.
Artículo 260-5. Reglamentado por el Decreto
2345 de 2019, por el
Decreto 2442 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 108. Documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria
comprende:
1. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios cuyo patrimonio bruto en el último día del año
o período gravable sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT
o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al
equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT, que celebren operaciones con
vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de este
Estatuto, deberán preparar y enviar la documentación comprobatoria que contenga
un informe maestro con la información global relevante del grupo multinacional
y un informe local con la información relativa a cada tipo de operación
realizada por el contribuyente en la que demuestren la correcta aplicación de
las normas del régimen de precios de transferencia, dentro de los plazos y
condiciones que establezca el Gobierno nacional.
La información financiera y
contable utilizada para la preparación de la documentación comprobatoria deberá
estar firmada por el representante legal y el contador público o revisor fiscal
respectivo.
2. A partir del año gravable
2016, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se
ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a continuación, deberán
presentar un informe país por país que contendrá información relativa a la
asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional
junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel
global:
a) Entidades controlantes de
Grupos Multinacionales, entendiéndose como tales aquellas que reúnan los
siguientes requisitos:
i) Sean residentes en Colombia.
ii) Tengan empresas filiales,
subsidiarias, sucursales o establecimientos permanentes, que residan o se
ubiquen en el extranjero, según sea el caso.
iii) No sean subsidiarias de otra
empresa residente en el extranjero.
iv) Estén obligadas a elaborar,
presentar y revelar estados financieros consolidados.
v) Hayan obtenido en el año o
periodo gravable inmediatamente anterior ingresos consolidados para efectos
contables equivalentes o superiores a ochenta y un millones (81.000.000) UVT;
b) Entidades residentes en el
territorio nacional o residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, que hayan sido designadas por la entidad controladora
del grupo multinacional residente en el extranjero como responsables de
proporcionar el informe país por país a que se refiere el presente numeral;
c) Una o más entidades o
establecimientos permanentes residentes o ubicados en el territorio nacional
que pertenezcan a un mismo grupo multinacional cuya matriz resida o se ubique
en el extranjero y que reúnan los siguientes requisitos:
i) Que de manera conjunta tengan
una participación en los ingresos consolidados del grupo multinacional igual o
mayor al veinte por ciento (20%);
ii) Que la matriz no haya
presentado en su país de residencia el informe país por país al que se refiere
el presente numeral, y
iii) Que el grupo multinacional
haya obtenido en el año o periodo gravable inmediatamente anterior ingresos
consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a ochenta y un
millones (81.000.000) UVT.
En caso de existir más de una
entidad o establecimiento permanente del Grupo residentes en Colombia y cuando
se cumplan los anteriores requisitos, será responsable de presentar el informe
país por país la entidad o establecimiento permanente que haya sido designado
por el grupo multinacional, o en su defecto, la entidad o establecimiento
permanente que posea el mayor patrimonio en Colombia a 31 de diciembre del año
gravable al que corresponde el informe país por país.
El informe país por país deberá
ser enviado en los medios, formatos, plazos y condiciones que establezca el
Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. El
incumplimiento de lo previsto en el numeral 2 de este artículo, será sancionable
de conformidad con lo previsto en el artículo 651 de este Estatuto y no le
aplicarán las sanciones establecidas en el literal A del artículo 260-11 de
este Estatuto.
Parágrafo 2°. La documentación de
que trata este artículo deberá conservarse por un término de cinco (5) años,
contados a partir del 1° de enero del año siguiente al año gravable de su
elaboración, expedición o recibo; o, por el término de firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable al
que corresponda la documentación, el que sea mayor, y ponerse a disposición de
la Administración Tributaria, cuando esta así lo requiera.
Texto anterior art 260-5. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 115. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período
gravable sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o cuyos
ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a
sesenta y un mil (61.000) UVT, que celebren operaciones con vinculados conforme
a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 de este Estatuto, deberán
preparar y enviar la documentación comprobatoria relativa a cada tipo de
operación con la que demuestren la correcta aplicación de las normas del
régimen de precios de transferencia, dentro de los plazos y condiciones que
establezca el Gobierno Nacional.
Dicha
documentación deberá conservarse por un término mínimo de cinco (5) años,
contados a partir del 1º de enero del año siguiente al año gravable de su
elaboración, expedición o recibo y colocarse a disposición de la Administración
Tributaria, cuando esta así lo requiera.
La
información financiera y contable utilizada para la preparación de la
documentación comprobatoria deberá estar certificada por el Revisor Fiscal.
Texto anterior art 260-5. AJUSTES. Cuando de
conformidad con lo establecido en un tratado internacional en materia
tributaria celebrado por Colombia, las autoridades competentes del país con el
que se hubiese celebrado el tratado, realicen un ajuste a los precios o montos
de contraprestación de un contribuyente residente en ese país y siempre que
dicho ajuste sea aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
la parte relacionada residente en Colombia podrá presentar una declaración de
corrección sin sanción en la que se refleje el ajuste correspondiente (sic)
Artículo 260-6. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 116. Ajustes. Cuando de conformidad con lo
establecido en un tratado internacional en materia tributaria celebrado por
Colombia, las autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado
el tratado, realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestación de un
contribuyente residente en ese país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la parte relacionada residente
en Colombia podrá presentar una declaración de corrección sin sanción en la que
se refleje el ajuste correspondiente.
Texto anterior art 260-6. Adicionado por la Ley 863 de
2003, artículo 43. PARAÍSOS FISCALES. Los paraísos fiscales serán
determinados por el Gobierno Nacional mediante reglamento, con base en el
cumplimiento del primero y uno cualquiera de los demás criterios que a
continuación se señalan:
1. Inexistencia de tipos
impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto
a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares.
2. Carencia de un efectivo
intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas
administrativas que lo limiten.
3. Falta de transparencia a
nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo.
4. Ausencia de requerimiento
de que se ejerza una actividad económica real que sea importante o sustancial
para el país o territorio o la facilidad con la que la jurisdicción acepta el
establecimiento de entidades privadas sin una presencia local sustantiva.
Además de los criterios
señalados, el Gobierno Nacional tendrá como referencia los criterios
internacionalmente aceptados para la determinación de los paraísos fiscales.
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional actualizará
el listado de paraísos fiscales, atendiendo los criterios señalados en este artículo,
cuando lo considere pertinente. Igualmente por razones de política exterior y
aun cuando se encuentren dentro de los criterios señalados, podrá no atribuir
tal calidad a algunas jurisdicciones.
Parágrafo 2º. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre
residentes o domiciliados en Colombia y residentes o domiciliados en paraísos
fiscales en materia del impuesto sobre la renta, son operaciones entre
vinculados económicos o partes relacionadas en las que los precios y montos de
las contraprestaciones no se pactan conforme con los que hubieran utilizado partes
independientes en operaciones comparables. Para efectos del presente artículo,
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen
estas operaciones deberán cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos
260-4 y 260-8 del Estatuto Tributario, aunque su patrimonio bruto en el último
día del año o periodo gravable o sus ingresos brutos del respectivo año sean
inferiores a los topes allí señalados.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78 y las siguientes normas sobre fijación de plazos para
presentación y pago de declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820 de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511 de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321 de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049 de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588 de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795 de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805 de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714 de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818 de 2007, Decreto 4680 de 2008, Decreto 4929 de 2009, Decreto 4836 de 2010 y el Decreto 920 de 2011
Artículo 260-7. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 109. Jurisdicciones no
cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios se tendrán las siguientes
definiciones:
1. Las jurisdicciones no
cooperantes y de baja o nula imposición, serán determinadas por el Gobierno
nacional mediante reglamento, con base en el cumplimiento de uno cualquiera de
los criterios que a continuación se señalan:
a) Inexistencia de tipos
impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto
a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares;
b) Carencia de un efectivo
intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas
administrativas que lo limiten;
c) Falta de transparencia a nivel
legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo;
d) Inexistencia del requisito de
una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con
sustancia económica;
e) Además de los criterios
señalados, el Gobierno nacional tendrá como referencia los criterios
internacionalmente aceptados para la determinación de las jurisdicciones no
cooperantes o de baja o nula imposición.
2. Los regímenes tributarios
preferenciales son aquellos que cumplan con al menos dos (2) de los siguientes
criterios:
a) Inexistencia de tipos
impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto
a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares;
b) Carencia de un efectivo
intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas
administrativas que lo limiten;
c) Falta de transparencia a nivel
legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo;
d) Inexistencia del requisito de
una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con
sustancia económica;
e) Aquellos regímenes a los que
sólo pueden tener acceso personas o entidades consideradas como no residentes
de la jurisdicción en la que opera el régimen tributario preferencial
correspondiente (ring fencing).
Adicionalmente, el Gobierno
nacional, con base en los anteriores criterios y en aquellos internacionalmente
aceptados podrá, mediante reglamento, listar regímenes que se consideran como
regímenes tributarios preferenciales.
Parágrafo 1°. El
Gobierno nacional actualizará los listados de que trata este artículo,
atendiendo los criterios señalados en este artículo, cuando lo considere
pertinente.
Parágrafo 2°. Sin
perjuicio de lo consagrado en las demás disposiciones de este Estatuto, las
operaciones que realicen los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula
imposición y a entidades sometidas a regímenes tributarios preferenciales
deberán estar sometidas al régimen de precios de transferencia y cumplir con la
obligación de presentar la documentación comprobatoria a la que se refiere el
artículo 260-5 de este Estatuto y la declaración informativa a la que se
refiere el artículo 260-9 de este Estatuto con respecto a dichas operaciones,
independientemente de que su patrimonio bruto en el último día del año o
periodo gravable, o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a
los topes allí señalados.
Parágrafo 3°. Cuando
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios realicen
operaciones que resulten en pagos a favor de personas, sociedades, entidades o
empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en una jurisdicción no cooperante
o de baja o nula imposición o a una entidad sometida a un régimen tributario
preferencial, que sean vinculados conforme a lo establecido en el artículo
260-1 de este Estatuto, dichos contribuyentes deberán documentar y demostrar el
detalle de las funciones realizadas, activos empleados, riesgos asumidos y la
totalidad de los costos y gastos incurridos por la persona o empresa ubicada,
residente o domiciliada en la jurisdicción no cooperante o de baja o nula
imposición y o por la entidad sometida a un régimen tributario preferencial
para la realización de las actividades que generaron los mencionados pagos, so
pena de que, dichos pagos sean tratados como no deducibles del impuesto sobre
la renta y complementarios.
Parágrafo 4°. Para
todos los efectos legales, el término paraíso fiscal se asimila al de
jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición.
Texto anterior art 260-7. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
117. Paraísos
fiscales. Los paraísos fiscales serán determinados por el Gobierno
Nacional mediante reglamento, con base en el cumplimiento de uno cualquiera de
los criterios que a continuación se señalan:
1. Inexistencia de tipos
impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto
a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares.
2. Carencia de un efectivo
intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas
administrativas que lo limiten.
3. Falta de transparencia a nivel
legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo.
4. Inexistencia del requisito de
una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con
sustancia económica.
Además de los criterios
señalados, el Gobierno Nacional tendrá como referencia los criterios internacionalmente
aceptados para la determinación de los paraísos fiscales.
Parágrafo
1°. El Gobierno Nacional actualizará el listado de paraísos
fiscales, atendiendo los criterios señalados en este artículo, cuando lo
considere pertinente.
Parágrafo
2°. Sin perjuicio de lo consagrado en las demás disposiciones
de este Estatuto, las operaciones que realicen los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios con personas, sociedades, entidades o empresas
ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales deberán estar
sometidas al régimen de precios de transferencia y cumplir con la obligación de
presentar la documentación comprobatoria a la que se refiere el artículo 260-5
de este Estatuto y la declaración informativa a la que se refiere el artículo
260-9 de este Estatuto con respecto a dichas operaciones, independientemente de
que su patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable, o sus
ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a los topes allí señalados.
Parágrafo 3°. Cuando los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios realicen operaciones que resulten en
pagos a favor de personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en un paraíso fiscal, dichos contribuyentes deberán
documentar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, activos
empleados, riesgos asumidos y la totalidad de los costos y gastos incurridos
por la persona o empresa ubicada, residente o domiciliada en el paraíso fiscal
para la realización de las actividades que generaron los mencionados pagos, so
pena de que, dichos pagos sean tratados como no deducibles del impuesto sobre
la renta y complementarios.
Texto anterior art 260-7. COSTOS Y DEDUCCIONES. Lo
dispuesto en los artículos 90, 90-1, 124-1, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo
312 del Estatuto Tributario, no se aplicará a los contribuyentes que cumplan
con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 260-1 del Estatuto
Tributario en relación con las operaciones a las cuales se le aplique este
régimen.
Las operaciones a las cuales
se les apliquen las normas de precios de transferencia, no están cobijadas con
las limitaciones a los costos y gastos previstos en este Estatuto para los
vinculados económicos.
Artículo 260-8. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 110. Ingresos, costos y
deducciones. Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 124-2, el parágrafo 2° del
artículo 143, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 de este Estatuto, no
se aplicará a los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen de
precios de transferencia determinado en los artículos 260-1, 260-2 y 260-7 del Estatuto Tributario y demuestren que la
operación cumple el principio de plena competencia.
Texto anterior art 260-8.
Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 118. Costos y
deducciones. Lo
dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo
312 de este Estatuto, no se aplicará a los contribuyentes que cumplan con la
obligación señalada en el inciso primero del artículo 260-5 de este Estatuto en
relación con las operaciones a las cuales se les aplique este régimen.
Las operaciones a las cuales se les apliquen las normas de precios
de transferencia, no están cobijadas con las limitaciones a los costos y gastos
previstos en este Estatuto para los vinculados.
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el inciso 2° del artículo
156 de este Estatuto.
Texto anterior art 260-8. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. Modificado Ley 863 de
2003, artículo 44. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN INFORMATIVA. Los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la
aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia,
cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o
superior al equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores
al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas
domiciliadas o residentes en el exterior, deberán presentar anualmente una
declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos
o partes relacionadas.
Parágrafo 1º. En los casos de subordinación,
control o situación de grupo empresarial, de acuerdo con los supuestos
previstos en los artículos 260, 261, 263 y 264 del Código de Comercio; el artículo
28 de la Ley 222 de 1995 y
los artículos 450 y 452 del Estatuto Tributario, el ente controlante o matriz
deberá presentar una declaración e incluir en ella todas las operaciones
relacionadas durante el período declarado, cuando el ente controlante o matriz
o cualquiera de las sociedades subordinadas o controladas o entidades del grupo
empresarial, tengan independientemente la obligación de presentar declaración
informativa. Ver Resolución 3915 de
2010, Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 260-9. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019, por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 1951 de 2017. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 119. Obligación de presentar declaración informativa. Los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la
aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia,
cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o
superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o cuyos ingresos brutos del
respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil
(61.000) UVT, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido
en los artículos 260-1 y 260-2 de este Estatuto, deberán presentar anualmente
una declaración informativa de las operaciones realizadas con dichos
vinculados.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.2.3.1 y 1.2.2.3.2. Concepto 33106 de 2015, DIAN. Resolucion 70 de 2015. Resolución 33 de 2015, DIAN. Ver Decreto 2623 de 2014.
Texto anterior art 260-9. Reglamentado por el Decreto 4349
de 2004. Adicionado por la Ley 863 de
2003, artículo 45. ACUERDOS ANTICIPADOS DE PRECIOS. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar acuerdos con contribuyentes del
impuesto sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se
determine el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que
realicen con sus vinculados económicos o partes relacionadas, en los términos
que establezca el reglamento.
La determinación de los
precios mediante acuerdo se hará con base en los métodos y criterios de que
trata este Capítulo y podrá surtir efectos en el período gravable en que se
solicite, y hasta por los tres (3) períodos gravables siguientes.
Los contribuyentes deberán
solicitar por escrito la celebración del acuerdo. La Administración Tributaria,
tendrá un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la presentación
de la solicitud, para efectuar los análisis pertinentes, solicitar y recibir
modificaciones y aclaraciones y aceptar o rechazar la solicitud.
El contribuyente podrá
solicitar la modificación del acuerdo, cuando considere que durante la vigencia
del mismo se han presentado variaciones significativas de los supuestos tenidos
en cuenta al momento de la celebración. La Administración Tributaria tendrá un
término de dos (2) meses para aceptar, desestimar o rechazar la solicitud, de
conformidad con lo previsto en el reglamento.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que se han presentado variaciones significativas en los
supuestos considerados al momento de suscribir el acuerdo, podrá informar al
contribuyente sobre tal situación. El contribuyente dispondrá de un (1) mes a partir
del conocimiento del informe para solicitar la modificación del acuerdo. Si
vencido este plazo, no presenta la correspondiente solicitud, la Administración
Tributaria cancelará el acuerdo.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que el contribuyente ha incumplido alguna de las condiciones
pactadas en el acuerdo suscrito, procederá a su cancelación.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que durante cualquiera de las etapas de negociación o
suscripción del acuerdo, o durante la vigencia del mismo, el contribuyente
suministró información que no se corresponde con la realidad, revocará el
acuerdo dejándolo sin efecto desde la fecha de su suscripción.
El contribuyente que suscriba
un acuerdo, deberá presentar un informe anual de las operaciones amparadas con
el acuerdo en los términos que establezca el reglamento.
Contra las resoluciones que
rechacen las solicitudes de acuerdo presentadas por los contribuyentes, las que
desestimen o rechacen las solicitudes de modificación del acuerdo, y aquellas
por medio de las cuales la Administración Tributaria cancele o revoque
unilateralmente el acuerdo, procederá el recurso de reposición que se deberá
interponer ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los quince (15)
días siguientes a su notificación.
La Administración Tributaria
tendrá un término de dos (2) meses contados (sic) partir de su interposición
para resolver el recurso.
Los acuerdos a que se refiere
el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las facultades de
fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 260-10. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 112. Acuerdos anticipados
de precios. La Administración Tributaria tendrá la facultad de celebrar acuerdos con contribuyentes
del impuesto sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se
determine el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que
realicen con sus vinculados, en los términos que establezca el reglamento.
La determinación de los precios
mediante acuerdo se hará con base en los métodos y criterios de que trata este
capítulo y podrá surtir efectos en el año en que se suscriba el acuerdo, el año
inmediatamente anterior, y hasta por los tres (3) períodos gravables siguientes
a la suscripción del acuerdo.
Los contribuyentes deberán
solicitar por escrito la celebración del acuerdo. La Administración Tributaria,
tendrá un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la presentación
de la solicitud de acuerdos unilaterales, para efectuar los análisis
pertinentes, solicitar y recibir modificaciones y aclaraciones y aceptar o
rechazar la solicitud para iniciar el proceso. Para acuerdos bilaterales o
multilaterales, el tiempo será el que se determine conjuntamente entre las
autoridades competentes de dos o más estados.
Para el caso de acuerdos
unilaterales, el proceso deberá finalizar en el plazo de dos (2) años contados
a partir de la fecha de aceptación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo
sin haberse suscrito el acuerdo anticipado de precios, la propuesta podrá
entenderse desestimada.
Una vez suscrito el acuerdo
anticipado de precios, el contribuyente podrá solicitar la modificación del
acuerdo, cuando considere que durante la vigencia del mismo se han presentado
variaciones significativas de los supuestos tenidos en cuenta al momento de su
celebración. La Administración Tributaria tendrá un término de dos (2) meses
para aceptar, desestimar o rechazar la solicitud, de conformidad con lo
previsto en el reglamento.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que se han presentado variaciones significativas en los
supuestos considerados al momento de suscribir el acuerdo, informará al
contribuyente sobre tal situación. El contribuyente dispondrá de un mes (1) a
partir del conocimiento del informe para solicitar la modificación del acuerdo.
Si vencido este plazo no presenta la correspondiente solicitud, la
Administración Tributaria cancelará el acuerdo.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que el contribuyente ha incumplido alguna de las
condiciones pactadas en el acuerdo suscrito, procederá a su cancelación.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que durante cualquiera de las etapas de negociación o
suscripción del acuerdo, o durante la vigencia del mismo, el contribuyente
suministró información que no corresponde con la realidad, revocará el acuerdo
dejándolo sin efecto desde la fecha de su suscripción.
El contribuyente que suscriba un
acuerdo, deberá presentar un informe anual de las operaciones amparadas con el
acuerdo en los términos que establezca el reglamento.
No procederá recurso alguno
contra los actos que se profieran durante las etapas previas a la suscripción
del acuerdo o durante el proceso de análisis de la solicitud de modificación de
un acuerdo.
Contra las resoluciones por medio
de las cuales la administración tributaria cancele o revoque unilateralmente el
acuerdo, procederá el recurso de reposición que se deberá interponer ante el
funcionario que tomó la decisión, dentro de los quince (15) días siguientes a
su notificación.
La Administración Tributaria
tendrá un término de dos (2) meses contados a partir de su interposición para
resolver el recurso.
Texto anterior art 260-10. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
120. Acuerdos
anticipados de precios. La Administración Tributaria tendrá la
facultad de celebrar acuerdos con contribuyentes del impuesto sobre la renta,
nacionales o extranjeros, mediante los cuales se determine el precio o margen
de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus vinculados, en
los términos que establezca el reglamento.
La determinación de los precios
mediante acuerdo se hará con base en los métodos y criterios de que trata este
capítulo y podrá surtir efectos en el año en que se suscriba el acuerdo, el año
inmediatamente anterior, y hasta por los tres (3) períodos gravables siguientes
a la suscripción del acuerdo.
Los contribuyentes deberán solicitar
por escrito la celebración del acuerdo. La Administración Tributaria, tendrá un
plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la presentación de la
solicitud de acuerdos unilaterales, para efectuar los análisis pertinentes,
solicitar y recibir modificaciones y aclaraciones y aceptar o rechazar la
solicitud. Para acuerdos bilaterales o multilaterales, el tiempo será el que se
determine conjuntamente entre las autoridades competentes de dos o más Estados.
El contribuyente podrá solicitar
la modificación del acuerdo, cuando considere que durante la vigencia del mismo
se han presentado variaciones significativas de los supuestos tenidos en
cuenta al momento de su celebración. La Administración Tributaria tendrá un
término de dos (2) meses para aceptar, desestimar o rechazar la solicitud, de
conformidad con lo previsto en el reglamento.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que se han presentado variaciones significativas en los
supuestos considerados al momento de suscribir el acuerdo, podrá informar al
contribuyente sobre tal situación. El contribuyente dispondrá de un mes (1) a partir
del conocimiento del informe para solicitar la modificación del acuerdo. Si
vencido este plazo no presenta la correspondiente solicitud, la Administración
Tributaria cancelará el acuerdo.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que el contribuyente ha incumplido alguna de las
condiciones pactadas en el acuerdo suscrito, procederá a su cancelación.
Cuando la Administración
Tributaria establezca que durante cualquiera de las etapas de negociación o
suscripción del acuerdo, o durante la vigencia del mismo, el contribuyente
suministró información que no corresponde con la realidad, revocará el acuerdo
dejándolo sin efecto desde la fecha de su suscripción.
El contribuyente que suscriba un
acuerdo, deberá presentar un informe anual de las operaciones amparadas con el
acuerdo en los términos que establezca el reglamento.
Contra las resoluciones que
rechacen las solicitudes de acuerdo presentadas por los contribuyentes, las que
desestimen o rechacen las solicitudes de modificación del acuerdo, y aquellas
por medio de las cuales la Administración Tributaria cancele unilateralmente el
acuerdo, procederá el recurso de reposición que se deberá interponer ante el
funcionario que tomó la decisión, dentro de los quince (15) días siguientes a
su notificación.
La Administración Tributaria tendrá
un término de dos (2) meses contados a partir de su interposición para resolver
el recurso.
Texto anterior art 260-10. Adicionado por la Ley 1430 de
2010, artículo 41. Sanciones por el incumplimiento de obligaciones
formales del régimen de precios de transferencia. La sanción relativa a la
documentación comprobatoria a que se refiere el numeral 1 del literal a) del artículo
260-10 de este Estatuto, no podrá exceder de quince mil UVT (15.000 UVT) y la
contemplada en el numeral 2 del mismo literal no podrá exceder de veinte mil
UVT (20.000 UVT).
Las sanciones relativas a la
declaración informativa a que se refiere el literal b) del artículo 260-10 de
este Estatuto, no podrán exceder de veinte mil UVT (20.000 UVT).
Parágrafo. Los límites establecidos en este artículo
se aplicarán a las sanciones que se impongan a partir de la vigencia de esta
modificación.
Texto anterior art 260-10. Modificado por la Ley 863 de
2003, artículo 46. SANCIONES RELATIVAS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Y A LA DECLARACIÓN INFORMATIVA. Respecto a la documentación comprobatoria y a
la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:
A. Documentación
comprobatoria
1. El uno por ciento (1%) del
valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes
relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, respecto de las cuales
se suministró la información de manera extemporánea, presente errores, no
corresponda a lo solicitado o no permita verificar la aplicación de los precios
de transferencia, sin que exceda de la suma de quinientos millones de pesos
($500.000.000) (Valor año base 2004).
En los casos en que no sea
posible establecer la base, la sanción por extemporaneidad o por
inconsistencias de la documentación comprobatoria será del medio por ciento (0.5%)
de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma
vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren
ingresos, se aplicará el medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto reportado
en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última
declaración presentada, sin que exceda de la suma de quinientos millones de
pesos ($500.000.000) (Valor año base 2004).
2. El uno por ciento (1%) del
valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes
relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, respecto de las cuales
no se suministró la información, sin que exceda de la suma de setecientos
millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004) y el desconocimiento de
los costos y deducciones, originados en operaciones realizadas con vinculados
económicos o partes relacionadas, respecto de las cuales no se suministró la
información.
Cuando no sea posible
establecer la base, la sanción será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos
netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la
última declaración presentada. Si no existieren ingresos, se aplicará el medio
por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente reportado en la
declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración
presentada, sin que exceda de la suma de setecientos millones de pesos
($700.000.000) (Valor año base 2004).
El procedimiento para la
aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos
637 y 638 de este Estatuto. Cuando la sanción se imponga mediante resolución
independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad
sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder.
Las sanciones pecuniarias a
que se refiere el presente artículo, se reducirán al cincuenta por ciento (50%)
de la suma determinada en el pliego de cargos, si la omisión, el error o la
inconsistencia son subsanados antes de que se notifique la imposición de la
sanción; o al setenta y cinco por ciento (75%) de tal suma, si la omisión, el
error o la inconsistencia son subsanados dentro de los dos (2) meses siguientes
a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso,
se deberá presentar ante la dependencia que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se
acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la
misma.
En todo caso si el
contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por
desconocimiento de costos y deducciones.
Una vez notificada la
liquidación solo serán aceptados los costos y deducciones, respecto de los
cuales se demuestre plenamente que fueron determinados conforme con el régimen
de precios de transferencia.
B. Declaración informativa
1. Declarado exequible por las Sentencias C-815 de
2009 y C-229 de
2010. El uno por ciento (1%) del valor total de las
operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante
la vigencia fiscal correspondiente, por cada mes o fracción de mes calendario
de retardo en la presentación de la declaración, sin que exceda de la suma de
setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004).
Cuando no sea posible
establecer la base, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos reportados en la
declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración
presentada. Si no existieren ingresos, la sanción por cada mes o fracción de
mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto
del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma de
setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004).
2. Declarado exequible por las Sentencias C-815 de
2009 y C-229 de
2010. Cuando la declaración informativa se presente
con posterioridad al emplazamiento la sanción será del doble de la establecida
en el parágrafo anterior.
3. Cuando los
contribuyentes corrijan la declaración informativa a que se refiere este artículo
deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del
valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes
relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la
suma de setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004).
(Declarado exequible por las Sentencias C-815 de 2009 y C-229 de 2010, el aparte subrayado en este numeral)
Se presentan inconsistencias
en la declaración informativa, en los siguientes casos:
a) Los señalados en los artículos
580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario;
b) Cuando a pesar de haberse
declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con
vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato
equivocado;
c) Cuando no haya
consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa
y los reportados en sus anexos;
d) Cuando no haya
consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa
y/o en sus anexos, con la documentación comprobatoria de que trata el artículo
260-4 del Estatuto Tributario.
Las anteriores
inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2) años siguientes al
vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado
requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de
la sanción por extemporaneidad, sin que exceda de setecientos millones de pesos
($700.000.000). (Valor año base 2004).
Cuando el contribuyente no
liquide la sanción por corrección o la liquide por un menor valor al que
corresponda, la Administración Tributaria la aplicará incrementada en un
treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701.
4. Cuando no se presente
la declaración informativa dentro del término establecido para dar respuesta al
emplazamiento para declarar, se aplicará una sanción equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados
económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente,
sin que exceda de la suma de setecientos millones de pesos ($700.000.000)
(Valor año base 2004).
Quienes incumplan la
obligación de presentar la declaración informativa, estando obligados a ello,
serán emplazados por la Administración Tributaria, previa comprobación de su
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes.
El contribuyente que no
presente la declaración informativa, no podrá invocarla posteriormente como
prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra.
Cuando no
sea posible establecer la base, la sanción será del diez por ciento (10%) de
los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, se
aplicará el diez por ciento (10%) del patrimonio bruto del contribuyente
reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última
declaración presentada, sin que exceda de la suma de setecientos millones de
pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). (Declarado exequible por las Sentencias C-815 de 2009 y C-229 de 2010, el aparte subrayado en este numeral)
La sanción pecuniaria por no
declarar prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir del
vencimiento del plazo para declarar.
El procedimiento para la
aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos
637 y 638 de este Estatuto.
Cuando la sanción se imponga
mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la
persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder.
Si dentro del término para
interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no
declarar, el contribuyente presenta la declaración, la sanción por no presentar
la declaración informativa, se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) de
la suma determinada por la Administración Tributaria, en cuyo caso, el contribuyente
deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración informativa. Para tal
efecto, se deberá presentar ante la dependencia competente para conocer de los
recursos tributarios de la respectiva Administración, un memorial de aceptación
de la sanción reducida con el cual se acredite que la omisión fue subsanada,
así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
La sanción reducida no podrá
ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de
conformidad con lo previsto en el presente artículo.
Cuando el contribuyente no
liquide en su declaración informativa las sanciones aquí previstas, a que
estuviere obligado o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria
las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con
lo establecido en el artículo 701 de este Estatuto.
Cuando el contribuyente no
hubiere presentado la declaración informativa, o la hubiere presentado con
inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquidación de aforo, liquidación
de revisión o liquidación de corrección aritmética respecto a la declaración
informativa, pero la Administración Tributaria efectuará las modificaciones a
que haya lugar derivadas de la aplicación de las normas de precios de
transferencia, o de la no presentación de la declaración informativa o de la
documentación comprobatoria, en la declaración del impuesto sobre la renta del
respectivo año gravable, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Libro V
del Estatuto Tributario.
Parágrafo. En relación con el régimen de
precios de transferencia, constituye inexactitud sancionable la utilización en
la declaración del impuesto sobre la renta, en la declaración informativa, en
la documentación comprobatoria o en los informes suministrados a las oficinas
de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados y/o la determinación de los ingresos, costos, deducciones,
activos y pasivos en operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas, con precios o márgenes de utilidad que no estén acordes con los
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, de los
cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor
para el contribuyente. Para el efecto, se aplicará la sanción prevista en el artículo
647 de este Estatuto. (Declarado
exequible por la Sentencia C-571 de 2010, el aparte subrayado en este
parágrafo)
Parágrafo 2º transitorio. La sanción por
inconsistencias de la documentación comprobatoria de que trata el numeral 1 del
literal a); la sanción por corrección de la declaración informativa contenida
en el numeral 3 del literal b) de este artículo; así como las sanciones por
corrección y por inexactitud de la declaración de renta, cuando estas (sic) se
originen en la no aplicación o aplicación incorrecta del régimen de Precios de
Transferencia, serán aplicables a partir del año gravable 2005.
Sin perjuicio de lo anterior,
la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización,
podrá modificar mediante Liquidación Oficial de Revisión la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios, para determinar mayor impuesto,
mayor renta líquida o menor pérdida líquida, por no aplicación o aplicación
incorrecta del régimen de Precios de Transferencia.
Ver Ley 1111 de 2006 y Circular 118 de 2005.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008
y 2009.
Artículo 260-11. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 111. Sanciones respecto de
la documentación comprobatoria y de la declaración informativa. Respecto a la
documentación comprobatoria y a la declaración informativa se aplicarán las
siguientes sanciones:
1. Documentación comprobatoria.
a) Sanción por extemporaneidad. La presentación extemporánea de la
documentación comprobatoria dará lugar a una sanción por extemporaneidad, la
cual se determinará de la siguiente manera:
i) Presentación dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
documentación comprobatoria: la presentación extemporánea de la documentación
comprobatoria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo para su presentación, dará lugar a una sanción del cero punto cero
cinco por ciento (0.05%) del valor total de las operaciones sujetas a
documentar, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a cuatrocientas
diecisiete (417) UVT.
ii) Presentación con
posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para presentar la documentación comprobatoria: la presentación extemporánea de
la documentación comprobatoria con posterioridad a los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo para su presentación, dará lugar a una
sanción del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total de las operaciones
sujetas a documentar, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en
la presentación de la documentación, sin que dicha sanción exceda por cada mes
o fracción de mes la suma equivalente a mil seiscientas sesenta y siete (1.667)
UVT.
La sanción total resultante de la
aplicación de este literal no excederá la suma equivalente a veinte mil
(20.000) UVT;
b) Sanción por inconsistencias en la documentación comprobatoria.
Cuando la documentación comprobatoria, presente inconsistencias tales como
errores en la información, información cuyo contenido no corresponde a lo
solicitado, o información que no permite verificar la aplicación del régimen de
precios de transferencia, habrá lugar a una sanción equivalente al uno por
ciento (1%) del valor de la operación respecto de la cual se suministró la
información inconsistente.
Cuando no sea posible establecer la base, la sanción corresponderá al cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor total de las operaciones consignadas en la
declaración informativa. Si no es posible establecer la base teniendo en cuenta
la información consignada en la declaración informativa, dicha sanción
corresponderá al cero punto cinco por ciento (0.5%) de los ingresos netos
reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la
última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si no existieren
ingresos, la sanción corresponderá al cero punto cinco por ciento (0.5%) del
patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
numeral no excederá la suma equivalente a cinco mil (5.000) UVT.
Esta sanción no será aplicable
para los casos en los que se configure lo señalado en los numerales 4 y 5 de
este literal;
c) Sanción por no presentar documentación comprobatoria. Cuando el
contribuyente no presente la documentación comprobatoria estando obligado a
ello, habrá lugar a una sanción equivalente a:
i) El cuatro por ciento (4%) del
valor total de las operaciones con vinculado respecto de las cuales no presentó
documentación comprobatoria.
Cuando no sea posible establecer
la base, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del valor total de las
operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la
declaración informativa, dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%) de
los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si
no existieren ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del
patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
literal no excederá la suma equivalente a veinte cinco mil (25.000) UVT.
Adicionalmente operará el
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se presentó documentación comprobatoria.
ii) El seis por ciento (6%) del
valor total de las operaciones realizadas con personas, sociedades, entidades o
empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, respecto de
las cuales no presentó documentación comprobatoria.
Cuando no sea posible establecer
la base, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) del valor total de las
operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la
declaración informativa, dicha sanción corresponderá al dos por ciento (2%) de
los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si
no existieren ingresos, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) del
patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
literal no excederá la suma equivalente a treinta mil (30.000) UVT.
Adicionalmente operará el
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se presentó documentación comprobatoria.
En todo caso, si el contribuyente
presenta la documentación comprobatoria con anterioridad a la notificación de
la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por
desconocimiento de costos y deducciones.
La sanción pecuniaria por no
presentar documentación comprobatoria prescribe en el término de cinco (5) años
contados a partir del vencimiento del plazo para presentar la documentación
comprobatoria.
d) Sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria.
Cuando en la documentación comprobatoria se omita información total o parcial
relativa a las operaciones con vinculados, habrá lugar a una sanción
equivalente a:
i) El dos por ciento (2%) de la
suma respecto de la cual se omitió información total o parcial en la
documentación comprobatoria.
ii) Cuando la omisión no
corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la
documentación comprobatoria, la sanción será del dos por ciento (2%) del valor
de la operación respecto de la cual no se suministró la información.
Cuando no sea posible establecer
la base, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del valor total de las
operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la
declaración informativa, dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%) de
los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si
no existieren ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del
patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
numeral no excederá la suma equivalente a cinco mil (5.000) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sujetas a documentar, en el año o período gravable al que se
refiere la documentación comprobatoria, tengan un monto inferior al equivalente
a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en este numeral no podrá
exceder la suma equivalente a mil cuatrocientas (1.400) UVT.
Adicionalmente operará el
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se suministró información.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
e) Sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria
relativa a operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Cuando en la
documentación comprobatoria se omita información total o parcial relativa a
operaciones realizadas con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, además del desconocimiento de
los costos y deducciones originados en dichas operaciones, habrá lugar a una
sanción equivalente a:
i) El cuatro por ciento (4%) de
la suma respecto de la cual se omitió información total o parcial en la documentación
comprobatoria.
ii) Cuando la omisión no
corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la
documentación comprobatoria, la sanción será del cuatro por ciento (4%) del
valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información.
Cuando no sea posible establecer
la base, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) del valor total de las
operaciones consignadas en la declaración informativa. Si no es posible
establecer la base teniendo en cuenta la información consignada en la
declaración informativa, dicha sanción corresponderá al dos por ciento (2%) de
los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si
no existieren ingresos, la sanción corresponderá al dos por ciento (2%) del
patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia
fiscal o en la última declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
numeral no excederá la suma equivalente a diez mil (10.000) UVT.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
f) Sanción reducida en relación con la documentación comprobatoria.
Las sanciones pecuniarias a que se refieren los numerales 2, 4 y 5 del literal
A de este artículo se reducirán al cincuenta por ciento (50%) de la suma
determinada en el pliego de cargos o en el requerimiento especial, según el
caso, si las inconsistencias u omisiones son subsanadas por el contribuyente
antes de la notificación de la resolución que impone la sanción o de la
liquidación oficial de revisión, según el caso. Para tal efecto, se deberá
presentar ante la dependencia que esté conociendo de la investigación un
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la
omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
Lo establecido en el presente
numeral no podrá ser aplicado de forma concomitante con lo establecido en el
artículo 640 de este Estatuto.
g) Sanción por corrección de la documentación comprobatoria. Cuando
el contribuyente corrija la documentación comprobatoria modificando: i) el
precio o margen de utilidad; ii) los métodos para determinar el precio o margen
de utilidad; iii) el análisis de comparabilidad, o iv) el rango, habrá lugar a
una sanción del uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones
corregidas, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a cinco mil
(5.000) UVT.
Cuando, con posterioridad a la
notificación del requerimiento especial o del pliego de cargos, según el caso,
el contribuyente corrija la documentación comprobatoria modificando el precio o
margen de utilidad, los métodos para determinar el precio o margen de utilidad,
o el análisis de comparabilidad, o el rango, habrá lugar a una sanción del
cuatro por ciento (4%) del valor total de las operaciones corregidas, sin que
dicha sanción exceda la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
La documentación comprobatoria
podrá ser corregida voluntariamente por el contribuyente dentro del mismo
término de corrección de las declaraciones tributarias establecido en el
artículo 588 de este Estatuto, contados a partir del vencimiento del plazo para
presentar documentación.
En ningún caso la documentación
comprobatoria podrá ser modificada por el contribuyente con posterioridad a la
notificación de la liquidación oficial de revisión o la resolución sanción.
2. Declaración Informativa.
a) Sanción por extemporaneidad. La presentación extemporánea de la
declaración informativa dará lugar a una sanción por extemporaneidad, la cual
se determinará de la siguiente manera:
i) Presentación dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
declaración informativa: la presentación extemporánea de la declaración
informativa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del
plazo para su presentación, dará lugar a una sanción del cero punto cero dos
por ciento (0.02%) del valor total de las operaciones sujetas al régimen de
precios de transferencia, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a
trescientas trece (313) UVT.
ii) Presentación con
posterioridad a los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para presentar la declaración informativa: la presentación extemporánea de la
declaración informativa con posterioridad a los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo para su presentación, dará lugar a una
sanción del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de las operaciones
sujetas al régimen de precios de transferencia, por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo en la presentación de la declaración informativa, sin que
dicha sanción exceda por cada mes o fracción de mes la suma equivalente a mil
doscientos cincuenta (1.250) UVT.
La sanción total resultante de la
aplicación de este literal no excederá la suma equivalente a quince mil (15.000)
UVT.
b) Sanción por inconsistencias en la declaración informativa. Cuando
la declaración informativa contenga inconsistencias respecto a una o más
operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, habrá lugar a una
sanción equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor de la
operación respecto de la cual se suministró la información inconsistente. La
sanción señalada en este numeral no excederá la suma equivalente a dos mil
doscientas ochenta (2.280) UVT.
Se entiende que se presentan
inconsistencias en la declaración informativa cuando los datos y cifras
consignados en la declaración informativa presenten errores o cuando no
coincidan con la documentación comprobatoria o con la contabilidad y los
soportes.
Esta sanción no será aplicable
para los casos en los que se configure lo señalado en los numerales 3 y 4 de
este literal.
c) Sanción por omisión de información en la declaración informativa. Cuando
en la declaración informativa se omita información total o parcial relativa a las
operaciones con vinculados habrá lugar a una sanción equivalente a:
i) El uno punto tres por ciento
(1.3%) de la suma respecto de las cual se omitió información total o parcial en
la declaración informativa.
ii) Cuando la omisión no
corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la
declaración informativa, la sanción será del uno punto tres por ciento (1.3%)
del valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información.
Cuando no sea posible establecer
la base dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%) de los ingresos
netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la
última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si no existieren
ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del patrimonio bruto
reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última
declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
numeral no excederá la suma equivalente a tres mil (3.000) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
período gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un monto
inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en
este numeral no podrá exceder el equivalente a mil (1.000) UVT.
Adicionalmente operará el
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se suministró información.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
d) Sanción por omisión de información en la declaración informativa,
relativa a operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas,
residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Cuando en la declaración
informativa se omita información relativa a operaciones realizadas con
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas
en paraísos fiscales, además del desconocimiento de los costos y deducciones
originados en dichas operaciones, habrá lugar a una sanción equivalente a:
i) El dos punto seis por ciento
(2.6%) de la suma respecto de la cual se omitió información total o parcial en
la declaración informativa.
ii) Cuando la omisión no
corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la
declaración informativa, la sanción será del dos punto seis por ciento (2.6%)
del valor de la operación respecto de la cual no se suministró la información.
Cuando no sea posible establecer
la base, dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%) de los ingresos
netos reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la
última declaración de renta presentada por el contribuyente. Si no existieren
ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del patrimonio bruto
reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última
declaración de renta presentada por el contribuyente.
La sanción señalada en este
numeral no excederá la suma equivalente a seis mil (6.000) UVT.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
Asimismo, una vez notificado el
requerimiento especial, solo serán aceptados los costos y deducciones, respecto
de los cuales se demuestre plenamente que fueron determinados de conformidad
con el Principio de Plena Competencia.
e) Sanción por no presentar la declaración informativa. Quienes
incumplan la obligación de presentar la declaración informativa, estando
obligados a ello, serán emplazados por la
administración tributaria, previa comprobación de su obligación, para que
presenten la declaración informativa en el término perentorio de un (1) mes. El
contribuyente que no presente la declaración informativa no podrá invocarla
posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su
contra.
Cuando no se presente la declaración informativa dentro del término
establecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, habrá lugar a la
imposición de una sanción equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor total
de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia realizadas
durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que dicha sanción exceda la
suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
f) Sanción reducida en relación con la declaración informativa. El
contribuyente podrá corregir voluntariamente la declaración informativa
autoliquidando las sanciones pecuniarias a que se refieren los numerales 2, 3 y
4 del literal B del artículo 260-11 del Estatuto Tributario, reducidas al cincuenta por
ciento (50%), antes de la notificación del pliego de cargos o del requerimiento
especial, según el caso.
Lo establecido en el presente
numeral no podrá ser aplicado de forma concomitante con lo establecido en el
artículo 640 de este Estatuto.
La declaración informativa podrá
ser corregida voluntariamente por el contribuyente dentro del mismo término de
corrección de las declaraciones tributarias establecido en el artículo 588 de
este Estatuto, contados a partir del vencimiento del plazo para presentar la
declaración informativa.
La sanción pecuniaria por no
declarar prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir del
vencimiento del plazo para declarar.
Parágrafo 1°. El
procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo
será el contemplado en los artículos 637 y 638 de este Estatuto. Cuando la
sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará
traslado del pliego de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá
un término de un mes para responder.
Parágrafo 2°. Para
el caso de operaciones financieras, en particular préstamos que involucran
intereses, la base para el cálculo de la sanción será el monto del principal y
no el de los intereses pactados con vinculados o con personas, sociedades,
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales.
Parágrafo 3°. Cuando
el contribuyente no liquide las sanciones de que trata el literal B de este
artículo o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria las
liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo
establecido en el artículo 701 de este Estatuto.
Parágrafo 4°. Cuando
el contribuyente no hubiere presentado la declaración informativa, o la hubiere
presentado con inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquidación de
aforo, liquidación de revisión o liquidación de corrección aritmética respecto
a la declaración informativa, pero la Administración Tributaria efectuará las
modificaciones a que haya lugar derivadas de la aplicación de las normas de
precios de transferencia, o de la no presentación de la declaración informativa
o de la documentación comprobatoria, en la declaración del impuesto sobre la
renta del respectivo año gravable, de acuerdo con el procedimiento previsto en
el Libro V de este Estatuto.
Parágrafo 5°. En
relación con el régimen de precios de transferencia, constituye inexactitud
sancionable la utilización en la declaración del impuesto sobre la renta, en la
declaración informativa, en la documentación comprobatoria o en los informes
suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados y/o la determinación de los ingresos,
costos, deducciones, activos y pasivos en operaciones con vinculados o con
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas
en paraísos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 260-1, 260-2 y
260-7 de este Estatuto, con precios o márgenes de utilidad que no estén acordes
con los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones
comparables, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un
mayor saldo a favor para el contribuyente. Para el efecto, se aplicarán las
sanciones previstas en los artículos 647-1 y 648 de este Estatuto según
corresponda.
Texto anterior art 260-11. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
121. Sanciones
respecto de la documentación comprobatoria y de la declaración informativa.
Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración
informativa se aplicarán las siguientes sanciones:
A. Documentación comprobatoria.
1. Sanción por extemporaneidad.
La presentación extemporánea de la documentación comprobatoria dará lugar a la
imposición de una sanción por extemporaneidad, la cual se determinará de la
siguiente manera:
a) Presentación dentro de los
quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
documentación comprobatoria: Cuando la documentación comprobatoria se presente
dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para su
presentación habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente a setenta y
cinco (75) UVT por cada día hábil de retardo, sin que dicha sanción exceda la
suma equivalente a mil ciento veinticinco (1.125) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la documentación comprobatoria, tengan un
monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción a la que
se refiere este literal será equivalente a quince (15) UVT por cada día hábil de
retardo, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a doscientas
veinticinco (225) UVT;
b) Presentación con posterioridad
a los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
documentación comprobatoria: Cuando la documentación comprobatoria se presente
con posterioridad a los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para su presentación habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente a
mil doscientas (1.200) UVT por cada mes o fracción de mes calendario de retardo
en la presentación de la documentación, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a catorce mil cuatrocientas (14.400) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la documentación comprobatoria, tengan un
monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción a la que
se refiere este literal será equivalente a doscientas cincuenta (250) UVT por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, sin que dicha sanción exceda
la suma equivalente a tres mil (3.000) UVT.
2. Sanción por inconsistencias en
la documentación comprobatoria. Cuando la documentación comprobatoria, relativa
a una o más de las operaciones sometidas al régimen de precios de
transferencia, presente inconsistencias tales como errores en la información,
información cuyo contenido no corresponde a lo solicitado, o información que no
permite verificar la aplicación del régimen de precios de transferencia, habrá
lugar a la imposición de una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del
valor de dichas operaciones, sin que la sanción exceda la suma equivalente a
tres mil ochocientas (3.800) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la documentación comprobatoria, tengan un
monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada
en este inciso no podrá exceder la suma equivalente a ochocientas (800) UVT.
3. Sanción por omisión de
información en la documentación comprobatoria. Cuando en la documentación
comprobatoria se omita información relativa a las operaciones sometidas al
régimen de precios de transferencia habrá lugar a la imposición de una sanción
del dos por ciento (2%) sobre el valor total de dichas operaciones, sin que la
sanción exceda la suma equivalente a cinco mil (5.000) UVT, además del
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se suministró información.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la documentación comprobatoria, tengan un monto
inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en
este inciso no podrá exceder la suma equivalente a mil cuatrocientas (1.400)
UVT.
Cuando de la documentación
comprobatoria no sea posible establecer la base para determinar la sanción por
omisión de información, dicha base será determinada teniendo en cuenta la
información relacionada con las operaciones respecto de las cuales se omitió la
información consignada en la declaración informativa. En el evento en que no
sea posible liquidar la sanción teniendo en cuenta la información consignada en
la declaración informativa, dicha sanción corresponderá al uno por ciento (1%)
de los ingresos netos reportados en la última declaración de renta presentada
por el contribuyente. Si no existieren ingresos, la sanción corresponderá al
uno por ciento (1%) del patrimonio bruto reportado en la última declaración de
renta presentada por el contribuyente, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
4. Sanción por omisión de
información en la documentación comprobatoria, relativa a operaciones con
personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas
en paraísos fiscales. Cuando en la documentación comprobatoria se omita
información relativa a operaciones realizadas con personas, sociedades,
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales,
además del desconocimiento de los costos y deducciones originados en dichas
operaciones, se generará una sanción del cuatro por ciento (4%) del valor total
de dichas operaciones, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a diez
mil (10.000) UVT.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
5. Sanción reducida en relación
con la documentación comprobatoria. Las sanciones pecuniarias a que se refieren
los numerales 2, 3 y 4 del literal a) de este artículo se reducirán al
cincuenta por ciento (50%) de la suma determinada en el pliego de cargos o en
el requerimiento especial, según el caso, si las inconsistencias u omisiones
son subsanadas por el contribuyente antes de la notificación de la resolución
que impone la sanción o de la liquidación oficial de revisión, según el caso.
Para tal efecto, se deberá presentar ante la dependencia que esté conociendo de
la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual
se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de
la misma.
El procedimiento para la
aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos
637 y 638 de este Estatuto. Cuando la sanción se imponga mediante resolución
independiente, previamente se dará traslado del pliego de cargos a la persona o
entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder.
6. Sanción por corrección de la
documentación comprobatoria. Cuando, con posterioridad a la notificación del
requerimiento especial o del pliego de cargos, según el caso, el contribuyente
corrija la documentación comprobatoria modificando los métodos para determinar
el precio o margen de utilidad, o los criterios de comparabilidad, habrá lugar
a una sanción del cuatro por ciento (4%) del valor total de las operaciones
sometidas al régimen de precios de transferencia, sin que dicha sanción exceda
la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
B. Declaración Informativa.
1. Sanción por extemporaneidad.
La presentación extemporánea de la declaración informativa dará lugar a la
imposición de una sanción por extemporaneidad, la cual se determinará de la
siguiente manera:
a) Presentación dentro de los
quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
declaración informativa: Cuando la declaración informativa se presente dentro
de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para su
presentación habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente a cincuenta
(50) UVT por cada día hábil de retardo, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a setecientos cincuenta (750) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año
o periodo gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un
monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción a la que
se refiere este literal será equivalente a diez (10) UVT por cada día hábil de
retardo, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a ciento cincuenta
(150) UVT;
b) Presentación con posterioridad
a los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar la
declaración informativa: Cuando la declaración informativa se presente con
posterioridad a los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para su presentación habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente a
ochocientas (800) UVT por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en
la presentación de la declaración, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a nueve mil seiscientas (9.600) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un monto
inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción a la que se
refiere este literal será equivalente a ciento sesenta (160) UVT por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a mil novecientas veinte (1.920) UVT.
2. Sanción por inconsistencias en
la declaración informativa. Cuando la declaración informativa contenga
inconsistencias respecto a una o más operaciones sometidas al régimen de
precios de transferencia, habrá lugar a la imposición de una sanción
equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor de dichas
operaciones, sin que la sanción exceda la suma equivalente a dos mil doscientas
ochenta (2.280) UVT.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un monto
inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en
este inciso no podrá exceder el equivalente a cuatrocientas ochenta (480) UVT.
Se entiende que se presentan
inconsistencias en la declaración informativa cuando los datos y cifras
consignados en la declaración informativa no coincidan con la documentación
comprobatoria.
3. Sanción por omisión de
información en la declaración informativa. Cuando en la declaración informativa
se omita información relativa a las operaciones sometidas al régimen de precios
de transferencia habrá lugar a la imposición de una sanción del uno punto tres
por ciento (1.3%) sobre el valor total de dichas operaciones, sin que la
sanción exceda la suma equivalente a tres mil (3.000) UVT, además del
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las operaciones
respecto de las cuales no se suministró información.
Cuando se trate de contribuyentes
cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o
periodo gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un monto
inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en
este inciso no podrá exceder el equivalente a mil (1.000) UVT.
Cuando no sea posible establecer
la base para determinar la sanción por omisión de información, dicha sanción
corresponderá al uno por ciento (1%) de los ingresos netos reportados en la última
declaración de renta presentada por el contribuyente. Si no existieren
ingresos, la sanción corresponderá al uno por ciento (1%) del patrimonio bruto
reportado en la última declaración de renta presentada por el contribuyente,
sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
4. Sanción por omisión de
información en la declaración informativa, relativa a operaciones con personas,
sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en
paraísos fiscales. Cuando en la declaración informativa se omita información
relativa a operaciones realizadas con personas, sociedades, entidades o
empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, además del
desconocimiento de los costos y deducciones originados en dichas operaciones,
se generará una sanción del dos punto seis por ciento (2.6%) del valor total de
dichas operaciones, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a seis mil
(6.000) UVT.
En todo caso, si el contribuyente
subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de
revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de costos y
deducciones.
Asimismo, una vez notificado el
requerimiento especial, solo serán aceptados los costos y deducciones, respecto
de los cuales se demuestre plenamente que fueron determinados de conformidad
con el Principio de Plena Competencia.
5. Sanción por no presentar la
declaración informativa. Quienes incumplan la obligación de presentar la
declaración informativa, estando obligados a ello, serán emplazados por la
administración tributaria, previa comprobación de su obligación, para que
presenten la declaración informativa en el término perentorio de un (1) mes.
El contribuyente que no presente la declaración informativa no podrá invocarla
posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su
contra.
Cuando no se presente la
declaración informativa dentro del término establecido para dar respuesta al
emplazamiento para declarar, habrá lugar a la imposición de una sanción
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de las operaciones
sometidas al régimen de precios de transferencia realizadas durante la
vigencia fiscal correspondiente, sin que dicha sanción exceda la suma
equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
6. Sanción reducida en relación con
la declaración informativa. Las sanciones pecuniarias a que se refieren los
numerales 2, 3 y 4 del literal b) de este artículo se reducirán al cincuenta
por ciento (50%) de la suma determinada en el pliego de cargos o en el
requerimiento especial, según el caso, si las inconsistencias u omisiones son
subsanadas por el contribuyente antes de la notificación de la resolución que
impone la sanción o de la liquidación oficial de revisión, según el caso. Para
tal efecto, se deberá presentar ante la dependencia que esté conociendo de la
investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se
acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la
misma.
El procedimiento para la
aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos
637 y 638 de este Estatuto. Cuando la sanción se imponga mediante resolución
independiente, previamente se dará traslado del pliego de cargos a la persona o
entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder.
La declaración informativa podrá
ser corregida voluntariamente por el contribuyente dentro de los dos (2) años
contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.
La sanción pecuniaria por no
declarar prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir del
vencimiento del plazo para declarar.
Para el caso de operaciones
financieras, en particular préstamos que involucran intereses, la base para el
cálculo de la sanción será el monto del principal y no el de los intereses
pactados con vinculados.
C. Sanciones Generales
Sanción por comportamiento
reincidente. Cuando el contribuyente reincida en la realización de la conducta
sancionable habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente a la suma de
veinte mil (20.000) UVT por cada año o periodo gravable respecto del cual se
verifique la conducta sancionable.
Parágrafo
1°. Cuando el contribuyente no liquide las sanciones de que
trata este artículo o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria
las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con
lo establecido en el artículo 646 de este Estatuto.
Parágrafo
2°. Cuando el contribuyente no hubiere presentado la declaración
informativa, o la hubiere presentado con inconsistencias, no habrá lugar a
practicar liquidación de aforo, liquidación de revisión o liquidación de
corrección aritmética respecto a la declaración informativa, pero la
Administración Tributaria efectuará las modificaciones a que haya lugar
derivadas de la aplicación de las normas de precios de transferencia, o de la
no presentación de la declaración informativa o de la documentación
comprobatoria, en la declaración del impuesto sobre la renta del respectivo año
gravable, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Libro V de este
Estatuto.
Parágrafo
3°. En relación con el régimen de precios de transferencia,
constituye inexactitud sancionable la utilización en la declaración del impuesto
sobre la renta, en la declaración informativa, en la documentación
comprobatoria o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de
datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados y/o la
determinación de los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en
operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y
260-2 de este Estatuto, con precios o márgenes de utilidad que no estén acordes
con los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables,
de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a
favor para el contribuyente. Para el efecto, se aplicará la sanción prevista en
el artículo 647 de este Estatuto.
TITULO II
PATRIMONIO
CAPITULO I
PATRIMONIO BRUTO
BIENES Y DERECHOS QUE LO
INTEGRAN.
Artículo 261.
PATRIMONIO BRUTO. El patrimonio bruto está constituido por el total de los
bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el
último día del año o período gravable.
Para
los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las
sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes
poseídos en el exterior. Las personas naturales extranjeras residentes en
Colombia y las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes en
Colombia, incluirán tales bienes a partir del quinto año de residencia continua
o discontinua en el país.
Ver Ley
1370 de 2009, Ley
1111 de 2006
y Ley 6ª de 1992, artículo 140.
Inciso Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 30. Para los contribuyentes con residencia o domicilio en
Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras y los
establecimientos permanentes, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos
en el exterior. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que tengan
residencia en el país, y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia
en el país en el momento de su muerte, incluirán tales bienes a partir del año
gravable en que adquieran la residencia fiscal en Colombia.
Parágrafo 1°.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 113. Sin perjuicio de lo establecido en este estatuto, se entenderá como
activo los recursos controlados por la entidad como resultado de eventos
pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para
la entidad. No integran el patrimonio bruto los activos contingentes de
conformidad con la técnica contable, ni el activo por impuesto diferido, ni las
operaciones de cobertura y de derivados por los ajustes de medición a valor
razonable.
Artículo 262.
QUÉ SON DERECHOS APRECIABLES EN DINERO. Son derechos apreciables en dinero, los
reales y personales, en cuanto sean susceptibles de ser utilizados en cualquier
forma para la obtención de una renta.
Artículo 263.
QUÉ SE ENTIENDE POR POSESIÓN. Se entiende por posesión, el aprovechamiento
económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio del contribuyente.
Se
presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo
aprovecha económicamente en su propio beneficio.
Artículo 264.
PRESUNCIÓN DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. Se presume que el poseedor inscrito de
un inmueble o quien aparezca como titular de un bien mueble sujeto a
inscripción o registro, lo aprovecha económicamente en su beneficio.
Articulo 265.
BIENES POSEÍDOS EN EL PAÍS. Se entienden poseídos dentro del país:
1.
Los derechos reales sobre bienes corporales e incorporales ubicados o que se
exploten en el país.
2.
Las acciones y derechos sociales en compañías u otras entidades nacionales.
3.
Las acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país, en
compañías u otras entidades extranjeras que, directamente o por conducto de
otras empresas o personas, tengan negocios o inversiones en Colombia.
4.
Los demás derechos de crédito, cuando el deudor tiene residencia o domicilio en
el país y salvo cuando se trate de créditos transitorios originados en la
importación de mercancías o en sobregiros o descubiertos bancarios.
5.
Los fondos que el contribuyente tenga en el exterior vinculados al giro
ordinario de sus negocios en Colombia, así como los activos en tránsito.
Artículo 266.
BIENES NO POSEÍDOS EN EL PAÍS. No se entienden poseídos en Colombia los
siguientes créditos obtenidos en el exterior:
1.
Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en
sobregiros o descubiertos bancarios.
2.
Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones.
3. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 130. Los créditos que obtengan en el exterior las
corporaciones financieras, las cooperativas financieras, Bancoldex, Finagro y
Findeter y los bancos, constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes.
Texto original num. 3. Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones
financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas
vigentes.
4.
Los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados por intermedio
de las corporaciones financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes
colombianas vigentes.
5. Derogado por la Ley 1430 de 2010, art 67. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas
nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se
consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, de
acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de política
Económica y Social, CONPES.
6. Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 56. Los títulos, bonos u otros títulos de deuda emitido por un emisor
colombiano y que sean transados en el exterior.
VALOR PATRIMONIAL DE LOS
ACTIVOS.
Artículo 267. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 114. Regla general para la
valoración patrimonial de los activos. El valor de los
bienes o derechos apreciables en dinero poseídos en el último día del año o
período gravable, estará constituido por su costo fiscal, de conformidad con lo
dispuesto en las normas del Título I de este Libro, salvo las normas especiales
consagradas en los artículos siguientes.
A partir del año gravable 2007,
la determinación del valor patrimonial de los activos no monetarios, incluidos
los inmuebles, que hayan sido objeto de ajustes por inflación, se realizará con
base en el costo ajustado de dichos activos a 31 de diciembre de 2006, salvo
las normas especiales consagradas en los artículos siguientes.
Texto anterior art 267. REGLA GENERAL. Para los
efectos del impuesto de patrimonio, el valor de los bienes o derechos
apreciables en dinero, incluidos los semovientes y vehículos automotores de uso
personal, poseídos en el último día del año o período gravable, está
constituido por su precio de costo, de conformidad con lo dispuesto en las
normas del Título I de este libro, salvo las normas especiales consagradas en
los artículos siguientes. Ver Decreto Extraordinario 1321 de 1989
Inciso adicionado por la Ley 1111 de 2006, artículo
17. A partir del año gravable 2007, la determinación del valor patrimonial de
los activos no monetarios, incluidos los inmuebles, que hayan sido objeto de
ajustes por inflación, se realizará con base en el costo ajustado de dichos
activos a 31 de diciembre de 2006, salvo las normas especiales
consagradas en los artículos siguientes. (Declarado
exequible por la Sentencia C-809 de 2007, el aparte subrayado)
Artículo 267-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 115. Valor patrimonial de
los bienes adquiridos por leasing. En los contratos de arrendamiento
financiero o leasing financiero, el valor patrimonial corresponderá al determinado
en el artículo 127-1 de este Estatuto.
Texto original 267-1. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
105. VALOR PATRIMONIAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LEASING. En los contratos de
arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, los bienes deben ser
declarados por el arrendatario o usuario, siguiendo las reglas previstas en el artículo
127-1 de este Estatuto, siempre que el usuario o arrendatario esté sometido al
procedimiento previsto en el numeral 2 de tal artículo. Ver Ley 1370 de 2009
Artículo 268.
VALOR DE LOS DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO. El valor de los
depósitos bancarios es el del saldo en el último día del año o período
gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el del saldo en el
último día del año o período gravable, incluida la corrección monetaria, cuando
fuere el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados.
Artículo 269. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 116. Valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. El valor de los
activos en moneda extranjera, se estiman en moneda nacional al momento de su
reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o
pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento
inicial.
Texto anterior art 269. VALOR PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN MONEDA EXTRANJERA. El valor de
los bienes y créditos en monedas extranjeras, se estima en moneda nacional en
el último día del año o período gravable, de acuerdo con la tasa oficial de
cambio.
Artículo 270.
VALOR PATRIMONIAL DE LOS CRÉDITOS. El valor de los créditos será el nominal.
Sin embargo, pueden estimarse por un valor inferior cuando el contribuyente
demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que le ha sido
imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales.
Cuando
el contribuyente hubiere solicitado provisión para deudas de dudoso o difícil
cobro, se deduce el monto de la provisión.
Los
créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden descargarse del
patrimonio, si se ha hecho la cancelación en los libros registrados del
contribuyente.
Cuando
éste no lleve libros, puede descargar el crédito, siempre que conserven el
documento anulado correspondiente al crédito.
Artículo 271. Reglamentado por
el Decreto
2336 de 1995. Modificado por la Ley
223 de 1995, artículo 106. VALOR PATRIMONIAL DE LOS
TÍTULOS, BONOS Y SEGUROS DE VIDA. El valor de los títulos, bonos, certificados
y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros
es el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no
cobrados hasta el último día del período gravable.
Cuando
estos documentos se coticen en bolsa, la base para determinar el valor
patrimonial y el rendimiento causado será el promedio de transacciones en bolsa
del último mes del período gravable.
Cuando
no se coticen en bolsa, el rendimiento causado será el que corresponda al
tiempo de posesión del título, dentro del respectivo ejercicio, en proporción
al total de rendimientos generados por el respectivo documento, desde su
emisión hasta su redención. El valor de las cédulas de capitalización y de las
pólizas de seguro de vida es el de rescisión.
Inciso declarado
exequible por las Sentencias C-583
de 1996 y C-659
de 1996. Para los contribuyentes
obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de
acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de
control, el valor patrimonial será el que resulte de la aplicación de tales
mecanismos de valoración.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 271-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 117. Valor patrimonial de
los derechos fiduciarios. Los derechos fiduciarios se reconocerán para efectos
patrimoniales de forma separada, el activo y pasivo, de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Tributario.
El valor patrimonial de los
derechos fiduciarios para el fideicomitente es el que le corresponda de acuerdo
con su participación en el patrimonio del fideicomiso al final del ejercicio o
en la fecha de la declaración.
Parágrafo 1°. Para
efectos de lo previsto en este artículo se entiende por derechos fiduciarios
toda participación en un contrato de fiducia mercantil.
Parágrafo 2°. Para
fines de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, las
sociedades fiduciarias deberán expedir cada año, a cada uno de los
fideicomitentes de los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el
valor de sus derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del
respectivo ejercicio, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva y los
rendimientos del último ejercicio gravable. En caso de que las cifras
incorporen ajustes por inflación de conformidad con las normas vigentes hasta
el año gravable 2006, se deberán hacer las aclaraciones de rigor.
Artículo 271-1. Adicionado por la Ley 223 de 1995,
artículo 107. VALOR PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS. El valor
patrimonial de los derechos fiduciarios se establecerá de acuerdo con las
siguientes reglas:
1. Los derechos sobre el
patrimonio deben ser declarados por el contribuyente que tenga la explotación
económica de los respectivos bienes, en armonía con lo dispuesto en el artículo
263 de este Estatuto.
2. El valor patrimonial de
los derechos fiduciarios, para los respectivos beneficiarios, es el que les
corresponda de acuerdo con su participación en el patrimonio líquido del
fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración. Los bienes
conservarán para los beneficiarios la condición de movilizados o inmovilizados,
monetarios o no monetarios que tengan en el patrimonio autónomo. Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78, inciso segundo
PARAGRAFO. Modificado por la Ley 1111 de 2006,
artículo 18. Para fines de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios,
los fiduciarios deberán expedir cada año, a cada uno de los beneficiarios de
los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el valor de sus derechos,
los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del respectivo ejercicio,
aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva y los rendimientos del
último ejercicio gravable. En caso de que las cifras incorporen ajustes por
inflación de conformidad con las normas vigentes hasta el año gravable 2006,
se deberán hacer las aclaraciones de rigor. (Declarado exequible por la Sentencia C-809 de 2007, el aparte subrayado en este parágrafo)
Artículo 272.
Reglamentado
por el Decreto
2336 de 1995. Modificado por la Ley 223 de 1995,
artículo 108. VALOR DE LAS ACCIONES, APORTES, Y DEMÁS DERECHOS EN SOCIEDADES.
Las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades o entidades
deben ser declarados por su costo fiscal, ajustado por inflación cuando haya
lugar a ello.
Inciso declarado
exequible por las Sentencias C-583
de 1996 y C-659 de 1996.
Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración
de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las
entidades de control, el valor patrimonial será el que resulte de la aplicación
de tales mecanismos de valoración. Este mismo valor constituirá la base para
aplicar los ajustes por inflación. (La referencia al efecto del sistema de ajustes por inflación fue
derogada por la Ley 1111 de 2006, artículo 78). Ver Concepto 29461
de la DIAN
Artículo 273.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 19. REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. A partir del año gravable 2007 y
para todos los efectos, el saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio
registrado a 31 de diciembre de 2006, forma parte del patrimonio del
contribuyente. (Declarado exequible por la
Sentencia
C-809 de 2007, el aparte subrayado)
El
valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios
o accionistas, hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice tal valor de
conformidad con lo previsto en el artículo 36-3 de este Estatuto, en cuyo caso
se distribuirá como un ingreso no gravado con el impuesto sobre la renta y
complementarios.
Artículo 274.
Derogado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 285. ACCIONES DE SOCIEDADES QUE NO SE COTIZAN EN BOLSA. Para los
efectos del impuesto complementario de patrimonio, el valor de las acciones que
no se coticen en bolsa, o que aunque coticen correspondan a sociedades de
familia, es el que resulte de dividir el patrimonio neto de la sociedad por el
número de acciones en circulación o de propiedad de los socios o accionistas.
Adicionalmente,
cuando se trate de acciones de sociedades que no se coticen en bolsa, el valor
patrimonial determinado de conformidad con lo previsto en el inciso anterior,
no será inferior al monto resultante de dividir el patrimonio líquido fiscal de
la sociedad, por el número de acciones en circulación en el último día del
período gravable. Al efecto, las acciones propias readquiridas se computarán en
el patrimonio social por su costo de adquisición.
Artículo
275.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. VALOR PATRIMONIAL DE LAS MERCANCÍAS VENDIDAS A PLAZOS. En el
sistema de ventas a plazos con pagos periódicos, los activos movibles, así sean
bienes raíces o muebles, deben declararse y se computan por el valor registrado
en libros, en el último día del año o período gravable.
Artículo
276.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. VALOR DE LOS SEMOVIENTES. En el negocio de ganadería el valor
de los semovientes es el del costo, el cual no podrá ser inferior al precio
comercial en 31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal.
En el caso del ganado
bovino, este último valor será determinado anualmente por el Gobierno, por
intermedio del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los precios de los
mercados regionales.
Este valor hará parte del
patrimonio base de la renta presuntiva, cualesquiera sea la edad, raza y sexo.
Parágrafo
1.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
109. Para los contribuyentes sujetos al régimen de ajustes integrales por
inflación, el valor patrimonial de los semovientes es el costo fiscal ajustado
por inflación o el mencionado en el inciso segundo de este artículo, el que sea
mayor, en el caso del ganado bovino.
Parágrafo
2.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
109. Los Fondos Ganaderos no están obligados a calcular ajustes integrales por
inflación sobre los semovientes que sirven de base para la estimación de la
reserva para reposición de ganado.
Ver Resolución 107 de 2014, Resolución 106 de 2014, Resolución 29 de 2013
Artículo 277.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 20. VALOR PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES. Los contribuyentes obligados a
llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por el costo fiscal,
determinado de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos I y III del Título II
del Libro I de este Estatuto y en el artículo 65 de la Ley 75 de 1986.
Los
contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los
inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el
autoavalúo o el avalúo catastral actualizado al final del ejercicio, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de este Estatuto. Las
construcciones o mejoras no incorporadas para efectos del avalúo o el costo
fiscal del respectivo inmueble deben ser declaradas por separado.
Lo
previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
90-2 de este Estatuto.
Artículo 278.
COSTO MÍNIMO DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS CON PRÉSTAMOS. Cuando se adquieran
bienes raíces con préstamos de entidades sometidas a la vigilancia del Estado,
el precio de compra fijado en la escritura no podrá ser inferior a una suma en
la cual el préstamo represente el 70% del total.
Los
notarios se abstendrán de autorizar las escrituras que no cumplan con este
requisito. Ver Sentencia
C-015 de 1993, la cual se pronunció sobre la exequibilidad de éste artículo
Artículo 279. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 118. Valor de los bienes
incorporales. El valor patrimonial de los bienes incorporales concernientes a la
propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como patentes de
invención, marcas, plusvalía, derechos de autor, otros intangibles e inversiones
adquiridos a cualquier título, se estima por su costo de adquisición
demostrado, más cualquier costo directamente atribuible a la preparación del
activo para su uso previsto menos las amortizaciones concedidas y la solicitada
por el año o período gravable.
Texto anterior 279. Modificado por Ley 223 de 1995, artículo
111. VALOR DE LOS BIENES INCORPORALES. El valor de los bienes incorporales
concernientes a la propiedad industrial y a la literaria, artística y
científica, tales como patentes de invención, marcas, good-will, derechos de
autor u otros intangibles adquiridos a cualquier título, se estima por su costo
de adquisición demostrado, menos las amortizaciones concedidas y la solicitada
por el año o período gravable.
AJUSTES A LOS ACTIVOS
PATRIMONIALES.
Artículo 280.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 21. REAJUSTE FISCAL A LOS ACTIVOS PATRIMONIALES. Los contribuyentes
podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan el carácter de
activos fijos en el mismo porcentaje en que se ajusta la Unidad de Valor
Tributario, salvo para las personas naturales cuando hubieren optado por el
ajuste previsto en el artículo 73 de este Estatuto. Ver Ley 1111 de 2006.
Articulo 281.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 22. EFECTOS DEL REAJUSTE FISCAL. El reajuste fiscal sobre los activos
patrimoniales produce efecto para la determinación de:
• La
renta en la enajenación de activos fijos.
• La
ganancia ocasional obtenida en la enajenación de activos que hubieren hecho parte
del activo fijo del contribuyente por un término de dos (2) años o más.
• La
renta presuntiva.
• El
patrimonio líquido.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
CAPITULO II
PATRIMONIO LÍQUIDO.
Artículo 282.
CONCEPTO. El patrimonio líquido gravable se determina restando del patrimonio
bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable
el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha. Ver Decreto Extraordinario 1321 de 1989
CAPITULO III
DEUDAS.
Artículo 283. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 119. Deudas. Para efectos de este
estatuto las deudas se entienden como un pasivo que corresponde a una
obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos.
El valor de la deuda será su
costo fiscal según lo dispuesto en las normas del Título I de este Libro, salvo
las normas especiales consagradas en los artículos siguientes.
Para que proceda el
reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado:
1. A conservar los documentos
correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término señalado en el
artículo 632.
2. Los contribuyentes que no
estén obligados a llevar libros de contabilidad, solo podrán solicitar los
pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta.
En los demás casos, los pasivos
deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las
formalidades exigidas para la contabilidad.
Artículo 283. REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN.
Para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente está
obligado:
1. A conservar los documentos
correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término señalado en el artículo
632.
2. A retener y consignar el
correspondiente impuesto de patrimonio, dentro del plazo para presentar su
declaración, si los acreedores fueren personas naturales extranjeras,
residentes en el exterior, o sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros, no
residentes en Colombia en el momento de su muerte. (Este numeral se entiende derogado a partir del año 1992)
La disposición de este
numeral, no se aplica a las deudas a corto plazo derivadas de la importación o
exportación de mercancías, ni a las originadas en créditos que no se entienden
poseídos en el país ni aquellos que no generan renta de fuente nacional. Ver Decreto Extraordinario 1321 de 1989
Parágrafo. Los contribuyentes que no estén
obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos
que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás
casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el
lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.
Artículo 284.
PASIVOS DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS. Las compañías de seguros deben incluir dentro
de su pasivo:
1.
El valor de los siniestros, pólizas dotales, rentas vitalicias y dividendos
vencidos y pendientes de pago en el último día del año o período gravable.
2.
El importe de los siniestros avisados.
3.
Las cuotas vencidas y pendientes de pago, provenientes de contratos de renta
vitalicia.
4.
Las indemnizaciones y dividendos que los asegurados hayan dejado a interés en
poder de la compañía, más los intereses acumulados sobre aquéllos, de acuerdo
con los contratos, y
5.
El importe que, al fin de año, tenga la reserva matemática o la técnica exigida
por la ley.
Artículo 285. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 120. Pasivos moneda
extranjera. El valor de los pasivos en moneda extranjera, se
estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa
representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa
representativa del mercado del reconocimiento inicial.
Texto original art 285. PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. El valor de las deudas en moneda
extrajera se estima en moneda nacional, en el último día del año o período
gravable, de acuerdo con la tasa oficial.
Artículo 286. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 121. No son deudas. Para efectos de este
estatuto, no tienen el carácter de deudas, los siguientes conceptos:
1. Las provisiones y pasivos contingentes
según lo define la técnica contable.
2. Los pasivos laborales en los
cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del trabajador, salvo
la obligación de pensiones de jubilación e invalidez pensiones.
3. El pasivo por impuesto diferido.
4. En las operaciones de
cobertura y de derivados no se reconoce la obligación por los ajustes de
medición a valor razonable.
Texto original art 286. PASIVOS EN VENTAS A PLAZOS. En el sistema de ventas a plazos con
pagos periódicos, se computa como pasivo, el saldo de la cuenta correspondiente
al producto diferido por concepto de pagos pendientes por ventas a plazos, en
la cual deben contabilizarse las utilidades brutas no recibidas al final de
cada año.
Artículo 287. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 122. Valor patrimonial de
las deudas. Para efectos fiscales, el valor patrimonial de las deudas será:
1. Los pasivos financieros
medidos a valor razonable se medirán y reconocerán aplicando el modelo del
costo amortizado.
2. Los pasivos que tienen
intereses implícitos para efectos del impuesto sobre la renta se reconocerán
por el valor nominal de la operación.
3. En aquellos casos según lo
dispuesto en las normas del Título I de este Libro.
Artículo
287.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Inciso modificado por la
Ley 1370 de 2009, artículo
9. Deudas que constituyen patrimonio propio. Las deudas que por cualquier
concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o compañías que funcionen en
el país, para con sus casas matrices extranjeras o agencias, sucursales, o
filiales de las mismas con domicilio en el exterior, y las deudas que por
cualquier concepto tengan los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios en Colombia con los vinculados económicos o partes relacionadas
del exterior de que trata el artículo 260-1, se considerarán para efectos
tributarios como patrimonio propio de las agendas, sucursales, filiales o
contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia
Inciso adicionado Ley 49 de 1990, artículo
15. Los saldos contables débitos o créditos que tengan las sucursales de
sociedades extranjeras con su casa principal o agencias o sucursales de la
misma, no constituyen deuda entre las mismas, harán parte de su patrimonio y no
darán lugar a costo o deducción.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
112. Constituyen pasivos, para todos los efectos, los saldos pendientes de pago
al final del respectivo ejercicio, que den lugar a costos o deducciones por
intereses y demás costos financieros, incluida la diferencia en cambio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124-1 de este Estatuto.
CAPÍTULO
IV
Capítulo IV adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 125
Artículo 288. Ajustes por diferencia en
cambio. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera
se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del
mercado.
Las fluctuaciones de las partidas
del estado de situación financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda
extranjera, no tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación
o abono en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el caso de
los pasivos.
En los eventos de enajenación o
abono, la liquidación o el pago parcial, según sea el caso, se reconocerá a la
tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial.
El ingreso gravado, costo o gasto
deducible en los abonos o pagos mencionados anteriormente corresponderá al que
se genere por la diferencia entre la tasa representativa del mercado en el
reconocimiento inicial y la tasa representativa del mercado en el momento del
abono o pago.
Artículo 289. Efecto del Estado de Situación Financiera de
Apertura (ESFA) en los activos y pasivos, cambios en políticas contables y
errores contables. Las siguientes son reglas aplicables para el impuesto sobre la renta y
complementarios:
1. Para efectos fiscales, la reexpresión de activos y pasivos producto de la adopción
por primera vez hacia un nuevo marco técnico normativo contable no generarán
nuevos ingresos o deducciones, si dichos activos y pasivos ya generaron
ingresos o deducciones en períodos anteriores. Así mismo el valor de los
activos y pasivos determinados por la aplicación del nuevo marco técnico
contable no tendrá efecto fiscal y se deberán mantener los valores
patrimoniales del activo y pasivo declarados fiscalmente en el año o período
gravable anterior.
2. Los activos y pasivos que por
efecto de la adopción por primera vez del marco técnico normativo contable ya
no sean reconocidos como tales, deberán mantener el valor patrimonial declarado
fiscalmente en el año o período gravable anterior.
3. Los costos atribuidos a los
activos y pasivos en la adopción por primera vez del marco técnico normativo
contable no tendrán efectos fiscales. El costo fiscal de estos activos y
pasivos será el declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior,
antes de la adopción por primera vez.
4. Los activos que fueron
totalmente depreciados o amortizados fiscalmente antes del proceso de
convergencia no serán objeto de nueva deducción por depreciación o
amortización.
5. Cuando se realicen ajustes
contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán efectos en el
impuesto sobre la renta y complementarios. El costo fiscal remanente de los
activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o período gravable
anterior, antes del cambio de la política contable.
6. Cuando se realicen ajustes
contables por correcciones de errores de períodos anteriores, se debe dar
aplicación a lo establecido en los artículos 588 y 589 de este Estatuto, según
corresponda. En todo caso cuando el contribuyente no realice las correcciones a
que se refiere este numeral, el costo fiscal remanente de los activos y pasivos
será el declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior, antes del
ajuste de corrección del error contable.
7. Incremento en los resultados
acumulados por la conversión al nuevo marco técnico normativo. El incremento en
los resultados acumulados como consecuencia de la conversión a los nuevos
marcos técnicos normativos, no podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta
el momento en que tal incremento se haya realizado de manera efectiva; bien
sea, mediante la disposición o uso del activo respectivo o la liquidación del
pasivo correspondiente. El mismo procedimiento se aplicará cuando una entidad
cambie de marco técnico normativo y deba elaborar un nuevo Estado de Situación
Financiero de Apertura.
Parágrafo 1°. Lo
dispuesto en los numerales 5 y 6 de este Estatuto, deberá estar debidamente
soportado y certificado por contador público y revisor fiscal cuando sea del
caso.
Parágrafo 2°. En
el año o período gravable que entre en vigencia en Colombia una norma de
contabilidad, esta tendrá efectos fiscales, si el decreto reglamentario así lo
establece y se ajusta a lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1314 del 2009.
Artículo 290. Régimen de transición. Las siguientes son
las reglas para el régimen de transición por la aplicación de lo previsto en la
Parte II de esta ley:
1. Regla general. Los saldos de
los activos pendientes por amortizar a la entrada en vigencia de esta ley, en
donde no exista una regla especial de amortización en este artículo, se
amortizarán durante el tiempo restante de amortización de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1° del artículo 143 del Estatuto Tributario antes de su modificación por la
presente ley, aplicando el sistema de línea recta, en iguales proporciones. En
el año o período gravable en que se termine el negocio o actividad, pueden
hacerse los ajustes pertinentes, a fin de amortizar la totalidad de la
inversión.
2. Depreciaciones. El saldo
pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2016, se
terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo
depreciable, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.1.18.4. del
Decreto 1625 de 2016 y por los sistemas de cálculos de depreciación que son:
línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico que
se encuentre debidamente autorizado antes de la entrada de vigencia de la
presente ley, por el Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
3. Costos de exploración,
explotación y desarrollo. Los saldos de los activos pendientes por amortizar
por estos conceptos a la entrada en vigencia de esta ley, se amortizarán en las
mismas condiciones previstas en el segundo inciso del artículo 143 del Estatuto Tributario antes de la entrada
en vigencia de la presente ley.
En el año o período gravable en
que se determine que la mina o yacimiento no es apto para su explotación o se
agotó el recurso natural no renovable, se podrán amortizar en el año en que se
determine y compruebe tal condición y en todo caso a más tardar dentro de los 2
años siguientes.
4. Saldos a favor. Los saldos a favor generados por el impuesto sobre la renta y complementarios
y/o el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), del año inmediatamente
anterior a la vigencia de esta ley y que no se hayan solicitado en devolución
y/o compensación, o imputado en períodos anteriores, podrán:
a) Solicitarse en devolución y/o
compensación, según lo determinado por el artículo 850 de este Estatuto;
b) Acumular los saldos a favor
mencionados según corresponda e imputarlos dentro de su liquidación privada del
Impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al siguiente período
gravable.
5. Pérdidas Fiscales. El valor de las pérdidas fiscales generadas antes de
2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y/o en el Impuesto sobre
la Renta para la Equidad (CREE), serán compensadas teniendo en cuenta la
siguiente fórmula.
Donde:
VPF2017 Corresponde al valor de las pérdidas fiscales
susceptibles de ser compensadas a partir del año gravable 2017.
PFIRC Corresponde al valor de las
pérdidas fiscales acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por concepto del
impuesto sobre la renta y complementarios y que no hayan sido objeto de
compensación.
TRyC Corresponde a la
tarifa aplicable al contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta y
complementarios aplicable a 31 de diciembre de 2016.
PFCREE Corresponde al valor de
las pérdidas fiscales acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y que no hayan sido objeto de
compensación.
TCREE Corresponde a la tarifa
aplicable al contribuyente por concepto del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) aplicable a 31 de diciembre de 2016, sin incluir la sobretasa.
TRyC2017 Corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios
para el año 2017 sin incluir la sobretasa.
Las pérdidas fiscales
determinadas en este numeral no se someten al término de compensación previsto
en el artículo 147 del Estatuto Tributario, ni serán reajustadas
fiscalmente.
6. El valor de los excesos de renta presuntiva y de excesos de base mínima
generados antes de 2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), según sea el caso, que vayan a
ser compensadas en el año gravable 2017 y posteriores, será el siguiente:
VEF2017 Corresponde al valor de
los excesos de renta presuntiva sobre rentas líquidas y de base mínima
susceptibles de ser compensados a partir del año gravable 2017.
ERPIRC Corresponde al valor de
cada una de las rentas presuntivas acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por
concepto del impuesto sobre la renta y complementarios, que no hayan sido
objeto de compensación y se tenga derecho a ella.
TRyC Corresponde a la tarifa aplicable al contribuyente
por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a 31 de
diciembre de 2016.
EMNCREE Corresponde al valor de cada uno de los excesos de base mínima
sobre base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) acumulados
a 31 de diciembre de 2016 que no hayan sido objeto de compensación.
TCREE Corresponde a la tarifa
aplicable al contribuyente por concepto del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) aplicable a 31 de diciembre de 2016, sin incluir la sobretasa.
TRyC2017 Corresponde a la tarifa
del impuesto sobre la renta y complementarios para el año 2017 sin incluir la
sobretasa.
Los excesos de renta presuntiva
determinadas en este numeral para cada uno de los períodos, deberán ser
compensadas dentro del término establecido en el artículo 189 del Estatuto Tributario.
7. Crédito Mercantil. Los saldos del crédito mercantil originado
antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se someterán al tratamiento
previsto en las disposiciones vigentes al momento de su generación. En todo
caso, los saldos pendientes, por amortizar a 1° de enero del 2017, se
amortizarán dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes a la entrada
en vigencia de esta ley, aplicando el sistema de línea recta, en iguales
proporciones.
8. Contratos de concesión. Los saldos de los activos intangibles
pendientes por amortizar por estos conceptos a la entrada en vigencia de esta
ley, se amortizarán dentro del plazo remanente de la concesión, aplicando el
sistema de línea recta, en iguales proporciones.
9. Ventas a plazos. Los contribuyentes que para efectos fiscales
venían utilizando el sistema, organizado, regular y permanente de ventas a
plazos, de que trataba el artículo 95 de este Estatuto, que mantenga ingresos y
costos diferidos, deberán en la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2017, incluir todos los ingresos y costos
diferidos por estos conceptos.
10. Contratos de servicios autónomos. En aquellos contratos de
servicios autónomos de que trataban los artículos 200 y 201 de este Estatuto,
que mantengan ingresos y costos diferidos, deberán en la declaración de renta
del año gravable 2017, incluir todos los ingresos, costos y gastos que hasta
tal año se hubieren devengado, aplicando el método de grado de realización del
contrato.
11. Valor patrimonial de los activos biológicos. El valor patrimonial
de los activos agrícolas y pecuarios declarados a 31 de diciembre de 2016,
mantendrán su costo fiscal a partir del 1° de enero de 2017 y sobre este valor
se darán los tratamientos fiscales que determine este Estatuto.
12. Reservas. Las reservas constituidas por excesos en cuotas de
depreciación de que trataba el artículo 130 del Estatuto Tributario podrá
liberarse en el momento en que la depreciación solicitada fiscalmente sea
inferior a la contabilizada en el estado de resultados. La utilidad que se
libere de la reserva podrá distribuirse como un ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional.
Artículo 291. Régimen de transición por los
ajustes de diferencia en cambio. Los ajustes por concepto de diferencia en cambio se
someterán a las siguientes reglas:
1. Los pasivos en moneda
extranjera a 31 de diciembre del 2016, mantendrán su valor patrimonial
determinado a dicha fecha. Para los pagos parciales de dichos pasivos se
aplicará lo establecido en el artículo 288 de este Estatuto, a partir del
período gravable siguiente. El saldo remanente del costo fiscal luego de la
liquidación total del pasivo tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o
gasto deducible.
2. El costo fiscal de las
inversiones en moneda extranjera, en acciones o participaciones en sociedades
extranjeras que no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, respecto
de las cuales la diferencia en cambio no constituye ingreso, costo o gasto
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1739 de 2014, será:
a) Para aquellas inversiones
adquiridas antes del 1° de enero de 2015, su costo fiscal al 1° de enero de
2017 será el valor patrimonial a 1° de enero de 2015 de dichas inversiones. A
partir del 1° de enero de 2017 se aplicará lo establecido en el artículo 288
del presente Estatuto para los abonos parciales de dichos activos. El saldo
remanente del costo fiscal luego de la enajenación de la inversión tendrá el
tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible;
b) Para aquellas inversiones
adquiridas a partir del 1° de enero del 2015, su costo fiscal a 1° de enero del
2017 será determinado con la tasa representativa del mercado al momento del
reconocimiento inicial de la inversión. Cualquier diferencia entre dicho valor
determinado y el costo fiscal de estos activos al 31 de diciembre del 2016 no
tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible. En el
momento de su enajenación o liquidación deberá aplicarse lo dispuesto en el
artículo 288 del presente Estatuto.
3. Los activos en moneda
extranjera a 31 de diciembre del 2016, diferentes a los mencionados en los
numerales anteriores, mantendrán su valor patrimonial determinado a dicha
fecha. Para los abonos parciales de dichos activos se aplicará lo establecido
en el artículo 288 de este Estatuto, a partir del período gravable siguiente.
El saldo remanente del costo fiscal luego del cobro total o enajenación del
activo tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible.
CAPITULO IV
BIENES EXENTOS DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
Artículo 288. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. CÉDULAS HIPOTECARIAS EXENTAS. Las cédulas hipotecarias del Banco Central
Hipotecario emitidas con anterioridad al 30 de septiembre de 1974, y que a la fecha
de emisión estuvieran exentas del impuesto de patrimonio, seguirán gozando de
dicho beneficio.
Artículo 289. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. BONOS DE FINANCIAMIENTO. Los bonos de financiamiento presupuestal y los
bonos de financiamiento especial, estarán exentos de todo tipo de impuestos
mientras duren en poder del adquirente primario.
Artículo 290. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. LA CONVERSIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, A TÍTULOS CANJEABLES POR
CERTIFICADOS DE CAMBIO Y LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA NO GENERAN IMPUESTO DE
PATRIMONIO. La conversión de títulos de deuda pública externa de que trata el artículo
42, no constituye para quien la realice, patrimonio en el año en el cual se
haya efectuado.
Tabién (sic) están exentos de
impuesto de patrimonio los pagos que efectúen la Nación y demás entidades de
derecho público a que se refiere el artículo 218.
Artículo 291. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. INVERSIONES NUEVAS EN LA INDUSTRIA EDITORIAL Los primeros treinta millones
de pesos ($ 30.000.000.00), (Valor año base 1983), de inversión totalmente
nueva, realizada por personas naturales o jurídicas en empresas dedicadas
exclusivamente a la industria editorial de libros, revistas o folletos, de
carácter científico o cultural, estarán exentos del impuesto complementario de
patrimonio hasta el año gravable de 1993, inclusive.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
CAPITULO V
Tarifas del impuesto de
patrimonio
Capítulo
modificado por la Ley 863 de 2003,
artículo 17
Artículo
292.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
25. IMPUESTO AL PATRIMONIO. Por los años gravables
2007, 2008, 2009 y 2010, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las
personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de
riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.
Parágrafo. Los contribuyentes podrán imputar
el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio,
sin afectar los resultados del ejercicio.
Artículo
declarado exequible condicionalmente por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-890
de 2012.
Ver
Sentencia C-304 de 2013. Ver Sentencia C-809 de 2007 y la
Sentencia C-842 de 2008.
Texto anterior del artículo Sustituido por
la Ley 863 de 2003, artículo 17. (éste declarado exequible
por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-890 de 2012 y por la Sentencia C-910 del 21 de
septiembre de 2004.). “IMPUESTO AL PATRIMONIO. Por los años gravables
2004, 2005 y 2006, créase el Impuesto al Patrimonio a cargo de las personas
jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta.
Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total
del patrimonio líquido del obligado.”.
Texto original artículo (Decreto 624 de 1989): Derogado
por la Ley 6 de 1992, artículo 140. TABLA DEL IMPUESTO. Para
los contribuyentes del impuesto complementario de patrimonio, este impuesto es
el indicado frente al intervalo al cual corresponde su patrimonio líquido
gravable, de conformidad con la tabla señalada a continuación:
TABLA DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
AÑO BASE 1983.
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
1 |
a |
100.000 |
0 |
0.00 |
|
100.001 |
a |
200.000 |
0 |
0.00 |
|
200.001 |
a |
300.000 |
0 |
0.00 |
|
300.001 |
a |
400.000 |
0 |
0.00 |
|
400.001 |
a |
500.000 |
421 |
0.93 |
|
500.001 |
a |
600.000 |
1.021 |
1.85 |
|
600.001 |
a |
700.000 |
1.621 |
2.49 |
|
700.001 |
a |
800.000 |
2.259 |
3.01 |
|
800.001 |
a |
900.000 |
2.959 |
3.48 |
|
900.001 |
a |
1.000.000 |
3.659 |
3.85 |
|
1.000.001 |
a |
1.100.000 |
4.359 |
4.15 |
|
1.100.001 |
a |
1.200.000 |
5.059 |
4.40 |
|
1.200.001 |
a |
1.300.000 |
5.841 |
4.67 |
|
1.300.001 |
a |
1.400.000 |
6.671 |
4.94 |
|
1.400.001 |
a |
1.500.000 |
7.501 |
5.17 |
|
1.500.001 |
a |
1.600.000 |
8.331 |
5.37 |
|
1.600.001 |
a |
1.700.000 |
9.161 |
5.55 |
|
1.700.001 |
a |
1.800.000 |
10.097 |
5.77 |
|
1.800.001 |
a |
1.900.000 |
11.047 |
5.97 |
|
1.900.001 |
a |
2.000.000 |
11.997 |
6.15 |
|
2.000.001 |
a |
2.100.000 |
12.947 |
6.31 |
|
2.100.001 |
a |
2.200.000 |
13.914 |
6.47 |
|
2.200.001 |
a |
2.300.000 |
14.984 |
6.66 |
|
2.300.001 |
a |
2.400.000 |
16.054 |
6.83 |
|
2.400.001 |
a |
2.500.000 |
17.124 |
6.99 |
|
2.500.001 |
a |
2.600.000 |
18.194 |
7.13 |
|
2.600.001 |
a |
2.700.000 |
19.314 |
7.28 |
|
2.700.001 |
a |
2.800.000 |
20.514 |
7.46 |
|
2.800.001 |
a |
2.900.000 |
21.714 |
7.61 |
|
2.900.001 |
a |
3.000.000 |
22.914 |
7.76 |
|
3.000.001 |
a |
3.100.000 |
24.114 |
7.90 |
|
3.100.001 |
a |
3.200.000 |
25.398 |
8.06 |
|
3.200.001 |
a |
3.300.000 |
26.728 |
8.22 |
|
3.300.001 |
a |
3.400.000 |
28.058 |
8.37 |
|
3.400.001 |
a |
3.500.000 |
29.388 |
8.51 |
|
3.500.001 |
a |
3.600.000 |
30.718 |
8.65 |
|
3.600.001 |
a |
3.700.000 |
32.156 |
8.81 |
|
3.700.001 |
a |
3.800.000 |
33.606 |
8.96 |
|
3.800.001 |
a |
3.900.000 |
35.056 |
9.10 |
|
3.900.001 |
a |
4.000.000 |
36.506 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
4.000.001 |
a |
4.100.000 |
37.970 |
9.37 |
|
4.100.001 |
a |
4.200.000 |
39.520 |
9.52 |
|
4.200.001 |
a |
4.300.000 |
41.070 |
9.66 |
|
4.300.001 |
a |
4.400.000 |
42.620 |
9.79 |
|
4.400.001 |
a |
4.500.000 |
44.170 |
9.92 |
|
4.500.001 |
a |
4.600.000 |
45.741 |
10.05 |
|
4.600.001 |
a |
4.700.000 |
47.341 |
10.18 |
|
4.700.001 |
a |
4.800.000 |
48.941 |
10.30 |
|
4.800.001 |
a |
4.900.000 |
50.541 |
10.42 |
|
4.900.001 |
a |
5.000.000 |
52.141 |
10.53 |
|
5.000.001 |
a |
5.100.000 |
53.741 |
10.64 |
|
5.100.001 |
a |
5.200.000 |
55.341 |
10.74 |
|
5.200.001 |
a |
5.300.000 |
56.941 |
10.84 |
|
5.300.001 |
a |
5.400.000 |
58.541 |
10.94 |
|
5.400.001 |
a |
5.500.000 |
60.141 |
11.03 |
|
5.500.001 |
a |
5.600.000 |
61.741 |
11.12 |
|
5.600.001 |
a |
5.700.000 |
63.341 |
11.21 |
|
5.700.001 |
a |
5.800.000 |
64.941 |
11.29 |
|
5.800.001 |
a |
5.900.000 |
66.541 |
11.37 |
|
5.900.001 |
a |
6.000.000 |
68.149 |
11.45 |
|
6.000.001 |
a |
6.100.000 |
69.799 |
11.53 |
|
6.100.001 |
a |
6.200.000 |
71.449 |
11.61 |
|
6.200.001 |
a |
6.300.000 |
73.099 |
11.69 |
|
6.300.001 |
a |
6.400.000 |
74.749 |
11.77 |
|
6.400.001 |
a |
6.500.000 |
76.419 |
11.84 |
|
6.500.001 |
a |
6.600.000 |
78.119 |
11.92 |
|
6.600.001 |
a |
6.700.000 |
79.819 |
12.00 |
|
6.700.001 |
a |
6.800.000 |
81.519 |
12.07 |
|
6.800.001 |
a |
6.900.000 |
83.219 |
12.14 |
|
6.900.001 |
a |
7.000.000 |
84.919 |
12.21 |
|
7.000.001 |
a |
7.100.000 |
86.619 |
12.28 |
|
7.100.001 |
a |
7.200.000 |
88.319 |
12.35 |
|
7.200.001 |
a |
7.300.000 |
90.019 |
12.41 |
|
7.300.001 |
a |
7.400.000 |
91.719 |
12.47 |
|
7.400.001 |
a |
7.500.000 |
93.465 |
12.54 |
|
7.500.001 |
a |
7.600.000 |
95.215 |
12.61 |
|
7.600.001 |
a |
7.700.000 |
96.965 |
12.67 |
|
7.700.001 |
a |
7.800.000 |
98.715 |
12.73 |
|
7.800.001 |
a |
7.900.000 |
100.474 |
12.80 |
|
7.900.001 |
a |
8.000.000 |
102.274 |
12.86 |
|
8.000.001 |
a |
8.100.000 |
104.074 |
12.92 |
|
8.100.001 |
a |
8.200.000 |
105.874 |
12.99 |
|
8.200.001 |
a |
8.300.000 |
107.674 |
13.05 |
|
8.300.001 |
a |
8.400.000 |
109.474 |
13.11 |
|
8.400.001 |
a |
8.500.000 |
111.274 |
13.16 |
|
8.500.001 |
a |
8.600.000 |
113.074 |
13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
8.600.001 |
a |
8.700.000 |
114.874 |
13.28 |
|
8.700.001 |
a |
8.800.000 |
116.674 |
13.33 |
|
8.800.001 |
a |
8.900.000 |
118.474 |
13.38 |
|
8.900.001 |
a |
9.000.000 |
120.274 |
13.43 |
|
9.000.001 |
a |
9.100.000 |
122.074 |
13.48 |
|
9.100.001 |
a |
9.200.000 |
123.874 |
13.53 |
|
9.200.001 |
a |
9.300.000 |
125.674 |
13.59 |
|
9.300.001 |
a |
9.400.000 |
127.474 |
13.63 |
|
9.400.001 |
a |
9.500.000 |
129.274 |
13.68 |
|
9.500.001 |
a |
9.600.000 |
131.074 |
13.72 |
|
9.600.001 |
a |
9.700.000 |
132.874 |
13.77 |
|
9.700.001 |
a |
9.800.000 |
134.674 |
13.81 |
|
9.800.001 |
a |
9.900.000 |
136.474 |
13.85 |
|
9.900.001 |
a |
10.000.000 |
138.274 |
13.89 |
|
10.000.001 |
a |
10.100.000 |
140.074 |
13.93 |
|
10.100.001 |
a |
10.200.000 |
141.874 |
13.97 |
|
10.200.001 |
a |
10.300.000 |
143.695 |
14.02 |
|
10.300.001 |
a |
10.400.000 |
145.545 |
14.06 |
|
10.400.001 |
a |
10.500.000 |
147.395 |
14.10 |
|
10.500.001 |
a |
10.600.000 |
149.245 |
14.14 |
|
10.600.001 |
a |
10.700.000 |
151.095 |
14.18 |
|
10.700.001 |
a |
10.800.000 |
152.980 |
14.23 |
|
10.800.001 |
a |
10.900.000 |
154.880 |
14.27 |
|
10.900.001 |
a |
11.000.000 |
156.780 |
14.31 |
|
11.000.001 |
a |
11.100.000 |
158.680 |
14.36 |
|
11.100.001 |
a |
11.200.000 |
160.580 |
14.40 |
|
11.200.001 |
a |
11.300.000 |
162.480 |
14.44 |
|
11.300.001 |
a |
11.400.000 |
164.380 |
14.48 |
|
11.400.001 |
a |
11.500.000 |
166.280 |
14.52 |
|
11.500.001 |
a |
11.600.000 |
168.180 |
14.56 |
|
11.600.001 |
a |
11.700.000 |
170.080 |
14.60 |
|
11.700.001 |
a |
11.800.000 |
171.980 |
14.63 |
|
11.800.001 |
a |
11.900.000 |
173.880 |
14.67 |
|
11.900.001 |
a |
12.000.000 |
175.780 |
14.71 |
|
12.000.001 |
a |
12.100.000 |
177.680 |
14.74 |
|
12.100.001 |
a |
12.200.000 |
179.580 |
14.78 |
|
12.200.001 |
a |
12.300.000 |
181.480 |
14.81 |
|
12.300.001 |
a |
12.400.000 |
183.380 |
14.84 |
|
12.400.001 |
a |
12.500.000 |
185.280 |
14.88 |
|
12.500.001 |
a |
12.600.000 |
187.180 |
14.91 |
|
12.600.001 |
a |
12.700.000 |
189.080 |
14.94 |
|
12.700.001 |
a |
12.800.000 |
190.980 |
14.97 |
|
12.800.001 |
a |
12.900.000 |
192.880 |
15.01 |
|
12.900.001 |
a |
13.000.000 |
194.780 |
15.04 |
|
13.000.001 |
a |
13.100.000 |
196.680 |
15.07 |
|
13.100.001 |
a |
13.200.000 |
198.580 |
15.10 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
13.200.001 |
a |
13.300.000 |
200.480 |
15.13 |
|
13.300.001 |
a |
13.400.000 |
202.380 |
15.16 |
|
13.400.001 |
a |
13.500.000 |
204.280 |
15.18 |
|
13.500.001 |
a |
13.600.000 |
206.180 |
15.21 |
|
13.600.001 |
a |
13.700.000 |
208.080 |
15.24 |
|
13.700.001 |
a |
13.800.000 |
209.980 |
15.27 |
|
13.800.001 |
a |
13.900.000 |
211.880 |
15.29 |
|
13.900.001 |
a |
14.000.000 |
213.780 |
15.32 |
|
14.000.001 |
a |
14.100.000 |
215.680 |
15.35 |
|
14.100.001 |
a |
14.200.000 |
217.580 |
15.37 |
|
14.200.001 |
a |
14.300.000 |
219.480 |
15.40 |
|
14.300.001 |
a |
14.400.000 |
221.380 |
15.42 |
|
14.400.001 |
a |
14.500.000 |
223.280 |
15.45 |
|
14.500.001 |
a |
14.600.000 |
225.180 |
15.47 |
|
14.600.001 |
a |
14.700.000 |
227.080 |
15.50 |
|
14.700.001 |
a |
14.800.000 |
228.980 |
15.52 |
|
14.800.001 |
a |
14.900.000 |
230.880 |
15.54 |
|
14.900.001 |
a |
15.000.000 |
232.780 |
15.57 |
|
15.000.001 |
a |
15.100.000 |
234.680 |
15.59 |
|
15.100.001 |
a |
15.200.000 |
236.580 |
15.61 |
|
15.200.001 |
a |
15.300.000 |
238.480 |
15.63 |
|
15.300.001 |
a |
15.400.000 |
240.380 |
15.66 |
|
15.400.001 |
a |
15.500.000 |
242.280 |
15.68 |
|
15.500.001 |
a |
15.600.000 |
244.180 |
15.70 |
|
15.600.001 |
a |
15.700.000 |
246.080 |
15.72 |
|
15.700.001 |
a |
15.800.000 |
247.980 |
15.74 |
|
15.800.001 |
a |
15.900.000 |
249.880 |
15.76 |
|
15.900.001 |
a |
16.000.000 |
251.780 |
15.78 |
|
16.000.001 |
a |
16.100.000 |
253.680 |
15.80 |
|
16.100.001 |
a |
16.200.000 |
255.580 |
15.82 |
|
16.200.001 |
a |
16.300.000 |
257.480 |
15.84 |
|
16.300.001 |
a |
16.400.000 |
259.380 |
15.86 |
|
16.400.001 |
a |
16.500.000 |
261.280 |
15.88 |
|
16.500.001 |
a |
16.600.000 |
263.180 |
15.90 |
|
16.600.001 |
a |
16.700.000 |
265.080 |
15.92 |
|
16.700.001 |
a |
16.800.000 |
266.980 |
15.94 |
|
16.800.001 |
a |
16.900.000 |
268.880 |
15.95 |
|
16.900.001 |
a |
17.000.000 |
270.780 |
15.97 |
|
17.000.001 |
a |
17.100.000 |
272.680 |
15.99 |
|
17.100.001 |
a |
17.200.000 |
274.580 |
16.01 |
|
17.200.001 |
a |
17.300.000 |
276.480 |
16.02 |
|
17.300.001 |
a |
17.400.000 |
278.380 |
16.04 |
|
17.400.001 |
a |
17.500.000 |
280.280 |
16.06 |
|
17.500.001 |
a |
17.600.000 |
282.180 |
16.07 |
|
17.600.001 |
a |
17.700.000 |
284.080 |
16.09 |
|
17.700.001 |
a |
17.800.000 |
285.980 |
16.11 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
17.800.001 |
a |
17.900.000 |
287.880 |
16.12 |
|
17.900.001 |
a |
18.000.000 |
289.780 |
16.14 |
|
18.000.001 |
a |
18.100.000 |
291.680 |
16.16 |
|
18.100.001 |
a |
18.200.000 |
293.580 |
16.17 |
|
18.200.001 |
a |
18.300.000 |
295.480 |
16.19 |
|
18.300.001 |
a |
18.400.000 |
297.380 |
16.20 |
|
18.400.001 |
a |
18.500.000 |
299.280 |
16.22 |
|
18.500.001 |
a |
18.600.000 |
301.180 |
16.23 |
|
18.600.001 |
a |
18.700.000 |
303.080 |
16.25 |
|
18.700.001 |
a |
18.800.000 |
304.980 |
16.26 |
|
18.800.001 |
a |
18.900.000 |
306.880 |
16.28 |
|
18.900.001 |
a |
19.000.000 |
308.780 |
16.29 |
|
19.000.001 |
a |
19.100.000 |
310.680 |
16.30 |
|
19.100.001 |
a |
19.200.000 |
312.580 |
16.32 |
|
19.200.001 |
a |
19.300.000 |
314.480 |
16.33 |
|
19.300.001 |
a |
19.400.000 |
316.380 |
16.35 |
|
19.400.001 |
a |
19.500.000 |
318.280 |
16.36 |
|
19.500.001 |
a |
19.600.000 |
320.180 |
16.37 |
|
19.600.001 |
a |
19.700.000 |
322.080 |
16.39 |
|
19.700.001 |
a |
19.800.000 |
323.980 |
16.40 |
|
19.800.001 |
a |
19.900.000 |
325.880 |
16.41 |
|
19.900.001 |
a |
20.000.000 |
327.780 |
16.43 |
|
20.000.001 |
a |
20.100.000 |
329.680 |
16.44 |
|
20.100.001 |
a |
20.200.000 |
331.580 |
16.45 |
|
20.200.001 |
a |
20.300.000 |
333.480 |
16.46 |
|
20.300.001 |
a |
20.400.000 |
335.380 |
16.48 |
|
20.400.001 |
a |
20.500.000 |
337.280 |
16.49 |
|
20.500.001 |
a |
20.600.000 |
339.180 |
16.50 |
|
20.600.001 |
a |
20.700.000 |
341.080 |
16.51 |
|
20.700.001 |
a |
20.800.000 |
342.980 |
16.53 |
|
20.800.001 |
a |
20.900.000 |
344.880 |
16.54 |
|
20.900.001 |
a |
21.000.000 |
346.780 |
16.55 |
|
21.000.001 |
a |
21.100.000 |
348.680 |
16.56 |
|
21.100.001 |
a |
21.200.000 |
350.580 |
16.57 |
|
21.200.001 |
a |
21.300.000 |
352.480 |
16.58 |
|
21.300.001 |
a |
21.400.000 |
354.380 |
16.59 |
|
21.400.001 |
a |
21.500.000 |
356.280 |
16.61 |
|
21.500.001 |
a |
21.600.000 |
358.180 |
16.62 |
|
21.600.001 |
a |
21.700.000 |
360.080 |
16.63 |
|
21.700.001 |
a |
21.800.000 |
361.980 |
16.64 |
|
21.800.001 |
a |
21.900.000 |
363.880 |
16.65 |
|
21.900.001 |
a |
22.000.000 |
365.780 |
16.66 |
|
22.000.001 |
a |
22.100.000 |
367.680 |
16.67 |
|
22.100.001 |
a |
22.200.000 |
369.580 |
16.68 |
|
22.200.001 |
a |
22.300.000 |
371.480 |
16.69 |
|
22.300.001 |
a |
22.400.000 |
373.380 |
16.70 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
22.400.001 |
a |
22.500.000 |
375.280 |
16.71 |
|
22.500.001 |
a |
22.600.000 |
377.180 |
16.72 |
|
22.600.001 |
a |
22.700.000 |
379.080 |
16.73 |
|
22.700.001 |
a |
22.800.000 |
380.980 |
16.74 |
|
22.800.001 |
a |
22.900.000 |
382.880 |
16.75 |
|
22.900.001 |
a |
23.000.000 |
384.780 |
16.76 |
|
23.000.001 |
a |
23.100.000 |
386.680 |
16.77 |
|
23.100.001 |
a |
23.200.000 |
388.580 |
16.78 |
|
23.200.001 |
a |
23.300.000 |
390.480 |
16.79 |
|
23.300.001 |
a |
23.400.000 |
392.380 |
16.80 |
|
23.400.001 |
a |
23.500.000 |
394.280 |
16.81 |
|
23.500.001 |
a |
23.600.000 |
396.180 |
16.82 |
|
23.600.001 |
a |
23.700.000 |
398.080 |
16.83 |
|
23.700.001 |
a |
23.800.000 |
399.980 |
16.84 |
|
23.800.001 |
a |
23.900.000 |
401.880 |
16.85 |
|
23.900.001 |
a |
24.000.000 |
403.780 |
16.86 |
|
24.000.001 |
a |
24.100.000 |
405.680 |
16.86 |
|
24.100.001 |
a |
24.200.000 |
407.580 |
16.87 |
|
24.200.001 |
a |
24.300.000 |
409.480 |
16.88 |
|
24.300.001 |
a |
24.400.000 |
411.380 |
16.89 |
|
24.400.001 |
a |
24.500.000 |
413.280 |
16.90 |
|
24.500.001 |
a |
24.600.000 |
415.180 |
16.91 |
|
24.600.001 |
a |
24.700.000 |
417.080 |
16.92 |
|
24.700.001 |
a |
24.800.000 |
418.980 |
16.92 |
|
24.800.001 |
a |
24.900.000 |
420.880 |
16.93 |
|
24.900.001 |
a |
25.000.000 |
422.780 |
16.94 |
|
25.000.001 |
a |
25.100.000 |
424.680 |
16.95 |
|
25.100.001 |
a |
25.200.000 |
426.580 |
16.96 |
|
25.200.001 |
a |
25.300.000 |
428.480 |
16.97 |
|
25.300.001 |
a |
25.400.000 |
430.380 |
16.97 |
|
25.400.001 |
a |
25.500.000 |
432.280 |
16.98 |
|
25.500.001 |
a |
25.600.000 |
434.180 |
16.99 |
|
25.600.001 |
a |
25.700.000 |
436.080 |
17.00 |
|
25.700.001 |
a |
25.800.000 |
437.980 |
17.00 |
|
25.800.001 |
a |
25.900.000 |
439.880 |
17.01 |
|
25.900.001 |
a |
26.000.000 |
441.780 |
17.02 |
|
26.000.001 |
a |
26.100.000 |
443.680 |
17.03 |
|
26.100.001 |
a |
26.200.000 |
445.580 |
17.04 |
|
26.200.001 |
a |
26.300.000 |
447.480 |
17.04 |
|
26.300.001 |
a |
26.400.000 |
449.380 |
17.05 |
|
26.400.001 |
a |
26.500.000 |
451.280 |
17.06 |
|
26.500.001 |
a |
26.600.000 |
453.180 |
17.06 |
|
26.600.001 |
a |
26.700.000 |
455.080 |
17.07 |
|
26.700.001 |
a |
26.800.000 |
456.980 |
17.08 |
|
26.800.001 |
a |
26.900.000 |
458.880 |
17.09 |
|
26.900.001 |
a |
27.000.000 |
460.780 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
27.000.001 |
a |
27.100.000 |
462.680 |
17.10 |
|
27.100.001 |
a |
27.200.000 |
464.580 |
17.11 |
|
27.200.001 |
a |
27.300.000 |
466.480 |
17.11 |
|
27.300.001 |
a |
27.400.000 |
468.380 |
17.12 |
|
27.400.001 |
a |
27.500.000 |
470.280 |
17.13 |
|
27.500.001 |
a |
27.600.000 |
472.180 |
17.14 |
|
27.600.001 |
a |
27.700.000 |
474.080 |
17.14 |
|
27.700.001 |
a |
27.800.000 |
475.980 |
17.15 |
|
27.800.001 |
a |
27.900.000 |
477.880 |
17.16 |
|
27.900.001 |
a |
28.000.000 |
479.780 |
17.16 |
|
28.000.001 |
a |
28.100.000 |
481.680 |
17.17 |
|
28.100.001 |
a |
28.200.000 |
483.580 |
17.17 |
|
28.200.001 |
a |
28.300.000 |
485.480 |
17.18 |
|
28.300.001 |
a |
28.400.000 |
487.380 |
17.19 |
|
28.400.001 |
a |
28.500.000 |
489.280 |
17.19 |
|
28.500.001 |
a |
28.600.000 |
491.180 |
17.20 |
|
28.600.001 |
a |
28.700.000 |
493.080 |
17.21 |
|
28.700.001 |
a |
28.800.000 |
494.980 |
17.21 |
|
28.800.001 |
a |
28.900.000 |
496.880 |
17.22 |
|
28.900.001 |
a |
29.000.000 |
498.780 |
17.23 |
|
29.000.001 |
a |
29.100.000 |
500.680 |
17.23 |
|
29.100.001 |
a |
29.200.000 |
502.580 |
17.24 |
|
29.200.001 |
a |
29.300.000 |
504.480 |
17.24 |
|
29.300.001 |
a |
29.400.000 |
506.380 |
17.25 |
|
29.400.001 |
a |
29.500.000 |
508.280 |
17.26 |
|
29.500.001 |
a |
29.600.000 |
510.180 |
17.26 |
|
29.600.001 |
a |
29.700.000 |
512.080 |
17.27 |
|
29.700.001 |
a |
29.800.000 |
513.980 |
17.27 |
|
29.800.001 |
a |
29.900.000 |
515.880 |
17.28 |
|
29.900.001 |
a |
30.000.000 |
517.780 |
17.28 |
|
30.000.001 |
a |
30.100.000 |
519.680 |
17.29 |
|
30.100.001 |
a |
30.200.000 |
521.580 |
17.30 |
|
30.200.001 |
a |
30.300.000 |
523.480 |
17.30 |
|
30.300.001 |
a |
30.400.000 |
525.380 |
17.31 |
|
30.400.001 |
a |
30.500.000 |
527.280 |
17.31 |
|
30.500.001 |
a |
30.600.000 |
529.180 |
17.32 |
|
30.600.001 |
a |
30.700.000 |
531.080 |
17.32 |
|
30.700.001 |
a |
30.800.000 |
532.980 |
17.33 |
|
30.800.001 |
a |
30.900.000 |
534.880 |
17.33 |
|
30.900.001 |
a |
31.000.000 |
536.780 |
17.34 |
|
31.000.001 |
a |
31.100.000 |
538.680 |
17.34 |
|
31.100.001 |
a |
31.200.000 |
540.580 |
17.35 |
|
31.200.001 |
a |
31.300.000 |
542.480 |
17.36 |
|
31.300.001 |
a |
31.400.000 |
544.380 |
17.36 |
|
31.400.001 |
a |
31.500.000 |
546.280 |
17.37 |
|
31.500.001 |
a |
31.600.000 |
548.180 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
31.600.001 |
a |
31.700.000 |
550.080 |
17.38 |
|
31.700.001 |
a |
31.800.000 |
551.980 |
17.38 |
|
31.800.001 |
a |
31.900.000 |
553.880 |
17.39 |
|
31.900.001 |
a |
32.000.000 |
555.780 |
17.39 |
|
32.000.001 |
a |
32.100.000 |
557.680 |
17.40 |
|
32.100.001 |
a |
32.200.000 |
559.580 |
17.40 |
|
32.200.001 |
a |
32.300.000 |
561.480 |
17.41 |
|
32.300.001 |
a |
32.400.000 |
563.380 |
17.41 |
|
32.400.001 |
a |
32.500.000 |
565.280 |
17.42 |
|
32.500.001 |
a |
32.600.000 |
567.180 |
17.42 |
|
32.600.001 |
a |
32.700.000 |
569.080 |
17.43 |
|
32.700.001 |
a |
32.800.000 |
570.980 |
17.43 |
|
32.800.001 |
a |
32.900.000 |
572.880 |
17.44 |
|
32.900.001 |
a |
33.000.000 |
574.780 |
17.44 |
|
33.000.001 |
a |
33.100.000 |
576.680 |
17.44 |
|
33.100.001 |
a |
33.200.000 |
578.580 |
17.45 |
|
33.200.001 |
a |
33.300.000 |
580.480 |
17.45 |
|
33.300.001 |
a |
33.400.000 |
582.380 |
17.46 |
|
33.400.001 |
a |
33.500.000 |
584.280 |
17.46 |
|
33.500.001 |
a |
33.600.000 |
586.180 |
17.47 |
|
33.600.001 |
a |
33.700.000 |
588.080 |
17.47 |
|
33.700.001 |
a |
33.800.000 |
589.980 |
17.48 |
|
33.800.001 |
a |
33.900.000 |
591.880 |
17.48 |
|
33.900.001 |
a |
34.000.000 |
593.780 |
17.49 |
|
34.000.001 |
a |
34.100.000 |
595.680 |
17.49 |
|
34.100.001 |
a |
34.200.000 |
597.580 |
17.49 |
|
34.200.001 |
a |
34.300.000 |
599.480 |
17.50 |
|
34.300.001 |
a |
34.400.000 |
601.380 |
17.50 |
|
34.400.001 |
a |
34.500.000 |
603.280 |
17.51 |
|
34.500.001 |
a |
34.600.000 |
605.180 |
17.51 |
|
34.600.001 |
a |
34.700.000 |
607.080 |
17.52 |
|
34.700.001 |
a |
34.800.000 |
608.980 |
17.52 |
|
34.800.001 |
a |
34.900.000 |
610.880 |
17.52 |
|
34.900.001 |
a |
35.000.000 |
612.780 |
17.53 |
|
35.000.001 |
a |
35.100.000 |
614.680 |
17.53 |
|
35.100.001 |
a |
35.200.000 |
616.580 |
17.54 |
|
35.200.001 |
a |
35.300.000 |
618.480 |
17.54 |
|
35.300.001 |
a |
35.400.000 |
620.380 |
17.55 |
|
35.400.000 |
a |
35.500.000 |
622.280 |
17.55 |
|
35.500.001 |
a |
35.600.000 |
624.180 |
17.55 |
|
35.600.001 |
a |
35.700.000 |
626.080 |
17.56 |
|
35.700.001 |
a |
35.800.000 |
627.980 |
17.56 |
|
35.800.001 |
a |
35.900.000 |
629.880 |
17.57 |
|
35.900.001 |
a |
36.000.000 |
631.780 |
17.57 |
|
36.000.001 |
a |
36.100.000 |
633.680 |
17.57 |
|
36.100.001 |
a |
36.200.000 |
635.580 |
17.58 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
36.200.001 |
a |
36.300.000 |
637.480 |
17.58 |
|
36.300.001 |
a |
36.400.000 |
639.380 |
17.59 |
|
36.400.001 |
a |
36.500.000 |
641.280 |
17.59 |
|
36.500.001 |
a |
36.600.000 |
643.180 |
17.59 |
|
36.600.001 |
a |
36.700.000 |
645.080 |
17.60 |
|
36.700.001 |
a |
36.800.000 |
646.980 |
17.60 |
|
36.800.001 |
a |
36.900.000 |
648.880 |
17.60 |
|
36.900.001 |
a |
37.000.000 |
650.780 |
17.61 |
|
37.000.001 |
a |
37.100.000 |
652.680 |
17.61 |
|
37.100.001 |
a |
37.200.000 |
654.580 |
17.62 |
|
37.200.001 |
a |
37.300.000 |
656.480 |
17.62 |
|
37.300.001 |
a |
37.400.000 |
658.380 |
17.62 |
|
37.400.001 |
a |
37.500.000 |
660.280 |
17.63 |
|
37.500.001 |
a |
37.600.000 |
662.180 |
17.63 |
|
37.600.001 |
a |
37.700.000 |
664.080 |
17.63 |
|
37.700.001 |
a |
37.800.000 |
665.980 |
17.64 |
|
37.800.001 |
a |
37.900.000 |
667.880 |
17.64 |
|
37.900.001 |
a |
38.00.0000 |
669.780 |
17.65 |
|
38.000.001 |
a |
38.100.000 |
671.680 |
17.65 |
|
38.100.001 |
a |
38.200.000 |
673.580 |
17.65 |
|
38.200.001 |
a |
38.300.000 |
675.480 |
17.66 |
|
38.300.001 |
a |
38.400.000 |
677.380 |
17.66 |
|
38.400.001 |
a |
38.500.000 |
679.280 |
17.66 |
|
38.500.001 |
a |
38.600.000 |
681.180 |
17.67 |
|
38.600.001 |
a |
38.700.000 |
683.080 |
17.67 |
|
38.700.001 |
a |
38.800.000 |
684.980 |
17.67 |
|
38.800.001 |
a |
38.900.000 |
686.880 |
17.68 |
|
38.900.001 |
a |
39.000.000 |
688.780 |
17.68 |
|
39.000.001 |
a |
39.100.000 |
690.680 |
17.68 |
|
39.100.001 |
a |
39.200.000 |
692.580 |
17.69 |
|
39.200.001 |
a |
39.300.000 |
694.480 |
17.69 |
|
39.300.001 |
a |
39.400.000 |
696.380 |
17.69 |
|
39.400.001 |
a |
39.500.000 |
698.280 |
17.70 |
|
39.500.001 |
a |
39.600.000 |
700.180 |
17.70 |
|
39.600.001 |
a |
39.700.000 |
702.080 |
17.70 |
|
39.700.001 |
a |
39.800.000 |
703.980 |
17.71 |
|
39.800.001 |
a |
39.900.000 |
705.880 |
17.71 |
|
39.900.001 |
a |
40.000.000 |
707.780 |
17.71 |
|
40.000.001 |
a |
40.100.000 |
709.680 |
17.72 |
|
40.100.001 |
a |
40.200.000 |
711.580 |
17.72 |
|
40.200.001 |
a |
40.300.000 |
713.480 |
17.72 |
|
40.300.001 |
a |
40.400.000 |
715.380 |
17.73 |
|
40.400.001 |
a |
40.500.000 |
717.280 |
17.73 |
|
40.500.001 |
a |
40.600.000 |
719.180 |
17.73 |
|
40.600.001 |
a |
40.700.000 |
721.080 |
17.73 |
|
40.700.001 |
a |
40.800.000 |
722.980 |
17.74 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
40.800.001 |
a |
47.900.000 |
724.880 |
17.74 |
|
40.900.001 |
a |
41.000.000 |
726.780 |
17.74 |
|
41.000.001 |
a |
41.100.000 |
728.680 |
17.75 |
|
41.100.001 |
a |
41.200.000 |
730.580 |
17.75 |
|
41.200.001 |
a |
41.300.000 |
732.480 |
17.75 |
|
41.300.001 |
a |
41.400.000 |
734.380 |
17.76 |
|
41.400.001 |
a |
41.500.000 |
736.280 |
17.76 |
|
41.500.001 |
a |
41.600.000 |
738.180 |
17.76 |
|
41.600.001 |
a |
41.700.000 |
740.080 |
17.77 |
|
41.700.001 |
a |
41.800.000 |
741.980 |
17.77 |
|
41.800.001 |
a |
41.900.000 |
743.880 |
17.77 |
|
41.900.001 |
a |
42.000.000 |
745.780 |
17.77 |
|
42.000.001 |
a |
42.100.000 |
747.680 |
17.78 |
|
42.100.001 |
a |
42.200.000 |
749.580 |
17.78 |
|
42.200.001 |
a |
42.300.000 |
751.480 |
17.78 |
|
42.300.001 |
a |
42.400.000 |
753.380 |
17.79 |
|
42.400.001 |
a |
42.500.000 |
755.280 |
17.79 |
|
42.500.001 |
a |
42.600.000 |
757.180 |
17.79 |
|
42.600.001 |
a |
42.700.000 |
759.080 |
17.79 |
|
42.700.001 |
a |
42.800.000 |
760.980 |
17.80 |
|
42.800.001 |
a |
42.900.000 |
762.880 |
17.80 |
|
42.900.001 |
a |
43.000.000 |
764.780 |
17.80 |
|
43.000.001 |
a |
43.100.000 |
766.680 |
17.81 |
|
43.100.001 |
a |
43.200.000 |
768.580 |
17.81 |
|
43.200.001 |
a |
43.300.000 |
770.480 |
17.81 |
|
43.300.001 |
a |
43.400.000 |
772.380 |
17.81 |
|
43.400.001 |
a |
43.500.000 |
774.280 |
17.82 |
|
43.500.001 |
a |
43.600.000 |
776.180 |
17.82 |
|
43.600.001 |
a |
43.700.000 |
778.080 |
17.82 |
|
43.700.001 |
a |
43.800.000 |
779.980 |
17.82 |
|
43.800.001 |
a |
43.900.000 |
781.880 |
17.83 |
|
43.900.001 |
a |
44.000.000 |
783.780 |
17.83 |
|
44.000.001 |
a |
44.100.000 |
785.680 |
17.83 |
|
44.100.001 |
a |
44.200.000 |
787.580 |
17.83 |
|
44.200.001 |
a |
44.300.000 |
789.480 |
17.84 |
|
44.300.001 |
a |
44.400.000 |
791.380 |
17.84 |
|
44.400.001 |
a |
44.500.000 |
793.280 |
17.84 |
|
44.500.001 |
a |
44.600.000 |
795.180 |
17.85 |
|
44.600.001 |
a |
44.700.000 |
797.080 |
17.85 |
|
44.700.001 |
a |
44.800.000 |
798.980 |
17.85 |
|
44.800.001 |
a |
44.900.000 |
800.880 |
17.85 |
|
44.900.001 |
a |
45.000.000 |
802.780 |
17.86 |
|
45.000.001 |
a |
45.100.000 |
804.680 |
17.86 |
|
45.100.001 |
a |
45.200.000 |
806.580 |
17.86 |
|
45.200.001 |
a |
45.300.000 |
808.480 |
17.86 |
|
45.300.001 |
a |
45.400.000 |
810.380 |
17.87 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
45.400.001 |
a |
45.500.000 |
812.280 |
17.87 |
|
45.500.001 |
a |
45.600.000 |
814.180 |
17.87 |
|
45.600.001 |
a |
45.700.000 |
816.080 |
17.87 |
|
45.700.001 |
a |
45.800.000 |
817.980 |
17.88 |
|
45.800.001 |
a |
45.900.000 |
819.880 |
17.88 |
|
45.900.001 |
a |
46.000.000 |
821.780 |
17.88 |
|
46.000.001 |
a |
46.100.000 |
823.680 |
17.88 |
|
46.100.001 |
a |
46.200.000 |
825.580 |
17.89 |
|
46.200.001 |
a |
46.300.000 |
827.480 |
17.89 |
|
46.300.001 |
a |
46.400.000 |
829.380 |
17.89 |
|
46.400.001 |
a |
46.500.000 |
831.280 |
17.89 |
|
46.500.001 |
a |
46.600.000 |
833.180 |
17.89 |
|
46.600.001 |
a |
46.700.000 |
835.080 |
17.90 |
|
46.700.001 |
a |
46.800.000 |
836.980 |
17.90 |
|
46.800.001 |
a |
46.900.000 |
838.880 |
17.90 |
|
46.900.001 |
a |
47.000.000 |
840.780 |
17.90 |
|
47.000.001 |
a |
47.100.000 |
842.680 |
17.91 |
|
47.100.001 |
a |
47.200.000 |
844.580 |
17.91 |
|
47.200.001 |
a |
47.300.000 |
846.480 |
17.91 |
|
47.300.001 |
a |
47.400.000 |
848.380 |
17.91 |
|
47.400.001 |
a |
47.500.000 |
850.280 |
17.92 |
|
47.500.001 |
a |
47.600.000 |
852.180 |
17.92 |
|
47.600.001 |
a |
47.700.000 |
854.080 |
17.92 |
|
47.700.001 |
a |
47.800.000 |
855.980 |
17.92 |
|
47.800.001 |
a |
47.900.000 |
857.880 |
17.92 |
|
47.900.001 |
a |
48.000.000 |
859.780 |
17.93 |
|
48.000.001 |
a |
48.100.000 |
861.680 |
17.93 |
|
48.100.001 |
a |
48.200.000 |
863.580 |
17.93 |
|
48.200.001 |
a |
48.300.000 |
865.480 |
17.93 |
|
48.300.001 |
a |
48.400.000 |
867.380 |
17.94 |
|
48.400.001 |
a |
48.500.000 |
869.280 |
17.94 |
|
48.500.001 |
a |
48.600.000 |
871.180 |
17.94 |
|
48.600.001 |
a |
48.700.000 |
873.080 |
17.94 |
|
48.700.001 |
a |
48.800.000 |
874.980 |
17.94 |
|
48.800.001 |
a |
48.900.000 |
876.880 |
17.95 |
|
48.900.001 |
a |
49.000.000 |
878.780 |
17.95 |
|
49.000.001 |
a |
49.100.000 |
880.680 |
17.95 |
|
49.100.001 |
a |
49.200.000 |
882.580 |
17.95 |
|
49.200.001 |
a |
49.300.000 |
884.480 |
17.95 |
|
49.300.001 |
a |
49.400.000 |
886.380 |
17.96 |
|
49.400.001 |
a |
49.500.000 |
888.280 |
17.96 |
|
49.500.001 |
a |
49.600.000 |
890.180 |
17.96 |
|
49.600.001 |
a |
49.700.000 |
892.080 |
17.96 |
|
49.700.001 |
a |
49.800.000 |
893.980 |
17.97 |
|
49.800.001 |
a |
49.900.000 |
895.880 |
17.97 |
|
49.900.001 |
a |
50.000.000 |
897.780 |
17.97 |
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE |
IMPUESTO |
TARIFA DEL PROMEDIO DEL INTERVALO 0/00 |
|||
50.000.001 |
|
50.100.000 |
899.680 |
17.97 |
|
50.100.001 |
a |
50.200.000 |
901.580 |
17.97 |
|
50.200.001 |
a |
50.300.000 |
903.480 |
17.98 |
|
50.300.001 |
a |
50.400.000 |
905.380 |
17.98 |
|
50.400.001 |
a |
50.500.000 |
907.280 |
17.98 |
|
50.500.001 |
a |
50.600.000 |
909.180 |
17.98 |
|
50.600.001 |
a |
50.700.000 |
911.080 |
17.98 |
|
50.700.001 |
a |
50.800.000 |
912.980 |
17.99 |
|
50.800.001 |
a |
50.900.000 |
914.880 |
17.99 |
|
50.900.001 |
a |
51.000.000 |
916.780 |
17.99 |
|
51.000.001 |
a |
51.100.000 |
918.680 |
17.99 |
|
51.100.001 |
a |
51.200.000 |
920.580 |
17.99 |
|
51.200.001 |
en adelante |
|
920.580 |
más el |
|
|
18 por mil del
exceso sobre |
51.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artículo
292-1.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Reglamentado por el Decreto 859 de 2011. Adicionado
Ley 1370 de 2009, artículo
1. Impuesto al
Patrimonio. Por el año 2011, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las
personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de
riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.
Los contribuyentes podrán
imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del
patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio.
Artículo 292-2. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 43. Impuesto al
patrimonio - Sujetos pasivos. Por los años 2020 y 2021, créase un
impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a cargo de:
1. Las personas naturales y
las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta.
2. Las personas naturales,
nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su
patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en
los tratados internacionales y en el derecho interno.
3. Las personas naturales,
nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su
patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes, en
el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en
el derecho interno.
4. Las sucesiones ilíquidas
de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio
poseído en el país.
5. Las sociedades o
entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el
país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas
por cobrar y/o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo
2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y el 18-1 de este Estatuto,
como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos
mineros o petroleros. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las
sociedades o entidades extranjeras, que no sean declarantes del impuesto sobre
la renta en el país, y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con
entidades o personas que sean residentes en Colombia.
Parágrafo 1°. Para que apliquen las exclusiones consagradas en el numeral
5 del presente artículo, las acciones, cuentas por cobrar, inversiones de
portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en debida
forma con las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en
Colombia.
Parágrafo 2°. Para el caso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio
señalados en el numeral 3 del presente artículo, el deber formal de declarar
estará en cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente, según sea el
caso.
Texto anterior del artículo 292-2. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 35. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Impuesto al
patrimonio - Sujetos pasivos. Por los años 2019, 2020 y 2021,
créase un impuesto extraordinario denominado el impuesto al patrimonio a cargo
de:
1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan
residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el
país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el
derecho interno.
3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan
residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a
través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las excepciones
previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno.
4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país
al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.
5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes
del impuesto sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en
Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de
portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de
2015 y el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas,
obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. No serán sujetos
pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras, que
no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que suscriban
contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean
residentes en Colombia.
Parágrafo 1°. Para que apliquen las exclusiones consagradas en el numeral 5
del presente artículo, las acciones, cuentas por cobrar, inversiones de
portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en debida
forma con las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en
Colombia.
Parágrafo 2°. Para el caso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio
señalados en el numeral 3 del presente artículo, el deber formal de declarar
estará en cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente, según sea el
caso.”.
Texto
anterior Artículo 292-2. Adicionado por
la Ley 1739 de 2014, art 1. Impuesto a la Riqueza -
Sujetos Pasivos. Por los años 2015, 2016, 2017 y 2018, créase un impuesto
extraordinario denominado el Impuesto a la Riqueza a cargo de:
1. Las personas naturales, las sucesiones
ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Las personas naturales, nacionales o
extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su riqueza
poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los
tratados internacionales y en el derecho interno.
3. Las personas naturales, nacionales o
extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su riqueza poseída
indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las
excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno.
4. Las sociedades y entidades extranjeras respecto
de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas
en los tratados internacionales y en el derecho interno.
5. Las sociedades y entidades extranjeras respecto
de su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos
permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados
internacionales y en el derecho interno.
6. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin
residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en
el país.
Parágrafo
1°. Para el caso
de los contribuyentes del impuesto a la riqueza señalados en el numeral 3 y 5
del presente artículo, el deber formal de declarar estará en cabeza de la
sucursal o del establecimiento permanente, según sea el caso.
Parágrafo
2°. Para
el caso de los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza que sean personas
jurídicas y sociedades de hecho, sean nacionales o extranjeras, el impuesto a
la riqueza desaparece a partir del 1° de enero del año 2018 inclusive.
Artículo
293.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
26. HECHO GENERADOR. HECHO GENERADOR. El impuesto a que
se refiere el artículo anterior se genera por la posesión de riqueza a 1º de
enero del año 2007, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($
3.000.000.000). ( El
aparte señalado en negrilla en este inciso fue (Declarado exequible por la Sentencia
C-809 de 2007 y Sentencia C-842 de 2008, el aparte subrayado)
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
293-1.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Reglamentado por el Decreto 859 de 2011. Adicionado
Ley 1370 de 2009, artículo 2.
Hecho generador. Por el año 2011, el impuesto al
patrimonio, al que se refiere el artículo 292-1, se genera por la posesión de
riqueza a 1° de enero del año 2011, cuyo valor sea igual o superior a tres mil
millones de pesos ($3.000.000.000).
Artículo 293-2. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 2. No Contribuyentes del Impuesto a la Riqueza. No son contribuyentes del Impuesto a
la Riqueza de que trata el artículo 292-2 las personas naturales y las
sociedades o entidades de que tratan los artículos 18, 18-1, el numeral 1 del artículo
19, los artículos 22, 23, 23-1, 23-2, así como las definidas en el numeral 11
del artículo 191 del Estatuto Tributario. Tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que
se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa,
liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de restructuración de
conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, o acuerdo de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y las
personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia.
Parágrafo. Cuando se decrete la disolución y liquidación de una
sociedad con el propósito de defraudar a la administración tributaria o de
manera abusiva como mecanismo para evitar ser contribuyente del Impuesto a la
Riqueza, el o los socios o accionistas que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos de defraudación o abuso responderán solidariamente ante la
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el impuesto,
intereses y sanciones, de ser el caso, que la sociedad habría tenido que
declarar, liquidar y pagar de no encontrarse en liquidación.
Artículo
294.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
27. CAUSACIÓN. El impuesto al patrimonio de causa el 1º
de enero de cada año, por los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Ver Sentencia C-809 de 2007 y la Sentencia C-842 de 2008
Texto anterior del artículo Sustituido
por la Ley 863 de 2003, artículo
17. (éste declarado exequible por los cargos analizados por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-890 de 2012 y
por la Sentencia C-910 del 21 de septiembre de 2004.). “CAUSACIÓN. El Impuesto al Patrimonio se
causa en el primer día del respectivo ejercicio gravable.”.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): Derogado por la Ley 6 de 1992,
artículo 140. AJUSTE DE LAS TABLAS. Los valores absolutos de las
tablas del impuesto de patrimonio se ajustarán anualmente siguiendo el mismo
procedimiento previsto en el artículo 868.
Para
efectos de los valores expresados en la tabla del impuesto de patrimonio, el
Gobierno determinará el procedimiento para realizar los ajustes a que se
refiere el inciso anterior.
Podrán
agregarse nuevos intervalos en los niveles superiores de patrimonio líquido
gravable, respetándose los límites tarifarios señalados en el artículo 292.
Inciso
adicionado por el Decreto 1321 de 1989,
artículo 2º. A partir del año gravable en que entren en aplicación los ajustes
integrales por inflación a los estados financieros, a que se refieren los
Capítulos II y V del Título V del Libro I del Estatuto Tributario, elimínase
para todos los contribuyentes, el impuesto de patrimonio. (Este artículo fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995.).
Artículo 294-1.
Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).).
Reglamentado
por el Decreto
859 de 2011. Adicionado Ley 1370 de 2009,
artículo 3. Causación.
El impuesto al patrimonio a que se refiere el artículo 292-1 se causa el 1° de
enero del año 2011.
Artículo 294-2. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 44. Hecho generador. El impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo al
1° de enero del año 2020, cuyo valor sea igual o superior a cinco mil ($5.000)
millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es
equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio
bruto del contribuyente persona natural poseído en la misma fecha menos las
deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.
Texto anterior del artículo 294-2. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 36. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado
exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-521 de 2019.). “Hecho generador. El
impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo al 1° de enero del
año 2019, cuyo valor sea igual o superior a cinco mil ($5.000) millones de
pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente
al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del
contribuyente persona natural poseído en la misma fecha menos las deudas a
cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.”.
Texto
original Artículo 294-2. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 3. Hecho generador. El
Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del
año 2015, cuyo valor sea igualo superior a $1.000 millones de pesos. Para
efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del
patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a
cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.
Parágrafo. Para determinar la sujeción
pasiva a este impuesto, las sociedades que hayan llevado a cabo procesos de
escisión y las resultantes de estos procesos, a partir de la vigencia de la
presente ley y hasta el 1° de enero de 2015, deberán sumar las riquezas
poseídas por las sociedades escindidas y beneficiarias, a 1° de enero de 2015.
Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto,
las personas naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades a partir de
la vigencia de la presente ley y hasta el 1° de enero de 2015, deberán sumar
las riquezas poseídas por las personas naturales o jurídicas que las
constituyeron y por las sociedades constituidas a 1° de enero de 2015, teniendo
en cuenta en este último caso la proporción en la que participan los socios en
las sociedades así constituidas.
Artículo
295.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
28. BASE GRAVABLE. La base imponible del impuesto al
patrimonio está constituida por el valor del patrimonio líquido del
contribuyente poseído el 1º de enero del año 2007, determinado conforme
lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor
patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales,
así como los primeros doscientos veinte millones de pesos ($220.000.000) del
valor de la casa o apartamento de habitación. (Declarado exequible por la Sentencia C-809 de 2007 y Sentencia C-842 de 2008, el aparte subrayado)
Ver Concepto 64415 de 2007 de la DIAN y reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
295-1.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Adicionado Ley 1370 de 2009, artículo 4.
Base gravable. La base imponible del impuesto al
patrimonio a que se refiere el artículo 292-1 está constituida por el valor del
patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1° de enero del año 2011,
determinado conforme lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto,
excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en
sociedades nacionales, así como los primeros trescientos diecinueve millones
doscientos quince mil pesos ($319.215.000) del valor de la casa o apartamento
de habitación. (Declarado
exequible por la Sentencia C-831 de 2010, el aparte
subrayado)
En el caso de las cajas de
compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, la base
gravable está constituida por el patrimonio líquido poseído a 1° de enero del
año 2011, vinculado a las actividades sobre las cuales tributa como
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios.
Parágrafo. Se excluye de la base para
liquidar el impuesto al patrimonio, el valor patrimonial neto de los activos
fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio
ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado.
Igualmente se excluye el
valor patrimonial neto de los bienes inmuebles del (sic) beneficio y uso
público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el
VPN de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales
destinadas a vivienda prioritaria.
Así mismo, se excluye de la
base el valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los
asociados, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo
19 de este Estatuto.
Artículo
295-2. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 45. Base gravable. La base gravable del impuesto al patrimonio es
el valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones ilíquidas y
sociedades o entidades extranjeras poseído a 1° de enero de 2020 y 2021 menos
las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas fechas, determinado
conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo
el valor patrimonial que tengan al 1° de enero de 2020 y 2021 para las personas
naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras, los
siguientes bienes:
1. En el caso de las
personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de su casa o
apartamento de habitación.
Esta exclusión aplica
únicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la
persona natural la mayor parte del tiempo, por lo que no quedan cobijados por
esta exclusión los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro inmueble que
no cumpla con la condición de ser el lugar en donde habita la persona natural.
2. El cincuenta por ciento
(50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2019
y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de
permanencia en el país, de conformidad con la Ley 1943 de 2018.
3. El cincuenta por ciento
(50%) del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria que hayan sido declarados en el periodo gravable 2020
y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de
permanencia en el país, de conformidad con el impuesto de normalización
previsto en la presente ley.
Parágrafo 1°. Los valores patrimoniales que se pueden excluir de
la base gravable del impuesto al patrimonio se determinará de conformidad con
lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial
neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el que se obtenga de
multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de
dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2020 y a
1º de enero de 2021.
Parágrafo 2°. En caso de que la base gravable del impuesto al patrimonio
determinado en el año gravable 2021, sea superior a aquella determinada en el
año 2020, la base gravable para el año 2021 será la menor entre la base
gravable determinada en el año 2020 incrementada en el veinticinco por ciento
(25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable
determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del impuesto al
patrimonio determinada en el año 2021, es inferior a aquella determinada en el
año 2020, la base gravable para el año 2021 será la mayor entre la base
gravable determinada en el año 2020 disminuida en el veinticinco por ciento
(25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable
determinada en el año en que se declara.
Parágrafo 3°. En el caso de las personas naturales sin residencia
en el país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, la base
gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento permanente de
conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
Para efectos de la
determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que
se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento
permanente durante un año o periodo gravable, se deberá elaborar un estudio, de
acuerdo con el Principio de Plena Competencia, en el cual se tengan en cuenta
las funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los
riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o
sucursal y de las otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente
o sucursal forma parte.
Texto anterior 295-2. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 37. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado
exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-521 de 2019.). “Base gravable. La
base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto de
las personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades
extranjeras poseído a 1º de enero de 2019, 2020 y 2021 menos las deudas a cargo
de los mismos vigentes en esas mismas fechas, determinado conforme a lo
previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor
patrimonial que tengan al 1º de enero de 2019, 2020 y 2021 para las personas
naturales, las sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras, los
siguientes bienes:
1. En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del
valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación.
Esta exclusión aplica únicamente respecto a la casa o apartamento en
donde efectivamente viva la persona natural la mayor parte del tiempo, por lo
que no quedan cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo, segundas
viviendas u otro inmueble que no cumpla con la condición de ser el lugar en
donde habita la persona natural.
2. El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de los bienes
objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean
declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados al país de
forma permanente.
Parágrafo 1°. Los valores patrimoniales que se pueden
excluir de la base gravable del impuesto al patrimonio se determinará de
conformidad con lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El
valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el
que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje
que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1º de
enero de 2019, y a 1º de enero de 2020 y a partir del 1° de enero de 2021.
Parágrafo 2°. En caso de que la base gravable del
impuesto al patrimonio determinado en cualquiera de los años 2020 y 2021 , sea
superior a aquella determinada en el año 2019, la base gravable para cualquiera
de dichos años será la menor entre la base gravable determinada en el año 2019
incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por
el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año inmediatamente
anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se
declara. Si la base gravable del impuesto al patrimonio determinada en
cualquiera de los años 2020 y 2021, es inferior a aquella determinada en el año
2019, la base gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base
gravable determinada en el año 2019 disminuida en el veinticinco por ciento
(25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable
determinada en el año en que se declara.
Parágrafo 3°. En el caso de las personas naturales sin
residencia en el país que tengan un establecimiento permanente en Colombia, la
base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento
permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto
Tributario.
Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital,
ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio
atribuible a un establecimiento permanente durante un año o periodo gravable,
se deberá elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena
Competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas,
activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la
empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de las otras
partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma
parte.”.
Texto anterior Artículo 295-2. Adicionado por la Ley 1739
de 2014, art 4. Base Gravable. La
base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las
personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1° de enero de 2015, 2016 y 2017 menos
las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y en el caso
de personas naturales y sucesiones i1íquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas
a 1° de enero de 2015, 2016, 2017
y 2018 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas,
determinados en ambos casos conforme a lo previsto en el Título II del Libro I
de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1° de enero de 2015, 2016 y 2017 para los
contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1° de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018
las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:
1.
En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 UVT del valor
patrimonial de la casa o apartamento de habitación.
2.
El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en
sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles
o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de
pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las
siguientes reglas: En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de
sociedades nacionales, poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de
inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones
voluntarias o seguros de vida individual el valor patrimonial neto a excluir
será el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de
interés tengan en el total de patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del
fondo de inversión colectiva, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad
aseguradora de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del
contribuyente.
3.
El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de
las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor
patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales
destinadas a vivienda prioritaria.
4.
El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o
destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas
públicas de acueducto y alcantarillado.
5.
El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop.
6.
Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo
292-2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior el valor de las
operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o
sociedades nacionales así como los rendimientos asociados a los mismos.
7.
Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo
292-2 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional así
como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean
activos localizados en el territorio nacional.
8.
En el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior
a cinco (5) años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el
exterior.
9.
Los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este
Estatuto, pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes
sociales realizados por sus asociados.
Parágrafo 1°. La base gravable, en el caso de las cajas de compensación,
los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, estará constituida por el
valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1° de enero de 2015, a 1° de enero de 2016 y a 1° de enero de 2017 menos las deudas a
cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, siempre que, tanto el
patrimonio bruto como las deudas, se encuentren vinculados a las actividades
sobre las cuales tributan como contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Parágrafo 2°. Los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base
gravable del Impuesto a la Riqueza se determinarán de conformidad con lo
previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial
neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el que se obtenga de
multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de
dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2015, a 1° de enero de 2016, a 1° de enero de 2017 en el caso de los
contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que resulte de
dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2015, 1° de enero de 2016, 1° de enero de 2017 y 1°de enero de 2018
en el caso de los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas.
Parágrafo 3°. Para efectos del numeral 2 del presente artículo, las
sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de inversión
colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias,
o las entidades aseguradoras de vida, según corresponda, certificarán junto con
el valor patrimonial de los derechos o participaciones, el porcentaje que
dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio
bruto del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de
pensiones voluntarias o las entidades aseguradoras de vida, según sea el caso.
Parágrafo 4°. En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza
determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, sea superior a aquella
determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años
será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015 incrementada en
el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento
Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la
base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del
impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018,
es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cada
uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015
disminuida en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por
el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al
declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara.
Parágrafo 5°. Los bienes objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria que sean declarados en los periodos 2015, 2016 y 2017,
según el caso, integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza en el año
en que se declaren. El aumento en la base gravable por este concepto no estará
sujeto al límite superior de que trata el parágrafo 4°de este artículo.
Parágrafo 6°. En el caso de las personas naturales sin residencia en el
país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento
permanente o sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio
atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en el
artículo 20-2 del Estatuto Tributario.
Para
efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos
y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un
establecimiento permanente o sucursal durante un año o periodo gravable, se
deberá elaborar un estudio, de acuerdo con el Principio de Plena Competencia,
en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados,
el personal involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a través del
establecimiento permanente o sucursal y de las otras partes de la empresa de la
que el establecimiento permanente o sucursal forma parte.
Artículo 296.
Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 29. TARIFA. La tarifa del impuesto al
patrimonio es del uno punto dos (1.2%) por cada año, de la base gravable
establecida de conformidad con el artículo anterior. (Declarado exequible por la Sentencia
C-809 de 2007 y Sentencia
C-842 de 2008, el aparte
subrayado)
Ver nota aclaratoria que trae la Ley 1111 de 2006
Artículo
296-1. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos
de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria
de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero
de dos mil veinte (2020). Reglamentado por el Decreto 859 de 2011. Adicionado
Ley 1370 de 2009, artículo 5.
Tarifa. La tarifa del impuesto al patrimonio a que se
refiere el artículo 292-1 es la siguiente:
Inciso modificado
por la Ley 1430 de 2010, artículo
10. Del dos punto cuatro por ciento (2.4%) sobre la base gravable prevista en
el artículo 295-1, cuando el patrimonio líquido sea igual o superior a tres mil
millones de pesos ($3.000.000.000) y hasta cinco mil millones de pesos ($
5.000.000.000).
Inciso modificado
por la Ley 1430 de 2010, artículo
10. Del cuatro punto ocho por ciento (4.8%) sobre la base gravable prevista en
el artículo 295-1, cuando el patrimonio líquido sea superior a cinco mil
millones de pesos ($5.000.000.000).
En ambos casos establecida
dicha base gravable de conformidad con el artículo 297-1.
Inciso adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
10. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 293-1 las sociedades que hayan
efectuado procesos de escisión durante el año gravable 2010, deberán sumar los
patrimonios líquidos poseídos a 1° de enero de 2011 por las sociedades
escindidas y beneficiarias con el fin de determinar su sujeción al impuesto.
Inciso adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
10. Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos poseídos a 1° de enero de
2011 sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) y hasta
cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), cada una de las sociedades
escindidas y beneficiarias estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto al
patrimonio a la tarifa del dos punto cuatro por ciento (2.4%) liquidado sobre
sus respectivas bases gravables. Cuando la sumatoria de los patrimonios
líquidos poseídos a 1° de enero de 2011 sea superior a cinco mil millones de
pesos ($5.000.000.000), cada una de las sociedades escindidas y beneficiarias
estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto al patrimonio a la tarifa del
cuatro punto ocho por ciento (4.8%) liquidado sobre sus respetivas bases
gravables.
Parágrafo. El impuesto al patrimonio para el
año 2011 deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto
prescriba la DIAN y presentarse en los bancos y demás entidades autorizadas
para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Dirección Seccional de
Impuestos o de Impuestos y Aduanas, que corresponda al domicilio del sujeto
pasivo de este impuesto y pagarse en ocho cuotas iguales, durante los años
2011, 2012, 2013 y 2014, dentro de los plazos que establezca el Gobierno
Nacional.
Artículo 296-2. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 46. Tarifa y destinación. La tarifa del impuesto al
patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base gravable establecida,
de conformidad con el artículo 295-2 de este Estatuto.
Con el fin de contribuir al
bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el
setenta y cinco (75%) del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se
destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario.
Texto anterior artículo 296-2. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 38. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo declarado
exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-521 de 2019.). Tarifa. La
tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base
gravable establecida, de conformidad con el artículo 295-2 de este Estatuto.”.
Texto original artículo 296-2. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, artículo
5º. “Tarifa. La tarifa del Impuesto a la Riqueza se determina con
base en las siguientes tablas:
1. Para las personas jurídicas:
A. Para el año 2015:
TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS
JURÍDICAS AÑO 2015 |
|||
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ |
TARIFA MARGINAL |
IMPUESTO |
|
Límite inferior |
Límite superior |
||
>0 |
<2.000.000.000 |
0,20% |
(Base gravable) * 0,20% |
>=2.000.000.000 |
<3.000.000.000 |
0,35% |
((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,35%) +
$4.000.000 |
>=3.000.000.000 |
<5.000.000.000 |
0,75% |
((Base gravable - $3.000.000.000) * 0,75%) +
$7.500.000 |
>=5.000.000.000 |
En adelante |
1,15% |
((Base gravable - $5.000.000.000) * 1,15%) +
$22.500.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El
símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende
como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
B. Para el año 2016:
TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS
JURÍDICAS AÑO 2016 |
|||
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ |
TARIFA MARGINAL |
IMPUESTO |
|
Límite inferior |
Límite superior |
||
>0 |
<2.000.000.000 |
0,15% |
(Base gravable) * 0,15% |
>=2.000.000.000 |
<3.000.000.000 |
0,25% |
((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,25%) +
$3.000.000 |
>=3.000.000.000 |
<5.000.000.000 |
0,50% |
((Base gravable - $3.000.000.000) * 0,50%) +
$5.500.000 |
>=5.000.000.000 |
En adelante |
1,00% |
((Base gravable - $5.000.000.000) * 1,00%) +
$15.500.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El
símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende
como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
C. Para el año 2017:
TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS
JURÍDICAS AÑO 2017 |
|||
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ |
TARIFA MARGINAL |
IMPUESTO |
|
Límite inferior |
Límite superior |
||
>0 |
<2.000.000.000 |
0,05% |
(Base gravable) * 0,05% |
>=2.000.000.000 |
<3.000.000.000 |
0,10% |
((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,10%) +
$1.000.000 |
>=3.000.000.000 |
<5.000.000.000 |
0,20% |
((Base gravable - $3.000.000.000) * 0,20%) +
$2.000.000 |
>=5.000.000.000 |
En adelante |
0,40% |
((Base gravable - $5.000.000.000) * 0,40%) +
$6.000.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El
símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende
como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
2. Para las personas naturales:
TABLA
IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS NATURALES |
|||
RANGOS DE
BASE GRAVABLE EN $ |
TARIFA MARGINAL |
IMPUESTO |
|
Límite inferior |
Límite superior |
||
>0 |
<2.000.000.000 |
0,125% |
(Base gravable) * 0,125% |
>=2.000.000.000 |
<3.000.000.000 |
0,35% |
((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,35%) + $2.500.000 |
>=3.000.000.000 |
<5.000.000.000 |
0,75% |
((Base gravable - $3.000.000.000) * 0,75%) + $6.000.000 |
>=5.000.000.000 |
En adelante |
1,50% |
((Base gravable - $5.000.000.000) * 1,50%) + $21.000.000 |
El símbolo de asterisco (*)
se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor
que. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<)
se entiende como menor que. |
Ver Oficio
28750 de 2015. Ver Oficio 27156 de 2015, DIAN.
Artículo 297.
Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020). Sustituido
por la Ley 863 de 2003,
artículo 17. ENTIDADES NO SUJETAS AL IMPUESTO AL
PATRIMONIO. No están obligadas a pagar el Impuesto al Patrimonio creado mediante la presente ley, las
entidades a las que se refiere el numeral 1 del artículo 19, así como las
relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario.
Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se encuentren en
liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de
conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999. (La expresión resaltada fue derogada por la Ley 1111 de 2006, artículo 78)
Artículo 297-1.
Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020). Adicionado
Ley
1370 de 2009, artículo 6. Entidades
no sujetas al impuesto. No están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio de
que trata el artículo 292-1, las entidades a las que se refiere el
numeral 1 del artículo 19, las relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y
23-2, así como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto
Tributario. Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se
encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa,
liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de
conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, o acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006. (Declarado exequible por la Sentencia
C-831 de 2010, el aparte subrayado)
Artículo 297-2. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 47. Causación. La obligación legal del impuesto al
patrimonio se causa el 1° de enero de 2020 y el 1° de enero de 2021.
Texto anterior 297-2. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 39. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Causación. La obligación legal del impuesto al patrimonio se
causa el 1º de enero de 2019, el 1º de enero de 2020 y el 1º de enero de
2021.”.
Texto original artículo 297-2. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, artículo
6º. “Causación. La obligación legal del impuesto a la riqueza se causa para
los contribuyentes que sean personas jurídicas, el 1° de enero de 2015, el
1° de enero de 2016 y el 1° de enero de 2017.
Para los contribuyentes
personas naturales, la obligación legal del impuesto a la riqueza se causa el
1° de enero de 2015, el 1° de enero de 2016, el 1° de enero de
2017 y el 1° de enero de 2018.
Parágrafo. Los momentos de causación aquí previstos también se aplicarán para los efectos contables
incluida la conformación del balance separado, o individual, y del balance
consolidado.”.
Artículo 298.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 30. DECLARACIÓN Y PAGO. El impuesto al patrimonio deberá liquidarse en
el formulario oficial que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y presentarse con pago en los bancos y demás entidades
autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Administración de
Impuestos y Aduanas o de Impuestos Nacionales, que corresponda al domicilio del
sujeto pasivo de este impuesto, dentro de los plazos que para tal efecto
reglamente el Gobierno Nacional. Ver Sentencia C-809 de 2007 y la Sentencia C-842 de 2008
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de
las declaraciones tributarias.
Artículo 298-1.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 17. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO. La
Declaración del Impuesto al Patrimonio deberá presentarse anualmente en el
formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y deberá contener:
1.
La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. Ver artículo 555-2 del presente Estatuto
2.
La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases
gravables del Impuesto al Patrimonio.
3.
La liquidación privada del Impuesto al Patrimonio.
4.
La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.
5.
La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a
llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y
demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal.
Los
demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán
presentar la declaración del Impuesto al Patrimonio firmada por contador
público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando a ello estuvieren
obligados respecto de la declaración del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 298-2.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 17. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO. Corresponde a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la administración del
Impuesto al Patrimonio que se crea mediante la presente ley, conforme a las
facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para la
investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN queda
facultada para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean
compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las
sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas
en este estatuto para las declaraciones tributarias.
Los
contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la declaración
correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del
emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se
procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base
el valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y
aplicando una sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) del impuesto determinado.
El
valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable
declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del
término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de
aforo.
Artículo
298-3.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Reglamentado por el Decreto 859 de 2011. Adicionado
por la Ley 863 de 2003, artículo
17. NO DEDUCIBILIDAD DEL IMPUESTO. En ningún caso el
valor cancelado por concepto del Impuesto al Patrimonio será deducible o
descontable en el Impuesto sobre la Renta, ni podrá ser compensado con otros
impuestos. Ver Ley 1370 de 2009, artículo
1º y Ley 1111 de 2006, artículo
25.
Artículo
298-4.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Reglamentado por el Decreto 859 de 2011. Adicionado
Ley 1370 de 2009, artículo 7.
Normas aplicables al impuesto sobre el patrimonio. El
impuesto al patrimonio se somete a las normas sobre declaración, pago,
administración, control y no deducibilidad contempladas en los artículos 98,
298-1, 298-2, 298-3 y demás disposiciones concordantes de este Estatuto.
Artículo
298-5.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Adicionado Ley 1370 de 2009, artículo 8.
Control y sanciones. En relación con el impuesto al
patrimonio a que se refiere el artículo 292-1, además de los hechos mencionados
en el artículo 647 de este Estatuto, constituye inexactitud sancionable de
conformidad con el mismo, la realización de ajustes contables y/o fiscales, que
no correspondan a operaciones efectivas o reales y que impliquen la disminución
del patrimonio líquido, a través de omisión o subestimación de activos,
reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales, la inclusión
de pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas de los
cuales se derive un menor impuesto a pagar. Lo anterior sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.
La DIAN establecerá
programas prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que declaren un
patrimonio menor al patrimonio fiscal declarado o poseído a 1° de enero del año
inmediatamente anterior, con el fin de verificar la exactitud de la declaración
y de establecer la ocurrencia de hechos económicos generadores del impuesto que
no fueron tenidos en cuenta para su liquidación.
Artículo 298-6. Modificado por la Ley 1020 de 2019,
artículo 48. No deducibilidad del
impuesto. En ningún caso el valor cancelado por
concepto del impuesto al patrimonio, ni su complementario de normalización
tributaria serán deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta y
complementarios, ni podrán ser compensados con estos ni con otros impuestos.
Texto
anterior del artículo 298-6. Modificado por la Ley
1943 de 2018, artículo
40. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “No deducibilidad del
impuesto. En ningún caso el valor cancelado por concepto del
impuesto al patrimonio, ni su complementario de normalización tributaria serán
deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni podrán ser
compensados con estos ni con otros impuestos.”.
Texto inicial
del artículo 298-6. Adicionado
por la Ley 1739 de
2014, artículo 7o. “No deducibilidad del impuesto. En ningún caso el valor cancelado por
concepto del Impuesto a la Riqueza ni su complementario de normalización
tributaria serán deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni en el
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), ni podrán ser compensados con
estos ni con otros impuestos.”.
Nota,
artículo 298-6: Ver Oficio 27156 de 2015, DIAN.
Artículo 298-7. Adicionado por la Ley
1739 de 2014, art 8. Declaración y pago voluntarios. Quienes
no estén obligados a declarar el Impuesto a la Riqueza de que trata el artículo
292-2 de este Estatuto podrán, libre y espontáneamente, liquidar y pagar el
Impuesto a la Riqueza. Dicha declaración producirá efectos legales y no estará
sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto
Tributario.
Artículo 298-8. Modificado por
la Ley 2010 de 2019,
artículo 49. Remisión. El impuesto al patrimonio de que
trata el artículo 292-2 de este Estatuto se somete a las normas sobre
declaración, pago, administración y control contempladas en los artículos 298,
298- 1, 298-2 y demás disposiciones concordantes de este Estatuto.
Texto
anterior artículo 298-8. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo
41. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Remisión. El
impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-2 de este Estatuto se
somete a las normas sobre declaración, pago, administración y control
contempladas en los artículos 298, 298- 1, 298-2 y demás disposiciones
concordantes de este Estatuto.”.
Texto original artículo 298-8. Adicionado por la Ley
1739 de 2014, artículo
9o. “El Impuesto a la Riqueza
y su complementario de normalización tributaria se someten a las normas sobre
declaración, pago, administración y control contempladas en los artículos 298,
298-1, 298-2 y demás disposiciones concordantes de este Estatuto.”.
desarrollado
por el Decreto 1951 de 2017.
Ver Oficio
27156 de 2015, DIAN.
TITULO III
GANANCIAS OCASIONALES
CAPITULO I
INGRESOS SUSCEPTIBLES DE
CONSTITUIR GANANCIA OCASIONAL.
Artículo 299.
INGRESOS CONSTITUTIVOS DE GANANCIA OCASIONAL. Se consideran ingresos
constitutivos de ganancia ocasional los contemplados en los siguientes artículos,
salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional en el Título I de este Libro.
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN
DE ACTIVOS FIJOS POSEÍDOS DOS AÑOS O MÁS.
Artículo 300.
Reglamentado
por el Decreto
2344 de 2014. SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA ENTRE
EL PRECIO DE ENAJENACIÓN Y EL COSTO FISCAL DEL ACTIVO. Se consideran ganancias
ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto, las provenientes
de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del
activo fijo del contribuyente por un término de dos años o más. Su cuantía se
determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal
del activo enajenado.
No
se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la
enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente y que
hubieren sido poseídos por menos de 2 años.
Parágrafo.
Para determinar el costo fiscal de los activos enajenados a que se refiere este
artículo, se aplicarán las normas contempladas en lo pertinente, en el Título I
del presente Libro.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 124. No se considera activo fijo, aquellos bienes que el contribuyente enajena
en el giro ordinario de su negocio. A aquellos activos movibles que hubieren
sido poseídos por el contribuyente por más de 2 años no le serán aplicables las
reglas establecidas en este capítulo.
LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN
LA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
Artículo 301.
SE DETERMINAN POR EL EXCESO DE LO RECIBIDO SOBRE EL CAPITAL APORTADO. Se
consideran ganancias ocasionales, para toda clase de contribuyentes, las
originadas en la liquidación de una sociedad de cualquier naturaleza por el
exceso del capital aportado o invertido cuando la ganancia realizada no corresponda
a rentas, reservas o utilidades comerciales repartibles como dividendo o participación,
siempre que la sociedad a la fecha de la liquidación haya cumplido dos o más
años de existencia. Su cuantía se determina al momento de la liquidación
social.
Las
ganancias a que se refiere el inciso anterior, originadas en la liquidación de
sociedades cuyo término de existencia sea inferior a dos años, se tratarán como
renta ordinaria.
Es
entendido que las rentas, utilidades comerciales o reservas distribuibles como
dividendo, según lo previsto en el artículo 30, numeral 3°, que se repartan con
motivo de la liquidación, configuran dividendo extraordinario para los
accionistas, así se trate de sociedades, personas naturales, sucesiones u otros
contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
LAS PROVENIENTES DE
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES.
Artículo 302. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 102. Origen. Se consideran ganancias
ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes
de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto jurídico celebrado
inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal.
Texto original art 302. ORIGEN. Se consideran ganancias ocasionales para los
contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias,
legados y donaciones y lo percibido como porción conyugal.
Artículo 303. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 103. Cómo se determina su valor. El valor de los bienes y
derechos que se tendrá en cuenta para efectos de determinar la base gravable del
impuesto a las ganancias ocasionales a las que se refiere el artículo 302 de
este Estatuto será el valor que tengan dichos bienes y derechos a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la
sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico inter
vivos celebrado a título gratuito, según el caso. En el caso de los bienes y
derechos que se relacionan a continuación, el valor se determinará de
conformidad con las siguientes reglas:
1.
El valor de las sumas dinerarias será el de su valor nominal.
2.
El valor del oro y demás metales preciosos será al valor comercial de tales
bienes.
3.
El valor de los vehículos automotores será el del avalúo comercial que fije
anualmente el Ministerio de Transporte mediante resolución.
4.
El valor de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades será el
determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de este
Estatuto.
5.
El valor de los créditos será el determinado de conformidad con lo establecido
en el artículo 270 de este Estatuto.
6.
El valor de los bienes y créditos en monedas extranjeras será su valor
comercial, expresado en moneda nacional, de acuerdo con la tasa oficial de
cambio que haya regido el último día hábil del año inmediatamente anterior al
de liquidación de la sucesión o al de perfeccionamiento del acto de donación o
del acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, según el caso.
7.
El valor de los títulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que
generan intereses y rendimientos financieros será el determinado de conformidad
con el artículo 271 de este Estatuto.
8.
El valor de los derechos fiduciarios será el 80% del valor determinado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271-1 de este Estatuto.
9.
El valor de los inmuebles será el determinado de conformidad con el artículo
277 de este Estatuto.
10.
El valor de las rentas o pagos periódicos que provengan de fideicomisos,
trusts, fundaciones de interés privado y otros vehículos semejantes o
asimilables, establecidos en Colombia o en el exterior, a favor de personas
naturales residentes en el país será el valor total de las respectivas rentas o
pagos periódicos.
11.
El valor del derecho de usufructo temporal se determinará en proporción al
valor total de los bienes entregados en usufructo, establecido de acuerdo con
las disposiciones consagradas en este artículo, a razón de un 5 % de dicho
valor por cada año de duración del usufructo, sin exceder del 70% del total del
valor del bien. El valor del derecho de usufructo vitalicio será igual al 70%
del valor total de los bienes entregados en usufructo, determinado de acuerdo
con las disposiciones consagradas en este artículo. El valor del derecho de
nuda propiedad será la diferencia entre el valor del derecho de usufructo y el
valor total de los bienes, determinado de acuerdo con las disposiciones
consagradas en este artículo.
Parágrafo 1°. En el caso de las rentas y pagos periódicos a los que se
refiere el numeral 11 del presente artículo, el impuesto a las ganancias
ocasionales se causará el último día del año o período gravable en el que
dichas rentas sean exigibles por parte del contribuyente
Parágrafo 2°. En el caso del derecho de usufructo temporal al que se
refiere el numeral 12 del presente artículo, el impuesto a las ganancias
ocasionales se causará el último día del año o período gravable, sobre el 5%
del valor del bien entregado en usufructo, de acuerdo con lo consagrado en el
mencionado numeral.
Parágrafo 3°. No se generarán ganancias ocasionales con ocasión de la
consolidación del usufructo en el nudo propietario.
Parágrafo 4°. El valor de los bienes y derechos que el causante, donante
o transferente, según el caso haya adquirido durante el mismo año o período
gravable en el que se liquida la sucesión o se perfecciona el acto de donación
o el acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, según el caso, será
su valor de adquisición.
Texto original art 303 CÓMO SE DETERMINA SU CUANTÍA.
Su cuantía se determina por el valor en dinero efectivamente recibido.
Cuando se hereden o reciban
en legado especies distintas de dinero el valor de la herencia o legado, es el
que tengan los bienes en la declaración de renta y patrimonio del causante en
el último día del año o período gravable inmediatamente anterior al de su
muerte.
Cuando se reciban en donación
especies distintas de dinero, el valor es el fiscal que tengan los bienes
donados en el período gravable inmediatamente anterior.
Cuando los bienes se hubieren
adquirido por el causante o donante durante el mismo año o período gravable en
que se abra la sucesión o se efectúe la donación, su valor no puede ser
inferior al costo fiscal.
Artículo 303-1. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 36. Ganancia ocasional derivada de
indemnizaciones por concepto de seguros de vida. Las indemnizaciones por
seguros de vida, están gravadas con la tarifa aplicable a las ganancias
ocasionales, en el monto que supere doce mil quinientas (12.500) UVT. El monto
que no supere las doce mil quinientas (12.500) UVT será considerado como una
ganancia ocasional exenta.
Texto original artículo 303-1. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 28. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto de
seguros de vida. A partir del año gravable 2019, las indemnizaciones por
seguros de vida, estarán gravadas con la tarifa aplicable a las ganancias
ocasionales, en el monto que supere doce mil quinientas (12.500) UVT.”.
POR LOTERÍAS, PREMIOS,
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.
Artículo 304.
GRAVAMEN A LOS PREMIOS EN DINERO Y EN ESPECIE. Se consideran ganancias
ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes
de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sean en dinero, su
cuantía se determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean en especie, por
el valor comercial del bien al momento de recibirse.
Artículo 305.
EN PREMIOS EN TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN. Para quienes resultaren favorecidos en
un sorteo de títulos de capitalización, será ganancia ocasional solamente la
diferencia entre el premio recibido y lo pagado por cuotas correspondientes al
título favorecido.
Artículo 306.
EL IMPUESTO DEBE SER RETENIDO EN LA FUENTE. Cuando se trate de pagos por
concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto de
ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas
encargadas de efectuar el pago en el momento del mismo.
Para
efectos de este artículo, los premios en especie tendrán el valor que se les
asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior al valor
comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá cancelarse
dentro de los seis meses siguientes a la causación de la ganancia, previa
garantía constituida en la forma que establezca el reglamento.
Artículo 306-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 8o. IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE
APUESTAS Y CONCURSOS HÍPICOS O CANINOS Y PREMIOS A PROPIETARIOS DE CABALLOS O
CANES DE CARRERAS. Los premios por concepto de apuestas y concursos hípicos o
caninos, que se obtengan por concepto de carreras de caballos o canes, en
hipódromos o canódromos legalmente establecidos, cuyo valor no exceda de veinte
salarios mínimos mensuales, no están sometidos a impuesto de ganancias
ocasionales ni a la retención en la fuente, previstos en los artículos 317 y
402 del Estatuto Tributario.
Cuando
el premio sea obtenido por el propietario del caballo o can acreedor al premio,
como recompensa por la clasificación en una carrera, éste se gravará como
renta, a la tarifa del contribuyente que lo percibe, y podrá ser afectado con
los costos y deducciones previstos en el impuesto sobre la renta. En este caso,
el Gobierno Nacional fijará la tarifa de retención en la fuente a aplicar sobre
el valor del pago o abono en cuenta.
CAPITULO II
GANANCIAS OCASIONALES
EXENTAS.
Artículo 307. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 104. Ganancias ocasionales
exentas. Las ganancias ocasionales que
se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las ganancias
ocasionales:
1. El equivalente a las
primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del valor de un inmueble de vivienda
urbana de propiedad del causante.
2. El equivalente a las
primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un inmueble rural de propiedad
del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a
vivienda o a explotación económica. Esta exención no es aplicable a las casas,
quintas o fincas de recreo.
3. El equivalente a las
primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) UVT del valor de las
asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado
reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios, según
el caso.
4. El 20% del valor de los
bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y/o el
cónyuge supérstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de los bienes
y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos
inter vivos celebrados a título gratuito, sin que dicha suma supere el
equivalente a dos mil doscientas noventa (2.290) UVT.
5. Igualmente están exentos los
libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del
causante.
Texto original art 307. ASIGNACIÓN POR CAUSA DE
MUERTE O DE LA PORCIÓN CONYUGAL A LOS LEGITIMARIOS O AL CÓNYUGE. Sin perjuicio
del primer millón de pesos ($1.000.000) gravado con tarifa cero por ciento
(0%), estará exento el primer millón de pesos ($1.000.000) del valor de las
asignaciones por causa de muerte o porción conyugal que reciban los legitimarios
o el cónyuge, según el caso.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008
y 2009.
Artículo
308.
Derogado
por la Ley 1607 de 2012, art 104. HERENCIAS O LEGADOS A PERSONAS DIFERENTES A LEGITIMARIOS Y
CÓNYUGE. Cuando se trate de herencias o legados que reciban personas diferentes
de los legitimarios y el cónyuge o de donaciones la ganancia ocasional exenta
será el veinte por ciento (20%) del valor percibido sin que dicha suma sea
superior a un millón de pesos ($ 1.000.000).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 309.
DONACIONES A DAMNIFICADOS POR LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL NEVADO DEL RUIZ. Las
donaciones en favor de personas damnificadas por actividad volcánica del Nevado
del Ruiz que hagan el Fondo de Reconstrucción, RESURGIR, o las entidades que
laboran en la rehabilitación de las zonas afectadas por aquéllas, estarán
exentas del impuesto de ganancia ocasional.
Artículo 310.
OTRAS EXENCIONES. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,
estarán exentos del impuesto de ganancias ocasionales las personas y entidades
declaradas por ley como exentas del impuesto de renta y complementarios, así
como los mencionados en el artículo 218.
CAPITULO III
GANANCIA OCASIONAL NETA.
Artículo 311.
DE LAS GANANCIAS OCASIONALES SE RESTAN LAS PÉRDIDAS OCASIONALES. De las
ganancias ocasionales determinadas en la forma prevista en este título se
restan las pérdidas ocasionales, con lo cual se obtiene la ganancia o pérdida
ocasional neta.
Artículo
311-1. Reglamentado por el Decreto 2344 de 2014. Adicionado por
la Ley 1607 de 2012, art
105. Utilidad en la venta de la casa o apartamento. Estarán
exentas las primeras siete mil quinientas (7.500) UVT de la utilidad generada
en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas naturales
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que la
totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta sean
depositados en las cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el Fomento de la
Construcción, AFC”, y sean destinados a la adquisición de otra casa o apartamento
de habitación, o para el pago total o parcial de uno o más créditos
hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación
objeto de venta. En este último caso, no se requiere el depósito en la cuenta
AFC, siempre que se verifique el abono directo al o a los créditos
hipotecarios, en los términos que establezca el reglamento que sobre la materia
expida el Gobierno Nacional. El retiro de los recursos a los que se refiere
este artículo para cualquier otro propósito, distinto a los señalados en esta
disposición, implica que la persona natural pierda el beneficio y que se
efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera las retenciones
inicialmente no realizadas de acuerdo con las normas generales en materia de
retención en la fuente por enajenación de activos que correspondan a la casa o
apartamento de habitación.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a casas o apartamentos
de habitación cuyo valor catastral o autoavalúo no supere quince mil (15.000)
UVT.
Artículo 312.
CASOS EN LOS CUALES NO SE ACEPTAN PÉRDIDAS OCASIONALES. Para efectos de
determinar la ganancia ocasional, no se aceptarán pérdidas en los siguientes
casos:
1.
En la enajenación de derechos sociales o acciones de sociedades de familia.
2.
En la enajenación de activos fijos, cuando la respectiva transacción tenga
lugar entre una sociedad u otra entidad asimilada y personas naturales o
sucesiones ilíquidas que sean económicamente vinculadas a la sociedad o
entidad.
3.
En la enajenación de activos fijos, cuando la respectiva transacción tenga
lugar entre una sociedad limitada o asimilada, y sus socios que sean sucesiones
ilíquidas o personas naturales, el cónyuge o los parientes de los socios dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
CAPITULO IV
TARIFAS DEL IMPUESTO DE
GANANCIAS OCASIONALES.
Artículo 313. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 106. Para las
sociedades y entidades nacionales y extranjeras. Fíjase en diez
por ciento (10%) la tarifa única sobre las ganancias ocasionales de las
sociedades anónimas, de las sociedades limitadas, y de los demás entes
asimilados a unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes. La misma
tarifa se aplicará a las ganancias ocasionales de las sociedades extranjeras de
cualquier naturaleza y a cualesquiera otras entidades extranjeras.
Texto original art 313. PARA LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES
NACIONALES Y EXTRANJERAS. Fíjase en un treinta por ciento (30%) la tarifa única
sobre las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las sociedades
limitadas, y de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con
las normas pertinentes. La misma tarifa se aplicará a las ganancias ocasionales
de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y a cualesquiera otras
entidades extranjeras.
Ver tarifa modificada por la Ley 223 de 1995, artículo 113
Ver Decreto 3026
de 2013.
Artículo 314.
Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 107. Para personas naturales residentes. La tarifa única del
impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales de las personas naturales
residentes en el país, de las sucesiones de causantes personas naturales
residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud
de donaciones o asignaciones modales, es diez por ciento (10%).
Texto original art 314. PARA PERSONAS NATURALES
RESIDENTES. El impuesto correspondiente a las ganancias ocasionales de las
personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de
las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de
causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados a fines
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es el determinado
en la tabla que contiene el artículo 241, la cual se reajustará en la forma
prevista en los artículos 242 y 243. Ver Ley 863 de 2003, artículo 69, derogó los artículos 242 y 243 del presente Estatuto
Para cada uno de estos
contribuyentes, el impuesto de ganancias ocasionales es el indicado frente al
intervalo al cual corresponda su ganancia ocasional.
Artículo
315.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. EL IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL PARA LOS NO DECLARANTES.
Los asalariados no obligados a presentar declaración de renta y complementarios
y los demás contribuyentes no obligados a declarar, que hayan percibido
ingresos constitutivos de ganancia ocasional, se regirán por lo dispuesto en el
artículo 6º.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 316. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 108. Para personas naturales extranjeras sin
residencia. La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de fuente
nacional de las personas naturales sin residencia en el país y de las
sucesiones de causantes personas naturales sin residencia en el país, es diez
por ciento (10%).
Texto original art 316. PARA PERSONAS NATURALES
EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA. La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de
fuente nacional, de las personas naturales extranjeras sin residencia en el
país, es del 30%. Ver tarifa modificada por la Ley 223 de 1995, art
113
La misma tarifa se aplica a
las sucesiones de causantes extranjeros sin residencia en el país.
Ver Decreto 3026
de 2013.
Artículo 317.
PARA GANANCIAS OCASIONALES PROVENIENTES DE LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.
Fíjase en un veinte por ciento (20%), la tarifa del impuesto de ganancias
ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares.
CAPITULO V
RÉGIMEN APLICABLE A PARTIR
DE 1992 PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES.
Artículo
318.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. TRATAMIENTO DE LA GANANCIA OCASIONAL COMO RENTA. A
partir del año gravable de 1992, para los contribuyentes que deban aplicar los
ajustes contemplados en el Título V del presente Libro, las utilidades
susceptibles de constituir ganancia ocasional, con excepción de las obtenidas
por concepto de rifas, loterías, apuestas y similares, se tratarán con el
régimen aplicable a los ingresos susceptibles de constituir renta.
En consecuencia, las
pérdidas ocasionales obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos
durante dos años o más, serán deducibles de la renta bruta del contribuyente.
TÍTULO IV
REORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Adicionado por la Ley 1607 de 2012,
art 98
CAPÍTULO I
Aportes
a sociedades
Artículo 319. Aportes a
sociedades nacionales. El aporte en dinero o
en especie a sociedades nacionales no generará ingreso gravado para estas, ni
el aporte será considerado enajenación, ni dará lugar a ingreso gravado o
pérdida deducible para el aportante, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
1. La sociedad receptora del
aporte no realizará ingreso o pérdida como consecuencia del aporte, cuando a
cambio del mismo se produzca emisión de acciones o cuotas sociales nuevas. En
el caso de colocación de acciones o cuotas propias readquiridas, el ingreso de
la sociedad receptora del aporte se determinará de acuerdo con las reglas
generales aplicables a la enajenación de activos.
2. Para la sociedad receptora
del aporte, el costo fiscal de los bienes aportados será el mismo que tenía el
aportante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el
documento que contenga el acto jurídico del aporte. Para efectos de
depreciación o amortización fiscal en cabeza de la sociedad receptora del
aporte, no habrá lugar a extensiones o reducciones en la vida útil de los
bienes aportados, ni a modificaciones del costo fiscal base de depreciación o
amortización.
3. El costo fiscal de las
acciones o cuotas de participación recibidas por el aportante será el mismo
costo fiscal que tenían los bienes aportados al momento del aporte en cabeza
del aportante.
4. Los bienes aportados
conservarán para efectos fiscales en la sociedad receptora, la misma naturaleza
de activos fijos o movibles que tengan para el aportante en el momento del
aporte.
5. En el documento que contenga
el acto jurídico del aporte, el aportante y la sociedad receptora declararán
expresamente sujetarse a las disposiciones del presente artículo y la
Administración Tributaria podrá solicitar de cada uno de ellos el cumplimiento
de las condiciones aquí establecidas según le apliquen.
Parágrafo
1°. Para efectos mercantiles y contables se tendrá como
valor del aporte el asignado por las partes de acuerdo con las normas
mercantiles y contables.
Parágrafo
2°. El aportante realizará un ingreso sometido al
impuesto sobre la renta y complementarios cuando enajene las acciones o cuotas
recibidas como consecuencia del aporte. Dicho ingreso se determinará de acuerdo
con las normas generales en materia de enajenación de activos.
Parágrafo
3°. La sociedad receptora del aporte realizará un ingreso
sometido al impuesto sobre la renta y complementarios cuando enajene los bienes
recibidos a título de aporte. Dicho ingreso se determinará de acuerdo con las
normas generales en materia de enajenación de activos.
Parágrafo
4°. Si la sociedad receptora enajena los activos
recibidos a título de aporte, que tengan el carácter de activos fijos, dentro
de los dos (2) años siguientes al aporte, no podrá compensar pérdidas fiscales
acumuladas ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida respecto de la
renta que genere la enajenación de dichos activos.
Parágrafo
5°. Si el aportante enajena las acciones o cuotas de participación
recibidas como consecuencia del aporte dentro de los dos (2) años siguientes al
mismo, no podrá compensar pérdidas fiscales acumuladas ni excesos de renta
presuntiva sobre renta líquida respecto de la renta que genere la enajenación
de dichas acciones o cuotas de participación.
Parágrafo
6°. En el caso de los aportes de industria, el costo
fiscal que tendrá el aportante respecto de las acciones o cuotas de participación
que le sean emitidas, si fuere el caso, será el valor intrínseco de dichas
acciones o cuotas de participación una vez hecha la emisión, el cual deberá ser
reconocido por el aportante como ingreso en especie por la prestación de los
servicios. Dicho valor constituirá gasto deducible para la sociedad receptora,
siempre que se cumplan los requisitos generales para la deducibilidad del
gasto, y se practiquen las retenciones en la fuente por concepto de impuestos y
contribuciones parafiscales, si aplicaren.
Artículo 319-1. Aportes
sometidos al impuesto. Si en el documento que
contiene el acto jurídico del aporte no se manifiesta expresamente la voluntad
de las partes de acogerse al tratamiento establecido en el artículo anterior,
el aporte será considerado como una enajenación sometida al impuesto sobre la
renta y complementarios, de acuerdo con las reglas generales de enajenación de
activos. En este caso y para todos los efectos tributarios, el monto del
ingreso gravado integrará el costo fiscal de los activos aportados.
Artículo 319-2. Aportes a
sociedades y entidades extranjeras. Los
aportes en especie y los aportes en industria que hagan personas naturales,
personas jurídicas o entidades nacionales a sociedades u otras entidades
extranjeras constituyen enajenación para efectos fiscales, la cual estará
sometida al impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las reglas
generales de enajenación de activos. Los aportes a los que se refiere este artículo
deben estar sometidos al régimen de precios de transferencia.
Parágrafo. Todos los aportes de intangibles a
sociedades u otras entidades extranjeras deberán reportarse en la declaración
informativa de precios de transferencia, independientemente de la cuantía del
aporte.
CAPÍTULO II
Fusiones y
escisiones
Artículo 319-3. Reglamentado por el Decreto 2688 de 2014. Fusiones y escisiones adquisitivas. Se entiende
por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la
fusión no son vinculadas entre sí, y aquellas escisiones en las cuales la
entidad escindente y las entidades beneficiarias, si existieren al momento de
la escisión, no son vinculadas entre sí. Para efectos de la determinación de la
existencia o no de vinculación, se acudirá a los criterios establecidos en el artículo
260-1 de este Estatuto.
Artículo 319-4. Reglamentado por el Decreto 2688 de 2014. Efectos en las fusiones y escisiones adquisitivas.
Las fusiones y escisiones adquisitivas tendrán los efectos que a
continuación se señalan:
1. No se entenderá que las entidades
intervinientes en la respectiva fusión o escisión, ya sea que intervengan como
absorbidas o escindentes (es decir, como enajenantes), o como absorbentes
resultantes de la fusión o beneficiarias (es decir, como adquirentes),
experimentan ingreso gravable alguno como consecuencia de la transferencia de
activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye
enajenación para efectos fiscales.
2. Para la entidad adquirente el costo
fiscal de los bienes transferidos será el mismo que tenga la enajenante
respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el documento que
contenga el acto jurídico de fusión o escisión. Para efectos de depreciación o
amortización fiscal en cabeza de la entidad adquirente, no habrá lugar a
extensiones o reducciones en la vida útil de los bienes transferidos, ni a
modificaciones del costo fiscal base de depreciación o amortización.
3. Los bienes transferidos conservarán para
efectos fiscales en la entidad adquirente, la misma naturaleza de activos fijos
o movibles que tengan para la entidad enajenante en el momento de la respectiva
fusión o escisión.
4. Si la adquirente enajena los activos
dentro de los dos (2) años siguientes al aporte, no podrá compensar pérdidas
fiscales acumuladas ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida,
respecto del ingreso que genere la enajenación de dichos bienes.
5. Respecto de los accionistas, socios o partícipes
en las entidades participantes, no se entenderá que existe enajenación de
acciones, cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que en el caso de la fusión, los
accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el setenta y cinco
por ciento (75%) de los acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos
y derechos políticos en cada una de las entidades fusionadas, participen luego
de la fusión en la entidad absorbente o resultante de la fusión, con acciones,
cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos políticos
equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la fusión aunque
proporcionales a su participación en la entidad resultante de la fusión;
b) Que en el caso de la escisión, los
accionistas, socios o partícipes, titulares de por lo menos el setenta y cinco
por ciento (75%) de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos
y derechos políticos en la entidad escindente, participen luego de la escisión
en la enajenante misma, o en una o más de las entidades beneficiarias, con
acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos
políticos equivalentes, en sustancia, a aquellos que tengan antes de la
escisión, aunque en proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria
respectiva;
c) Que en los eventos previstos en los
literales a) y b) anteriores, la participación o derechos que reciba el
respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión
o en la escindente o en la entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas,
constituya no menos del noventa por ciento (90%) de la contraprestación que
reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas, participacioneso
derechos en la entidad absorbente o escindente, sobre bases comerciales
razonables, según las mismas se reflejen en el método de valoración y en el
mecanismo de intercambio adoptado para la respectiva fusión o escisión;
d) Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Si los accionistas, socios o partícipes a que se
refieren los literales a) y b) anteriores, enajenan o ceden a cualquier título
las acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos políticos o económicos
antes de que finalice el segundo año gravable siguiente al año gravable en el
cual se perfeccione la respectiva fusión o escisión, deberán pagar por concepto
de impuesto de renta y complementarios por el respectivo acto de enajenación o
cesión, el que aplique al mismo acto de enajenación, adicionado en un treinta
por ciento (30%), sin que en ningún caso dicho impuesto de renta resulte
inferior al diez por ciento (10%) del valor asignado a las acciones, cuotas, participacioneso
derechos del respectivo accionista, socio o partícipe en la fusión o escisión
según el método de valoración adoptado para la misma.
Las
disposiciones contenidas en este literal d) no aplicarán a ventas forzadas,
transferencias por causa de muerte, transferencias a título de escisión o
fusión que cumplan con los mismos requisitos establecidos en este artículo y
transferencias a título de liquidación;
e) Los accionistas, socios o partícipes a
que se refieren los literales a) y b) anteriores, tendrán como costo fiscal
respecto de las acciones, cuotas sociales o participacionesque reciban en la
entidad adquirente respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las
acciones, cuotas sociales o participacionesen la entidad enajenante, sin que se
entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la inversión,
ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión
como activo fijo o movible;
f) Las acciones, cuotas sociales, participacioneso
derechos que cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquiera
de las entidades enajenantes no tengan como contraprestación en la respectiva
fusión o escisión, acciones, cuotas sociales, participacioneso derechos en la
entidad adquirente, se entenderán enajenadas bajo las reglas generales
establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán sometidas a los
impuestos aplicables.
Parágrafo
1°. Para efectos tributarios se entenderá que se está frente a un
proceso de escisión cuando el patrimonio escindido de la(s) entidad(es)
escindente(s) o enajenante(s) califique como una o más unidades de explotación
económica o como uno o más establecimientos de comercio, y no como activos
individualmente considerados o como contrapartida para segregar cuentas
patrimoniales, caso en el cual la respectiva escisión tendrá el tratamiento
aplicable a la enajenación de activos.
Parágrafo
2°. Las disposiciones contenidas en este artículo se aplicarán a las
fusiones y escisiones adquisitivas que involucren entidades nacionales y
extranjeras siempre que, en el caso de la fusión, la entidad absorbente o adquirente
sea una entidad nacional, y que, en el caso de la escisión, la(s) entidad(es)
beneficiaria(s) o adquirente(s) sea(n) entidad(es) nacional(es).
Articulo 319-5. Reglamentado por el Decreto 2688 de 2014. FUSIONES Y ESCISIONES REORGANIZATIVAS. Se entiende por
tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión
estén vinculadas entre sí y aquellas escisiones en las cuales la entidad
escindente y las entidades beneficiarias, si existieren al momento de la
escisión, estén vinculadas entre sí. También tendrán el carácter de fusiones
reorganizativas aquellas fusiones por absorción entre una sociedad matriz y sus
subordinadas. Así mismo, tendrán el carácter de reorganizativas las escisiones
por creación, siempre que el patrimonio de las sociedades beneficiarias creadas
en virtud de la escisión esté constituido exclusivamente por el patrimonio
escindido existente al momento de la escisión. Para efectos de la determinación
de la existencia o no de vinculación, se acudirá a los criterios establecidos
en el artículo 260-1 de este Estatuto.
Artículo
319-6. Reglamentado
por el Decreto 2688 de 2014. EFECTOS EN LAS FUSIONES Y ESCISIONES REORGANIZATIVAS ENTRE
ENTIDADES. Las Fusiones y Escisiones Reorganizativas tendrán los efectos
que a continuación se señalan:
1. No se entenderá que las entidades intervinientes en la
respectiva fusión o escisión, sea como absorbidas o escindentes (es decir, como
enajenantes) o como absorbentes resultantes de la fusión o beneficiarias (es
decir, como adquirentes), experimentan ingreso gravable alguno como
consecuencia de la transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha
transferencia constituye enajenación para efectos fiscales.
2. Para la entidad adquirente el costo fiscal de los bienes
transferidos será el mismo que tenga la enajenante respecto de tales bienes, de
lo cual se dejará constancia en el documento que contenga el acto jurídico de
fusión o escisión. Para efectos de depreciación o amortización fiscal en cabeza
de la entidad adquirente, no habrá lugar a extensiones o reducciones en la vida
útil de los bienes transferidos, ni a modificaciones del costo fiscal base de
depreciación o amortización.
3. Los bienes transferidos conservarán para efectos fiscales en la
entidad adquirente, la misma naturaleza de activos fijos o movibles que tengan
para la entidad enajenante en el momento de la respectiva fusión o escisión.
4. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las
entidades participantes, no se entenderá que existe enajenación de acciones,
cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o
partícipes titulares de por lo menos el ochenta y cinco por ciento (85%) de los
acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en
cada una de las entidades fusionadas, participen luego de la fusión en la
entidad absorbente o resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales,
participaciones, derechos económicos y derechos políticos equivalentes en
sustancia, a aquellos que tengan antes de la fusión aunque proporcionales a su
participación en la entidad resultante de la fusión;
b) Que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o
partícipes titulares de por lo menos el ochenta y cinco por ciento (85%) de las
acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en la
entidad escindente, participen luego de la escisión en la enajenante misma o en
una o más de las entidades beneficiarias, con acciones, cuotas sociales,
participaciones, derechos económicos y derechos políticos equivalentes en
sustancia a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en proporción a su
participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva;
c) Que en los eventos previstos en los literales a) y b)
anteriores, la participación o derechos que reciba el respectivo accionista, socio
o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la
entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas constituya no menos del
noventa y nueve por ciento (99%) de la contraprestación que reciba el
respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas,
participaciones o derechos en la entidad absorbente o escindente sobre bases
comerciales razonables según las mismas se reflejen en el método de valoración
y en el mecanismo de intercambio adoptado para la respectiva fusión o escisión;
d) Derogado
por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Si los accionistas, socios o
partícipes a que se refieren los literales a) y b) anteriores, enajenan o ceden
a cualquier título las acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos
políticos o económicos antes de que finalice el segundo año gravable siguiente
al año gravable en el cual se perfeccione la respectiva fusión o escisión,
deberán pagar por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios por el
respectivo acto de enajenación o cesión, el que aplique al mismo acto de
enajenación, adicionado en un treinta por ciento (30%), sin que en ningún caso
dicho impuesto de renta resulte inferior al diez por ciento (10%) del valor
asignado a las acciones, cuotas, participaciones o derechos del respectivo
accionista, socio o partícipe en la fusión o escisión según el método de
valoración adoptado para la misma. Las disposiciones contenidas en este literal
c) no aplicarán a ventas forzadas, transferencias por causa de muerte,
transferencias a título de escisión o fusión que cumpla con los mismos
requisitos establecidos en este artículo y transferencias a título de
liquidación;
e) Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los
literales a) y b) anteriores, tendrán como costo fiscal respecto de las
acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad
adquirente respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las
acciones, cuotas sociales o participaciones en la entidad enajenante, sin que
se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la
inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la
inversión como activo fijo o movible;
f) Si como contraprestación por todas o parte de las acciones,
cuotas sociales, participaciones o derechos que cualquiera de los accionistas,
socios o partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes, estos
recibieran dinero u otras especies distintas de acciones, cuotas sociales,
participaciones o derechos en la entidad adquirente, la totalidad de las
acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que tengan en el momento
de la fusión o escisión en la entidad enajenante, se entenderán enajenadas bajo
las reglas generales establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán
sometidas a los impuestos aplicables. Ver Oficio 25600 de 2015, DIAN.
Parágrafo 1°. Para efectos tributarios se entenderá que se está frente a un
proceso de escisión cuando el patrimonio escindido de la(s) entidad(es)
escindente(s) o enajenante(s) califique como una o más unidades de explotación
económica o como uno o más establecimientos de comercio, y no como activos
individualmente considerados o como contrapartida para segregar cuentas
patrimoniales, caso en el cual la respectiva escisión tendrá el tratamiento
aplicable a la enajenación de activos.
Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en este artículo se aplicarán a las
fusiones y escisiones reorganizativas que involucren entidades nacionales y
extranjeras siempre que, en el caso de la fusión, la entidad absorbente o
adquirente sea una entidad nacional, y que, en el caso de la escisión, la(s)
entidad(es) beneficiaria(s) o adquirente(s) sea(n) entidad(es) nacional(es).
Ver Decreeto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.13.1. y
1.2.1.13.2. Ver Decreto 2688 de 2014, artículo 2º.
Articulo 319-7. FUSIONES Y ESCISIONES GRAVADAS. Las fusiones y escisiones,
ya sean adquisitivas o reorganizativas, que no cumplan con las condiciones y
requisitos consagrados en los artículos anteriores, constituyen enajenación
para efectos tributarios y están gravadas con el impuesto sobre la renta y
complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de
enajenación de activos fijos consagradas en este Estatuto.
Articulo 319-8. FUSIONES Y ESCISIONES ENTRE ENTIDADES EXTRANJERAS. Se
entenderá que la transferencia de activos ubicados en el país, producto de
procesos de fusión o escisión, en los que intervengan como enajenantes y
adquirentes entidades extranjeras que posean activos ubicados en el territorio
nacional constituye una enajenación para efectos tributarios, y está gravada
con el impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las
disposiciones aplicables en materia de enajenación de activos fijos consagradas
en este Estatuto.
Parágrafo. Se exceptúan del tratamiento consagrado en el inciso anterior las
transferencias de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o
escisión, en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades
extranjeras, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia no represente
más del veinte por ciento (20%) del valor de la totalidad de los activos
poseídos por el grupo al que pertenezcan las entidades intervinientes en los
procesos de fusión o de escisión, según los estados financieros consolidados de
la entidad que tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes en
los procesos de fusión o de escisión. Las transferencias de los activos
ubicados en Colombia a los que se refiere este parágrafo recibirán el mismo
tratamiento de las fusiones y escisiones adquisitivas o de las fusiones y
escisiones reorganizativas, según sea el caso.
Ver Oficio 2242 de 2017. Ver Oficio 7101 de 2016, DIAN.
Articulo 319-9. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN CASOS DE FUSIÓN Y ESCISIÓN. En
todos los casos de fusión, las entidades participantes en la misma, incluyendo
las resultantes de dichos procesos si no existieren previamente a la respectiva
operación, serán responsables solidaria e ilimitadamente entre sí por la
totalidad de los tributos a cargo de las entidades participantes en la fusión
en el momento en que la misma se perfeccione, incluyendo los intereses,
sanciones, anticipos, retenciones, contingencias y demás obligaciones
tributarias.
En todos los casos de escisión, las entidades beneficiarias serán
solidariamente responsables con la escindente por la totalidad de los tributos
a cargo de la entidad escindente en el momento en que la escisión se
perfeccione, incluyendo los intereses, sanciones, anticipos, retenciones,
contingencias y demás obligaciones tributarias.
Título IV
Derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006
Texto original artículo 319. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. “EL IMPUESTO DE REMESAS SE CAUSA EN LA TRANSFERENCIA AL
EXTERIOR DE RENTAS O GANANCIAS OCASIONALES. Salvo las exoneraciones
especificadas en los pactos internacionales y en el Derecho interno, la
transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en
Colombia, causa el impuesto complementario de remesas, cualquiera que sea el
beneficiario de la renta o de la ganancia ocasional o el beneficiario de la
transferencia.
Así mismo, se causa este impuesto sobre las utilidades comerciales
obtenidas en Colombia por sociedades u otras entidades extranjeras a través de
sucursales. (El texto
resaltado fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia de 6 de sep. de 1990.).
Inciso
adicionado por la Ley 49 de 1990,
artículo 21. En el caso de sucursales de sociedades u otras entidades
extranjeras, el impuesto de remesas se causa por la simple obtención de
utilidades comerciales en Colombia, las cuales se presumen remesadas al
exterior.
Inciso
modificado por la Ley 223 de 1995,
artículo 114. Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas
utilidades, el pago del impuesto así causado, se diferirá mientras la
reinversión se mantenga. Si dicha reinversión se mantuviere durante cinco (5)
años o más se exonerará del pago de este impuesto. (Articulo
reglamentado parcialmente por el Decreto 3020
de 1989.).
Texto original inciso Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 21. “Sin embargo, cuando se reinviertan en el país
estas utilidades, el pago del impuesto así causado, se diferirá mientras la
reinversión se mantenga. Si dicha inversión se mantuviere durante diez (10)
años o más se exonerará del pago de este impuesto.”.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989). “EL IMPUESTO DE REMESAS SE CAUSA EN LA TRANSFERENCIA AL
EXTERIOR DE RENTAS O GANANCIAS OCASIONALES. Salvo las exoneraciones especificas
en los pactos internacionales y en el Derecho interno, a transferencia al
exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, causa el
impuesto complementario de remesas, cualquiera que sea el beneficiario de la
renta o de la ganancia ocasional o el beneficio de la transferencia.
Así mismo, se causa este
impuesto sobre las utilidades comerciales obtenidas en Colombia por sociedades
u otras entidades extranjeras a través de sucursales.”.
Artículo 320. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Reglamentado parcialmente por el Decreto 3020 de
1989. REINVERSIÓN DE UTILIDADES. Modificado
por la Ley 49 de 1990, artículo
24. REINVERSIÓN DE UTILIDADES. Se considera que hay reinversión de utilidades
cuando exista un incremento efectivo de los activos netos poseídos en el país.
Se presume que dejó de existir la reinversión y por consiguiente se hará
exigible el impuesto de remesas, cuando de cualquier forma se transfieran las
utilidades al exterior o se presente una disminución efectiva de los activos
netos en que estaba reflejada la inversión.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo
10. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 245 y en
este artículo, se entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del
patrimonio neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple
mantenimiento de las utilidades dentro del patrimonio de la empresa.
CAPITULO II
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE REMESAS.
Artículo 321. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. CONCEPTOS, BASE GRAVABLE Y TARIFAS. El impuesto de remesas se liquidará
teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de
utilidades obtenidas en Colombia, por sociedades u otras entidades extranjeras
mediante sucursales, el impuesto se aplicará a las utilidades comerciales del
respectivo período gravable a la tarifa del veinte por ciento (20%); Ver Ley 6 de 1992, artículo 133
Los dividendos y participacionesrecibidas
por la sucursal, se tendrán en cuenta para determinar las utilidades
comerciales que son base para liquidar este impuesto;
b) Cuando se trate de
intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por
servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o
del "know how", prestación de servicios técnicos o de asistencia
técnica, beneficios o regalías provenientes de propiedad literaria, artística y
científica, se aplicará una tarifa del doce por ciento (12%). Ver Ley 6 de 1992, artículo 133
La base para liquidar el
impuesto será el resultado que se obtenga de restar del respectivo pago o abono
en cuenta el impuesto de renta correspondiente.
Cuando se trate de
arrendamiento de maquinaria en desarrollo de contratos efectuados con
constructores colombianos, que hubieren sido objeto de licitación
internacional, para la construcción, mantenimiento o reparación de obras
civiles, se aplicará una tarifa del dos por ciento (2%) sobre el valor bruto
recibido por tal concepto;
c) Cuando se trate de rentas
provenientes de explotación de películas cinematográficas a cualquier título se
aplicará una tarifa del doce por ciento (12%). Ver Ley 6 de 1992, artículo 133
La base para calcular este
impuesto será el sesenta por ciento (60%) del valor del pago o abono en cuenta,
menos el impuesto de renta correspondiente;
d) Cuando se trate de rentas
provenientes de explotación de programas de computador a cualquier título, se
aplicará una tarifa del doce por ciento (12%). Ver Ley 6 de 1992, artículo 133
La base para calcular este
impuesto será el ochenta por ciento (80%) de la cifra que se obtenga de restar
del respectivo pago o abono en cuenta el impuesto de renta correspondiente;
e) Cuando se trate de rentas
de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas
naturales sin residencia en Colombia, o sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que no eran residentes en Colombia, originadas en contratos
denominados "llave en mano" y demás contratos de confección de obra
material, se aplicará una tarifa del uno por ciento (1%) sobre el valor total
del respectivo contrato;
f) En los demás casos de
transferencias de rentas o ganancias ocasionales, se aplicará una tarifa del
uno por ciento (1%) sobre el valor total del contrato o del respectivo pago o
abono.
Parágrafo 1º Cuando se trate de contratos
celebrados con anterioridad al 24 de diciembre de 1986, referidos a prestación
de servicios técnicos, contratos denominados "llave en mano" y demás
contratos de confección de obra material, a excepción de los valores derivados
de las modificaciones o prórrogas celebrados con posterioridad a la fecha
citada, se aplicarán los porcentajes establecidos en las normas vigentes con
anterioridad a la mencionada fecha.
Artículo 321-1. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Modificado por la Ley 6 de
1992, artículo 133. TARIFA DE REMESAS PARA UTILIDADES DE SUCURSALES A PARTIR
DEL AÑO 1993. A partir del año gravable 1993, la tarifa del impuesto de remesas
que se causa sobre las utilidades comerciales de las sucursales de sociedades u
otras entidades extranjeras, será la siguiente:
Para el año gravable 1993 |
12% |
Para el año gravable 1994 |
10% |
Para el año gravable 1995 |
8% |
Para el año gravable 1996 y
siguientes |
7% . |
Parágrafo primero. Los pagos o abonos en cuenta a los
cuales se refieren los literales b), c) y d), del artículo 321 tendrán a partir
de 1994, en cada año, las tarifas a las cuales se refiere el presente artículo.
Parágrafo segundo. Las tarifas de retención previstas
en el artículo 417 tendrán las variaciones previstas para las tarifas del
impuesto de remesas, según lo señalado en el presente artículo."
PARAGRAFO. Las tarifas del impuesto de renta
y del impuesto de remesas dispuestas en el presente artículo no serán
aplicables en el caso de los inversionistas extranjeros cuyos ingresos
provengan de la exploración, explotación o producción de hidrocarburos. Para
dichos contribuyentes las tarifas por los conceptos de que tratan los artículos
245 y 321-1 del Estatuto Tributario serán:
Del 15% para los años
gravables de 1993, 1994 y 1995.
Del 12% para los años
gravables de 1996 y siguientes.
Cuando se trate de nuevas
inversiones realizadas a partir de 1993, la tarifa del impuesto de renta o del
impuesto de remesas, según el caso, será del doce por ciento (12%) a partir de
dicho año gravable.
CAPITULO III
EXCEPCIONES AL IMPUESTO DE REMESAS.
Artículo 322. Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. CASOS EN LOS CUALES NO SE APLICA EL IMPUESTO DE REMESAS. No se aplica este
impuesto en los siguientes casos:
a) A los dividendos y participaciones, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del literal a) del artículo
anterior;
b) Al principal, intereses,
comisiones y demás gastos correspondientes a empréstitos y títulos de deuda
externa pagados por la Nación y demás entidades de derecho público;
c) A los intereses sobre
créditos a corto plazo obtenidos en el exterior, originados en importación de
mercancías y en sobregiros y descubiertos bancarios;
d) A los intereses sobre
créditos obtenidos en el exterior, destinados a la financiación o
prefinanciación de exportaciones;
e) A los intereses sobre
créditos que obtengan en el exterior las corporaciones financieras y los bancos
constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes;
f) A los intereses sobre
créditos obtenidos en el exterior para operaciones de comercio exterior,
realizados por intermedio de las corporaciones financieras y los bancos
constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes;
g) A los intereses sobre
créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o
mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para
el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas
adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES;
h) A los pagos o abonos en
cuenta por servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el
exterior, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el beneficiario del
pago no tenga residencia o domicilio en el país ni esté obligado a constituir
apoderado en Colombia.
2. Que el Comité de Regalías
expida resolución motivada, por medio de la cual determine que los servicios
técnicos y de asistencia técnica no pueden prestarse en el país. Para tal
efecto, dicho Comité deberá tener en cuenta la protección efectiva y el
desarrollo de la tecnología nacional, en los términos que señale el respectivo
decreto reglamentario.
Para su validez, la
resolución deberá contar con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito
Público.
Cuando los pagos o abonos en
cuenta de que trata este literal sean hechos por entidades del sector público,
para la obtención del beneficio aquí previsto, bastará con el cumplimiento de
la exigencia señalada en el numeral segundo, siempre y cuando se trate de
beneficiarios extranjeros y la sucursal que se constituya de conformidad con el
Decreto 222 de 1983, no realice en el país actividades gravadas; Ver Ley 6 de
1992, artículo 5º y Ley 488 de 1998, artículo
15
i) A los ingresos derivados
de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en
el exterior;
j) A los ingresos derivados
de los servicios de adiestramiento de personal prestados en el exterior a
entidades de derecho público;
k) A los intereses y
servicios técnicos pagados por las personas jurídicas instaladas en zonas
francas industriales.
Para tener derecho a este
tratamiento, los pagos y transferencias deberán corresponder a intereses y
servicios técnicos directa y exclusivamente vinculados a las actividades
industriales que se desarrollen en las zonas francas;
l) A los pagos o abonos en
cuenta que se efectúen a profesores extranjeros sin residencia en el país,
contratados por períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de
educación superior, aprobadas por el ICFES;
m) Derogado condicionalmente
por la Ley 863 de 2003, artículo
69 a partir del 31 de diciembre de 2006. A los ingresos obtenidos en las
actividades industriales realizadas en zonas francas industriales por personas
jurídicas usuarias de las mismas, siempre que cumplan con lo establecido en la
Ley 109 de 1985 y en las disposiciones que la desarrollen, o la modifiquen;
n) Adicionado por la Ley 1004 de 2005, artículo
8º. A partir del 1° de enero de 2007, a los giros al exterior por parte de los
usuarios de zonas francas.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008
y 2009.
Artículo 323. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. EXCEPCIÓN AL IMPUESTO DE REMESAS EN LA ZONA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. No
se aplica el impuesto de remesas respecto de las utilidades netas derivadas de
la inversión extranjera efectuada, previa autorización del Departamento
Nacional de Planeación, dentro del término comprendido entre el 21 de
septiembre de 1983 y el 31 de diciembre de 1988, en empresas productivas
instaladas en Guapi y en los municipios ubicados en el área afectada por el
sismo acaecido en el Departamento del Cauca el 31 de marzo de 1983, por el
término de ocho (8) años contados a partir del año en el cual se realizó la
inversión.
Artículo 324. Derogado Ley 6 de 1992, artículo
140. EXENCIÓN EN LAS REGALÍAS. No se aplica el impuesto de remesas respecto de
las regalías pagadas por empresas establecidas entre el 21 de septiembre de
1983 y el 31 de diciembre de 1988 en Guapi y en los municipios ubicados en el
área afectada por el sismo acaecido en el Departamento del Cauca el 31 de marzo
de 1983, por el término de ocho (8) años.
Parágrafo. La exención prevista en éste y en
el artículo anterior, operará siempre y cuando se demuestre, en la forma que
señale el reglamento, que las utilidades y regalías provienen de la inversión
efectuada en empresas con domicilio social y actividades productivas
localizadas en los municipios del área beneficiada.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS.
Artículo 325.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 115. REQUISITOS PARA LOS GIROS AL EXTERIOR. Las entidades encargadas
de tramitar los giros o remesas al exterior de sumas que constituyan renta o
ganancia ocasional, deberán exigir que la declaración de cambios vaya
acompañada de una certificación de revisor fiscal o contador público, según el
caso, en la cual conste el pago del impuesto de renta y de remesas, según
corresponda, o de las razones por las cuales dicho pago no procede.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78
Artículo 326.
Reglamentado
por el Decreto
1242 de 2003. Declarado exequible por la Sentencia
C-339 de 2007. REQUISITOS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TITULAR DE INVERSIÓN EXTRANJERA. Para autorizar el
cambio de titular de una inversión extranjera, el organismo nacional competente
deberá exigir que se haya acreditado, ante la Dirección General de Impuestos
Nacionales, el pago de los impuestos correspondientes a la respectiva
transacción o se haya otorgado garantía del pago de dicho impuesto.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 90. Para acreditar el pago de los impuestos correspondientes a la
respectiva transacción, el titular de la inversión extranjera que realiza la
transacción deberá presentar declaración de renta y complementarios con la
liquidación y pago del impuesto que se genere por la respectiva operación, en
los bancos autorizados, para lo cual podrá utilizar el formulario señalado para
la vigencia gravable inmediatamente anterior, de lo contrario no se podrá
registrar el cambio de titular de la inversión.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78.
Artículo 327.
Reglamentado
por el Decreto
1242 de 2003. Declarado exequible por la Sentencia C-339 de 2007.
FACULTAD DE ESTABLECER CONDICIONES PARA EL CAMBIO DE TITULAR DE INVERSIÓN
EXTRANJERA. El Gobierno Nacional determinará las condiciones en que los
titulares de inversiones extranjeras deben cumplir los requisitos previstos en
el artículo anterior.
Artículo
328.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. RECAUDO Y CONTROL. El recaudo y control del
impuesto complementario de remesas está a cargo de la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
TÍTULO
V
Titulo v modificado por la Ley 1819 de 2016, art
1
CAPÍTULO
I
Determinación del impuesto sobre la renta de
las personas naturales
Artículo 329. Determinación
del impuesto sobre la renta de las personas naturales. El impuesto sobre la renta y complementarios de las
personas naturales residentes en el país, se calculará y ajustará de
conformidad con las reglas dispuestas en el presente título.
Las normas previstas en el presente Título se
aplicarán sin perjuicio de lo previsto en el Título I.
Ver Oficio 4979 de 2017, Oficio 4884 de 2017, Oficio 35815 de 2016, DIAN. Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.20.5. y 1.2.1.20.6. Decreto 3032 de 2013, artículo
4º.
Artículo 330. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 37. Determinación
cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada una de
las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera
independiente, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este Estatuto
aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida cedular.
Los conceptos de ingresos no
constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios
tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos de
obtener la renta líquida cedular, no podrán ser objeto de reconocimiento
simultáneo en distintas cédulas ni generarán doble beneficio.
La depuración se efectuará
de modo independiente en las siguientes tres (3) cédulas:
a) Rentas de trabajo, de
capital y no laborales
b) Rentas de pensiones, y
c) Dividendos y
participaciones.
La cédula de dividendos y
participaciones no admite costos ni deducciones.
Las pérdidas incurridas
dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma
cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta los límites y
porcentajes de compensación establecidos en las normas vigentes.
Parágrafo Transitorio. Las pérdidas declaradas en períodos gravables anteriores al
periodo gravable 2019 únicamente podrán ser imputadas en contra de la cédula
general, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación
establecidos en las normas vigentes.
Texto anterior del artículo 330. Reglamentado
por el Decreto 2264 de 2019. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 29. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Determinación
cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada una de
las cédulas a que se refiere este artículo se efectuará de manera
independiente, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este
Estatuto aplicables a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida
cedular.
Los
conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones,
rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles de ser
restados para efectos de obtener la renta líquida cedular, no podrán ser objeto
de reconocimiento simultáneo en distintas cédulas ni generarán doble beneficio.
La
depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes tres (3)
cédulas:
a) Rentas de
trabajo, de capital y no laborales
b) Rentas de
pensiones, y
c)
Dividendos y participaciones.
La cédula de
dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones.
Las pérdidas
incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas
de la misma cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta
los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes.
Parágrafo transitorio. Las pérdidas declaradas en períodos gravables anteriores a la
vigencia de la presente ley únicamente podrán ser imputadas en contra de la
cédula general, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación
establecidos en las normas vigentes.”.
Texto original Artículo 330. Determinación cedular. La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas a
las que se refiere este artículo se efectuará de manera independiente,
siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26 de este Estatuto aplicables
a cada caso. El resultado constituirá la renta líquida cedular.
Los conceptos de ingresos no constitutivos
de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y
demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta
líquida cedular, no podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en distintas
cédulas ni generarán doble beneficio.
La depuración se efectuará de modo
independiente en las siguientes cédulas:
a) Rentas de trabajo;
b) Pensiones;
c) Rentas de capital;
d) Rentas no laborales;
e) Dividendos y participaciones.
Las pérdidas
incurridas dentro de una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas
de la misma cédula, en los siguientes periodos gravables, teniendo en cuenta
los límites y porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes.
Parágrafo transitorio. Las pérdidas declaradas en periodos
gravables anteriores a la vigencia de la presente ley únicamente podrán ser
imputadas en contra de las cédulas de rentas no laborales y rentas de capital,
en la misma proporción en que los ingresos correspondientes a esas cédulas participen
dentro del total de los ingresos del periodo, teniendo en cuenta los límites y
porcentajes de compensación establecidas en las normas vigentes.
Ver Oficio 4979 de 2017, DIAN, Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.1.20.8, Decreto 3032
de 2013, artículo 7º.
Artículo 331. Modificado
por la Ley 2010 de 2019,
artículo 38. Rentas
líquidas gravables. Para efectos de determinar las rentas líquidas
gravables a las que le serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo
241 de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:
Se sumarán las rentas líquidas cedulares
obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones. A
esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el artículo
241 de este Estatuto.
Las pérdidas de las rentas líquidas
cedulares no se sumarán para efectos de determinar la renta líquida gravable.
En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del artículo 330 de este
Estatuto.
Parágrafo. A la renta líquida cedular obtenida en la
cédula de dividendos y participaciones le será aplicable la tarifa establecida
en el artículo 242 de este Estatuto.
Texto anterior artículo 331. Reglamentado
por el Decreto 2264 de 2019. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 30. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Rentas
líquidas gravables. Para efectos de determinar las rentas líquidas
gravables a las que le serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo
241 de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:
Se sumarán
las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de capital,
no laborales y de pensiones. A esta renta líquida gravable le será aplicable la
tarifa señalada en el artículo 241.
Las pérdidas
de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de determinar la
renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos
del artículo 330 de este Estatuto.
Parágrafo. A la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y
participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 de
este Estatuto.”.
Texto original Artículo 331. Rentas líquidas gravables. Para efectos de determinar las rentas líquidas
gravables a las que le serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo
241 de este Estatuto, se seguirán las siguientes reglas:
1. Se
sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo y de
pensiones. A esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada
en el numeral 1 del artículo 241.
2. Se
sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas no laborales y en
las rentas de capital. A esta renta líquida gravable le será aplicable la
tarifa señalada en el numeral 2 del artículo 241.
Las
pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de
determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en
los términos del artículo 330 de este Estatuto.
A la
renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y participaciones le
será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 de este Estatuto.
Artículo 332. Reglamentado por
el Decreto
2264 de 2019.Rentas exentas y
deducciones. Solo podrán restarse
beneficios tributarios en las cédulas en las que se tengan ingresos. No se
podrá imputar en más de una cédula una misma renta exenta o deducción.
Ver Decreto 3032 de 2013
Artículo 333. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 39. Base de renta
presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y siguientes de este Estatuto,
la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la
cédula general.
Texto anterior artículo 333. Reglamentado por el Decreto 2264 de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 31. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Base
de renta presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y siguientes de
este Estatuto, la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con
la renta de la cédula general.”.
Texto original 333 “Base de renta presuntiva. Para efectos de los artículos 188 y
189 de este Estatuto, la renta líquida determinada por el sistema ordinario
será la suma de todas las rentas líquidas cedulares.”.
Ver Oficio
4979 de 2017, DIAN.
Artículo 334. Facultades
de fiscalización. Para efectos del control de los costos y gastos, la Dirección de Impuestos
y Aduanas Naciona les adelantará
programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en el Estatuto Tributario
para efectos de su aceptación.
CAPÍTULO II
Rentas de trabajo
Artículo 335. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 40. Ingresos de la cédula general. Para los efectos de
este título, son ingresos de la cédula general los siguientes:
1. Rentas de trabajo: las
señaladas en el artículo 103 de este Estatuto.
2. Rentas de capital: las
obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos,
regalías y explotación de la propiedad intelectual.
3. Rentas no laborales: se
consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen
expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las
ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales.
Texto anterior del artículo 335. Reglamentado
por el Decreto 2264 de 2019. Modificado por la Ley 1943
de 2018, artículo 32. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Ingresos de la cédula general. Para
los efectos de este título, son ingresos de la cédula general los siguientes:
1. Rentas de trabajo: las
señaladas en el artículo 103 de este Estatuto.
2. Rentas de capital: las
obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos,
regalías y explotación de la propiedad intelectual.
3. Rentas no laborales: se
consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen
expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las
ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales.”.
Texto inicial del
artículo 335. “Ingresos de las rentas de
trabajo. Para los efectos de este título, son ingresos de esta cédula los
señalados en el artículo 103 de este Estatuto.”.
Ver Oficio 4979 de 2017, DIAN.
Artículo 336. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 41. Renta líquida gravable de la cédula general. Para efectos de
establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes
reglas:
1. Se sumarán los ingresos
obtenidos por todo concepto excepto los correspondientes a dividendos y
ganancias ocasionales.
2. A la suma anterior, se le
restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso.
3. Al valor resultante
podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales
imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del
resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder de cinco mil
cuarenta (5.040) UVT.
4. En la depuración de las
rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los
gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia
establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a estas
rentas específicas.
En estos mismos términos
también se podrán restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo
provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en
desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los
que les resulte aplicable el parágrafo 5°
del artículo 206 del Estatuto Tributario deberán optar entre restar los costos
y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo
artículo.
Texto anterior del artículo 336. Reglamentado por
el Decreto 2264 de 2019. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 33. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).) Artículo declarado exequible condicionalmente por los
cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-520 de
2019. Providencia confirmada en la Sentencia C-553 de 2019, según Comunicado de
Prensa No. 46 de noviembre 19 y 20 de 2019.). “Renta
líquida gravable de la cédula general. Para efectos de establecer la renta
líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas:
1. Se sumarán los ingresos
obtenidos por todo concepto excepto los correspondientes a dividendos y
ganancias ocasionales.
2. A la suma anterior, se le
restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso.
3. Al valor resultante podrán
restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a
esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del numeral
anterior, que en todo caso no puede exceder de cinco mil cuarenta (5.040) UVT.
4. En la depuración de las
rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los
gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia
establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a estas
rentas específicas.”.
Texto original artículo 336: “Renta líquida cedular de las
rentas de trabajo. Para efectos de establecer la renta líquida cedular,
del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se
restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula. (Inciso
1º declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-120 de 2018.).
Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones
imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del
resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder cinco mil
cuarenta (5.040) UVT.
Parágrafo. En el caso de los servidores públicos diplomáticos,
consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima
de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en
cuenta para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el presente
artículo.”.
Ver Oficio 4979 de 2017, DIAN.
Artículo desarrollado por el Decreto 1746 de 2017.
CAPÍTULO III
Rentas de pensiones
Artículo 337. Ingresos de las rentas de pensiones. Son ingresos de esta cédula las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así
como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o
las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
Para efectos de
establecer la renta líquida cedular, del total de ingresos se restarán los
ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, considerando los
límites previstos en este Estatuto, y especialmente las rentas exentas a las
que se refiere el numeral 5 del artículo 206.
CAPÍTULO IV
Rentas de capital
Artículo 338. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Ingresos de las rentas de capital. Son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de intereses,
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la
propiedad intelectual.
Artículo 339. Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020). Renta líquida cedular
de las rentas de capital. Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los
ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta
imputables a esta cédula, y los costos y gastos procedentes y debidamente
soportados por el contribuyente.
Podrán
restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula,
siempre que no excedan el diez (10%) del resultado del inciso anterior, que en
todo caso no puede exceder mil (1.000) UVT.
Parágrafo. En la depuración podrán ser aceptados los
costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su
procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a
esta cédula.
CAPÍTULO V
Rentas no laborales
Artículo 340. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Ingresos de las rentas
no laborales. Se consideran ingresos de las rentas no laborales
todos los que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas.
Los honorarios percibidos por las personas
naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos noventa
(90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas
asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas no laborales.
En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de
rentas de trabajo.
Artículo 341. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Renta líquida cedular de las rentas no
laborales. Para efectos de establecer la renta líquida
correspondiente a las rentas no laborales, del valor total de los ingresos de
esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta, y los costos y
gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente.
Podrán restarse todas las rentas exentas y
deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el diez (10%) del
resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder mil (1.000)
UVT.
Parágrafo. En la depuración
podrán ser aceptados los costos y los gastos que cumplan con los requisitos
generales para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que
sean imputables a esta cédula.
CAPÍTULO VI
Rentas de dividendos y participaciones
Artículo 342. Ingresos de las rentas de dividendos y participaciones. Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto
de dividendos y participaciones, y constituyen renta gravable en cabeza de los
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al
momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes
de sociedades y entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras.
Artículo 343. Renta líquida. Para
efectos de determinar la renta líquida cedular se conformarán dos subcédulas,
así:
1. Una primera
subcédula con los dividendos y participacionesque hayan sido distribuidos según
el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará
gravada a la tarifa establecida en el inciso 1° del artículo 242 del Estatuto Tributario.
2. Una segunda
subcédula con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades
calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49
del Estatuto Tributario, y
con los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades
extranjeras. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la
tarifa establecida en el inciso 2° de artículo 242 del Estatuto Tributario.
Ver Decreto 1625 de 2016,
artículo 1.2.1.10.3.
Texto anterior Título V:
“TITULO V
Título V del
Libro I, adicionado por la Ley 1607 de
2012, artículo 10. (éste
declarado exequible condicionalmente por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-492 de 2015.).
CAPÍTULO I
Empleados
Articulo 329. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES. Para efectos de lo
previsto en los Capítulos I y II de este Título, las personas naturales se
clasifican en las siguientes categorías tributarias:
a) Empleado;
b) Trabajador por cuenta
propia.
Se entiende por empleado,
toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una
proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de
servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por
cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o
legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su
denominación.
Los trabajadores que presten
servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que
presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o
insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, serán considerados
dentro de la categoría de empleados, siempre que sus ingresos correspondan en
un porcentaje igual o superior a (80%) al ejercicio de dichas actividades.
Se entiende como trabajador
por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos
provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de
la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Capítulo II
del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.
Los ingresos por pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales no se
rigen por lo previsto en los Capítulos I y II de este Título, sino por lo
previsto en el numeral 5 del artículo 206 de este Estatuto.
Parágrafo. Las personas
naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las
categorías de las que trata el presente artículo; las reguladas en
el Decreto 960 de 1970; las que se clasifiquen como cuenta propia pero
cuya actividad no corresponda a ninguna de las mencionadas en el artículo 340
de este Estatuto; y las que se clasifiquen como cuenta propia y perciban
ingresos superiores a veintisiete mil (27.000) UVT seguirán sujetas al régimen
ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios contenido en el Título
I del Libro I de este Estatuto únicamente.
Articulo
reglamenado por el Decreto 3032 de 2013 y por el Decreto 1070 de
2013.
Ver Oficio
30970 de 2016. Ver Oficio 25557 de 2016. Ver Oficio 20371
de 2016. Ver Oficio 7792 de 2016. Ver Oficio 26191 de 2015. Ver Oficio
28750 de 2015. Ver Oficio 28463 de 2015. Ver Oficio 22540 de
2015, DIAN. Ver Decreto 1473 de 2014.
Articulo 330. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS. El impuesto
sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el
país, clasificadas en la categoría de empleados de conformidad con el artículo
329 de este Estatuto, será el determinado por el sistema ordinario contemplado
en el Título I del Libro I de este Estatuto, y en ningún caso podrá ser
inferior al que resulte de aplicar el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional
(IMAN) a que se refiere este Capítulo. El cálculo del impuesto sobre la renta
por el sistema ordinario de liquidación, no incluirá los ingresos por concepto
de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este Capítulo.
Los empleados cuyos ingresos
brutos en el respectivo año gravable sean inferiores a cuatro mil setecientas
(4.700) UVT, podrán determinar el impuesto por el sistema del Impuesto Mínimo
Alternativo Simple (IMAS) y ese caso no estarán obligados a determinar el
impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario ni por el
Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) .
Parágrafo 1°. Los factores de
determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son
aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN)
ni en el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) salvo que estén expresamente
autorizados en los Capítulos I y II de este Título.
Parágrafo 2°. El impuesto
sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país en el
momento de su muerte, y de los bienes destinados a fines especiales en virtud
de donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el sistema ordinario
o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente, los artículos
26 y 188 de este Estatuto.
Nota,
artículo 330: Articulo reglamentado por el Decreto 3032 de 2013.
SECCIÓN
PRIMERA
Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para empleados
Articulo 331. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO NACIONAL (IMAN) PARA PERSONAS
NATURALES EMPLEADOS. El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para
las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, es un sistema
presuntivo y obligatorio de determinación de la base gravable y alícuota del
impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no admite para su cálculo
depuraciones, deducciones ni aminoraciones estructurales, salvo las previstas
en el artículo 332 de este Estatuto. Este sistema grava la renta que resulte de
disminuir, de la totalidad de los ingresos brutos de cualquier origen obtenidos
en el respectivo periodo gravable, los conceptos autorizados en el artículo 332
de este Estatuto. Las ganancias ocasionales contenidas en el Título III del Libro
I de este Estatuto, no hacen parte de la base gravable del Impuesto Mínimo
Alternativo Nacional (IMAN).
Dentro de los ingresos brutos
de que trata este artículo, se entienden incluidos los ingresos obtenidos por
el empleado por la realización de actividades económicas y la prestación de
servicios personales por su propia cuenta y riesgo, siempre que se cumpla con
el porcentaje señalado en el artículo 329 de este Estatuto.
Articulo 332. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA. De la suma
total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable se podrán
restar únicamente los conceptos relacionados a continuación, y el resultado que
se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa:
a) Los dividendos y
participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con
lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto.
b) El valor de las
indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de
daño en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad con el
artículo 45 de este Estatuto.
c) Los aportes obligatorios
al sistema general de seguridad social a cargo del empleado.
d) Los gastos de
representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, según los
requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 de este
Estatuto.
e) Los pagos catastróficos en
salud efectivamente certificados, no cubiertos por el plan obligatorio de salud
POS, de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de medicina
prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente en el
respectivo año o período gravable. La deducción anual de los pagos está
limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del contribuyente en el
respectivo período o dos mil trescientas (2.300) UVT.
Para que proceda esta
deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes documentales idóneos
donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantía, y el
hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud
efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El mismo tratamiento aplicará
para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una entidad
reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia.
f) El monto de las pérdidas
sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, declaradas y
en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.
g) Los aportes obligatorios
al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo periodo
gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio
doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente
contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán derecho al
beneficio tributario a que se refiere este artículo.
h) El costo fiscal,
determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título I
del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no
formen parte del giro ordinario de los negocios.
i) Indemnización por seguros
de vida, el exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares y la policía nacional, el seguro por muerte y la compensación
por muerte de las fuerzas militares y la policía nacional, indemnización por
accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad y gastos funerarios.
j) Los retiros de los fondos
de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes sobre los aportes
efectuados por los empleadores a título de cesantía de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no podrán
ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre
la renta para los beneficiarios o partícipes.
Ver Decreto
3032 de 2013.
Articulo 333. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO NACIONAL (IMAN). El Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) correspondiente a la Renta Gravable
Alternativa (RGA) de las personas naturales residentes en el país clasificadas
en las categorías de empleados, es el determinado en la tabla que contiene el
presente artículo. Sobre la Renta Gravable Alternativa determinada de acuerdo
con lo establecido, en este capítulo, se aplicará la siguiente tabla:
Renta
Gravable Alternativa Total anual desde (en UVT) |
IMAN (en UVT) |
Renta
Gravable Alternativa Total anual desde (en UVT) |
IMAN (en UVT) |
Renta
Gravable Alternativa Total anual desde (en UVT) |
IMAN (en UVT) |
menos de
1,548 |
0.00 |
3.339 |
95,51 |
8 .145 |
792,22 |
1.548 |
1,05 |
3.421 |
101,98 |
8.349 |
833,12 |
1.588 |
1,08 |
3.502 |
108,64 |
8.552 |
874,79 |
1.629 |
1,11 |
3.584 |
115,49 |
8.756 |
917,21 |
1.670 |
1,14 |
3.665 |
122,54 |
8.959 |
960,34 |
1.710 |
1,16 |
3.747 |
129,76 |
9.163 |
1.004,16 |
1.751 |
2,38 |
3.828 |
137,18 |
9.367 |
1.048,64 |
1.792 |
2,43 |
3.910 |
144,78 |
9.570 |
1.093,75 |
1.833 |
2,49 |
3.991 |
152,58 |
9.774 |
1.139,48 |
1.873 |
4,76 |
4.072 |
168,71 |
9.978 |
1.185,78 |
1.914 |
4,86 |
4.276 |
189,92 |
10.181 |
1.232,62 |
1.955 |
4,96 |
4.480 |
212,27 |
10.385 |
1.279,99 |
1.996 |
8,43 |
4.683 |
235,75 |
10.588 |
1.327,85 |
2.036 |
8,71 |
4.887 |
260,34 |
10.792 |
1.376,16 |
2.118 |
13,74 |
5.091 |
286,03 |
10.996 |
1.424,90 |
2.199 |
14,26 |
5.294 |
312,81 |
11.199 |
1.474,04 |
2.281 |
19,81 |
5.498 |
340,66 |
11.403 |
1.523,54 |
2.362 |
25,70 |
5.701 |
369,57 |
11.607 |
1.573,37 |
2.443 |
26,57 |
5.905 |
399,52 |
11.810 |
1.623,49 |
2.525 |
35,56 |
6.109 |
430,49 |
12.014 |
1.673,89 |
2.606 |
45,05 |
6.312 |
462,46 |
12.217 |
1.724,51 |
2.688 |
46,43 |
6.516 |
495,43 |
12.421 |
1.775,33 |
2.769 |
55,58 |
6.720 |
529,36 |
12.625 |
1.826,31 |
2.851 |
60,70 |
6.923 |
564,23 |
12.828 |
1.877,42 |
2.932 |
66,02 |
7.127 |
600,04 |
13.032 |
1.928,63 |
3.014 |
71,54 |
7.330 |
636,75 |
13.236 |
1.979,89 |
3.095 |
77,24 |
7.534 |
674,35 |
13.439 |
2.031,18 |
3.177 |
83,14 |
7.738 |
712,80 |
más de
13.643 |
27%*RGA –
1.622 |
3.258 |
89,23 |
7.941 |
752,10 |
|
|
Parágrafo. Cuando la Renta
Gravable Alternativa anual determinada según lo dispuesto en el Capítulo I del
Título V del Libro I de este Estatuto sea inferior a mil quinientos cuarenta y
ocho (1.548) UVT, la tarifa del IMAN será cero.
SECCIÓN
SEGUNDA
Impuesto
Mínimo Alternativo Simple (IMAS)
Articulo 334. Modificado
por la Ley 1739 de 2014, artículo 33. Impuesto
Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados. El Impuesto Mínimo
Alternativo Simple (IMAS) es un sistema de determinación simplificado del
Impuesto sobre la Renta y complementarios, aplicable únicamente a personas
naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, que
en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos
inferiores a 2.800 Unidades de Valor Tributario (UVT), y hayan poseído un
patrimonio líquido inferior a 12.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), el
cual es calculado sobre la renta gravable alternativa determinada de conformidad
con el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). A la Renta
Gravable Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente
tabla:
Renta
gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en
UVT) |
|
Renta
gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en
UVT) |
1.548 |
1,08 |
|
2.199 |
20,92 |
1.588 |
1,10 |
|
2.281 |
29,98 |
1.629 |
1,13 |
|
2.362 |
39,03 |
1.670 |
1,16 |
|
2.443 |
48,08 |
1.710 |
1,19 |
|
2.525 |
57,14 |
1.751 |
2,43 |
|
2.606 |
66,19 |
1.792 |
2,48 |
|
2.688 |
75,24 |
1.833 |
2,54 |
|
2.769 |
84,30 |
1.873 |
4,85 |
|
|
|
1.914 |
4,96 |
|
|
|
1.955 |
5,06 |
|
|
|
1.996 |
8,60 |
|
|
|
2.036 |
8,89 |
|
|
|
2.118 |
14,02 |
|
|
|
Parágrafo. Para el periodo
gravable 2014, el artículo 334 del Estatuto Tributario será aplicable en las
condiciones establecidas en la Ley 1607 de 2012 en
relación con la tabla de tarifas, el tope máximo de renta alternativa gravable
para acceder al IMAS y demás condiciones establecidas para acceder al sistema
de determinación simplificado.
Texto original artículo
334. Adicionado por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). “IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE (IMAS) DE
EMPLEADOS. El Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) es un sistema de
determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios,
aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas
en la categoría de empleado, cuya Renta Gravable Alternativa en el respectivo
año gravable sean inferior a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, y que es
calculado sobre la Renta Gravable Alternativa determinada de conformidad con el
sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), a la Renta Gravable
Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla:
Renta
gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en
UVT) |
Renta
gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en
UVT) |
Renta
gravable alternativa anual desde (en UVT) |
IMAS (en
UVT) |
1.548 |
1,08 |
2.199 |
20,92 |
3.339 |
162,82 |
1.588 |
1,10 |
2.281 |
29,98 |
3.421 |
176,16 |
1.629 |
1,13 |
2.362 |
39,03 |
3.502 |
189,50 |
1.670 |
1,16 |
2.443 |
48,08 |
3.584 |
202,84 |
1.710 |
1,19 |
2.525 |
57,14 |
3.665 |
216,18 |
1.751 |
2,43 |
2.606 |
66,19 |
3.747 |
229,52 |
1.792 |
2,48 |
2.688 |
75,24 |
3.828 |
242,86 |
1.833 |
2,54 |
2.769 |
84,30 |
3.910 |
256,21 |
1.873 |
4,85 |
2.851 |
93,35 |
3.991 |
269,55 |
1.914 |
4,96 |
2.932 |
102,40 |
4.072 |
282,89 |
1.955 |
5,06 |
3.014 |
111,46 |
4.276 |
316,24 |
1.996 |
8,60 |
3.095 |
122,79 |
4.480 |
349,60 |
2.036 |
8,89 |
3.177 |
136,13 |
4.683 |
382,95 |
2.118 |
14,02 |
3.258 |
149,47” |
|
|
Articulo 335. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 10. (éste declarado exequible condicionalmente por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de
2015.). FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La liquidación
privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
apliquen voluntariamente el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple
(IMAS), quedará en firme después de seis meses contados a partir del momento de
la presentación, siempre que sea debidamente presentada en forma oportuna, el
pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional y
que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude
mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de
ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades,
u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el IMAS, no
estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta
establecida en el régimen ordinario.
Texto anterior Capítulo I del Título V del Libro 1:
AJUSTE
INTEGRAL POR INFLACION A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 1992
CAPITULO I
AMBITO DE
APLICACIÓN.
Articulo 329. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 1º, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. “APLICACION
Y OBJETIVO DEL SISTEMA DE AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. A partir del
año gravable de 1992, el sistema de ajustes integrales por inflación será
aplicado tanto para efectos contables como para efectos fiscales, de
conformidad con lo previsto en este Título.
El sistema
de ajustes integrales por inflación, pretende que los estados financieros
tiendan a reflejar la situación económica real de las empresas y que el
impuesto sobre la renta se establezca sobre bases más reales y equitativas.
El sistema
de ajustes por inflación para efectos contables se basa y aplica sobre las
cifras y valores que deban figurar en la contabilidad de acuerdo con la técnica
contable.
El sistema
de ajustes por inflación para efectos fiscales, se basa y aplica sobre los
valores que deban figurar en la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Los
resultados del ajuste por inflación en materia contable y fiscal pueden
diferir, dependiendo de las diferencias que existan entre las bases contables y
las bases fiscales y, entre las reglamentaciones específicas sobre cada una de
estas materias. En la contabilidad se deberá registrar el impuesto diferido
originado por las diferencias de carácter temporal.
El sistema
de ajustes integrales por inflación produce efectos para la determinación del
valor de los activos, los pasivos, el patrimonio, los resultados y las cuentas
de orden, de las personas, sociedades o entidades sujetas al mismo.
La Ley
223 de 1995 en su artículo 116, reza, lo siguiente: “Los
contribuyentes del régimen especial mencionados en los numerales 1, 3 y 4 del
artículo 19 y en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto.”
Texto original artículo 329. (Decreto 624 de 1989).:
“A QUIÉNES SE APLICA. Adóptase a partir del año gravable de 1992 el
sistema integral de ajustes por inflación contenido en el presente título, el
cual deberá ser aplicado a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios obligados a llevar libros de contabilidad, con excepción de los
siguientes:
1. Personas
naturales y sucesiones ilíquidas que cumplan con los requisitos para pertenecer
al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, aun cuando no sean
responsables de dicho impuesto.
2. Entidades sin ánimo de
lucro, cooperativas y en general los nuevos contribuyentes a que se refiere el
artículo 19.
Parágrafo 1° Derogado
por el Decreto 1744 de 1991, artículo 16. El sistema de
ajustes a que se refiere este título también será aplicable a los contribuyentes
que, sin estar obligados a su utilización, decidan acogerse al mismo; para lo
cual deberán llevar libros de contabilidad debidamente registrados.
Parágrafo 2° Lo dispuesto en
este libro es aplicable a los contribuyentes sometidos a este sistema de
ajustes, en cuanto no sea contrario a lo dispuesto en este título.”. (Las
expresiones señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en
relación con los cargos analizados en la misma. Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011.Sala Plena.).
CAPITULO II
AJUSTES A
LOS ACTIVOS.
Articulo 330. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 2º, Decreto éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de
1992. A QUIENES SE APLICA EL SISTEMA DE AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION.
Para efectos contables y fiscales, están obligados a aplicar el sistema de
ajustes integrales por inflación, todas las personas, sociedades o entidades
obligadas a llevar libros de contabilidad y los patrimonios autónomos. También
están obligadas a aplicar este sistema las entidades sin ánimo de lucro y las
sociedades civiles quienes deberán llevar libros de contabilidad.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto Extraordinario 1744 de 1991,
artículo 1º. “El sistema de ajustes integrales por inflación a que
se refiere el presente título produce efectos para determinar el impuesto de
renta y complementarios y el patrimonio de los contribuyentes. Este sistema no
será tenido en cuenta para la determinación del impuesto de industria y
comercio ni de los demás impuestos o contribuciones”. (Este
inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma.).
Inciso
segundo modificado Ley 174 de 1994, artículo 5º, artículo
este declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-452 de 2003. Para efectos de la
contabilidad comercial, se utilizará el sistema de ajustes integrales por
inflación, de acuerdo con lo previsto en los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y en los principios o normas
de contabilidad expedidos para sus vigiladas por las respectivas entidades de
control, de acuerdo con la naturaleza jurídica y las actividades desarrolladas
por las personas obligadas a llevar contabilidad.
Texto anterior del inciso (Decreto
1744 de 1991): “Para efectos de la contabilidad comercial, también se
utilizará a partir de 1992 el sistema de ajustes integrales por inflación, de
acuerdo con lo previsto en este Título.".
Texto original artículo
330. (Decreto 624 de 1989): “EFECTOS DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN.
Los ajustes por inflación a que se refiere el presente título, deben reflejarse
en los estados financieros del contribuyente y tendrán efecto para determinar
las utilidades comerciales y las bases gravables en el impuesto sobre la renta
y complementarios.”. (Este artículo fue declarado exequible por la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala
Plena.).
Articulo 331. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por el Decreto
2911 de 1991, artículo 3o. Decreto éste declarado inexequible por
la Corte Constitucional en la C-608 de 1992. EFECTO DE LOS
AJUSTES EN OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES O DERECHOS. Para la determinación de
los impuestos diferentes al impuesto sobre la renta y complementarios, asi como
para la determinación de las contribuciones o derechos, cuando no se hayan
adoptado tasas o tarifas acordes con la bases actualizadas por el sistema de
ajustes integrales, el contribuyente o aportante que lleve contabilidad
ajustada por inflación, descontará de tales bases el efecto de los ajustes.
Inciso
adicionado por la Ley 174 de 1994 artículo 6º. En
la determinación del impuesto sobre la renta se utilizarán los mismos índices y
las mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en la
contabilidad para los correspondientes rubros.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto Extraordinario 1744 de 1991,
artículo 2o. “PORCENTAJE DE AJUSTE DEL AÑO GRAVABLE PAAG. Se
entiende por PAAG, el porcentaje de ajuste del año gravable, el cual será
equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para
empleados, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, registrado entre el 1º. de diciembre del año anterior al
gravable y el 30 de noviembre del año gravable. La Dirección de Impuestos
Nacionales publicará antes del 31 de diciembre de cada año, el PAAG que regirá
para el año gravable correspondiente.
En el caso
de liquidación de sociedades y sucesiones, el PAAG se aplicará
proporcionalmente al número de meses transcurridos hasta el mes correspondiente
a la liquidación.
En el caso
de sociedades que se constituyan durante el año, el PAAG se aplicará
proporcionalmente al número de meses transcurridos desde el mes de constitución
hasta el final del período gravable.
Para
aquellos contribuyentes, que opten por un ajuste mensual, aplicarán un PAAG
mensual, el cual será equivalente a la variación porcentual del índice de
precios al consumidor para empleados, certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, registrado en el mes
inmediatamente anterior.”.
Texto original artículo
331. (Decreto 624 de 1989):: “PORCENTAJE DE AJUSTE DEL AÑO
GRAVABLE. Se entiende por PAAG el "porcentaje de ajuste del año
gravable", el cual será equivalente a la variación porcentual del índice
de precios al consumidor para empleados, registrada entre el 1º de octubre del
año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste,
según certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE.
Este porcentaje se expresará
en números enteros, aproximando los decimales al número entero inferior o
superior más cercano.
El Gobierno Nacional
publicará antes del 31 de diciembre de cada año, el PAAG que regirá para el
siguiente período gravable.”. (Este artículo fue declarado exequible
por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp.
2011. Sala Plena.).
Articulo 332. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 4º, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. INDICE
DE AJUSTE POR INFLACION. El índice utilizado para el ajuste por inflación es el
PAAG, anual o mensual.
Se entiende
por PAAG anual, el porcentaje de ajuste del año gravable, el cual será
equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para
ingresos medios, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, registrado entre el 1º de diciembre del año inmediatamente
anterior y el 30 de noviembre del respectivo año.
Se entiende
por PAAG mensual, el porcentaje de ajuste del mes, el cual será equivalente a
la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos
medios, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al mes objeto del ajuste.
Nota: Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo 332. (Decreto
624 de 1989): “PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE ACTIVOS
FIJOS. Los contribuyentes a que se refiere este Título, deberán ajustar el
costo de los activos fijos poseídos en el último día del año gravable, de
conformidad con las siguientes reglas:
1. Si se
trata de activos fijos poseídos durante todo el año, el costo del bien en el
último día del año anterior, se incrementará con el resultado que se obtenga de
multiplicarlo por el PAAG.
2. Si los
activos fijos fueron adquiridos durante el año, el costo de adquisición se
deberá ajustar en la parte proporcional del PAAG anual que corresponda al
número de meses de posesión del activo en el año.
3. Las
adiciones y mejoras se deberán ajustar en la parte proporcional del PAAG anual,
que corresponda al número de meses comprendidos entre la fecha de la adición o
mejora y el último día del período gravable. El valor así obtenido se
adicionará al costo del activo que se obtenga, según lo dispuesto en los
numerales anteriores.
En el caso
de inmuebles, las contribuciones por valorización se regirán por la misma regla
de las adiciones y mejoras.
4. Cuando se
trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, la deducción por
depreciación o amortización en el año se determina sobre el valor del bien, una
vez ajustado de acuerdo con el PAAG.
En este
caso, se deberán mostrar por separado en los estados financieros el valor del
bien ajustado por inflación y las respectivas depreciaciones o amortizaciones
acumuladas. Estas últimas también serán objeto de ajuste de acuerdo con el
PAAG.
El costo que
se tome para determinar la utilidad o pérdida al momento de su enajenación,
incluirá los ajustes por inflación, descontando el valor de las depreciaciones
o amortizaciones acumuladas.
5. Numeral derogado
por el Decreto Extraordinario 1744 de 1991, artículo 16. Los
intereses, la corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así
como los demás gastos financieros originados en la adquisición o construcción
de activos, forman parte del costo de los mismos, salvo cuando ha concluido el
proceso de puesta en marcha y tales activos se encuentren en condiciones de
utilización o enajenación, en cuyo caso deben tratarse como deducción en el
año, contabilizando el ajuste por diferencia en cambio en la cuenta de
Corrección Monetaria.
6. Modificado por
el Decreto 1744 de 1991, artículo 3º. Cuando las
valorizaciones técnicas efectuadas a los activos, o cuando el avalúo catastral
de los inmuebles, o el valor patrimonial de las acciones o aportes, difieran
del costo del bien ajustado por el PAAG, la diferencia se llevará como
superávit por valorizaciones. Tal diferencia no será tomada como un ingreso ni
hará parte del costo fiscal para determinar la utilidad en la enajenación del
bien, ni tampoco formará parte de su valor para el cálculo de la depreciación.
Las
depreciaciones de inmuebles deberán calcularse excluyendo el valor del terreno
respectivo.”.
Texto original numeral
6 (Decreto 624 de 1989): “En el caso de bienes inmuebles,
cuando el avalúo catastral sea superior al valor ajustado de conformidad con lo
dispuesto en este artículo, el costo deberá ajustarse hasta llegar al monto del
respectivo avalúo catastral.
Las depreciaciones de
inmuebles deberán calcularse excluyendo el valor del terreno respectivo.”. (Las
expresiones señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en
relación con los cargos analizados en la misma. Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 333. Derogado
por la Ley 488 de 1998, artículo 154. Modificado por el Decreto 2911
de 1991, artículo 8º, éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-608 de 1992. ESPECIALIDAD EN LA APLICACION DE
LAS NORMAS TRIBUTARIAS. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la
renta y complementarios, serán aplicables las normas contables, salvo que
exista disposición tributaria, en cuyo caso priman estas últimas.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto 1744 de 1991, artículo
4º. "Los activos movibles o inventarios poseídos el último día
del año inmediatamente anterior al gravable se deberán ajustar por el PAAG.
Como contrapartida se deberá registrar un crédito a la cuenta de Corrección
Monetaria.”.
Texto original artículo
333. (Decreto 624 de 1989): “PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE
ACTIVOS MOVIBLES O INVENTARIOS. Los activos movibles o inventarios, poseídos el
último día del año gravable, deberán ajustarse hasta llegar al costo de
reposición. Para determinar el costo de reposición, se observarán las
siguientes reglas:
1. Cuando se trate de
inventarios no procesados o no transformados por el contribuyente, el costo de
reposición no podrá ser inferior al precio más alto de compra durante el
segundo semestre del respectivo año, de bienes de las mismas condiciones a los
del objeto de valuación.
El tipo de bienes cuya última
factura o precio de compra corresponda a adquisiciones efectuadas en el primer
semestre del año, se valorará tomando el valor más alto de compra en dicho
período para bienes de características similares, ajustado en el 50% del PAAG.
Cuando se trate de mercancías
importadas, éstas se ajustarán en el 50% de la tasa de devaluación registrada
en el mismo lapso a que se refiere el PAAG.
El tipo de bienes cuya última
factura o precio de compra corresponda a adquisiciones efectuadas en años
anteriores, se valorará tomando el valor final del último año para bienes de
características similares, ajustado de acuerdo con el PAAG, o con la tasa de
devaluación cuando se trate de mercancías importadas.
2. Cuando se trate de
inventarios procesados o transformados por el contribuyente, el costo de
reposición no podrá ser inferior al precio de venta más alto fijado por el
mismo contribuyente para cada tipo de bienes en el segundo semestre del
respectivo año, descontado el margen de utilidad bruta sobre el precio de venta
del respectivo año gravable para bienes similares.
Cuando se trate de
inventarios de productos en proceso, el valor así obtenido se multiplicará por
el porcentaje de acabado o terminación de los respectivos productos en proceso,
sin que dicho resultado sea inferior a la suma de todos los materiales, costos
de fabricación y mano de obra involucrados en dichos inventarios en proceso.
Los intereses, la corrección
monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás gastos
financieros originados en la adquisición de activos movibles, deben
contabilizarse como un mayor valor del inventario, hasta tanto se encuentren en
condiciones de utilización o venta. A partir de dicho momento, estos valores
deben tratarse como deducción en el año gravable correspondiente.
El ajuste por diferencia en
cambio deducible se contabilizará como un débito en la cuenta de Corrección
Monetaria.
Parágrafo. Cuando el costo de
ventas de los activos movibles se determine por el sistema de juego de inventarios,
el valor del inventario final que se toma para determinar dicho costo es aquél
que se obtenga antes de efectuar el ajuste a costos de reposición. Sin embargo,
el inventario final que se toma para efectos de determinar el patrimonio bruto
será el que se obtenga una vez ajustado a costos de reposición, el cual se
tomará como inventario inicial del año siguiente.”. (Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de
mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 333-1. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78 y por el Decreto 2911 de 1991,
artículo 31, Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-608 de 1992. Adicionado por el Decreto 1744 de 1991,
artículo 5º. AJUSTE DE LAS COMPRAS DE MERCANCIAS O INVENTARIOS. Las
compras de mercancías o inventarios, que se realicen en el año gravable, se
deberán ajustar en la proporción del PAAG que se indica a continuación, salvo
que se opte por el ajuste mensual:
Compras
realizadas en el primer trimestre: el 87.5% del PAAG.
Compras
realizadas en el segundo trimestre: el 62.5% del PAAG.
Compras
realizadas en el tercer trimestre: el 37.5% del PAAG.
Compras
realizadas en el cuarto trimestre: el 12.5% del PAAG.
Como
contrapartida a estos ajustes, se deberá registrar un crédito a la cuenta de
Corrección Monetaria.
Articulo 333-2. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78 y por el Decreto 2911 de 1991,
artículo 31, Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-608 de 1992. Adicionado por el Decreto
Extraordinario 1744 de 1991, artículo 6o. TRATAMIENTO A LOS GASTOS
FINANCIEROS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS. Los intereses, la
corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás
gastos financieros, en los cuales se incurra para la adquisición o construcción
de activos, constituirán un mayor valor del activo hasta cuando haya concluido
el proceso de puesta en marcha o tales activos se encuentren en condiciones de
utilización o enajenación. Después de este momento constituirán un gasto
deducible.
Cuando se
hayan incorporado en el activo valores por los conceptos mencionados, éstos
deben excluirse para efectos del ajuste por el PAAG, del respectivo año.
Articulo 334. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 9º, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. ESPECIALIDAD
DE LAS NORMAS DE AJUSTES POR INFLACION. Para los obligados al sistema de
ajustes por inflación, las normas contenidas en el Libro Primero de este
Estatuto, se aplicarán en cuanto no sean contrarias a este Titulo y se
interpretarán armónicamente con el mismo.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del
artículo (Decreto 624 de 1989): “AJUSTE DE BONOS, TÍTULOS Y
DEMÁS ACTIVOS MOBILIARIOS. En el caso de los bonos, títulos y demás activos
mobiliarios que generan intereses y rendimientos financieros, se observará el
siguiente procedimiento: (Este inciso fue declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los
cargos analizados en la misma.).
Inciso
segundo modificado Decreto Extraordinario 1744 de 1991, artículo 7o. La
parte de los rendimientos financieros causados y pendientes de cobro en el
último día del año, se debe registrar como una cuenta por cobrar y como
contrapartida se debe registrar un crédito en la correspondiente cuenta de
ingreso, de conformidad con las normas vigentes.
Texto original inciso segundo (Decreto
624 de 1989): “La parte de los rendimientos financieros causados y
pendientes de cobro en el último día del año, se incluyen como un mayor valor
del activo, debitando la cuenta del bien respectivo y como contrapartida
acreditando la correspondiente cuenta de ingreso, de conformidad con las normas
vigentes.”.
El costo de
los bonos, títulos y demás papeles que generan rendimientos financieros y se
cotizan en bolsa, poseídos el último día del año, no serán objeto de ajuste por
inflación, pero deberán declararse por el valor promedio de las transacciones
en bolsa del último mes. (Nota: Este inciso fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de
1999, en relación con los cargos analizados en la misma.).
Inciso cuarto
modificado Decreto Extraordinario 1744 de 1991, artículo 7o. “Cuando
los títulos, bonos y demás valores mobiliarios no se hayan cotizado en bolsa,
tampoco se ajustarán por inflación, pero deberán declararse por el costo de
adquisición en el año o por el costo del año anterior, según el caso.
Texto original inciso
cuarto (Decreto 624 de 1989):: “Cuando los títulos, bonos y demás
valores mobiliarios no se hayan cotizado en bolsa, tampoco se ajustarán por
inflación, pero deberán declararse por el costo de adquisición en el año o
costo del año anterior, según el caso, incrementado en la parte de los
rendimientos financieros causados y pendientes de cobro.”.
Para determinar la parte
causada, se tomarán los rendimientos financieros que por cualquier concepto
deban recibirse durante toda la vigencia del título o bono, y se multiplicarán
por la proporción que exista entre el tiempo de posesión de tales activos en el
año, y el tiempo total necesario para su redención, contando éste desde su
adquisición.”. (Este inciso fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos
analizados en la misma. Este artículo fue declarado exequible por la Corte
Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala
Plena.).
Articulo 335. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 10, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. “EFECTOS
TRIBUTARIOS. En materia tributaria, el sistema integral de ajustes por
inflación se aplicará en forma anual y produce efectos para la determinación de
la renta gravable o la pérdida fiscal y del patrimonio líquido, de acuerdo con
lo dispuesto en el presente Título.
Los sujetos
obligados a aplicar al sistema de ajustes integrales por inflación deberán
llevar una cuenta de corrección monetaria fiscal. El saldo anual de la cuenta
de corrección monetaria fiscal formará parte de la renta bruta o pérdida bruta
fiscal del ejercicio.
Esta cuenta
fiscal puede diferir de la cuenta de corrección monetaria contable y no
requerirá de registro alguno en los estados financieros, pero será objeto de
conciliación y su movimiento deberá reflejarse en un documento auxiliar, que
deberá conservarse y se exhibirá cuando las autoridades tributarias así lo
requieran.
Nota: Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del artículo: Modificado
por el Decreto 1744 de 1991, artículo 8º. “AJUSTE DE ACTIVOS
EXPRESADOS EN MONEDA EXTRANJERA, EN UPAC O CON PACTO DE REAJUSTE. Las divisas,
créditos a favor, títulos, derechos, depósitos y demás activos expresados en
moneda extranjera, o poseídos en el exterior, el último día del año, se deben
reexpresar a la tasa de cambio en pesos para la respectiva moneda a tal fecha.
La diferencia entre el activo así reexpresado y su valor en libros, representa
el ajuste que se debe registrar como un mayor o menor valor del activo y como
un crédito o débito en la cuenta de Corrección Monetaria.
Las cuentas
por cobrar, los depósitos en Upac y en general cualquier crédito activo sobre
el cual se haya pactado algún reajuste de su valor, deben ajustarse con base en
el respectivo pacto de ajuste, registrando el ajuste como mayor valor del
activo y como un crédito en la cuenta de Corrección Monetaria.
Paragrafo.
Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, que
tuvieren activos expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior, al
31 de diciembre de 1991, y tuvieren ingresos diferidos o por realizar, producto
de la diferencia en cambio de años gravables anteriores, las realizarán en el
año en el cual sean efectivamente percibidos. A partir del año gravable de
1992, los ajustes correspondientes a cada año se regirán por lo dispuesto en este
artículo.”. (Ver Ley 174 de 1994, artículo
6º.).
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “AJUSTE DE ACTIVOS EXPRESADOS EN
MONEDA EXTRANJERA. Cuando se trate de divisas, créditos a favor, títulos o
derechos, expresados en moneda extranjera, o activos poseídos en el exterior,
poseídos en el último día del año gravable, se reajustarán de acuerdo con el
valor de cotización oficial de la respectiva moneda en dicha fecha.
Los créditos a favor,
reajustables o expresados en UPAC, se ajustarán según el reajuste pactado o el
valor del UPAC, en el último día del año gravable.”. (Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de
mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Título V del
Libro I adicionado el Capítulo II por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11:
CAPÍTULO II
Trabajadores
por Cuenta Propia
Ver Decreto
1473 de 2014.
Articulo 336. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA PERSONAS NATURALES TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA. El impuesto sobre la renta y complementarios de las
personas naturales residentes en el país que sean trabajadores por cuenta
propia y desarrollen las actividades económicas señaladas en este Capítulo,
será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el Título I del
Libro I de este Estatuto. Los trabajadores por cuenta propia que desarrollen
las actividades económicas señaladas en este Capítulo podrán optar por liquidar
su Impuesto sobre la Renta mediante el Impuesto Mínimo Simplificado (IMAS) a
que se refiere este Capítulo, siempre que su Renta Gravable Alternativa del año
o período gravable se encuentre dentro de los rangos autorizados para este. El
cálculo del Impuesto sobre la Renta por el sistema ordinario de liquidación, no
incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos
descritos en este Capítulo.
Parágrafo 1°. Los factores de
determinación del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema
ordinario no son aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional (IMAS), salvo que estén expresamente autorizados en este capítulo.
Parágrafo 2°. El impuesto
sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país en el
momento de su muerte y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de
donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el sistema ordinario
o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente, los artículos
26 y 188 de este Estatuto.
Impuesto Mínimo Alternativo
Simplificado (IMAS) para Trabajadores por Cuenta Propia
Parágrafo 3°. Adicionado
por la Ley 1739 de 2014, artículo 34. Para los efectos del
cálculo del Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS), una persona
natural residente en el país se clasifica como trabajador por cuenta propia si
en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. Sus ingresos provienen, en
una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la
realización de solo una de las actividades económicas señaladas en el artículo
340 del Estatuto Tributario.
2. Desarrolla la actividad
por su cuenta y riesgo.
3. Su Renta Gravable
Alternativa (RGA) es inferior a veintisiete mil (27.000) Unidades de Valor
Tributario (UVT).
4. El patrimonio líquido
declarado en el periodo gravable anterior es inferior a doce mil (12.000)
Unidades de Valor Tributario (UVT).
Para efectos de establecer si
una persona natural residente en el país clasifica en la categoría tributaria
de trabajador por cuenta propia, las actividades económicas a que se refiere el
artículo 340 del Estatuto Tributario se homologarán a los códigos que
correspondan a la misma actividad en la Resolución número 000139 de
2012 o las que la adicionen, sustituyan o modifiquen.
Reglamentado
por el Decreto 3032 de 2013.
Ver Decreto
1473 de 2014.
Articulo 337. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLIFICADO (IMAS)
PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. El Impuesto Mínimo Alternativo
Simplificado (IMAS) para personas naturales clasificadas en las categorías de
trabajadores por cuenta propia es un sistema simplificado y cedular de
determinación de la base gravable y alícuota del impuesto sobre la renta y
complementarios, que grava la renta que resulte de disminuir, de la totalidad
de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el respectivo
periodo gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos, y los demás conceptos
autorizados en este Capítulo. Las ganancias ocasionales contenidas en el Título
III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base gravable del
Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS).
reglamentado
por el Decreto 3032 de 2013.
Articulo 338. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Para la determinación de la base gravable
del impuesto, según el sistema de que trata el artículo anterior para las
personas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta
propia, aplicarán las disposiciones de este Capítulo.
Para el efecto, los
trabajadores por cuenta propia no obligados a llevar libros de contabilidad,
deberán manejar un sistema de registros en la forma que establezca la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. El incumplimiento o la omisión de esta
obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
655 de este Estatuto.
reglamentado
por el Decreto 3032 de 2013.
Articulo 339. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA. Para
la determinación de la Renta Gravable Alternativa, según lo dispuesto en el
artículo 337 de este Estatuto, las personas naturales clasificadas en la
categoría de trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos brutos en el
respectivo año gravable sean iguales o superiores a mil cuatrocientos (1.400)
UVT, e inferiores a veintisiete mil (27.000) UVT, aplicarán las siguientes
reglas:
De la suma total de los
ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el periodo se podrán restar
las devoluciones, rebajas y descuentos, y los conceptos generales que se
relacionan a continuación.
a) Los dividendos y participaciones
no gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con lo previsto en
los artículos 48 y 49 de este Estatuto.
b) El valor de las
indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de
daño en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad con el
artículo 45 de este Estatuto.
c) Los aportes obligatorios
al sistema general de seguridad social a cargo del empleado.
d) Los pagos catastróficos en
salud efectivamente certificados, no cubiertos por el plan obligatorio de
salud, POS, de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de
medicina prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del
contribuyente en el respectivo año o periodo gravable. La deducción anual de
los pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del
contribuyente en el respectivo periodo o dos mil trescientas UVT.
Para que proceda esta
deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes documentales idóneos
donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantía, y el
hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud
efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.
El mismo tratamiento aplicará
para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una entidad
reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia.
e) El monto de las pérdidas
sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, declaradas y
en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.
f) Los aportes obligatorios
al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo periodo
gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio
doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente
contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán derecho al
beneficio tributario a que se refiere este artículo.
g) El costo fiscal,
determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título I
del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no
formen parte del giro ordinario de los negocios.
h) Los retiros de los Fondos
de Cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes sobre los aportes
efectuados por los empleadores a título de cesantía, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no podrán
ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre
la renta para los beneficiarios o partícipes.
El resultado que se obtenga
constituye la Renta Gravable Alternativa y será aplicable la tarifa que
corresponda a la respectiva actividad económica, según se señala en la tabla
del artículo siguiente.
Articulo
reglamentado por el Decreto 3032 de 2013.
Articulo 340. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. IMPUESTO MÍNIMO ALTERNATIVO SIMPLE (IMAS) DE
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. El Impuesto mínimo alternativo
Simple “IMAS” es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la
renta y complementarios aplicable únicamente a personas naturales residentes en
el país, clasificadas en la categoría de trabajador por cuenta propia y que
desarrollen las actividades económicas señaladas en el presente artículo, cuya
Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o periodo gravable
resulte superior al rango mínimo determinado para cada actividad económica, e
inferior a veintisiete mil (27.000) UVT. A la Renta Gravable Alternativa se le
aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla según su actividad
económica:
Actividad |
Para RGA
desde |
IMAS |
Actividades deportivas y otras actividades de
esparcimiento |
4.057 UVT |
1,77% * (RGA
en UVT – 4.057) |
Agropecuario, silvicultura y pesca |
7.143 UVT |
1,23% * (RGA
en UVT – 7.143) |
Comercio al por mayor |
4.057 UVT |
0,82% * (RGA
en UVT – 4.057) |
Comercio al por menor |
5.409 UVT |
0,82% * (RGA
en UVT – 5.409) |
Comercio de vehículos automotores, accesorios
y productos conexos |
4.549 UVT |
0,95% * (RGA
en UVT – 4.549) |
Construcción |
2.090 UVT |
2,17% * (RGA
en UVT – 2.090) |
Electricidad, gas y vapor |
3.934 UVT |
2,97% * (RGA
en UVT – 3.934) |
Fabricación de productos minerales y otros |
4.795 UVT |
2,18% * (RGA
en UVT - 4.795) |
Fabricación de sustancias químicas |
4.549 UVT |
2,77% * (RGA
en UVT - 4.549) |
Industria de la madera, corcho y papel |
4.549 UVT |
2,3% * (RGA
en UVT - 4.549) |
Manufactura alimentos |
4.549 UVT |
1,13% * (RGA
en UVT - 4.549) |
Manufactura textiles, prendas de vestir y
cuero |
4.303 UVT |
2,93% * (RGA
en UVT - 4.303) |
Minería |
4.057 UVT |
4,96% * (RGA
en UVT - 4.057) |
Servicio de transporte, almacenamiento y
comunicaciones |
4.795 UVT |
2,79% * (RGA
en UVT – 4.795) |
Servicios de hoteles, restaurantes y
similares |
3.934 UVT |
1,55% * (RGA
en UVT – 3.934) |
Servicios financieros |
1.844 UVT |
6,4% * (RGA
en UVT – 1.844) |
Parágrafo 1°. Los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios cuya Renta
Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o periodo gravable resulte
igual o superior a veintisiete mil (27.000) UVT determinarán su impuesto
únicamente mediante el sistema ordinario de liquidación. Las actividades
económicas señaladas en el presente artículo corresponden a la clasificación
registrada en el Registro Único tributario RUT.
Reglamentado
por el Decreto 3032 de 2013.
Nota 2,
artículo 340: Ver Decreto 1473 de 2014.
Articulo 341. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
artículo 11. FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DEL IMAS. La liquidación
privada de los trabajadores por cuenta propia que apliquen voluntariamente el
Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), quedará en firme después de seis
meses contados a partir del momento de la presentación, siempre que sea
presentada en forma oportuna y debida, el pago se realice en los plazos que
para tal efecto fije el Gobierno Nacional y que la Administración no tenga
prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de
documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la
seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades, u otros. Los
contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el IMAS, no estarán
obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta establecida en
el régimen ordinario.
Articulo
reglamentado por el Decreto 3032 de 2013.
Textos anteriores de los
artículos 336 a 341:
Articulo 336. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado Ley 223
de 1995, artículo 117. AJUSTE DE INTANGIBLES. El valor
de las patentes, derechos de marca y demás intangibles pagados efectivamente,
se ajustará siguiendo las mismas reglas aplicables a los activos fijos. El
mismo procedimiento se debe seguir respecto de los cargos diferidos que
constituyan activos no monetarios.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del artículo Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 11, Decreto éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de
1992. “AJUSTES A EFECTUAR. Al finalizar cada período gravable, se
deberán efectuar los siguientes ajustes fiscales:
1. Ajuste de
los activos no monetarios representados en moneda extranjera, en UPAC, o que
tengan pacto de reajuste.
2. Ajuste de
los demás activos no monetarios; esto es, aquellos que son susceptibles de
adquirir un mayor valor nominal por efecto de la pérdida de poder adquisitivo
de la moneda, tales como: inventarios de mercancías para la venta, inventarios
de materias primas, suministros, repuestos, mercancías en tránsito, inventarios
de productos en proceso, inventarios de productos terminados, terrenos,
edificios, construcciones en curso, plantaciones de mediano y tardío
rendimiento, inversiones de capital y demás cargos diferidos no monetarios,
semovientes, maquinaria en montaje, maquinaria, equipos, muebles, vehículos,
computadores, aportes en sociedades y acciones.
3. Ajuste de
los pasivos no monetarios; esto es, aquellos que son susceptibles de adquirir
un mayor valor nominal por efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la
moneda, tales como: las deudas representadas en moneda extranjera, en UPAC y
aquellas con pacto de reajuste.
4. Ajuste
del patrimonio líquido.
5. Ajuste de
las cuentas de resultado.".
Texto anterior del artículo: Modificado
por el Decreto 1744 de 1991, artículo 9º. “AJUSTE DE
INTANGIBLES. El valor de las patentes, derechos de marca y demás
intangibles pagados efectivamente, distintos de los gastos pagados por
anticipado y de los cargos diferidos, se ajustará siguiendo las mismas reglas
aplicables a los activos fijos, de acuerdo con el PAAG.”.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989):: “AJUSTE DE INTANGIBLES. El valor de los gastos pagados
por anticipado, de los cargos diferidos, de las patentes, derechos de marca y
demás intangibles pagados efectivamente, se ajustarán siguiendo las mismas
reglas aplicables a los activos fijos, de acuerdo con el PAAG.”. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia
del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 337. Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 12, Decreto éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. BASE
DE LOS AJUSTES FISCALES. Para la aplicación fiscal del sistema de ajustes
a que se refiere el presente título se deberá partir del costo fiscal de los
bienes a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 340.
Para efectos
patrimoniales, las acciones y aportes en sociedades y los bienes inmuebles, se
declararán por su costo fiscal ajustado por el PAAG de conformidad con lo
previsto en el presente Título.
Nota: Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): Derogado por el Decreto Extraordinario 1744 de
1991, artículo 16. “AJUSTE DE ACCIONES Y APORTES. En el caso de
acciones y aportes en sociedades, poseídas en el último día del año gravable,
el ajuste por inflación se regirá por lo dispuesto en las siguientes reglas:
1. Las
acciones de sociedades anónimas que se coticen en bolsa, se ajustarán al valor
promedio, del último mes de transacciones en bolsa.
2. Los
aportes en sociedades limitadas y asimiladas, así como las acciones de
sociedades que no se cotizan en bolsa, se ajustarán por el valor intrínseco que
certifique la respectiva sociedad, una vez ésta haya efectuado el reajuste de
sus propios activos.”. (Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 338. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
la Ley 788 de 2002, artículo 21. AJUSTE DE LOS DEMÁS ACTIVOS
NO MONETARIOS. En general, deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, todos
los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de ajuste
especial, entendidos por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un
mayor valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda. (Articulo
reglamentado por el Decreto 416 de 2003.).
Nota 1:
Ver Ley 1111 de 2006.
Nota 2: La
DIAN, mediante la Circular 104 de 2007, aclara la posición expresada en la
Circular 9 de 2007.
Nota 3:
Ver Decreto 1536 de 2007, artículo 5º.
Texto anterior del
artículo: Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 11. “AJUSTE
DE LOS DEMÁS ACTIVOS NO MONETARIOS. En general, deben ajustarse de acuerdo
con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o
inventarios, todos los demás activos no monetarios que no tengan un
procedimiento de ajuste especial, entendidos por tales aquellos bienes o
derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del demérito del valor
adquisitivo de la moneda.”.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto 2911 de 1991, artículo 13,
Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-608 de 1992. “AJUSTE DE LOS ACTIVOS MOVIBLES Y
DEMAS INVENTARIOS. Para determinar el valor fiscal del costo de ventas y del
inventario final del respectivo año se deberá ajustar por el PAAG anual, el
inventario inicial poseído al comienzo del año o período gravable, registrando
tal ajuste como mayor valor del inventario inicial y como contrapartida se
deberá registrar un crédito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
Las compras
de activos movibles que se realicen en el año, así como los demás factores que
hagan parte del costo de los productos o mercancías, con excepción de aquellos
que tengan una forma particular de ajuste, se deberán ajustar por el PAAG
mensual acumulado entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se
efectuó la compra, costo o gasto y el 31 de diciembre del respectivo año.
Estos
ajustes se deberán registrar como un mayor valor de las compras y de los demás
factores que integran el costo de los productos o mercancías y, como contrapartida
se deberá registrar un crédito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
Sobre una
misma partida no se podrá realizar un doble ajuste. Esta norma se deberá tener
en cuenta para los traslados de inventarios durante el proceso productivo.
El inventario
final y el costo de ventas deberán reflejar los ajustes correspondientes, según
el método de valuación que se utilice.".
Texto original artículo (Decreto
624 DE 1989): “AJUSTE DE LOS DEMÁS ACTIVOS "NO MONETARIOS".
En general, deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, todos los demás activos
"no monetarios" que no tengan un procedimiento de ajuste especial,
entendidos por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor
nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda.”. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia
en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 339. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 14, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. PROCEDIMIENTO
PARA EL AJUSTE DE OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS. El ajuste por el PAAG del costo
fiscal de los demás activos no monetarios se efectuará de conformidad con las
siguientes reglas:
1. Para los
activos poseídos durante todo el año, el costo fiscal del bien en el último día
del año anterior se incrementará con el resultado que se obtenga de
multiplicarlo por el PAAG anual y como contrapartida se registrará un crédito
en la cuenta corrección monetaria fiscal.
2. Los
activos adquiridos durante el año, así como las mejoras, adiciones o
contribuciones por valorización efectuadas durante el mismo, se incrementarán
con el resultado que se obtenga de multiplicar su costo fiscal por el PAAG
mensual acumulado entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual
efectuó la operación y el 31 de diciembre del respectivo año, como
contrapartida se registrará un crédito en la cuenta corrección monetaria
fiscal.
3. Para los
activos enajenados durante el año, su costo se incrementará con el resultado
que se obtenga de multiplicar el costo fiscal del bien por el PAAG mensual
acumulado, entre el 1º de enero del año o el primer día del mes siguiente a
aquel en el cual se efectuó la compra, si fue adquirido durante el año, y el
último día del mes en el cual se efectuó su enajenación; como contrapartida se
registrará un crédito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
4. Cuando se
trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, poseídos desde el
inicio del ejercicio, se debe ajustar por separado el costo fiscal bruto del activo
y el valor de la depreciación, agotamiento o amortización acumulada fiscal, al
inicio del ejercicio. El ajuste sobre el costo fiscal bruto del activo, se
registrará como un mayor valor de éste y como contrapartida se registrará un
crédito en la cuenta de corrección monetaria fiscal. El ajuste de la
depreciación, agotamiento o amortización acumulado fiscal al inicio del
ejercicio, se registrará como un mayor valor de éste y, como contrapartida un
débito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
5. Cuando se
trate de activos que se encontraren, desde el punto de vista fiscal, totalmente
depreciados, agotados o amortizados, no será posible solicitar depreciación,
agotamiento o amortización futura alguna sobre dichos valores, sin perjuicio de
los ajustes por el PAAG del valor bruto fiscal del bien y de la correspondiente
depreciación, agotamiento o amortización acumulados.
6. La
deducción por depreciación, agotamiento o amortización del respectivo año se
determina sobre el costo fiscal bruto del bien, una vez ajustado por el PAAG.
Las
depreciaciones fiscales de inmuebles deberán calcularse excluyendo el valor del
terreno respectivo.
7. El valor
que se tome para determinar la utilidad o la pérdida al momento de la
enajenación de los bienes depreciables, agotables o amortizables, será el costo
fiscal bruto ajustado por el PAAG, menos el valor de las depreciaciones,
agotamientos o amortizaciones acumulados fiscales.
8. En el
caso de las acciones y aportes en sociedades, cuando el valor intrínseco o el
valor en bolsa sea inferior al costo fiscal ajustado, el ajuste sólo se hará
hasta aquel valor.
9. Cuando
las valorizaciones técnicas efectuadas a los activos o cuando el avalúo
catastral de los inmuebles, o el valor intrínseco o el valor en Bolsa de las
acciones o aportes, superen el costo fiscal del bien ajustado por el PAAG, tal
diferencia no será tomada como un ingreso ni hará parte del costo fiscal para
determinar la utilidad en la enajenación del bien, ni tampoco formará parte de
su valor para el cálculo de la depreciación.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “LOS ACTIVOS MONETARIOS NO SON SUSCEPTIBLES DE AJUSTE.
No serán susceptibles de ajuste por inflación los denominados activos
monetarios, que mantienen el mismo valor, por no tener ajustes pactados ni
adquirir mayor valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de
la moneda. En consecuencia, no serán objeto de ajuste, el efectivo en moneda
nacional, los depósitos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes y los
créditos a favor que no tengan un reajuste pactado.”. (Este artículo
fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252
de 1999, en relación con los cargos analizados en la misma. Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de
mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 340. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por el Decreto 2911
de 1991, artículo 15, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. TRATAMIENTO DE LOS
REAJUSTES FISCALES DE BIENES POSEIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991. El valor de
los reajustes fiscales efectuados hasta el 31 de diciembre de 1991 sobre los
activos fijos poseídos a esa misma fecha, distintos de los establecidos en el
artículo 132, no hará parte del costo fiscal, por consiguiente no servirá de
base para los ajustes al PAAG que se efectúen a partir de 1992, ni para el
cálculo de la depreciación y no tendrá efectos fiscales distintos a la
determinación de la utilidad en caso de enajenación, para lo cual, de dicho
reajuste se llevará un registro actualizado. En ningún caso estos valores darán
lugar a depreciación o pérdida fiscal.
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “REGISTRO CONTABLE DEL VALOR DE LOS AJUSTES. El valor
de los ajustes efectuados a los denominados activos no monetarios, se
registrará como un mayor valor de tales bienes, mediante un débito a la cuenta
de cada tipo de activos por el valor del ajuste. (Este
inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma.).
La contrapartida será un
crédito a la cuenta de corrección monetaria por el mismo valor de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 348. (Este inciso fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en
relación con los cargos analizados en la misma.).
Inciso
tercero derogado por el Decreto 1744 de 1991, artículo 16. En
el caso de acciones de sociedades anónimas abiertas, el ajuste se efectuará
debitando la cuenta del activo y acreditando la cuenta de revalorización del
patrimonio.”. (Este artículo fue declarado exequible por la Corte
Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala
Plena.).
Articulo 341. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por la Ley 488
de 1998, artículo 12. NOTIFICACIÓN PARA NO EFECTUAR EL AJUSTE. Los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, deberán notificar
al administrador de impuestos respectivo, su decisión de no efectuar el ajuste
a que se refiere este título, siempre que demuestren que el valor de mercado
del activo es por lo menos inferior en un treinta por ciento (30%) al costo que
resultaría si se aplicara el ajuste respectivo. Esta notificación deberá
efectuarse por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de
vencimiento del plazo para declarar.
Parágrafo.
Para efectos de lo previsto en este artículo, no habrá lugar a dicha
información, en el caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a treinta y
uno (31) de diciembre del año gravable anterior al del ajuste, sea igual o
inferior a cincuenta millones de pesos ($50.000.000), siempre que el
contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un perito sobre
el valor de mercado del activo correspondiente.”.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del
artículo: Modificado por la Ley 174 de 1994, artículo 7º. NOTIFICACIÓN
PARA NO EFECTUAR EL AJUSTE. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, deberán notificar al administrador de impuestos respectivo, su
decisión de no efectuar el ajuste a que se refiere este título, siempre que
demuestren que el valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un
30% al costo que resultaría si se aplicara el ajuste respectivo. Esta
notificación deberá formularse por lo menos con cuatro meses de anticipación a
la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
Parágrafo. Para efecto de lo
previsto en este artículo no habrá lugar a notificación para no efectuar el
ajuste, en el caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre
del año gravable anterior al del ajuste sea igual o inferior a cincuenta
millones de pesos ($50.000.000), siempre que el contribuyente conserve en su
contabilidad una certificación de un perito, sobre el valor de mercado del
activo correspondiente.".
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto 2911 de 1991, artículo 16,
Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-608 de 1992. “AJUSTE DE INVERSIONES DE CAPITAL. En
el caso de las construcciones en curso, los cultivos de mediano y tardío
rendimiento en período improductivo, las empresas en periodo improductivo, los
programas de ensanche y los cargos diferidos que no estén en condiciones de
generar ingresos o de ser enajenados, el ajuste se realizará teniendo en cuenta
las normas generales de los ajustes sobre activos, no obstante, el valor
correspondiente a la contrapartida del ajuste se llevará como un ingreso por
corrección monetaria diferida, el cual se irá causando como corrección
monetaria del período, una vez termine la construcción, el programa de ensanche
o el periodo improductivo, en la misma proporción en que se amorticen tales
inversiones de capital.
Durante los
años en que se mantenga diferido el ajuste por inflación, la parte proporcional
del ajuste sobre el patrimonio líquido correspondiente a dichos activos tendrá
similar tratamiento.
Para tener
derecho a lo previsto en este artículo, las empresas deberán identificar
plenamente en las notas a los estados financieros tales activos y presentar en
las mismas el monto de la inversión, discriminando los conceptos globales, la
fecha de iniciación del correspondiente proyecto y de la etapa productiva, el
procedimiento utilizado para su amortización y la amortización causada, hasta
completar el ciento por ciento (100%). Este documento deberá estar debidamente
certificado por el Revisor Fiscal o el Contador, según el caso.".
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NO EFECTUAR EL AJUSTE.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán
solicitar al Administrador de Impuestos respectivo, autorización para no
efectuar el ajuste a que se refiere este Título, siempre que demuestren que el
valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un 50% al costo que
resultaría si se aplicara el ajuste respectivo.
Esta solicitud deberá
formularse por lo menos con cuatro meses de anticipación a la fecha del
vencimiento del plazo para declarar, y se entenderá resuelta a favor del
contribuyente si un mes antes de esa fecha no se ha obtenido respuesta de la
Administración de Impuestos.
En la autorización de la
Administración de Impuestos, se indicará la parte no ajustable del patrimonio
líquido.
Cuando no se efectúe el
ajuste a los activos por no haberse obtenido respuesta de la Administración, el
contribuyente no tendrá derecho a efectuar el ajuste en el patrimonio líquido
establecido en el artículo 345, en la parte proporcional del activo que esté
financiado con patrimonio líquido del contribuyente.”. (Este artículo
fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de
mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 342. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por el Decreto 2911
de 1991, artículo 17, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. TRATAMIENTO A
LOS GASTOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS. Los intereses, la
corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás
gastos financieros en los cuales se incurra para la adquisición o construcción
de activos, constituirán un mayor valor del activo, hasta cuando haya concluido
el proceso de puesta en marcha o tales activos se encuentren en condiciones de
utilización o enajenación. Después de este momento constituirán un gasto
deducible.
A partir del
1º de enero de 1992, durante el tiempo en que los activos sean objeto de
capitalización conforme a este artículo, no se ajustarán por el PAAG los gastos
financieros mencionados capitalizados en cada ejercicio, ni la parte
correspondiente del costo del activo que por encontrarse financiada hubiere
originado tal capitalización.
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989):: “AJUSTE DEL COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ENAJENADOS EN EL AÑO. El costo de venta de los activos fijos enajenados en el
año se podría ajustar en la parte proporcional del PAAG que corresponda al
número de meses de posesión del activo en el año.”. ( Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia
en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
CAPITULO III
AJUSTES A
LOS PASIVOS.
Articulo 343. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 18, Decreto éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. AJUSTE
DE ACTIVOS REPRESENTADOS EN MONEDA EXTRANJERA, EN UPAC O CON PACTO DE REAJUSTE.
Las divisas, cuentas por cobrar, títulos, derechos, depósitos, inversiones y
demás activos expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior, el
último día del año o período, se deben ajustar con base en la tasa de cambio de
la respectiva moneda a tal fecha. La diferencia entre el activo así ajustado y
su valor en libros, representa el ajuste que se debe registrar como un mayor o
menor valor del activo y como un ingreso o gasto financiero, según corresponda.
Cuando las
cuentas por cobrar, los títulos, derechos, inversiones y demás activos, se
encuentren expresadas en UPAC o cuando sobre los mismos se haya pactado un
reajuste de su valor, se ajustarán con base en la UPAC o en el respectivo pacto
de ajuste, registrando un mayor valor del activo y como contrapartida un
ingreso financiero.
Cuando una
partida se haya ajustado por alguno de los índices señalados en este artículo,
no podrá ajustarse adicionalmente por el PAAG en el mismo período.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto Extraordinario 1744 de 1991,
artículo 10. "AJUSTE DE LOS PASIVOS NO MONETARIOS. Los pasivos
no monetarios poseídos el último día del año, tales como: pasivos en moneda
extranjera, en Upac o pasivos sobre los cuales se ha pactado un reajuste del
principal, deben ajustarse con base en la tasa de cambio al cierre del año para
la moneda en la cual fueron pactados, en la cotización del Upac a la misma
fecha o en el porcentaje de ajuste que se haya convenido dentro del contrato de
empréstito, según el caso, registrando el ajuste como mayor valor del pasivo.
Como contrapartida, se debe registrar un gasto por igual cuantía, salvo cuando
deba activarse.". (Este artículo fue declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los
cargos analizados en la misma.).
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “AJUSTES DE DEUDAS U
OBLIGACIONES. Las deudas u obligaciones en moneda extranjera, existentes al
último día del año gravable, se reajustarán de acuerdo con el valor de
cotización de la respectiva moneda.
Las deudas u obligaciones
reajustables, o expresadas en UPAC, se ajustarán según el reajuste pactado o el
valor del UPAC, en el último día del año gravable.”. (Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de
mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Articulo 344. Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 19, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. LOS
ACTIVOS MONETARIOS NO SON SUSCEPTIBLES DE AJUSTE. No serán susceptibles de
ajuste por inflación los denominados activos monetarios, que mantienen el mismo
valor, por no tener ajustes pactados, ni adquirir mayor valor nominal por
efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. En consecuencia, no
serán objeto de ajuste, rubros tales como el efectivo, los depósitos en cuentas
de ahorro, cuentas corrientes, las cuentas por cobrar, los bonos, títulos y
demás activos mobiliarios, poseídos en moneda nacional, que no tengan un
reajuste pactado, distintos de las acciones y los aportes.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): Derogado por
el Decreto Extraordinario 1744 de 1991, artículo 16. “REGISTRO
CONTABLE DE LOS AJUSTES A LOS PASIVOS. Los ajustes a los pasivos, incluidos los
relativos a diferencia en cambio, se registrarán como un mayor valor de la
deuda, mediante un crédito al valor del pasivo correspondiente y un débito por
la misma cuantía a la cuenta de corrección monetaria, o al valor del bien
cuando deba activarse.”. (Este artículo fue declarado exequible por
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011.
Sala Plena.).
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
CAPITULO IV
AJUSTES AL
PATRIMONIO LÍQUIDO
Articulo 345. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 20, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. AJUSTE
A LOS PASIVOS NO MONETARIOS. Para efectos tributarios los pasivos no monetarios
poseídos el último día del año o período, tales como: pasivos en moneda
extranjera, en UPAC o pasivos para los cuales se ha pactado un reajuste del
principal, o los que deban ser cancelados en especie o servicios futuros, deben
ajustarse con base en la tasa de cambio al cierre del año para la moneda en la
cual fueron pactados, en la cotización de la UPAC a la misma fecha, en el
porcentaje de reajuste que se haya convenido dentro del contrato, o en el PAAG,
según el caso, registrando el ajuste como mayor o menor valor del pasivo y,
como contrapartida un gasto o ingreso financiero o de corrección monetaria,
según corresponda, por igual cuantía, salvo cuando deba activarse.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto 1744 de 1991,
artículo 11, artículo que fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos
analizados en la misma. “AJUSTE DEL PATRIMONIO. El patrimonio
líquido al comienzo de cada período, debe ajustarse con base en el PAAG, salvo
cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso no se efectúa este ajuste.
Como contrapartida se llevará un débito a la cuenta de Corrección Monetaria por
igual cuantía.
Para efectos
comerciales, el patrimonio inicial de cada año debe ser objeto de tal ajuste,
registrando el mismo como un mayor valor del patrimonio en la cuenta de
Revalorización del Patrimonio.
La cuenta de
Revalorización del Patrimonio forma parte del patrimonio de los años
siguientes, para efectos del cálculo a que se refiere el inciso anterior. El
valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios
o accionistas, hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice tal valor de
conformidad con lo previsto en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, en
cuyo caso se distribuirá como un ingreso no gravado con el impuesto sobre la
renta y complementarios.”.
Texto original artículo (Decreto 624 de 1989): “PROCEDIMIENTO
PARA EL AJUSTE DEL PATRIMONIO LÍQUIDO. El patrimonio líquido del contribuyente
determinado por la diferencia entre el total del patrimonio bruto y las deudas,
deberá ajustarse de conformidad con las siguientes reglas:
1. El patrimonio líquido
determinado al inicio del ejercicio gravable, se ajustará de acuerdo con el
PAAG, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso no se efectúa
este ajuste.
El valor de este ajuste se
contabilizará mediante el reconocimiento de un gasto por la exposición del
patrimonio a la inflación, debitando la cuenta de corrección monetaria por el
valor del ajuste y como contrapartida, registrando el ajuste en una cuenta de
naturaleza crédito denominada "Revalorización del patrimonio". Esta
cuenta se mostrará por separado, formando parte del patrimonio.
2. La cuenta de
Revalorización del patrimonio formará parte del patrimonio líquido en los años
siguientes, para efectos del cálculo que se refiere este artículo.
El valor reflejado en esta
cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas, salvo
cuando se liquide la empresa o se capitalice tal valor, en cuyo caso, se
distribuirá como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.”. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia
del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 346. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por el Decreto
2911 de 1991, artículo 21, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. AJUSTE DEL
PATRIMONIO. El patrimonio líquido al comienzo de cada período, debe ajustarse
con base en el PAAG anual, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo
caso no se efectúa este ajuste. El ajuste al patrimonio líquido constituye un
mayor valor del patrimonio líquido y como contrapartida un débito a la cuenta
de corrección monetaria fiscal por igual cuantía.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “VALORES A EXCLUIR DEL PATRIMONIO LÍQUIDO. Del
patrimonio líquido sometido a ajuste, se debe excluir el valor patrimonial neto
de los activos correspondientes a "good will", "know how" y
demás intangibles que sean estimados por el contribuyente, o que no hayan sido
producto de una adquisición efectiva. (Este inciso fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en
relación con los cargos analizados en la misma.).
Inciso
segundo derogado por el Decreto 1744 de 1991, artículo 16. Igualmente,
para efectos del ajuste, se debe excluir del patrimonio líquido inicial, el
valor patrimonial neto de las acciones de sociedades anónimas abiertas, cuyo
ajuste debe ser contabilizado directamente como un crédito a la cuenta de
revalorización del patrimonio.”. (Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 347. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 22, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. VALORES
A EXCLUIR DEL AJUSTE DEL PATRIMONIO. Del patrimonio líquido se debe excluir el
valor patrimonial neto correspondiente a activos tales como
"good-will", "know-how", valorizaciones y demás intangibles
que sean estimados o que no hayan sido producto de una adquisición efectiva.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “AJUSTES AL PATRIMONIO LÍQUIDO QUE HA SUFRIDO
DISMINUCIONES O AUMENTOS DURANTE EL AÑO. Cuando el patrimonio líquido haya
sufrido disminuciones o aumentos durante el año, se efectuarán los siguientes
ajustes al finalizar el respectivo periodo gravable:
1. Los
aumentos de capital efectuados durante el año, por nuevas emisiones de acciones
o partes de interés, distintas de la capitalización de utilidades o reservas de
años anteriores, se ajustarán de acuerdo con el PAAG, en la parte proporcional
del año que equivalga al número de meses transcurridos entre la fecha del
aumento de capital y el 31 de diciembre del respectivo año. Este ajuste se
contabilizará debitando la cuenta de corrección monetaria y acreditando la
cuenta de revalorización del patrimonio.
2. La
distribución de dividendos o utilidades de años anteriores, así como las
eventuales disminuciones que se hayan efectuado durante el año gravable, de
reservas o capital, que hacían parte del patrimonio líquido al comienzo del
ejercicio, implicarán un ajuste equivalente al resultado de multiplicar dichas
disminuciones por el PAAG, en la parte proporcional del año que equivalga al
número de meses transcurridos entre la fecha de la disminución del capital y el
31 de diciembre del respectivo año. Este ajuste se registrará debitando la
cuenta de Revalorización del Patrimonio y acreditando la cuenta de Corrección
Monetaria. Se consideran como disminución del patrimonio, los préstamos que
realicen las sociedades a sus socios y accionistas, no sometidos al sistema de
ajustes integrales Esta última frase de este inciso fue modificada
por la Ley 223 de 1995, artículo 119. Se consideran como
disminución del patrimonio, los préstamos que realicen las sociedades a sus
socios y accionistas, no sometidos al sistema de ajustes integrales, con
excepción de los otorgados por las entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria.
Texto anterior de la última
frase del inciso primero del numeral 2: Modificada por el Decreto
1744 de 1991, artículo 12. “Este ajuste se registrará debitando la
cuenta de Revalorización del Patrimonio y acreditando la cuenta de Corrección
Monetaria. Se consideran como disminución de patrimoinio, los préstamos que
realicen las sociedades a sus socios y accionistas, no sometidos al sistema de
ajustes integrales.”.
Texto anterior de la última
frase del inciso primero del numeral 2: “Este ajuste se contabilizará como un
débito a la cuenta de revalorización del patrimonio y un crédito a la cuenta de
corrección monetaria.”. (Este inciso fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los
cargos analizados en la misma.).
Para efectos del ajuste, las
utilidades o pérdidas del ejercicio no se consideran aumento o disminución del
patrimonio líquido, sino hasta el período siguiente a aquél en el cual se
obtienen.”. (Este inciso fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos
analizados en la misma. Nota 2: Ver Ley 174 de 1994,
artículo 6º. Nota 2: Este artículo fue declarado exequible por la Corte
Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala
Plena.).
CAPITULO V
AJUSTES EN
LAS CUENTAS DE RESULTADO.
Articulo 348. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 23, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. AJUSTE
AL PATRIMONIO LIQUIDO QUE HA SUFRIDO AUMENTOS O DISMINUCIONES EN EL AÑO. Cuando
el patrimonio líquido poseído al inicio del ejercicio haya sufrido aumentos o
disminuciones en el año, se efectuarán los siguientes ajustes al finalizar el
respectivo año gravable:
1. Los
aumentos de patrimonio efectuados durante el año, que correspondan a
incrementos reales en efectivo, tales como, los aumentos del capital social,
distintos de la capitalización de utilidades o reservas de ejercicios
anteriores, así como de la capitalización a la que hace referencia el artículo
36-3 del Estatuto Tributario, se ajustarán con el resultado que se obtenga de
multiplicarlos por el PAAG mensual acumulado entre el primer día del mes
siguiente a aquel en el cual se efectúo el aumento del capital o del patrimonio
y el 31 de diciembre del respectivo año. Este ajuste hará parte del patrimonio
fiscal y como contrapartida se registrará un débito en la cuenta corrección
monetaria fiscal.
2. La
distribución en efectivo de dividendos o utilidades de ejercicios anteriores,
así como las eventuales disminuciones que se hayan efectuado durante el año
gravable, de reservas o capital, que hacían parte del patrimonio líquido al
comienzo del ejercicio, o la readquisición de acciones, implicarán un ajuste
equivalente al resultado de multiplicar dichos valores por el PAAG mensual
acumulado entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó
el reparto, la disminución o la readquisición y el 31 de diciembre del
respectivo año. Este ajuste se restará del patrimonio fiscal y como
contrapartida se acreditará la cuenta corrección monetaria fiscal.
Para efectos
del ajuste, la renta líquida o la pérdida fiscal del ejercicio no se considera
aumento o disminución del patrimonio en el respectivo ejercicio.
3. Los
traslados de partidas que hacían parte del patrimonio líquido al inicio del
ejercicio no se considerarán como aumentos o disminuciones del mismo.
4. Se
consideran como disminución del patrimonio los préstamos que realicen las
sociedades, a sus socios o accionistas no sometidos al sistema de ajustes
integrales por inflación, con excepción de los otorgados por las entidades
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto anterior del artículo: Modificado
por el Decreto 1744 de 1991, artículo 13, artículo éste declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en
relación con los cargos analizados en la misma. “CUENTA CORRECCION
MONETARIA. Los contribuyentes a quienes se aplican los ajustes previstos en
este título, deberán llevar una cuenta de resultados denominada
"Corrección Monetaria", en la cual se deben efectuar los registros,
débitos y créditos correspondientes.”.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “CUENTA DE "CORRECCIÓN MONETARIA". Los
contribuyentes a quienes se aplican los ajustes previstos en este Decreto,
deberán llevar una cuenta de resultado denominada "Corrección
Monetaria", que al finalizar el ejercicio deberá cancelarse contra la
cuenta de Pérdidas y Ganancias, efectuando los siguientes registros:
1. En esta cuenta se deben
registrar como débito las siguientes partidas, siempre y cuando se registren
los créditos a la misma contemplados en el numeral 2 de este artículo:
a) El valor correspondiente a
los ajustes del patrimonio líquido inicial y de los aumentos al mismo, a que se
refieren el artículo 345 y el numeral 1 del artículo anterior;
b) El valor correspondiente a
los ajustes de los pasivos reajustables a que se refiere el artículo 343, así
como el ajuste por diferencia en cambio a que se refieren el numeral 5 del
articulo 332 y el inciso final del artículo 333, siempre y cuando la diferencia
en cambio no se haya debido activar;
c) El valor del ajuste a la
depreciación acumulada del año anterior.
2. Se deben registrar como
crédito las siguientes partidas:
a) El valor correspondiente a
los ajustes de los activos movibles;
b) El valor correspondiente a
los ajustes de los activos fijos;
c) El valor correspondiente a
los ajustes de los demás activos que deban reajustarse de conformidad con el
presente Título;
d) El valor correspondiente a
los ajustes por disminuciones del patrimonio líquido inicial, a que se refiere
el numeral 2 del artículo anterior.”. (Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 348-1. Derogado
por la Ley 488 de 1998 artículo 154 y por el Decreto 2911 de
1991, artículo 31, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. Adicionado por
el Decreto 1744 de 1991, artículo 14. AJUSTE DE LOS INGRESOS,
COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO GRAVABLE. A partir del año gravable de 1994, los
contribuyentes deberán ajustar los ingresos realizados en el respectivo período
gravable, con el procedimiento previsto en el artículo 333-1. Como
contrapartida se deberá registrar un débito a la cuenta de Corrección Monetaria
por el mismo valor.
En igual
forma, a partir de dicho año gravable, los contribuyentes deberán ajustar los
demás costos y gastos, realizados en el período gravable, salvo que tengan una
forma particular de ajuste. Como contrapartida se contabilizará un crédito en
la cuenta de Corrección Monetaria por el mismo valor.
Para efectos
fiscales los ingresos exentos o no constitutivos de renta, así como los costos
y gastos no deducibles, no serán objeto de los ajustes previstos en este
artículo, al igual que aquellos ingresos, costos o gastos que no se llevan
directamente a las cuentas de resultado.
Los
contribuyentes podrán optar durante los períodos gravables de 1992 y 1993, por
aplicar la totalidad de los ajustes previstos en este artículo.
Articulo 349. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 24, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. AJUSTE
DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO. A partir del año gravable de
1992, los sujetos obligados a aplicar el sistema de ajustes integrales, deberán
ajustar los ingresos mensuales realizados en el respectivo ejercicio. Dicho
ajuste se registrará como un mayor valor de los ingresos y como contrapartida
se deberá registrar un débito a la cuenta de corrección monetaria fiscal, por
el mismo valor.
En igual
forma, a partir de dicho año gravable, se deberán ajustar los demás costos y
deducciones mensuales realizados en el período gravable, distintos de aquellos
que de acuerdo con los artículos anteriores tengan una forma particular de
ajuste, incrementándolos con el resultado que se obtenga de multiplicarlos por
el PAAG mensual acumulado entre el primer día del mes siguiente a aquel en el
cual se realizaron y el 31 de diciembre del respectivo año. Tal ajuste se
registrará como un mayor valor de los costos o deducciones y como contrapartida
se contabilizará un crédito en la cuenta de corrección monetaria fiscal, por el
mismo valor.
El ajuste de
los ingresos no constitutivos de renta o que constituyan renta exenta, así como
de los costos y gastos no deducibles, tendrán el mismo tratamiento fiscal de
estos.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “EFECTOS DEL REGISTRO DE
LOS AJUSTES DE NATURALEZA CRÉDITO FRENTE A LOS GASTOS Y RENDIMIENTOS
FINANCIEROS. El registro de los ajustes de naturaleza crédito en la cuenta de
corrección monetaria, que debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en
este Título, hará deducible la totalidad de los intereses y demás gastos
financieros del respectivo año gravable.
Los
contribuyentes obligados a efectuar los ajustes de que trata este Título,
deberán registrar la totalidad de los rendimientos financieros percibidos en el
año gravable como un ingreso constitutivo de renta.”. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma. Nota 2: Este artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 350. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 25, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. RENTA
BRUTA O PERDIDA FISCAL POR EXPOSICION A LA INFLACION. El saldo
crédito o débito de la cuenta corrección monetaria fiscal, constituye renta
bruta o pérdida fiscal, según el caso, del respectivo ejercicio gravable.
Nota:
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “UTILIDAD O PÉRDIDA POR
EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN. Las partidas contabilizadas como crédito en la
cuenta de corrección monetaria, menos los respectivos débitos registrados en
dicha cuenta, constituyen la utilidad o pérdida por exposición a la inflación
para efectos de impuestos sobre la renta.
La
aplicación del ajuste integral por inflación, requerirá que las partidas a que
se refiere este artículo sean reflejadas en el estado de pérdidas y
ganancias.”. (Este artículo fue declarado exequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-252 de 1999, en relación con
los cargos analizados en la misma. Nota 2: Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 351. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 26, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. COMPENSACION
DE PERDIDAS. Las pérdidas fiscales realizadas al finalizar un
ejercicio gravable se podrán compensar con la renta de los cinco años
siguientes. Para tal efecto, en el año en que se compensen dichas pérdidas se
tomarán ajustadas por inflación en la parte que les corresponda del ajuste
realizado sobre el patrimonio líquido fiscal en cada ejercicio gravable.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “COMPENSACIÓN DE
PERDIDAS. Las pérdidas registradas al finalizar un ejercicio gravable, se
podrán compensar con las utilidades de los cinco (5) años
siguientes. Para tal efecto, en el año en que se compensen dichas pérdidas se
tomarán ajustadas por inflación, de acuerdo con el PAAG. En este caso, deberán
efectuarse los ajustes correspondientes a la cuenta de revalorización de
patrimonio.”. Las expresiones señaladas con negrilla en este
artículo fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-261 de 2002 y el artículo fue declarado exequible en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma. Nota 2: Este artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 352. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
el Decreto 2911 de 1991, artículo 27, Decreto éste declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. EFECTOS
DEL REGISTRO DE LOS AJUSTES DE NATURALEZA CREDITO FRENTE A LOS GASTOS Y
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. El registro de los ajustes de naturaleza crédito en
la cuenta de corrección monetaria fiscal, que debe efectuarse de conformidad
con lo dispuesto en este título, hará deducible la totalidad de los intereses y
demás gastos financieros del respectivo ejercicio gravable.
Los
contribuyentes obligados a efectuar los ajustes de que trata el presente
Título, deberán registrar la totalidad de los rendimientos percibidos en el año
gravable, como un ingreso constitutivo de renta.
Texto inicial del
artículo (Decreto 624 de 1989): “TRATAMIENTO DE LAS GANANCIAS
OCASIONALES. Para los contribuyentes a que se refiere este Título, las
utilidades susceptibles de constituir ganancia ocasional, con excepción de las
obtenidas por concepto de rifas, loterías, apuestas y similares, se tratarán
con el régimen aplicable a los ingresos susceptibles de constituir renta.
En consecuencia, las pérdidas
ocasionales obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos durante dos
años o más, serán deducibles de la renta bruta del contribuyente.”. (Nota
1: Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-252 de 1999, en relación con los cargos analizados en la
misma. Nota 2: Este artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
CAPITULO VI
NORMAS DE
TRANSICIÓN.
Articulo 353. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. Modificado por
la Ley 174 de 1994, artículo 8. BASES PARA LOS AJUSTES
FISCALES. Los ajustes fiscales sobre los activos no monetarios, los pasivos no
monetarios y el patrimonio, deberán efectuarse con base en el costo fiscal de
los activos y los pasivos, determinado según lo dispuesto en el capítulo II del
título I y en los capítulos I y III del título II del libro I de este Estatuto,
y en el artículo 65 de la Ley 75 de 1986. La misma base se debe utilizar
para declarar el valor patrimonial de los activos y para el cálculo de la
deducción teórica. Para computar el valor de esta deducción no se tendrán en
cuenta los inventarios.
Inciso segundo modificado por la Ley 788 de 2002, artículo 22. Cuando un activo no
monetario, no haya sido objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, su
valor patrimonial neto se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio
líquido”.
Texto anterior del inciso
segundo (Ley 488 de 1998): “Cuando un activo no monetario no haya
sido objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, su valor patrimonial neto
se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio líquido.".
Texto anterior del
artículo: Modificado por el Decreto 2911 de 1991, artículo
28, Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-608 de 1992. “TRATAMIENTO DE LAS
GANANCIAS OCASIONALES. Para los contribuyentes a que se refiere el presente
Decreto, los ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional, con
excepción de los obtenidos por concepto de loterías, rifas, apuestas y
similares, se tratarán con el régimen aplicable a los ingresos susceptibles de
constituir renta.
Inciso
segundo modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 13. Cuando
un activo no monetario no haya sido objeto de ajuste por inflación en el
ejercicio, su valor patrimonial neto se excluirá para efectos del ajuste del
patrimonio líquido. Lo previsto en este inciso, no se aplicará en el caso de
inventarios.
Texto anterior del inciso
segundo (Decreto 2911 DE 1991): “En consecuencia, para los
mismos, las pérdidas ocasionales obtenidas en la enajenación de activos fijos
poseídos durante dos años o más, serán deducibles de la renta bruta del
contribuyente.”.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “AJUSTES DE BIENES ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A 1992. A
partir de 1992, los activos adquiridos con anterioridad a tal año, se ajustarán
de acuerdo con las normas del presente Título, tomando como base el valor
patrimonial de los mismos al 31 de diciembre de 1991.
Si tales activos tuvieren un
costo fiscal superior, el contribuyente podrá optar por continuar ajustando por
separado dicho costo fiscal, para determinar la utilidad o pérdida al momento
de su enajenación.”. (Este artículo fue declarado exequible por la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala
Plena.).
Articulo 354. Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo 285. Modificado por el Decreto 2911
de 1991, artículo 29, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. GRADUALIDAD EN
LA APLICACION DE LOS AJUSTES INTEGRALES. Por los años gravables de 1992, 1993,
1994, 1995 y 1996, los contribuyentes que hayan efectuado los ajustes en la
forma prevista en este Título, y que al inicio de cada año presenten un
patrimonio Iíquido inferior a la sumatoria que a la misma fecha tenga el costo
fiscal de los activos no monetarios, tendrán derecho a una deducción teórica,
que se determinará así:
1. Se
obtiene la diferencia entre los activos no monetarios y el patrimonio líquido
inicial.
2. El
resultado se multiplica por:
El 30% del
PAAG para 1992
El 25% del
PAAG para 1993
El 20% del
PAAG para 1994
El 15% del
PAAG para 1995
El 10% del
PAAG para 1996.
3. El
resultado así obtenido constituye la deducción teórica del respectivo período,
la cual podrá solicitarse hasta concurrencia del saldo crédito de la cuenta de
corrección monetaria fiscal, calculada antes de los ajustes a las cuentas de
resultado a que se refiere el artículo 349.
Parágrafo.
Para los efectos de los dispuesto en el numeral primero del presente artículo,
cuando el patrimonio líquido inicial sea negativo, se tomará como diferencia el
valor de los activos no monetarios.
Texto anterior del artículo Incluido
por el Decreto 1744 de 1991, artículo 15. “GRADUALIDAD EN LA
APLICACION DE LOS AJUSTES INTEGRALES. Por los años gravables de 1992, 1993,
1994, 1995 y 1996 los contribuyentes que hayan efectuado los ajustes en la
forma prevista en este Título, y que al inicio de cada año presenten un
patrimonio líquido inferior a la sumatoria de los activos no monetarios
representados en terrenos, edificios, maquinaria, equipo, muebles, inventarios,
aportes en sociedades y acciones; tendrán derecho a una deducción teórica, que se
determinará así:
1. Se
obtiene la diferencia entre los activos no monetarios ya señalados y el
patrimonio líquido inicial.
2. El
resultados (sic) se multiplica por el 55% del PAAG para 1992, el 45% del PAAG
para 1993, el 35% del PAAG para 1994, el 25% del PAAG para 1995, el 15% del
PAGG para 1996.
3. El
resultado así obtenido constituye la deducción teórica del respectivo período,
la cual podrá solicitarse hasta concurrencia del saldo crédito de la cuenta de
corrección monetaria.
Paragrafo.
Para los efectos de lo dispuesto en el numeral primero del presente artículo,
cuando el patrimonio líquido inicial sea negativo, se tomará como diferencia el
valor de los activos no monetarios señalados.”.
Texto original (Decreto
624 de 1989): Derogado por la Ley 49 de 1990, artículo 83. “DEDUCCIÓN
TEÓRICA. A partir del año gravable de 1992 hasta el año gravable 2002,
inclusive, los contribuyentes que hayan efectuado los ajustes sobre los activos
no monetarios en la forma prevista en este Título, y que posean activos no
monetarios valor superior al patrimonio líquido del período, tendrán derecho a
restar de la renta obtenida en cada año en que se cumpla esta condición, una
deducción teórica equivalente al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Deducción teórica
anual = (i91 x 70%) x (cm. 91/tc91) x (1-pl/ar) donde:
i91 es igual
a los intereses pagados o causados en el año gravable 1991.
cm91 es
igual a la tasa de corrección monetaria vigente a 31 de diciembre de 1991.
tc91 es
igual a la tasa de colocación más representativa del mercado a 31 de diciembre
de 1991.
pl es igual
al patrimonio líquido medido al comienzo de cada año para el cual se efectúe el
cálculo.
ar es igual
a los activos no monetarios susceptibles de ajuste, medidos al comienzo de cada
año para el cual se efectúe el cálculo.
El valor de
esta deducción se tratará únicamente para efectos fiscales como un mayor valor
de los débitos a la cuenta de corrección monetaria.
Cuando se
trate de sociedades, se podrá distribuir de las utilidades comerciales, hasta
el 100% de esta deducción teórica en adición a los 7/3 del impuesto liquidado
de conformidad con los artículos 48 y 49.”. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia
del 29 de mayo de 1990. Exp. 2011. Sala Plena.).
Articulo 355. Modificado
por el Decreto 2911 de 1991, artículo 30, Decreto éste declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992. SOLICITUD
DE AUTORIZACION PARA NO EFECTUAR EL AJUSTE. Los contribuyentes del impuesto de
la renta y complementarios, podrán solicitar al Administrador de Impuestos
respectivo, autorización para no efectuar el ajuste a que se refiere este
Título, siempre que demuestren que el costo fiscal que resultaría si se
aplicara el ajuste respectivo excede en más de un treinta por ciento (30%) de
su valor de mercado. Esta solicitud deberá formularse y resolverse dentro de
los plazos que señale el Gobierno Nacional. Se entenderá resuelta a favor del
contribuyente si dentro del plazo respectivo no se ha obtenido respuesta de la
Administración de Impuestos.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): Derogado por el Decreto Extraordinario 1744 de
1991, artículo 16. “PROCEDIMIENTO PARA AJUSTAR INVENTARIOS FINALES.
Para efecto de ajustar el valor de los inventarios finales a costos de
reposición, se seguirá el siguiente procedimiento de transición:
Durante los
años 1992 a 2002, la diferencia entre el inventario final valuado a costos de
reposición y el inventario final registrado en libros constituye un mayor valor
del inventario final, como mínimo en los porcentajes que se indican a
continuación:
Año gravable |
Porcentaje % |
1992 |
5 |
1993 |
10 |
1994 |
15 |
1995 |
20 |
1996 |
30 |
1997 |
40 |
1998 |
50 |
1999 |
60 |
2000 |
70 |
2001 |
80 |
2002 |
100 |
Los valores
que se obtengan de conformidad con lo dispuesto en este artículo, se
registrarán debitando la cuenta de inventarios y acreditando la cuenta de
corrección monetaria.”. (Este artículo fue declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 29 de mayo de 1990.
Exp. 2011. Sala Plena.).
TITULO VI
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
Artículo 356. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 146. Tratamiento especial
para algunos contribuyentes. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 19 que
sean calificados en el Registro Único Tributario como pertenecientes a Régimen
Tributario Especial, están sometidos al impuesto de renta y complementarios
sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento
(20%).
Texto anterior art 356. TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los
contribuyentes a que se refiere el artículo 19, están sometidos al impuesto de
renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única
del veinte por ciento (20%).
Ver Ley 1111 de 2006, art 78.
Artículo 356-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 147. Distribución
indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes
pertenecientes al Régimen Tributario Especial. Los pagos por prestación de
servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones
especiales y cualquier otro tipo de pagos, cuando sean realizados a los
fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus
cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de
consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas
personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde
se tenga control deberán corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo
con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción. En
caso contrario, podrán ser considerados por la administración tributaria como
una distribución indirecta de excedentes y por ende procederá lo establecido en
el artículo 364-3.
Las entidades pertenecientes al
Régimen Tributario Especial deberán registrar ante la DIAN los contratos o
actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con los fundadores,
aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o
compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o
afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de
un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control, para
que la DIAN determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta
de excedentes. En caso de así determinarlo, se seguirá el procedimiento de
exclusión del artículo 364-3.
Únicamente se admitirán pagos
laborales a los administradores y al representante legal, siempre y cuando la
entidad demuestre el pago de los aportes a la seguridad
social y parafiscales. Para ello, el representante legal deberá tener
vínculo laboral. Lo dispuesto en este inciso no les será aplicable a los
miembros de junta directiva.
El presupuesto destinado a
remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie,
por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos
directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el
artículo 19 de este Estatuto que tengan ingresos brutos anuales superiores a
3.500 UVT, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del gasto total anual
de la respectiva entidad.
Parágrafo 1°. Para
efectos fiscales, las entidades sin ánimo de lucro deberán identificar los
costos de proyectos, de las actividades de venta de bienes o servicios y los
gastos administrativos, para su verificación por la administración tributaria,
todo lo cual deberá certificarse por el Revisor Fiscal o Contador.
Parágrafo 2°. Los
aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de la constitución de la
entidad sin ánimo de lucro y los aportes a futuro que hacen personas naturales
o jurídicas diferentes a los fundadores, no generan ningún tipo de derecho de
retorno para el aportante, no serán reembolsables durante la vida de la entidad
ni al momento de su liquidación.
Parágrafo 3°. Las
adquisiciones o pagos de las que trata el inciso 1° de este artículo que
realicen los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial
podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio, siempre y cuando
dichas transacciones sean destinadas al cumplimiento y desarrollo de sus actividades
meritorias. En caso de ser una entidad obligada a enviar memoria económica en
los términos del artículo 356-3 de este Estatuto, deberá dejar constancia de la
transacción y del contexto de la donación en la misma, so pena de ser
considerada una distribución indirecta de excedentes.
Parágrafo 4°. Los
pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1º y 2º del presente
artículo no serán considerados como distribución indirecta de excedentes,
cuando se realicen entre dos entidades que hayan sido admitidas y calificadas
dentro del Régimen Tributario Especial.
Parágrafo 5°. Los
pagos y los contratos a los que se refieren los incisos 1º y 2º del presente
artículo deberán ser expensas y pagos necesarios para el cumplimiento de la
actividad meritoria en virtud de la cual la entidad respectiva fue calificada
dentro del Régimen Tributario Especial.
Texto
anterior art 356-1. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 99. Remuneración
cargos directivos contribuyentes régimen especial. El
presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación,
en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que
ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que
trata el artículo 19 de este Estatuto, no podrá exceder del treinta por ciento
(30%) del gasto total anual de la respectiva entidad.
Artículo 356-2. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 148. Calificación al Régimen Tributario Especial.
Las entidades de que trata el artículo 19 deberán
presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante
el sistema que esta defina, la solicitud de calificación al Régimen Tributario
Especial, junto con los documentos que el Gobierno nacional establezca mediante
decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este
Estatuto.
Surtido el
trámite previsto en el artículo 364-5 de este estatuto, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) procederá a autorizar su calificación en
el Registro Único Tributario. En cualquier caso, la administración tributaria,
previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, decidirá
sobre la calificación en el Régimen Tributario Especial de las entidades
respectivas.
En caso de que
la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de los requisitos al
momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en el RUT como
contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá perteneciendo al
régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el correspondiente acto
administrativo, contra el que procede recurso de reposición.
Parágrafo
transitorio. Las entidades a las
que se refieren los parágrafos transitorios 1° y 2° del artículo 19 de este
Estatuto deberán presentar ante la administración tributaria los documentos que
para el efecto establezca el reglamento, a través de los sistemas informáticos
que para estos fines adopte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). Estos documentos serán objeto de verificación y se someterán al
procedimiento previsto en el artículo 364-5 de este Estatuto. Estas entidades
pertenecerán al Régimen Tributario Especial sin necesidad de pronunciamiento
expreso por parte de la DIAN, excepto en aquellos casos en que se decida
modificar dicha calidad, para lo cual se expedirá el acto administrativo
correspondiente a más tardar el 31 de octubre de 2018. Contra dicho acto administrativo
procederá recurso de reposición.
Artículo 356-3. Reglamentado por
el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 2150 de 2017. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 149. Actualización del RUT
para los contribuyentes del Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes
pertenecientes al Régimen Tributario Especial actualizarán anualmente su
calificación de contribuyentes del Régimen Tributario Especial contenido en el
RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta.
Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el
año inmediatamente anterior deberán enviar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno nacional,
una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del
representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración
de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la
declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como
reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración,
con la actualización de la información de la plataforma de transparencia.
Aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario
Especial que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo
y sus reglamentaciones serán determinadas como sociedades comerciales,
sometidas al régimen general del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el
artículo 364-3.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las características
que deberá cumplir la memoria económica de que trata el presente artículo y los
plazos para su presentación.
Artículo 357.
DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. Para determinar el beneficio neto
o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su
naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que
tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su
objeto social de conformidad con lo dispuesto en este Título, incluyendo en los
egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.
Ver Oficio 33109 de 2015, DIAN. Decreto 4400 de 2004, artículo 4
Artículo 358. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 150. Exención sobre el
beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente determinado de
conformidad con el artículo 357 tendrá el carácter de exento, cuando se destine
directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a
programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la
entidad.
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas
que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en
que esto ocurra.
Los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al Régimen Tributario
Especial, correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de
interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán gravados
a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. La entidad
estatal contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago
o abono en cuenta. El Gobierno nacional reglamentará los montos y tarifas de la
retención de que trata el presente inciso.
Los excedentes descritos en el presente artículo serán exentos, siempre y
cuando la entidad sin ánimo de lucro se encuentre calificada dentro del RUT
como entidad del Régimen Tributario Especial y cumpla con lo dispuesto en los
artículos 19 a 23 y lo dispuesto en el Título I, Capítulo VI del Libro I del
presente Estatuto.
Parágrafo 1°. Los excedentes determinados como exentos deben estar
debidamente soportados en el sistema de registro de las diferencias de los
nuevos marcos normativos de la contabilidad.
Parágrafo 2°. Los representantes legales, el revisor fiscal, el
contador y todos los miembros del órgano de administración de la entidad sin
ánimo de lucro deben certificar el debido cumplimiento de los requisitos que
establece la ley para ser beneficiario de la exención a la que se refiere este
artículo.
Texto original art 358.
EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. El beneficio neto o excedente
determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá el carácter de
exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social.
El
beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no
será objeto del beneficio de que trata este artículo.
La parte
del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que
desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que
esto ocurra.
Ver Ley
863 de 2003, artículo 8º
Artículo 358-1. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 151. Renta por comparación
patrimonial. Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial estarán sometidos al
régimen de renta por comparación patrimonial.
Cuando el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad con
el artículo 357 de este Estatuto resultare inferior a la diferencia entre el
patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del
período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable,
a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a
causas justificativas.
Para efectos de la determinación
de la renta por comparación de patrimonios, al beneficio neto o excedente se
adicionará el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad con
el artículo 357 de este Estatuto. De esta suma, se sustrae el valor de los
impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.
En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por
valorizaciones y desvalorizaciones nominales.
Artículo 359. Objeto social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro
que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el
presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a
cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las
mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad:
1. Educación. Conforme
se define por las Leyes
30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser:
a) Educación inicial, como uno de los componentes de
la atención integral de la primera infancia;
b) Educación formal: conformada por los niveles de
preescolar, básica y media;
c) Educación superior, en sus diferentes niveles:
técnico profesional, tecnológico y profesional universitario;
d) Educación para el trabajo y desarrollo humano.
Lo dispuesto en este numeral también comprende las
actividades de promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la
calidad de la educación en Colombia.
2. Salud.
La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o
colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y
curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad,
rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o
salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio
de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las
exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
3. Cultura. Actividades
culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y
aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural.
4. Ciencia,
tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos
aprobados por Colciencias. Asimismo, las actividades de investigación en áreas
tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como
economía, política, sociología y derecho de uso general.
5. Actividades de desarrollo social, que comprende las
siguientes actividades:
a) Protección, asistencia y promoción de los derechos
de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones
en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores,
grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada,
mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa,
población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema,
población rural o campesina, entre otras;
b) Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y
cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así
como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las
Naciones Unidas;
c) Actividades orientadas a la promoción y desarrollo
de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la
construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación
ciudadana;
d) Actividades de apoyo a la recreación de familias de
escasos recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión,
siempre y cuando sean para acceso general a la comunidad.
6. Actividades
de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente sostenible.
7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas,
alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras.
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas
definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las
entidades competentes.
9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción
del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de
2006.
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los
objetivos globales definidos por las Naciones Unidas.
11. Actividades de promoción y mejoramiento de la
Administración de Justicia.
12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro
que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las
actividades meritorias descritas en este artículo.
13. Actividades de microcrédito, en los términos del
artículo 39 de la Ley 590 de 2000.
Parágrafo 1°. Se entenderá que la actividad es de interés general
cuando beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad
determinada).
Parágrafo 2°. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite
el acceso a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede
acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de
restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la
capacidad misma de la entidad. Asimismo, se considera que la entidad sin ánimo
de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los
servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social,
permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas
condiciones que los miembros de la entidad, o sus familiares.
Artículo 359. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 152. Objeto social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro
que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el
presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a
cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las
mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad:
1. Educación. Conforme
se define por las Leyes
30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser:
a) Educación inicial, como uno de los componentes de
la atención integral de la primera infancia;
b) Educación formal: conformada por los niveles de
preescolar, básica y media;
c) Educación superior, en sus diferentes niveles:
técnico profesional, tecnológico y profesional universitario;
d) Educación para el trabajo y desarrollo humano.
Lo dispuesto en este numeral también comprende las
actividades de promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la
calidad de la educación en Colombia.
2. Salud.
La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o
colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y
curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad,
rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o
salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio
de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las
exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
3. Cultura. Actividades
culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y
aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural.
4. Ciencia,
tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos
aprobados por Colciencias. Asimismo, las actividades de investigación en áreas
tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como
economía, política, sociología y derecho de uso general.
5. Actividades de desarrollo social, que comprende las
siguientes actividades:
a) Protección, asistencia y promoción de los derechos
de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones
en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores,
grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada,
mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa,
población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema,
población rural o campesina, entre otras;
b) Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y
cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así
como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las
Naciones Unidas;
c) Actividades orientadas a la promoción y desarrollo
de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la
construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación
ciudadana;
d) Actividades de apoyo a la recreación de familias de
escasos recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión,
siempre y cuando sean para acceso general a la comunidad.
6. Actividades
de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente sostenible.
7. Prevención del uso y consumo de sustancias
psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas
consumidoras.
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas
definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las
entidades competentes.
9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción
del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de
2006.
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los
objetivos globales definidos por las Naciones Unidas.
11. Actividades de promoción y mejoramiento de la
Administración de Justicia.
12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro
que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las
actividades meritorias descritas en este artículo.
13. Actividades de microcrédito, en los términos del
artículo 39 de la Ley 590 de 2000.
Parágrafo 1°. Se entenderá que la actividad es de interés general
cuando beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad
determinada).
Parágrafo 2°. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite
el acceso a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede
acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de
restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la
capacidad misma de la entidad. Asimismo, se considera que la entidad sin ánimo
de lucro permite el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los
servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo
que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los
miembros de la entidad, o sus familiares.
Texto anterior art 359. OBJETO SOCIAL. El objeto
social que hace procedente la deducción y exención de que tratan los artículos anteriores,
deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte
aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo
social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas
tenga acceso la comunidad. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-692 de 1996, las expresiones subrayadas en este artículo).
Ver Ley
633 de 2000, art 5º y 8º
Artículo 360. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 153. Autorización para
utilizar plazos adicionales para invertir. Cuando se trate de programas cuya
ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, o se
trate de asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación
de su Asamblea General o del órgano de dirección que haga sus veces.
El órgano de dirección de las entidades que desarrollen las actividades
meritorias definidas en el artículo 359, debe aprobar los excedentes generados,
y dejar constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los
plazos que se definan para tal efecto y del porcentaje que se autorice para
incrementar su patrimonio.
La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31
de marzo de cada año.
En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una
duración superior a cinco (5) años y deberán invertirse en el desarrollo de la
actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la
entidad fue calificada el Régimen Tributario Especial. Con las asignaciones
permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén
destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los
rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las asignaciones
permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad meritoria.
Parágrafo. En caso que la Entidad sin ánimo de lucro requiera
realizar asignaciones permanentes que superen el plazo de los cinco (5) años,
deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.
Texto anterior art 360. Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo
24. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR PLAZOS ADICIONALES PARA INVERTIR. Cuando se
trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en
el artículo 358, o se trate de asignaciones permanentes, la entidad deberá
contar con la aprobación de su Asamblea General o del órgano directivo que haga
sus veces.
Artículo 361.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 120. EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO ESPECIAL. Lo dispuesto en las artículos
anteriores no es aplicable a las entidades taxativamente enumeradas como no
contribuyentes en los artículos 22 y 23.
Artículo 362. Modificado por la Ley 488 de 1998,
artículo 84. COMITÉ DE CALIFICACIONES. El comité de entidades sin ánimo de
lucro estará integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su
delegado, quien lo presidirá, el Director de Aduanas o su delegado y el
Director de Impuestos o su delegado, quien actuará como secretario del mismo.
Artículo 363.
FUNCIONES DEL COMITÉ. Son funciones del Comité previsto en el artículo
anterior, las siguientes:
a)
Calificar las importaciones de bienes a que se refiere el artículo 480 para
efecto de la exención del impuesto sobre las ventas a dichas importaciones.
b) Derogado por la Ley 488 de 1998, artículo
154. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de
la Administración Tributaria, calificar la procedencia de los egresos
efectuados en el período gravable, y la destinación del beneficio neto o
excedente a los fines previstos, para las entidades cuyos ingresos en el año respectivo
sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000) o sus activos
sobrepasen los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) el último día del
año fiscal. (Valores año base 1988).
Parágrafo.
Modificado
por la Ley 488 de 1998,
art 83. Las entidades del régimen tributario especial no requieren de la
calificación del comité para gozar de los beneficios consagrados en este
Título. Para el efecto, deberán presentar la declaración de renta, dentro de
los plazos que el Gobierno establezca.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 364.
Reglamentado
parcialmente
por el Decreto
2707 de 2008. LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ESTÁN
OBLIGADAS A LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD REGISTRADOS. Las entidades sin ánimo
de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el
Gobierno Nacional.
Artículo 364-1. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 158. Cláusula general para evitar la elusión fiscal. En ningún caso se reconocerá la
aplicación del Régimen Tributario Especial a aquellas entidades que abusando de
las posibilidades de configuración jurídica defrauden la norma tributaria que
sería aplicable, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico
distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio jurídico.
Le corresponde a la autoridad tributaria regularizar mediante
liquidación oficial, siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario, los supuestos de abuso del
derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las entidades
beneficiarias del Régimen Tributario Especial. La declaración de abuso, fraude
o simulación proferida por la DIAN produce efectos exclusivamente tributarios y
no está sometida a prejudicialidad alguna
ni a procedimiento distinto al previsto para proferir la liquidación oficial de
revisión en los artículos 702 a 714 del Estatuto Tributario. En ese acto oficial, además del impuesto eludido, se exigirán
los intereses moratorios y se impondrá la sanción por inexactitud.
Parágrafo. Lo dispuesto en
este artículo aplicará también a las entidades no contribuyentes declarantes y
no declarantes, en lo que resulte procedente.
Artículo 364-2. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 159. Actos y circunstancias que constituyen abuso del Régimen
Tributario Especial. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, de manera particular se
considera que la utilización del Régimen Tributario Especial obedece a una
estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, según
la calificación que efectúe la autoridad en la liquidación oficial de revisión,
cuando se aprecie alguna de las siguientes circunstancias:
1. El fin principal de la entidad no obedezca a un interés general
mediante la realización de las actividades meritorias, sino a una explotación
económica con fines de distribución de los excedentes directa o indirectamente.
En la apreciación de esta circunstancia, se debe tener en cuenta entre otros
factores, cuáles son las principales fuentes de percepción de ingresos y cuál
es la destinación efectiva de tales recursos.
2. Existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales para
acceder a los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, a los fundadores,
asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno,
los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos
o cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes mencionados tenga
la calidad de vinculado económico de acuerdo con los artículos 260-1 y 450 del Estatuto
Tributario.
3. Se adquieran a cualquier título, de manera directa o indirecta,
bienes o servicios a los fundadores, asociados, representantes estatutarios,
miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el cuarto
grado inclusive de cualquiera de ellos o a cualquier entidad o persona con la
cual alguno de los antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico de
acuerdo con los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario.
4. La remuneración de los cargos de fundadores, asociados,
representante estatutario y miembro del órgano de gobierno o de cualquier
relación laboral contratada por la entidad le dé derecho a quien emplea su
capacidad de trabajo a participar en los resultados económicos de la entidad
directamente o a través de persona o entidad interpuesta.
5. Se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o
servicios, por los cuales, las entidades sin ánimo de lucro retribuyen directa
o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la supuesta
donación. En este caso, los valores recibidos como donación serán gravados en
cabeza de la entidad perceptora como ingresos distintos a los de su objeto
social y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto
sobre la renta.
Artículo 364-3. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 70. Pérdida de los beneficios del Régimen Tributario Especial. Perderán
los beneficios del Régimen Tributario Especial las entidades que:
1. No cumplan con lo
dispuesto en los artículos 19 a 23-2 del Estatuto Tributario.
2. No cumplan con lo
dispuesto en el Título VI del Libro Primero del presente Estatuto.
3. Cuyos miembros de junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de
dirección:
a) Sean declarados
responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden
económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos
hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito;
b) Sean sancionados con la
declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública,
siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para
la comisión de la conducta.
Parágrafo 1°. Las entidades a las que se refiere este artículo serán
excluidas del Régimen Tributario Especial y por ende serán contribuyentes del
impuesto sobre la renta a partir del año en el cual incumplan tales
condiciones, para cuyo efecto se asimilarán a sociedades comerciales
nacionales.
Las entidades pueden
solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial para el año gravable
siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al
procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto.
La exclusión de las
entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial por el incumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda
su calidad de sin ánimo de lucro, salvo que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o la entidad competente demuestre que la entidad distribuyó
excedentes, contrario a lo dispuesto en el artículo 356-1 del presente
Estatuto.
Parágrafo 2°. Lo previsto en el numeral 3 de este artículo impedirá la nueva
calificación en el Régimen Tributario Especial.
Parágrafo 3°. La Administración Tributaria, previa comprobación y mediante
acto administrativo debidamente motivado, podrá excluir del Régimen Tributario
Especial a las entidades de que trata el artículo 19-4 del presente Estatuto
que:
1. No cumplan con las
obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas
establecidas en el artículo 19-4.
2. Destinen el excedente o
beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo establecido en la
legislación cooperativa vigente.
3. No presenten o presenten
de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por tres (3) periodos gravables en un periodo de diez (10)
años, contados a partir de la primera presentación extemporánea u omisión de
declaración. Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo,
sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán
tenidas como no presentadas, únicamente para los efectos de este artículo.
De ser excluidas del Régimen
Tributario Especial, las entidades de que trata el presente parágrafo podrán
solicitar su admisión pasados tres (3) años desde su exclusión, para lo cual
deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este
Estatuto.
Parágrafo 4°. En caso de pérdida de los beneficios del régimen tributario
especial, dichos beneficios se tornan improcedentes a partir del año gravable
en que se incumpla con los requisitos para pertenecer al régimen tributario
especial.
Texto anterior artículo 364-3. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 62. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Pérdida de los beneficios del
régimen tributario especial. Perderán los beneficios del Régimen Tributario
Especial las entidades que:
l. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2.
2. No cumplan con lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del
presente Estatuto.
3. Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes
legales o miembros de órganos de dirección:
a) Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la
administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la
entidad para la comisión del delito;
b) Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato
celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado
la utilización de la entidad para la comisión de la conducta.
Parágrafo 1°. Las entidades a las que se refiere este
artículo serán excluidas del Régimen Tributario Especial y por ende serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual
incumplan tales condiciones, para cuyo efecto se asimilarán a sociedades
comerciales nacionales.
Las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario
Especial para el año gravable siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual
deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este
Estatuto.
La exclusión de las entidades sin ánimo de lucro del Régimen
Tributario Especial por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley no significará que la entidad pierda su calidad de sin ánimo de lucro,
salvo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la entidad
competente demuestre que la entidad distribuyó excedentes, contrario a lo
dispuesto en el artículo 356-1 del presente estatuto.
Parágrafo 2°. Lo previsto en el numeral 3° de este artículo
impedirá la nueva calificación en el Régimen Tributario Especial.
Parágrafo 3°. La Administración Tributaria, previa
comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá excluir
del Régimen Tributario Especial a las entidades de que trata el artículo 19-4
del presente Estatuto que:
l. No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación
cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19-4.
2. Destinen
el excedente o beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo
establecido en la legislación cooperativa vigente.
3. No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios por tres (3) periodos gravables
en un periodo de diez (10) años, contados a partir de la primera presentación
extemporánea u omisión de declaración. Las declaraciones que, debiendo liquidar
y pagar impuesto a cargo, sean presentadas sin el pago total del impuesto o de
la respectiva cuota, serán tenidas como no presentadas, únicamente para los
efectos de este artículo.
De ser excluidas del Régimen Tributario Especial, las entidades de
que trata el presente parágrafo podrán solicitar su admisión pasados tres (3)
años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento
previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto.
Parágrafo 4°. En caso de pérdida de los beneficios del
régimen tributario especial, dichos beneficios se tornan improcedentes a partir
del año gravable en que se incumpla con los requisitos para pertenecer al
régimen tributario especial.”.
Texto original Artículo 364-3. Adicionado
por la Ley 1819 de 2016, art 160. Exclusión
del Régimen Tributario Especial. Serán excluidas del Régimen Tributario
Especial las entidades que:
1. No cumplan con lo
dispuesto en los artículos 19 a 23-2.
2. No cumplan con lo
dispuesto en el Título VI del Libro Primero del presente Estatuto.
3. Cuyos miembros de junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de
dirección:
a) Sean declarados
responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden
económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos
hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito;
b) Sean sancionados con la
declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública,
siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para
la comisión de la conducta.
Parágrafo 1°. Las entidades a las que se refiere
este artículo serán excluidas del Régimen Tributario Especial y por ende serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual
incumplan tales condiciones, para cuyo efecto se asimilarán a sociedades
comerciales nacionales.
Las entidades pueden
solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial pasados tres (3) años
desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento
previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto.
La exclusión de las entidades
sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial por el incumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda su
calidad de sin ánimo de lucro, salvo que la DIAN o la entidad competente
demuestre que la entidad distribuyó excedentes contrario a lo dispuesto en el
artículo 356-1 del presente Estatuto.
Parágrafo 2°. Lo previsto en el numeral 3° de
este artículo impedirá la calificación en el Régimen Tributario Especial.
Parágrafo 3°. La administración tributaria,
previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá
excluir del Régimen Tributario Especial a las entidades de que trata el
artículo 19-4 del presente Estatuto que:
1. No cumplan con las
obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas
establecidas en el artículo 19-4.
2. Destinen el excedente o
beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo establecido en la
legislación cooperativa vigente.
3. No presenten o presenten
de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por tres (3) periodos gravables en un periodo de diez (10)
años, contados a partir de la primera presentación extemporánea u omisión de
declaración. Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo,
sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán
tenidas como no presentadas, únicamente para los efectos de este artículo.
De ser excluidas del Régimen
Tributario Especial, las entidades de que trata el presente parágrafo podrán
solicitar su admisión pasados tres (3) años desde su exclusión, para lo cual
deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 de este
Estatuto.
Parágrafo 4°. La administración tributaria
deberá proferir mediante acto administrativo debidamente motivado la decisión
respectiva sobre la cual procederán los recursos de reposición y apelación.
Mientras el acto administrativo correspondiente no se encuentre en firme, la
entidad mantendrá su calidad de entidad sin ánimo de lucro sometida al Régimen
Tributario Especial.
Artículo 364-4.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 161. Registro ante la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Las fundaciones,
asociaciones, corporaciones y las demás entidades nacionales sin ánimo de
lucro, así como todas las entidades admitidas al Régimen Tributario Especial,
deberán registrar ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, APC-Colombia, los recursos de cooperación internacional no
reembolsable que reciban o ejecuten en Colombia de personas extranjeras de
derecho público o privado, Gobiernos extranjeros, organismos de derecho
internacional, organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales.
APC-Colombia determinará el procedimiento de registro.
Artículo 364-5.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 2150 de 2017. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 162. Registro
web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que
pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán registrarse
en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el
presente artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público,
que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al Régimen
Tributario Especial, y que remita comentarios generales y observaciones sobre
la respectiva entidad. El Gobierno nacional reglamentará los plazos y
condiciones a los que se refiere este artículo.
La
entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento
para la calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud
de la DIAN, remitir las explicaciones que correspondan para desestimar los
comentarios y las observaciones presentadas por la comunidad.
Las
entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán actualizar
anualmente, en los primeros 3 meses de cada año, la información a la que se
refiere este registro.
Parágrafo 1°.
La solicitud de calificación en el Régimen Tributario Especial incluye la
autorización de publicar los datos que contiene el registro.
Parágrafo 2°.
El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener,
como mínimo:
1.
La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
2.
La descripción de la actividad meritoria.
3.
El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando
corresponda.
4.
El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en
el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano
social, cuando corresponda.
5.
Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,
directivos o de control.
6. El
monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin
obligación de discriminar los pagos individuales.
7.
Los nombres e identificación de los fundadores.
8.
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
9.
En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el
gasto o la inversión. Para tales efectos, se entiende que la donación a una
entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los
datos que contiene el registro.
10.
Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total
percibido, la fecha y la destinación del mismo.
11.
Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y
los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes
recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
12.
Los estados financieros de la entidad.
13.
El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la
declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los
requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda.
14.
Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o
ejecuten.
Parágrafo 3°.
El registro de que trata el presente artículo podrá ser el registro de
entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio, en los
términos y condiciones previstos en el Decreto ley 2150 de 1995, en el artículo
166 del Decreto ley 019 de 2012 y las demás normas que las sustituyan o
modifiquen. En caso de ser así, las cámaras de comercio deberán garantizar que
dicho registro sea accesible por el público desde un aplicativo web y que los
comentarios recibidos sean dirigidos directamente a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Los
derechos por la prestación del servicio registral son los previstos en las
normas vigentes sobre la materia, particularmente en lo dispuesto en el Decreto
ley 2150 de 1995 y artículo 182 de la Ley 1607 de 2012.
Parágrafo 4°.
En cualquier caso, la información referida en el parágrafo anterior deberá ser
publicada en la página web de cada entidad.
Parágrafo 5°.
Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos de control, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante el año 2017 publicará en su
página web, el nombre o razón social, número de identificación tributaria,
representante legal e identificación, y actividad económica registrada en el
RUT, para los comentarios de la sociedad civil.
Parágrafo 6°.
El administrador del registro de que trata el presente artículo observará las
disposiciones sobre la protección de datos personales, especialmente aquellas
contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.
Parágrafo 7°.
Sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 19 del presente
Estatuto, las entidades de que trata el artículo 19-4 estarán obligadas a
realizar el registro de que trata el presente artículo.
Artículo 364-6. Desarrollado por el Decreto 2150 de 2017. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 163. Fiscalización en cabeza de la DIAN. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) ejercerá la fiscalización de las entidades sin ánimo
de lucro y de aquellas que soliciten su calificación en el Régimen Tributario
Especial, de acuerdo con el artículo 19.
Parágrafo 1°.
La DIAN deberá incluir dentro de su plan anual de fiscalización un programa de
control a las entidades sin ánimo de lucro y a las pertenecientes al Régimen
Tributario Especial.
Parágrafo 2°.
La DIAN reorganizará, mediante acto administrativo, su estructura, para
garantizar que exista en el interior de la misma una dependencia, seccional o
departamento que se encargue de la fiscalización y verificación de los
requisitos de las entidades sin ánimo de lucro y de las pertenecientes al
Régimen Tributario Especial.
LIBRO SEGUNDO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
365. Reglamentado por el Decreto 2146 de 2018. Desarrollado
por el Decreto
1123 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art. 125. Facultad
para establecerlas. El Gobierno nacional podrá establecer retenciones en
la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto
sobre la renta y sus complementarios, y determinará los porcentajes tomando en
cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes,
así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las
cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipo.
La DIAN
podrá establecer un sistema de pagos mensuales provisionales por parte de los
contribuyentes del Impuesto de Renta, como un régimen exceptivo al sistema de
retención en la fuente establecido en este artículo.
Para
efectos de la determinación de este sistema se tendrá en cuenta para su
estimación las utilidades y los ingresos brutos del período gravable
inmediatamente anterior.
Parágrafo
1. Los porcentajes de retención
por otros ingresos tributarios será del máximo cuatro punto cinco por ciento
(4.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. El Gobierno nacional podrá
establecer para estos conceptos un porcentaje de retención inferior.
Parágrafo
2. El Gobierno nacional establecerá un sistema de
autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y
complementarios, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores
sean sujetos de retención en la fuente.
Texto original artículo 365. “FACULTAD PARA ESTABLECERLAS. El Gobierno
Nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar
y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, y
determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos
y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios legislativos que
tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como buena cuenta
o anticipo.”.
Ver Ley 1111 de
2006, artículo 78.
Ver Decreto 3026 de 2013.
Ver Decreto 2318 de 2013. Ver Decreto 3595
de 2005.
reglamentado por el Decreto 408
de 1995.
Articulo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-421 del 21 de septiembre de 1995, en relación con los aspectos analizados en la misma Sentencia.
Artículo 366. Reglamentado por el Decreto
2885 de 2001 y por el Decreto
408 de 1995. Declarado exequible por la Sentencia
C-421 de 1995. Adicionado por la Ley
6 de 1992, artículo. 7. FACULTAD PARA ESTABLECER
NUEVAS RETENCIONES. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las
disposiciones vigentes el 27 de diciembre de 1984, el Gobierno podrá establecer
retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de
constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la
renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.
Los
porcentajes de retención no podrán exceder del tres por ciento (3%) del
respectivo pago o abono en cuenta. En todo lo demás, se aplicarán las
disposiciones vigentes sobre la materia.
Nota Leyex.info:
La tarifa para otros ingresos tributarios, para el año gravable 2009 es de
3.5%.
Artículo 366-1. Desarrollado por
el Decreto
1123 de 2018. Reglamentado por el Decreto 858 de 1998,
por el Decreto 515 de 1997,
por el Decreto 421 de 1995,
por el Decreto
2338 de 1995, por el Decreto
408 de 1995 y por el Decreto
1085 de 1992. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 7. Inciso modificado por el Decreto
150 de 1997, artículo 9, (éste declarado
inexequible por la Sentencia C-131 de 1997).
Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del exterior. Sin
perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposiciones
vigentes, el Gobierno Nacional podrá señalar porcentajes de retención en la
fuente no superiores al treinta por ciento (30%) del respectivo pago o abono en
cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional
provenientes del exterior, independientemente de la clase de beneficiario de
los mismos.
Inciso
modificado
por el Decreto 150 de 1997,
(éste declarado inexequible por la Sentencia C-131 de 1997).
La tarifa de retención en la fuente para los ingresos provenientes del
exterior, constitutivos de renta o de ganancia ocasional; que perciban los
contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios,
es del seis por ciento (6%), independientemente de la naturaleza de los
beneficiarios de dichos ingresos. La tarifa de retención en la fuente para los
contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno Nacional.
Páragrafo 1º.
Declarado
exequible por la Sentencia C-129 de 2004.
Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 105. La retención prevista en este artículo no será aplicable a los
ingresos por concepto de exportaciones de bienes, ni a los ingresos provenientes
de los servicios prestados, por colombianos, en el exterior, a personas
naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia siempre y cuando que las
divisas que se generen sean canalizadas a través del mercado cambiario.
Inciso
desarrollado por el Decreto
4868 de 2011. Inciso adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 50. Lo previsto en este parágrafo no aplica a los ingresos por concepto de
exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, para lo cual el
exportador actuará como autorretenedor. En este caso, el Gobierno Nacional
establecerá la tarifa de retención en la fuente, la cual no podrá ser superior
al diez 10% del respectivo pago o abono en cuenta. Ver Decreto 1505 de 2011
Parágrafo segundo.
Quedan exceptuados de la retención de impuestos y gravámenes personales y
reales, nacionales, regionales o municipales las personas y entidades de
derecho internacional público que tengan la calidad de agentes y agencias
diplomáticos, consulares y de organismos internacionales y que no persigan
finalidades de lucro. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes,
procederá a devolver las retenciones impositivas, si las hubiere, dentro de un
plazo no mayor a noventa días de presentadas las solicitudes de liquidación por
sus representantes autorizados.
Parágrafo tercero.
No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este artículo las
divisas obtenidas por ventas realizadas en las zonas de frontera por los
comerciantes establecidos en las mismas, siempre y cuando cumplan con las
condiciones que se estipulen en el Reglamento.
Artículo 366-2.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 121. NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. A falta
de normas específicas al respecto, a las retenciones en la fuente que se
establezcan de acuerdo con las autorizaciones consagradas en el Estatuto Tributario,
les serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los
libros Segundo y Quinto de este Estatuto.
Los
ingresos por concepto del servicio de arrendamiento financiero, tendrán el
mismo tratamiento en materia de retención en la fuente, que se aplica a los
intereses que perciben los establecimientos de crédito sometidos al control y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria por concepto de las operaciones de
crédito que éstos realizan.
Artículo 367.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
FINALIDAD DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. La retención en la fuente tiene por
objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible
dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause.
Artículo 368.
Reglamentado
parcialmente por
el Decreto
2707 de 2008. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
QUIÉNES SON AGENTES DE RETENCIÓN. Son agentes de retención o de percepción, las
entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores,
los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades
organizadas, las uniones temporales y las demás persona (sic) naturales
o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones
intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición
legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. (El texto
subrayado fue adicionado por la
Ley 488 de 1998, artículo 115)
Ver las siguientes
normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de declaraciones, así
como sobre fijación de cuantías:
Decreto 3101 de 1990, Decreto
2820 de 1991,
Decreto
2064 de 1992,
Decreto
2511 de 1993,
Decreto
2798 de 1994,
Decreto
2321 de 1995,
Decreto
2300 de 1996,
Decreto
3049 de 1997,
Decreto
2652 de 1998,
Decreto
2588 de 1999,
Decreto
2662 de 2000,
Decreto
2795 de 2001,
Decreto
3258 de 2002,
Decreto
3805 de 2003,
Decreto
4345 de 2004,
Decreto
4714 de 2005,
Decreto
4583 de 2006,
Decreto
4818 de 2007,
Decreto 4680 de 2008, Decreto 4929 de 2009, Decreto 4836 de 2010 y el Decreto 920 de 2011
Parágrafo 1.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 122. Radica en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la
competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán
actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no
se garantice el pago de los valores autorretenidos.
Ver las siguientes
normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de declaraciones, así
como sobre fijación de cuantías:
Decreto 3101 de 1990, Decreto
2820 de 1991,
Decreto
2064 de 1992,
Decreto
2511 de 1993,
Decreto
2798 de 1994,
Decreto
2321 de 1995,
Decreto
2300 de 1996,
Decreto
3049 de 1997,
Decreto
2652 de 1998,
Decreto
2588 de 1999,
Decreto
2662 de 2000,
Decreto
2795 de 2001,
Decreto
3258 de 2002,
Decreto
3805 de 2003,
Decreto
4345 de 2004,
Decreto
4714 de 2005,
Decreto
4583 de 2006,
Decreto
4818 de 2007,
Decreto 4680 de 2008.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 122. Además de los agentes de retención enumerados en este artículo,
el gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en
cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de
la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción
que da lugar al impuesto objeto de la retención.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 73. Entiéndase también como agentes de retención las personas
jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto
a través del sistema webcam, que mediante contrato de mandato como hecho
generador practiquen la retención en la fuente por servicios al mandante en el
respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad con el artículo 392 del
Estatuto Tributario. Estas empresas estarán organizadas en una Federación de
Comercio Electrónico para Adultos para su control y el sector será reglamentado
mediante ley.
Texto original parágrafo 3º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 65. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas
y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través
del sistema webcam, que
mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la
fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de
conformidad con el artículo 392. Estas empresas estarán organizadas en una
Federación de Comercio Electrónico para Adultos para su control y el sector
será reglamentado mediante ley.”.
Articulo 368-1. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 69. Retención sobre distribución de ingresos por los fondos a que se
refiere el artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Los fondos de que
trata el artículo 23-1 de este Estatuto o las sociedades que los administren o
las entidades financieras que realicen pagos a los inversionistas, según lo
establezca el Gobierno nacional, efectuarán la retención en la fuente que
corresponda a los ingresos que distribuyan entre los suscriptores o partícipes,
al momento del pago, salvo en los casos en los que no se admita el diferimiento
del ingreso, en los términos establecidos en la norma. En este último caso la
retención deberá realizarse conforme a las normas que son aplicables en los
contratos de fiducia mercantil, al momento de la realización del ingreso. Los
agentes de retención serán los responsables de confirmar la procedencia de
beneficio del diferimiento del ingreso y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario.
Cuando el pago se haga a una
persona sin residencia en el país o a una sociedad o entidad extranjera sin
domicilio principal en el país, la retención en la fuente a título del impuesto
sobre la renta y complementarios se hará a la tarifa que corresponda para los
pagos al exterior, según el respectivo concepto.
Parágrafo 1°. Los derechos en los fondos o carteras colectivas y fondos
mutuos mantendrán el costo fiscal, tratamiento y condiciones tributarias de los
bienes o derechos que los conforman.
Parágrafo 2°. No estarán sometidos a retención en la fuente, los pagos o abonos
en cuenta derivados de la enajenación de títulos de deuda, derechos de
participación, acciones o valores de renta variable, cuando estos se negocien
en el mercado a través de una bolsa de valores colombiana.
Texto anterior del artículo 368-1. Reglamentado por el Decreto 1973
de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 61. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.)
de enero de dos mil veinte (2020).). “Retención sobre
distribución de ingresos por los fondos a que se refiere el artículo 23-1 del
Estatuto Tributario. Los fondos de que trata el artículo 23-1 de
este Estatuto o las sociedades que los administren o las entidades financieras
que realicen pagos a los inversionistas, según lo establezca el Gobierno
nacional, efectuarán la retención en la fuente que corresponda a los ingresos
que distribuyan entre los suscriptores o partícipes, al momento del pago, salvo
en los casos en los que no se admita el diferimiento del ingreso, en los términos establecidos en la norma. En este
último caso la retención deberá realizarse conforme a las normas que son
aplicables en los contratos de fiducia mercantil, al momento de la realización del ingreso. Los
agentes de retención serán los responsables de confirmar la procedencia de
beneficio del diferimiento del ingreso y el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario.
Cuando el pago se haga a una persona sin residencia en el país o a
una sociedad o entidad extranjera sin domicilio principal en el país, la
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios
se hará a la tarifa que corresponda para los pagos al exterior, según el
respectivo concepto.
Parágrafo 1°. Los derechos en los fondos o carteras
colectivas y fondos mutuos mantendrán el costo fiscal, tratamiento y
condiciones tributarias de los bienes o derechos que los conforman.
Parágrafo 2°. No estarán sometidos a retención en la
fuente, los pagos o abonos en cuenta derivados de la enajenación de títulos de
deuda, derechos de participación, acciones o valores de renta variable, cuando
estos se negocien en el mercado a través de una bolsa de valores colombiana.”.
Texto anterio Artículo 368-1. Reglamentado por el Decreto 1973
de 2019. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 131. Artículo 368-1.
Los fondos de que trata el artículo 23-1 de este Estatuto o las
sociedades que los administren o las entidades financieras que realicen pagos a
los inversionistas, según lo establezca el Gobierno, efectuarán la retención en
la fuente que corresponda a los ingresos que distribuyan entre los suscriptores
o partícipes, al momento del pago. Cuando el pago se haga a una persona sin
residencia en el país o a una sociedad o entidad extranjera sin domicilio
principal en el país, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la
renta y complementarios se hará a la tarifa que corresponda para los pagos al
exterior, según el respectivo concepto.
Parágrafo. Los derechos en los
fondos o carteras colectivas y fondos mutuos mantendrán el tratamiento y
condiciones tributarias de los bienes o derechos que los conforman.
Parágrafo
transitorio. Derogado por
la Ley 1819 de
2016, art 376. Las entidades administradoras de los fondos de que trata el artículo
23-1 de este Estatuto contarán con un período máximo de seis (6) meses a partir
de la vigencia de la presente ley para adaptar sus procesos internos para dar
cumplimiento a lo previsto en este artículo
Texto original art 368-1. Adicionado por la Ley 49 de 1990, art
8o. RETENCIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR LOS FONDOS DE INVERSIÓN, LOS
FONDOS DE VALORES Y LOS FONDOS COMUNES. Los fondos de que trata el artículo
23-1 o las sociedades que los administren, según lo establezca el Gobierno,
efectuarán la retención en la fuente que corresponda a los ingresos que
distribuyan entre los suscriptores o partícipes, al momento del pago o abono en
cuenta. Cuando el pago o abono en cuenta se haga a una persona o entidad
extranjera sin residencia o domicilio en
el país, la retención en la fuente a título del impuesto de renta y
complementarios se hará a la tarifa que corresponda para los pagos al exterior,
según el respectivo concepto.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los
Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005,
relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de las
declaraciones tributarias
Artículo 368-2.
Modificado
Ley
788 de 2002, artículo 26. PERSONAS NATURALES QUE
SON AGENTES DE RETENCIÓN. Las personas naturales que tengan la calidad de
comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio
bruto o unos ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos
($500.000.000), (valor año base 2002) también deberán practicar retención en la
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los
cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las
disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los
Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados con
lugares y plazos para la presentación y pago de las declaraciones tributarias
Artículo 369. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 154. Cuándo no se efectúa la retención. No están sujetos a retención en la fuente:
1. Los pagos o
abonos en cuenta que se efectúen a:
a) Los no
contribuyentes no declarantes, a que se refiere el artículo 22;
b) Las entidades
no contribuyentes declarantes, a que hace referencia el artículo 23.
2. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones
especiales sean exentos en cabeza del beneficiario.
3. Los pagos o
abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente, en
virtud de disposiciones especiales, por otros conceptos.
Parágrafo. Las transacciones
realizadas a través de la Bolsa de Energía en ningún caso están sometidas a
retención en la fuente.
Artículo 369. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CUÁNDO NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. No están sujetos a retención en la fuente:
1. Los pagos o abonos en
cuenta que se efectúen a:
a) La Nación y sus divisiones
administrativas, a que se refiere el artículo 22.
b) Las entidades no
contribuyentes.
2. Los pagos o abonos en
cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del
beneficiario.
3. Los pagos o abonos en
cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente, en virtud de
disposiciones especiales, por otros conceptos.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
249. Las empresas beneficiadas con las excepciones de que trata el artículo 211
del Estatuto Tributario, no están sujetas a retención en la fuente sobre los
ingresos que dan origen a las rentas objeto de dichas exenciones, durante el
término de su vigencia.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 383 de 1997, artículo
31. Las transacciones realizadas a través de la Bolsa de Energía en ningún caso
están sometidas a retención en la fuente.
Artículo 370.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
LOS AGENTES QUE NO EFECTÚEN LA RETENCIÓN, SON RESPONSABLES CON EL
CONTRIBUYENTE. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por
la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de
reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las
sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes
serán de su exclusiva responsabilidad.
Artículo 371.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CASOS DE SOLIDARIDAD EN LAS SANCIONES POR RETENCIÓN. Para el pago de las
sanciones pecuniarias correspondientes, establécese la siguiente
responsabilidad solidaria:
a)
Entre la persona natural encargada de hacer las retenciones y la persona
jurídica que tenga legalmente el carácter de retenedor;
b)
Entre la persona natural encargada de hacer la retención y el dueño de la
empresa si ésta carece de personería jurídica;
c)
Entre la persona natural encargada de hacer la retención y quienes constituyan
la sociedad de hecho o formen parte de una comunidad organizada.
Artículo 372.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
SOLIDARIDAD DE LOS VINCULADOS ECONÓMICOS POR RETENCIÓN. Efectuada la retención
o percepción, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe
retenido o percibido salvo en los casos siguientes, en los cuales habrá
responsabilidad solidaria:
a)
Cuando haya vinculación económica entre retenedor y contribuyente. Para este
efecto, existe tal vinculación entre las sociedades de responsabilidad limitada
y asimiladas y sus socios o copartícipes.
En
los demás casos, cuando quien recibe el pago posea el cincuenta por ciento
(50%) o más del patrimonio neto de la empresa retenedora o cuando dicha
proporción pertenezca a personas ligadas por matrimonio o parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad;
b)
Cuando el contribuyente no presente a la administración el respectivo
comprobante dentro del término indicado al efecto, excepto en los casos en que
el agente de retención haya demorado su entrega.
Artículo 373. Declarado exequible por
la Sentencia
C-421 de 1995. LOS VALORES RETENIDOS SE
IMPUTAN EN LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. En las respectivas liquidaciones privadas
los contribuyentes deducirán del total del impuesto sobre la renta y
complementarios el valor del impuesto que les haya sido retenido. La diferencia
que resulte será pagada en la proporción y dentro de los términos ordinarios
señalados para el pago de la liquidación privada. Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78
Artículo 374.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
EN LA LIQUIDACIÓN OFICIAL SE DEBEN ACREDITAR LOS VALORES RETENIDOS. El impuesto
retenido será acreditado a cada contribuyente en la liquidación oficial del
impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable, con
base en el certificado que le haya expedido el retenedor.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78
TITULO II
OBLIGACIONES DEL AGENTE
RETENEDOR
RETENER.
Artículo 375. Reglamentado por
el Decreto 702 de 2013.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
EFECTUAR LA RETENCIÓN. Están obligados a efectuar la retención o percepción del
tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u
operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha
retención o percepción.
CONSIGNAR.
Artículo 376. Reglamentado por
el Decreto 702 de 2013.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CONSIGNAR LO RETENIDO. Las personas o entidades obligadas a hacer la retención,
deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que
para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
Artículo
376-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Reglamentado por el Decreto
1159 de 2012. Adicionado
por la Ley 1430 de 2010, art
27. Retención en la fuente a través de las entidades financieras. Con el fin de
asegurar el control y la eficiencia en el recaudo de los impuestos nacionales,
las retenciones en la fuente que deben efectuar los agentes de retención, que
determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a título de los
impuestos de renta e IVA serán practicadas y consignadas directamente al Tesoro
Nacional a través de las entidades financieras.
Para el efecto, el sujeto
que ordena el pago deberá identificar la(s) cuenta (s) corrientes o de ahorros
a través de las cuales se realicen de forma exclusiva los pagos sometidos a
retención en la fuente, e indicar a la entidad financiera el concepto o
conceptos sujetos a retención, la base del cálculo, la(s) tarifa(s) y demás
elementos necesarios para garantizar que las retenciones se practiquen en debida
forma. Si el sujeto que ordena el pago no suministra la información aquí
relacionada, la entidad financiera aplicará la tarifa de retención del diez por
ciento (10%) sobre el valor total del pago. La inexactitud, deficiencia o la
falta de la información aquí prevista será responsabilidad exclusiva del sujeto
que ordena el pago.
Todas las sanciones
derivadas del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que en su
condición de agentes de retención deben cumplir los ordenantes del pago serán de
su exclusiva responsabilidad.
Las entidades financieras
que en virtud de lo dispuesto en el presente artículo deban efectuar y
consignar las retenciones responderán por las sumas retenidas y por los
intereses aplicables, en el evento que no se consignen dentro de los plazos
establecidos.
El Gobierno Nacional
reglamentará esta disposición.
Artículo 377.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
LA CONSIGNACIÓN EXTEMPORÁNEA CAUSA INTERESES MORATORIOS. La no consignación de
la retención en la fuente, dentro de los plazos que indique el Gobierno,
causará intereses de mora, los cuales se liquidarán y pagarán por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo en el pago, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 634.
EXPEDIR CERTIFICADOS.
Artículo 378.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible por
la Sentencia
C-421 de 1995.POR CONCEPTO DE SALARIOS.
Los agentes de retención en la fuente deberán expedir anualmente a los asalariados,
un certificado de ingresos y retenciones correspondiente al año gravable
inmediatamente anterior, según el formato que prescriba la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Ver la
modificación que introdujo el artículo 31 del
Decreto 4929 de 2009
Artículo
378-1. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 12. Toda
persona jurídica o entidad empleadora o contratante de servicios personales,
deberá expedir un certificado de iniciación o terminación de cada una de las
relaciones laborales o legales y reglamentarias, y/o de prestación de servicios
que se inicien o terminen en el respectivo periodo gravable.
El
certificado expedido en la fecha de iniciación o terminación de que trata el
inciso anterior, deberá entregarse al empleado o prestador de los servicios, y
una copia del mismo deberá remitirse a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
El
Gobierno Nacional establecerá el contenido del certificado y determinará los
medios, lugares y las fechas en las que el certificado debe remitirse.
Artículo 379.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES. El certificado de ingresos
y retenciones contendrá los siguientes datos:
a)
El formulario debidamente diligenciado;
b)
Año gravable y ciudad donde se consignó la retención;
c)
Apellidos y nombres del asalariado;
d)
Cédula o NIT del asalariado;
e)
Apellidos y nombre o razón social del agente retenedor;
f)
Cédula o NIT del agente retenedor;
g)
Dirección del agente retenedor;
h)
Valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado,
concepto de los mismos y monto de las retenciones practicadas;
i)
Firma del pagador o agente retenedor, quien certificará que los datos
consignados son verdaderos, que no existe ningún otro pago o compensación a
favor del trabajador por el período a que se refiere el certificado y que los
pagos y retenciones enunciados se han realizado de conformidad con las normas
pertinentes.
Artículo 380.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
DATOS A CARGO DEL ASALARIADO NO DECLARANTE. Dentro del mismo formato a que se
refiere el artículo anterior, los asalariados no declarantes suministrarán los
siguientes datos, garantizando con su firma que la información consignada es
verdadera:
a)
Monto de otros ingresos recibidos durante el respectivo año gravable, que
provengan de fuentes diferentes a la relación laboral, o legal y reglamentaria,
y cuantía de la retención en la fuente practicada por tales conceptos;
b)
Relación del patrimonio bruto poseído en el último día del año o periodo
gravable, con indicación de su valor, así como el monto de las deudas vigentes
a tal fecha;
c)
Manifestación del asalariado en la cual conste que por el año gravable de que
trata el certificado, cumple con los requisitos establecidos por las normas
pertinentes para ser un asalariado no declarante.
Articulo 381.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible por
la Sentencia
C-421 de 1995. CERTIFICADOS POR OTROS
CONCEPTOS. Cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los
originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, los agentes
retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que
contendrá:
a)
Año gravable y ciudad donde se consignó la retención;
b)
Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor;
c)
Dirección del agente retenedor;
d)
Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le
practicó la retención;
e)
Monto total y concepto del pago sujeto a retención;
f)
Concepto y cuantía de la retención efectuada;
g)
La firma del pagador o agente retenedor.
A
solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá
un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas
especificaciones del certificado anual.
Parágrafo 1°
Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán sustituir
los certificados a que se refiere el presente artículo, cuando éstos no
hubieren sido expedidos, por el original, copia o fotocopia auténtica de la
factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan
identificados los conceptos antes señalados.
Parágrafo 2°. Reglamentado por
el Decreto 702 de 2013.
El Gobierno Nacional podrá eliminar la obligación de expedir el certificado de
retenciones a que se refieren éste y el artículo anterior, creando mecanismos
automáticos de imputación de la retención que lo sustituyan.
PRESENTAR DECLARACIONES.
Artículo 382. Reglamentado por
el Decreto 702 de 2013.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
OBLIGACIÓN DE DECLARAR. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar
declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar durante el
respectivo mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 604 al 606,
inclusive.
TITULO III
CONCEPTOS SUJETOS A
RETENCION
CAPITULO I
INGRESOS LABORALES.
Articulo 383. Reglamentado por el Decreto 1808 de 2019. Inciso 1º modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 42. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los
pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las
sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas,
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos
recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre riesgos laborales, será la que resulte de aplicar a
dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:
Texto anterior inciso 1º. Inciso
1º modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 34. (La Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta
ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1819 de
2016, artículo 17. “Tarifa. La
retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las
personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades
organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o
legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, será
la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la
fuente:”.
Imegen
Texto anterior del inciso 1º
del artículo 383 “ Tarifa. La retención en la fuente aplicable
a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las
sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas,
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos
recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en
el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos
la siguiente tabla de retención en la fuente:
Rangos en
UVT |
Tarifa marginal |
Impuesto |
|
Desde |
Hasta |
||
>0 |
95 |
0 |
0 |
>95 |
150 |
19% |
Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19% |
>150 |
360 |
28% |
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más
10 UVT |
>360 |
En adelante |
33% |
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más
69 UVT |
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que se
refiere el artículo 386 de este Estatuto, el valor del impuesto en UVT
determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo, se divide
por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene
la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual.
Parágrafo 2°. La retención en la fuente establecida en el presente
artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos
por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las
personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más
trabajadores asociados a la actividad.
La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por
“pagos mensualizados”. Para ello se tomará el monto total del valor del
contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, y se
dividirá por el número de meses de vigencia del mismo. Ese valor mensual
corresponde a la base de retención en la fuente que debe ubicarse en la tabla.
En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados
mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la fuente de acuerdo
con el cálculo mencionado en este parágrafo, independientemente de la
periodicidad pactada para los pagos del contrato; cuando realice el pago deberá
retener el equivalente a la suma total de la retención mensualizada.
Parágrafo 3°. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de
una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad
con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al
respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable
a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Parágrafo 4°. La retención en la fuente de que trata el presente artículo no
será aplicable a los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales que correspondan
a rentas exentas, en los términos del artículo 206 de este Estatuto.
Parágrafo
transitorio. La retención en la fuente de
que trata el presente artículo se aplicará a partir del 1° de marzo de 2017; en
el entre tanto se aplicará el sistema de retención aplicable antes de la
entrada en vigencia de esta norma.
Ver Oficio 4884 de 2017, DIAN.
Artículo 383. Inciso modificado por la Ley 1607 de 2012, art
13. Tarifa. La
retención en la fuente aplicable a los pagos gravables, efectuados por las
personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades
organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o
legal y reglamentaria; efectuados a las personas naturales pertenecientes a la
categoría de empleados de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de
este Estatuto; o los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad
con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de
aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:
Texto anterior inc. 1. Ver Ley 1450 de 2011, art
173. Modificado por la Ley 1111 de
2006, artículo 23. TARIFA. La retención en la fuente aplicable a los
pagos gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las
sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas,
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte
de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA INGRESOS
LABORALES GRAVADOS
RANGOS EN UVT |
TARIFA MARGINAL |
IMPUESTO |
|
DESDE |
HASTA |
||
>0 |
95 |
0% |
0 |
>95 |
150 |
19% |
(Ingreso
laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) * 19% |
>150 |
360 |
28% |
(Ingreso
laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) * 28% más 10 UVT |
>360 |
En adelante |
33% |
(Ingreso
laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) * 33% más 69 UVT |
Nota: El asterisco significa
multiplicar por.
Parágrafo. Para efectos de la aplicación del
Procedimiento 2 a que se refiere el artículo 386 de este Estatuto, el valor del
impuesto en UVT determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo,
se divide por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se
obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual.
Parágrafo Transitorio. Para el año gravable 2007, la
tarifa a que se refiere el último rango de esta tabla será del treinta y cuatro
por ciento (34%).
Artículo
384. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art
14. Tarifa mínima de retención en la fuente para
empleados. No obstante el cálculo de retención en la fuente efectuado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 de este Estatuto, los pagos
mensuales o mensualizados (PM) efectuados por las personas naturales o
jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las
sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de
empleados, será como mínimo la que resulte de aplicar la siguiente tabla a la
base de retención en la fuente determinada al restar los aportes al sistema
general de seguridad social a cargo del empleado del total del pago mensual o
abono en cuenta:
Empleado |
Empleado |
Empleado |
|||
Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) |
Retención (en UVT) |
Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) |
Retención (en UVT) |
Pago mensual o mensualizado (PM) desde (en UVT) |
Retención (en UVT) |
menos de 128,96 |
0,00 |
278,29 |
7,96 |
678,75 |
66,02 |
128,96 |
0,09 |
285,07 |
8,50 |
695,72 |
69,43 |
132,36 |
0,09 |
291,86 |
9,05 |
712,69 |
72,90 |
135,75 |
0,09 |
298,65 |
9,62 |
729,65 |
76,43 |
139,14 |
0,09 |
305,44 |
10,21 |
746,62 |
80,03 |
142,54 |
0,10 |
312,22 |
10,81 |
763,59 |
83,68 |
145,93 |
0,20 |
319,01 |
11,43 |
780,56 |
87,39 |
149,32 |
0,20 |
325,80 |
12,07 |
797,53 |
91,15 |
152,72 |
0,21 |
332,59 |
12,71 |
814,50 |
94,96 |
156,11 |
0,40 |
339,37 |
14,06 |
831,47 |
98,81 |
159,51 |
0,41 |
356,34 |
15,83 |
848,44 |
102,72 |
162,90 |
0,41 |
373,31 |
17,69 |
865,40 |
106,67 |
166,29 |
0,70 |
390,28 |
19,65 |
882,37 |
110,65 |
169,69 |
0,73 |
407,25 |
21,69 |
899,34 |
114,68 |
176,47 |
1,15 |
424,22 |
23,84 |
916,31 |
118,74 |
183,26 |
1,19 |
441,19 |
26,07 |
933,28 |
122,84 |
190,05 |
1,65 |
458,16 |
28,39 |
950,25 |
126,96 |
196,84 |
2,14 |
475,12 |
30,80 |
967,22 |
131,11 |
203,62 |
2,21 |
492,09 |
33,29 |
984,19 |
135,29 |
210,41 |
2,96 |
509,06 |
35,87 |
1.001,15 |
139,49 |
217,20 |
3,75 |
526,03 |
38,54 |
1.018,12 |
143,71 |
223,99 |
3,87 |
543,00 |
41,29 |
1.035,09 |
147,94 |
230,77 |
4,63 |
559,97 |
44,11 |
1.052,06 |
152,19 |
237,56 |
5,06 |
576,94 |
47,02 |
1.069,03 |
156,45 |
244,35 |
5,50 |
593,90 |
50,00 |
1.086,00 |
160,72 |
251,14 |
5,96 |
610,87 |
53,06 |
1.102,97 |
164,99 |
257,92 |
6,44 |
627,84 |
56,20 |
1.119,93 |
169,26 |
264,71 |
6,93 |
644,81 |
59,40 |
más de 1.136,92 |
27%*PM-135,17 |
271,50 7,44 666,78 62,68
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo
el término “pagos mensualizados” se refiere a la operación de tomar el monto
total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud
y pensiones, y dividirlo por el número de meses de vigencia del mismo. Ese
valor mensual corresponde a la base de retención en la fuente que debe ubicarse
en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no
sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la
fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo,
independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato;
cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la
retención mensualizada.
Parágrafo 2°. Las personas naturales
pertenecientes a la categoría de trabajadores empleados podrán solicitar la
aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de
conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito
al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente
será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Parágrafo 3°. La tabla de retención en
la fuente incluida en el presente artículo solamente será aplicable a los
trabajadores empleados que sean contribuyentes declarantes del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios.
El
sujeto de retención deberá informar al respectivo pagador su condición de
declarante o no declarante del Impuesto sobre la Renta, manifestación que se
entenderá prestada bajo la gravedad de juramento. Igualmente, los pagadores
verificarán los pagos efectuados en el último periodo gravable a la persona
natural clasificada en la categoría de empleado. En el caso de los
trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de
profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la
utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo
especializado que sean considerados dentro de la categoría de empleado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 329, la tabla de retención
contenida en el presente artículo será aplicable únicamente cuando sus ingresos
cumplan los topes establecidos para ser declarantes como asalariados en el año
inmediatamente anterior, independientemente de su calidad de declarante para el
periodo del respectivo pago.
Parágrafo transitorio. La retención en la
fuente de que trata el presente artículo se aplicará a partir del 1° de abril
de 2013, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.
Artículo
384.
Derogado
por la Ley 863 de 2003, artículo
69. Declarado
exequible por la Sentencia
C-421 de 1995. SE PODRÁN AGREGAR NUEVOS
INTERVALOS A LA TABLA DE RETENCIÓN. Para efecto de los valores expresados en
las tablas de retención contenidas en el artículo 383, el Gobierno determinará
el procedimiento para realizar los ajustes de que trata el artículo 868.
Parágrafo. Podrán agregarse nuevos
intervalos en los niveles superiores de base de retención, respetándose los
límites tarifarios señalados en el artículo 383.
PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA RETENCIÓN.
Artículo 385.
PRIMERA OPCIÓN FRENTE A LA RETENCIÓN. Para efectos de la retención en la
fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en este artículo,
o en el artículo siguiente:
Procedimiento
1. Con relación a los pagos o abonos en cuenta gravables diferentes de la
cesantía, los intereses sobre cesantía, y la prima mínima legal de servicios
del sector privado o de navidad del sector público, el "valor a
retener" mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al
cual correspondan la totalidad de dichos pagos o abonos que se hagan al
trabajador, directa o indirectamente, durante el respectivo mes. Si tales pagos
o abonos en cuenta se realizan por períodos
inferiores a treinta (30) días, su retención podrá calcularse así:
a)
El valor total de los pagos o abonos en cuenta gravables, recibidos directa o
indirectamente por el trabajador en el respectivo período, se divide por el
número de días a que correspondan tales pagos o abonos y su resultado se
multiplica por 30;
b)
Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor
obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior y dicho porcentaje
se aplica a la totalidad de los pagos o abonos en
cuenta gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en
el respectivo período. La cifra resultante será el "valor a retener".
Cuando
se trate de la prima mínima legal de servicios del sector privado, o de navidad
del sector público, el "valor a retener" es el que figure frente al
intervalo al cual corresponda la respectiva prima.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 23 y Ley 6 de 1992, art 140, ésta
última respecto a la derogatoria de los textos resaltados
Artículo 386.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
SEGUNDA OPCIÓN FRENTE A LA RETENCIÓN. El retenedor podrá igualmente aplicar el
siguiente sistema:
Procedimiento
2. Cuando se trate de los pagos o abonos gravables distintos de la cesantía y
de los intereses sobre las cesantías, el "valor a retener"
mensualmente es el que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos o
abonos gravables efectuados al trabajador, directa o indirectamente, en el
respectivo mes, el porcentaje fijo de retención semestral que le corresponda al
trabajador, calculado de conformidad con las siguientes reglas:
Los
retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el
porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada
trabajador durante los seis meses siguientes a aquél en el cual se haya
efectuado el cálculo.
El
porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure
en la tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el resultado
de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables efectuados
al trabajador, directa o indirectamente, durante los 12 meses anteriores a
aquél en el cual se efectúa el cálculo, sin incluir los que correspondan a la
cesantía y a los intereses sobre cesantías.
Cuando
el trabajador lleve laborando menos de 12 meses al servicio del patrono, el
porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente
al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por el número de meses
de vinculación laboral, la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables
efectuados al trabajador, directa o indirectamente, durante dicho lapso, sin
incluir los que correspondan a la cesantía y a los intereses sobre cesantías.
Cuando
se trate de nuevos trabajadores y hasta tanto se efectúe el primer cálculo, el
porcentaje de retención será el que figure en la tabla frente al intervalo al
cual corresponda la totalidad de los pagos o abonos gravables que se hagan al
trabajador, directa o indirectamente, durante el respectivo mes.
Ver Ley
1111 de 2006, art 23 y derogatoria parcial de este artículo en la Ley 6 de 1992, art 140.
Artículo 387. Reglamentado
por el Decreto
1808 de 2019. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 15. Deducciones que se
restarán de la base de retención. En el caso de trabajadores que
tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud
de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá
proporcionalmente en la forma que indique el reglamento.
El trabajador podrá disminuir
de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior; los pagos por
salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no
supere dieciséis (16) UVT mensuales; y una deducción mensual de hasta el 10%
del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y
reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo
de treinta y dos (32) UVT mensuales. Las deducciones establecidas en este artículo
se tendrán en cuenta en la declaración ordinaria del Impuesto sobre la Renta.
Los pagos por salud deberán cumplir las condiciones de control que señale el
Gobierno Nacional:
a) Los pagos efectuados por
contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas
por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen protección al
trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes.
b) Los pagos efectuados por
seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, con la misma limitación del literal
anterior.
Parágrafo
1°. Cuando se trate del Procedimiento de Retención número
dos, el valor que sea procedente disminuir mensualmente, determinado en la
forma señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta tanto para calcular
el porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar la base
sometida a retención.
Parágrafo
2°. Definición de dependientes. Para propósitos de este artículo
tendrán la calidad de dependientes:
1. Los hijos del contribuyente
que tengan hasta 18 años de edad.
2. Los hijos del contribuyente
con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona
natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de
educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial
correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente
acreditados por la autoridad competente.
3. Los hijos del contribuyente
mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en
factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
4. El cónyuge o compañero
permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea
por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta
(260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en
factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y,
5. Los padres y
los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia,
sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta
(260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en
factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
Texto anterior art 387. Declarado exequible condicionalmente por la Sentencia
C-875 de 2005 y exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
LOS INTERESES Y CORRECCIÓN MONETARIA DEDUCIBLES SE RESTARÁN DE LA BASE DE
RETENCIÓN. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por
intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de
vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que
indique el reglamento.
Inciso adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. El trabajador podrá optar por disminuir de su base de retención lo
dispuesto en el inciso anterior o los pagos por salud y educación conforme se
señalan a continuación, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este
último caso, no supere el quince por ciento (15%) del total de los ingresos
gravados provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del
respectivo mes, y se cumplan las condiciones de control que señale el Gobierno
Nacional:
a) Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas
de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, que
impliquen protección al trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos.
b) Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de
seguros vigiladas por la Superintendencia Bancaria, con la misma limitación del
literal anterior, y
c) Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. Los pagos efectuados, con la misma limitación establecida en el literal
a), por educación primaria, secundaria y superior, a establecimientos
educativos debidamente reconocidos por el Icfes o por la autoridad oficial
correspondiente.
Inciso adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos
laborales inferiores a quince millones seiscientos mil pesos ($15.600.000), en
el año inmediatamente anterior. (Valor año base 1992). (año gravable 2001:
$67.800.000; año gravable 2002: $73.300.000).
Inciso adicionado por la Ley 1064 de 2006, artículo
6º. Los programas técnicos y de educación para el trabajo y el desarrollo
humano debidamente acreditadas (sic).
Parágrafo 1. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
120. La opción establecida en este artículo, será aplicable a partir del
primero de enero de 1993.
Parágrafo 2. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
124. Cuando se trate del Procedimiento de Retención Número dos, el valor que
sea procedente disminuir mensualmente, determinado en la forma señalada en el
presente artículo, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo
de retención semestral, como para determinar la base sometida a retención. Ver Sentencia C-626 de 2010
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008
y 2009.
Artículo 387-1.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 84. DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS POR
CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN. Los pagos que efectúen los patronos a favor de
terceras personas, por concepto de la alimentación del trabajador o su familia,
o por concepto del suministro de alimentación para éstos en restaurantes
propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de
vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia,
son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador,
sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de
restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza
de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no exceda
de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior sin
menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de
Trabajo.
Cuando
los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, de que trata
el inciso anterior excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales
vigentes, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a
retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este inciso no
aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales son
deducibles para éstas (sic).
Para
los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador,
el cónyuge o compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador.
Ver Concepto 15454
de 2003 de la DIAN en relación con la reducción de retención en la fuente.
Artículo 388. Reglamentado por
el Decreto
1808 de 2019. Adicionado
por la ley 1819
de 2016, art 18. Depuración de la base del cálculo de
la retención en la fuente. Para
obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas naturales, se
podrán detraer los siguientes factores:
1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como
exentas. En todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá
superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago
o abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales,
las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y las devoluciones de ahorro
pensional.
La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206
del Estatuto Tributario
procede también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por
honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las
personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más
trabajadores asociados a la actividad.
Los factores de depuración de la base de retención de
los trabajadores cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y
reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador
a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las personas
no obligadas a facturar en los términos del inciso 3º del artículo 771-2 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Para
efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo
383 del Estatuto Tributario a
las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una
relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad
de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes.
Articulo 388. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995. Ver Sentencia C-397 de 1994. Derogado por la Ley 100 de 1993, artículo
135. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RETENCIÓN SOBRE CESANTÍAS. Cuando se
trate de la cesantía y de los intereses sobre cesantías, en cualquiera de los
dos procedimientos establecidos en los artículos 385 y 386, la retención se
aplicará únicamente cuando el trabajador que la recibe haya obtenido durante
los últimos seis (6) meses un ingreso mensual promedio de la relación laboral,
que exceda de trescientos mil pesos ($ 300.000) (Valor año base 1986). En este
evento, el "valor a retener" será el que resulte de aplicar al valor
total de las cesantías e intereses recibidos que sean gravables, el porcentaje
de retención que figure en la tabla frente al intervalo al cual corresponda
dicho ingreso mensual promedio.
Para calcular el ingreso
mensual promedio a que se refiere este artículo, no deberán incluirse los
valores recibidos por concepto de cesantías e intereses sobre las mismas.
CAPITULO II
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES.
Artículo 389.
CUÁLES ESTÁN SOMETIDOS A RETENCIÓN. Los dividendos y participacionespercibidos
por sociedades u otras entidades extranjeras, por personas naturales
extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que no eran residentes en Colombia, están sometidos a la retención
en la fuente.
Igualmente,
estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participacionesque
perciban los socios, accionistas, asociados, suscriptores o similares, que sean
personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que
al momento de su muerte eran residentes en el país, o sociedades nacionales, en
cuanto excedan la parte no constitutiva de renta ni ganancia ocasional
establecida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-222 de 1995 y C-421
de 1995, ésta última declaró exequible el resto del artículo)
Ver Decreto 567 de 2007, porcentajes año
gravable 2008.
Artículo 390.
RETENCIÓN SOBRE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONESQUE EXCEDAN DE LOS 7/3 DEL IMPUESTO
DE LA SOCIEDAD. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 125. Retención sobre Dividendos y Participaciones. La tarifa aplicable
a los dividendos y participacionescontemplados en el artículo 49, será la que
determine el Gobierno Nacional. En ningún caso la tarifa podrá sobrepasar el
treinta y cinco por ciento (35%).
Nota Leyex.info:
La tarifa fue modificada al 33% a partir del año gravable 2008
Artículo 391.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFAS SOBRE OTRAS RENTAS. Inciso primero modificado por la Ley
223 de 1995, artículo 126. La tarifa de retención
en la fuente para los dividendos y participaciones de que trata el inciso
primero del artículo 245 de este Estatuto es la señalada en dicho artículo,
salvo que se capitalicen en la sociedad simultáneamente con el pago o abono en
cuenta, en cuyo caso no habrá retención.
Para
el caso de los artículos 246 y 247, la retención se efectuará a las mismas
tarifas allí previstas.
Parágrafo.
Para los efectos del presente artículo, cuando se capitalicen en la sociedad
los dividendos y participacionesgenerados en la misma, la retención en la
fuente que se hubiere practicado se podrá restar del valor de las retenciones
por dividendos o participacionesque se deban practicar al mismo accionista o
socio en períodos siguientes.
Ver Decreto 567 de 2007, porcentajes año
gravable 2008. Ley 1111 de 2006, artículo 13
CAPITULO III
HONORARIOS, COMISIONES,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS.
Artículo 392.
Desarrollado
por el Decreto
2521 de 2011. Reglamentado parcialmente por el Decreto
1141 de 2010, por el Decreto
1140 de 2010, por el Decreto
1115 de 2006, por el Decreto
3110 de 2004, por el Decreto
260 de 2001, por el Decreto
408 de 1995 y por el Decreto
2812 de 1991.
Declarado
exequible en la Sentencia C-064 de 2008.
SE EFECTÚA SOBRE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA. Están sujetos a retención en la
fuente los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas y
sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones, servicios y
arrendamientos.
Respecto
de los conceptos de honorarios, comisiones, y arrendamientos, el Gobierno
determinará mediante decreto los porcentajes de retención, de acuerdo con lo
estipulado en el inciso anterior, sin que en ningún caso sobrepasen el 20% del
respectivo pago. Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrán
(sic) sobrepasar el 15% del respectivo
pago o abono en cuenta.
Inciso modificado
por la Ley 633 de 2000
artículo 45. La tarifa de retención en la fuente para los honorarios y
comisiones, percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, es el diez por ciento (10%) del valor
del correspondiente pago o abono en cuenta. La misma tarifa se aplicará a los
pagos o abonos en cuenta de los contratos de consultoría y a los honorarios en
los contratos de administración delegada. La tarifa de retención en la fuente
para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno
Nacional.
Inciso adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 45. La tarifa de retención en la fuente para los servicios
percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta
y complementarios, es del seis por ciento (6%) del valor del correspondiente
pago o abono en cuenta. La tarifa de retención en la fuente para los
contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno Nacional. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-643 de 2002, las expresiones
subrayadas en este inciso)
Inciso adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 75. Los servicios integrales de salud que involucran servicios
calificados y no calificados, prestados a un usuario por Instituciones
Prestadoras de Salud, IPS, que comprenden hospitalización, radiología,
medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos, estarán sometidos a
la tarifa del dos por ciento (2%).
Ver Ley
1111 de 2006 y Concepto 84242 de 2006, de la DIAN.
Artículo 393.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
COMISIONES POR TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA BOLSA. En el caso de comisiones
por concepto de transacciones realizadas en Bolsa, la retención en la fuente se
efectuará por la respectiva Bolsa y se extenderá a los pagos que por concepto
de comisiones se reciban de personas naturales. A la Bolsa le son aplicables
las disposiciones que regulan la retención en la fuente.
Artículo 394.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CÓMO OPERA LA RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS CUANDO HAY INTERMEDIACIÓN. En el
caso de arrendamientos, cuando existiere intermediación, quien recibe el pago
deberá expedir a quien lo efectuó, un certificado en donde conste el nombre y
NIT del respectivo beneficiario y, en tal evento, la consignación de la suma
retenida se hará a nombre del beneficiario.
CAPITULO IV
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Artículo 395.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CONCEPTOS OBJETO DE RETENCIÓN. Establécese una retención en la fuente sobre los
pagos o abonos en cuenta que efectúen las personas jurídicas y sociedades de
hecho, por concepto de rendimientos financieros, tales como, intereses,
descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, lo correspondiente
a rendimientos de capital o a diferencias entre valor presente y valor futuro
de éste, cualesquiera sean las condiciones o nominaciones que se determinen
para el efecto.
El
Gobierno determinará los porcentajes de retención en la fuente, sin que
sobrepasen el quince por ciento (15%) del respectivo pago o abono en cuenta.
Ver artículo 368-2
del presente Estatuto.
Artículo 396.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
LA TARIFA PUEDE APLICARSE SOBRE EL VALOR BRUTO DEL RENDIMIENTO. Para efectos de
la retención en la fuente, los porcentajes de retención que fije el Gobierno
podrán aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta
correspondiente al respectivo rendimiento.
Artículo 397.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN TÍTULOS CON DESCUENTO. En el caso de títulos con
descuento, tanto el rendimiento como la retención se causan en el momento de la
enajenación del respectivo título, sobre la diferencia entre el valor nominal
del título y el de colocación o sobre la diferencia entre el valor de
adquisición y el de enajenación, cuando éste último fuere inferior al de
adquisición.
En
el evento de que el título sea redimible por un valor superior al nominal, este
exceso se agregará a la base sobre la cual debe aplicarse la retención.
Artículo 397-1.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 109. RENDIMIENTOS DE TÍTULOS DE AHORRO A LARGO PLAZO. La tarifa de
retención en la fuente aplicable a los rendimientos financieros provenientes de
títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de
títulos emitidos en desarrollo de operaciones de deuda pública, cuyo período de
redención no sea inferior a cinco (5) años, será del cuatro por ciento (4%).
CAPITULO V
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DE PERSONAS NATURALES.
Artículo 398.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
RETENCIÓN EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES. Los
ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de la enajenación de
activos fijos, estarán sometidos a una retención en la fuente equivalente al
uno por ciento (1%) del valor de la enajenación.
Inciso modificado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 18. La retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la
enajenación del bien, ante el notario en el caso de bienes raíces, ante
las Oficinas de Tránsito cuando se trate de vehículos automotores, o ante las
entidades autorizadas para recaudar impuestos en los demás casos. (Declaradas exequibles por la Sentencia
C-275 de 1996, las expresiones subrayadas en este inciso)
Artículo 399.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
DISMINUCIÓN DE LA RETENCIÓN CUANDO EL ACTIVO ENAJENADO CORRESPONDA A LA CASA O
APARTAMENTO DE HABITACIÓN. En el caso de la enajenación de la casa o apartamento
de habitación del contribuyente, adquirido con anterioridad al 1° de enero de
1987, el porcentaje de retención en la fuente, se disminuirá de conformidad con
los siguientes porcentajes:
10%
si fue adquirido durante el año 1986
20%
si fue adquirido durante el año 1985
30%
si fue adquirido durante el año 1984
40%
si fue adquirido durante el año 1983
50%
si fue adquirido durante el año 1982
60%
si fue adquirido durante el año 1981
70%
si fue adquirido durante el año 1980
80%
si fue adquirido durante el año 1979
90%
si fue adquirido durante el año 1978
100%
si fue adquirido antes del 1º de enero de 1978.
Artículo 400.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
EXCEPCIÓN. El otorgamiento, la autorización y el registro, de cualquier
escritura pública, de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés
social de que trata la Ley 9ª de 1989,
no requerirá del pago de retenciones en la fuente.
CAPITULO VI
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS.
Articulo 401. RETENCIÓN
SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones
contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley
50 de 1984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y
participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos,
rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas,
apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno
podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del
impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de
hecho.
Inciso 2º
derogado por la Ley 1819 de
2016, artículo 376, numeral 1. Inciso segundo
modificado por la Ley 633 de 2000, artículo 18. Los
porcentajes de retención no podrán exceder del tres punto cinco por ciento
(3.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. En los demás conceptos,
enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las disposiciones que los
regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1984.
Texto anterior y original del inciso segundo (Decreto 624
de 1989): “Los porcentajes de retención no podrán exceder del tres por
ciento (3%) del respectivo pago o abono en cuenta. En los demás conceptos,
enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las disposiciones que los
regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de
1984.”.
Inciso tercero modificado por la Ley 633 de 2000,
artículo 18. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para
los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos
por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%.
En los demás conceptos enumerados en el inciso 1º. de este artículo, y en los
casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin
procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a
distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo,
y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de
construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material
inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes
retenciones.
Texto original inciso tercero Adicionado
por la Ley 174 de 1994, artículo
9º. “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto
Tributarlo, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en
cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no
obligados a presentar declaración de renta será el 3%. En los demás conceptos
enumerados en el inciso primero de este artículo, y en los casos de adquisición
de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial,
compras de café pergamino tipo federación, pagos a distribuidores mayoristas o
minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de
bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y,
en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las
disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.". (reglamentado por el Decreto 260
de 2001, por el Decreto 408 de 1995 y
por el Decreto 2866 de 1991.).
Parágrafo. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 65. Cuando
el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de
hecho, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta
constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública o
la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles.
Para estos efectos, la persona jurídica
o sociedad de hecho pagará la retención en la fuente mediante recibo oficial de
pago y, posteriormente, imputará dicho pago a la declaración de retención en la
fuente correspondiente, de tal forma que el notario o la sociedad
administradora de la fiducia o fondo, según el caso, pueda verificar el pago
como requisito previo al otorgamiento de la escritura pública o la
transferencia de derechos o cuotas.
Texto inicial del parágrafo. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
57. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Cuando
el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de
hecho, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta
constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública o
la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles.
Para estos efectos, la persona jurídica o sociedad de hecho pagará
la retención en la fuente mediante recibo oficial de pago y, posteriormente,
imputará dicho. pago a la declaración de retención en la fuente
correspondiente, de tal forma que el notario o la sociedad administradora de
la fiducia o fondo, según el caso, pueda verificar el pago como requisito
previo al otorgamiento de la escritura pública o la transferencia de derechos o
cuotas.”.
Articulo
desarrollado por el Decreto 1555 de 2017 y
por el Decreto 4868 de 2011.
Ver Concepto 6594
de 2019, DIAN. Ver Decreto 1625 de 2016,
artículo 1.2.4.2.55. Ver Oficio 31471
de 2015, DIAN. Ver Decreto 1505
de 2011. Ver Ley 1111 de 2006,
artículo 78. Ver Decreto 3595 de 2005.
Nota, artículo 369:
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): “RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de
las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de
expedición de la Ley 50 de 1984, a saber: Ingresos
laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios,
arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos,
loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas,
el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos
en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente
del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades
de hecho.
Los porcentajes de retención
no podrán exceder del tres por ciento (3%) del respectivo pago o abono en
cuenta. En los demás conceptos, enumerados en el inciso anterior, se aplicarán
las disposiciones que los regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de
1984.”. (Este artículo fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la
Sentencia C-421 del 21 de septiembre de
1995, en relación con los aspectos analizados en la
misma Sentencia.).
Artículo 401-1.
Adicionado
Ley
488 de 1998, artículo 94. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN
LA COLOCACIÓN INDEPENDIENTE DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Los ingresos recibidos
por los colocadores independientes estarán sometidos a retención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta a la tarifa del tres por ciento (3%).
Esta
retención sólo se aplicará cuando los ingresos diarios de cada colocador
independiente excedan de cincuenta mil pesos ($50.000) (valor año base 1998)
(año gravable 2001: $70.000; año gravable 2002: $75.000) reajustados anualmente
de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC). Para tal efecto, los
agentes de retención serán las empresas operadoras o distribuidoras de juegos
de suerte y azar.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 401-2.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 91. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN INDEMNIZACIONES. Los pagos o abonos
en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones
salariales y a las percibidas por los nacionales como resultado de
demandas contra el Estado y contempladas en los artículos 45 y 223 del
Estatuto Tributario, estará sometida a retención por concepto de renta a la
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), si los beneficiarios de la misma
son extranjeros sin residencia en el país, sin perjuicio de la retención por
remesas. Si los beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de
retención por este concepto será del veinte por ciento (20%). (Declaradas
exequibles por Sentencia C-913 de 2003, las expresiones subrayadas)
Tarifa modificada
al 33%, a partir del año gravable 2008. Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 401-3.
Adicionado
Ley
788 de 2002, artículo 92. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN
INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA. Las
indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria,
estarán sometidas a retención por concepto de impuesto sobre la renta, a una
tarifa del veinte por ciento (20%) para trabajadores que devenguen ingresos
superiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley 488 de 1998.
Ver Decreto 379 de 2007, artículo 2º y
Conceptos de la DIAN Números 15071 de 2003, 43115 de 2004 y 29109, 7261 y 76716
de 2005
CAPITULO VII
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y
SIMILARES.
Artículo 402.
Declarado exequible
por la Sentencia
C-421 de 1995. SE EFECTÚA AL MOMENTO DEL
PAGO. Cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas,
apuestas y similares, el impuesto de ganancias ocasionales debe ser retenido
por las personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago en el
momento del mismo.
Artículo 403.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA RETENCIÓN EN PREMIOS EN ESPECIE. Para efectos
del artículo anterior, los premios en especie tendrán el valor que se les
asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior al valor
comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá cancelarse
dentro de los seis meses siguientes a la causación de la ganancia, previa
garantía constituida en la forma que establezca el reglamento.
Artículo 404.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TRATAMIENTO DE LAS APUESTAS. En materia de retención en la fuente, las apuestas
se regirán por el mismo tratamiento que se aplique a los ingresos por concepto
de loterías.
Artículo 404-1.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 107. RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PREMIOS. La retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de loterías, rifas, apuestas y
similares se efectuará cuando el valor del correspondiente pago o abono en
cuenta sea superior a quinientos mil pesos ($500.000.oo), (valor año base 1998)
(año gravable 2001: $700.000; año gravable 2002: $750.000).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto
2065 de 1992
sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto
2806 de 1994
sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año
gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto
3020 de 1997
sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587
de 1999
sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto
2794 de 2001
sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto
3804 de 2003
sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto
4715 de 2005
sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto
850 de 2008
sobre valores años gravables 2008 y 2009.
CAPITULO VIII
PATRIMONIO.
Artículo
405.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995. Derogado
por la Ley 6 de 1992, artículo
140. LA RETENCIÓN ES REQUISITO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA
DEUDA. Para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente está
obligado a retener y consignar el correspondiente impuesto de patrimonio,
dentro del plazo para presentar su declaración, si los acreedores fueren
personas naturales extranjeras, residentes en el exterior, o sucesiones
ilíquidas de causantes extranjeros, no residentes en Colombia en el momento de
su muerte; conservando la copia de los recibos de consignación.
Lo dispuesto en este artículo,
no se aplica a las deudas a corto plazo derivadas de la importación o
exportación de mercancías, ni a las originadas en créditos que no se entienden
poseídos en el país ni aquéllos que no generan renta de fuente nacional.
CAPITULO IX
POR PAGOS AL EXTERIOR
A TITULO DEL IMPUESTO DE
RENTA.
Artículo 406.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CASOS EN QUE DEBE EFECTUARSE LA RETENCIÓN. Deberán retener a título de impuesto
sobre la renta, quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas
sujetas al impuesto en Colombia, a favor de:
1.
Sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país.
2.
Personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia.
3.
Sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia.
Artículo 407.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFAS PARA DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES. En el caso de dividendos y participaciones
la tarifa de retención en la fuente será la contemplada en el artículo 391.
Artículo 408. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 98. Tarifas para rentas de capital y de trabajo. En los casos de
pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios,
regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o
explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how,
prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad
literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y
explotación de software, la tarifa de retención será del veinte por ciento
(20%) del valor nominal del pago o abono en cuenta.
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica,
prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están
sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del veinte por ciento (20%),
a título de impuestos de renta, bien sea que se presten en el país o desde el
exterior.
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o
no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por
término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos
financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que
se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas
extranjeras sin domicilio en Colombia, están sujetos a retención en la fuente a
la tarifa del quince por ciento (15%) sobre el valor del pago o abono en cuenta
que corresponda al interés o costo financiero.
Los pagos o abonos en
cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o
aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de
compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia,
estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente del uno por ciento (1%).
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no
residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de
contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados
a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012, estarán
sujetos a una tarifa de retención en la fuente del cinco por ciento (5%) del
valor del pago o abono en cuenta.
Los pagos
o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a
personas no residentes o no domiciliadas en el país estarán sujetos a una
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios
del uno por ciento (1%).
Los pagos o abono en cuenta
por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del
Estatuto Tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en
el país, estarán sujetos a una retención en la fuente del treinta y tres por
ciento (33%).
Parágrafo. Los pagos o
abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su
beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en
funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición,
que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, o a entidades
sometidas a un régimen tributario preferencial, se someterán a retención en la
fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa
general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas.
Parágrafo Transitorio 1°. No
se consideran renta de fuente nacional ni forman parte de la base para la
determinación de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por
concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas
no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para
la ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que
hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea
anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación que respecto del
cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación
(DNP).
Parágrafo Transitorio 2°.
Los intereses o cánones de arrendamiento financiero o leasing originados en
créditos obtenidos en el exterior y en contratos de leasing celebrados antes
del 31 de diciembre de 2010, a los que haya sido aplicable el numeral 5 del
literal a) o el literal c) del artículo 25 del Estatuto Tributario, no se
consideran rentas de fuente nacional y los pagos o abonos en cuenta por estos
conceptos no están sujetos a retención en la fuente.
Texto
anterior artículo 408. Modificado por la Ley 1943
de 2018, artículo 86. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Tarifas para rentas de capital y de
trabajo. En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de
intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por
servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o
del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la
propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas
cinematográficas y explotación de software, la tarifa de retención será del
veinte por ciento (20%) del valor nominal del pago o abono en cuenta.
Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de
asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en
Colombia, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del veinte
por ciento (20%), a título de impuestos de renta, bien sea que se presten en el
país o desde el exterior.
Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a
personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos
obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por
concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento
originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de
compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, están
sujetos a retención en la fuente a la tarifa del quince por ciento (15%) sobre
el valor del pago o abono en cuenta que corresponda a interés o costo
financiero.
Los pagos o
abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros
y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de
compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia,
estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente del uno por ciento (1%).
Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses,
realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en
créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho
(8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el
esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de
2012, estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente del cinco por
ciento (5%) del valor del pago o abono en cuenta.
Los pagos o
abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a
personas no residentes o no domiciliadas en el país, estarán sujetos a una
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios
del uno por ciento (1%).
Los pagos o
abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el
artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no
domiciliadas en el país, estarán sujetos a una retención en la fuente del
treinta y tres por ciento (33%).
Parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta
por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y
este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento
en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, que hayan sido
calificados como tales por el Gobierno colombiano, o a entidades sometidas a un
régimen tributario preferencial, se someterán a retención en la fuente por
concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa general
del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas.
Parágrafo transitorio 1°. No se
consideran renta de fuente nacional, ni forman parte de la base para la
determinación de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por
concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas
no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para
la ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que
hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea
anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación que respecto del
cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación
(DNP).
Parágrafo Transitorio 2°. Los intereses o cánones de arrendamiento financiero o leasing
originados en créditos obtenidos en el exterior y en contratos de leasing
celebrados antes del 31 de diciembre de 2010, a los que haya sido aplicable el
numeral 5 del literal a) o el literal c) del artículo 25 del Estatuto
Tributario, no se consideran rentas de fuente nacional y los pagos o abonos en
cuenta por estos conceptos no están sujetos a retención en la fuente.”.
Texto anterior del artículo 408 Modificado
por la Ley 1819 de 2016, artículo 126. “Tarifas para rentas de
capital y de trabajo. En los casos de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,
compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de
propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios técnicos o de
asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad
literaria, artística y científica, la tarifa de retención será del quince por
ciento (15%) del valor nominal del pago o abono.
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica,
prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están
sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del quince por ciento (15%),
a título de impuestos de renta, bien sea que se presten en el país o desde el
exterior.
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o
no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por
término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos
financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que
se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas
extranjeras sin domicilio en Colombia, están sujetos a retención en la fuente a
la tarifa del quince por ciento (15%) sobre el valor del pago o abono en
cuenta.
Los pagos o abonos en cuenta,
originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así
como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de
leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, estarán sujetos a
una tarifa de retención en la fuente del uno por ciento (1%).
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no
residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de
contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados
a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012, estarán
sujetos a una tarifa de retención en la fuente del cinco por ciento (5%) del
valor del pago o abono en cuenta.
Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes
o no domiciliadas en el país, estarán sujetos a una retención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta y complementarios del uno por ciento (1%).
Los pagos o abono en cuenta
por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del
estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en
el país, estarán sujetos a una retención en la fuente del quince por ciento
(15%).
Parágrafo. Los pagos o
abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su
beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en
funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición,
que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, o a entidades
sometidas a un régimen tributario preferencial, se someterán a retención en la
fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa
general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas.
Parágrafo transitorio
1°. No se consideran renta de fuente nacional, ni forman parte de la base
para la determinación de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en
cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por
personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior,
necesarios para la ejecución de proyectos públicos y privados de
infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya
iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación
que respecto del cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento
Nacional de Planeación.
Parágrafo transitorio 2°. Los intereses o cánones
de arrendamiento financiero o leasing originados en créditos obtenidos en el
exterior y en contratos de leasing celebrados antes del 31 de diciembre de
2010, a los que haya sido aplicable el numeral 5 del literal a) o el literal c)
del artículo 25 del Estatuto Tributario, no se consideran rentas de fuente
nacional y los pagos o abonos en cuenta por estos conceptos no están sujetos a
retención en la fuente.”.
Ver Oficio
900298 de 2017, DIAN.
Texto original artículo 408 “TARIFAS
PARA RENTAS DE CAPITAL Y DE TRABAJO. En los casos de pagos o abonos
en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías,
arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda
especie de propiedad industrial o del "know-how", prestación de
servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes
de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de retención será
del treinta por ciento (30%) del valor nominal del pago o abono. (Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-421 del 21 de septiembre de 1995,
en relación con los aspectos analizados en la misma Sentencia.).
Nota leyex: La tarifa fue modificada a 33%, a
partir del año gravable 2008.
Nota leyex: La
tarifa de este artículo fue modificada por la Ley 223 de 1995, artículo
127. “TARIFA PARA RENTAS DE CAPITAL O DE TRABAJO. Fíjase en el treinta y cinco
por ciento (35%) la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en
cuenta a que se refieren los artículos 408, 410 y 411 del Estatuto
Tributario.”.
Inciso
segundo adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 15. Los
pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de
asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en
Colombia, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del 10%, a
título de impuestos de renta y de remesas, bien sea que se presten
en el país o desde el exterior. (Este inciso fue declarado exequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-527 de 2003, en relación con
los cargos analizados en la misma. La expresión señalada en cursiva en
este inciso fue derogada por la Ley 1111 de 2006, artículo 78.).
Texto anterior del inciso segundo Adicionado por el Decreto 251 de
1997, artículo 7º, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-186 de 1997. “Los
pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia
técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia,
desde el exterior, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del
diez por ciento (10%), a título de impuestos de renta y de remesas.”.
Inciso
adicionado por la Ley 383 de 1997, artículo 30. Los
pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia
técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia,
desde el exterior, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del
diez por ciento (10%), a título de impuestos de renta y de remesas. Cuando se
trate de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados en el territorio
nacional por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, únicamente
se causará el impuesto sobre la renta a la tarifa del treinta y cinco por
ciento (35%).
Inciso
adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo 47. Los
pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a
personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos
obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por
concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento
originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de
compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, están
sujetos a retención en la fuente a la tarifa del catorce por ciento (14%) sobre
el valor del pago o abono en cuenta.
Inciso
adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo 47. Los
pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves,
helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o
a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en
Colombia, estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente del uno por
ciento (1%).
Inciso
adicionado por la Ley 1739 de 2014, artículo 63. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos
financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas
en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por
término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de
proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas
en el marco de la Ley 1508 de 2012, estarán sujetos a una tarifa de
retención en la fuente del cinco por ciento (5%) del valor del pago o abono en
cuenta.
Parágrafo: Adicionado
por la Ley 863 de 2003, artículo 9º. Los pagos o abonos en
cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su
beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en
funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por
el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto
sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y cinco por ciento
(35%), sin perjuicio de la aplicación de la retención en la fuente por concepto
de impuesto de remesas, a la tarifa del siete por ciento (7%), salvo lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 3° de la presente ley.
Parágrafo. Declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-690 de
2003. Adicionado por la Ley 788 de 2002, artículo 83. Los pagos o abonos en cuenta por
cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y éste
sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en
países que hayan sido declarados paraísos fiscales, por la Organización para el
Desarrollo Económico Europeo, OCDE, o por el Gobierno colombiano, se someterán
a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia
ocasional a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), sin perjuicio
de la aplicación de la retención en la fuente por concepto de impuesto de
remesas, a la tarifa del siete por ciento (7%).
Parágrafo Transitorio. Adicionado
por la Ley 383 de 1997, artículo 30. No se consideran renta de
fuente nacional, ni forman parte de la base para la determinación de impuesto
sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios
técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no
domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de
proyectos públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del
Plan Nacional de Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de
diciembre de 1997, según certificación que respecto del cumplimiento de estos
requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo transitorio segundo. Adicionado por la Ley
1430 de 2010, artículo 65. Los intereses o cánones de arrendamiento
financiero o leasing originados en créditos obtenidos en el exterior y en
contratos de leasing celebrados antes del 31 de diciembre de 2010, a los que
haya sido aplicable el numeral 5 del literal a) o el literal c) del artículo 25
del Estatuto Tributario, no se consideran rentas de fuente nacional y los pagos
o abonos en cuenta por estos conceptos no están sujetos a retención en la
fuente.
Parágrafo 1. Adicionado por el Decreto 251 de 1997,
artículo 7º, Decreto éste fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-186 de 1997. El tratamiento especial previsto en el
inciso segundo de este artículo no se aplica a los pagos o abonos entre
sociedades vinculadas, a que se refiere el numeral 16 del artículo 24 del
Estatuto Tributario, los cuales están sujetos a retención en la fuente a las
tarifas señaladas en las disposiciones generales, de acuerdo con el concepto
del correspondiente pago o abono en cuenta.
Parágrafo 2. Transitorio. Adicionado por el Decreto 251
de 1997, artículo 7º, Decreto éste declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-186 de 1997. No se consideran renta de fuente
nacional, ni forman parte de la base para la determinación del impuesto sobre
las ventas, los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y
de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en
Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos públicos
y privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de
Desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997,
según certificación que, respecto del cumplimiento de estos requisitos, expida
el Departamento Nacional de Planeación.”.
Ver Oficio
900782 de 2016. Ver Oficio 33855 de 2015. Ver Oficio 28867
de 2015. Ver Oficio 27059 de 2015, DIAN.
Texto original artículo (Decreto 624 de
1989): “TARIFAS PARA RENTAS DE CAPITAL Y DE TRABAJO. En los casos
de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios,
regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o
explotación de toda especie de propiedad industrial o del "know-how",
prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías
provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de
retención será del treinta por ciento (30%) del valor nominal del pago o
abono.”. (Este artículo fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la
Sentencia C-421 del 21 de septiembre de 1995, en relación con los aspectos
analizados en la misma Sentencia.).
Artículo 409.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFA ESPECIAL PARA PROFESORES EXTRANJEROS. En el caso de profesores
extranjeros sin residencia en el país, contratados por períodos no superiores a
cuatro (4) meses por instituciones de educación superior, aprobadas por el
ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del siete por
ciento (7%). Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o
abono en cuenta.
Artículo 410. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Modificada por
la Ley
1819 de 2016, art 127. Retención en la fuente en la explotación de películas cinematográficas. En el caso de explotación de películas
cinematográficas, a cualquier título, la retención en la fuente se determina
sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta y estará sometido a una tarifa
del quince por ciento (15%).
Texto anterior art 410. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFA PARA RENTAS EN EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS. En el caso de
explotación de películas cinematográficas, a cualquier título, la retención en
la fuente se determina sobre el sesenta por ciento (60%) del correspondiente
pago o abono en cuenta, a la tarifa del treinta por ciento (30%).
Nota Leyex.info:
La tarifa fue modificada a 33%, a partir del año gravable 2008 y tarifa
modificada al 35% en la
Ley 223 de 1995, artículo 127
Artículo
411.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Declarado
exequible
por la Sentencia C-421 de
1995.
TARIFA PARA RENTAS EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR. En el caso de pagos o abonos en cuenta relacionados con la
explotación de programas para computador a cualquier título, la retención se
hará sobre el ochenta por ciento (80%) del respectivo pago o abono en cuenta, a
la tarifa del treinta por ciento (30%).
Ver tarifa modificada al 35% en la Ley 223 de 1995, artículo 127.
Artículo 412.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFA SOBRE LOS CONTRATOS "LLAVE EN MANO" Y DEMÁS CONTRATOS DE
CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL. En el caso de los denominados contratos
"llave en mano" y demás contratos de confección de obra material, se
considera renta de fuente nacional para el contratista, el valor total del
respectivo contrato.
El
contratante efectuará a cargo del contratista y a favor del Tesoro Nacional,
retención en la fuente sobre el valor bruto de la totalidad de los pagos o
abonos en cuenta que haga en desarrollo del contrato.
Cuando
los contratistas sean sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en
el país, personas naturales sin residencia en Colombia o sucesiones ilíquidas
de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, la tarifa de
retención será del uno por ciento (1%).
La
tarifa de retención en la fuente en el caso de los demás contratistas, será la
misma aplicable a los colombianos residentes o domiciliados en el país, según
las normas vigentes en el momento del respectivo pago o abono en cuenta.
Artículo 413.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
ESTA RETENCIÓN SE APLICARÁ A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1986. Las
disposiciones referidas a los contratos llave en mano, contratos de prestación
de servicios técnicos, y demás contratos de confección de obra material, se
aplicarán únicamente a los contratos que se celebren, modifiquen o prorroguen a
partir del 24 de diciembre de 1986. En lo relativo a las modificaciones o
prórrogas de contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, las
disposiciones de tales artículos se aplicarán únicamente sobre los valores que
se deriven de dichas modificaciones o prórrogas.
Artículo 414.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
TARIFA SOBRE PAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. La retención en la fuente
aplicable a los pagos al exterior por concepto de arrendamiento de maquinaria
para construcción, mantenimiento, o reparación de obras civiles que efectúen
los constructores colombianos en desarrollo de contratos que hayan sido objeto
de licitaciones públicas internacionales, será del 2% del respectivo pago.
Artículo
414-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016. Retención
en la fuente en transporte internacional. Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de servicios de transporte internacional, prestados por empresas
de transporte aéreo o marítimo sin domicilio en el país, están sujetos a
retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, a la tarifa del
cinco por ciento (5%).
Texto original 414-1. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
128. RETENCIÓN SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL. Los pagos o abonos en cuenta por
concepto de servicios de transporte internacional, prestados por empresas de
transporte aéreo o marítimo sin domicilio en el país, están sujetos a retención
en la fuente a titulo de impuesto sobre la renta, a la tarifa del tres por
ciento (3%).
En los mismos casos, la
tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de remesas es el uno por
ciento (1%), calculado sobre el valor bruto del respectivo pago o abono en
cuenta.
Parágrafo. En los casos previstos en este artículo,
no habrá lugar a retención en la fuente cuando la empresa beneficiaria de los
correspondientes pagos o abonos en cuenta no sea sujeto del impuesto sobre la
renta en Colombia en virtud de tratados sobre doble tributación.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Artículo
415. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 129. Tarifa
de retención para los demás casos. En los demás casos, relativos
a pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los artículos
anteriores, diferentes a ganancias ocasionales, la tarifa será del quince por
ciento (15%) sobre el valor bruto del respectivo pago o abono en cuenta.
En el
caso de las ganancias ocasionales, la retención en la fuente será del 10% sobre
el valor bruto del respectivo pago o abono en cuenta.
Parágrafo. La retención en la fuente de que trata el inciso
segundo de este artículo no será aplicable para los inversionistas de
portafolio, la cual será la establecida en el artículo 18-1 de este Estatuto.
Artículo 415. Declarado exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
PARA LOS DEMÁS CASOS. En los demás casos, relativos a pagos o abonos por
conceptos no contemplados en los artículos anteriores, la tarifa será del
catorce por ciento (14%) sobre el valor bruto del respectivo pago a abono en
cuenta.
Artículo 416.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
LOS INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA PAGADOS POR LA NACIÓN NO ESTÁN SOMETIDOS A
RETENCIÓN. El pago por la Nación y demás entidades de derecho público del
principal, intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a empréstitos
y títulos de deuda externa, no están sujetos a retención en la fuente.
A TÍTULO DEL IMPUESTO DE
REMESAS.
Artículo
417.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Declarado
exequible por la Sentencia
C-421 de 1995. OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA
RETENCIÓN. Quien efectúe pagos o abonos en cuenta que impliquen situación de
recursos en el exterior, directamente o a través de cuentas bancarias en el
exterior o mediante compensaciones, o en general, a través de entidades
financieras u otros intermediarios, deberá efectuar la retención en la fuente a
título del impuesto de remesas al momento del pago o abono en cuenta, conforme
a los conceptos, tarifas y bases indicados en los literales b) a f) del artículo
321.
Artículo 418.
Declarado
exequible por la Sentencia C-421 de 1995.
CASOS EN LOS CUALES NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. No habrá retención sobre los
pagos o abonos en cuenta que no correspondan a rentas o ganancias ocasionales
de fuente nacional, hecho que deberá demostrarse cuando así lo exija la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
Inciso derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Tampoco habrá lugar a efectuar retención en la
fuente, en los casos enumerados en los artículos 322 a 324, inclusive.
Artículo 419.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 24. PARA LA ACEPTACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR
SE REQUIERE ACREDITAR LA CONSIGNACIÓN DEL RESPECTIVO IMPUESTO RETENIDO EN LA
FUENTE. Sin perjuicio de los requisitos previstos en las normas vigentes para
la aceptación de gastos efectuados en el exterior que tengan relación de
causalidad con rentas de fuente dentro del país, el contribuyente debe
conservar el comprobante de consignación de lo retenido a título de impuesto
sobre la renta, si lo pagado o abonado en cuenta constituye para su beneficiario
ingreso gravable en Colombia y cumplir las regulaciones previstas en el régimen
cambiario vigente en Colombia.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
LIBRO TERCERO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
TITULO I
HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO
Artículo
420. Reglamentado por
el Decreto 1096 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art. 173. Hechos
sobre los que recae el impuesto. El impuesto a las ventas se
aplicará sobre:
a) La venta de bienes
corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos;
b) La venta o cesiones de
derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad
industrial;
c) La prestación de
servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los
expresamente excluidos;
d) La importación de
bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente;
e) La circulación, venta u
operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los
juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
El impuesto a las ventas
en los juegos de suerte y azar se causa en el momento de realización de la
apuesta, expedición del documento, formulario, boleta o instrumento que da
derecho a participar en el juego. Es responsable del impuesto el operador del
juego.
La base gravable del
impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar estará constituida por
el valor de la apuesta, y del documento, formulario, boleta, billete o
instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos
localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, la base gravable mensual
está constituida por el valor correspondiente a 20 Unidades de Valor Tributario
(UVT) y la de las mesas de juegos estará constituida por el valor
correspondiente a 290 Unidades de Valor Tributario (UVT). En el caso de los
juegos de bingos, la base gravable mensual está constituida por el valor
correspondiente a 3 Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada silla.
En los juegos de suerte y
azar se aplicará la tarifa general del impuesto sobre las ventas prevista en
este estatuto.
Son documentos
equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la boleta, el
formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. Cuando
para participar en el juego no se requiera documento, se deberá expedir factura
o documento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo del
responsable no forma parte del valor de la apuesta.
El impuesto generado por
concepto de juegos de suerte y azar se afectará con impuestos descontables.
Parágrafo 1°. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo
que se trate de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso
residencial, automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a
nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.
Parágrafo 2°. Para la prestación de servicios en el territorio nacional se
aplicarán las siguientes reglas:
1. Los servicios
relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su
ubicación.
2. Los siguientes servicios
se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente:
a) Los de carácter
cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los mismos.
b) Los de carga y
descarga, trasbordo y almacenaje. (Ver Decreto 1625 de 2016, artículo
1.3.1.8.5, y Decreto 380 de 1996, artículo 20.)
Parágrafo 3°. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios
prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se
entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y
causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los
mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la
sede de su actividad económica en el territorio nacional.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los
servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el
exterior, así como a los arrendamientos de naves, aeronaves y demás bienes
muebles destinados al servicio de transporte internacional, por empresas
dedicadas a esa actividad.
Parágrafo 5°. La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado,
nacional y extranjero, estará gravada a la tarifa general. El impuesto generado
por estos conceptos, dará derecho a impuestos descontables en los términos del
artículo 485 de este estatuto.
Texto anterior art. 420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE
EL IMPUESTO. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:
a) Declarado exequible por la Sentencia
C-173 de 2010. Las ventas de bienes corporales
muebles que no hayan sido excluidas expresamente;
b) Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo
25. La prestación de servicios en el territorio nacional. (La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de este artículo
en las Sentencias C-094 de 1993, C-228 de 1993 y C-466 de 1993 y C-184 de 2002)
c) La importación de bienes
corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente.
d) Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
62. Impuesto sobre las Ventas en los juegos de suerte y azar. Constituye hecho
generador del Impuesto sobre las Ventas la circulación, venta u operación de
juegos de suerte y azar con excepción de las loterías.
El impuesto se causa en el
momento de realización de la apuesta, expedición del documento, formulario,
boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Es responsable
del impuesto el operador del juego.
Inciso Modificado por la Ley 1739 de 2014, art
64. La base gravable estará constituida por el valor de la apuesta, del
documento, formulario, boleta, billete o instrumento que da derecho a participar
en el juego. En el caso de los juegos localizados tales como las maquinitas o
tragamonedas, la base gravable mensual está constituida por el valor
correspondiente a 20 Unidades de Valor Tributario (UVT) y la de las mesas de
juegos estará constituida por el valor correspondiente a 290 Unidades de Valor
Tributario (UVT). En el caso de los juegos de bingos, la base gravable mensual
está constituida por el valor correspondiente a 3 Unidades de Valor Tributario
(UVT) por cada silla.
Inciso anterior. La base gravable estará
constituida por el valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta,
billete o instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de
los juegos localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, se presume que
la base gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a un
salario mínimo mensual legal vigente y la de las mesas de juegos estará
constituida por el valor correspondiente a catorce (14) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Inciso
modificado
por la Ley 1393 de 2010,
artículo 3º. En los juegos de suerte y azar se aplicará la tarifa general
prevista en este Estatuto.
Son
documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la boleta,
el formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego.
Cuando para participar en el juego no se requiera documento, se deberá expedir
factura o documento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo
del responsable no forma parte del valor de la apuesta.
El
impuesto generado por concepto de juegos de suerte y azar se afectará con
impuestos descontables". Ver Decreto
427 de 2004
Parágrafo.
El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de
las excepciones previstas para los automotores y demás activos fijos que se
vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 176. Para efectos de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas, los
servicios de telecomunicaciones prestados mediante el sistema de conversión
intencional del trafico saliente en entrante, se considerarán prestados en la
sede del beneficiario.
Parágrafo 3.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 33. Para la prestación de servicios en el territorio nacional se
aplicarán las siguientes reglas:
Los
servicios se considerarán prestados en la sede del prestador del servicio,
salvo en los siguientes eventos:
1.
Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el
lugar de su ubicación.
2.
Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen
materialmente:
a)
Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización
de los mismos;
b)
Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje.
3. Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 53. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de
usuarios o destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden
prestados en Colombia, y por consiguiente causan el impuesto sobre las ventas
según las reglas generales:
a) Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 53. Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a
cualquier título, de bienes incorporales o intangibles.
b)
Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría.
c)
Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los
correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al
servicio de transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad.
d) Los servicios de traducción, corrección o composición
de texto.
e)
Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo los expresamente
exceptuados.
f)
Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos
directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte
internacional.
g) Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 53. Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea
la ubicación del satélite. Lo anterior no se aplica a
los servicios de radio y de televisión. (Declarado exequible por la Sentencia
C-108 de 2000, el aparte resaltado y fue derogado por la Ley
633 de 2000, artículo 134)
h) Adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 29. El servicio de televisión satelital recibido en Colombia, para lo
cual la base gravable estará confirmada por el valor total facturado al usuario
en Colombia.
Lo
previsto por el numeral tercero del presente artículo se entiende sin perjuicio
de lo dispuesto por el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 4.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 33. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los
servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el
exterior.
Parágrafo 5.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 28. La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado,
nacionales y extranjeros, los cuales estarán gravados a la tarifa general. El
impuesto generado por estos conceptos dará derecho a impuestos descontables en
los términos del artículo 485 de este estatuto.
Inciso derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. La base gravable del impuesto a las ventas sobre
los cigarrillos y tabaco elaborado será la misma del impuesto al consumo de que
trata el artículo 210 de la Ley 223 de 1995.
Ver Ley
1111 de 2006.
Artículo 420- 1. Modificado por la Ley 223
de 1995, artículo 1. RECAUDO Y CONTROL DEL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA ENAJENACIÓN DE AERODINOS. En las ventas de
aerodinos que tengan el carácter de activos fijos, el pago del impuesto sobre
las ventas deberá acreditarse ante la Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil, en el momento del registro de la operación.
Para
efectos del control del impuesto sobre las ventas, la Aeronáutica Civil deberá
informar dentro de los quince (15) primeros días de cada mes a la Subdirección
de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las
enajenaciones de aerodinos registradas durante el mes anterior, identificando
los apellidos y nombre o razón social y NIT de las partes contratantes, así
como el monto de la operación, valor del impuesto sobre las ventas generado y
la identificación del bien objeto de la misma.
Texto original
art. 420-1. Adicionado por la Ley 6 de 1992,
artìculo 29. “CONTROL AL IMPUESTO A LAS
VENTAS POR ENAJENACIÓN DE AERODINOS. Para efectos del control del impuesto
sobre las ventas, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, deberá
informar, en los primeros quince días del mes siguiente a cada bimestre, a la
Subdirección de Fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos Nacionales, las enajenaciones de aerodinos registradas durante el
bimestre inmediatamente anterior, identificando los apellidos y nombre o razón
social y el NIT de las partes contratantes, así como el monto de la operación y
la identificación del bien objeto de la misma.".
Artículo 421. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 174. Hechos que se consideran
venta. Para los efectos del presente libro, se consideran ventas:
a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título
gratuito u oneroso de bienes corporales muebles e inmuebles, y de los activos
intangibles descritos en el literal b) del artículo 420, independientemente de
la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa
transferencia y de las condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen
a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a
nombre de terceros;
b) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el
responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa;
c) Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a
servicios no gravados, así como la transformación de bienes gravados en bienes
no gravados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados,
elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación.
Parágrafo. No se
considera venta para efectos del impuesto sobre las ventas:
a) La donación efectuada por entidades estatales de las mercancías
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación, en los términos
de la regulación aduanera vigente;
b) La asignación de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de
la nación que realicen las entidades estatales, siempre que se requieran para
el cumplimiento de sus funciones;
c) La entrega de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas
a favor de la nación que lleven a cabo entidades estatales con el propósito de
extinguir las deudas a su cargo.
Artículo 421. HECHOS QUE SE CONSIDERAN VENTA.
Para los efectos del presente Libro, se consideran ventas:
a) Todos los actos que
impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes
corporales muebles, independientemente de la designación que se dé a los
contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones
pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de
terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros;
b) Los retiros de bienes
corporales muebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de
los activos fijos de la empresa;
c) Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo
50, Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios
no gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles gravados
en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos, fabricados,
elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación. Ver Ley 488 de 1998, artículo 64
Artículo 421-1.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 57. IVA PARA TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS EN EL
EXTERIOR. También estarán sujetos al gravamen del IVA los tiquetes aéreos
internacionales adquiridos en el exterior para ser utilizados originando el
viaje en el territorio nacional.
Corresponderá
a la compañía aérea, al momento de su utilización, liquidar y efectuar el
recaudo del impuesto sobre la tarifa vigente en Colombia para la ruta indicada
en el tiquete.
Artículo 422.
LOS BIENES RESULTANTES DE PROCESOS DE MONTAJE, INSTALACIÓN, O SIMILARES, SE
CONSIDERAN MUEBLES. Para los efectos del impuesto sobre las ventas también se
consideran bienes corporales muebles, los bienes que adquieren su
individualidad mediante procesos de montaje, instalación u otros similares y
que se adhieran a inmuebles.
Artículo 423.
Reglamentado por el Decreto 920 de 2017. EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO EN EL TERRITORIO
INTENDENCIAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. En la Intendencia Especial de San
Andrés y Providencia no se cobrará impuesto nacional a las ventas. Ver Ley
633 de 2000, artículo 134
Artículo 423-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 23. IMPORTACIÓN DE PREMIOS EN
CONCURSOS INTERNACIONALES. No estará sometida al impuesto sobre las ventas, la
importación de los premios y distinciones obtenidos por colombianos, en
concursos, reconocimientos o certámenes internacionales de carácter científico,
literario, periodístico, artístico y deportivo, reconocidos por la respectiva
entidad del Gobierno Nacional a quien corresponda promocionar, dentro del país,
las actividades científicas, literarias, periodísticas, artísticas y deportivas
y con la calificación favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
BIENES O SERVICIOS
EXCLUIDOS.
Artículo
424. Reglamentado por
el Decreto
579 de 2019, por el Decreto
920 de 2017. Modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 175. (Ver Sentencia C-133 de 2018.). Bienes
que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del
impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre
las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina
vigente:
01.03 |
Animales
vivos de la especie porcina. |
01.04 |
Animales
vivos de las especies ovina o caprina. |
01.05 |
Gallos,
gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies
domésticas, vivos. |
01.06 |
Los demás animales vivos. |
03.01 |
Peces
vivos, excepto los peces ornamentales de las posiciones 03.01.11.00.00 y
03.01.19.00.00. |
03.03.41.00.00 |
Albacoras o atunes blancos. |
03.03.42.00.00 |
Atunes de
aleta amarilla (rabiles). |
03.03.45.00.00 |
Atunes
comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico. |
03.05 |
Pescado
seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durante
el ahumado, harina, polvo y “pellets” de pescado, aptos para la alimentación
humana. |
04.04.90.00.00 |
Productos
constituidos por los componentes naturales de la leche. |
04.09 |
Miel natural. |
05.11.10.00.00 |
Semen de Bovino. |
06.01 |
Bulbos,
cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en
reposo vegetativo, en vegetación o en flor, plantas y raíces de achicoria,
excepto las raíces de la partida 12.12. |
06.02.90.90.00 |
Las demás
plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. |
06.02.20.00.00 |
Plántulas
para la siembra, incluso de especies forestales maderables. |
07.01 |
Papas
(patatas) frescas o refrigeradas. |
07.02 |
Tomates frescos o refrigerados. |
07.03 |
Cebollas,
chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. |
07.04 |
Coles,
incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos
comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. |
07.05 |
Lechugas
(Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia
(Cichoriumspp.), frescas o refrigeradas. |
07.06 |
Zanahorias,
nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rábanos y raíces
comestibles similares, frescos o refrigerados. |
07.07 |
Pepinos y
pepinillos, frescos o refrigerados. |
07.08 |
Hortalizas
de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. |
07.09 |
Las demás
hortalizas, frescas o refrigeradas. |
07.12 |
Hortalizas
secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o
pulverizadas, pero sin otra preparación. |
07.13 |
Hortalizas
de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. |
07.14 |
Raíces de
yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas,
boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos,
refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets”, médula de
sagú. |
08.01.12.00.00 |
Cocos con
la cáscara interna (endocarpio) |
08.01.19.00.00 |
Los demás cocos frescos |
08.03 |
Bananas,
incluidos los plátanos “plantains”, frescos o secos. |
08.04 |
Dátiles,
higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,
frescos o secos. |
08.05 |
Agrios
(cítricos) frescos o secos. |
08.06 |
Uvas,
frescas o secas, incluidas las pasas. |
08.07 |
Melones,
sandías y papayas, frescos. |
08.08 |
Manzanas,
peras y membrillos, frescos. |
08.09 |
Damascos
(albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los
griñones nectarines), ciruelas y endrinas, frescos. |
08.10 |
Las demás
frutas u otros frutos, frescos. |
09.01.11 |
Café en
grano sin tostar, cáscara y cascarilla de café. |
09.09.21.10.00 |
Semillas
de cilantro para la siembra. |
10.01.11.00.00 |
Trigo
duro para la siembra. |
10.01.91.00.00 |
Las demás
semillas de trigo para la siembra. |
10.02.10.00.00 |
Centeno para la siembra. |
10.03 |
Cebada. |
10.04.10.00.00 |
Avena para la siembra. |
10.05.10.00.00 |
Maíz para la siembra. |
10.05.90 |
Maíz para consumo humano. |
10.06 |
Arroz para consumo humano. |
10.06.10.10.00 |
Arroz para la siembra. |
10.06.10.90.00 |
Arroz con
cáscara (Arroz Paddy). |
10.07.10.00.00 |
Sorgo de
grano para la siembra. |
11.04.23.00.00 |
Maíz
trillado para consumo humano. |
12.01.10.00.00 |
Habas de
soya para la siembra. |
12.02.30.00.00 |
Maníes
(cacahuetes, cacahuates) para la siembra. |
12.03 |
Copra para la siembra. |
12.04.00.10.00 |
Semillas
de lino para la siembra. |
12.05 |
Semillas
de nabo (nabina) o de colza para siembra. |
12.06.00.10.00 |
Semillas
de girasol para la siembra. |
12.07.10.10.00 |
Semillas
de nueces y almendras de palma para la siembra. |
12.07.21.00.00 |
Semillas
de algodón para la siembra. |
12.07.30.10.00 |
Semillas
de ricino para la siembra. I |
12.07.40.10.00 |
Semillas
de sésamo (ajonjolí) para la siembra. |
12.07.50.10.00 |
Semillas
de mostaza para la siembra. |
12.07.60.10.00 |
Semillas
de cártamo para la siembra. |
12.07.70.10.00 |
Semillas
de melón para la siembra. |
12.07.99.10.00 |
Las demás
semillas y frutos oleaginosos para la siembra. |
12.09 |
Semillas,
frutos y esporas, para siembra. |
12.12.93.00.00 |
Caña de azúcar. |
17.01.13.00.00 |
Chancaca
(panela, raspadura) Obtenida de la extracción y evaporación en forma
artesanal de los jugos de caña de azúcar en trapiches paneleros. |
18.01.00.11.00 |
Cacao en
grano para la siembra. |
18.01.00.19.00 |
Cacao en grano crudo. |
19.01.10.91.00 |
Únicamente la Bienestarina. |
19.01.90.20.00 |
Productos
alimenticios elaborados de manera artesanal a base de leche. |
19.05 |
Pan
horneado o cocido y producido a base principalmente de harinas de cereales,
con o sin levadura, sal o dulce, sea integral o no, sin que para el efecto
importe la forma dada al pan, ni la proporción de las harinas de cereales
utilizadas en su preparación, ni el grado de cocción, incluida la arepa de
maíz. |
20.07 |
Productos
alimenticios elaborados de manera artesanal a base de guayaba. |
22.01 |
Agua,
incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de
azúcar u otro edulcorante ni aromatizada, hielo y nieve. |
25.01 |
Sal
(incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que
garanticen una buena fluidez, agua de mar. |
25.03 |
Azufre de
cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. |
25.10 |
Fosfatos
de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas. |
25.18.10.00.00 |
Dolomita
sin calcinar ni sintetizar, llamada “cruda”. Cal dolomita inorgánica para uso
agrícola como fertilizante. |
27.01 |
Hullas,
briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. |
27.04.00.10.00 |
Coques y
semicoques de hulla. |
27.04.00.20.00 |
Coques y
semicoques de lignito o turba. |
27.11.11.00.00 |
Gas natural licuado. |
27.11.12.00.00 |
Gas
propano, incluido el autogás. |
27.11.13.00.00 |
Butanos licuados. |
27.11.21.00.00 |
Gas
natural en estado gaseoso, incluido el biogás. |
27.11.29 |
Gas
propano en estado gaseoso y gas butano en estado gaseoso, incluido el
autogás. |
27.16 |
Energía eléctrica. |
28.44.40 |
Material
radiactivo para uso médico. |
29.36 |
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos
los concentrados naturales).y sus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. |
29.41 |
Antibióticos. |
30.01 |
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados, extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones,
para usos opoterápicos, heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni
comprendidos en otra parte. |
30.02 |
Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos,
profilácticos o de diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás
fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso
obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, cultivos de
microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. |
30.03 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al
por menor. |
30.04 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta
al por menor. |
30.05 |
Guatas,
gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos,
sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o
acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,
odontológicos o veterinarios. |
30.06 |
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de
este capítulo. |
31.01 |
Abonos de
origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente,
abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de
origen animal o vegetal. |
31.02 |
Abonos
minerales o químicos nitrogenados. |
31.03 |
Abonos
minerales o químicos fosfatados. |
31.04 |
Abonos
minerales o químicos potásicos. |
31.05 |
Abonos
minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes:
nitrógeno, fósforo y potasio, los demás abonos, productos de este capítulo en
tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a
10 kg. |
38.08 |
Insecticidas,
raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de
germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y
productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por
menor, o como preparaciones o artículos, tales como cintas, mechas y velas
azufradas y papeles matamoscas. |
38.22.00.90.00 |
Reactivos
de diagnóstico sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico preparados,
incluso sobre soporte. |
40.01 |
Caucho natural. |
40.11.70.00.00 |
Neumáticos
de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales. |
40.14.10.00.00 |
Preservativos. |
48.01.00.00.00 |
Papel
prensa en bobinas (rollos) o en hojas. |
48.02.61.90.00 |
Los demás
papeles prensa en bobinas (rollos) |
53.05.00.90.00 |
Pita (Cabuya, fique). |
53.11.00.00.00 |
Tejidos
de las demás fibras textiles vegetales. |
56.08.11.00.00 |
Redes
confeccionadas para la pesca. |
59.11.90.90.00 |
Empaques
de yute, cáñamo y fique. |
63.05.10.10.00 |
Sacos
(bolsas) y talegas, para envasar de yute. |
63.05.90.10.00 |
Sacos
(bolsas) y talegas, para envasar de pita (cabuya, fique). |
63.05.90.90.00 |
Sacos
(bolsas) y talegas, para envasar de cáñamo. |
69.04.10.00.00 |
Ladrillos
de construcción y bloques de calicanto, de arcilla, y con base en cemento,
bloques de arcilla silvocalcarea. |
71.18.90.00.00 |
Monedas de curso legal. |
84.07.21.00.00 |
Motores
fuera de borda, hasta 115HP. |
84.08.10.00.00 |
Motores
Diésel hasta 150H P. |
84.24.82.21.00 |
Sistemas
de riego por goteo o aspersión. |
84.24.82.29.00 |
Los demás
sistemas de riego. |
84.24.90.10.00 |
Aspersores
y goteros, para sistemas de riego. |
84.33.20.00.00 |
Guadañadoras,
incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor. |
84.33.30.00.00 |
Las demás
máquinas y aparatos de henificar. |
84.33.40.00.00 |
Prensas
para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras. |
84.33.51.00.00 |
Cosechadoras-trilladoras. |
84.33.52.00.00 |
Las demás
máquinas y aparatos de trillar. |
84.33.53.00.00 |
Máquinas
de cosechar raíces o tubérculos. |
84.33.59 |
Las demás
máquinas y aparatos de cosechar, máquinas y aparatos de trillar. |
84.33.60 |
Máquinas
para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas. |
84.33.90 |
Partes de
máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas
para paja o forraje, cortadoras de césped y guadañadoras, máquinas para limpieza
o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de
la partida 84.37. |
84.36.10.00.00 |
Máquinas
y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales. |
84.36.80 |
Las demás
máquinas y aparatos para uso agropecuario. |
84.36.99.00.00 |
Partes de
las demás máquinas y aparatos para uso agropecuario. |
84.37.10 |
Máquinas
para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de
vaina secas. |
87.01 |
Tractores
para uso agropecuario de las partidas 87.01.91.00.00, 87.01.92.00.00,
87.01.93.00.00, 87.01.94.00.00, 87.01.95.00.00. |
87.13 |
Sillones
de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro
mecanismo de propulsión. |
87.14.20.00.00 |
Partes y
accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos de la
partida 87.13. |
87.16.20.00.00 |
Remolques
y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola. |
90.01.30.00.00 |
Lentes de contacto. |
90.01.40.00.00 |
Lentes de
vidrio para gafas. |
90.01.50.00.00 |
Lentes de
otras materias para gafas. |
90.18.39.00.00 |
Catéteres
y catéteres peritoneales y equipos para la infusión de líquidos y filtros
para diálisis renal de esta subpartida. |
90.18.90.90.00 |
Equipos
para la infusión de sangre. |
90.21 |
Artículos
y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y
las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas,
artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la
propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las
impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software
lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille,
regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o
mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos
aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria. |
96.09.10.00.00 |
Lápices
de escribir y colorear. |
Las partidas señaladas en cursiva fueron
derogadas por la Ley 2010 de 2019, artículo 160.
• 85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de energía
solar con paneles. |
Adicionado
por la Ley
1955 de 2019, art. 175 |
• 85.41.40.10.00 Paneles solares. |
Adicionado
por la Ley
1955 de 2019, art. 175 |
• 90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de energía
solar con paneles. |
Adicionado
por la Ley
1955 de 2019, art. 175 |
Adicionalmente:
1. Las materias primas químicas con destino a la
producción de plaguicidas e insecticidas de la partida 38.08 y de los
fertilizantes de las partidas 31.01 a 31.05 y con destino a la producción de
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06.
2. Las materias primas destinadas a la producción
de vacunas para lo cual deberá acreditarse tal condición en la forma como lo
señale el reglamento.
3. Todos los productos de soporte nutricional
(incluidos los suplementos dietarios y los complementos nutricionales en
presentaciones líquidas, sólidas, granuladas, gaseosas, en polvo) del régimen
especial destinados a ser administrados por vía enteral, para pacientes con
patologías específicas o con condiciones especiales; y los alimentos para
propósitos médicos especiales para pacientes que requieren nutrición enteral
por sonda a corto o largo plazo. Clasificados por las subpartidas
21.06.90.79.00, 21.06.90.90.00 y 22.02.90.99.00.
4. Los dispositivos anticonceptivos para uso
femenino.
5. Los computadores personales de escritorio o
portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT.
6. Reglamentado
por el Decreto 1515 de 2017. Los dispositivos móviles inteligentes
(tabletas y celulares) cuyo valor no exceda de veintidós (22) UVT.
7. Los equipos y elementos nacionales o importados
que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas
de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones,
regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse
tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Numeral
desarrollado por el Decreto 1564 de 2017. Ver Resolución 2000 de
2017, M. de Ambiente. Ver Resolución 585 de 2017, UPME.).
8. Los alimentos de consumo humano y animal que se
importen de los países colindantes a los departamentos de Vichada, Guajira,
Guainía y Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local
en esos departamentos.
9. Los alimentos de consumo humano donados a favor
de los bancos de alimentos legalmente constituidos, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional.
10. Los vehículos, automotores, destinados al
transporte público de pasajeros, destinados solo a reposición. Tendrán derecho
a este beneficio los pequeños transportadores propietarios de menos de 3
vehículos y solo para efectos de la reposición de uno solo, y por una única
vez. Este beneficio tendrá una vigencia hasta el año 2019.
11. Los objetos con interés artístico, cultural e
histórico comprados por parte de los museos que integren la Red Nacional de
Museos y las entidades públicas que posean o administren estos bienes, estarán
exentos del cobro del IVA.
12. Numeral
modificado por la Ley
2010 de 2019, artículo 1º. La venta de bienes
inmuebles.
Texto anterior del numeral 12. Numeral modificado por la Ley 1943
de 2018, artículo 1º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La venta de bienes inmuebles.”.
Texto original numeral 12 “La venta de bienes inmuebles, con excepción de los mencionados en
el numeral 1 del artículo 468-1.”.
13. Reglamentado por el Decreto
1807 de 2019. Numeral
modificado por la Ley
2010 de 2019, artículo 1º. El consumo humano y
animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o
veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a
los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se
destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno
nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se
aplique en las ventas al consumidor final.
Texto anterior numeral 13. Numeral reglamentado por el Decreto
1807 de 2019. Numeral
modificado por la Ley 1955 de 2019, artículo 272. “El consumo
humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o
veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a
los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y
cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno
nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se
aplique en las ventas al consumidor final.”.
Texto anterior numeral 13. Numeral reglamentado por el Decreto 579 de 2019. Numeral
modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 1º. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Los
alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción;
bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; y motocarros y sus partes
que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y
cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento y
las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. El Gobierno
nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se
aplique en las ventas al consumidor final.”.
Texto original numeral 13. Numeral reglamentado por el Decreto 922 de 2018. “Los
alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción;
bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; y motocarros y sus partes
que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Amazonas, Guainía y
Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo
departamento y las motocicletas y motocarros sean registrados en el
departamento. El Gobierno nacional reglamentará la materia para garantizar que
la exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final.”. (Numeral
desarrollado por el Decreto 922 de 2018.).
14. Reglamentado
por el Decreto 920 de 2017. El combustible para aviación que se
suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de
carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés,
San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
15. Los productos que se compren o introduzcan al
departamento del Amazonas en el marco del convenio Colombo-Peruano y el
convenio con la República Federativa del Brasil.
16. La compraventa de maquinaria y equipos
destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren
registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto
Invernadero definido en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que
generen y certifiquen reducciones de Gases Efecto Invernadero – GEI, según
reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La aplicación de este numeral se hará operativa en
el momento en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emita las
reglamentaciones correspondientes al Registro Nacional de Reducción de
Emisiones de Gases Efecto Invernadero. Esto, sin perjuicio del régimen de
transición que dicho registro determine para los casos que tengan lugar en el
período comprendido entre la entrada en vigor de la presente ley y la operación
del registro.
17. Numeral
adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 1º. Las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos
eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y
patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT.
18. Numeral adicionado
por la Ley 2010 de 2019, artículo 1º. La venta de los bienes facturados por los
comerciantes definidos en el parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 98 de
1993.
Parágrafo. El petróleo crudo recibido por parte de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de pago de regalías para su
respectiva monetización
Ver Oficio 901864 de
2017. Ver Oficio 36242 de 2016, DIAN.
Texto anterior art 424. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 38. Bienes que no
causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos y por consiguiente su
venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas Para tal efecto se
utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente:
01.03 |
Animales vivos de la especie porcina. |
01.04 |
Animales vivos de las especies ovina o caprina. |
01.05 |
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de
las especies domésticas, vivos. |
01.06 |
Los demás animales vivos. |
03.01 |
Peces vivos, excepto los peces ornamentales de las posiciones
03.01.11.00.00 y 03.01.19.00.00 |
03.03.41.00.00 |
Albacoras o atunes blancos |
03.03.42.00.00 |
Atunes de aleta amarilla (rabiles) |
03.03.45.00.00 |
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico |
03.05 |
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso
cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y “pellets” de pescado,
aptos para la alimentación humana. |
04.04.90.00.00 |
Productos constituidos por los componentes naturales de la leche |
04.09 |
Miel natural |
05.11.10.00.00 |
Semen de Bovino |
06.01 |
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones
y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de
achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. |
06.02.20.00.00 |
Plántulas para la siembra, incluso de especies forestales
maderables. |
07.01 |
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. |
07.02 |
Tomates frescos o refrigerados. |
07.03 |
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas,
frescos o refrigerados. |
07.04 |
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas,
colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o
refrigerados. |
07.05 |
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y
la endibia (Cichoriumspp.), frescas o refrigeradas. |
07.06 |
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos,
rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. |
07.07 |
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. |
07.08 |
Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o
refrigeradas. |
07.09 |
Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. |
07.12 |
Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o
las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. |
07.13 |
Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.
|
07.14 |
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas),
camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o
inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en
“pellets”; médula de sagú. |
08.01.12.00.00 |
Cocos con la cáscara interna (endocarpio) |
08.01.19.00.00 |
Los demás cocos frescos |
08.03 |
Bananas, incluidos los plátanos “plantains”, frescos o secos. |
08.04 |
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas,
mangos y mangostanes, frescos o secos. |
08.05 |
Agrios (cítricos) frescos o secos. |
08.06 |
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. |
08.07 |
Melones, sandías y papayas, frescos. |
08.08 |
Manzanas, peras y membrillos, frescos. |
08.09 |
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos
(melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas,
frescos. |
08.10 |
Las demás frutas u otros frutos, frescos. |
09.01.11 |
Café en grano sin tostar, cáscara y cascarilla de café. |
09.09.21.10.00 |
Semillas de cilantro para la siembra. |
10.01.11.00.00 |
Trigo duro para la siembra. |
10.01.91.00.00 |
Las demás semillas de trigo para la siembra. |
10.02.10.00.00 |
Centeno para la siembra. |
10.03 |
Cebada. |
10.04.10.00.00 |
Avena para la siembra. |
10.05.10.00.00 |
Maíz para la siembra. |
10.05.90 |
Maíz para consumo humano. |
10.06 |
Arroz para consumo humano. |
10.06.10.10.00 |
Arroz para la siembra. |
10.06.10.90.00 |
Arroz con cáscara (Arroz Paddy). |
10.07.10.00.00 |
Sorgo de grano para la siembra. |
11.04.23.00.00 |
Maíz trillado para consumo humano. |
12.01.10.00.00 |
Habas de soya para la siembra. |
12.02.30.00.00 |
Maníes (cacahuetes, cacahuates) para la siembra. |
12.03 |
Copra para la siembra. |
12.04.00.10.00 |
Semillas de lino para la siembra. |
12.05 |
Semillas de nabo (nabina) o de colza para siembra. |
12.06.00.10.00 |
Semillas de girasol para la siembra. |
12.07.10.10.00 |
Semillas de nueces y almendras de palma para la siembra. |
12.07.21.00.00 |
Semillas de algodón para la siembra. |
12.07.30.10.00 |
Semillas de ricino para la siembra. |
12.07.40.10.00 |
Semillas de sésamo (ajonjolí) para la siembra. |
12.07.50.10.00 |
Semillas de mostaza para la siembra. |
12.07.60.10.00 |
Semillas de cártamo para la siembra. |
12.07.70.10.00 |
Semillas de melón para la siembra. |
12.07.99.10.00 |
Las demás semillas y frutos oleaginosos para la siembra. |
12.09 |
Semillas, frutos y esporas, para siembra. |
12.12.93.00.00 |
Caña de azúcar. |
17.01.13.00.00 |
Chancaca (panela, raspadura) Obtenida de la extracción y
evaporación en forma artesanal de los jugos de caña de azúcar en trapiches
paneleros. |
18.01.00.11.00 |
Cacao en grano para la siembra. |
18.01.00.19.00 |
Cacao en grano crudo. |
19.01.10.91.00 |
Únicamente la Bienestarina. |
19.01.90.20.00 |
Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de
leche. |
19.05 |
Pan horneado o cocido y producido a base principalmente de harinas
de cereales, con o sin levadura, sal o dulce, sea integral o no, sin que para
el efecto importe la forma dada al pan, ni la proporción de las harinas de cereales
utilizadas en su preparación, ni el grado de cocción, incluida la arepa de
maíz. |
20.07 |
Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de
guayaba. |
22.01 |
Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada,
sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. |
25.01 |
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio
puro, incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de
agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. |
25.03 |
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el
coloidal. |
25.10 |
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y
cretas fosfatadas. |
25.18.10.00.00 |
Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada “cruda”. Cal Dolomita
inorgánica para uso agrícola como fertilizante. |
27.01 |
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares,
obtenidos de la hulla. |
27.04.00.10.00 |
Coques y semicoques de hulla. |
27.04.00.20.00 |
Coques y semicoques de lignito o turba. |
27.11.11.00.00 |
Gas natural licuado. |
27.11.12.00.00 |
Gas propano únicamente para uso domiciliario. |
27.11.13.00.00 |
Butanos licuados. |
27.11.21.00.00 |
Gas natural en estado gaseoso, incluido el biogás. |
27.11.29.00.00 |
Gas propano en estado gaseoso únicamente para uso domiciliario y
gas butano en estado gaseoso. |
27.16 |
Energía eléctrica. |
28.44.40.00.00 |
Material radiactivo para uso médico. |
29.36 |
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados naturales), y sus derivados utilizados
principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de
cualquier clase. |
29.41 |
Antibióticos. |
30.01 |
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados,
incluso pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus
secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás
sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o
profilácticos, no expresadas ni comprendidos en otra parte. |
30.02 |
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos,
profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás
fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso
obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de
microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. |
30.03 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al
por menor. |
30.04 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta
al por menor. |
30.05 |
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos,
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias
farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos,
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. |
30.06 |
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4
de este capítulo. |
31.01 |
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o
tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento
químico de productos de origen animal o vegetal. |
31.02 |
Abonos minerales o químicos nitrogenados. |
31.03 |
Abonos minerales o químicos fosfatados. |
31.04 |
Abonos minerales o químicos potásicos. |
31.05 |
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de
este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto
inferior o igual a10 kg. |
38.08 |
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las
plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en
envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos, tales
como cintas, mechas y velas azufradas y papeles matamoscas. |
38.22.00.90.00 |
Reactivos de diagnóstico sobre cualquier soporte y reactivos de
diagnóstico preparados, incluso sobre soporte. |
40.01 |
Caucho natural. |
40.11.61.00.00 |
Neumáticos con altos relieves en forma de taco, ángulo o
similares, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o
forestales. |
40.11.92.00.00 |
Neumáticos de los tipos utilizados en vehículos y máquinas
agrícolas o forestales. |
40.14.10.00.00 |
Preservativos. |
44.03 |
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. |
48.01.00.00.00 |
Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. |
48.02.61.90 |
Los demás papeles prensa en bobinas (rollos) |
53.05.00.90.90 |
Pita (Cabuya, fique). |
53.11.00.00.00 |
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales. |
56.08.11.00.00 |
Redes confeccionadas para la pesca. |
59.11.90.90.00 |
Empaques de yute, cáñamo y fique. |
63.05.10.10.00 |
Sacos (bolsas) y talegas, para envasar de yute. |
63.05.90.10.00 |
Sacos (bolsas) y talegas, para envasar de pita (cabuya, fique). |
63.05.90.90.00 |
Sacos (bolsas) y talegas, para envasar de cáñamo. |
69.04.10.00.00 |
Ladrillos de construcción y bloques de calicanto, de arcilla, y
con base en cemento, bloques de arcilla silvocalcárea. |
71.18.90.00.00 |
Monedas de curso legal. |
73.11.00.10.00 |
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o
acero, sin soldadura, componentes del plan de gas vehicular. |
82.08.40.00.00 |
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o
forestales. |
84.07.21.00.00 |
Motores fuera de borda, hasta 115HP. |
84.08.10.00.00 |
Motores Diesel hasta 150HP. |
84.09.91.60.00 |
Carburadores y sus partes (repuestos), componentes del plan de gas
vehicular. |
84.09.91.91.00 |
Equipo para la conversión del sistema de alimentación de
combustible para vehículos automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes
del plan de gas vehicular. |
84.09.91.99.00 |
Repuestos para kits del plan de gas vehicular. |
84.14.80.22.00 |
Compresores componentes del plan de gas vehicular. |
84.14.90.10.00 |
Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas
vehicular. |
84.24.81.31.00 |
Sistemas de riego por goteo o aspersión. |
84.24.81.39.00 |
Los demás sistemas de riego. |
84.24.90.10.00 |
Aspersores y goteros, para sistemas de riego. |
84.33.20.00.00 |
Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un
tractor. |
84.33.30.00.00 |
Las demás máquinas y aparatos de henificar. |
84.33.40.00.00 |
Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras. |
84.33.51.00.00 |
Cosechadoras-trilladoras. |
84.33.52.00.00 |
Las demás máquinas y aparatos de trillar. |
84.33.53.00.00 |
Máquinas de cosechar raíces o tubérculos. |
84.33.59 |
Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de
trillar. |
84.33.60 |
Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás
productos agrícolas. |
84.33.90 |
Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar,
incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y
guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o
demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37. |
84.36.10.00.00 |
Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para
animales. |
84.36.80 |
Las demás máquinas y aparatos para uso agropecuario. |
84.36.99.00.00 |
Partes de las demás máquinas y aparatos para uso agropecuario. |
84.37.10 |
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas,
granos u hortalizas de vaina secas. |
87.01.90.00.00 |
Tractores para uso agropecuario. |
87.13 |
Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor
u otro mecanismo de propulsión. |
87.14.20.00.00 |
Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para
inválidos de la partida 87.13. |
87.16.20.00.00 |
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores,
para uso agrícola. |
90.01.30.00.00 |
Lentes de contacto. |
90.01.40.00.00 |
Lentes de vidrio para gafas. |
90.01.50.00.00 |
Lentes de otras materias para gafas. |
90.18.39.00.00 |
Catéteres y catéteres peritoneales y equipos para la infusión de
líquidos y filtros para diálisis renal de esta subpartida. |
90.18.90.90.00 |
Equipos para la infusión de sangre. |
90.21 |
Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes
médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y
aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás
aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un
defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de
lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras
braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo
braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así
como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos
en esta partida arancelaria. |
90.25.90.00.00 |
Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan
de gas vehicular. |
93.01 |
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas.
|
96.09.10.00.00 |
Lápices de escribir y colorear. |
Adicionalmente
se considerarán excluidos los siguientes bienes:
1.
Las materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas e
insecticidas de la partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 31.01 a
31.05 y con destino a la producción de medicamentos de las posiciones 29.36,
29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06.
2.
Las materias primas destinadas a la producción de vacunas para lo cual deberá
acreditarse tal condición en la forma como lo señale el reglamento.
3.
Los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de
ochenta y dos (82) UVT.
4.
Los dispositivos anticonceptivos para uso femenino.
5.
El petróleo crudo destinado a su refinación y la gasolina natural.
6. La gasolina y el ACPM definidos de
acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 167 de esta ley.
7.
Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la
construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y
monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones
y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal
condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8.
Los alimentos de consumo humano y animal que se importen de los países
colindantes a los Departamentos de Vichada, Guajira, Guainía y Vaupés, siempre
y cuando se destinen exclusivamente al consumo local en esos Departamentos.
9.
Los dispositivos móviles inteligentes (tales como tabletas, tablets) cuyo valor no exceda de
cuarenta y tres (43) UVT.
10.
Los alimentos de consumo humano donados a favor de los Bancos de Alimentos
legalmente constituidos, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.
11.
Reglamentado por el Decreto 248 de 2015. Los vehículos,
automotores, destinados al transporte público de pasajeros, destinados solo a
reposición. Tendrán derecho a este beneficio los pequeños transportadores
propietarios de menos de 3 vehículos y solo para efectos de la reposición de
uno solo, y por una única vez. Este beneficio tendrá una vigencia de 4 años
luego de que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte
reglamente el tema.
12.
El asfalto.
13.
Los objetos con interés artístico, cultural e histórico comprados por parte de
los museos que integren la Red Nacional de Museos y las entidades públicas que
posean o administren estos bienes, estarán exentos del cobro del IVA.
Parágrafo 1°. También se encuentran
excluidos del impuesto sobre las ventas los alimentos de consumo humano y
animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o
veterinario y materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a
los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, siempre y cuando se destinen
exclusivamente al consumo dentro del mismo Departamento. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en
las ventas al consumidor final.
Parágrafo 2°. Igualmente se encuentra
excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) el combustible para aviación que
se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de
carga con destino a los Departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés
Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
Parágrafo 3º. Durante el año 2013, se
encuentra excluida del impuesto sobre las ventas la nacionalización de los
yates y demás naves o barcos de recreo o deporte de la partida 89.03, que hayan
sido objeto de importación temporal en dos (2) oportunidades en fecha anterior
al 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando sean abanderadas por intermedio de
la Capitanía Puerto de San Andrés.
Texto anterior art 424. Reglamentado parcialmente por el Decreto 1120 de 2009. BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO.
Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por
consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para el
efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria.
Inciso adicionado por la Ley
1450 de 2011, artículo 82. El
fertilizante Cal Dolomita inorgánica para uso agrícola.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
61. Igualmente se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) el
combustible para aviación que se utilice en el transporte aéreo nacional de
pasajeros y de carga con destino a los Departamentos Guainía, Amazonas y Vaupés
en los siguientes términos:
Ochocientos
mil galones (800.000) para el Departamento de Guainía.
Ochocientos
mil galones (800.000) para el Departamento de Vaupés.
Dos
millones de galones (2.000.000) para el Departamento de Amazonas
El
volumen máximo objeto de exoneración por cada año no será acumulable para el
siguiente año.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 31, adicionó los
siguientes bienes, los cuales quedan excluidos del impuesto sobre las Ventas:
Los
computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de
ochenta y dos (82) UVT.
Consultar Tabla en el original
impreso o en formato Pdf del Diario Oficial 46.494
Ver Ley
1004 de 2005, artículo 12, adicionó a
este artículo un Parágrafo cuyo texto es el siguiente: “También se encuentra
excluida del impuesto sobre las ventas, la importación al Departamento del
Amazonas, en desarrollo del Convenio Colombo-Peruano vigente, de alimentos de
consumo humano y animal, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o
veterinario, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del
mismo Departamento”.
Ver Ley
863 de 2003, artículo 10: adicionó las
siguientes partidas:
09.01.11.00.00
Café en grano sin tostar
10.04.00.10.00
Avena para la siembra
10.07.00.10.00
Sorgo para la siembra
12.01.00.10.00
Habas de soya para la siembra
12.07.10.10.00
Nuez y almendra de palma para la siembra
12.07.20.10.00
Semilla de algodón para la siembra
Suprímanse
del artículo 424 del Estatuto Tributario los siguientes bienes y partidas
arancelarias:
09.01.21.10.00
Café en grano
52.01
Fibras de algodón
84.32
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos de
césped o terrenos de deporte.
Incorpórense
al artículo 468-1 del Estatuto Tributario las siguientes partidas arancelarias,
las cuales quedarán gravadas a la tarifa allí prevista:
12.07.10.90.00
Nuez y almendra de palma para molienda
15.11.10.00.00
Aceite crudo de palma
52.01
Fibras de algodón
84.32
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos de
césped o terrenos de deporte.
Exclúyase
del artículo 468-1 del Estatuto Tributario sobre bienes gravados a la tarifa
del siete por ciento (7%), la siguiente partida arancelaria, la cual quedará
excluida del impuesto:
12.07.20.10.00
Semilla de algodón para la siembra.
Ver Ley
1450 de 2011, artículo 276, que dice:
“Suprímanse del artículo 424 del Estatuto Tributario los siguientes bienes, partida
y subpartida arancelaria: 82.01 Layas, herramientas de mano agrícola.”
Ver Ley
788 de 2002, artículo 30, el cual
estableció lo siguiente: BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO. Los siguientes bienes
se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no
causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura
arancelaria Nandina vigente:
03.03.41.00.00
Atún Blanco
03.03.42.00.00
Atún de aleta amarilla
03.03.45.00.00
Atún común o de aleta azul
04.09.00.00.00
Miel natural
05.11.10.00.00
Semen de bovino
06.01
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria,
excepto las raíces de la Partida No. 12.12
07.01
Papas (patatas) frescas o refrigeradas
07.02
Tomates frescos o refrigerados
07.03
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres)
aliáceas, frescos o refrigerados
07.04
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos
comestibles similares del genero (sic) brassica, frescos o refrigerados
07.05
Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia
(cichorium spp.), frescas o refrigeradas
07.06
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y
raíces comestibles similares, frescos o refrigerados
07.07
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados
07.08
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o
refrigeradas
07.09
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas.
07.10
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor,
congeladas
07.11
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo
inmediato
07.12
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o
bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
07.13
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén
mondadas o partidas
07.14
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina,
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets”;
médula de sagú
08.01.19.00.00
Cocos frescos
08.02
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
08.03
Bananas o plátanos, frescos o secos
08.04
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos
y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios elaborados de
manera artesanal a base de guayaba y/o leche.
08.05
Agrios (cítricos) frescos o secos
08.06
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas
08.07
Melones, sandias y papayas, frescas
08.08
Manzanas, peras y membrillos, frescos
08.09
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos
los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos
08.10
Las demás frutas u otros frutos, frescos
09.01.21.10.00
Café en grano
10.01
Trigo y morcajo (tranquillón)
10.03
Cebada
10.06
Maíz
10.06
Arroz
11.04.23.00.00
Maíz trillado
12.09
Semillas para siembra
12.12.92.00.00
Caña de Azúcar
18.01.00.10.00
Cacao en grano crudo
19.01
Bienestarina
19.05
Pan
22.01
Agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin
azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve
25.01
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro,
incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que
garanticen una buena fluidez; agua de mar
25.03
Azufre Natural
25.10
Fosfatos de calcio naturales (Fosfatos tricalcicos o fosforitas) sin moler o
molidos.
27.01
Hullas, briquetas, ovoides, y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir
de la hulla
27.04
Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba aglomerados o no
27.16
Energía eléctrica
28.44.40.00.00
Material radiactivo para uso médico
29.36
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, mezclados o no entre si (sic) o en disoluciones de cualquier clase
29.41
Antibióticos
30.01
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones,
para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni
comprendidos en otra parte
30.02
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o
de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso
biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microor-ganismos (excepto las
levaduras) y productos similares
30.03
Medicamentos (excepto los productos de los partidas números 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al
por menor
30.04
Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para lo (sic) venta
al por menor
30.05
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos,
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas
o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,
odontológicos o veterinarios
30.06
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este
Capítulo
30.06.00.00
Anticonceptivos orales
31.01
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados
entre sí, pero no elaborados químicamente
31.02
Abonos minerales o químicos nitrogenados
31.03
Abonos minerales o químicos fosfatados
31.04
Abonos minerales o químicos potásicos
31.05
Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez (10)
kilogramos
38.08
Plaguicidas e insecticidas
38.22.00.11.00
Reactivos de diagnóstico sobre soporte de papel o cartón
38.22.00.19.00
Los demás reactivos de diagnóstico
40.01
Caucho natural
40.11.91.00.00
Neumáticos para tractores
40.14.10.00.00
Preservativos
44.03
Madera en bruto (redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y madera en bloque
o simplemente desorillada
44.04
Arboles de vivero para establecimiento de bosques maderables
48.01.00.00.00
Papel prensa
49.02
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados
52.01
Fibras de algodón
53.04.10.10.00
Pita (cabuya, fique)
53.11.00.00.00
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales
56.08.11.00.00
Redes confeccionadas para la pesca
59.11
Empaques de yute, cáñamo y fique
63.05
Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique
71.18.90.00.00
Monedas de curso legal
82.01
Layas, herramientas de mano agrícola
82.08.40.00.00
Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso agrícola,
hortícola y forestal
84.07.21.00.00
Motores fuera de borda, hasta 115 HP.
84.08.10.00.00
Motores de centro diesel hasta 150 HP.
84.24.81.30.00
Demás aparatos sistemas de riego
84.32.
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para
césped o terrenos de deporte
84.33
Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidos las prensas
para paja o forraje; guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de
huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y
las subpartidas 84.33.11 y 84.33.19
84.36
Demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o
apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos
incorporados
84.37.10.00.00
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u
hortalizas de vaina secas
87.01.90.00.10
Tractores agrícolas
87.13.10.00.00
Sillas de ruedas y equipos similares, de propulsión personal, mecánica o
eléctrica para la movilización e integración de personas con discapacidad o
adultos mayores.
87.13.90.00.00
Los demás
87.14
Herramientas, partes, accesorios, correspondientes a sillas de ruedas y otros
similares para la movilización de personas con discapacidad y adultos mayores
de las partidas o clasificaciones 87.13 y 87.14
87.16.20.00.00
Remolques para uso agrícola
90.01.30.00.00
Lentes de contacto
90.01.40
Lentes de vidrio para gafas
90.01.50.00.00
Lentes de otras materias
90.18.39.00.00
Catéteres
90.18.39.00.00
Catéteres peritoneales para diálisis
90.21
Aparatos especiales para ortopedia, prótesis, rehabilitación, productos para
asistencia urinaria, aparatos para acceso a piscinas para personas con
discapacidad
93.01
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas
96.09.10.00.00
Lápices de escribir y colorear
•
Las materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas e
insecticidas de la partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 31.01 a
31.05
•
Equipos de infusión de líquidos y filtros para diálisis renal de la subpartida
90.18,39.00.00
•
Las impresoras braille, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas
braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos
de escritura del sistema braille, así como los artículos y aparatos de
ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso de
personas, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, o se le
implanten para compensar un defecto o una incapacidad y bastones para ciegos
aunque estén dotados de tecnología, contenidos en la partida arancelaria 90.21.
•
Por el año 2003, los computadores personales de un solo procesador, portátiles
o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con sistema operacional
preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales, hasta por un valor
CIF de mil quinientos dólares (US $1.500).
•
Los dispositivos anticonceptivos para uso femenino
•Las
materias primas químicas con destino a la producción de medicamentos de las
posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06.
•
Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular.
1.
Cilindros 73.11.00.10.00
2.
Kit de conversión 84.09.91.91.00
3. Partes
para Kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00
4.
Compresores 84.14.80.22.00
5.
Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90,00
6. Partes
y accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00
7. Partes
y accesorios compresores (repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00
Ladrillos
y bloques de colicanto, de arcilla, y con base en cemento, bloques de arcilla
silvocalcáre.
Artículo 424-1.
Derogado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 118. MATERIAS PRIMAS EXCLUIDAS PARA MEDICAMENTOS, PLAGUICIDAS Y
FERTILIZANTES.
Ver Ley
488 de 1998, artículo 154 que derogó la frase “de los plaguicidas” de la partida
38.08 y las de las partidas 31.01 a 31.05.
Artículo
424-2.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Modificado por la Ley 6 de 1992, art
21. MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS. Las materias primas
destinadas a la producción de vacunas, estarán excluidas del impuesto sobre las
ventas, para lo cual deberá acreditarse tal condición en la forma como lo
señale el reglamento.
Artículo
424-3.
Derogado
por la Ley 488 de 1998, art 154. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
3º, que incluyó la partida: “87.01.10.00.00. Motocultores".
Artículo
424-4.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
21. ALAMBRÓN DESTINADO A LA ELABORACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS Y TORCIDO PARA
CERCAS. El alambrón destinado a la fabricación de alambre de púas y torcido
para cercas estará excluido del impuesto sobre las ventas, para lo cual se
deberá acreditar tal condición en la forma como lo señale el Gobierno Nacional.
Artículo
424-5.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Modificado por
la Ley 223 de 1995, art
4º. BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO. Quedan excluidos del impuesto sobre las
ventas los siguientes bienes:
1. Derogado por la Ley 788 de 2002, art
118. Lápices de escribir y colorear
2. Derogado por la Ley 488 de 1998, artículo
154. Creolina
3. Derogado por la Ley 488 de 1998, artículo
154. Escobas, traperos y cepillos de uso doméstico, excluidos los industriales.
4. Reglamentado por el Decreto
2532 de 2001. Los equipos y elementos
nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje
y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento
de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo
cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.
5. Derogado por la Ley 788 de 2002, artículo
118. Fósforos o cerillas.
6. Derogado por la Ley 488 de 1998, artículo
154.
Posición arancelaria: |
90:23 |
|
90:23:00:00:10 |
|
95:03:30:00:00. |
Artículo
424-6.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
21. GAS PROPANO PARA USO DOMÉSTICO. El gas propano para uso doméstico estará
excluido del impuesto sobre las ventas.
Artículo
424-7.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
129. OTROS BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. Los empaques y bolsas de
papel destinados a la venta al detal de los alimentos agropecuarios de la
canasta familiar básica, en tiendas, graneros, panaderías y plazas de mercado,
se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas, para lo cual deberá
acreditarse tal condición en la forma como lo señale el reglamento.
Artículo
425. Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. OTROS BIENES QUE NO
CAUSAN EL IMPUESTO. Se consideran bienes que no causan, el petróleo crudo
destinado a su refinación, el gas natural, los butanos y la gasolina natural.
Articulo
426. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 2º. Servicios excluidos. Cuando en un establecimiento de comercio
se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en
restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y
panaderías, para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o
entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo
el servicio de catering, y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para
consumo dentro bares, tabernas y discotecas, se entenderá que la venta se hace
como servicio excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) y está sujeta al
impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 512-1 de este
Estatuto.
Parágrafo. El presente artículo no aplica para los
contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia, los cuales se
encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas (IVA).
Texto anterior artículo 426. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 2º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). “Servicios excluidos. Cuando en un establecimiento de
comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas
preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías,
pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, para ser llevadas por el
comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo
contrato, incluyendo el servicio de catering, y el expendio de comidas y
bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas, se
entenderá que la venta se hace como servicio excluido del Impuesto sobre las
Ventas (IVA) y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que hace
referencia el artículo 512-1 de este Estatuto.
Parágrafo. El presente artículo no aplica para los contribuyentes que
desarrollen contratos de franquicia, los cuales se encuentran sometidos al
Impuesto sobre las Ventas (IVA).
Parágrafo transitorio. Los contribuyentes responsables del impuesto al consumo que a la
entrada en vigencia de la presente ley desarrollen actividades de comidas y
bebidas bajo franquicias, podrán optar hasta el 30 de junio de 2019 por
inscribirse como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).”.
Texto original artículo 426. Adicionado por la Ley 1607 de
2012, art 39. Servicio
excluido. Cuando en
un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de
comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios,
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar,
para llevar, o a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y
discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del
impuesto sobre las ventas y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que
hace referencia el artículo 512-1 de este Estatuto.
Parágrafo. Los servicios de alimentación institucional o
alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering), estarán gravados a
la tarifa general del impuesto sobre las ventas.
Artículo 426. Derogado por la Ley 488 de 1998, artículo
154. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
5º. CASAS PREFABRICADAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO. Están excluidos del impuesto
los siguientes bienes: Las casas prefabricadas cuyo valor no exceda de 2.300
Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año
gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año
gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año
gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año
gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 427.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 32. PÓLIZAS DE SEGUROS EXCLUIDAS. No son objeto del impuesto las
pólizas de seguros de vida en los ramos de vida individual, colectivo, grupo,
accidentes personales, de que trata la Sección II del Capítulo III del Título
5° del Libro 4° del Código de Comercio, las pólizas de seguros que cubran
enfermedades catastróficas que corresponda contratar a las entidades promotoras
de salud cuando ello sea necesario, las pólizas de seguros de educación,
preescolar, primaria, media, o intermedia, superior y especial, nacionales o
extranjeros. Tampoco lo son los contratos de reaseguro de que tratan los artículos
1134 a 1136 del Código de Comercio.
Artículo 428.
Reglamentado
por el Decreto 953 de 2003
y por el Decreto
2296 de 1991. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO.
Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:
a) Derogado por la Ley 223 de 1995, artículo
285. La introducción de artículo al país por el sistema
de “licencias temporales”;
b)
La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan
importación - exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del Decreto
Ley 444 de 1967;
c)
La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los
agentes diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas
extranjeras, que se encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de
acuerdo con disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática;
Inciso Adicionado por la Ley
1739 de 2014, art 65.
Tratándose de franquicias establecidas para vehículos de acuerdo con las
disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática, el beneficio es personal
e intransferible dentro del año siguiente a su importación. En el evento en que
se transfiera antes del término aquí establecido, el impuesto sobre las ventas
se causa y debe pagarse junto con los intereses moratorios a que haya lugar,
calculados de acuerdo con el artículo 634 de este Estatuto, incrementados en un
50%.
d)
Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional;
e) Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 6º. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias
básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se
consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada,
siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía
eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El
concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o
accesorios del equipo principal.
f) Reglamentado
por el Decreto
2532 de 2001. Adicionado Ley 223 de 1995,
artículo 6o. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha
maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y
procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado,
reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas
residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los
ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente,
siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio
del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención
deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para
el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los
compromisos del protocolo de Montreal.
g) Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 33. La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se
produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas, por parte
de los usuarios altamente exportadores.
Para
efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente exportadores,
sólo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal b) del artículo
36 del Decreto
2685 de 1999.
Para
la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento
del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la
maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo
importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que pueda
cederse su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se haga a
favor de una compañía de leasing con miras a obtener financiación a través de
un contrato de leasing.
En
caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar el
impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que haya
lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria importada.
h) Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 95. La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de
convenios, tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para
Colombia, destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del
orden nacional. Este tratamiento no opera para las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.
i) Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 95. La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de
proyectos o actividades que sean exportado res (sic) de certificados de
reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los
gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible.
j) Literal modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 3º. La
importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de
entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor no exceda de
doscientos dólares USD$200. A este literal no le será aplicable lo previsto en
el parágrafo 3° de este artículo.
Texto anterior literal j). Literal
modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 3º. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La importación de bienes objeto de
tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, procedente del
resto del mundo y cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200. A este
literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3° de este artículo.”.
Texto anterior iteral j).
Modificado por la Ley 1819 de 2016,
artículo 177. “La importación de bienes objeto de envíos
urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda de doscientos dólares
USD$200 a partir del 1° de enero de 2017. El Gobierno reglamentará esta
materia. A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de
este artículo.”.
Texto original literal j). Literal
adicionado por la Ley 1607 de 2012,
artículo 40. “La importación de bienes objeto de envíos o
entregas urgentes cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 a partir
del 1° de enero de 2014. El Gobierno reglamentará esta materia. A este literal
no será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo.”. (Literal
reglamentado por el Decreto 1103 de 2014.).
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 33. En los casos previstos en los literales a) y b), el impuesto se
causará si eventualmente hay lugar al pago de derechos arancelarios. (El Literal a) fue Derogado por la Ley 223 de 1995, artículo 285)
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 33. Para tener derecho al beneficio de que trata el literal g) del
presente artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas
nuevas que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley deberá
otorgarse garantía en los términos que establezca el reglamento.
Parágrafo 3.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 33. En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión
del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a
la importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 4.
Modificado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 12. Los beneficios previstos en el literal g) de este artículo se
aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos
por compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento
financiero o cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de
los créditos otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes
que estén o se sometan al tratamiento previsto en la Ley
550 de 1999, con la condición de que
los bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia mercantil al mismo
fideicomitente y el uso de los mismos se conserve durante todo el tiempo de su
vida útil en cabeza de este (sic).
Ver Ley 1328 de 2009
Parágrafo transitorio. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art 40. Para efectos de
lo previsto en el literal g) de este artículo, las modificaciones que en el régimen
aduanero se introduzcan en relación con la figura de “usuarios altamente
exportadores” y la denominación “importación ordinaria”, se entenderán
sustituidas, respectivamente, de manera progresiva por la calidad de “Operador
Económico Autorizado” si se adquiere tal calidad, y se remplaza la expresión
importación ordinaria por “importación para el consumo”.
Parágrafo
transitorio. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 177. Una vez
vencido el término de que trata el numeral 1 del artículo 675 del Decreto 390
de 2016, el beneficio de que trata el literal g) del presente artículo operará
para los operadores económicos autorizados de que trata el Decreto 3568 de 2011
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.
ARTICULO 428-1.
Modificado
por la Ley 1450 de 2011,
artículo 35. Los equipos y elementos que importen los centros de investigación
o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las
instituciones de educación básica primaria, secundaria, media o superior
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y que estén destinados al
desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o
de innovación según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, estarán
exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).
ARTICULO 428-2. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 41. Efectos
tributarios de la fusión y escisión de sociedades. Lo dispuesto
en los artículos 319, 319-3 y 319-5 de este Estatuto, es igualmente válido en
materia del impuesto sobre las ventas.
Texto original art 428-2. Adicionado por la Ley 6 de 1992, art 30.
EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES. Lo dispuesto en los artículos
14-1 y 14-2, es igualmente válido en materia del impuesto sobre las ventas.
TITULO II
CAUSACION DEL IMPUESTO
Artículo 429.
MOMENTO DE CAUSACIÓN. El impuesto se causa:
a)
En las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a
falta de éstos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de
dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria;
b)
En los retiros a que se refiere el literal b) del artículo 421, en la fecha del
retiro;
c)
En las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la factura o
documento equivalente, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago
o abono en cuenta, la que fuere anterior;
d)
En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. En este caso,
el impuesto se liquidará y pagará conjuntamente con la liquidación y pago de
los derechos de aduana.
Parágrafo.
Cuando el valor convenido sufriere un aumento con posterioridad a la venta, se
generará el impuesto sobre ese mayor valor, en la fecha en que éste se cause.
Artículo
430.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). CAUSACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CERVEZA. El impuesto sobre el consumo de
cervezas de producción nacional, se causa en el momento en que el artículo sea
entregado por el productor para su distribución o venta en el país. Ver la Ley 223 de 1995, artículo
188, en relación con el aparte subrayado
Artículo 431.
CAUSACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO O MARÍTIMO. En el caso del
servicio de transporte internacional de pasajeros de que trata el artículo
476, numeral 6º, el impuesto se causa en el momento de la expedición de la
orden de cambio, o del conocimiento por parte del responsable de la emisión del
tiquete, y se liquidará sobre el valor total del tiquete u orden de cambio
cuando éstos se expidan de una vía solamente y sobre el cincuenta por ciento
(50%) de su valor cuando se expidan de ida y regreso. Ver Ley 6 de 1992, artículo 25, con relación al aparte subrayado
Artículo 432.
EN EL SERVICIO DE TELÉFONOS SE CAUSA AL MOMENTO DEL PAGO. En el caso del
servicio de teléfonos de que trata el artículo 476 numerales 10 y 11, el
gravamen se causa en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Ver Ley 6 de 1992, artículo 25, con relación al aparte subrayado
Artículo 433.
EN SEGUROS SE CAUSA AL CONOCIMIENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. En el caso del
servicio de seguros de que trata el artículo 476, numeral 12, el
impuesto se causa en su integridad en el momento en que la compañía conozca en
su sede principal la emisión de la póliza, el anexo correspondiente que otorgue
el amparo o su renovación.
Cuando
se trate de coaseguros que contempla el artículo 1095 del Código de Comercio,
el impuesto se causa en su integridad con base en la póliza, anexo o renovación
que emita la compañía líder, documentos sobre los cuales se fijará el valor
total del impuesto. Por tanto, los documentos que expidan las demás compañías
sobre el mismo riesgo no están sujetos al impuesto sobre las ventas. Ver Ley 6 de 1992, artículo 25, con relación al aparte subrayado
Artículo 434.
EN SEGUROS DE TRANSPORTE. En los certificados de seguro de transporte que se
expidan con posterioridad a los despachos de las mercancías, el impuesto se
causa sobre tal certificado.
Artículo 435.
EN SEGUROS GENERALES. En las pólizas de seguros generales (casco, aviación),
para los cuales la Superintendencia permita el fraccionamiento de las primas,
el impuesto debe pagarse sobre la prima correspondiente a cada uno de los
certificados periódicos que las compañías emitan en aplicación de la póliza
original.
Artículo 436.
EN SEGUROS AUTORIZADOS EN MONEDA EXTRANJERA. En los seguros de daños
autorizados en moneda extranjera por el Superintendente Bancario, de acuerdo
con los artículos 98 a 100 del Decreto
444 de 1967, el impuesto se pagará en pesos
colombianos al tipo de cambio vigente en la fecha de emisión de la póliza, del
anexo de amparo, o de su renovación.
Ver Ley 9 de 1991 que derogó parcialmente el Decreto 444 de 1967
TITULO III
RESPONSABLES DEL IMPUESTO
Artículo 437.
LOS COMERCIANTES Y QUIENES REALICEN ACTOS SIMILARES A LOS DE ELLOS Y LOS
IMPORTADORES SON SUJETOS PASIVOS. Son responsables del impuesto:
a)
En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de
producción y distribución en la que actúen y quienes sin poseer tal carácter,
ejecuten habitualmente actos similares a los de aquéllos;
b)
En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores
ocasionales de éstos; Ver Sentencia C-335 de
1994, que se pronunció sobre la
exequibilidad de este literal
c) Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 25. Quienes presten
servicios.
d)
Los importadores.
La
responsabilidad se extiende también a la venta de bienes corporales muebles
aunque no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, pero respecto de
cuya adquisición o importación se hubiere generado derecho al descuento.
e) Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 7º. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto
sobre las ventas, cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con
personas pertenecientes al régimen simplificado, por el valor del impuesto
retenido, sobre dichas transacciones.
Inciso adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 66. Los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean
ellos quienes realicen actividades gravadas.
f) Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 37. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del Impuesto
sobre las Ventas, por el impuesto causado en la compra o adquisición de los
bienes y servicios gravados relacionados en el artículo 468-1, cuando estos
sean enajenados o prestados por personas naturales no comerciantes que no se
hayan inscrito en el régimen común del impuesto sobre las ventas.
El
impuesto causado en estas operaciones será asumido por el comprador o
adquirente del régimen común, y deberá ser declarado y consignado en el mes
correspondiente a la fecha del pago o abono en cuenta. El impuesto retenido
podrá ser tratado como descontable en la forma prevista por los artículos 485,
485-1, 488 y 490 de este Estatuto. Sobre las operaciones previstas en este
literal, cualquiera sea su cuantía, el adquirente emitirá al vendedor el
documento equivalente a la factura, en los términos que señale el reglamento.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 7. A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que vendan
bienes o presten servicios, les está prohibido adicionar al precio suma alguna
por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberán cumplir
íntegramente con las obligaciones predicables de quienes pertenecen al régimen
común.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 178. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales establecerá mediante resolución el procedimiento mediante el
cual los prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus
obligaciones, entre ellas la de declarar y pagar, en su calidad de responsables
cuando los servicios prestados se encuentren gravados.
La obligación aquí prevista solamente se hará exigible a partir del 1°
de julio de 2018, salvo en aquellos casos previstos en el numeral 3 del
artículo 437-2 de este estatuto.
Inciso
3º adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 4º. Estas
declaraciones podrán presentarse mediante un formulario, que permitirá liquidar
la obligación tributaria en dólares convertida a pesos colombianos a la Tasa de
Cambio Representativa de Mercado (TRM) del día de la declaración y pago. Las
declaraciones presentadas sin pago total no producirán efecto, sin necesidad de
acto administrativo que así lo declare.
Texto original
inciso 3. Adicionado por la Ley
1943 de 2018, artículo
4º. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Estas declaraciones podrán
presentarse mediante un formulario, que permitirá liquidar la obligación
tributaria en dólares convertida a pesos colombianos a la tasa de cambio
representativa de mercado -TRM del día de la declaración y pago. Las
declaraciones presentadas sin pago total no producirán efecto, sin necesidad de
acto administrativo que así lo declare.”.
Inciso 4º adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 4º. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin
residencia fiscal en Colombia, no estarán obligados a expedir factura o
documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o
digitales. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para establecer la obligación de facturar
electrónicamente o de soportar las operaciones en un documento electrónico.
Parágrafo 3°. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 4º. Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen
actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños
agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y
cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que en el año anterior o
en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a 3.500 UVT.
2. Que no tengan más de un
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su
actividad.
3. Que en el establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles.
4. Que no sean usuarios
aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en
el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de
bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o
superior a 3.500 UVT.
6. Que el monto de sus
consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año
anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con
el impuesto sobre las ventas (IVA), no supere la suma de 3.500 UVT.
Para la celebración de
contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por
cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad
que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y
deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista
celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.
Los responsables del impuesto
solo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en el año
fiscal anterior se cumplieron, las condiciones establecidas en la presente
disposición.
Cuando los no responsables
realicen operaciones con los responsables del impuesto deberán registrar en el
Registro Único Tributario (RUT) su condición de tales y entregar copia del
mismo al adquirente de los bienes o servicios, en los términos señalados en el
reglamento.
Autorícese a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para adoptar medidas tendientes al
control de la evasión, para lo cual podrá imponer obligaciones formales a los
sujetos no responsables a que alude la presente disposición. De conformidad con
el artículo 869 y siguientes de este Estatuto, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad de desconocer toda operación o
serie de operaciones cuyo propósito sea inaplicar la presente disposición,
como: (i) la cancelación injustificada de establecimientos de comercio para
abrir uno nuevo con el mismo objeto o actividad y (ii) el fraccionamiento de la
actividad empresarial en varios miembros de una familia para evitar la
inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en el régimen de
responsabilidad del impuesto sobre las ventas (IVA).
Para efectos de la inclusión
de oficio como responsable del impuesto sobre las ventas (IVA), la Administración
Tributaria también tendrá en cuenta los costos y gastos atribuibles a los
bienes y servicios gravados, como arrendamientos, pagos por seguridad social y
servicios públicos, y otra información que está disponible en su sistema de
información masiva y análisis de riesgo.
Texto original parágrafo 3. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 4º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen
actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños
agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y
cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT.
2. Que no
tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio
donde ejerzan su actividad.
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o
negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía,
autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de
intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el
año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados
por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o
inversiones financieras durante el año anterior o durante el
respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT. (Las expresiones señaladas en negrilla fueron declaradas exequibles
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-514 de 2019.).
7. Reglamentado por el Decreto 1468 de 2019. Que no esté registrado como contribuyente del impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple).
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT,
estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del Impuesto
sobre las Ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para
la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de
3.500 UVT.
Los responsables del impuesto sólo podrán solicitar su retiro del
régimen cuando demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron, las
condiciones establecidas en la presente disposición.
Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables
del impuesto deberán registrar en el Registro Único Tributario -RUT su
condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los bienes o
servicios, en los términos señalados en el reglamento.
Autorícese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
para adoptar medidas tendientes al control de la evasión, para lo cual podrá
imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables a que alude la presente
disposición. De conformidad con el artículo 869 y siguientes de este Estatuto,
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad de
desconocer toda operación o serie de operaciones cuyo propósito sea inaplicar
la presente disposición, como: (i) la cancelación injustificada de
establecimientos de comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto o
actividad y (ii) el
fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia
para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en
el régimen de responsabilidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA).
Para efectos
de la inclusión de oficio como responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA),
la Administración Tributaria también tendrá en cuenta los costos y gastos
atribuibles a los bienes y servicios gravados, como arrendamientos, pagos por
seguridad social y servicios públicos, y otra información que está disponible
en su sistema de información masiva y análisis de riesgo.”.
Parágrafo 4°. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 4º. No serán responsables del impuesto sobre las ventas – IVA los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
-SIMPLE cuando únicamente desarrollen una o más actividades establecidas en el
numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 5°. Adicionado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 4º. Los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán
4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan
sus ingresos de contratos con el Estado.
Ver Resolución 49 de 2019. Ver Resolución 69 de 2018. Ver Resolución 51 de
2018. Ver Oficio 28867 de 2015, DIAN. Ver Decreto 2623 de
2014, artículo 32.
Articulo 437-1. Modificado por la Ley 1607 de 2012, artículo 42. RETENCIÓN EN LA
FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Con el fin de facilitar, acelerar
y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención
en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que
se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.
Inciso 2º
modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 5º. La retención podrá ser hasta del
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto, de acuerdo con lo que
determine el Gobierno nacional. En aquellos pagos en los que no exista una
retención en la fuente especial establecida mediante decreto reglamentario,
será aplicable la tarifa del quince por ciento (15%).
Texto anterior inciso 2. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo
5º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La retención podrá ser hasta del
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto, de acuerdo con lo que
determine el Gobierno nacional. En aquellos pagos en los que no exista una retención
en la fuente especial establecida mediante decreto reglamentario, será
aplicable la tarifa del quince por ciento (15%).”.
Texto anterior del inciso 2. “La
retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto.”.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno
Nacional podrá disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre
las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos
consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 5º. En el caso de las
prestaciones de servicios gravados a que se refieren los numerales 3 y 8 del
artículo 437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por
ciento (100%) del valor del impuesto.
Texto anterior parágrafo 1. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 5º. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “En el caso de las prestaciones de servicios gravados a que se
refieren los numerales 3 y 8 del artículo 437-2 de este Estatuto, la retención
será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.”.
Texto anterior del parágrafo 1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 179. “En el caso de las prestaciones de servicios gravados a que se
refieren los numerales 3 y 8 del artículo 437-2 de este Estatuto, la retención
será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.”.
Texto original parágrafo 1º: “En el caso de la prestación de
servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 437-2 de este
Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor
del impuesto.”.
Parágrafo 2°. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y
437-5 de este Estatuto, la retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del
valor del impuesto.
Ver las siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación
y pago de declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022 de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820 de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511 de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321 de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049 de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588 de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795 de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805 de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714 de 2005, Decreto 2502 de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818 de 2007, Decreto 4680 de 2008, el Decreto 4929 de 2009, el Decreto 4836 de 2010 y
el Decreto 920 de 2011.
Ver Resolución 51 de 2019. Ver Oficio 5482 de 2016. Ver Oficio 35262 de 2015. Ver Oficio 31471 de 2015. Ver Oficio 28867 de 2015, DIAN.
Texto anterior
artículo 437-1. Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
13. “RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Con el fin de facilitar, acelerar y
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, establécese la retención en
la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se
realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.
La retención será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del valor del impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional queda facultado para
establecer porcentajes de retención inferiores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno
Nacional podrá disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre
las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos
consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas.
Parágrafo. En el caso de la prestación de servicios gravados a
que se refiere el numeral 3 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, la
retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del
impuesto.”.
Ver Decreto 415 de 2004, Decreto éste derogado por el Decreto 2223 de 2004, éste
también derogado por el Decreto 2502 de 2005.
Articulo reglamentado parcialmente por el Decreto 3991 de 2010.
Articulo reglamentado por el Decreto 493 de 2011.
Ver las siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación
y pago de declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022 de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820 de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511 de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321 de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049 de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588 de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795 de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805 de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714 de 2005, Decreto 2502 de 2005Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818 de 2007, Decreto 4680 de 2008, el Decreto 4929 de 2009, el Decreto 4836 de 2010 y
el Decreto 920 de 2011.
Nota 5: Articulo desarrollado por el Decreto 1919 de 2011.
Texto anterior del
artículo. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 8. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Con
el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las
ventas, establécese la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá
practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que
ocurra primero.
Inciso segundo modificado por la Ley 633 de 2000, artículo 24. La retención será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional
queda facultado para autorizar porcentajes de retención inferiores.
Texto anterior del inciso segundo: Modificado por la Ley 223 de
1995, artículo 8 “La retención será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional queda facultado para
autorizar porcentajes de retención inferiores".
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a partir del primero de
febrero de 1996.
PARAGRAFO. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere
el numeral 3 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, la retención será
equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.”.
Texto original
artículo. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo 24, artículo éste declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-094 de 1993. RESPONSABLE DEL IMPUESTO EN LOS
SERVICIOS. Serán responsables del impuesto sobre las ventas quienes
presten servicios, con excepción de:
a) Quienes presten los servicios
expresamente excluidos del impuesto en la ley, y
b) Quienes cumplan las condiciones exigidas
para pertenecer al Régimen simplificado.
A partir del año en el cual se adquiere la
calidad de responsable, se conservará dicha calidad, hasta la fecha en que el
contribuyente solicite la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional
de Vendedores, por haber cumplido las condiciones señaladas en este artículo,
durante dos años consecutivos.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se
entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de facturar y de las
demás obligaciones tributarias diferentes a las que les corresponde a los
responsables del impuesto sobre las ventas.
Parágrafo segundo. Para efectos de control
de los responsables que presten servicios gravados y no sean comerciantes, el
Gobierno Nacional podrá señalar formas especiales que les permitan cumplir con
las obligaciones formales contempladas en la ley para los responsables del
impuesto sobre las ventas.".
Artículo 437-2.
Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Decreto
1919 de 2011. Reglamentado por el Decreto 493 de 2011.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 9. AGENTES DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Actuarán como
agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y
servicios gravados:
1.
Las siguientes entidades estatales:
La
Nación, los Departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado,
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación
pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos
los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
2. Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 49. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA,
y los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención
en el impuesto sobre las ventas.
3. Modificado por la Ley 1819 de 2016,
art 180. Las personas del régimen común, que contraten con personas o entidades
sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el
territorio nacional, con relación a los mismos.
Texto anterior numeral 3. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio
en el país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, con
relación a los mismos.
4. Derogado por
la Ley 1819 de 2016, art 376. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes
corporales muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen
simplificado.
Parágrafo.
La venta de bienes o prestación de servicios que se realice entre agentes de
retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los numerales 1º y 2º. de
este artículo no se regirá por lo previsto en este artículo.
5. Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 25. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus
asociaciones, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las
personas o establecimientos afiliados. El valor del impuesto no hará parte
de la base para determinar las comisiones percibidas por la utilización de las
tarjetas débito y crédito. (Declaradas exequibles las
expresiones subrayadas por las Sentencias C-1144 de 2001 y C-058 de 2002, la cual declaró exequible el resto del inciso)
Cuando
los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o establecimientos
afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o débito, se realicen por
intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la retención en la fuente
deberá ser practicada por dichas entidades.
6. Numeral adicionado
por la Ley 788 de 2002, artículo 93. La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100%
del impuesto sobre las ventas que se cause en la venta de aerodinos.
7. Numeral adicionado
por la Ley 1430 de 2010, artículo 13. Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades
de Comercialización Internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o
servicios gravados de personas que pertenezcan al Régimen Común, distintos de
los agentes de retención mencionados en los numerales 1 y 2, o cuando el pago
se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de
entidades financieras en los términos del artículo 376-1 de este Estatuto.
8. Numeral
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 6º. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los
vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de
terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a
los prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o
digitales, cuando el proveedor del servicio se acoja voluntariamente a este
sistema alternativo de pago del impuesto:
a) Suministro de servicios
audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier
tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento).
b) Servicios prestados a
través de plataformas digitales.
c) Suministro de servicios
de publicidad online.
d) Suministro de enseñanza o
entrenamiento a distancia.
e) Suministro de derechos de
uso o explotación de intangibles.
f) Otros servicios
electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia.
Texto anterio del numeral 8. Numeral modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 6º. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Las entidades emisoras de tarjetas crédito y
débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a
cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a
los prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o
digitales, cuando el proveedor del servicio se acoja voluntariamente a este
sistema alternativo de pago del impuesto:
a) Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música,
videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de
cualquier tipo de evento).
b) Servicios prestados a través de plataformas digitales.
c) Suministro de servicios de publicidad online.
d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.
e) Suministro de derechos de uso o explotación de intangibles.
f) Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios
ubicados en Colombia.”.
Texto anterior del numeral 8. Numeral
adicionado por la Ley 1819 de 2016,
artículo 180. “Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los
vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de
terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales
–DIAN– en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los
prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o
digitales:
a) Suministro de servicios
audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier
tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento);
b) Servicio de plataforma de
distribución digital de aplicaciones móviles;
c) Suministro de servicios de
publicidad online;
d) Suministro de enseñanza o
entrenamiento a distancia.”.
9. Numeral adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 6º. Los responsables del impuesto sobre
las ventas (IVA) cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios
gravados, de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE.
Texto
inicial del numeral 9. Numeral adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 6º. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) cuando
adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados, de personas que se
encuentren registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple).”.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 633 de 2000, artículo 25. La venta de bienes o prestación de
servicios que se realicen entre agentes de retención del impuesto sobre las
ventas de que tratan los numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por
lo previsto en este artículo.
Texto original Parágrafo (Ley 223 de
1995): “La venta de bienes o prestación de servicios que se realice
entre agentes de retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los
numerales 1 y 2 de este artículo no se regirá por lo previsto en este
artículo.”.
Parágrafo 2. Adicionado por
la Ley 633 de 2000, artículo 25. La Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales podrá mediante resolución retirar la calidad de agente de
retención del impuesto sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se
encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en
negociación de acuerdo de reestructuración, sin afectar por ello su calidad de
gran contribuyente.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, articulo 6º. Los prestadores de servicios electrónicos
o digitales podrán acogerse voluntariamente al sistema de retención previsto en
el numeral 8 de este artículo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) mediante resolución indicará de manera taxativa el listado de
prestadores desde el exterior a los que deberá practicárseles la retención
prevista en el numeral 8. Lo anterior solo será aplicable a los prestadores de
servicios electrónicos o digitales que:
1. Realicen de forma exclusiva una o
varias actividades de las enunciadas en el numeral 8 de este artículo y las
mismas se presten a usuarios en Colombia;
2. No se hayan acogido al sistema de
declaración bimestral del impuesto sobre las ventas (IVA) y se acojan
voluntariamente a este sistema alternativo de pago del impuesto; y
3. El valor facturado, cobrado y/o exigido
a los usuarios ubicados en Colombia corresponda a la base gravable del impuesto
sobre las ventas (IVA) por los servicios electrónicos o digitales.
Texto original parágrafo 3. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 6º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los
prestadores de servicios electrónicos o digitales podrán acogerse
voluntariamente al sistema de retención previsto en el numeral 8 de este
artículo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante.
resolución indicará de manera taxativa el listado de prestadores desde el
exterior a los que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral 8.
Lo anterior sólo será aplicable a los prestadores de servicios electrónicos o
digitales que:
l. Realicen de forma exclusiva una o varias actividades de las
enunciadas en e numeral 8 de este artículo y las mismas se presten a usuarios
en Colombia;
2. No se hayan acogido al sistema de declaración bimestral del
Impuesto sobre las Ventas (IVA) y se acojan voluntariamente a este sistema
alternativo de pago del impuesto; y
3. El valor facturado, cobrado y/o exigido a los usuarios ubicados
en Colombia corresponda a la base gravable del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
por lo servicios electrónicos o digitales.”.
Parágrafo
transitorio. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, artículo 180. El sistema de
retención previsto en el numeral 8 del este artículo, empezará a regir dentro
de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, siempre y
cuando los prestadores de los servicios a que se refiere el Parágrafo 2º del
artículo 437 incumplan las obligaciones allí previstas.
Inciso 2 corregido por el Decreto 939 de 2017, artículo 6º. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante
Resolución indicará de manera taxativa el listado de prestadores desde el
exterior a los que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral
octavo.
Texto inicial original
parágrafo transitorio. “La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indicará de
manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que deberá
practicárseles la retención prevista en el numeral tercero.”.
Articulo reglamentado por el Decreto 493 de 2011.
Ver Resolución 51 de 2019. Ver Resolución
49 de 2019. Ver Oficio 1543 de 2016. Ver Oficio 35262 de 2015. Ver Oficio 31471 de 2015. Ver Oficio 28867 de 2015, DIAN. Ver Ley
1111 de 2006.Ver Decreto 2623 de 2014. Ver Decreto 2972 de 2013, artículo 33. Ver Decreto 920 de 2011. Ver Resolución 6339 de 2011,
DIAN. Ver Ley 1111 de 2006.Ver Decreto 4836 de 2010. Ver Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados
con lugares y plazos para la presentación y pago de las declaraciones
tributarias.
Articulo desarrollado por el Decreto 1415 de 2018, por
el Decreto 1794 de 2013 y por el Decreto 1919
de 2011.
Texto original
artículo Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo
9. “AGENTES DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Actuarán
como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de
bienes y servicios gravados:
1. Las siguientes entidades estatales:
La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las
entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás personas jurídicas
en las que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los
organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos.
2. Los responsables del impuesto sobre las ventas que se
encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y los que mediante resolución de la DIAN
se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.”. (Las
expresiones señaladas con negrilla en este numeral fueron declaradas exequibles
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 1997, en los términos
señalados en la misma.).
3. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o
domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio
Nacional, con relación a los mismos.
4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes
corporales muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen
simplificado.”. (Articulo reglamentado por el Decreto 1165 de 1996. Ver Ley 223 de 1995, artículo 8,
parágrafo.).
Artículo 437-3.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 10. RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN. Los agentes de retención del
impuesto sobre las ventas responderán por las sumas que estén obligados a
retener. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes
serán de su exclusiva responsabilidad.
Artículo
437-4. Desarrollado por el Decreto 1781 de 2014. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012,
art 43. Retención
de IVA para venta de chatarra y otros bienes. El IVA
causado en la venta de chatarra identificada con la nomenclatura arancelaria
andina 72.04, 74.04 y 76.02, se generará cuando esta sea vendida a las
siderúrgicas.
El
IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el 100% por la
siderúrgica.
El
impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo
485 de este Estatuto.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se considera siderúrgica a
las empresas cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el
registro único tributario, RUT, bajo el código 241 de la Resolución
139 de 2012
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la que la
modifique o sustituya.
Parágrafo 2°. La importación de chatarra, identificada con la nomenclatura
arancelaria andina 72.04, 74.04 y 76.02, se regirá por las reglas generales
contenidas en el Libro III de este Estatuto.
Parágrafo 3°. La venta de chatarra identificada con la nomenclatura
arancelaria andina 72.04, 74.04 y 76.02 por parte de una siderúrgica a otra y/o
a cualquier tercero, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro
III de este Estatuto.
Parágrafo 4°. El Gobierno Nacional podrá extender este mecanismo a
otros bienes reutilizables que sean materia prima para la industria
manufacturera, previo estudio de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. El Gobierno Nacional establecerá expresamente los bienes sujetos a
dicho tratamiento y las industrias manufactureras cuya compra genere el
impuesto y que deban practicar la retención mencionada en el inciso segundo del
presente artículo.
Reglamentado por el Decreto 2702
de 2013, artículo 1º.
Artículo
437-5. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado por la Ley 1607 de 2012,
art 44. Retención
de IVA para venta de tabaco. El IVA causado en la venta de
tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con la
nomenclatura arancelaria andina 24.01, se generará cuando estos sean vendidos a
la industria tabacalera por parte de productores pertenecientes al régimen
común.
El
IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el 100% por la
empresa tabacalera.
El
impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo
485 de este Estatuto.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se considera que industria
tabacalera son aquellas empresas cuya actividad económica principal se
encuentre registrada en el registro único tributario, RUT, bajo el código 120
de la Resolución
139 de 2012
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la que la
modifique o sustituya.
Parágrafo 2°. La importación de tabaco en rama o sin elaborar y
desperdicios de tabaco, identificados con la nomenclatura arancelaria andina
24.01, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro III de este
Estatuto.
Parágrafo 3°. La venta de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios
de tabaco identificados con la nomenclatura arancelaria andina 24.01 por parte
de una empresa tabacalera a otra y/o a cualquier tercero, se regirá por las
reglas generales contenidas en el Libro III de este Estatuto.
Artículo 438.
INTERMEDIARIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE SON RESPONSABLES. Cuando se trate de
ventas por cuenta de terceros a nombre propio, tales como la comisión, son
responsables tanto quien realiza la venta a nombre propio, como el tercero por
cuya cuenta se realiza el negocio.
Cuando
se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde una parte del valor
de la operación corresponda al intermediario, como en el caso de contrato
estimatorio, son responsables tanto el intermediario como el tercero en cuyo
nombre se realiza la venta.
Cuando
se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde la totalidad del
valor de la operación corresponde a quien encomendó la venta, como en el caso
de la agencia comercial, el responsable será el mandante.
Cuando
se trate de ventas habituales de activos fijos por cuenta y a nombre de
terceros, solamente será responsable el mandatario, consignatario o similar.
Sin
perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en las ventas realizadas por
conducto de bolsas o martillos, también son responsables las sociedades o
entidades oferentes.
Artículo 439.
LOS COMERCIANTES DE BIENES EXENTOS NO SON RESPONSABLES. Los comerciantes no son
responsables ni están sometidos al régimen del impuesto sobre las ventas, en lo
concerniente a las ventas de los bienes exentos.
Artículo 440.
QUÉ SE ENTIENDE POR PRODUCTOR? Para los fines del presente Titulo se considera
productor, quien agrega uno o varios procesos a las materias primas o
mercancías.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 66. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 477, se considera
productor en relación con las carnes, el dueño de los respectivos bienes, que
los sacrifique o los haga sacrificar; en relación con la leche el ganadero
productor; respecto de huevos el avicultor.
Ver reglamentación en el Decreto 522 de 2003
Artículo 441.
RESPONSABILIDAD DE LOS CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS. Los clubes sociales o
deportivos, responsables del impuesto, son las personas jurídicas que tienen
sede social para la reunión, recreo o práctica de deporte de sus asociados. La
sede social puede ser propia o ajena.
Artículo 442.
RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE GRAVADO. En el caso del servicio a
que se refiere el numeral 6 del artículo 476, es responsable la empresa
marítima o aérea que emita el tiquete o expida la orden de cambio. Ver la Ley 6 de 1992, artículo 25, con relación al aparte resaltado
Artículo
443.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78
y por la Ley 863 de 2003, artículo
69. RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO DE TELÉFONO. En el
caso del servicio de teléfonos es responsable la empresa que factura
directamente al usuario el valor del mismo.
Artículo 443-1.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 11. RESPONSABILIDAD EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS. En el caso de los
servicios financieros son responsables, en cuanto a los servicios gravados, los
establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de
ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, los almacenes
generales de depósito y las demás entidades financieras o de servicios
financieros sometidos a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria de
naturaleza comercial o cooperativa, con excepción de las sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los institutos financieros
de las entidades Departamentales y territoriales.
Igualmente
son responsables aquellas entidades que desarrollen habitualmente operaciones
similares a las de las entidades señaladas en el inciso anterior, estén o no
sometidas a la vigilancia del Estado.
Ver Ley 1328 de 2009 y Ley 510 de 1999.
RÉGIMEN ESPECIAL PARA LOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, CERVEZA Y GASEOSA.
Artículo 444. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 181. Responsables en la venta de derivados
del petróleo. Son responsables
del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores,
los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores
mayoristas y/o comercializadores industriales.
Parágrafo. De
conformidad con el artículo 488 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre las ventas
facturado en la adquisición de productos derivados del petróleo, podrá ser
descontado por el adquirente, cuando este sea responsable del impuesto sobre
las ventas, los bienes adquiridos sean computables como costo o gasto de la
empresa y se destinen a operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas o
a operaciones exentas.
Cuando los bienes adquiridos se destinen
indistintamente a operaciones gravadas, exportaciones y operaciones excluidas
del impuesto, y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y
otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de las
operaciones gravadas del período fiscal correspondiente.
Cuando los bienes de que trata este artículo
sean adquiridos a un distribuidor no responsable del IVA por la venta de tales
bienes, para efectos de que el adquirente responsable pueda descontar el IVA
implícito en el precio del producto, el distribuidor minorista certificará al
adquirente, por cada operación, el valor del IVA que le haya sido liquidado por
parte del distribuidor mayorista en la adquisición de los bienes.
Artículo 444. RESPONSABLES EN LA VENTA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Son
responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los
productores, los importadores y los vinculados económicos de unos y otros.
Ver Conceptos 76155 de 2005 y 89301 de 2008 de la DIAN
Artículo
445.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo
285. RESPONSABLES EN LA VENTA DE CERVEZAS DE PRODUCCION
NACIONAL. Son responsables del pago del gravamen en la venta de cervezas, las
empresas productoras y, solidariamente con ellas, los distribuidores del
producto.
Artículo
446.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
12. Base Gravable en la Venta de Gasolina Motor. La
base para liquidar el impuesto sobre las ventas de la gasolina motor regular y
extra, será el ingreso al productor. En el caso de importación de gasolina, la
base gravable se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 459.
TITULO IV
LA BASE GRAVABLE
Artículo 447.
EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL. En la venta y prestación
de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que
ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos
directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria, accesorios,
acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones
complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados
independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 34. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando
los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del
impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la
financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable.
Artículo 448.
OTROS FACTORES INTEGRANTES DE LA BASE GRAVABLE. Además integran la base
gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre del adquirente o usuario,
y el valor de los bienes proporcionados con motivo de la prestación de
servicios gravados, aunque la venta independiente de éstos no cause impuestos o
se encuentre exenta de su pago.
Así
mismo, forman parte de la base gravable, los reajustes del valor convenido
causados con posterioridad a la venta.
Artículo 449.
LA FINANCIACIÓN POR VINCULADOS ECONÓMICOS ES PARTE DE LA BASE GRAVABLE. Los
gastos de financiación que integran la base gravable, incluyen también la
financiación otorgada por una empresa económicamente vinculada al responsable
que efectúe la operación gravada.
Para
estos efectos existe vinculación económica, no sólo en los casos a que se
refiere el artículo siguiente, sino también cuando el cuarenta por ciento (40%)
o más de los ingresos operacionales de la entidad financiera provengan de la
financiación de operaciones efectuadas por el responsable o sus vinculados
económicos.
Artículo 449-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 34. FINANCIACIÓN QUE NO FORMA PARTE DE LA BASE GRAVABLE. La
financiación otorgada por una sociedad económicamente vinculada al responsable
que efectúe la operación gravada, no forma parte de la base gravable, cuando
dicha sociedad financiera sea vigilada por la Superintendencia Bancaria.
Artículo 450.
CASOS DE VINCULACIÓN ECONÓMICA. Se considera que existe vinculación económica
en los siguientes casos:
1.
Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre una sociedad matriz
y una subordinada.
2.
Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre dos subordinadas de
una misma matriz.
3.
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca
directa o indirectamente en un cincuenta por ciento (50%) o más a la misma
persona natural o jurídica, con o sin residencia o domicilio en el país.
4.
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las cuales posee
directa o indirectamente el cincuenta por ciento (50%) o más del capital de la
otra.
5.
Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca en
un cincuenta por ciento (50%) o más a personas ligadas entre sí por matrimonio,
o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o único
civil.
6.
Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio, accionista o
comunero que posea el cincuenta por ciento (50%) o más del capital de la
empresa.
7.
Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o los socios,
accionistas o comuneros que tengan derecho de administrarla.
8.
Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca
directa o indirectamente en un cincuenta por ciento (50%) o más a unas mismas
personas o a sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad o único civil.
9.
Cuando el productor venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí,
el cincuenta por ciento (50%) o más de su producción, evento en el cual cada
una de las empresas se considera vinculada económica.
10.
Cuando se dé el caso previsto en el artículo anterior.
Ver Ley 863 de 2003
Artículo 451.
CASOS EN QUE UNA SOCIEDAD SE CONSIDERA SUBORDINADA. Se considera subordinada la
sociedad que se encuentre, en uno cualquiera de los siguientes casos:
1.
Cuando el cincuenta por ciento (50%) o más del capital pertenezca a la matriz,
directamente, o por intermedio o en concurrencia con sus subordinadas o con las
filiales o subsidiaria de éstas.
2.
Cuando las sociedades mencionadas tengan, conjunta o separadamente, el derecho
de emitir los votos constitutivos del quórum mínimo decisorio para designar
representante legal o para contratar.
3.
Cuando en una compañía participen en el cincuenta por ciento (50%) o más de sus
utilidades dos o más sociedades entre las cuales a su vez exista vinculación
económica en los términos del artículo anterior.
Artículo 452.
CUÁNDO SUBSISTE LA VINCULACIÓN ECONÓMICA. La vinculación económica subsiste,
cuando la enajenación se produce entre vinculados económicamente por medio de
terceros no vinculados.
Artículo 453.
VALOR DE LAS OPERACIONES SUBFACTURAS O NO FACTURADAS. Cuando se establezca la
inexistencia de factura o documento equivalente, o cuando éstos muestren como
monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza, se considerará,
salvo prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la venta o
prestación del servicio gravado, el corriente en plaza.
Artículo 454.
LOS DESCUENTOS EFECTIVOS NO INTEGRAN LA BASE GRAVABLE. No forman parte de la
base gravable los descuentos efectivos que consten en la factura o documento
equivalente, siempre y cuando no estén sujetos a ninguna condición y resulten
normales según la costumbre comercial; tampoco la integran el valor de los
empaques y envases cuando en virtud de convenios o costumbres comerciales sean materia
de devolución.
Artículo 455.
BASE GRAVABLE PARA INTERMEDIARIOS. En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo
438, la base gravable para el intermediario será el valor total de la venta;
para el tercero por cuya cuenta se vende, será este mismo valor disminuido en
la parte que le corresponda al intermediario.
Artículo 456.
BASE GRAVABLE PARA INTERMEDIARIOS EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS. En las ventas
de activos fijos realizadas habitualmente por cuenta y a nombre de terceros, la
base gravable estará conformada por la parte del valor de la operación que le
corresponda al intermediario, más la comisión, honorarios y demás emolumentos a
que tenga derecho por razón del negocio.
Artículo 457.
BASE GRAVABLE MÍNIMA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS POR INTERMEDIARIOS. Para los
efectos de lo previsto en el artículo anterior, en ningún caso, la base
gravable será inferior al tres por ciento (3%) del precio de venta. Cuando se
trate de automotores producidos o ensamblados en el país que tengan un año o
menos de salida de fábrica, o de automotores que tengan un año o menos de
nacionalizados, la base gravable no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%)
del precio de venta.
Artículo 457-1.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 97. BASE GRAVABLE EN LA VENTA DE VEHÍCULOS USADOS. En el caso de la
venta de vehículos usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos
constituían activos fijos, la base gravable estará conformada por la diferencia
entre el valor total de la operación, determinado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 447 de este estatuto, y el precio de compra.
Inciso adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 70. El mismo tratamiento se le dará a la venta de aerodinos usados.
Parágrafo. Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Adicionado por la Ley 488 de 1998, art
97. Cuando se trate de automotores que tengan más de cuatro (4) años de salida
de fábrica o de nacionalización, se aplicará la tarifa general del impuesto
sobre las ventas.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 106. Cuando se trate de la venta de salvamentos de vehículos
automotores siniestrados por hurto e indemnizados por parte de las compañías de
seguros generales, se presume que la base gravable es el setenta por ciento
(70%) del valor de enajenación del bien.
Articulo 458. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 7º. Base gravable en los retiros de bienes. En
los retiros a que se refiere el literal b) del artículo 421 del Estatuto
Tributario, la base gravable será el valor comercial de los bienes.
Texto anterior artículo 458. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 7º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Base gravable en los retiros de
bienes. En los retiros a que se refiere el literal b) del artículo 421 del
Estatuto Tributario, la base gravable será el valor comercial de los bienes.”.
Texto original del 458. “BASE GRAVABLE EN LOS
RETIROS DE BIENES CORPORALES MUEBLES. En los retiros a que se refiere el
literal b) del artículo 421, la base gravable será el valor comercial de los
bienes.”.
Articulo 459. Modificado
por la Ley 633 de 2000 artículo 126. BASE
GRAVABLE EN LAS IMPORTACIONES. La base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas
en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta
para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen.
Parágrafo. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 8º. Cuando
se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o
resulte incrementado por la inclusión del valor de un bien intangible, la base
gravable será determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera, de
conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
La base gravable sobre la cual se
liquida el impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de productos
terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes
nacionales exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva,
o con materia prima importada, será la establecida en el inciso primero de este
artículo adicionando o incluyendo el valor de todos los costos y gastos de
producción y descontando el valor de las materias prima y servicios sobre los
que ya se haya pagado el IVA, de conformidad con el certificado de integración.
Cuando el importador sea el comprador o cliente en territorio aduanero
nacional, la base gravable de la declaración de importación será el valor de la
factura más los aranceles.
Cuando los bienes producidos sean exentos
o excluidos de IVA, la salida de zona franca al territorio aduanero nacional se
perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de
integración. Lo anterior sin perjuicio de presentar declaración de importación
cuando haya lugar a pagar derechos de aduana.
Texto
anterior del parágrafo. Reglamentado por el Decreto 1370 de 2019. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 8º. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Cuando
se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o
resulte incrementado por la inclusión del valor de un bien intangible, la base
gravable será determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera, de
conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
La base gravable sobre la cual se liquida el Impuesto sobre las
Ventas (IVA) en la importación de productos terminados producidos en el
exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados, será la
establecida en el inciso primero de este artículo adicionado el valor de los
costos de producción y sin descontar el valor del componente nacional
exportado.”.
Texto anterior del parágafo. “Cuando se trate de mercancías cuyo valor
involucre la prestación de un servicio o resulte incrementado por la inclusión
del valor de un bien intangible, la base gravable será determinada aplicando
las normas sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido por el
Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC).”.
Inciso adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 45. La base
gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en la
importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca
con componentes nacionales exportados, será la establecida en el inciso 1° de
este artículo adicionado el valor de los costos de producción y sin descontar
el valor del componente nacional exportado. Esta base gravable no aplicará para
las sociedades declaradas como zona franca antes del 31 de diciembre de 2012 o
aquellas que se encuentran en trámite ante la comisión intersectorial de zonas
francas o ante la DIAN, y a los usuarios que se hayan calificado o se
califiquen a futuro en estas. La base gravable para las zonas francas
declaradas, y las que se encuentren en trámite ante la comisión intersectorial
de zonas francas o ante la DIAN y los usuarios que se hayan calificado o se
califiquen a futuro en estas, será la establecida antes de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Artículo 460.
BASE GRAVABLE EN SERVICIOS DE CLUBES. El impuesto se causa sobre todo pago que
reciba el club de sus asociados o de terceros, por cualquier concepto que
constituya ingreso en razón de su actividad.
Artículo 461.
BASE GRAVABLE EN SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS. En el caso
del servicio de transporte internacional de pasajeros de que trata el artículo
476 numeral 6º, el impuesto se liquidará, sobre el valor total del tiquete
u orden de cambio cuando éstos se expidan de una vía solamente y sobre el
cincuenta por ciento (50%) de su valor cuando se expidan de ida y regreso.
Cuando
la base gravable esté estipulada en moneda extranjera, será el equivalente en
moneda nacional, con aplicación del tipo de cambio vigente en la fecha de
emisión del tiquete o de la orden de cambio. Ver Ley 6 de 1992, artículo 25,
respecto al texto subrayado
Artículo 462.
Modificado
Ley
488 de 1998, artículo 55. BASE GRAVABLE PARA EL
SERVICIO TELEFÓNICO. La base gravable en el servicio telefónico es la general,
contemplada en el artículo 447 del Estatuto Tributario.
Ver Decreto 4537 de 2005 (Exclusión del
IVA para estratos 1 y 2).
Artículo 462-1. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 46. Base gravable especial. Para los servicios integrales de
aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de
Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas
por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere,
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces,
a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y
seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con
personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente
depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte
correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá
ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Para
efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber cumplido
con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de
cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo
del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.
Parágrafo. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 182. Esta base gravable especial se aplicará
igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, para efectos
de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de
la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios,
así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.
Texto
anterior parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para
efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que
para los impuestos territoriales.
Texto anterior art 462-1.
Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
32. SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 1.6%. En los servicios de aseo, en los
de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, en los
de empleo temporal prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de la
Protección Social y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria o
quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro
por parte del Ministerio de la Protección Social, de los regímenes de trabajo
asociado, compensaciones y seg uridad (sic) social, la tarifa será del 1.6%.
Para
tener derecho a este beneficio el contribuyente deberá haber cumplido con todas
las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado y las atinentes a la seguridad social.
Ver Circular 9 de 2007 de la DIAN y Decreto 4650 de 2006
Artículo
462-2. Desarrollado por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado por
la Ley 1607 de 2012, art 47. Responsabilidad
en los servicios de parqueadero prestado por las propiedades horizontales. En el caso del impuesto sobre las ventas causado por la
prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas
comunes por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad
horizontal o sus administradores, son responsables del impuesto la persona
jurídica constituida como propiedad horizontal o la persona que preste
directamente el servicio.
Artículo 463.
BASE DE GRAVABLE MÍNIMA. En ningún caso la base gravable podrá ser inferior al
valor comercial de los bienes o de los servicios, en la fecha de la
transacción.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 10 de 1990,
artículo 40. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 447, en ningún caso,
la base gravable para liquidar el impuesto sobre la venta de licores de
producción nacional, podrá ser inferior al 40% del precio promedio nacional, al
detal, fijado semestralmente por el DANE para la botella de aguardiente anisado
de 750 c.c. El valor, así determinado, se aplicará proporcionalmente cuando el
envase tenga un volumen diferente. La base gravable para liquidar el impuesto
sobre las ventas de estos productos no incluye el valor del impuesto al
consumo, ni la participación porcentual de la respectiva entidad territorial
por la venta de licores consumidos en su jurisdicción. Ver Concepto Unificado 1 de 2003 de la DIAN y Decreto 1298 de 1994, artículo 722
Inciso adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 33. Cuando se trate de operaciones efectuadas fuera del territorio Departamental
donde se han producido los licores, la base gravable mínima para liquidar el
impuesto sobre las ventas señalada en este parágrafo, será el treinta por
ciento (30%) del precio promedio nacional al detal, fijado semestralmente por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-.
Ver Ley 788 de 2002, Capítulo 5
Artículo 464.
EL GOBIERNO PUEDE FIJAR BASES MÍNIMAS DE LIQUIDACIÓN. Con el fin de evitar que
se declaren operaciones por precios notoriamente inferiores a los vigentes en
el comercio, el Gobierno Nacional podrá fijar bases mínimas de liquidación
acordes con el precio comercial de los respectivos artículos.
Artículo 465.
Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 172. Competencia para fijar precios. El Ministerio de Minas y
Energía señalará los precios de los productos refinados derivados del petróleo
y del gas natural para los efectos de liquidar el impuesto sobre las ventas, exceptuados
la gasolina y el ACPM, que se encuentran excluidos de este impuesto.
Texto original art 465. COMPETENCIA PARA FIJAR PRECIOS. El Ministerio de Minas y Energía,
señalará los precios de los productos refinados derivados del petróleo y del
gas natural para los efectos de liquidar el impuesto sobre las ventas.
Artículo
466.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Modificado por
la Ley 223 de 1995, art
12. BASE GRAVABLE EN LA VENTA DE GASOLINA MOTOR. La base para liquidar el
impuesto sobre las ventas de la gasolina motor regular y extra, será el ingreso
al productor. En el caso de importación de gasolina, la base gravable se determinará
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 459.
Artículo 467. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 183. Base gravable en
otros productos derivados del petróleo. La base gravable en la venta de
los siguientes productos derivados del petróleo se determinará así:
1. En combustibles, se
entiende que la base gravable para el impuesto a las ventas será:
a) Para el productor o
importador: el Ingreso al productor IP;
b) Para el distribuidor
mayorista y/o Comercializador Industrial: el Ingreso al productor o
comercializador del combustible y del alcohol carburante y/o biocombustible en
la proporción autorizada por el Ministerio de Minas y Energía para convertirlo
en combustible oxigenado, adicionado el margen mayorista. El transporte al
combustible no formará parte de la base gravable.
2. En gasolina de aviación
de 100/130 octanos,
a) Para el productor: el
precio oficial de lista en refinería;
b) Para el distribuidor
mayorista: el precio oficial de lista en refinería adicionando el margen de
comercialización.
3. Para todos los demás
derivados del petróleo diferentes a combustibles corresponderá al precio de
venta.
4. Cuando se trate de
combustibles cuyo margen de comercialización e Ingreso al Productor IP no es
regulado por el Ministerio de Minas y Energía, la base gravable será el precio
de venta sin incluir transporte por poliducto.
El impuesto generado dará
derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485, 486, 488 y
demás normas concordantes.
Artículo 467. BASE GRAVABLE EN OTROS PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO. La base gravable en la venta de los siguientes
productos derivados del petróleo se determinará así:
a) Para gasolina de aviación
de 100/130 octanos, sobre el precio oficial de lista en refinería;
b) Para aceites, lubricantes
y grasas, sobre el precio oficial de venta del productor;
c) Para todos los demás
productos refinados, derivados del petróleo, incluyendo el gas propano para
uso doméstico, la gasolina blanca, las bases para aceites lubricantes y
grasas y los productos petroquímicos, sobre el precio oficial de lista fijado
para el productor en el lugar de entrega. Ver
el artículo 424-6 del Estatuto Tributario, respecto al texto subrayado
Ver Ley 6 de 1992, artículo 21
TITULO V
TARIFAS
Artículo 468. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 184. Tarifa general del impuesto sobre
las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del
diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.
A partir del año gravable 2017, del recaudo del impuesto sobre las
ventas un (1) punto se destinará así:
a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El
cuarenta por ciento (40%) de este recaudo se destinará a la financiación de la
Educación Superior Pública.
Parágrafo 1. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Los directorios telefónicos
quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, únicamente
cuando se transfieran a título oneroso.
Ver Decreto 780
de 2016, artículo 2.6.4.2.1.9.
Texto anterior artículo
468. Modificado por la Ley 633 de
2000, artículo 26. “TARIFA
GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del impuesto sobre las
ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los
servicios, con excepción de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa
general será aplicable a los bienes de que tratan los artículos 446, 469 y 474
y a los servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa
general del impuesto sobre las ventas, únicamente cuando se transfieran a
título oneroso.”.
Ver Ley 863
de 2003, artículo 33.
Texto anterior artículo 468. Modificado
por la Ley 488 de 1998, artículo 46. “TARIFA
GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del impuesto sobre las
ventas es del dieciséis por ciento (16%). A partir del primero de noviembre de
1999 esta tarifa será del quince por ciento (15%). Esta tarifa también se
aplicará a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente.
Igualmente la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los
artículos 446, 469 y 474.
Parágrafo. Los directorios
quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas.”.
Texto anterior artículo. Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo
14. “TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa
general del impuesto sobre las ventas es el dieciséis por ciento (16%), para
los años de 1996, 1997, 1998 y en adelante.
Esta tarifa también se
aplicará a los servicios con excepción de los excluidos expresamente.
Igualmente la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los
artículos 446, 469 y 474.
Del dieciséis por ciento
(16%), que aquí se fija, dos y medio por ciento (2.5%) puntos porcentuales,
descontadas las transferencias a las entidades territoriales a que hace (sic)
referencia los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se asignarán
exclusivamente para gastos de inversión social, según lo previsto en el numeral
2º del artículo 359 de la misma Constitución, atendiendo los siguientes
destinos y proporciones:
1º Al menos el treinta por
ciento (30%) para gastos del régimen subsidiado de salud, establecido por
la Ley 100 de 1993, hogares comunitarios y para
educación preescolar, primaria, secundaria y media, preferencialmente de
aquellos departamentos o distritos cuyo situado fiscal por habitante pobre esté
por debajo del promedio nacional y para los gastos de los hogares de bienestar
y otros programas dirigidos a la infancia, madres comunitarias para completar
el valor de la UPC del régimen subsidiado de que trata la Ley 100 de
1993 con el fin de que las madres y padres comunitarios,
trabajadoras y trabajadores solidarios de los hogares comunitarios del
Instituto de Bienestar Familiar puedan afiliarse al Instituto de Seguros
Sociales o empresa promotora de salud que éstas escojan de manera tal que les
permita (sic) recibir los beneficios que establece el régimen contributivo
contemplado en dicha ley, para incrementar el valor de la beca de las madres y
padres comunitarios trabajadoras y trabajadores solidarios de los hogares
comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2º Al menos el treinta por
ciento (30%) para los recursos que demande el gasto social rural, que comprende
desarrollo rural campesino, indígena y de comunidades negras, y programa
PLANTE, vivienda social rural, igualmente parte de estos recursos se destinarán
al subsidio de crédito para pequeños productores campesinos en zonas que se
identifiquen como notoriamente deprimidas, de acuerdo con la reglamentación que
al respecto establezca el gobierno, en los términos señalados en el Plan de
Desarrollo.
En todo caso, de los recursos
a que se refiere este numeral segundo, se asignará, como mínimo, el siete por
ciento (7%) para vivienda rural, programa VIVIR MEJOR. Respetando la radicación
de los proyectos en la Caja Agraria. La siguiente frase fue adicionada
por la Ley 383 de 1997, artículo
59. Atendiendo prioritariamente las regiones y comunidades
señaladas como de alto riesgo de Chagas por parte del Ministerio de Salud.
Y un mínimo del diez por
ciento (10%) sobre dos puntos porcentuales del dieciséis por ciento (16%) del
IVA, durante dos vigencias fiscales consecutivas a partir de 1996, se aplicará
a la atención y alivio de las deudas contraídas por los caficultores para el
desarrollo de su actividad, antes del 31 de diciembre de 1994 con Bancafé, la
Caja Agraria y el Fondo Nacional del Café, y cuyo capital original no exceda
los tres millones de pesos ($3.000.000.00). Y medio punto porcentual del
dieciséis por ciento (16%) del IVA, para atender a los demás sectores agrícolas
deprimidos.
3º Un mínimo del veinte por
ciento (20%) para cubrir los subsidios de los sectores correspondientes a los
estratos residenciales I, II y III del sector eléctrico, subtransmisión,
transformación, distribución y corrección de pérdidas negras y técnicas, Ley 143 de
1994, para subsidiar los estratos residenciales I, II y III en la
instalación y conexión al sistema del uso de gas domiciliario Ley 142 de
1994, para transporte en los programas de masificación de gas
natural, para subsidiar y prestar el servicio de agua potable en los sectores
rurales.
4º Al menos el diez por
ciento (10%) para los Fondos de Pensiones Oficiales del orden nacional,
departamental, distrital y municipal.
5º Numeral modificado
por la Ley 383 de 1997, artículo
64. Al menos el tres por ciento (3%) para la prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico y rehabilitación
integral, incluidos trasplantes en los casos que sean indicados, de las
enfermedades cardiovasculares, diabetes, hematológicas, hepáticas, oncológicas,
renales y plástica reconstructivas, de los niños de padres de escasos recursos,
programa que será ejecutado por el Ministerio de Salud.
Texto anterior del numeral 5º (Ley 23 de
1995).: “Al menos el tres por ciento (3%) para prevenir y curar la
cardiopatía infantil; prevención y tratamiento de la diabetes infantil de los
niños de padres de escasos recursos.”.
6º Numeral modificado
por la Ley 383 de 1997, artículo
64. Dos por ciento (2%) para desarrollar programas para la tercera
edad diferentes al programa Revivir, para el mejoramiento de las instituciones
de salud mental del país y la atención de inimputables y para programas de
discapacidad de los niños de padres de escasos recursos y de rehabilitación
psicosocial de los niños".
Texto anterior del numeral
6 (Ley 223 de 1995): “Dos
por ciento (2%) para desarrollar programas para la tercera edad diferentes al
Programa REVIVIR. Programas desarrollados por la ONG especializadas únicamente
en atención a la tercera edad.”.
Parágrafo 1o. Los porcentajes
o las proporciones establecidas en este artículo se revisarán cada dos (2) años
contados desde la vigencia de la presente Ley. Así mismo, el Gobierno Nacional
dispondrá de los excedentes no comprometidos para financiar otros rubros o
programas de inversión social.
Parágrafo 2o Para el estricto
cumplimiento de este artículo se designará una Comisión de Seguimiento y
Control, compuesta por el Gobierno Nacional, sendos representantes del sector
productivo y del sector social, y por dos (2) miembros de cada una de las
Comisiones Terceras, Quintas y Séptimas del Senado de la República, y tres (3)
de la Cámara de Representantes respectivamente.
Parágrafo 3o El Ministerio de
Hacienda debe presentar a la Comisión de Seguimiento un informe semestral sobre
el recaudo del IVA y sobre la ejecución de las destinaciones específicas
presentadas en este artículo.
Parágrafo 4o En el caso de
contratos con entidades públicas, cuyas licitaciones hayan sido adjudicadas con
anterioridad a la vigencia de esta Ley, se continuará aplicando la tarifa
vigente en la fecha de adjudicación de la licitación.”.
Nota
leyex.info: La Ley 488 de 1998,
artículo 61, reza lo siguiente: “Grávese el diesel marino con
la tarifa general del impuesto sobre las ventas.”.
Nota
leyex.info: La Ley 488 de 1998,
artículo 65, reza lo siguiente: “Los implementos para deporte
competitivo continuarán gravados a la tarifa general del IVA.”.
Ver Ley 633 de
2000, artículos 108 y 113.
Texto anterior artículo. Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 19, artículo
este sobre el cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre su exequibilidad en la Sentencia C-228 de 1993. “TARIFA
GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del impuesto
sobre las ventas es del doce por ciento (12%), salvo las excepciones
contempladas en este Título. Esta tarifa del doce por ciento (12%) también se
aplicará a los servicios con excepción de los excluidos por el artículo 476.
Igualmente será aplicable la tarifa general del doce por ciento (12%), a
los bienes de que tratan los artículos 446 y 474.
En forma transitoria, la tarifa a que se refiere este artículo será del
catorce por ciento (14%) a partir del 1o de enero de 1993 y hasta el 31 de
diciembre 1997.”.
Texto anterior del artículo. Modificado por el Decreto 1655 de 1991, artículo 4º. “TARIFA GENERAL. A partir del 1° de enero de 1991,
la tarifa general del Impuesto sobre las Ventas es del doce por ciento (12 %),
salvo las excepciones contempladas en este Título. Esta tarifa del doce por
ciento (12 % ) también se aplicará a los servicios de que trata el artículo
476, con excepción de los señalados en los numerales 9.2 10, literales a) y b);
12, 14, 15 y el del numeral 13 cuando la tarifa correspondiente al bien
resultante del servicio, no corresponda a la tarifa general.
Igualmente será aplicable la
tarifa general del doce por ciento (12 % ), a los bienes de que trata el
artículo 474, a las importaciones de los bienes indicados en el literal a) del
artículo 428 y a los bienes señalados en las partidas arancelarias a que hace
referencia el artículo 469, con excepción de los ubicados en las partidas
22.04, 22.05, 22.06 22.08, 87.11, 88.01, 88.02, 88.04 y 89.03 del Arancel de
Aduanas, los cuales continúan gravados a la tarifa del treinta y cinco por
ciento (35 %).
PARAGRAFO. Los porcentajes
del diez por ciento (10%) contemplados en los artículos 485 y 501 del Estatuto
Tributario, quedan sustituidos por el doce por ciento (12 %).”.
Texto anterior artículo. Modificado por
la Ley 49 de 1990, artículo 26. “TARIFA
GENERAL. A partir del primero (1o.) de enero de 1991, la tarifa general del
impuesto sobre las ventas es del doce por ciento (12%), salvo las excepciones
contempladas en este título. Esta tarifa del doce por ciento (12%) también se
aplicará a los servicios de que trata el artículo 476, con excepción de los
señalados en los numerales 12 y 13 cuando en el caso de éste último numeral, la
tarifa correspondiente al bien resultante del servicio no corresponda a la
tarifa general.
Igualmente será aplicable la
tarifa general del doce por ciento (12%), a los bienes de que trata el artículo
474, a la importación de los bienes indicados en el literal a) del artículo 428
y a los bienes señalados en las posiciones arancelarias a que hace referencia
el artículo 469, con excepción de los ubicados en las posiciones arancelarias
22.05, 22.06, 22.07, 22.09, 87.09, 88.02 y 89.01, los cuales continúan gravados
a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%).
Parágrafo. Los porcentajes
del diez por ciento (10%) contemplados en los artículos 485 y 501, del Estatuto
Tributario, quedan sustituidos por el doce por ciento (12%).”.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): “TARIFA GENERAL DEL 10%. La tarifa general del impuesto sobre
las ventas es del diez por ciento (10%), salvo las excepciones contempladas en
este título.”.
Artículo 468-1. Reglamentado por
el Decreto 1096 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 185. Bienes
gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Los siguientes bienes
están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):
09.01 |
Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café, sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción, excepto el de la subpartida 09.01.11 |
10.01 |
Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el utilizado para la siembra. |
10.02.90.00.00 |
Centeno. |
10.04.90.00.00 |
Avena. |
10.05.90 |
Maíz para uso industrial. |
10.06 |
Arroz para uso industrial. |
10.07.90.00.00 |
Sorgo de grano. |
10.08 |
Alforfón, mijo y alpiste, los demás cereales. |
11.01.00.00.00 |
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11.02 |
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11.04.12.00.00 |
Granos aplastados o en copos de avena |
12.01.90.00.00 |
Habas de soya. |
12.07.10.90.00 |
Nuez y almendra de palma. |
12.07.29.00.00 |
Semillas de algodón. |
12.07.99.99.00 |
Fruto de palma de aceite |
12.08 |
Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. |
15.07.10.00.00 |
Aceite en bruto de soya |
15.11.10.00.00 |
Aceite en bruto de palma |
15.12.11.10.00 |
Aceite en bruto de girasol |
15.12.21.00.00 |
Aceite en bruto de algodón |
15.13.21.10.00 |
Aceite en bruto de almendra de palma |
15.14.11.00.00 |
Aceite en bruto de colza |
15.15.21.00.00 |
Aceite en bruto de maíz |
16.01 |
Únicamente el salchichón y la butifarra |
16.02 |
Únicamente la mortadela |
17.01 |
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, excepto la de la subpartida 17.01.13.00.00 |
17.03 |
Melaza procedente de la extracción o del refinado de la azúcar. |
18.06.32.00.90 |
Chocolate de mesa. |
19.02.11.00.00 |
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que contengan huevo. |
19.02.19.00.00 |
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma. |
19.05 |
Únicamente los productos de panadería a base de sagú, yuca y achira. |
21.01.11 .00 |
Extractos, esencias y concentrados de café. |
21.06.90.61.00 |
Preparaciones edulcorantes a base de estevia y otros de origen natural. |
21.06.90.69.00 |
Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o artificiales. |
23.01 |
Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescados o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana, chicharrones. |
23.02 |
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas incluso en pellets. |
23.03 |
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets. |
23.04 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite desoja (soya), incluso molidos o en pellets. |
23.05 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en pellets. |
23.06 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en pellets, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05. |
23.08 |
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte. |
23.09 |
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. |
44.03 |
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. |
52.01 |
Algodón sin cardar ni peinar. |
73.11.00.10.00 |
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura, componentes del plan de gas vehicular. |
82.01 |
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. |
82.08.40.00.00 |
Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales. |
84.09.91.60.00 |
Carburadores y sus partes (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. |
84.09.91.91.00 |
Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehículos automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes del plan de gas vehicular. |
84.09.91.99.00 |
Repuestos para kits del plan de gas vehicular. |
84.14.80.22.00 |
Compresores componentes del plan de gas vehicular. |
84.14.90.10.00 |
Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. |
84.19.31.00.00 |
Secadores para productos agrícolas |
84.19.50.10.00 |
Intercambiadores de calor; pasterizadores |
84.24.82.90.00 |
Fumigadoras para uso agrícola |
84.29.51.00.00 |
Cargador frontal |
84.32 |
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. |
84.34 |
Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes. |
84.36.21.00.00 |
Incubadoras y criadoras. |
84.36.29 |
Las demás máquinas y aparatos para la avicultura. |
84.36.91.00.00 |
Partes de máquinas o aparatos para la avicultura. |
84.38.80.10.00 |
Descascarillador as y despulpadoras de café |
85.01 |
Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. |
85.07 |
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. |
85.04 |
Cargadores de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas incluso aquéllos que vienen incluidos en los vehículos, los de carga rápida (electrolineras) y los de recarga domiciliaria. |
85.04 |
Inversores de carga eléctrica para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
87.02 |
Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de 10 o más personas, incluido el conductor. |
87.03 |
Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto la partida 87.02), incluidos los vehículos de tipo familiar (“break” o station wagon) y los de carreras. |
87.04 |
Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de mercancías. |
87.05 |
Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para usos especiales excepto los concebidos principalmente para el transporte de personas o mercancías. |
87.06 |
Chasis de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, únicamente para los de transporte público. |
87.07 |
Carrocerías de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, incluidas las cabinas, únicamente para los de transporte público. |
Modificada por la Ley 2010 de 2019, artículo 9º. 87.11 Texto inicial: “87.11 |
Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT.
Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores).”. |
Modificada por la Ley 2010 de 2019, artículo 9º. 87.12 Texto inicial: 87.12 |
Bicicletas y Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) cuyo valor exceda de 50 UVT. “Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto). Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor cuyo valor no exceda los 50 UVT.”. |
89.01 |
Transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. |
89.04 |
Remolcadores y barcos empujadores. |
89.06.90 |
Los demás barcos y barcos de salvamento excepto los de remo y los de guerra. |
90.25.90.00.00 |
Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan de gas vehicular. |
90.31 |
Unidades de control para motores eléctricos de uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
90.32 |
Unidades de control de las baterías y del sistema de enfriamiento de las baterías para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
96.19 |
Compresas
y tampones higiénicos. Esta partida fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-117 de 2018. Providencia confirmada en la Sentencia C-133 de 2018 y en la Sentencia C-383 de 2019. |
Adicionalmente:
1. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018 , artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). La primera venta de unidades
de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas
mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La primera
venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), urbana y rural, mantendrá el tratamiento
establecido en el parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto Tributario.
2. A partir del
1° de enero de 2017, los bienes sujetos a participación o impuesto al consumo
de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la
Ley 223 de 1995.
3. Las neveras
nuevas para sustitución, sujetas al Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ),
clasificadas en los rangos de energía A, B o C, de acuerdo a la Resolución
41012 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, o la que la modifique o
sustituya, siempre y cuando: i) su precio sea igual o inferior a 30 UVT; ii) se
entregue una nevera usada al momento de la compra; y iii) el comprador
pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 3. El Gobierno nacional reglamentará la
materia para efectos de establecer el mecanismo para garantizar la aplicación
de esta tarifa únicamente sobre los bienes objeto de sustitución.
4. Adicionado por la Ley
1955 de 2019, art. 74. El ingreso al
productor en la venta de Gasolina y ACPM. Para efectos de este numeral se
considera gasolina y ACPM lo definido en el parágrafo 1° del artículo 167 de
la Ley 1607 de 2012.
A la base gravable determinada de conformidad con el artículo
467 del Estatuto Tributario, se detrae el ingreso al productor y se le aplica
la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA.
Parágrafo transitorio. Estará
excluida la venta de las unidades de vivienda nueva a que hace referencia el
numeral 1 siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento de
separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de
vinculación al fideicomiso y/o escritura de compraventa antes del 31 de
diciembre del 2017, certificado por notario público.
Parágrafo transitorio 2°. Adicionado por la Ley
1955 de 2019, art. 74. Para efectos del numeral 4 de este
artículo, el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa será un
mayor valor del costo o gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. El exceso de
impuesto descontable por la diferencia de tarifa, generado a partir del 1° de
enero de 2022 por la venta de productos del numeral 4 de este artículo, se
regirá por lo establecido en el parágrafo del artículo 485 de este Estatuto.
Parágrafo transitorio 3°. Adicionado por la Ley
1955 de 2019, art. 74. Lo dispuesto en el numeral 4 de este
artículo inicia su aplicación a partir del bimestre siguiente a la vigencia de
la presente Ley.
Texto anterior art 468. Modificado por la Ley 633 de 2000, art
26. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del
impuesto sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se
aplicará también a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente.
Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los artículos
446, 469 y 474 y a los servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo. Los directorios telefónicos
quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, únicamente
cuando se transfieran a título oneroso.
Ver Ley 863 de 2003, artículo 33.
Texto anterior art 468-1. Desarrollado por el Decreto 1794
de 2013. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 48. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). A partir del 1º de enero de 2013, los
siguientes bienes quedan gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):
09.01 |
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de
café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción,
excepto el de la subpartida 09.01.11 |
10.01 |
Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el utilizado para la
siembra. |
10.02.90.00.00 |
Centeno. |
10.04.90.00.00 |
Avena. |
10.05.90 |
Maíz para uso industrial. |
10.06 |
Arroz para uso industrial. |
10.07.90.00.00 |
Sorgo de grano. |
10.08 |
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. |
11.01.00.00.00 |
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11.02 |
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11.04.12.00.00 |
Granos aplastados o en copos de avena |
12.01.90.00.00 |
Habas de soya. |
12.07.10.90.00 |
Nuez y almendra de palma. |
12.07.29.00.00 |
Semillas de algodón. |
12.07.99.99.00 |
Fruto de palma de aceite |
12.08 |
Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de
mostaza. |
15.07.10.00.00 |
Aceite en bruto de soya |
15.11.10.00.00 |
Aceite en bruto de palma |
15.12.11.10.00 |
Aceite en bruto de girasol |
15.12.21.00.00 |
Aceite en bruto de algodón |
15.13.21.10.00 |
Aceite en bruto de almendra de palma |
15.14.11.00.00 |
Aceite en bruto de colza |
15.15.21.00.00 |
Aceite en bruto de maíz |
16.01 |
Únicamente el salchichón y la butifarra |
16.02 |
Únicamente la mortadela |
17.01 |
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en
estado sólido, excepto la de la subpartida 17.01.13.00.00 |
17.03 |
Melaza procedente de la extracción o del refinado de la azúcar. |
18.06.32.00.90 |
Chocolate de mesa. |
19.02.11.00.00 |
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma
que contengan huevo. |
19.02.19.00.00 |
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de
otra forma. |
19.05 |
Los productos de panadería a base de sagú, yuca y achira. |
21.01.11.00 |
Extractos, esencias y concentrados de café. |
21.06.90.60.00 |
Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o artificiales.
|
21.06.90.91.00 |
Preparaciones edulcorantes a base de estevia y otros de origen
natural. |
23.01 |
Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescados o de
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la
alimentación humana; chicharrones. |
23.02 |
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o
de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas incluso en
pellets. |
23.03 |
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa
de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria
azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en
“pellets”. |
23.04 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite desoja
(soya), incluso molidos o en “pellets”. |
23.05 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de
maní (cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en “pellets”. |
23.06 |
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o
aceites vegetales, incluso molidos o en “pellets”, excepto los de las partidas
23.04 o 23.05. |
23.08 |
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y
subproductos vegetales, incluso en “pellets”, de los tipos utilizados para
la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte.
|
23.09 |
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los
animales. |
52.01 |
Algodón sin cardar ni peinar |
82.01 |
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza,
rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo;
tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o
para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. |
84.32 |
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o
silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. |
84.34 |
Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes. |
84.36.21.00.00 |
Incubadoras y criadoras. |
84.36.29 |
Las demás máquinas y aparatos para la avicultura. |
84.36.91.00.00 |
Partes de máquinas o aparatos para la avicultura. |
87.02 |
Vehículos automóviles eléctricos, para transporte de 10 o más
personas, incluido el conductor, únicamente para transporte público. |
87.03 |
Los taxis automóviles eléctricos, únicamente para transporte
público. |
87.06 |
Chasis de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y
87.03, únicamente para los de transporte público. |
87.07 |
Carrocerías de vehículos automotores eléctricos de las partidas
87.02 y 87.03, incluidas las cabinas, únicamente para los de transporte
público. |
Texto anterior art 468-1. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
33. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL DIEZ POR CIENTO (10%). A partir del 1º de
enero de 2007, los siguientes bienes quedan gravados con la tarifa del diez por
ciento (10%):
Consultar Tabla en el Diario
Oficial 46.494
Ver
Ley 863 de 2003, artículo
10, que dice lo siguiente:
“Incorpórense
al artículo 468-1 del Estatuto Tributario las siguientes partidas arancelarias,
las cuales quedarán gravadas a la tarifa allí prevista:
12.07.10.90.00
Nuez y almendra de palma para molienda
15.11.10.00.00
Aceite crudo de palma
52.01
Fibras de algodón
84.32
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos de
césped o terrenos de deporte.
Exclúyase
del artículo 468-1 del Estatuto Tributario sobre bienes gravados a la tarifa
del siete por ciento (7%), la siguiente partida arancelaria, la cual quedará
excluida del impuesto:
12.07.20.10.00
Semilla de algodón para la siembra.”.
Artículo
468-2.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Adicionado por la Ley 788 de 2002, artículo
108. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL DOS POR CIENTO (2%). A partir del
primero (1°) de enero de 2003, los siguientes bienes quedan gravados con la
tarifa del dos por ciento (2%).
01.02 Animales vivos de la especie bovina, incluso
los de género búfalo, (excepto los toros de lidia)
01.03 Animales vivos de la especie porcina
01.04 Animales vivos de las especies ovina o
caprina
01.05 Gallos, gallinas,
patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos
01.06 Los demás animales vivos.
Parágrafo. El impuesto sobre las ventas en la
comercialización de los animales vivos se causa en el momento en que el animal
sea sacrificado o procesado por el mismo responsable, o entregado a terceros
para su sacrificio o procesamiento. En ningún caso la base gravable podrá ser
inferior al valor comercial de dichos bienes.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo
31.
Artículo 468-3. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 49. Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). A
partir del 1º de enero de 2013, los siguientes servicios quedan gravados con la
tarifa del cinco por ciento (5%):
1.
El almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito y
las comisiones directamente relacionadas con negociaciones de productos de
origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos
agropecuarios legalmente constituidas.
2.
El seguro agropecuario.
3.
Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de
cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en
general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes.
4. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 186. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería,
aseo y temporales de empleo, prestados por personas jurídicas constituidas,
bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1 del
artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo
objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los servicios de
vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada,
supervisión, consejería, aseo, y temporales de empleo, autorizadas por el
Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los servicios mencionados sean
prestados mediante personas con discapacidad física, o mental en grados que
permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla con
todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus
trabajadores que debe vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad física
o mental, deberá ser certificada por Junta Regional y Nacional de Invalidez del
Ministerio de Trabajo.
Los prestadores de los servicios a que se refiere el presente
numeral tendrán derecho a impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista.
El Gobierno nacional reglamentará la materia.
La base del cálculo del impuesto para los servicios señalados en
este numeral será la parte correspondiente al AIU.
Texto anterior numeral 4. Los servicios de
vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo, prestados
por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad, bajo cualquier
naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto
Tributario, vigiladas por la Superintendencia
de Economía Solidaria, cuyo objeto social exclusivo corresponda a la prestación
de los servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de
Vigilancia Privada, supervisión, consejería, aseo, y temporales de empleo,
autorizadas por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los servicios
mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad física, o mental
en grados que permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, y la
entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en
relación con sus trabajadores que debe vincular mediante contrato de trabajo.
La discapacidad física o mental, deberá ser certificada por Junta Regional y
Nacional de Invalidez del Ministerio de Trabajo.
Para
efectos tributarios, los particulares, al momento de constituir la persona
jurídica, proyectan en el nuevo sujeto de derechos y obligaciones que crean, un
ánimo autorreferenciado o egotista o un ánimo de alteridad referido a los otros
y lo otro. En consecuencia, se entiende que:
-
Las personas jurídicas con ánimo egotista se crean para lograr un beneficio de
retorno propio y subjetivo y por lo tanto, la generación de ingresos y lucro
que de su operación resulte son utilidades. Estas se acumulan y/o distribuyen
entre los particulares que la crearon y/o son sus dueños y no son titulares del
tratamiento del beneficio que establece este artículo.
-
Las personas jurídicas con ánimo de alteridad se crean para lograr un beneficio
de retorno orgánico y estatutario, y por tanto, la generación de ingresos y
lucro que de su operación resulte es un excedente. Este no se acumula por más
de un año y se debe reinvertir en su integridad en su objeto social para
consolidar la permanencia y proyección del propósito de alteridad.
Los
prestadores de los servicios a que se refiere el presente numeral tendrán
derecho a impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
La
base del cálculo del impuesto para los servicios señalados en este numeral será
la parte correspondiente al AIU.
Texto anterior art 468-3. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
34. SERVICIOS GRAVADOS CON LA TARIFA DEL DIEZ POR CIENTO (10%). A partir del 1º
de enero de 2007, los siguientes servicios quedan gravados con la tarifa del
diez por ciento (10%):
1. Los planes de medicina
prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y
hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los
planes adicionales, conforme con las normas vigentes.
2. Los servicios de clubes
sociales o deportivos de trabajadores y de pensionados.
3. El servicio de alojamiento
prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje.
4. Las comisiones percibidas
por la colocación de los planes de salud del sistema de medicina prepagada,
expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la Superintendencia
Nacional de Salud.
5. El almacenamiento de
productos agrícolas por almacenes generales de depósito y las comisiones
directamente relacionadas con negociaciones de productos de origen agropecuario
que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente
constituidas.
6. El servicio de
arrendamiento de inmuebles diferentes a los destinados para vivienda y espacios
para exposiciones y Muestras Artesanales Nacionales.
Parágrafo. Cuando en un establecimiento de
comercio se lleven a cabo actividades mixtas de restaurante, cafetería,
panadería-, pastelería y/o galletería, se entenderá que la venta se hace como
servicio de restaurante gravado a la tarifa general.
TARIFAS DIFERENCIALES DEL
35% Y 20%.
Artículo
469. Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
15. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON TARIFA GENERAL. Están sometidos a la tarifa
general del impuesto sobre las ventas los siguientes vehículos automóviles, con
motor de cualquier clase:
1. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo
38. Los taxis automóviles e igualmente los taxis clasificables por la partida
arancelaria 87.03.
2. Los vehículos para el
transporte de diez personas o más, incluido el conductor, de la partida 87.02
del Arancel.
3. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
35. Los vehículos para el transporte de mercancía de la partida 87.04.
4. Los coches ambulancias,
celulares y mortuorios.
5. Los motocarros de tres
ruedas para el transporte de carga con capacidad máxima de 1.700 libras.
6. Adicionado por la Ley 1111 de 2006, artículo
35. Los aerodinos de enseñanza hasta de dos plazas y los de servicio público.
Inciso modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo
35. Así mismo, la tarifa general del impuesto sobre las ventas se aplicará a
las motos y motocicletas con motor hasta de 185 c.c., a los chasises cabinados
y a las carrocerías de las partidas 87.06 y 87.07, siempre y cuando unos y
otras se destinen a los vehículos automóviles de los numerales señalados en
este artículo.
Artículo
470.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Adicionado
por la Ley 1393 de 2010, art 11
(éste artículo fue declarado inexequible por la Sentencia C-133 de
2012).
Servicio gravado
con la tarifa del veinte por ciento (20%). A partir del 1° de enero de 2007, el
servicio de telefonía móvil está gravado con la tarifa del 20%.
El incremento del 4% a que se refiere este artículo será destinado a
inversión social y se distribuirá así:
– Un 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo
del deporte, y la recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos en
las zonas de influencia de los mismos, así como para la atención de los juegos
deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del
ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación
de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único
nacional.
– El 25% restante será girado al Distrito Capital y a los Departamentos,
para que mediante convenio con los municipios y/o distritos que presenten
proyectos que sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento
y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del Sistema
General de Participación, establecidos en la Ley 715 de 2001 y también, el fomento, promoción y
desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana. El Gobierno
Nacional reglamentará las condiciones de distribución de estos recursos los
cuales se destinarán por los Departamentos y el Distrito Capital en un 50% para
cultura dándole aplicación a la Ley 1185 de 2008 y el otro 50% para deporte. Del total de estos recursos se deberán
destinar mínimo un 3% para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la
recreación de deportistas con discapacidad y los programas culturales y artísticos
de gestores y creadores culturales con discapacidad.
Los municipios y/o distritos cuyas actividades culturales y artísticas
hayan sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unesco, tendrán derecho a que del porcentaje asignado se destine el cincuenta
por ciento (50%) para la promoción y fomento de estas actividades.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán
informar anualmente a las comisiones económicas del Congreso de la República,
el valor recaudado por este tributo y la destinación de los mismos.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1450 de 2011, artículo
175. Los recursos girados para cultura al Distrito Capital y a los Departamentos,
que no hayan sido ejecutados al final de la vigencia siguiente a la cual fueron
girados, serán reintegrados por el Distrito Capital y los Departamentos al
Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros generados.
Los recursos reintegrados al
Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de proyectos de inversión a
cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la apropiación social del
patrimonio cultural.
Los recursos de las
vigencias comprendidas desde 2003 a 2010 que no hayan sido ejecutados antes del
31 de diciembre de 2011, deberán reintegrarse junto con los rendimientos
generados al Tesoro Nacional, a más tardar el día 15 de febrero de 2012. En las
siguientes vigencias, incluido el 2011, el reintegro de los recursos no
ejecutados deberá hacerse al Tesoro Nacional a más tardar el 15 de febrero de
cada año, y se seguirá el mismo procedimiento.
Cuando la entidad
territorial no adelante el reintegro de recursos en los montos y plazos a que
se refiere el presente artículo, el Ministerio de Cultura podrá descontarlos
del giro que en las siguientes vigencias deba adelantar al Distrito Capital o
al respectivo Departamento por el mismo concepto.
Texto anterior art 470: Reglamentado por el Decreto 4934 de 2009. Modificado por la Ley 1111 de 2006, art
37. “SERVICIO GRAVADO CON LA TARIFA DEL VEINTE POR CIENTO (20%). A partir del
1º de enero de 2007, el servicio de telefonía móvil está gravado con la tarifa
del 20%.
El
incremento del 4% a que se refiere este artículo será destinado a inversión
social y se distribuirá así:
-
Un 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y
la recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos en las zonas de
influencia de los mismos, así como para la atención de los juegos deportivos
nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo
olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación
de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único
nacional.
-
El 25% restante será girado al Distrito Capital y a los Departamentos, para que
mediante convenio con los municipios y/o distritos que presenten proyectos que
sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento y desarrollo
deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del sistema general de participación,
establecidos en la Ley
715 de 2001 y también, el fomento,
promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana.
Los
municipios y/o distritos cuyas actividades culturales y artísticas hayan sido
declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Unesco, tendrán derecho a que del porcentaje asignado se destine el cincuenta
por ciento (50%) para la promoción y fomento de estas actividades.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán informar anualmente a las comisiones
económicas del Congreso de la República, el valor recaudado por este tributo y
la destinación de los mismos.” Ver Ley 1379 de 2010, art 41
Artículo
471.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Reglamentado parcialmente por
el Decreto
4650 de 2007 y el Decreto
2940 de 2007. Modificado
por la Ley 1111 de 2006, artículo
36. TARIFAS PARA OTROS VEHÍCULOS, NAVES Y AERONAVES. A partir del 1º de enero
de 2007, fijanse las siguientes tarifas para la importación y la venta
efectuada por el importador, el productor o el comercializador, o cuando fueren
el resultado del servicio de que trata el artículo 476, de los bienes
relacionados a continuación:
1. Tarifa del veinte por
ciento (20%):
a) Los camperos de la partida
87.03 cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, según el caso, sea
inferior a treinta mil dólares de Norteamérica (US$30,000), así como sus
chasises y carrocerías, incluidas las cabinas.
b) Modificado por la Ley 1430 de 2010, artículo
55. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 89.03.
2. Tarifa del veinticinco
por ciento (25%):
a) Los vehículos automotores
de la partida 87.03 del arancel de aduanas, cuyo valor FOB o el equivalente del
valor FOB, según sea el caso, sea inferior a treinta mil dólares de
Norteamérica (US$30,000), así como sus chasises y carrocerías, incluidas las
cabinas, excepto los camperos.
b) Las motocicletas y motos,
con motor superior a 185 c.c.
3. Tarifa del treinta y
cinco por ciento (35%)
a) Los vehículos automotores
incluidos los camperos de la partida 87.03 del arancel de aduanas, y las Pick-
Up, cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, según el caso, sea igual o
superior a treinta mil dólares de Norteamérica (US$30,000), así como sus
chasises y carrocerías, incluidas las cabinas.
b) Los aerodinos privados.
c) Derogado por la Ley 1430 de 2010, art
55. Barcos de recreo y de deporte de la partida 89.03, importados.
Artículo
472.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 16. AUTOMOTORES SOMETIDOS A LA TARIFA DEL 20%. Primer inciso fue Modificado por la Ley 6 de
1992, artículo 19. Los bienes de que trata el presente artículo están
sometidos a la tarifa diferencial del veinte por ciento (20%), cuando se
importen o cuando la venta se efectúe por quien los produce, los importa o por
el comercializador, o cuando fueren el resultado del servicio a que se refiere
el parágrafo del artículo 476.
a. Los vehículos automóviles
fabricados o ensamblados en el país, con motor hasta de 1.300 c.c. y peso bruto
vehicular inferior a 2.900 libras americanas, para el transporte de personas,
distintos de los taxis;
b. Los vehículos de las partidas
87.03.21.00.10, 87.03.22.00.10, 87.03.23.00.10, 87.03.24.00.10, 87.03.31.00.10,
87.03.32.00.10 y 87.03.33.00.10, distintos de los taxis. Los vehículos para el
transporte de mercancías de la partida 87.04, con o sin tracción en las cuatro
ruedas, cuyo peso bruto vehicular (G.V.W.) sea superior a 5.000 libras
americanas y menor a 10.000 libras americanas;
c. Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo
19. Las motociclestas fabricadas o ensambladas en el país con motor con más de
185 c.c., y las motors con sidecar de la posición arancelaria 87.11.
Parágrafo 1. Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo
19. Las motortcicletas fbricadas o ensambladas en el país con motor hasta de
185 c.c., se gravaràn al a tarifa general del impuesto sobre las ventas.
PARAGRAFO 2. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo
140. Adicionado por la Ley 49 de
1990, artículo 28. Las motocicletas fabricadas o ensambladas en el país,
con motor hasta de 125 c.c., se gravarán a la tarifa general del impuesto sobre
las ventas
Ver Ley 49 de 1990, art 28.
Artículo
473.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Modificado por la Ley 223 de 1995, art
17. BIENES SOMETIDOS A LAS TARIFAS DIFERENCIALES DEL 35% O DEL 20%. Los bienes
incluidos en este artículo están sometidos a la tarifa diferencial del treinta
y cinco por ciento (35%), cuando la venta se efectúe por quien los produce, los
importa o los comercializa, o cuando fueren el resultado del servicio a que se
refiere el parágrafo del artículo 476.
Partida arancelaria Denominación
de la mercancía
22.08 Alcohol etílico sin
desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol.;
aguardientes, licores, y demás bebidas espirituosas; preparaciones alcohólicas
compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas, distintos
de los sabajones, ponches, cremas y aperitivos de menos de veinte grados.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 633 de 2000, artículo
134. Los whiskys importados premium importados,
entendiéndose por tales aquellos que tienen un período de añejamiento igual o
superior a doce (12) años, están sometidos a la tarifa diferencial del veinte
por ciento (20%).
Ver Decreto 522 de 2003, art 19 y Ley 788 de 2002, Capítulo 5.
TARIFAS ESPECIALES PARA
PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CERVEZAS.
Artículo
474.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. TARIFA ESPECIAL PARA DERIVADOS DEL PETRÓLEO. El impuesto
sobre las ventas en relación con los productos derivados del petróleo, se
pagará según las siguientes tarifas:
a) Modificado Ley 223 de 1995, art
18. Gasolina motor, el 16% del ingreso al productor. En caso de importaciones,
el 16% de la base señalada en el artículo 459.
b) Gasolina de aviación de
100/130 octanos, continuará pagando el 10% del precio oficial de lista en
refinería;
c) Aceites lubricantes y
grasas, el 6% del precio oficial de venta del productor;
d) Todos los demás productos
refinados, derivados del petróleo incluyendo el gas propano para uso
doméstico, la gasolina blanca, las bases para aceites lubricantes y grasas
y los productos petroquímicos, el 4% del precio oficial de lista fijado para el
productor en el lugar de entrega. ver artículo
424-6 del presente Estatuto, respecto Al aparte resaltado el cual se encuntra
excluido del IVA
Los productos petroquímicos
a que se refiere el literal d) son: benceno, tolueno, xilenos, etileno,
propileno, parafinas y butilenos.
Articulo 475. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 10. Base gravable para las cervezas de producción nacional e
importadas. En todos los casos, la base gravable del impuesto sobre
las ventas (IVA) está constituida por el precio de venta menos el impuesto al
consumo de cervezas, sifones y refajos de que trata el artículo 185 y
siguientes de la Ley 223 de 1995 o las leyes que lo modifiquen o
sustituyan.
Texto anterior artículo 475. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 9º. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Base gravable para las cervezas
de producción nacional e importadas. En todos los casos, la base
gravable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) está constituida por el precio de
venta menos el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos de que trata
el artículo 185 y siguientes de la Ley 223 de 1995 o las leyes que lo
modifiquen o sustituyan.
Parágrafo: Establézcase un
plazo de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, para dar aplicación a las modificaciones contenidas en el presente
artículo. Lo anterior, para que los productores, importadores y
comercializadores adecúen sus sistemas de información contable y fiscal y facturen sus
productos en debida forma. Así mismo, para evitar traumatismos para los
establecimientos de comercio con venta directa al público de mercancías
premarcadas directamente o en góndola o existentes en mostradores.
A partir del primero (1°) de
marzo de 2019 se aplicarán y entrarán en vigencia las modificaciones y
disposiciones establecidas en el presente artículo.”.
Texto anterior artículo 475. Modificado
por la Ley 1393 de 2010, artículo 2º. “Tarifa
para las Cervezas. A partir de la vigencia de la presente ley y
hasta el 31 de diciembre de 2010, la tarifa del impuesto sobre las ventas para
las cervezas de producción nacional y para las importadas será del 14%. A
partir del 1° de enero de 2011 se aplicará la tarifa general prevista en este
Estatuto. El impuesto será liquidado por los productores en el formulario de
declaración bimestral de IVA, establecido por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
El impuesto generado dará
derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485.
Los importadores de cervezas
declararán y pagarán el impuesto en el formulario de la declaración de importación
que prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales junto con los
demás tributos aduaneros.
Para la liquidación del
impuesto se aplicará la base gravable establecida en el artículo 189 de
la Ley 223 de 1995.
Se exceptúa del impuesto a que
se refiere este artículo el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.”.
Texto anterior
artículo 475 Modificado por el Decreto
127 de 2010, artículo 2º. “Tarifa para las Cervezas. Desde el 1° de
febrero y hasta el 31 de diciembre de 2010, la tarifa del impuesto sobre las
ventas para las cervezas de producción nacional y para las importadas será del
14%. A partir del 1° de enero de 2011 se aplicará la tarifa general prevista en
este Estatuto. El impuesto será liquidado por los productores en el formulario
de declaración bimestral de IVA, establecido por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los
términos del artículo 485.
Los importadores de cervezas declararán y pagarán el impuesto en el
formulario de la declaración de importación que prescriba la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales junto con los demás tributos aduaneros.
Para la liquidación del impuesto se aplicará la base gravable
establecida en el artículo 189 de la Ley 223 de 1995.
Se exceptúa del impuesto a que se refiere este artículo el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”.
Texto anterior
artículo 475. Modificado por
la Ley 863 de 2003, artículo 60. “TARIFA ESPECIAL PARA LA CERVEZA. El
impuesto sobre las ventas a la cerveza de producción nacional cualquiera sea su
clase, envase, contenido y presentación es del once por ciento (11%). De esta
tarifa un ocho por ciento (8%) es impuesto sobre las ventas y se entenderá
incluido en el impuesto al consumo, que sobre dicho producto señala la Ley
223 de 1995 y el tres por ciento (3%) restante como IVA deberá ser
consignado a favor del Tesoro Nacional en los términos que establezca el
reglamento y otorga derecho a impuestos descontables hasta el monto de esta
misma tarifa.
Las cervezas importadas tendrán el mismo tratamiento que las de
producción nacional, respecto de los impuestos al consumo y sobre las ventas.
Se exceptúa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina del impuesto de cerveza de que trata este artículo.”.
Ver reglamentación en el Decreto 414 de 2004.
Texto anterior artículo 475. Declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1152 del 3 de
diciembre de 2003. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo 113. “TARIFA
ESPECIAL PARA LA CERVEZA. El impuesto sobre las ventas a la cerveza de
producción nacional cualquiera sea su clase, envase, contenido y presentación
es del once por ciento (11%). De esta tarifa un 8% es impuesto sobre las ventas
y se entenderá incluido en el impuesto al consumo, que sobre dicho producto
señala la Ley 223 de 1995 y el tres por ciento (3%) restante como IVA
deberá ser consignado a favor del Tesoro Nacional en los términos que
establezca el reglamento y otorga derecho a impuestos descontables hasta el
monto de esta misma tarifa.
Las cervezas importadas tendrán el mismo tratamiento que las de
producción nacional, respecto de los impuestos al consumo y sobre las ventas.
Se exceptúa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina del impuesto de cerveza de que trata este artículo.
Texto original
artículo (Decreto 624 de 1989). “TARIFA
ESPECIAL PARA LAS CERVEZAS. El impuesto sobre las ventas a las cervezas de
producción nacional cualquiera sea su clase, envase contenido y presentación es
del 8% y se entenderá incluido en el impuesto al consumo, que sobre dicho
producto señalan los Decretos 1665 de 1966 y 190 de 1969.”.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS
GRAVADOS.
Artículo 476. Modificado
por la Ley 2010 de 2019, artículo 11. Servicios excluidos del
impuesto a las ventas -IVA. Se exceptúan del impuesto los
siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación:
1. Los servicios médicos, odontológicos,
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana.
2. Los servicios de
administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la seguridad
social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993.
3. Los planes obligatorios de salud del sistema de
seguridad social en salud expedidos por entidades autorizadas por la
Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de
prima media con prestación definida, los servicios prestados por
administradoras de riesgos laborales y los servicios de seguros y reaseguros
para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro
individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100
de 1993 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.
4. Las comisiones por intermediación por la
colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social en
salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al impuesto sobre
las ventas (IVA).
5. Los servicios de educación prestados por
establecimientos de educación preescolar, primaria, media e intermedia,
superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobierno
nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a
dichos establecimientos. Están excluidos igualmente los servicios prestados por
los establecimientos de educación relativos a restaurantes, cafeterías y
transporte, así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de
1992 y 115 de 1994, o las disposiciones que las modifiquen o
sustituyan. Igualmente están excluidos los servicios de evaluación de la
educación y de elaboración y aplicación de exámenes para la selección y
promoción de personal, prestados por organismos o entidades de la
administración pública.
6. Los servicios de educación virtual para el
desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
prestados en Colombia o en el exterior.
7. Los servicios de conexión y acceso a internet de
los usuarios residenciales del estrato 3.
8. En el caso del servicio telefónico local, se
excluyen del impuesto los primeros trescientos veinticinco (325) minutos
mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos.
9. El servicio de transporte público, terrestre,
fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional, y el de transporte
público o privado nacional e internacional de carga marítimo, fluvial,
terrestre y aéreo. Igualmente, se excluye el transporte de gas e hidrocarburos.
10. El transporte aéreo nacional de pasajeros con
destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre
organizado. Esta exclusión también aplica para el transporte aéreo turístico
con destino o procedencia al departamento de La Guajira y los municipios de
Nuquí, en el departamento de Chocó, Mompox en el departamento de Bolívar, Tolú,
en el departamento de Sucre, Miraflores en el departamento del Guaviare y
Puerto Carreño en el departamento del Vichada.
11. Los servicios públicos de energía. La energía y
los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos.
12. El agua para la prestación del servicio público
de acueducto y alcantarillado, los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, los servicios de aseo público y los servicios públicos de
recolección de basuras.
13. El gas para la prestación del servicio público
de gas domiciliario y el servicio de gas domiciliario, ya sea conducido por
tubería o distribuido en cilindros.
14. Los servicios de alimentación, contratados con
recursos públicos, destinados al sistema penitenciario, de asistencia social,
de escuelas de educación pública, a las Fuerzas Militares, Policía Nacional,
Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos, hospitales
públicos, comedores comunitarios.
15. El servicio de arrendamiento de inmuebles para
vivienda y el arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras
artesanales nacionales, incluidos los eventos artísticos y culturales.
16. Los intereses y rendimientos financieros por
operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base gravable
señalada en el artículo 447, y el arrendamiento financiero (leasing).
17. Los servicios de intermediación para el pago de
incentivos o transferencias monetarias condicionadas en el marco de los
programas sociales del Gobierno nacional.
18. Las boletas de entrada a cine, a los eventos
deportivos, culturales, incluidos los musicales y de recreación familiar, y los
espectáculos de toros, hípicos y caninos. También se encuentran excluidos los
servicios de que trata el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011.
19. Los servicios funerarios, los de cremación,
inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y
mausoleos.
20. Adquisición de licencias de software para el
desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
21. Suministro de páginas web, servidores
(hosting), computación en la nube (cloud computing).
22. Las comisiones pagadas por los servicios que se
presten para el desarrollo de procesos de titularización de activos a través de
universalidades y patrimonios autónomos cuyo pago se realice exclusivamente con
cargo a los recursos de tales universalidades o patrimonios autónomos.
23. Las comisiones percibidas por las sociedades
fiduciarias, sociedades administradoras de inversión y comisionistas de bolsa
por la administración de fondos de inversión colectiva.
24. Los siguientes servicios, siempre que se
destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y
a la comercialización de los respectivos productos:
a) El riego de terrenos dedicados a la explotación
agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación,
construcción, operación, administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la actividad
agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos de
siembra;
e) El control de plagas, enfermedades y malezas,
incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos;
f) El corte y recolección manual y mecanizada de
productos agropecuarios;
g) Aplicación de fertilizantes y elementos de
nutrición edáfica y foliar de los cultivos;
h) Aplicación de sales mineralizadas;
i) Aplicación de enmiendas agrícolas;
j) Aplicación de insumos como vacunas y productos
veterinarios;
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de
ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la agricultura;
n) La construcción de estanques para la
piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para la
extracción de agua;
q) El desmonte de algodón, la trilla y el
secamiento de productos agrícolas;
r) La selección,
clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento
industrial;
s) La asistencia técnica en el sector agropecuario;
t) La captura, procesamiento y comercialización de
productos pesqueros;
Los usuarios de los servicios excluidos por el
presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el servicio,
en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación del
mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación durante el
plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como
soporte para la exclusión de los servicios.
25. La comercialización de animales vivos y el
servicio de faenamiento.
26. Están excluidos de IVA los servicios de
hotelería y turismo que sean prestados en los municipios que integran las
siguientes zonas de régimen aduanero especial:
a) Zona de régimen aduanero especial de Urabá,
Tumaco y Guapi.
b) Zona de régimen aduanero especial de Inírida,
Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo.
c) Zona de régimen aduanero especial de Maicao,
Uribia y Manaure.
27. Las operaciones cambiarias de compra y venta de
divisas, así como las operaciones cambiarias sobre instrumentos derivados
financieros.
28. Las comisiones percibidas por la utilización de
tarjetas crédito y débito.
29. Los servicios de promoción y fomento deportivo
prestados por los clubes deportivos definidos en el artículo 2°
del Decreto Ley 1228 de 1995.
30. Los servicios de reparación y mantenimiento de
naves y artefactos navales tanto marítimos como fluviales de bandera
colombiana, excepto los servicios que se encuentran en el literal P) del
numeral 3 del artículo 477 de este Estatuto.
31. Los servicios de publicidad en periódicos que
registren ventas en publicidad a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior inferiores a 180.000 UVT.
La publicidad en las emisoras de radio cuyas ventas
sean inferiores a 30.000 UVT al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
y programadoras de canales regionales de televisión cuyas ventas sean
inferiores a 60.000 UVT al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Aquellas que superen este monto se regirán por la regla general.
Las exclusiones previstas en este
numeral no se aplicarán a las empresas que surjan como consecuencia de la
escisión de sociedades que antes de la expedición de la presente ley conformen
una sola empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o empresa
dominante se encuentre gravada con el IVA por este concepto.
32. Los servicios de corretaje de
contratos de reaseguros.
Parágrafo. En los casos de trabajos de
fabricación, elaboración o construcción de bienes corporales muebles,
realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en
inmuebles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que
supongan la obtención del producto final o constituyan una etapa de su
fabricación, elaboración, construcción o puesta en condiciones de utilización,
la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la prestación
del servicio.
Lo dispuesto en el presente parágrafo
no aplica para las industrias de minería e hidrocarburos.
Texto anterior artículo 476. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 10. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Servicios excluidos
del Impuesto a las Ventas (IVA). Se exceptúan del impuesto los
siguientes servicios y bienes relacionados:
l. Los servicios médicos, odontológicos,
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Se exceptúan de
esta exclusión:
a) Los tratamientos de belleza.
b) Las cirugías estéticas diferentes de
aquéllas cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de conformidad con las
definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2. Los servicios de administración de fondos
del Estado y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo
previsto en la Ley 100 de 1993.
3. Los planes obligatorios de salud del
sistema de seguridad social en salud expedidos por entidades autorizadas por la
Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de
prima media con prestación definida, los servicios prestados por
administradoras de riesgos laborales y los servicios de seguros y reaseguros
para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro
individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100
de 1993 o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.
4. Las comisiones por intermediación por
la colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social en
salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al Impuesto sobre
las Ventas (IVA).
5. Los servicios de educación prestados
por establecimientos de educación preescolar, primaria, media e intermedia,
superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobierno
nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos
establecimientos. Están excluidos igualmente los servicios prestados por los
establecimientos de educación relativos a restaurantes, cafeterías y
transporte, así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de
1992 y 115 de 1994, o las disposiciones que las modifiquen o
sustituyan. Igualmente están excluidos los servicios de evaluación de la
educación y de elaboración y aplicación de exámenes para la selección y
promoción de personal, prestados por organismos o entidades de la administración
pública.
6. Numeral reglamentado por
el Decreto 1078 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 16. (éste
modificado por el Decreto 1604 de 2019, artículo 1º.). Los servicios de
educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, prestados en Colombia o en el exterior.
7. Los servicios de conexión y acceso
a internet de los usuarios residenciales del estrato 3.
8. En el caso del servicio telefónico
local, se excluyen del impuesto los primeros trescientos veinticinco (325)
minutos mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos.
9. El servicio de transporte público,
terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional, y el de
transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo,
fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se excluye el transporte de gas e hidrocarburos.
10. El transporte aéreo nacional de
pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista
transporte terrestre organizado. Esta exclusión también aplica para el
transporte aéreo turístico con destino o procedencia al departamento de La
Guajira y los municipios de Nuquí, en el Departamento de
Chocó, Mompóx en el Departamento de Bolívar y Tolú, en el
Departamento de Sucre.
11. Los servicios públicos de energía. La
energía y los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos.
12. El agua para la prestación del
servicio público de acueducto y alcantarillado, los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, los servicios de aseo público y los servicios
públicos de recolección de basuras.
13. El gas para la prestación del
servicio público de gas domiciliario y el servicio de gas domiciliario, ya sea
conducido por tubería o distribuido en cilindros.
14. Los servicios de alimentación,
contratados con recursos públicos, destinados al sistema penitenciario, de asistencia
social, de escuelas de educación pública, a las Fuerzas Militares, Policía
Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos,
hospitales públicos, comedores comunitarios.
15. El servicio de arrendamiento de
inmuebles para vivienda y el arrendamiento de espacios para exposiciones y
muestras artesanales nacionales, incluidos los eventos artísticos y culturales.
16. Los intereses y rendimientos
financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base
gravable señalada en el artículo 447, y el arrendamiento financiero (leasing).
17. Los servicios de intermediación para
el pago de incentivos o transferencias monetarias condicionadas en el marco de
los programas sociales el Gobierno nacional.
18. Las boletas de entrada a cine, a los
eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales y de recreación
familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. También se encuentran
excluidos los servicios de que trata el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011.
19. Los servicios funerarios, los de
cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y mantenimiento de
tumbas y mausoleos.
20. Numeral reglamentado por
el Decreto 1078 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 16. (éste
modificado por el Decreto 1604 de 2019, artículo 1º.). Adquisición de
licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de
acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
21. Suministro de páginas web,
servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing).
22. Las comisiones pagadas por los
servicios que se presten para el desarrollo de procesos de titularización de
activos a través de universalidades y patrimonios autónomos cuyo pago se
realice exclusivamente con cargo a los recursos de tales universalidades o
patrimonios autónomos.
23. Las comisiones percibidas por las
sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa por la administración de fondos
de inversión colectiva.
24. Los siguientes servicios, siempre que
se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera
y a la comercialización de los respectivos productos:
a) El riego de terrenos dedicados a la
explotación agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su
instalación, construcción, operación, administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la
actividad agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos
de siembra;
e) El control de plagas, enfermedades y
malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos;
f) El corte y recolección manual y
mecanizada de productos agropecuarios;
g) Aplicación de fertilizantes y
elementos de nutrición edáfica y foliar de los cultivos;
h) Aplicación de sales mineralizadas;
i) Aplicación de enmiendas agrícolas;
j) Aplicación de insumos como vacunas y
productos veterinarios;
k) El pesaje y el alquiler de corrales en
ferias de ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la
agricultura;
n) La construcción de estanques para la
piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para
la extracción de agua;
q) El desmonte de algodón, la trilla y el
secamiento de productos agrícolas;
r) La selección, clasificación y el
empaque de productos agropecuarios sin procesamiento industrial;
s) La asistencia técnica en el sector
agropecuario;
t) La captura, procesamiento y
comercialización de productos pesqueros;
Los usuarios de los servicios excluidos
por el presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el
servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación
del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación
durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual
servirá como soporte para la exclusión de los servicios.
25. La comercialización de animales vivos
y el servicio de faenamiento.
26. A partir del 1º de enero de 2019,
estarán excluidos deIVA los servicios de hotelería y turismo que sean
prestados en los municipios que integran las siguientes zonas de régimen
aduanero especial:
a) Zona de régimen aduanero especial
de Urabá, Tumaco y Guapi.
b) Zona de régimen aduanero especial
de Inírida, Puerto Carreña, La Primavera y Cumaribo.
c) Zona de régimen aduanero especial de
Maicao, Uribía y Manaure.
27. Las operaciones cambiarias de compra
y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre instrumentos
derivados financieros.
28. Las comisiones percibidas por la
utilización de tarjetas crédito y débito.
29. Los servicios de promoción y fomento
deportivo prestados por los clubes deportivos definidos en el artículo 2°
del Decreto ley 1228 de 1995.
30. Los servicios de reparación y mantenimiento
de naves y artefactos navales tanto marítimos como fluviales de bandera
colombiana, excepto los servicios que se encuentran en el literal P) del
numeral 3 del artículo 477 de este Estatuto.
31. Los servicios de publicidad en
periódicos que registren ventas en publicidad a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior inferiores a 180.000 UVT.
La publicidad en las emisoras de radio
cuyas ventas sean inferiores a 30.000 UVT al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior y programadoras de canales regionales de televisión
cuyas ventas sean inferiores a 60.000 UVT al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior. Aquellas que superen este monto se regirán por la
regla general.
Las exclusiones previstas en este numeral
no se aplicarán a las empresas que surjan como consecuencia de la escisión de
sociedades que antes de la expedición de la presente ley conformen una sola
empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o empresa dominante
se encuentre gravada con el IVA por este concepto.
Parágrafo. En los casos de
trabajos de fabricación, elaboración o construcción de bienes corporales
muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a
convertirse en inmuebles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya
sea que supongan la obtención del producto final o constituyan una etapa de su
fabricación, elaboración, construcción o puesta en condiciones de utilización,
la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la prestación
del servicio.
Lo dispuesto en el presente parágrafo no
aplica para las industrias de minería e hidrocarburos.”.
Texto anterior artículo 476. Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 48. “SERVICIOS
EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Se exceptúan del impuesto los
siguientes servicios:
1. Los servicios médicos, odontológicos,
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana. Ver Oficio
23332 de 2015, DIAN
2. El servicio de transporte público,
terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional, y el de
transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo,
fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se exceptúan el transporte de gas e
hidrocarburos.”.
Texto anterior numeral 2 Numeral
modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 269. “El servicio de
transporte público, terrestre, fluvial, aéreo y marítimo de personas en el
territorio nacional. El servicio de transporte nacional e internacional de
carga marítimo, fluvial terrestre y aéreo.”.
Texto anterior numeral 2. Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. El servicio de
transporte público, terrestre, fluvial y aéreo de personas en el territorio
nacional. El servicio de transporte nacional e internacional de carga marítimo,
fluvial, terrestre o aéreo.
3. Numeral reglamentado por
el Decreto 1602 de 2015. Numeral modificado Ley 788 de
2002, artículo 36. Los intereses y rendimientos financieros por
operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base gravable
señalada en el artículo 447, las comisiones percibidas por las sociedades
fiduciarias por la administración de los fondos comunes, las comisiones
recibidas por los comisionistas de bolsa por la administración de fondos de
valores, las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de
inversión, el arrendamiento financiero (leasing), los servicios de
administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la seguridad
social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así mismo están
exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y las de
títulos de capitalización. Ver Oficio 4850 de 2017, DIAN. Ver Decreto
1625 de 2016, artículos 1.3.1.7.7, 1.3.1.13.2, 1.3.1.13.3 y 1.3.1.13.7.
Ver Decreto 1250 de 1992, artículos 3 y 4. Ver Decreto 1107 de 1992,
artículo 4º.
Texto anterior numeral 3 Modificado
por la Ley 488 de 1998, artículo 48. “Los intereses y
rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen
parte de la base gravable señalada en el artículo 447, las comisiones percibidas
por las sociedades fiduciarias, por la administración delos fondos comunes, las
comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la administración de
fondos de valores, y por la negociación de valores, el arrendamiento financiero
(leasing), los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios
vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley
100 de 1993. Así mismo están exceptuadas las comisiones pagadas por
colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización. Las
comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión.”.
Texto anterior numeral 3 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los intereses sobre
operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base gravable
señalada en el artículo 447, las comisiones de los comisionistas de bolsa, los
servicios de administración de fondos del Estado, el arrendamiento financiero
(leasing). Los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo
previsto en la Ley 100 de 1993.”. (Este numeral fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-183 de 1998.).
Texto anterior numeral 3 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. El arrendamiento
financiero (leasing), los servicios de administración de fondos del Estado, las
comisiones de los comisionistas de bolsa, las comisiones de las sociedades
fiduciarias, las comisiones por la intermediación en la colocación de seguros,
reaseguros o títulos de capitalización y los intereses generados por las operaciones
de crédito. ( Ley 101 de 1993, artículo 88.).
4. Numeral modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 50. Los servicios públicos de
energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y gas
domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el
caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros
trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio telefónico local
facturado a los usuarios de los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico
prestado desde teléfonos públicos.
Texto anterior numeral 4 (Ley 448 de
1998) “Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo
público, recolección de basuras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería
o distribuido en cilindros. En el caso del servicio telefónico local, se
excluyen del impuesto los primeros doscientos cincuenta (250) impulsos
mensuales facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado
desde teléfonos públicos.”.
Texto anterior numeral 4 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los servicios públicos de
energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y
gas domiciliario ya sea conducido por tubería o
distribuido en cilindros. En el caso del servicio telefónico local, se
excluyen del impuesto los primeros 250 impulsos mensuales facturados a los
estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos.”. Las
expresiones señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas exequibles
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-158 de 1997.).
Texto anterior numeral 4 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. Los servicios públicos
de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y
gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el
caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 250
impulsos mensuales facturados a los estratos uno y dos. (Nota: Este
numeral fue reglamentado por el Decreto 4537 de 2005.).
5. Numeral modificado Ley
788 de 2002, artículo 36. El servicio de arrendamiento de inmuebles
para vivienda, y el arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras
artesanales nacionales incluidos los eventos artísticos y culturales.
Texto anterior numeral 5 Modificado
por la Ley 488 de 1998, artículo 48. “El servicio de
arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de espacios para exposiciones,
ferias, y muestras artesanales nacionales.”.
Texto anterior
numeral 5 Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “El servicio de arrendamiento de
inmuebles, incluido el arrendamiento de espacios para exposiciones, ferias, y
muestras artesanales nacionales.”.
Texto anterior numeral 5 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. “El servicio de
arrendamiento de inmuebles.”.
6. Numeral modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 50. Los servicios de educación
prestados por establecimientos de educación prescolar, primaria, media e
intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el
Gobierno, y los servicios de educación prestados por personas naturales a
dichos establecimientos. Están excluidos igualmente los siguientes servicios
prestados por los establecimientos de educación a que se refiere el presente
numeral: restaurante, cafetería y transporte, así como los que se presten en
desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. Igualmente
están excluidos los servicios de evaluación de la educación y de elaboración y
aplicación de exámenes para la selección y promoción de personal, prestados por
organismos o entidades de la administración pública.
Texto anterior numeral 6 (Ley 448 de
1998): “Los servicios de educación prestados por establecimientos de
educación preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no
formal, reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios de educación
prestados por personas naturales a dichos establecimientos. Están excluidos
igualmente los siguientes servicios prestados por los establecimientos de
educación a que se refiere el presente numeral: restaurante, cafetería y
transporte, así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de
1992 y 115 de 1994.”.
Texto anterior numeral 6 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los servicios de educación
prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, media e
intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el
Gobierno y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos
establecimientos. Están excluidos igualmente los siguientes servicios prestados
por los establecimientos de educación a que se refiere el presente numeral:
restaurante, cafetería y transporte, así como los que se presten en desarrollo
de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.”.
Texto anterior
numeral 5 Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “El servicio de arrendamiento de
inmuebles, incluido el arrendamiento de espacios para exposiciones, ferias, y
muestras artesanales nacionales.”.
Texto anterior numeral 6 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. “6. Los servicios de
eduacción primaria, secundaria y superior, prestados por establecimientos
reconocidos por el Gobierno Nacional.
7. Adicionado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 38. Los servicios de corretaje
de reaseguros.
Texto anterior del numeral 7: Derogado
por la Ley 788 de 2002, artículo 118. Modificado por la Ley 488 de
1998, artículo 48. “Los servicios de aseo, los de vigilancia
aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y los servicios
temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o por la autoridad competente.”.
Texto anterior numeral 7 Derogado
por la Ley 223 de 1995, artículo 285. Modificado Por
la Ley 6 de 1992, artículo 25. Los servicios de arquitectura e
ingeniería vinculados únicamente con la vivienda hasta de dos mil trescientos
(2.300) UPACS.
8. Numeral modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 50. Los planes obligatorios de
salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por autoridades
autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados
por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad
y de prima media con prestación definida, los servicios prestados por
administradoras de riesgos laborales y los servicios de seguros y reaseguros
para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro
individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100
de 1993.
Texto anterior numeral 8.
Modificado Ley 788 de 2002, artículo 36. “Los planes
obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por
autoridades autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, los
servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro
individual con solidaridad y de prima media con prestación definida, los
servicios prestados por administradoras de riesgos profesionales y los
servicios de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados
dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el
artículo 135 de la Ley 100 de 1993, diferentes a los planes de medicina
prepagada y complementarios a que se refiere el numeral 3 del artículo 468-3.”.
Texto anterior
numeral 8: Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 48. “Los planes de salud del sistema general
de seguridad social en salud, expedidos por las entidades autorizadas
legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados
por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con
solidaridad, y de prima media con prestación definida, los servicios prestados
por las Administradoras de Riesgos Profesionales y los servicios de seguros y
reaseguros, para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de
ahorro individual con solidaridad, a que se refiere el artículo 135 de
la Ley 100 de 1993.”.
Texto anterior
numeral 8 Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 25. Los servicios de publicidad, de radio,
prensa y televisión, incluida la televisión por cable y el servivio de
exhibición cinematográfica.
9. Adicionado por la Ley 1111 de 2006, artículo 38. La comercialización de animales vivos y el
servicio de faenamiento.
Texto anterior numeral 9 Derogado Ley
788 de 2002, artículo 118. Los servicios de clubes sociales o
deportivos de trabajadores y de pensionados.” (Nota: La
frase resaltada fue adicionada por la Ley 633 de 2000, artículo 123.)
Texto anterior numeral 9 Modificado por la Ley 488 de 1998,
artículo 48 “Los
servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores.”.
Texto anterior numeral 9 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. “Los
servicos de clubes sociales o deportivos de trabajadores.”.
Literal 9.1 había sido adicionado por
la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Los moteles, amoblados o
similares 12.”.
: Literal 9.2 había sido adicionado por
la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Los demás hoteles, hostales, residencias y en general el servicio
de hospedaje, no comprendidos en los numerales 9 y 9.1
…………… 4.”.
10. Adicionado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 38. Los servicios de promoción
y fomento deportivo prestados por los clubes deportivos definidos en el
artículo 2ª (sic) del Decreto ley 1228 de 1995.
Texto anterior del numeral 10: Derogado
por la Ley 788 de 2002, artículo 118. Modificado por
la Ley 488 de 1998, artículo 48. “El almacenamiento de
productos agrícolas por almacenes generales de depósito.”.
Texto anterior numeral 10 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los servicios de aseo, los
de vigilancia aprobados por el Ministerio de Defensa, y los temporales de
empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas.”
Texto anterior numeral 10 Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. Los
servicios prestados por las empresas de aseo, las de vigilancia y las empresas
de servicios temporales de empleo.
Texto anterior numeral 10 Modificado
por la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Telegramas, telex y los
demás servicios de telecomunicaciones y comunicación
sistematizada 12
Servicio de teléfonos, con excepción de
las llamadas telefónicas urbanas hechas en aparatos públicos, así:
a) Teléfonos en los estratos
socio-económicos 1 y
2 6
b) Teléfonos en los demás estratos
socio-económicos 10
c) Teléfonos en llamadas de larga
distancia nacional e internacional …….. 12”.
11. Las boletas de entrada a cine, a los
eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales y de recreación
familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos.
Texto anterior numeral 11 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Las comisiones por
operaciones ejecutadas por los usuarios de las tarjetas de crédito y débito;
las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por concepto de la
administración de los fondos comunes; y las comisiones de
intermediación por concepto de la colocación de títulos de capitalización y
seguros y reaseguros y los planes de salud del sistema general de seguridad
social en salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al Impuesto sobre
las Ventas.”. (Este numeral fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-183 de 1998, exequibilidad condicionada a
la interpretación que da la Corte del aparte señalado con negrilla.).
Texto anterior numeral 11:. Modificado
por la Ley 6 de 1992, artículo 25. Las
comisiones por operaciones ejecutadas con tarjeta de crédito y débito.
Texto anterior numeral 11: Modificado
por la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Utilización o préstamo a
cualquier título de juegos electrónicos y de cintas de video………………… 12.”.
12. Los siguientes servicios, siempre que
se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera
y a la comercialización de los respectivos productos:
a) El riego de terrenos dedicados a la
explotación agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su
instalación, construcción, operación, administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la
actividad agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos
de siembra;
e) El control de plagas, enfermedades y
malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos;
f) Literal modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 51. El corte y recolección manual y
mecanizada de productos agropecuarios.
Texto inicial del literal f): “El
corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;”.
g) Literal modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 51. Aplicación de fertilizantes y
elementos de nutrición edáfica y foliar de los cultivos.
Texto inicial del literal g): “El
desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;”.
h) Literal modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 51. Aplicación de sales
mineralizadas.
Texto anterior literal h): “La
selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento
industrial;”.
i) Literal modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 51. Aplicación de enmiendas
agrícolas.
Texto anterior literal i) “La
asistencia técnica en el sector agropecuario;”.
j) Literal modificado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 51. Aplicación de insumos como
vacunas y productos veterinarios.
Texto anterior literal j) “La
captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros;”.
k) El pesaje y el alquiler de corrales en
ferias de ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la
agricultura;
n) La construcción de estanques para la
piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para
la extracción de agua;
q) Los usuarios de los servicios excluidos
por el presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el
servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación
del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación
durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual
servirá como soporte para la exclusión de los servicios.
13. Adicionado por la Ley 1111 de 2006. (Corregida
por el Decreto 4651 de 2006, artículo 1º). Las comisiones
pagadas por los servicios que se presten para el desarrollo de procesos de
titularización de activos a través de universalidades y patrimonios autónomos
cuyo pago se realice exclusivamente con cargo a los recursos de tales
universalidades o patrimonios autónomos.
Texto anterior del numeral 13: Derogado
por la Ley 788 de 2002, artículo 118. Modificado por la Ley 488 de
1998, artículo 48. “Los servicios y comisiones directamente
relacionados con negociaciones voceadas de productos de origen agropecuario que
se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente
constituidas.”.
Texto anterior numeral 13 (Ley 6
de 1992): El almacenamiento de productos agrícolas por
almacenes generales de depósito.
14. Los servicios funerarios, los de
cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y mantenimiento de
tumbas y mausoleos.
Texto anterior numeral 14 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los servicios de reparación a
las embarcaciones marítimas y a los aerodinos de bandera o matrícula
extranjera.”.
Texto inicial numeral 14 Adicionado
por la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Restaurantes 4”
Nota: El numeral 14.1 fue adicionado por
la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Bares, grilles, tabernas y discotecas, cualquiera fuere la
denominación o modalidad que adopten………………………12.”.
15. Numeral adicionado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 50. Los servicios de conexión y
acceso a internet de los usuarios residenciales del estrato 3.
Texto anterior numeral 15 Adicionado
por la Ley 1430 de 2010, artículo 11. “Los servicios de conexión
y acceso a Internet de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.”.
Texto anterior numeral 15. Derogado Ley
788 de 2002, artículo 118. Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 48.
“El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de
hospedaje, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo, diferente
del prestado por los moteles.”,
Texto anterior numeral 15 Modificado por
la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Las boletas de entrada a los eventos
deportivos, culturales incluidos los musicales, y de recreación familiar.”.
Texto anterior numeral 15 Adicionado
por la Ley 49 de 1990, artículo 30. “Aseo prestado a través de
personas jurídicas o establecimientos de comercio y los que prestan las
empresas de servicios temporales, con exclusión del servicio de
vigilancia 4.”
16. Las comisiones por intermediación por
la colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social en
salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al Impuesto sobre
las Ventas.
Texto anterior numeral 16 Modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Servicio de corte de
cabello para hombre y mujer.”.
Texto inicial numeral 16 Adicionado
por la Ley 49 de 1990, artículo 30. “El servicio particular de
transporte aéreo, fletamento o locación de aeronaves, de personas y bienes
prestado con exclusividad, tales como los denominados
"Charter"………12.”
17. Las comisiones percibidas por la
utilización de tarjetas crédito y débito.
Texto anterior numeral 17 Adicionado
por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los siguientes servicios,
siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción
agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos:
a) El riego de terrenos dedicados a la
explotación agropecuaria.
b) El diseño de sistemas de riego, su
instalación, construcción, operación, administración y conservación.
c) La construcción de reservorios para la
actividad agropecuaria.
d) La preparación y limpieza de terrenos
de siembra.
e) El control de plagas, enfermedades y
malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos.
f) El corte y la recolección mecanizada
de productos agropecuarios.
g) El desmote de algodón, la trilla y el
secamiento de productos agrícolas.
h) La selección, clasificación y el
empaque de productos agropecuarios sin procesamiento industrial.
i) La asistencia técnica en el sector
agropecuario.
j) La captura, procesamiento y
comercialización de productos pesqueros.
k) El pesaje y el alquiler de corrales en
ferias de ganado mayor y menor.
l) La siembra.
m) La construcción de drenajes para la
agricultura.
n) La construcción de estanques para la
piscicultura.
ñ) Los programas de sanidad animal.
o) La perforación de pozos profundos para
la extracción de agua.
Los usuarios de los servicios excluidos
por el presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el
servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación
del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación
durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual
servirá como soporte para la exclusión de los servicios.”.
18. Derogado por la Ley 788 de 2002,
artículo 118. Adicionado por la Ley 633 de 2000, artículo 124. El servicio
prestado por establecimientos exclusivamente relacionados con el ejercicio
físico y que no comprenda actividades de carácter estético y/o de belleza.
Texto anterior
numeral 18 Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo 13. “Los servicios y comisiones
directamente relacionados con negociaciones de productos de origen o
destinación agropecuaria que se realicen a través de bolsas de productos
agropecuarios legalmente constituidas.”,
19. Adicionado por la Ley
788 de 2002, artículo 36. Los servicios de alimentación, contratados
con recursos públicos y destinados al sistema penitenciario, de asistencia
social y de escuelas de educación pública.
20. Adicionado por la Ley
788 de 2002, artículo 36. El transporte aéreo nacional de pasajeros
con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte
terrestre organizado.
Inciso adicionado por la Ley 1111 de
2006, artículo 60. Tómese para todos los efectos legales como
zona de difícil acceso aquellas regiones de Colombia donde no haya transporte
terrestre organizado, certificado por el Ministerio de Transporte. (Ver Decreto
1625 de 2016, artículo 1.3.1.13.16. Ver Decreto 953 de 2003, artículo
8º.).
21. Adicionado por la Ley
788 de 2002, artículo 36. Los servicios de publicidad en periódicos
que registren ventas en publicidad a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior inferiores a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) (valor año
base 2002). (Valor año base gravable 2007: $3.576.812.000, equivalentes a 180.000 UVT.).
La publicidad en las emisoras de radio
cuyas ventas sean inferiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000) al
31 de diciembre del año inmediatamente anterior (valor año base 2002) y
programadoras de canales regionales de televisión cuyas ventas sean inferiores
a mil millones de pesos ($1.000.000.000) al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior (valor año base 2002). Aquellas que superen este monto
se regirán por la regla general. (Valor año base
gravable 2007 de la primera cuantía: $596.135.000, equivalentes a 30.000 UVT. Valor año
vbase gravable de la segunda cuantía: $1.192.271.000, equivalentes a 60.000 UVT.).
Las exclusiones previstas en este numeral
no se aplicarán a las empresas que surjan como consecuencia de la escisión de
sociedades que antes de la expedición de la presente ley conformen una sola
empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o empresa dominante
se encuentre gravada con el IVA por este concepto.
Inciso adicionado
por la Ley 174 de 1994, artículo 15. Los servicios
funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y
mantenimiento de tumbas y mausoleos, los avisos funerarios de prensa
contratados a través de las funerarias y, en general todas las actividades
inherente a los mismos.
22. Numeral adicionado por
la Ley 1607 de 2012, artículo 52. Las operaciones cambiarias de
compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias sobre
instrumentos derivados financieros.
Parágrafo. En los casos de trabajos
de fabricación, elaboración o construcción de bienes corporales muebles,
realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en
inmuebles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que
supongan la obtención del producto final o constituyan una etapa de su
fabricación, elaboración, construcción o puesta en condiciones de utilización,
la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la prestación
del servicio.
Inciso adicionado por la Ley 1430 de
2010, artículo 49. Lo dispuesto en el presente parágrafo no aplica para las industrias de
minería e hidrocarburos.
23. Numeral reglamentado por
el Decreto 1412 de 2017. Numeral adicionado por la Ley
1819 de 2016, artículo 187. Los servicios de educación virtual para el
desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida
por el Ministerio TIC, prestados en Colombia o en el exterior.
24. Numeral adicionado por
la Ley 1819 de 2016, artículo 187. Suministro de páginas web,
servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y
mantenimiento a distancia de programas y equipos.
25. Numeral reglamentado por
el Decreto 1412 de 2017. Numeral adicionado por la Ley
1819 de 2016, artículo 187. Adquisición de licencias de software para
el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Ministerio TIC.
26. Numeral adicionado por
la Ley 1819 de 2016, artículo 187. Los servicios de reparación y
mantenimiento de naves y artefactos navales tanto marítimos como fluviales de
bandera Colombiana, excepto los servicios que se encuentraN en el literal P)
del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario.
La Ley 49 de
1990, artículo 30, dice lo siguiente: “Los servicios contemplados en los
numerales 1 a 8, no estarán gravados cuando quien los preste reúna la totalidad
de las siguientes condiciones:
a) Que no estén constituidos como
sociedad;
b) Que sus ingresos netos provenientes de
su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, no superen la
suma de doce millones doscientos mil pesos ($12.200.000.00);
c) Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, o el inicial, cuando se iniciaron
actividades en el año, no sea superior a treinta y tres millones novecientos
mil pesos ($33.900.000.00);
d) Que no tenga más de dos
establecimientos de comercio. A partir del año en el cual quien preste los
servicios adquiera la calidad de responsable, seguirá siéndolo hasta que se le
cancele su inscripción en el registro nacional de vendedores, por haber
cumplido las condiciones señaladas en este artículo, durante dos años
seguidos."
Reajustes: Ver Decreto 2972 de
2013. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable
1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable
1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable
1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable
1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable
1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable
1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable
1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de
1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año
gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable
2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable
2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley
1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 71.
Ver Decreto Reglamentario 4537 de 2005.
Ver artículo 468-3, numeral 3 de esta
Estatuto.
Ver Oficio 901729 de 2017.
Ver Oficio 36242 de 2016. Ver Oficio 26151 de
2016. Ver Concepto 16676 de 2016. Ver Oficio 1548 de
2016. Ver Oficio 36303 de 2015. Ver Oficio 25652 de 2015. Ver Oficio
8268 de 2015, DIAN. Ver Concepto 238 de 2008 de la DIAN.
Ver Concepto unificado 1 de 2003 de la DIAN.
Texto original artículo (Decreto
624 de 1989): “SERVICIOS GRAVADOS Y SUS TARIFAS. Los siguientes
servicios están sometidos al impuesto sobre las ventas a las tarifas que se
indican en el presente artículo.
SERVICIOS |
Tarifa % |
1. Clubes sociales o deportivos, con excepción
de los clubes de los trabajadores |
10 |
2. Parqueaderos |
10 |
3. Revelado y copias fotográficas, incluyendo
las fotocopias |
10 |
4. Reparación |
10 |
5. Mantenimiento que implique la incorporación
de repuestos |
10 |
6. Tiquetes de transporte internacional de
pasajeros vía marítima o aérea, expedidos en Colombia, y la expedición de
órdenes de cambio de las compañías transportadoras cuando tengan por objeto
específico el de ser canjeadas por tiquetes de transporte internacional de
pasajeros |
10 |
7. Arrendamiento de bienes corporales muebles,
incluido el arrendamiento financiero (leasing) y el de helicópteros y
aerodinos distintos de los de servicio público y fumigación |
10 |
8. Computación y procesamiento de datos,
incluida la venta del denominado "Software" |
10 |
9. Hoteles de tres y más estrellas |
10 |
10. Telegramas télex y teléfonos,
internacionales |
10 |
11. Telegramas, télex y teléfonos, nacionales,
con excepción de las llamadas telefónicas urbanas hechas en aparatos públicos |
6 |
12. Seguros |
15 |
13. Los trabajos de fabricación, elaboración o
construcción de bienes corporales muebles, realizados por encargo de
terceros, incluidos los destinados a convertirse en inmuebles por accesión,
con o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención del
producto final o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración,
construcción, o puesta en condiciones de utilización. En este caso la tarifa
aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la prestación del
servicio.”. |
|
Artículo 476- 1. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 53. Seguros tomados en el exterior. Los seguros tomados en
el exterior, para amparar riesgos de transporte, barcos, aeronaves y vehículos
matriculados en Colombia, así como bienes situados en territorio nacional y los
seguros que en virtud de la Ley
1328 de 2009
sean adquiridos en el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las
ventas a la tarifa general, cuando no se encuentren gravados con este impuesto
en el país de origen.
Cuando
en el país en el que se tome el seguro, el servicio se encuentre gravado con el
impuesto sobre las ventas a una tarifa inferior a la indicada en el inciso
anterior, se causará el impuesto con la tarifa equivalente a la diferencia
entre la aplicable en Colombia y la del correspondiente país. Los seguros de
casco, accidentes y responsabilidad a terceros, de naves o aeronaves destinadas
al transporte internacional de mercancías y aquellos que se contraten por el
Fondo de Solidaridad y Garantía creado por la Ley 100 de 1993 tomados en el país o en el exterior, no estarán gravados
con el impuesto sobre las ventas.
Texto anterior art 476-1. Modificado por la Ley 223 de 1995, art
19. SEGUROS TOMADOS EN EL EXTERIOR. Los seguros tomados en el exterior para
amparar riesgos de transporte, barcos, aeronaves y vehículos matriculados en
Colombia, así como bienes situados en el territorio nacional, estarán gravados
con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, cuando no se encuentren
gravados con este impuesto en el país de origen.
Cuando en el país en el que
se tome el seguro, el servicio se encuentre gravado con el impuesto sobre las
ventas a una tarifa inferior a la indicada en el inciso anterior, se causará el
impuesto con la tarifa equivalente a la diferencia entre la aplicable en
Colombia y la del correspondiente país. Los seguros de casco, accidentes y
responsabilidad a terceros, de naves o aeronaves destinadas al transporte internacional
de mercancías y aquellos que se contraten por el Fondo de Solidaridad y
Garantía creado por la Ley 100 de 1993
tomados en el país o en el exterior, no estarán gravados con el impuesto sobre
las ventas.
TITULO VI
BIENES EXENTOS
Artículo
477. Modificado por
la Ley 1819 de 2016, art 188. Bienes que se encuentran exentos del
impuesto. Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a
compensación y devolución, los siguientes bienes:
01.02 |
Animales vivos de la especie bovina, excepto los de
lidia. |
01.05.11.00.00 |
Pollitos de un día de nacidos. |
02.01 |
Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada. |
02.02 |
Carne de animales de la especie bovina, congelada. |
02.03 |
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada. |
02.04 |
Carne de animales de las especies ovina o caprina,
fresca, refrigerada o congelada. |
02.06 |
Despojos comestibles de animales de las
especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos,
refrigerados o congelados. |
02.07 |
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida
01.05, frescos, refrigerados o congelados. |
02.08.10.00.00 |
Carnes y despojos comestibles de conejo o liebre,
frescos, refrigerados o congelados. |
02.08.90.00.00 |
Únicamente carnes y despojos comestibles frescos,
refrigerados o congelados de cuyes. |
03.02 |
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y
demás carne de pescado de la partida 03.04. |
03.03 |
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne
de pescado de la partida 03.04. Excepto los atunes de las partidas
03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00. |
03.04 |
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada),
frescos, refrigerados o congelados. |
03.06 |
Únicamente camarones de cultivo. |
04.01 |
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de
azúcar ni otro edulcorante. |
04.02 |
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante. |
04.06.10.00.00 |
Queso fresco (sin madurar), incluido
el lactosuero, y requesón |
04.07.11.00.00 |
Huevos de gallina de la
especie Gallusdomesticus, fecundados para incubación. |
04.07.19.00.00 |
Huevos fecundados para incubación de las demás aves |
04.07.21.90.00 |
Huevos frescos de gallina |
04.07.29.90.00 |
Huevos frescos de las demás aves |
19.01.10.10.00 |
Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de
edad, únicamente la leche maternizada o humanizada. |
19.01.10.99.00 |
Únicamente preparaciones infantiles a base de leche. |
93.01 |
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y
armas blancas, de uso privativo de las fuerzas Militares y la Policía
Nacional |
Adicionada por La
Ley 1955 de 2019, art. 230.
3210.06 Arroz para consumo humano (excepto el arroz con cáscara o “Arroz Paddy” de la partida 10.06.10.90.00 y el arroz para la
siembra de la partida 10.06.10.10.00, los cuales conservan la calidad de bienes
excluidos del IVA)”.
Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 12.
29.36 |
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis
(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. |
29.41 |
Antibióticos. |
30.01 |
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados, extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones,
para usos opoterápicos, heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni
comprendidas en otra parte. |
30.02 |
Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos,
profilácticos o de diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás
fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso
obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, cultivos de
microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. |
30.03 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al
por menor. |
30.04 |
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta
al por menor. |
30.06 |
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de
este capítulo. |
Adicionalmente:
1. Numeral
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 12. Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los
vehículos automotores; y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso
en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM.
Texto anterior numeral 1. Numeral modificado por la Ley
1943 de 2018, artículo 11. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Alcohol carburante con destino
a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores; y el biocombustible de origen vegetal o
animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con
ACPM.”. (Ver Sentencia C-482 de 2019, con
relación a este numeral. Sentencia C-483 de 2019.).
Texto original numeral
1 “Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los
vehículos automotores.”.
2. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). El biocombustible de
origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con
destino a la mezcla con ACPM.
3. Las municiones y material de guerra o reservado y
por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional:
a) Sistemas de armas y armamento mayor y menor de
todos los tipos, modelos y calibres con sus accesorios repuestos y los
elementos necesarios para la instrucción de tiro, operación, manejo y
mantenimiento de los mismos;
b) Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves
destinadas al servicio del Ramo de Defensa Nacional, con sus accesorios,
repuestos y demás elementos necesarios para su operabilidad y
funcionamiento;
c) Municiones, torpedos y minas de todos los tipos,
clases y calibres para los sistemas de armas y el armamento mayor y menor que
usan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional;
d) Material blindado;
e) Semovientes de todas las clases y razas destinadas
al mantenimiento del orden público, interno o externo;
f) Materiales explosivos y pirotécnicos, materias
primas para su fabricación y accesorios para su empleo;
g) Paracaídas y equipos de salto para Unidades
Aerotransportadas, incluidos los necesarios para su mantenimiento;
h) Elementos, equipos y accesorios contra motines;
i) Los equipos de ingenieros de combate con sus
accesorios y repuestos;
j) Equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus
repuestos y accesorios;
k) Equipos de detección aérea, de superficie y
submarina sus accesorios, repuestos, equipos de sintonía y calibración;
l) Elementos para control de incendios y de averías,
sus accesorios y repuestos;
m) Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento
del material de guerra o reservado;
n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y
comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional;
o) Otros elementos aplicables al servicio y
fabricación del material de guerra o reservado;
p) Los servicios de diseño, construcción y
mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la
fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza
Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de
sector defensa.
4. Numeral adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 12. Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros
completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para
conformar un vehículo automotor completo nuevo, de transporte público de
pasajeros. Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños
transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la
reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio
tendrá vigencia de cinco (5) años.
Texto inicial numeral 4. Numeral adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
11. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los
vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el chasis
con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo
automotor completo nuevo, de transporte público de pasajeros. Este beneficio
será aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de
hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos
vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco
(5) años.”.
5. Numeral adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 12. Los vehículos automotores de servicio público o particular,
de transporte de carga completos y el chasis con motor y la carrocería
adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor completo nuevo
de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este
beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores
propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de
uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia
de cinco (5) años.
Texto original numeral 5. Numeral adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
11. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Los vehículos automotores de
servicio público o particular, de transporte de carga completos y el chasis con
motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo
automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de
peso bruto vehicular. Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a
pequeños transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para
efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez.
Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años.”.
6. Reglamentado por el Decreto
1807 de 2019. Numeral adicionado por Ley 1955 de 2019. Las bicicletas y
sus partes; motocicletas y sus partes y motocarros y sus partes, que se
introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al
consumo dentro del mismo departamento y las motocicletas y motocarros sean
registrados en el departamento. También estarán exentos los bienes indicados
anteriormente que se importen al territorio aduanero nacional y que se destinen
posteriormente exclusivamente a estos departamentos.
El Gobierno nacional reglamentará la materia con el
fin de que la exención del IVA se aplique en las ventas al consumidor final y
para que los importadores de las referidas mercancías ubicados fuera de los
citados territorios, puedan descontar a su favor en la cuenta corriente del
IVA, el valor total del mismo, pagado en la nacionalización y las compras
nacionales a que hubiere lugar, cuando estas mercancías se comercialicen con
destino exclusivo al consumo en los referidos departamentos.
Parágrafo 1°. No se consideran armas y municiones destinadas
a la defensa nacional los uniformes, prendas de vestir, textiles, material
térmico, carpas, sintelitas, menaje, cubertería, marmitas, morrales,
chalecos, juegos de cama, toallas, ponchos y calzado de uso privativo de las
Fuerzas Militares y de Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Los productores de los bienes de que trata el
presente artículo se consideran responsables del impuesto sobre las ventas,
están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales, y serán
susceptibles de devolución o compensación de los saldos a favor generados en
los términos de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 850 de este
Estatuto.
Parágrafo 3°. Los productores de los bienes de que trata el
presente artículo podrán solicitar la devolución de los IVA pagados dos veces
al año. La primera, correspondiente a los primeros tres bimestres de cada año
gravable, podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa presentación de
las declaraciones bimestrales del IVA, correspondientes y de la declaración del
impuesto de renta y complementarios correspondiente al año o periodo gravable
inmediatamente anterior.
La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la
declaración correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del
correspondiente año gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los
bimestres respecto de los cuales se va a solicitar la devolución.
La totalidad de las devoluciones que no hayan sido
solicitadas según lo dispuesto en este parágrafo, se regirán por los artículos
815, 816, 850 y 855 de este Estatuto.
7. Numeral adicionado por la Ley 2010 de 2019, artícuo 12. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y
medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se
introduzcan y comercialicen al departamento de Amazonas, siempre y cuando se
destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno
nacional reglamentará la materia para garantizar que la exención del IVA se
aplique en las ventas al consumidor final. Adicionalmente, el tratamiento
consagrado en este numeral será aplicable, siempre y cuando se cumpla con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a) El adquiriente sea una
sociedad constituida y domiciliada en el departamento del Amazonas, y cuya
actividad económica sea realizada únicamente en dicho departamento.
b) El adquiriente de los
bienes de que trata este numeral debe estar inscrito en factura electrónica.
c) El documento de
transporte aéreo y/o fluvial de los bienes de que trata este numeral debe
garantizar que las mercancías ingresan efectivamente al departamento del
Amazonas y son enajenados únicamente a consumidores finales ubicados únicamente
en dicho departamento.
Parágrafo 1°. No se consideran armas y municiones destinadas a la
defensa nacional los uniformes, prendas de vestir, textiles, material térmico,
carpas, sintelitas, menaje, cubertería, marmitas, morrales, chalecos, juegos de
cama, toallas, ponchos y calzado de uso privativo de las Fuerzas Militares y de
Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Los productores de los bienes de que trata el presente
artículo se consideran responsables del impuesto sobre las ventas, están
obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales, y serán susceptibles de
devolución o compensación de los saldos a favor generados en los términos de lo
establecido en el parágrafo primero del artículo 850 de este Estatuto.
Parágrafo 3°. Los productores de los bienes de que trata el presente
artículo podrán solicitar la devolución de los IVA pagados dos veces al año. La
primera, correspondiente a los primeros tres bimestres de cada año gravable,
podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa presentación de las
declaraciones bimestrales del IVA, correspondientes y de la declaración del
impuesto de renta y complementarios correspondiente al año o periodo gravable
inmediatamente anterior.
La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la declaración
correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente
año gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres respecto
de los cuales se va a solicitar la devolución.
La totalidad de las devoluciones que no hayan sido solicitadas
según lo dispuesto en este parágrafo, se regirán por los artículos 815, 816,
850 y 855 de este Estatuto.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 12. Para la aplicación de la exención a que se refieren los
numerales 4 y 5 de este artículo, los vehículos automotores completos nuevos o
el que se conforme por el chasis con motor o carrocería adquiridos
individualmente, deberán destinarse para el respectivo servicio, público o
particular según el caso, en el cual se encontraba registrado el vehículo
objeto de reposición, para lo cual deberán cumplir los procedimientos que para
el efecto fijen los Ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público para
la aplicación de dicho beneficio. Los beneficiarios de esta exención deberán
mantener los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 del
Estatuto Tributario como activo fijo y su incumplimiento dará lugar al pago del
impuesto sobre las ventas correspondiente.
Cuando el vendedor de los
bienes de que tratan los numerales 4 y 5 de este artículo, responsable del
impuesto sobre las ventas sea un comercializador, podrá aplicar el
procedimiento de devolución y/o compensación previsto en el artículo 850 del
Estatuto Tributario, según corresponda.
El beneficio establecido en
los numerales 4 y 5 de este artículo también será aplicable cuando se adquieran
por arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. Su
incumplimiento dará lugar al pago del impuesto correspondiente.
Texto original parágrafo 4. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 11. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Para la aplicación de la exención a que se
refieren los numerales 4 y 5, los vehículos automotores completos nuevos o el
que se conforme por el chasis con motor o carrocería adquiridos
individualmente, deberán destinarse para el respectivo servicio, público o
particular según el caso, en el cual se encontraba registrado el vehículo
objeto de reposición, para lo cual deberán cumplir los procedimientos que para
el efecto fijen los Ministerios de Transporte y Hacienda para la aplicación de
dicho beneficio.”.
Parágrafo transitorio. Adicionado por
la Ley 1943 de 2018,
artículo 11. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Los vehículos automotores
destinados al servicio de transporte público de pasajeros, que se adquirieron
y/o importaron en el año 2018, y se matricularon o están en trámite de
matrícula con base en una certificación de cumplimiento de requisitos para el
registro inicial de vehículo nuevo en reposición con exclusión de IVA (CREI),
tendrán el tratamiento tributario previsto en el numeral 10 del artículo 424
vigente para la fecha de su adquisición.
Ver Oficio 36242 de 2016, DIAN.
Texto anterior art 477. Desarrollado por el Decreto 1794
de 2013. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 54. Bienes que se
encuentran exentos del impuesto. Están exentos del impuesto sobre las
ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes:
01.02 |
Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia |
01.05.11.00.00 |
Pollitos de un día de nacidos. |
02.01 |
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. |
02.02 |
Carne de animales de la especie bovina, congelada. |
02.03 |
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o
congelada. |
02.04 |
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada. |
02.06 |
Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina,
ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. |
02.07 |
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05,
frescos, refrigerados o congelados. |
02.08.10.00.00 |
Carnes y despojos comestibles de conejo o liebre, frescos,
refrigerados o congelados. |
03.02 |
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de
pescado de la partida 03.04. |
03.03 |
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de
la partida 03.04. Excepto los atunes de las partidas 03.03.41.00.00,
03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00. |
03.04 |
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados. |
03.06.16.00.00 |
Camarones y langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría,
congelados. |
03.06.17 |
Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia,
congelados. |
03.06.26.00.00 |
Camarones y langostinos y demás decápodos Natantia de agua fría,
sin congelar. |
03.06.27 |
Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, sin
congelar. |
04.01 |
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni
otro edulcorante. |
04.02 |
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro
edulcorante. |
04.06.10.00.00 |
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón
|
04.07.11.00.00 |
Huevos de gallina de la especie Gallusdomesticus, fecundados para
incubación. |
04.07.19.00.00 |
Huevos fecundados para incubación de las demás aves |
04.07.21.90.00 |
Huevos frescos de gallina |
04.07.29.90.00 |
Huevos frescos de las demás aves |
19.01.10.10.00 |
Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad, únicamente
la leche maternizada o humanizada. |
19.01.10.99.00 |
Únicamente preparaciones infantiles a base de leche. |
Adicionalmente
se considerarán exentos los siguientes bienes:
1.
Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos
automotores.
2.
El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de
producción nacional con destino a la mezcla con ACPM.
Parágrafo 1°. Los productores de los
bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del
impuesto sobre las ventas, están obligados a llevar contabilidad para efectos
fiscales, y serán susceptibles de devolución o compensación de los saldos a
favor generados en los términos de lo establecido en el parágrafo primero del artículo
850 de este Estatuto.
Parágrafo 2°. Los productores de los
bienes de que trata el presente artículo podrán solicitar la devolución de los
IVA pagados dos veces al año. La primera, correspondiente a los primeros tres
bimestres de cada año gravable, podrá solicitarse a partir del mes de julio,
previa presentación de las declaraciones bimestrales del IVA correspondientes
y de la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al
año o periodo gravable inmediatamente anterior.
La
segunda, podrá solicitarse una vez presentada la declaración correspondiente
al impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable
y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres respecto de los cuales
se va a solicitar la devolución.
La
totalidad de las devoluciones que no hayan sido solicitadas según lo dispuesto
en este parágrafo, se regirán por los artículos 815, 816, 850 y 855 de este
Estatuto.
Parágrafo 3°. Los productos que se
compren o introduzcan al Departamento del Amazonas en el marco de los convenios
colombo-peruano y el convenio con la República Federativa del Brasil.
Texto anterior art 477. Reglamentado parcialmente por el Decreto 1949
de 2003. Modificado por la Ley 788 de 2002, art
31. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO. Están exentos del impuesto
sobre las ventas los siguientes bienes:
02.01 Carne de animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada
02.02 Carne de animales de la especie bovina,
congelada
02.03 Carne de animales de la especie porcino,
fresca, refrigerada o congelada.
02.04 Carne de animales de las especies ovino o
caprina, fresca, refrigerada o congelada.
02.06 Despojos comestibles de animales
02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la
partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.
02.08.10.00.00 Carne fresca de conejo o liebre
03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los
filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y
demás carne de pescado de la partida 03.04
03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso
picado), frescos, refrigerados o congelados
04.01 Declarado
exequible por la Sentencia
C-173 de 2010. Leche y nata (crema), sin concentrar, sin
adición de azúcar ni otro edulcorante de otro modo
04.02 Declarado
exequible por la Sentencia
C-173 de 2010. Leche y nata (crema), con cualquier proceso
industrial concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante
04.06.10.00.00 Queso fresco (sin madurar)
04.07.00.10.00 Huevos para incubar, y los pollitos de un
día de nacidos
04.07.00.90.00 Huevos de ave con cáscara, frescos
19.01.10.10.00 Declarado exequible por la Sentencia
C-173 de 2010. Leche maternizado (sic) o humanizada
48.20 Cuadernos de tipo escolar.
Alcohol carburante, con
destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores.
Inciso adicionado por la Ley 939 de 2004, art
8. El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diesel de
producción Nacional con destino a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto
a las ventas.
Inciso reglamentado parcialmente por el Decreto 87 de 2008. Inciso adicionado por la Ley 1111 de
2006, art 56. También son exentos del impuesto sobre las ventas, los
alimentos de consumo humano y animal que se importen de los países colindantes
a los Departamentos de Vichada, Guajira, Guainía, Amazonas y Vaupés, siempre y
cuando se destinen exclusivamente al consumo local en esos Departametos. Ver Decreto 359 de 2011
Ver Decreto 561 de 2012, Decreto 69 de 2010,
Decreto 2270 de 2009, art 1º, Decreto 522 de 2003, art 5º, Decreto 1944 de 2003, art1 y Decreto 1949 de 2003, Concepto 103511 de 2009 de la DIAN, art 481 del presente Estatuto y Ley 863 de 2003, art 11 (derogatoria tácita)
BIENES EXENTOS POR SU
DESTINACIÓN O USO.
Artículo 478.
LIBROS Y REVISTAS EXENTOS. Están exentos del impuesto sobre las ventas los
libros y revistas de carácter científico y cultural, según calificación que
hará el Gobierno Nacional.
Ver Ley 98 de 1993, Ley del Libro
Artículo 479.
LOS BIENES QUE SE EXPORTEN SON EXENTOS. También se encuentran exentos del
impuesto, los bienes corporales muebles que se exporten; el servicio de reencauche
y los servicios de reparación a las embarcaciones marítimas y a los aerodinos,
de bandera o matrícula extranjera, y la venta en el país de bienes de
exportación a sociedades de comercialización internacional siempre que hayan de
ser efectivamente exportados. Ver Decreto
1655 de 1991, artículo 1º, parágrafo 1, respecto al texto subrayado el cual fue
excluido del impuesto sobre las ventas
Ver Ley
488 de 1998
y Ley
49 de 1990, arts. 27 y 424 del presente Estatuto.
Artículo 480.
Reglamentado
por el Decreto 540 de 2004
y por el Decreto
1900 de 1992. Modificado por la Ley 633 de 2000,
art 32. BIENES DONADOS EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Estarán excluidos
del impuesto sobre las ventas las importaciones de bienes y equipos destinados
al deporte, a la salud, a la investigación científica y tecnológica, y a la
educación, donados a favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por
personas o entidades nacionales o por entidades, personas o gobiernos
extranjeros, siempre y cuando obtengan calificación favorable en el comité
previsto en el artículo 362. Así mismo, estarán excluidos del impuesto las
importaciones de los bienes y equipos para la seguridad nacional con destino a
la Fuerza Pública.
También
está excluida del impuesto sobre las ventas, la importación de bienes y equipos
que se efectúen en desarrollo de convenios, tratados, acuerdos internacionales
e interinstitucionales o proyectos de cooperación, donados a favor del Gobierno
Nacional o entidades de derecho público del orden nacional por personas
naturales o jurídicas, organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, según
reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000
art 112. La calificación de que trata este artículo, no se aplicará para las
Entidades Oficiales.
“Ver Ley 788 de 2002 art 96, el cual dispone: “Exención para las donaciones de
gobiernos o entidades extranjeras. Se encuentran exentos de todo impuesto, tasa
o contribución, los fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o
gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno Colombiano, destinados a
realizar programas de utilidad común y amparados por acuerdos
intergubernamentales. También gozarán de este beneficio tributario las compras
o importaciones de bienes y la adquisición de servicios realizados con los
fondos donados, siempre que se destinen exclusivamente al objeto de la
donación. El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación de esta exención.”
Artículo 481. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 189. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Para efectos del impuesto sobre las
ventas, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con
derecho a devolución bimestral:
a) Los bienes corporales muebles que se exporten;
b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las
sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser
efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los
servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades,
siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado;
c) Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen
exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o
actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el
reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que
acrediten debidamente la existencia de la operación. El Gobierno nacional
reglamentará la materia;
d) Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior
que sean utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos
por agencias operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo,
según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de
1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente
de que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la
agencia de viaje.
De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles
inscritos en el registro nacional de turismo a las agencias operadoras, siempre
que los servicios turísticos
hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el
exterior;
e) Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se
vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes
o de servicios de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos sean
necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios;
f) Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto
Tributario y los
productores e importadores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00 y los diarios y
publicaciones periódicas, impresos incluso ilustrado o con publicidad de la partida
arancelaria 49.02, así como los contenidos y las suscripciones de las ediciones
digitales de los periódicos, las revistas y los libros;
g) Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo
477 del Estatuto
Tributario que una vez
entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo
adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores;
h) Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas
de los suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2. En los casos en que
dichos servicios sean ofrecidos en forma empaquetada con otros servicios de
telecomunicaciones, los órganos reguladores del servicio de telecomunicaciones
que resulten competentes tomarán las medidas regulatorias que sean necesarias
con el fin de que los efectos de tarifa especial no generen subsidios cruzados
entre servicios.
Para los fines previstos en este numeral, se tendrá en cuenta lo
previsto en el artículo 64 numeral 8 de la Ley 1341 de 2009.
Parágrafo. Sin perjuicio de
lo establecido en el literal c) de este artículo, se entenderá que existe una
exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con la
producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y
con el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y
que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de
los mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde
Colombia por cualquier medio tecnológico.
Texto anterior art 481. Reglamentado por el Decreto 2646
de 2013 y por el Decreto 2223
de 2013. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 55. Bienes exentos con derecho a devolución
bimestral. Para
efectos del Impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la calidad de
bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral:
a)
Los bienes corporales muebles que se exporten.
b)
Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de
comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente
exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios
intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y
cuando el bien final sea efectivamente exportado.
c)
Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el
exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de
acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. Quienes exporten servicios
deberán conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la
operación. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
d)
Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados
en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias
operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las
funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de
1996. En el caso de los servicios
hoteleros la exención rige independientemente de que el responsable del pago
sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes.
Reglamentado
por el Decreto 297 de 2016 y por el Decreto 2646 de 2013.De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles
inscritos en el registro nacional de turismo a las agencias operadoras, siempre
que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional
por residentes en el exterior.
e)
Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el
territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios
de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo
del objeto social de dichos usuarios.
f)
Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, los productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida
48.20.20.00.00, y los diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso
ilustrados o con publicidad de la partida arancelaria 49.02.
g)
Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto
Tributario que una vez entrado en operación
el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y
utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores.
h)
Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los
suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2.
En
los casos en que dichos servicios sean ofrecidos en forma empaquetada con
otros servicios de telecomunicaciones, los órganos reguladores del servicio de
telecomunicaciones que resulten competentes tomarán las medidas regulatorias
que sean necesarias con el fin de que el beneficio tributario no genere
subsidios cruzados entre servicios.
Para
los fines previstos en este numeral, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo
64 numeral 8 de la Ley 1341 de
2009.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el literal c de este artículo,
se entenderá que existe una exportación de servicios en los casos de servicios
relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo de
software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez
exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos
en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde Colombia por
cualquier medio tecnológico.
Texto anterior art 481. BIENES QUE CONSERVAN LA
CALIDAD DE EXENTOS. Unicamente conservarán la calidad de bienes exentos del
impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de impuestos:
a) Los bienes corporales
muebles que se exporten
b) Los bienes corporales
muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización
internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o
una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que
se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente
exportado.
c) Modificado por la Ley 223 de 1995, art
20. Los cuadernos de tipo escolar de la partida 48.20 del Arancel de Aduanas y
los impresos contemplados en el artículo 478.
d) Adicionado por la Ley 863 de 2003, art
11. El alcohol carburante, con destino a la mezcla con gasolina para los
vehículos automotores.
e) Reglamentado por el Decreto 1805
de 2010. Modificado por la Ley 1111 de 2006, art
62. También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean
prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen
exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o
actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el
reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos prestados a
residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano,
originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en
el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 300 de 1996. En
el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente que el
responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de
viajes.
f) Adicionado por la Ley 1004 de 2005, art
7º. Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan
desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de
servicios de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios
para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.
Ver arts 815 y 850 del presente Estatuto con respecto a la solicitud
de devolución o compensación, derogatoria tácita de la Ley 788 de 2002, art 31, Ley 191 de 1995, art 19, la Ley 100 de 1993, art 135 y Concepto 70319 de 2009
de la DIAN
Artículo 482.
LAS PERSONAS EXENTAS POR LEY DE OTROS IMPUESTOS NO LO ESTÁN DEL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS. Las personas declaradas por ley exentas de pagar impuestos
nacionales, Departamentales o municipales, no están exentas del impuesto sobre
las ventas.
Ver Concepto 76390
de 2003 de la DIAN, Decreto 2682 de 1999, Ley
191 de 1995, art 27 y Ley
153 de 1887, art 14
Artículo 482-1.
Adicionado por la Ley 383 de 1997,
art 34. LIMITACIÓN A LAS EXENCIONES Y EXCLUSIONES EN IMPORTACIÓN DE BIENES. No
podrá aplicarse exención ni exclusión del IVA en las importaciones de bienes,
cuando tengan producción nacional y se encuentren gravados con el impuesto
sobre las ventas.
Cuando
en cualquier caso se requiera certificación de la no existencia de producción
nacional, para que no se cause el impuesto sobre las ventas en las
importaciones, dicha certificación deberá expedirse por parte del Incomex.
Parágrafo.
La limitación prevista en el primer inciso de este artículo, no será aplicable
a las empresas determinadas en el Decreto 1264 de 1994, ni a las
importaciones que al amparo del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo
Peruano (CCACP) ingresan al Departamento del Amazonas, de conformidad con el artículo
27 de la Ley 191 de 1995,
ni a las importaciones de que tratan los literales b) y d) del artículo 428 del
Estatuto Tributario. Ver artículo 134 de la Ley
633 de 2000, que derogó el artículo 27 de la Ley
191 de 1995, con respecto al texto subrayado
TITULO VII
DETERMINACION DEL IMPUESTO A
CARGO DEL RESPONSABLE DEL REGIMEN COMUN
Artículo 483.
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PARA LOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN. El impuesto
se determinara:
a)
En el caso de venta y prestación de servicios, por la diferencia entre el
impuesto generado por las operaciones gravadas, y los impuestos descontables
legalmente autorizados;
b)
En la importación, aplicando en cada operación la tarifa del impuesto sobre la
base gravable correspondiente.
Artículo 484.
DISMINUCIÓN POR DEDUCCIONES U OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS. El
impuesto generado por las operaciones gravadas se establecerá aplicando la
tarifa del impuesto a la base gravable.
Del
impuesto así obtenido, se deducirá:
a)
El impuesto que resulte de aplicar al valor de la operación atribuible a bienes
recibidos en devolución en el período, la tarifa del impuesto a la que, en su
momento, estuvo sujeta la respectiva venta o prestación de servicios;
b)
El impuesto que resulte de aplicar al valor de la operación atribuible a ventas
o prestaciones anuladas, rescindidas o resueltas en el respectivo período, la
tarifa del impuesto a la que, en su momento, estuvo sujeta la correspondiente
operación. En el caso de anulaciones, rescisiones o resoluciones parciales, la
deducción se calculará considerando la proporción del valor de la operación que
resulte pertinente.
Las
deducciones previstas en los literales anteriores, sólo procederán si las
devoluciones, anulaciones, rescisiones y resoluciones que las originan, se
encuentran debidamente respaldadas en la contabilidad del responsable.
Artículo 484-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 21. TRATAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO. Los responsables
del impuesto sobre las ventas sujetos a la retención del impuesto de
conformidad con el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, podrán llevar el
monto del impuesto que les hubiere sido retenido, como menor valor del saldo a
pagar o mayor valor del saldo a favor, en la declaración del período durante el
cual se efectuó la retención, o en la correspondiente a cualquiera de los dos
períodos fiscales inmediatamente siguientes.
Artículo 485. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 56. Impuestos descontables. Los impuestos descontables son:
a)
El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de
bienes corporales muebles y servicios.
b)
El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles.
Parágrafo. Los saldos a favor en IVA provenientes de los excesos
de impuestos descontables por diferencia de tarifa, que no hayan sido imputados
en el impuesto sobre las ventas durante el año o periodo gravable en el que se
generaron, se podrán solicitar en compensación o en devolución una vez se
cumpla con la obligación formal de presentar la declaración del impuesto sobre
la renta y complementarios correspondiente al período gravable del impuesto
sobre la renta en el cual se generaron los excesos. La solicitud de
compensación o devolución solo podrá presentarse una vez presentada la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios.
Texto anterior art 485. Modificado por la Ley 6 de 1992, art
19. IMPUESTOS DESCONTABLES. Los impuestos descontables son:
a) El impuesto sobre las
ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles
y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar al valor de la operación
que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del
impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes; la parte
que exceda de este porcentaje constituirá un mayor valor del costo o del gasto
respectivo.
b) El impuesto pagado en la
importación de bienes corporales muebles. Cuando la tarifa del bien importado
fuere superior a la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las
operaciones correspondientes, la parte que exceda de este porcentaje
constituirá un mayor valor del costo o del gasto respectivo.
Ver Decreto 4650 de 2006, artículo 1º
Articulo 485-1. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122 (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). y por la Ley 488 de 1998, artículo 154. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo 170. DESCUENTO
ESPECIAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. En la venta al consumidor final o usuario
final de vehículos, o en la importación que de los mismos haga el consumidor
final, se descontará del Impuesto a las ventas liquidado al usuario o
consumidor, un monto equivalente al 50% de valor de los equipos de control
ambiental que se encuentren incorporados al vehículo, sin que tal descuento
exceda de quinientos mil pesos ($500.000). Para tal efecto, el Ministerio del
Medio Ambiente identificará por vía general los equipos de control ambiental
que dan derecho a este beneficio. (Articulo
reglamentado por el Decreto 2306 de 1996.).
Texto original artículo Adicionado
por la Ley 223 de 1995, artículo
22. “DESCUENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LIQUIDADO SOBRE
OPERACIONES GRAVADAS REALIZADAS CON RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. El
impuesto sobre las ventas retenido en las operaciones a que se refiere el
literal e) del artículo 437, podrá ser descontado por el responsable
perteneciente al régimen común, en la forma prevista por los artículos 483 y
485 del Estatuto Tributario.”.
Artículo 485-2. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 190. Descuento especial del impuesto sobre las ventas. Los contribuyentes cuyo objeto social
y actividad económica principal sea la exploración de hidrocarburos
independientemente de si tienen ingresos o no, tendrán derecho a presentar una
declaración del Impuesto sobre las Ventas a partir del momento en el que
inician su actividad exploratoria y tratar en ella como IVA descontable, el IVA
pagado en la adquisición e importación de los bienes y servicios de cualquier
naturaleza, utilizados en las etapas de exploración y desarrollo para conformar
el costo de sus activos fijos e inversiones amortizables en los proyectos costa
afuera. La totalidad de los saldos a favor que se generen en dicho período
podrán ser solicitados en devolución en el año siguiente en el que se generen
dichos saldos a favor.
El IVA tratado como descontable en la declaración del impuesto
sobre las ventas no podrá ser tratado como costo o deducción ni como descuento
en la declaración del impuesto sobre la renta.
Parágrafo 1°. Derogado por la Ley 2010 de 2019, artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). En ningún caso el beneficio
previsto en este artículo podrá ser utilizado en forma concurrente con el que
consagra el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2°. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de que trata este
artículo, sin que para ello le aplique el procedimiento establecido en el
artículo 489 de este Estatuto.
Artículo 485-2. Declarado exequible en la Sentencia
C-809 de 2007. Adicionado
Ley 788 de
2002, art 40. DESCUENTO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Durante
los años 2003, 2004 y 2005, los responsables del régimen común tendrán derecho
a descontar del Impuesto sobre las Ventas el IVA pagado por la adquisición o
importación de maquinaria industrial.
Este descuento se solicitará
dentro de los tres (3) años contados a partir del bimestre en que se importe o
adquiera la maquinaria. El 50% el primer año, 25% en el segundo y el 25%
restante en el tercer año. El valor del impuesto descontable en ningún caso
deberá superar el valor del impuesto a cargo del respectivo bimestre. Los
saldos que no se hubieran podido descontar al finalizar el tercer año, se
llevarán como un mayor valor del activo.
Inciso declarado inexequible por la Sentencia
C-370 de 2004. Adicionado
por la Ley 818 de 2003, art8.
En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por medio
del sistema de arrendamiento financiero (leasing), el locatario tendrá derecho
a solicitar el descuento previsto en este artículo siempre y cuando en el
respectivo contrato exista una opción de adquisición irrevocable pactada a su
favor".
Parágrafo 1º.
En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte
de productores de bienes excluidos, el IVA pagado podrá ser tratado como
descuento en el impuesto sobre la renta, en el año gravable en el cual se haya
adquirido o importado la maquinaria.
Parágrafo 2º.
En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte
de productores de bienes exentos o por exportadores, el IVA pagado podrá ser tratado
como impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas de conformidad con el
artículo 496 de este Estatuto.
Parágrafo 3º.
En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte
de empresas que se constituyan a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente Ley, el IVA pagado podrá ser tratado como impuesto descontable en
el impuesto sobre las ventas dentro de los tres (3) años siguientes al inicio
de las actividades gravadas.
Parágrafo 4º.
En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en
forma concurrente con el que consagra el artículo 258-2 de este Estatuto.
Parágrafo 5º.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
art 73. El beneficio previsto en este artículo solo será aplicable para la
maquinaria industrial que se adquiera o importe hasta el día 30 de abril del
año 2007 inclusive.
Artículo 486. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 57. Ajuste de los
impuestos descontables. El total de los impuestos descontables
computables en el período gravable que resulte de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo anterior, se ajustará restando:
a)
El impuesto correspondiente a los bienes gravados devueltos por el responsable
durante el período.
b)
El impuesto correspondiente a adquisiciones gravadas, que se anulen, rescindan,
o resuelvan durante el período.
Parágrafo. Habrá lugar al ajuste de que trata este artículo en el
caso de pérdidas, hurto o castigo de inventario a menos que el contribuyente
demuestre que el bien es de fácil destrucción o pérdida, y la pérdida no excede
del 3% del valor de la suma del inventario inicial más las compras.
Texto original art 486. AJUSTE DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES. El total de los impuestos
descontables computables en el período fiscal que resulte de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo anterior, se ajustara restando:
a)
El impuesto correspondiente a los bienes gravados devueltos por el responsable
durante el período;
b)
El impuesto correspondiente a adquisiciones gravadas, que se anulen, rescindan,
o resuelvan durante el período.
Articulo 486-1. Inciso 1º
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 15. Determinación
del impuesto en los servicios financieros. En servicios financieros, el
impuesto se determina aplicando la tarifa a la base gravable, integrada en cada
operación, por el valor total de las comisiones y demás remuneraciones que
perciba el responsable por los servicios prestados, independientemente de su
denominación. Lo anterior no se aplica a los servicios contemplados en los
numerales 2, 16 y 23 del artículo 476 de este Estatuto, ni al servicio de
seguros que seguirá rigiéndose por las disposiciones especiales contempladas en
este Estatuto.
Texto anterior inciso 1 del artículo 486-1. Inciso 1º modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 13. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Modificado por la Ley 1607 de
2012, artículo 58. “Determinación
del impuesto en los servicios financieros. En servicios
financieros, el impuesto se determina aplicando la tarifa a la base gravable,
integrada en cada operación, por el valor total de las comisiones y demás
remuneraciones que perciba el responsable por los servicios prestados,
independientemente de su denominación. Lo anterior no se aplica a los servicios
contemplados en los numerales 2, 16 y 23 del artículo 476 de este Estatuto, ni
al servicio de seguros que seguirá rigiéndose por las disposiciones especiales
contempladas en este Estatuto.”.
Texto original inciso 1 del artículo 486-1 “En
servicios financieros, el impuesto se determina aplicando la tarifa a la base
gravable, integrada en cada operación, por el valor total de las comisiones y
demás remuneraciones que perciba el responsable por los servicios prestados,
independientemente de su denominación. Lo anterior no se aplica a los servicios
contemplados en el numeral tercero del artículo 476 de este Estatuto, ni al
servicio de seguros que seguirá rigiéndose por las disposiciones especiales
contempladas en este Estatuto.”.
Parágrafo. Se exceptúan de estos impuestos por operación bancaria a
las embajadas, sedes oficiales, agentes diplomáticos y consulares y de organismos
internacionales que estén debidamente acreditados ante el Gobierno Nacional.
Texto anterior art 486-1. Reglamentado por el Decreto 100
de 2003. Adicionado por la Ley 6 de
1992, art 27. Inciso modificado
por la Ley 788 de 2002, art
41. Cuando se trate de operaciones cambiarias, el impuesto será determinado por
los intermediarios del mercado cambiario y por quienes compren y vendan
divisas, conforme a lo previsto en las normas cambiarias. Para este efecto la
base gravable se establece tomando la diferencia entre la tasa de venta de las
divisas de cada operación en la fecha en que se realice la transacción y la
tasa promedio ponderada de compra del respectivo responsable en el último día
hábil anterior en que haya realizado compras de divisas. Para el cálculo de
dicha base gravable se tendrá en cuenta si la transacción se hace en efectivo,
en cheque o a través de una transferencia electrónica o giro, calculándose una
tasa promedio ponderada para cada una de estas modalidades de transacción. La
base gravable así establecida se multiplica por la tarifa del impuesto y por la
cantidad de divisas enajenadas.
Inciso modificado por la Ley 788 de 2002, art
41. Para las operaciones cambiarias derivadas de contratos forwards y futuros,
el impuesto se determina tomando la diferencia entre la tasa de venta de las
divisas de cada operación en la fecha en que se realice la transacción y la
tasa de compra establecida en la forma en que determine el Gobierno Nacional
para lo cual tendrá en cuenta los plazos pactados en este tipo de operaciones.
La base gravable así establecida se multiplica por la tarifa del impuesto y por
la cantidad de divisas enajenadas.
Inciso tercero adicionado por la Ley 788 de 2002, art
41. El Gobierno Nacional establecerá la metodología para el cálculo de la tasa
promedio ponderada de divisas.
Parágrafo. Se exceptúan de estos impuestos
por operación bancaria a las Embajadas, Sedes Oficiales, Agentes Diplomáticos y
Consulares y de Organismos Internacionales que estén debidamente acreditados
ante el Gobierno Nacional.
Las liquidaciones por sus
ingresos en divisas se efectuarán con base en cotizaciones oficiales del día en
todos los servicios financieros, estatales y privados del país.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores reglamentará los cupos correspondientes a estas misiones
internacionales.
Ver Decreto 522 de 2003, art 24.
Artículo 486-2.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
art 52. TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS TEMPORALES DE
VALORES. Los ingresos y rendimientos de las transferencias temporales de
valores deberán tener la misma naturaleza y tratamiento fiscal del título
transferido.
Artículo 487.
LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE SEGUROS DA LUGAR
A DESCONTAR EL IMPUESTO DE LA PRIMA NO PAGADA. En los casos de terminación del
contrato por mora en el pago de la prima, habrá lugar al descuento de los
impuestos pagados en períodos anteriores que correspondan a la parte de la
prima no pagada.
En
los casos de revocación unilateral del contrato, habrá lugar al descuento de
los impuestos pagados en períodos anteriores que correspondan a la parte no
devengada de la prima.
Artículo 488.
SÓLO SON DESCONTABLES LOS IMPUESTOS ORIGINADOS EN OPERACIONES QUE CONSTITUYAN
COSTO O GASTO. Sólo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas
por las adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios, y por las
importaciones que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la renta,
resulten computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las
operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas.
Artículo 489. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 59. Impuestos
descontables susceptibles de devolución bimestral de impuestos. En
el caso de las operaciones de que trata el artículo 481 de este Estatuto, y sin
perjuicio de la devolución del IVA retenido, habrá lugar a descuento y
devolución bimestral únicamente cuando quien efectúe la operación se trate de
un responsable del impuesto sobre las ventas según lo establecido en el artículo
481 de este Estatuto.
Cuando
el responsable tenga saldo a favor en el bimestre y en dicho período haya
generado ingresos gravados y de los que trata el artículo 481 de este Estatuto,
el procedimiento para determinar el valor susceptible de devolución será:
1.
Se determinará la proporción de ingresos brutos por operaciones del artículo
481 de este Estatuto del total de ingresos brutos, calculados como la sumatoria
de los ingresos brutos gravados más los ingresos brutos por operaciones del artículo
481 de este Estatuto.
2.
La proporción o porcentaje así determinado será aplicado al total de los
impuestos descontables del período en el impuesto sobre las ventas.
3.
Si el valor resultante es superior al del saldo a favor, el valor susceptible
a devolución será el total del saldo a favor; y si es inferior, el valor
susceptible a devolución será ese valor inferior.
Texto original art 489. EN LAS OPERACIONES EXENTAS SÓLO PODRÁN DESCONTARSE LOS IMPUESTOS
IMPUTABLES A TALES OPERACIONES, PARA LOS PRODUCTORES Y EXPORTADORES. Cuando los
bienes y servicios a que se refiere este artículo se destinen a operaciones
exentas del impuesto, habrá lugar a descuento únicamente, cuando quien efectúe
la operación sea un productor de bienes de que trata el Título VI del presente
Libro, o un exportador. En el caso de los exportadores, cuando los bienes
corporales muebles constituyan costo de producción o venta de los artículos que
se exporten, se descontará la totalidad del impuesto facturado, siempre y
cuando dicho impuesto corresponda a la tarifa a la que estuviere sujeta la
respectiva operación.
Ver el Título VI de éste Libro
Artículo 490.
LOS IMPUESTOS DESCONTABLES EN LAS OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS SE
IMPUTARÁN PROPORCIONALMENTE. Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho
a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o
excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a
unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto
de tales operaciones del período fiscal correspondiente. La inexistencia de
operaciones determinará la postergación del cómputo al período fiscal siguiente
en el que se verifique alguna de ellas.
Artículo 491. Derogado por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró
la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110,
114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020). Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 491. En la adquisición de activo fijo no hay descuento. El impuesto sobre las ventas por la
adquisición o importación de activos fijos no otorgará descuento, excepto en el
caso establecido en el artículo 485-2”.
Parágrafo. En ningún caso el
beneficio previsto en este artículo podrá ser utilizado en forma concurrente
con el que consagra el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.
Nota leyex.info: La Ley
2010 de 2019, artículo 160,
declaró la
reviviscencia expresa de este artículo
Texto anterior art 491. Reglamentado parcialmente
por el Decreto 3730
de 2005. EN LA ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
NO HAY DESCUENTO. El impuesto a las ventas por la adquisición o importación de
activos fijos no otorgará derecho a descuento.
Artículo 492.
Declarado
exequible por las Sentencias C-058 de 2001
y C-147
de 2001. LOS CRÉDITOS O LAS DEUDAS INCOBRABLES
NO DAN DERECHO A DESCUENTO. Los créditos y deudas incobrables en ningún caso
darán derecho a descuento.
Artículo 493.
LOS IMPUESTOS DESCONTABLES NO CONSTITUYEN COSTO NI DEDUCCIÓN. En ningún caso el
impuesto a las ventas que deba ser tratado como descuento, podrá ser tomado
como costo o gasto en el impuesto sobre la renta.
Artículo 494.
NO SON DESCONTABLES LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES NO INSCRITOS. A
partir de la fecha de la publicación de sus nombres en un diario de amplia
circulación nacional, no se podrá efectuar descuento alguno por adquisiciones
realizadas de quienes la Dirección General de Impuestos Nacionales les hubiere
cancelado la inscripción de responsables.
La
Dirección General de Impuestos Nacionales cancelará de oficio las inscripciones
cuando se trata de proveedores no responsables.
Artículo 495.
NO SON DESCONTABLES LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES FICTICIOS O
INSOLVENTES. A partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia
circulación nacional, no darán derecho a impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quien el Administrador de
Impuestos Nacionales respectivo hubiere declarado como:
a)
Proveedores ficticios, en el caso de aquellas personas o entidades que facturen
ventas o prestación de servicios, simulados o inexistentes. Esta calificación
se levantará pasados cinco (5) años de haber sido efectuado;
b)
Insolventes, en el caso de aquellas personas o entidades a quienes no se haya
podido cobrar las deudas tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a
terceras personas con el fin de eludir el cobro de la Administración. La
Administración deberá levantar la calificación de insolvente cuando la persona
o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas.
Artículo 496. Reglamentado por
el Decreto 1096 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 194. Oportunidad
de los descuentos. Cuando se trate de responsables que deban declarar
bimestralmente, las deducciones e impuestos descontables sólo podrán
contabilizarse en el período fiscal correspondiente a la fecha de su causación,
o en uno de los tres períodos bimestrales inmediatamente siguientes, y
solicitarse en la declaración del período en el cual se haya efectuado su
contabilización.
Cuando se trate de responsables que deban declarar cuatrimestralmente,
las deducciones e impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el
período fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en el período
cuatrimestral inmediatamente siguiente, y solicitarse en la declaración del
período en el cual se haya efectuado su contabilización.
Parágrafo. El impuesto sobre las ventas descontable para el sector
de la construcción sólo podrá contabilizarse en el período fiscal
correspondiente a la fecha de su causación o en cualquiera de los dos períodos
inmediatamente siguientes y solicitarse como descontable en el período fiscal
en el que ocurra la escrituración de cada unidad inmobiliaria privada gravada
con dicho impuesto.
El impuesto sobre las ventas descontable debe corresponder
proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades
inmobiliarias gravadas.
El Gobierno nacional reglamentará los mecanismos de control para la
correcta imputación del mismo como descontable.
Texto anterior art 496. OPORTUNIDAD DE LOS
DESCUENTOS. Cuando se trate de responsables que deban declarar bimestralmente,
las deducciones e impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el
período fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en uno de los dos
períodos bimestrales inmediatamente siguientes, y solicitarse en la declaración
del período en el cual se haya efectuado su contabilización.
Artículo 497.
DESCUENTOS CALCULADOS PARA INTERMEDIARIOS. Los intermediarios de que tratan los
incisos 1º y 2° del artículo 438, calcularán como descuento imputable al
período fiscal en el que se realizó la venta gravada, el importe que resulte de
aplicar la tarifa del impuesto sobre el valor neto liquidado al tercero por
concepto de la operación. Para la procedencia de este descuento, el tercero
debe revestir la condición de responsable del impuesto y no encontrarse dentro
del régimen simplificado que establece el Título VIII del presente Libro.
Artículo
498.
Derogado por la Ley 1607 de 2012, art 198. Modificado Ley 6 de 1992, art
28. IMPUESTOS DESCONTABLES EN LOS SERVICIOS. Los responsables que presten los
servicios gravados tendrán derecho a solicitar los impuestos descontables de
que trata el artículo 485.
La tarifa para establecer
los impuestos descontables a que tienen derecho los responsables que presten
los servicios gravados, estará limitada por la tarifa del correspondiente
servicio; el exceso, en caso que exista, se llevará como un mayor valor del
costo o gasto respectivo.
Ver Decreto 4650 de 2006, art 1º
Artículo
498-1. Reglamentado por el Decreto 2975 de 2013. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 60. IVA
descontable en la adquisición de bienes de capital. Los responsables del régimen común podrán descontar del
impuesto sobre la renta el IVA causado y pagado por la adquisición o
importación de bienes de capital a lo largo de cada vigencia fiscal, siempre
que se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. Este descuento
se solicitará en la declaración de renta a ser presentada el año siguiente en
el cual se adquiere o importa el bien de capital.
El
Gobierno Nacional, mediante Decreto, establecerá anualmente, cada primero de
febrero, el número de puntos porcentuales del IVA sobre los bienes de capital
gravados al dieciséis por ciento (16%) que podrán ser descontados del impuesto
sobre la renta en la declaración a ser presentada ese mismo año.
Para
la determinación del número de puntos porcentuales del IVA susceptibles de ser
descontados del impuesto sobre la renta se seguirán las siguientes reglas:
antes del quince de enero de cada año, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales certificará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el monto del
recaudo neto de IVA del año anterior. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público estimará en UVT el monto del exceso del recaudo por encima de la meta
de recaudo fijada en el correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo, si fuere
del caso. Cada 10 millones de UVT en que el monto del recaudo certificado
supere la meta de recaudo de IVA del Marco Fiscal de Mediano Plazo de cada año,
equivaldrá a un punto porcentual del IVA causado susceptible de ser descontado
del impuesto sobre la renta, desde ese año en adelante, hasta agotar el total
de puntos de IVA susceptibles de ser descontados, siempre que se cumplan las
condiciones de que trata el presente artículo. El valor del IVA descontable
estará sujeto a lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto.
En
el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre
ventas por medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se
requiere que se haya pactado una opción de compra de manera irrevocable en el
respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a él.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo no se aplica al IVA causado
en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, el cual se
regirá por lo dispuesto en el artículo 258-2 de este Estatuto.
TITULO VIII
REGIMEN SIMPLIFICADO
Artículo
499. Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 195. Quiénes pertenecen a este régimen. Al
Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas pertenecen las personas
naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los
agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de
las siguientes condiciones:
1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT.
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede,
local o negocio donde ejercen su actividad.
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio
no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización
o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año
en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por
valor individual, igual o superior a tres mil quinientas (3.500) UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la
suma de tres mil quinientas (3.500) UVT.
Parágrafo. Para la celebración de contratos de
venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual
y superior a tres mil quinientos (3.500) UVT, el responsable del Régimen
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común.
Texto anterior 499. Desarrollado por el Decreto 1794
de 2013. Modificado por la Ley 863 de
2003, art 14. QUIÉNES PERTENECEN A ESTE RÉGIMEN. Al Régimen Simplificado
del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales comerciantes y
los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los
ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten
servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. Modificado por la Ley 1111 de 2006, art
39. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes
de la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
2. Que tengan máximo un
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su
actividad.
3. Declarado inexequible por las Sentencias C-1114 de
2004, C-1147 de
2004 y C-151 de 2005.
Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se
encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. Al
efecto se entiende por centro comercial la construcción urbana que agrupe a más
de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio.
4. Que en el establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles.
5. Que no sean usuarios
aduaneros.
6. Que no hayan celebrado en
el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de
bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a
sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
7. Que el monto de sus
consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año
anterior o durante el respectivo año no supere la suma de ochenta millones de
pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
Parágrafo 1°. Para la celebración de contratos
de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual
y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004), el
responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el
Régimen Común.
Parágrafo 2°. Derogado por la Ley 1111 de 2006, art
78. Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto previsto
en el numeral 1º de este artículo equivale a cien millones de pesos
($100.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
Ver el artículo 177-2 del presente Estatuto
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
499-1.
Derogado
por la Ley 863 de 2003, art 69. Modificado por la Ley 788 de 2002, art
43. RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS. Para todos los efectos
del Impuesto sobre las Ventas, IVA, deben inscribirse en el régimen
simplificado las personas naturales que presten servicios gravados, cuando
hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenientes
de su actividad por un valor inferior a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y tengan un establecimiento de comercio, oficina,
sede, local o negocio donde ejerzan su actividad.
Parágrafo. Los profesionales independientes,
que realicen operaciones excluidas del impuesto sobre las ventas, deberán
cumplir con las obligaciones formales previstas en el artículo 506 del Estatuto
Tributario.
Artículo
500.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. QUIÉNES NO PUEDEN ACOGERSE A ESTE RÉGIMEN. No podrán acogerse
al régimen simplificado:
a) Las sociedades,
cualquiera que fuere su naturaleza;
b) Los responsables que
vendan bienes corporales muebles que hubieren importado;
c) Los responsables que
vendan por cuenta de terceros, así sea a nombre propio;
d) Los responsables cuyas
ventas estén sometidas a las tarifas diferenciales del treinta y cinco por
ciento (35%) o del veinte por ciento (20%).
e) Derogado por la Ley 49 de 1990, art
83. Los responsables que presten los servicios de clubes, parqueaderos,
seguros, telegramas, télex y teléfono; tiquetes de transporte internacional de
pasajeros, vía marítima o aérea; arrendamiento de bienes corporales muebles
incluido el arrendamiento financiero (leasing); computación, hoteles de tres o
más estrellas y fabricación, elaboración o construcción que dé como resultado
un bien sometido a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) o del veinte
por ciento (20%).
Artículo
501.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. El
impuesto a cargo de los responsables que se acojan al régimen simplificado, se
establecerá por la diferencia entre la cuota fija anual que les corresponda, de
acuerdo con la escala incluida en el artículo siguiente y la sumatoria de los
siguientes descuentos:
1. Los impuestos
descontables a que se refiere el artículo 485, previos los ajustes de que trata
el artículo 486.
2. El diez por ciento (10%)
del valor de las compras de bienes tanto exentos como excluidos del impuesto a
las ventas que tengan el carácter de activos movibles.
Parágrafo. El valor que se obtengan de
conformidad con el numeral 2º del presente artículo, en relación con los bienes
allí mencionados, se disminuirá en el diez por ciento (10%) del valor de tales
bienes que hayan sido devueltos por el responsable y en el diez por cieno (10%)
del valor de las adquisiciones de tales bienes que hayan sido anuladas,
rescindidas o resueltas.
Artículo 502.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 24. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO COSTO O GASTO EN RENTA. Los responsables
del régimen simplificado, podrán llevar el impuesto sobre las ventas que
hubieren pagado en la adquisición de bienes y servicios como costo o gasto en
su declaración de renta, cuando reúna los requisitos para ser tratado como
impuesto descontable.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
503.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. CUANDO LOS INGRESOS SUPEREN LA CIFRA ESTABLECIDA SE LIQUIDARÁ
COMO EL RÉGIMEN COMÚN. Cuando los ingresos netos provenientes de la actividad
comercial del respectivo año gravable, sean superiores a la suma de tres
millones seiscientos mil pesos ($3.600.000), (Valor año base 1983), el impuesto
se determinará en la forma y condiciones establecidas para los responsables que
se encuentran dentro del régimen común. En este caso, cuando el impuesto a
cargo supere en más de un ciento por ciento (100%) la cuota fija
correspondiente al último intervalo de la tabla prevista en el artículo
anterior, se pagarán intereses de mora, los cuales se liquidarán
proporcionalmente a la suma que correspondería pagar por cada uno de los
bimestres.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo
504.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. OPORTUNIDAD DE LOS DESCUENTOS PARA EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
Las deducciones e impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el
período fiscal correspondiente a la fecha en que se hubiere causado el derecho
y solicitarse en la declaración respectiva.
Artículo
505.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Modificado
Ley 223 de 1995, artículo
25. CAMBIO DE RÉGIMEN COMÚN A SIMPLIFICADO. Los
responsables sometidos al régimen común, sólo podrán acogerse al régimen
simplificado cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores,
se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en el artículo
499. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-1383 de 2000, las expresiones subrayadas)
Parágrafo
Transitorio.
Declarado
inexequible en la Sentencia C-886 de 2002. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas que durante el
año 2001 se hayan inscrito como pertenecientes al régimen común, y hayan obtenido
durante dicho año ingresos brutos provenientes de su actividad por un valor
inferior a los previstos en los artículos 499 y 499-1 del Estatuto Tributario,
podrán solicitar antes del 31 de marzo del año 2002 a la Administración de
Impuestos Nacionales de su jurisdicción, su reclasificación al régimen
simplificado, sin perjuicio de la facultad que tienen las autoridades
tributarias de hacer las comprobaciones pertinentes. Una vez presentada la
solicitud, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá seis
(6) meses para reclasificar al contribuyente si a ello hubiere lugar. Si
transcurrido este término no se ha proferido el acto administrativo pertinente
operará el silencio administrativo positivo.
Artículo
506.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020). Adicionado
por la Ley 633 de 2000, art 35. OBLIGACIONES PARA LOS RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
Los responsables del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas,
deberán:
1. Inscribirse en el Registro
Unico Tributario.
2. Modificado por la Ley 863 de 2003, art
15. Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen
simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a
adquirentes no pertenecientes al régimen simplificado, que así lo exijan.
3. Cumplir con los sistemas
de control que determine el Gobierno Nacional.
4. Adicionado por la Ley 863 de 2003, art
15. Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su
inscripción en el RUT, como perteneciente al régimen simplificado.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 863 de 2003, art
15. Estas obligaciones operarán a partir de la fecha que establezca el
reglamento a que se refiere el artículo 555-2.
Ver Ley 863 de 2003, art 4º
TITULO IX
PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES
ESPECIALES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Artículo
507.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VENDEDORES. Todos los responsables del impuesto sobre las ventas, incluidos los
exportadores, deberán inscribirse en el registro nacional de vendedores.
Quienes inicien actividades,
deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
iniciación de sus operaciones.
Inciso adicionado por la Ley 6 de 1992, art
69. A partir del 1o de enero de 1993, constituirá requisito indispensable para
los exportadores, solicitantes de devoluciones o compensaciones por los saldos
del impuesto sobre las ventas, generados por operaciones efectuadas desde tal
fecha, la inscripción en el "Registro Nacional de Exportadores"
previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución.
Inciso adicionado por la Ley 223 de 1995, art
129. Para los efectos previstos en este artículo se tendrá en cuenta el
registro nacional de exportadores que lleve el Instituto Colombiano de Comercio
Exterior-INCOMEX-.
Ver derogatoria tácita por el artículo
555-2 del presente Estatuto y Decreto 2788 de 2004
Artículo
508.
Derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).QUIENES SE ACOJAN AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEBEN MANIFESTARLO
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES. Los responsables que se acojan
al régimen simplificado deberán manifestarlo expresamente ante la Dirección
General de Impuestos Nacionales, al momento de la inscripción y en todo caso, a
más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer
período gravable.
De no hacerlo así, la
Dirección General de Impuestos Nacionales los clasificará e inscribirá de
conformidad con los datos estadísticos que posea.
Ver derogatoria tácita por el artículo
555-2 del presente Estatuto y Decreto 2788 de 2004
Articulo 508-1. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 16. Cambio de régimen por la
administración. Para efectos de control tributario, la Administración Tributaria podrá
oficiosamente reclasificar a los no responsables en responsables, cuando cuente
con información objetiva que evidencie que son responsables del impuesto, entre
otras circunstancias, que:
1. Formalmente se cambia de
establecimiento de comercio, pero en la práctica sigue funcionando el mismo
negocio y las ventas son iguales o superan las 3.500 UVT, o
2. Se fracciona la facturación entre
varias personas que ocupan el mismo local comercial y la sumatoria de las
mismas son iguales o superan las 3.500 UVT, o
3. Quienes pagan bienes o servicios
reportan la existencia de operaciones que son iguales o superan las 3.500 UVT,
mediante el sistema de factura electrónica emitida por el contratista cuando
realiza operaciones con no responsables.
La decisión anterior será notificada al
responsable, detallando la información objetiva que lleva a tomar la decisión.
Contra la misma no procede recurso alguno y a partir del bimestre siguiente
ingresará al nuevo régimen.
Texto anterior artículo 508-1. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 14. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Cambio de régimen por la administración. Para
efectos de control tributario, la Administración Tributaria podrá oficiosamente
reclasificar a los no responsables en responsables, cuando cuente con
información objetiva que evidencie que son responsables del impuesto, entre
otras circunstancias, que:
l. Formalmente se cambia de establecimiento de comercio, pero en la
práctica sigue funcionando el mismo negocio y las ventas son iguales o superan
las 3.500 UVT, o
2. Se
fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local
comercial y la sumatoria de las mismas son iguales o superan las 3.500 UVT, o
3. Quienes pagan bienes o servicios reportan la existencia de
operaciones que son iguales o superan las 3.500 UVT, mediante el sistema de
factura electrónica emitida por el contratista cuando realiza operaciones con
no responsables.
La decisión anterior será notificada al responsable, detallando la
información objetiva que lleva a tomar la decisión. Contra la misma no procede
recurso alguno y a partir del bimestre siguiente ingresará al nuevo régimen.”.
Texto original Artículo 508-1. Declarado exequible por la Sentencia C-145 de
2001. Adicionado por la Ley 49 de
1990, art 43. CAMBIO DE RÉGIMEN POR LA ADMINISTRACIÓN. No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, para efectos de control tributario, el
Administrador de Impuestos podrá oficiosamente reclasificar a los responsables
que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común.
La decisión anterior será
notificada al responsable, contra la misma no procede recurso alguno y a partir
del bimestre siguiente ingresará al nuevo régimen.
Articulo 508-2. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 17. Tránsito
a la condición de responsables del impuesto. Los no
responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) pasarán a ser responsables a
partir de la iniciación del período inmediatamente siguiente a aquel en el cual
dejen de cumplir los requisitos establecidos en el parágrafo 3° del artículo
437 de este Estatuto, salvo lo previsto en el inciso 2° de dicho parágrafo, en
cuyo caso deberán inscribirse previamente a la celebración del contrato
correspondiente.
Texto anterior
artículo 508-2. Modificado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 15. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Tránsito a la condición de responsables del impuesto. Los
no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pasarán a ser responsables
a partir de la iniciación del período inmediatamente siguiente a aquel en el
cual dejen de cumplir los requisitos establecidos en el parágrafo 3° del
artículo 437 de este Estatuto, salvo lo previsto en el inciso 2° de dicho
parágrafo, en cuyo caso deberán inscribirse previamente a la celebración del
contrato correspondiente.”.
Texto anterior
artículo 508-2. Modificado por la Ley 863 de 2003, artículo
16. “PASO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO AL
RÉGIMEN COMÚN. El responsable del Impuesto sobre las Ventas
perteneciente al Régimen Simplificado pasará a ser responsable del Régimen
Común a partir de la iniciación del período inmediatamente siguiente a aquel en
el cual deje de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 499 de este
Estatuto, salvo lo previsto en el parágrafo 1º de dicho artículo, en cuyo caso
deberá inscribirse previamente a la celebración del contrato correspondiente.”.
Texto anterior
artículo. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo 44,
artículo éste declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1114 de 2003. “PASO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
A RÉGIMEN COMÚN. Cuando los ingresos brutos de un responsable de impuesto
sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado, en lo corrido del
respectivo año gravable superen los topes a que se refieren los artículos 499 y
499-1, el responsable pasará a ser parte del régimen común a partir de la
iniciación del período siguiente.”.
Texto anterior artículo. Modificado por la Ley 633 de 2000, artículo 36. “PASO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO A RÉGIMEN COMÚN. Cuando los ingresos
brutos de un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen
simplificado, en lo corrido del respectivo año gravable superen la suma de
cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000.00) (valor año base 2000), el
responsable pasará a ser parte del régimen común a partir de la iniciación del
período siguiente.”.
Texto original
artículo. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 56. “PASO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO A RÉGIMEN COMÚN. “Cuando los
ingresos netos de un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al
régimen simplificado, en lo corrido del respectivo año gravable superen la suma
de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos ($44.700.000) (valor base
año 1994), el responsable pasará a ser parte del régimen común a partir de la
iniciación del bimestre siguiente.”.
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año
gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año
gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año
gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año
gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Artículo 509.
OBLIGACIÓN DE LLEVAR REGISTRO AUXILIAR Y CUENTA CORRIENTE PARA RESPONSABLES DEL
RÉGIMEN COMÚN. Los responsables del impuesto sobre las ventas sometidos al
régimen común, incluidos los exportadores, deberán llevar un registro auxiliar
de ventas y compras, y una cuenta mayor o de balance cuya denominación será
"impuesto a las ventas por pagar", en la cual se harán los siguientes
registros:
En
el haber o crédito:
a)
El valor del impuesto generado por las operaciones gravadas;
b)
El valor de los impuestos a que se refieren los literales a) y b) del artículo
486.
En
el debe o débito:
a)
El valor de los descuentos a que se refiere el artículo 485;
b)
El valor de los impuestos a que se refieren los literales a) y b) del artículo
484, siempre que tales valores hubieren sido registrados previamente en el
haber.
Artículo 510.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 26. CUENTA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO. Los agentes de retención del
impuesto sobre las ventas, deberán llevar una cuenta denominada “impuesto a las
ventas retenido” en donde se registre la causación y pago de los valores
retenidos.
Artículo 511.
DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO EN LA FACTURA. Los responsables del impuesto sobre
las ventas deberán entregar factura o documento equivalente por todas las
operaciones que realicen y sólo deberán discriminar el
impuesto en los casos contemplados en el artículo 618. “Nota Leyex.info: El texto resaltado se entiende derogado
tácitamente por el art 258 de la Ley 223 de 1995, el cual fue derogado expresamente por la Ley 863 de 2003, art 69”
Ver Decreto 522 de 2003, art 4º
Artículo 512.
NORMAS APLICABLES A LAS CERVEZAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL. El impuesto sobre las
ventas aplicable a las cervezas de producción nacional, y que se liquida
conjuntamente con el impuesto al consumo de este producto, se continúa rigiendo
por las normas sobre la materia, vigentes con anterioridad al 29 de diciembre
de 1983.
Artículo 512-1. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 1951 de 2017. Modificado por la Ley 1819 de 2016,
art 201. Impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo tiene
como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la
importación por parte del consumidor final, de los siguientes servicios y
bienes:
1.
La prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil,
y servicio de datos según lo dispuesto en el artículo 512-2 de este Estatuto.
2.
Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción domestica o
importados, según lo dispuesto en los artículos 512-3, 512- 4 y 512-5 de este
Estatuto. El impuesto al consumo no se aplicará a las ventas de los bienes
mencionados en los artículos 512-3 y 512-4 si son activos fijos para el
vendedor, salvo de que se trate de los automotores y demás activos fijos que se
vendan a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.
3. Numeral modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 27. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a
domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio
de catering, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo
dentro de bares, tabernas y discotecas, según lo dispuesto en los artículos
426, 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto. Este
impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas
bajo franquicias.
Texto anterior del numeral 3. Numeral
modificado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 19. (La Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta
ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “El servicio de expendio de comidas
y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías,
fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas
por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo
contrato, incluyendo el servicio de catering, y el servicio de expendio de
comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y
discotecas; según lo dispuesto en los artículos 426, 512-8, 512-9, 512-10,
512-11, 512- 12 y 512-13 de este Estatuto. Este impuesto no es aplicable a las
actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias.”.
Texto original numeral 3 “El servicio de
expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías,
autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en
el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los
servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y
bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; según
lo dispuesto en los artículos 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de
este Estatuto, ya sea que involucren o no actividades bajo franquicia,
concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la
explotación de intangibles.
El impuesto se causará al
momento del desaduanamiento del bien importado por el consumidor final, la
entrega material del bien, de la prestación del servicio o de la expedición de
la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente
por parte del responsable al consumidor final.
Son responsables del impuesto
al consumo el prestador del servicio de telefonía móvil, datos y/o internet y
navegación móvil, el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas,
el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto
al consumo y en la venta de vehículos usados el intermediario profesional.
El impuesto nacional al
consumo de que trata el presente artículo constituye para el comprador un costo
deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio
adquirido.
El impuesto nacional al
consumo no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA).
El no cumplimiento de las
obligaciones que consagra este artículo dará lugar a las sanciones aplicables
al impuesto sobre las ventas (IVA).”.
Parágrafo 1°.
El período gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo
será bimestral. Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril;
mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; noviembre-diciembre.
En
el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el
período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en
el artículo 595 de este Estatuto.
Cuando
se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el
comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de
finalización del respectivo período.
Parágrafo 2°.
Facúltese al Gobierno nacional para realizar las incorporaciones y
sustituciones al Presupuesto General de la Nación que sean necesarias para
adecuar las rentas y apropiaciones presupuestales a lo dispuesto en el presente
artículo, sin que con ello se modifique el monto total aprobado por el Congreso
de la República.
Parágrafo 3°.
Excluir del Impuesto Nacional al Consumo al departamento del Amazonas y al
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 512-7 del Estatuto Tributario.
Ver Oficio 5032 de 2017, Oficio 901865 de 2017, DIAN.
Texto anterior art 512-1. Desarrollado por
el Decreto 1794
de 2013. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 71. Impuesto Nacional al
Consumo. Créase el
impuesto nacional al consumo a partir del 1° de enero de 2013, cuyo hecho generador
será la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte
del consumidor final, de los siguientes servicios y bienes:
1.
La prestación del servicio de telefonía móvil, según lo dispuesto en el artículo
512-2 de este Estatuto.
2.
Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o
importados, según lo dispuesto en los artículos 512-3, 512- 4 y 512-5 de este
Estatuto. El impuesto al consumo no se aplicará a las ventas de los bienes
mencionados en los artículos 512-3 y 512-4 si son activos fijos para el
vendedor, salvo de que se trate de los automotores y demás activos fijos que se
vendan a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.
3.
El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,
cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a
domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares,
tabernas y discotecas; según lo dispuesto en los artículos 512-8, 512-9,
512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto.
El
impuesto se causará al momento de la nacionalización del bien importado por el
consumidor final, la entrega material del bien, de la prestación del servicio o
de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o
documento equivalente por parte del responsable al consumidor final.
Son
responsables del impuesto al consumo el prestador del servicio de telefonía
móvil, el prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas, el
importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al
consumo y en la venta de vehículos usados el intermediario profesional.
El
impuesto nacional al consumo de que trata el presente artículo constituye para
el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor
del bien o servicio adquirido.
El
impuesto nacional al consumo no genera impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas (IVA).
El
no cumplimiento de las obligaciones que consagra este artículo dará lugar a las
sanciones aplicables al impuesto sobre las ventas (IVA).
Parágrafo 1°. El período gravable para la declaración y pago del impuesto
nacional al consumo será bimestral. Los períodos bimestrales son:
enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre;
noviembre-diciembre.
En
el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el
período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en
el artículo 595 de este Estatuto.
Cuando
se inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el
comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de
finalización del respectivo período.
Parágrafo 2°. Facúltese al Gobierno Nacional para realizar las incorporaciones y
sustituciones al Presupuesto General de la Nación que sean necesarias para
adecuar las rentas y apropiaciones presupuestales a lo dispuesto en el presente
artículo, sin que con ello se modifique el monto total aprobado por el Congreso
de la República.
Parágrafo 3°. Excluir del Impuesto Nacional al Consumo al Departamento del
Amazonas y al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 512-7 del Estatuto Tributario.
Artículo 512-2. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 201. Base
gravable y tarifa en los servicios de telefonía, datos y navegación
móvil. Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil
estarán gravados con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad
del servicio, sin incluir el impuesto sobre las ventas.
Para la porción
correspondiente a los servicios de datos, internet y navegación móvil se
gravará solo el monto que exceda de uno punto cinco (1.5) UVT mensual.
El impuesto se
causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario.
Este impuesto
de cuatro por ciento (4%) será destinado a inversión social en Deporte y
Cultura y se distribuirá así:
1. El setenta
por ciento (70%) para Deporte. Estos recursos serán presupuestados en el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).
2. El treinta
por ciento (30%) para Cultura. Estos recursos serán presupuestados en el
Ministerio de Cultura.
Parágrafo 1°. Los recursos girados
para Cultura a las entidades territoriales, que no hayan sido ejecutados al 31
de diciembre de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán
reintegrados por dichas entidades territoriales a la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros
generados, a más tardar el 30 de junio siguiente.
Los recursos
reintegrados al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de proyectos de
inversión a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la apropiación
social del patrimonio cultural.
Parágrafo 2°. Los rendimientos
financieros originados por los recursos del impuesto nacional al consumo a la
telefonía, datos, internet y navegación móvil girados a las entidades territoriales
para el fomento, promoción y desarrollo de la Cultura y el Deporte, deberán
consignarse semestralmente a la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional, en febrero y julio de cada año.
Texto
anterior art 512-2. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art
72. Base gravable y tarifa en
el servicio de telefonía móvil. El servicio de telefonía móvil
estará gravado con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad del
servicio, sin incluir el impuesto sobre las ventas. El impuesto se causará en
el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Este impuesto de
cuatro por ciento (4%) será destinado a inversión social y se distribuirá así:
-Un
75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y la
recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos en las zonas de
influencia de los mismos, así como para la atención de los juegos deportivos
nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo
olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación
de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único
nacional.
-
El 25% restante será girado al Distrito Capital y a los Departamentos, para que
mediante convenio con los municipios y/o distritos que presenten proyectos que
sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento y desarrollo
deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del sistema general de participaciones,
establecidos en la Ley 715 de 2001 y también, el fomento,
promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana.
El
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de distribución de estos
recursos los cuales se destinarán por los Departamentos y el Distrito Capital
en un 50% para cultura dándole aplicación a la Ley 1185 de 2008 y el otro 50% para
deporte.
Del
total de estos recursos se deberán destinar mínimo un 3% para el fomento,
promoción y desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con
discapacidad y los programas culturales y artísticos de gestores y creadores
culturales con discapacidad.
De
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1379 de 2010, los recursos destinados
para la Red de Bibliotecas Públicas serán apropiados en el presupuesto del
Ministerio de Cultura.
Los municipios y/o distritos cuyas
actividades culturales y artísticas hayan sido declaradas como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, tendrán derecho a que del
porcentaje asignado se destine el cincuenta por ciento (50%) para la promoción
y fomento de estas actividades.
Parágrafo 1°. El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
deberán informar anualmente a las comisiones económicas del Congreso de la
República, el valor recaudado por este tributo y la destinación del mismo.
Parágrafo 2°. Los recursos girados
para cultura al Distrito Capital y a los Departamentos, que no hayan sido ejecutados
al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán reintegrados
por el Distrito Capital y los Departamentos al Tesoro Nacional, junto con los
rendimientos financieros generados.
Los
recursos reintegrados al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de
proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la
apropiación social del patrimonio cultural.
Los
recursos que en cada vigencia no hayan sido ejecutados antes del 31 de
diciembre, deberán reintegrarse junto con los rendimientos generados al Tesoro
Nacional, a más tardar el día 15 de febrero del año siguiente.
Cuando
la entidad territorial no adelante el reintegro de recursos en los montos y
plazos a que se refiere el presente artículo, el Ministerio de Cultura podrá
descontarlos del giro que en las siguientes vigencias deba adelantar al
Distrito Capital o al respectivo Departamento por el mismo concepto.
Artículo 512-3. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art
202. Bienes gravados a la tarifa del 8% de acuerdo con la nomenclatura
arancelaria andina vigente los bienes gravados a la tarifa del ocho por ciento
(8%) son:
87.03 |
Los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo valor FOB
o el equivalente del valor FOB, sea inferior a USD $30.000, con sus
accesorios. |
87.04 |
Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea inferior a
USD $30.000, con sus accesorios. |
87.11 |
Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada
superior a 200 c.c. |
89.03 |
Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas
(botes) de remo y canoas. |
Parágrafo 1°. Para
efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entiende como Pick-Up aquel
vehículo automotor de cuatro ruedas clasificado en la partida 87.04 del arancel
de aduanas, de peso total con carga máxima (Peso Bruto Vehicular) igual o
inferior a diez mil (10.000) libras americanas, destinado principalmente para
el transporte de mercancías, cuya caja, platón, furgón, estacas u otros
receptáculos destinados a portar la carga, una vez instalados, quedan fijados a
un chasis o bastidor independiente y están separados de una cabina cerrada, que
puede ser sencilla, semidoble o doble para el conductor y los pasajeros.
Parágrafo 2°. Para
efectos de la aplicación de las tarifas del impuesto nacional al consumo aquí
referidas, el valor equivalente al valor FOB para los vehículos automóviles y
camperos ensamblados o producidos en Colombia, será el valor FOB promedio consignado
en las Declaraciones de Exportación de los vehículos de la misma marca, modelo
y especificaciones, exportados durante el semestre calendario inmediatamente
anterior al de la venta.
Parágrafo 3°. La
base del impuesto en la venta de vehículos automotores al consumidor final o a
la importación por este, será el valor total del bien, incluidos todos los
accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquirente,
sin Incluir el impuesto a las ventas.
Parágrafo 4°. En
el caso de la venta de vehículos y aerodinos usados adquiridos de propietarios
para quienes los mismos constituían activos fijos, la base gravable estará
conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado
de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del presente artículo, y el precio
de compra.
Parágrafo 5°. El
impuesto nacional al consumo no se aplicará a los vehículos usados que tengan
más de cuatro (4) años contados desde la venta inicial al consumidor final o la
importación por este.
Texto anterior art 512-3. Desarrollado por
el Decreto 1794
de 2013. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art
73. Bienes gravados a la tarifa del 8%. De acuerdo con la nomenclatura
arancelaria andina vigente los bienes gravados a la tarifa del ocho por ciento
(8%) son:
87.03 |
Los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo valor
FOB o el equivalente del valor FOB, sea inferior a USD $30.000, con sus
accesorios. |
87.04 |
Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea
inferior a USD $30.000, con sus accesorios. |
87.11 |
Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de
cilindrada superior a 250 c.c. |
89.03 |
Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas
(botes) de remo y canoas. |
Parágrafo 1°. Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo se entiende como Pick-Up aquel vehículo
automotor de cuatro ruedas clasificado en la partida 87.04 del arancel de
aduanas, de peso total con carga máxima (Peso Bruto Vehicular) igual o inferior
a diez mil (10.000) libras americanas, destinado principalmente para el
transporte de mercancías, cuya caja, platón, furgón, estacas u otros
receptáculos destinados a portar la carga, una vez instalados, quedan fijados a
un chasis o bastidor independiente y están separados de una cabina cerrada, que
puede ser sencilla, semidoble o doble para el conductor y los pasajeros.
Parágrafo 2°. Para efectos de la
aplicación de las tarifas del impuesto nacional al consumo aquí referidas, el
valor equivalente al valor FOB para los vehículos automóviles y camperos
ensamblados o producidos en Colombia, será el valor FOB promedio consignado en
las Declaraciones de Exportación de los vehículos de la misma marca, modelo y
especificaciones, exportados durante el semestre calendario inmediatamente
anterior al de la venta.
Parágrafo 3°. La base del impuesto en
la venta de vehículos automotores al consumidor final o a la importación por
este, será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica
que hagan parte del valor total pagado por el adquirente, sin incluir el
impuesto a las ventas.
Parágrafo 4°. En el caso de la venta
de vehículos y aerodinos usados adquiridos de propietarios para quienes los
mismos constituían activos fijos, la base gravable estará conformada por la
diferencia entre el valor total de la operación, determinado de acuerdo con lo
previsto en el parágrafo 3 del presente artículo, y el precio de compra.
Parágrafo 5°. El impuesto nacional al
consumo no se aplicará a los vehículos usados que tengan más de cuatro (4) años
contados desde la venta inicial al consumidor final o la importación por este.
Artículo 512-4. Desarrollado por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012, art 74. Bienes gravados a la tarifa del 16%. De acuerdo con la
nomenclatura arancelaria andina vigente los bienes gravados a la tarifa del
dieciséis por ciento (16%) son:
87.03 |
Los vehículos automóviles de tipo familiar, los
camperos y las pick-up, cuyo Valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea
igual o superior a USD $30.000, con sus accesorios. |
87.04 |
Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor
FOB, sea igual o superior a USD $30.000, con sus accesorios. |
88.01 |
Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y
demás aeronaves, no propulsados con motor de uso privado. |
88.02 |
Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros,
aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de
lanzamiento y vehículos suborbitales, de uso privado. |
Parágrafo
1°. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo
se entiende como Pick-Up aquel vehículo automotor de cuatro ruedas clasificado
en la partida 87.04 del arancel de aduanas, de peso total con carga máxima
(Peso Bruto Vehicular) igual o inferior a diez mil (10.000) libras americanas,
destinado principalmente para el transporte de mercancías, cuya caja, platón,
furgón, estacas u otros receptáculos destinados a portar la carga, una vez
instalados, quedan fijados a un chasis o bastidor independiente y están
separados de una cabina cerrada, que puede ser sencilla, semidoble o doble para
el conductor y los pasajeros.
Parágrafo
2°. Para efectos de la aplicación de las tarifas del
impuesto nacional al consumo aquí referidas, el valor equivalente al valor FOB
para los vehículos automóviles y camperos ensamblados o producidos en Colombia,
será el valor FOB promedio consignado en las Declaraciones de Exportación de
los vehículos de la misma marca, modelo y especificaciones, exportados durante
el semestre calendario inmediatamente anterior al de la venta.
Parágrafo
3°. La base del impuesto en la venta de vehículos automotores
al consumidor final o a la importación por este, será el valor total del bien,
incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquirente, sin incluir el impuesto a las ventas.
Parágrafo
4°. En el caso de la venta de vehículos y aerodinos
usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos
fijos, la base gravable estará conformada por la diferencia entre el valor
total de la operación, determinado de acuerdo con lo previsto en el parágrafo
3 del presente artículo, y el precio de compra.
Parágrafo
5°. El impuesto nacional al consumo no se aplicará a los
vehículos usados que tengan más de cuatro (4) años contados desde la venta inicial
al consumidor final o la importación por este.
Artículo 512-5. Desarrollado por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012, art 75. Vehículos
que no causan el impuesto. Están
excluidos del impuesto nacional al consumo los siguientes vehículos
automóviles, con motor de cualquier clase:
1.
Los taxis automóviles e igualmente los vehículos de servicio público
clasificables por la partida arancelaria 87.03.
2.
Los vehículos para el transporte de diez personas o más, incluido el conductor,
de la partida arancelaria 87.02.
3.
Los vehículos para el transporte de mercancía de la partida arancelaria 87.04.
4.
Los coches ambulancias, celulares y mortuorios, clasificables en la partida
arancelaria 87.03.
5.
Los motocarros de tres ruedas para el transporte de carga o personas o cuando
sean destinados como taxis, con capacidad máxima de 1.700 libras y que operen
únicamente en los municipios que autorice el Ministerio de Transporte de
acuerdo con el reglamento que expida para tal fin.
6.
Los aerodinos de enseñanza hasta de dos plazas y los de servicio público.
7. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 203. Las
motos y motocicletas con motor de cilindrada hasta de 200 c.c.
Texto anterior numeral 7. Las motos y motocicletas con
motor hasta de 250 c.c.
8.
Vehículos eléctricos no blindados de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04.
9.
Las barcas de remo y canoas para uso de la pesca artesanal clasificables en la
partida 89.03.
Artículo 512-6. Reglamentado por el Decreto
2345 de 2019, por el Decreto
2442 de 2018. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 76. Contenido de la
declaración del impuesto nacional al consumo. La
declaración del impuesto nacional al consumo deberá contener:
1. El formulario, que para el
efecto señale la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales,
debidamente diligenciado.
2. La información necesaria
para la identificación y ubicación del responsable.
3. La discriminación de los
factores necesarios para determinar la base gravable del impuesto al consumo.
4. La liquidación privada del
impuesto al consumo, incluidas las sanciones cuando fuere del caso.
5. La firma del obligado al
cumplimiento del deber formal de declarar.
6. La firma del revisor fiscal
cuando se trate de responsables obligados a llevar libros de contabilidad y que
de conformidad con el Código
de Comercio y demás normas vigentes sobre
la materia, estén obligados a tener revisor fiscal.
Los demás responsables y
agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad, deberán
presentar la declaración del impuesto nacional al consumo firmada por contador
público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto
del responsable en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos
brutos de dicho año, sean superiores a cien mil (100.000) UVT.
Para los efectos del presente
numeral, deberá informarse en la declaración del impuesto nacional al consumo
el nombre completo y número de matrícula del contador público o revisor fiscal
que firma la declaración.
Ver Resolución 19 de 2017, Resolución 13 de 2017, DIAN
Artículo
512-7. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 77. A
partir del año 2014, los yates, naves y barcos de recreo o deporte de la partida
89.03 cuyo valor FOB exceda de treinta mil (30.000) UVT y los helicópteros y
aviones de uso privado de la partida 88.02 independientemente de su valor, en
el Departamento de San Andrés y Providencia y se abanderen en la capitanía de
San Andrés están excluidos del impuesto sobre las ventas y solo están sujetas
al impuesto nacional al consumo del 8% de conformidad con lo dispuesto en los artículos
512-1, 512-3, 512-4, 512-5 y 512-6.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 204. Los yates, naves y barcos de recreo o deporte
de que trata este artículo podrán someterse a importación en cualquier aduana
del territorio nacional previo el pago del impuesto al consumo allí previsto.
El proceso de inspección será documental o mediante comisión a la aduana en
donde se encuentre físicamente la embarcación.
El
impuesto departamental contenido en la Ley 47 de 1993 mantendrá su destino a la
Isla de San Andrés.
Artículo
512-8. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012, art 78. Definición
de restaurantes. Para
los efectos del numeral tercero del artículo 512-1 de este Estatuto, se
entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el
servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo como
desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio
rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio,
independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También
se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento que en
forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias de
cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los
establecimientos, que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el
servicio de expendio de comidas según lo descrito en el presente inciso.
Parágrafo. Los servicios de restaurante y cafetería prestados por los
establecimientos de educación conforme con lo establecido en el artículo 476 de
este Estatuto; así como los servicios de
alimentación institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato
(Catering), estarán excluidos del impuesto al consumo. (La expresión resaltada fue derogada por la Ley
2010 de 2019, artículo 160 y
por la Ley 1943 de 2018, artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).).
Artículo
512-9. Desarrollado por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 79. Base
gravable y tarifa en el servicio de restaurantes. La base gravable en el servicio prestado por los
restaurantes está conformada por el precio total de consumo, incluidas las
bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. En ningún caso
la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base del impuesto nacional al
consumo. Tampoco harán parte de la base gravable los alimentos excluidos del
impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o preparaciones
adicionales.
La
tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El
impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora,
factura o documento equivalente y deberá calcularse previamente e incluirse en
la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 618
de este Estatuto.
Parágrafo. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Lo
previsto en el presente artículo no se aplicará para los establecimientos de
comercio, locales o negocios en donde se desarrollen actividades bajo
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles y estarán gravados por la tarifa general
del impuesto sobre las ventas.
Artículo
512-10. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012, art 80. Bares,
tabernas y discotecas cualquiera fuera la denominación o modalidad que adopten.
Para los efectos del numeral
tercero del artículo 512-1 de este Estatuto, se entiende por bares, tabernas y
discotecas, aquellos establecimientos, con o sin pista de baile o presentación
de espectáculos, en los cuales se expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente
comidas, para ser consumidas en los mismos, independientemente de la
denominación que se le dé al establecimiento.
Artículo
512-11. Desarrollado por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 81. Base gravable y tarifa en los servicios de
bares, tabernas y discotecas. La
base gravable en los servicios prestados por los establecimientos a que se
refiere el artículo anterior, estará integrada por el valor total del consumo,
incluidas comidas, precio de entrada, y demás valores adicionales al mismo. En
ningún caso la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base del impuesto
al consumo.
La
tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El
impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora,
factura o documento equivalente y deberá calcularse previamente e incluirse en
la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 618
de este Estatuto.
Artículo
512-12. Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Adicionado
por la Ley 1607 de 2012, art 82. Establecimientos que prestan el servicio de
restaurante y el de bares y similares. Cuando dentro de un mismo establecimiento se presten
independientemente y en recinto separado, el servicio de restaurante y el de
bar, taberna o discoteca, se gravará como servicio integral a la tarifa del
ocho por ciento (8%).
Igual
tratamiento se aplicará cuando el mismo establecimiento alterne la prestación
de estos servicios en diferentes horarios.
Parágrafo. El servicio de restaurante y bar prestado en clubes
sociales estará gravado con el impuesto nacional al consumo.
Articulo 512-13. Modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 28. No
responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. No serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo de
restaurantes y bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de
este Estatuto, las personas naturales que cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:
a) Que en el año anterior
hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la actividad,
inferiores a 3.500 UVT;
b) Que tengan máximo un
establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
Parágrafo 1°. Para la celebración de operaciones gravadas
provenientes de la actividad por cuantía individual e igual o superior a 3.500
UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del
impuesto.
Parágrafo 2°. Los responsables del impuesto, una vez registrados, sólo
podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en los tres (3)
años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones
establecidas en la presente disposición para tener la condición de no
responsables.
Parágrafo 3°. Cuando los no responsables realicen operaciones con los
responsables del impuesto deberán registrar en el Registro Único Tributario
(RUT) su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los
servicios, en los términos señalados en el reglamento.
Parágrafo 4°. Las medidas tendientes al control de la evasión y control
tributario previstas en el parágrafo 3° del artículo 437 y el artículo 508-1 de
este Estatuto serán aplicables al impuesto al consumo.
Texto anterior artículo 512-13. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 20. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “No responsables del impuesto
nacional al consumo de restaurantes y bares. No serán responsables del
Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y bares a que hace referencia el
numeral 3 del artículo 512-1 de este Estatuto, las personas naturales que
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales,
provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT;
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o
negocio donde ejercen su actividad.
Parágrafo 1°. Para la celebración de operaciones gravadas provenientes de la
actividad por cuantía individual e igual o superior a 3.500 UVT, estas personas
deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto.
Parágrafo 2°. Los responsables del impuesto, una vez registrados, sólo
podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en los tres (3)
años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones
establecidas en la presente disposición para tener la condición de no
responsables.
Parágrafo 3°. Cuando
los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto
deberán registrar en el Registro Único Tributario (RUT) su condición de tales y
entregar copia del mismo al adquirente de los servicios, en los términos
señalados en el reglamento.
Parágrafo 4°. Las medidas tendientes al control de la evasión y control
tributario previstas en el parágrafo 3° del artículo 437-2 y el artículo 508-1
de este Estatuto serán aplicables al impuesto al consumo.”.
Texto anterior Artículo
512-13. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 205. Régimen simplificado del
impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Al régimen
simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que
hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de este Estatuto, pertenecen
las personas naturales que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales,
provenientes de la actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT;
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o
negocio donde ejercen su actividad.
Texto
anterior art 512-13. Artículo
512-13. Modificado por la Ley 1739 de
2014, art 51. Régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de
restaurantes y bares. Al régimen simplificado
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares al que hace referencia
el numeral 3 del artículo 512-1 de este Estatuto, pertenecen las personas
naturales que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
Texto
anterior art 512-13. Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art
83. Régimen simplificado del impuesto
nacional al consumo de restaurantes y bares. Al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de
restaurantes y bares al que hace referencia el numeral tercero del artículo
512-1 de este Estatuto, pertenecen las personas naturales y jurídicas que en el
año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
Artículo 512-14. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 206. Obligaciones de los responsables
del impuesto nacional al consumo. Los responsables del régimen
simplificado del impuesto nacional al consumo deberán cumplir con las
obligaciones señaladas en el artículo 506 de este Estatuto.
Por su parte, los responsables del régimen común del impuesto nacional
al consumo deberán cumplir con las mismas obligaciones señaladas para para los
responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas.
Artículo 512-15. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 207. Impuesto
nacional al consumo de bolsas plásticas. A partir del 1° de julio de 2017,
estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier título de
bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por
los establecimientos comerciales que las entreguen.
La tarifa del
impuesto será la de la siguiente tabla:
Año |
Tarifa en pesos por bolsa |
2017 |
$20 |
2018 |
$30 |
2019 |
$40 |
2020 |
$50 |
Las anteriores
tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente a la variación
del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre
y el resultado se aproximará al peso más cercano. La DIAN, certificará y
publicará antes del 1° de enero de cada año las tarifas actualizadas.
El sujeto
pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya
finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos
(incluyendo domicilios).
Son
responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que
pertenezcan al régimen común de IVA.
Este impuesto
no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable.
El impuesto se
causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura
de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de
bolsas y el valor del impuesto causado.
Parágrafo 1°. La tarifa de las bolsas
plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 50% o
75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) de impacto al medio
ambiente y la salud pública, definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional.
Para este fin el Ministerio de Ambiente deberá adelantar un estudio de los
estándares de industria sobre el nivel de degradabilidad de los
materiales plásticos en rellenos sanitarios. También adelantará estudios sobre
la caracterización de los plásticos como residuos y de las soluciones
ambientales factibles para estas.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional
reglamentará y tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental de las
bolsas plásticas importadas; así como evitar una competencia desleal de bolsas
importadas o de contrabando.
Parágrafo 3°. Los sujetos pasivos
del monotributo, podrán acogerse voluntariamente al impuesto. En este caso
el monto del impuesto se entenderá incluido en la tarifa fija
del monotributo.
Artículo 512-16. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 208.
Bolsas plásticas que no causan el impuesto. No está sujeta a este impuesto la
entrega de las siguientes bolsas plásticas:
1. Aquellas
cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el
establecimiento que la entrega.
2. Las que sean
utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados.
3. Las
biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el Gobierno
nacional.
4. Las bolsas
reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno nacional posean
unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces,
sin que para ello requieran procesos de transformación.
Artículo 512-17. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 209. Hecho
generador del impuesto nacional al consumo de cannabis. Estarán sujetas al
impuesto nacional al consumo de cannabis, las ventas de productos transformados
a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo.
Por cannabis se
entienden las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a
excepción de las semillas y las hojas no unidad a las sumidades) de las cuales
no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las
designe. Se entiende por cannabis psicoactivo aquel cuyo contenido de
tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al límite que establezca el
Gobierno nacional mediante la reglamentación correspondiente.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se
consideran ventas, entre otros:
1. Todos los
actos que impliquen la transferencia a título gratuito u oneroso,
independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones
que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes,
sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre propio, o
por cuenta y a nombre de terceros.
2. Los retiros
o disminuciones de inventarios de productos transformados a partir de cannabis
hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos
de la empresa.
Artículo 512-18.
Responsables del impuesto nacional al consumo de cannabis. El impuesto nacional
al consumo de cannabis estará a cargo del transformador. Se entenderá por
transformador el comprador o productor de cannabis, psicoactivo o no
psicoactivo, que somete el mismo a un proceso de transformación.
Parágrafo 1°.
Por transformación se entiende cualquier proceso que implique cambiar de forma
el cannabis; cualquier transmutación de las sumidades, floridas o con fruto, en
cualquier otro producto; o la obtención de un derivado a través de cualquier
proceso mecánico, físico, químico o biológico; ya sea del cannabis psicoactivo
o del no psicoactivo. Dentro de estos derivados se incluyen, entre otros,
aceites, resinas, tinturas, extractos, o materiales vegetales provenientes de
las plantas de cannabis.
Parágrafo 2°.
El responsable deberá soportar contable y documentalmente el valor del producto
transformado. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable
independientemente de que el productor sea vinculado económico del
transformador o de que el mismo transformador sea el productor.
Parágrafo 3°.
En cualquier caso, los titulares de la licencia de fabricación de derivados del
cannabis a las que hace referencia la Ley 1787 de 2016 y sus reglamentos, se
entenderán también como responsables del impuesto nacional al consumo de
cannabis.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 29. Los
recursos recaudados por concepto del impuesto nacional al consumo de cannabis
se destinarán a la provisión de bienes y servicios públicos para el desarrollo
rural de los proyectos vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Artículo 512-19.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 211. Base
gravable del impuesto nacional al consumo de cannabis. La base gravable del
impuesto nacional al consumo de cannabis es el valor total del producto final
del transformador o responsable del impuesto, sin incluir el impuesto sobre las
ventas.
Artículo 512-20.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 212.Tarifas
del impuesto nacional al consumo de cannabis. La tarifa del impuesto nacional
al consumo de cannabis será del dieciséis por ciento 16%, del valor del
producto final en cualquier de sus presentaciones.
Artículo 512-21.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 213. Causación
del impuesto nacional al consumo de cannabis. El impuesto nacional al consumo
de cannabis se causa en la venta que realice el transformador, en la fecha de
emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el momento
de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o
condición resolutoria.
Parágrafo 1°.
El impuesto nacional al consumo de cannabis constituye para el responsable un
costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien.
Parágrafo 2°.
El impuesto nacional al consumo de cannabis no genera impuestos descontables en
el impuesto sobre las ventas (IVA).
Parágrafo 3°.
El impuesto nacional al consumo de cannabis deberá estar discriminado en la
factura de venta, en el documento equivalente o en el documento que soporte la
venta.
Artículo 512-22. Reglamentado por el Decreto
961 de 2019. Adicionado por la Ley
1943 de 2018, art. 21. El impuesto nacional al
consumo tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de
bienes inmuebles diferentes a predios rurales destinados a actividades
agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las
realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no
coticen en bolsa.
El
responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles
sujetos al impuesto nacional al consumo. El impuesto será recaudado en su
totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención aquí
prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien inmueble, y
presentar comprobante de pago ante el notario o administrador de la fiducia,
fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva.
La
tarifa aplicable será del dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de
venta.
Parágrafo 1.
Este impuesto, cuya causación es instantánea, no podrá tratarse como impuesto
descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del costo del inmueble
para el comprador.
Parágrafo 2.
Para efectos de este artículo, se entienden por actividades agropecuarias
aquellas señaladas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU), Sección A, división 01, adoptada en Colombia mediante Resolución de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Parágrafo 3.
El impuesto consagrado en el presente artículo no será aplicable a las
enajenaciones, a cualquier título, de predios destinados a la ejecución de
proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario.
Parágrafo 4.
Quedan exentos de la tarifa aplicable señalada en presente artículo todos
aquellos bienes que se adquieran a cualquier título destinados para
equipamientos colectivos de interés público social. Siempre y cuando el
comprador sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla
los requisitos para tener derecho al régimen tributario especial y que el bien
se dedique y utilice exclusivamente a los proyectos sociales y actividades
meritorias.
Artículo 513.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 210. APLICACIÓN
DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO GENERAL. Las normas de procedimiento
contempladas en el Libro Quinto, son aplicables al impuesto sobre las ventas,
en cuanto no sean incompatibles con las normas especiales sobre la materia.
LIBRO CUARTO
IMPUESTOS DE TIMBRE NACIONAL
TITULO I
SUJETOS PASIVOS
Artículo 514.
CONTRIBUYENTES O RESPONSABLES SON SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de la
obligación tributaria o de las sanciones las personas o entidades como
contribuyentes o responsables de la obligación o de la sanción.
Artículo 515.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 32. QUIÉNES SON CONTRIBUYENTES.
Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las
entidades públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como
otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos.
Así
mismo es contribuyente aquel a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el
documento.
Artículo 516.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 33. QUIÉNES SON RESPONSABLES. Son
responsables por el impuesto y las sanciones todos los agentes de retención,
incluidos aquellos, que aún sin tener el carácter de contribuyentes, deben
cumplir las obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.
Artículo 517.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 34. LOS FUNCIONARIOS OFICIALES
RESPONDEN SOLIDARIAMENTE CON LOS AGENTES DE RETENCIÓN. Responden solidariamente
con el agente de retención los funcionarios oficiales que autoricen, expidan,
registren o tramiten actos o instrumentos sometidos al impuesto, o quienes sin
tener dicho carácter, desempeñen funciones públicas e intervengan en los
mencionados hechos.
Artículo 518.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 35. AGENTES DE RETENCIÓN. Deberán
responder como agentes de retención, a más de los que señale el reglamento:
1.
Las personas naturales y asimiladas, cuando reúnan las condiciones previstas en
el artículo 519 de este Estatuto, y las personas jurídicas y asimiladas, que
teniendo el carácter de contribuyentes del impuesto, intervengan como
contratantes, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos.
2.
Los notarios por las escrituras públicas.
3.
Las entidades públicas del orden nacional, Departamental o municipal,
cualquiera sea su naturaleza jurídica.
4.
Los agentes diplomáticos del Gobierno Colombiano, por los documentos otorgados
en el exterior.
5. Adicionado Ley 633 de 2000, art 109,
(éste declarado inexequible por la Sentencia C-543 de
2005).
Los jueces,
conciliadores, tribunales de arbitramento por los documentos sujetos al
impuesto, que obren sin pago del gravamen en los respectivos procesos y
conciliaciones judiciales y extrajudiciales.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 164. El impuesto de Timbre que se cause en el exterior, será recaudado por
los agentes consulares y su declaración y pago estará a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores en la forma como lo determine el reglamento, sin que se
generen intereses moratorios. De la suma recaudada en el exterior por concepto
del impuesto de Timbre se descontarán los costos de giro y transferencia.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados
con lugares y plazos para la presentación y pago de las declaraciones
tributarias
TITULO II
ACTUACIONES GRAVADAS Y SUS
TARIFAS
Artículo 519.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 36. Inciso primero modificado por la Ley
1111 de 2006, art 72. BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO
DE TIMBRE NACIONAL. REGLA GENERAL DE CAUSACIÓN DEL IMPUESTO Y TARIFA. El
impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno punto cinco por
ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos
los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen
fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen
obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución,
existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga
o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor
Tributario, UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona
natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente
anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a treinta
mil (30.000) Unidades de Valor Tributario, UVT.
Ver Ley 488 de 1998, art 116, que modificó la tarifa del impuesto de timbre al 1.5%, a
partir de 1999.
Tratándose
de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el
impuesto de timbre, siempre y cuando no se trate de la enajenación de bienes
inmuebles o naves, o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos.
En el caso de constitución de hipoteca abierta, se pagará este impuesto sobre
los respectivos documentos de deber.
También
se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada,
aunque la aceptación se haga en documento separado.
Inciso modificado
por la Ley 383 de 1997,
art 36. Cuando tales documentos sean de cuantía indeterminada, el impuesto se
causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento,
durante el tiempo que dure vigente.
Lo
anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o
prorroguen a partir de la presente ley.
Parágrafo.
El impuesto de timbre generado por los documentos y actuaciones previstas en
este Libro, será igual al valor de las retenciones en la fuente debidamente
practicadas. En el evento de los documentos de cuantía indeterminada, cuando
fuere procedente, además de la retención inicial de la suma señalada en el
último inciso de este artículo, el impuesto de timbre comprenderá las retenciones
que se efectúen una vez se vaya determinando o se determine su cuantía, si es
del caso.
Parágrafo 2:
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
art 72. La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se
reducirá de la siguiente manera:
- Al
uno por ciento (1%) en el año 2008
- Al
medio por ciento (0.5%) en el año 2009
- Al
cero por ciento (0%) a partir del año 2010
Ver Circular 9 de 2007 de la DIAN, sobre Impuesto de Timbre Nacional.
Artículo
520.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. OTROS INSTRUMENTOS SOMETIDOS AL IMPUESTO DE TIMBRE CUANDO SU
CUANTÍA FUERE SUPERIOR A UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000). Se exceptúan de la
tarifa prevista en el artículo anterior los siguientes instrumentos, que
pagarán las sumas especificadas en cada caso:
a) Los documentos de promesa
de contrato: trescientos pesos ($ 300). (Valor año base 1985);
b) Las cesiones de derechos
que se hagan en las escrituras públicas por simple nota de traspaso setenta y
cinco centavos ($ 0.75) por cada cien pesos ($ 100) o fracción de su valor. Si
el valor es indeterminado setecientos cincuenta pesos ($ 750). (Valor año base
1985);
c) Los certificados de
depósito que expidan los almacenes generales de depósito: quince pesos ($ 15)
por cada uno. (Valor año base 1985).
Artículo 521.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 37. DOCUMENTOS PRIVADOS SOMETIDOS
AL IMPUESTO DE TIMBRE, CUALQUIERA FUERE SU CUANTÍA. Los siguientes documentos
están sujetos al impuesto de timbre cualquiera que fuere su cuantía y pagarán
las sumas indicadas en cada caso:
a)
Los cheques que deban pagarse en Colombia: un peso ($ 1.00), (Valor año base
1992), por cada uno.
b)
Los bonos nominativos y al portador: el medio por ciento (0.5%) sobre su valor
nominal.
c)
Los certificados de depósito que expidan los almacenes generales de depósito:
cien pesos ($ 100) (Valor año base 1992).
d)
Las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito, causan el impuesto
al medio por ciento (0.5%), por una sola vez, sobre el valor de la comisión o
prima, recibidos por la entidad garante.
Artículo 522.
REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUANTÍAS. Para la determinación de las cuantías en
el impuesto de timbre, se observarán las siguientes reglas:
1.
En los contratos de ejecución sucesiva, la cuantía será la del valor total de
los pagos periódicos que deban hacerse durante la vigencia del convenio.
En
los contratos de duración indefinida se tomará como cuantía la correspondiente
a los pagos durante un año.
2.
En los actos o actuaciones que por naturaleza sean de valor indeterminado se
tendrá como cuantía la que aparezca en las normas de este título y no la
proveniente de simple estimación de los interesados.
3.
Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue indeterminado el valor de un
acto, sujeto a ellos o incorporado
a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya determinado;
sin la prueba del pago del impuesto ajustado no serán deducibles en lo
referente a impuestos de renta y complementarios, los pagos ni las obligaciones
que consten en los instrumentos gravados, ni tendrán valor probatorio ante las
autoridades judiciales o administrativas.
4.
La cuantía de los contratos en moneda extranjera se determinará según el cambio
oficial en el momento en que el impuesto se haga efectivo.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 38. En los casos previstos en el
numeral 3), cuando la Administración Tributaria determine que el valor a pagar
inicialmente era cuantificable, podrá, mediante resolución, fijar dicho valor
imponiendo adicionalmente una sanción por inexactitud equivalente al 160% del
mayor valor determinado.
Ver Ley 1111 de 2006, Tarifa 0% según artículo 519 y Decreto 366 de 1992, sobre Impuesto Complementario de Remesas.
Artículo 523.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 39. ACTUACIONES Y DOCUMENTOS SIN
CUANTÍA GRAVADOS CON EL IMPUESTO. Igualmente se encuentran gravadas:
1.
Los pasaportes ordinarios que se expidan en el país, (veintitrés mil ($23.000);
las revalidaciones, nueve mil
cuatrocientos pesos ($ 9.400). (Valores año 2002)) cinco mil pesos ($5.000);
las revalidaciones, dos mil pesos ($2.000). (Valor año base 1992).
2.
Las concesiones de explotación de bosques naturales con fines agroindustriales
en terrenos baldíos, (cuarenta y siete mil pesos ($47.000) por hectárea; cuando
se trate de explotación de maderas finas, según calificación del INDERENA,
ciento cuarenta mil pesos ($140.000) por hectárea; la prórroga de estas
concesiones o autorizaciones, el cincuenta por ciento (50%) del valor
inicialmente pagado. (Valores año 2002)), diez mil pesos ($10.000) por
hectárea; cuando se trate de explotación de maderas, según calificación del
INDERENA, treinta mil pesos ($30.000) por hectárea; la prórroga de estas
concesiones o autorizaciones, el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente
pagado. (Valor año base 1992).
3.
El aporte de una zona esmeraldífera, a solicitud de algún interesado particular
a la Empresa Minerales de Colombia, (doscientos treinta mil pesos ($230.000)),
cincuenta mil pesos ($50.000). (Valor año base 1992.).
4.
Las licencias para portar armas de fuego, (noventa y cuatro mil pesos
($94.000); las renovaciones, veintitrés mil pesos ($23.000)), veinte mil pesos
($20.000); las renovaciones, cinco mil pesos ($5.000) (valor año base 1992.).
5.
Licencias para comerciar en municiones y explosivos, (setecientos mil pesos
($700.000); las renovaciones cuatrocientos setenta mil pesos ($470.000).
(Valores año 2002)) ciento cincuenta mil pesos ($150.000); las renovaciones
cien mil pesos ($100.000), (valor año base 1992.).
6.
Cada reconocimiento de personería jurídica (noventa y cuatro mil pesos
($94.000); tratándose de entidades sin ánimo de lucro, cuarenta y siete
mil pesos ($47.000). (Valores año
2002)), veinte mil pesos ($20.000); tratándose de entidades sin ánimo de lucro,
diez mil pesos ($10.000), (valor año base 1992.).
Parágrafo.
Se excluye del pago del impuesto señalado en el numeral dos (2) del presente artículo,
al mediano y pequeño agricultor que realice explotación de bosques en terrenos
baldíos con fines exclusivamente agrícolas, en cultivos de pancoger, en un
máximo de diez hectáreas, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones legales
vigentes de posterior reforestación.
Artículo 524.
LAS VISAS QUE SE EXPIDAN A LOS EXTRANJEROS CAUSAN IMPUESTO DE TIMBRE. Las visas
que se expidan causarán impuesto de timbre nacional en las cuantías que se
determinan a continuación:
1.
La visa temporal, cuarenta y cinco dólares (US$ 45.00), o su equivalente en
otras monedas.
2.
La visa ordinaria, setenta y cinco dólares (US$ 75.00), o su equivalente en
otras monedas.
3.
La visa de negocios transitoria, ciento veinte dólares (US$ 120) o su
equivalente en otras monedas.
4.
La visa de negocios permanente, doscientos veinticinco dólares (US$ 225.00), o
sus equivalente en otras monedas.
5.
La visa de residente, doscientos veinticinco dólares (US$ 225), o su
equivalente en otras monedas.
6.
La visa de residente para la persona casada con nacional colombiano, ciento
veinte dólares (US$ 120.00), o su equivalente en otras monedas.
7.
La visa de estudiante, treinta dólares (US$ 30.00), o su equivalente en otras
monedas.
8.
La visa de turismo, hasta treinta dólares (US$ 30.00), o su equivalente en
otras monedas, según se determine mediante decreto ejecutivo atendiendo el
principio de reciprocidad internacional, el interés turístico del país y los
tratados y convenios vigentes.
9.
Las visas de tránsito, quince dólares (US$ 15.00), o su equivalente en otras
monedas.
10.
Las visas no comprendidas en los ordinales precedentes ni en el parágrafo 1 de
este artículo, setenta y cinco dólares (US$ 75.00), o su equivalente en otras
monedas.
Parágrafo 1.
El permiso especial de tránsito fronterizo, las visas diplomáticas, de
cortesía, oficiales, de servicios, las especiales de residentes para asilados y
refugiados políticos y las ordinarias CIM, no causan impuesto de timbre.
(Valores
año base 1985).
Articulo 525. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 159. Impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el
exterior.
Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre actuaciones
que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país, serán las
siguientes:
1. Pasaporte
ordinarios que se expidan en el exterior por funcionarios consulares, veinte y
uno dólares (US$21), o su equivalente en otras monedas.
2. Las certificaciones expedidas en el
exterior por funcionarios consulares, cinco dólares (US$5), o su equivalente en
otras monedas.
3. Las autenticaciones efectuadas por
los cónsules colombianos, cinco dólares (US$5), o su equivalente en otras
monedas.
4. El reconocimiento de firmas ante
cónsules colombianos, cinco dólares (US$5), o su equivalente en otras monedas,
por cada firma que se autentique.
5. La protocolización de escrituras
públicas en el libro respectivo del consulado colombiano, ochenta y dos dólares
(US$82), o su equivalente en otras monedas.
Texto inicial artículo 525.Reglamentado por el Decreto 2200
de 2016 y por el Decreto 2974 de 2013, artículo 1°. “Impuesto
de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior. Las tarifas de los
impuestos de timbre nacional sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios
diplomáticos o consulares del país serán las siguientes:
1. Pasaportes ordinarios que
se expidan en el exterior por funcionarios consulares, cincuenta y un dólares
(US$51) o su equivalente en otras monedas.
2. Las certificaciones
expedidas en el exterior por funcionarios consulares, once dólares (US$11) o su
equivalente en otras monedas.
3. Las autenticaciones
efectuadas por los cónsules colombianos, once dólares (US$11) o su equivalente
en otras monedas.
4. El reconocimiento de
firmas ante cónsules colombianos, once dólares (US$11) o su equivalente en
otras monedas, por cada firma que se autentique.
5. La protocolización de
escrituras públicas en el libro respectivo del consulado colombiano ciento
noventa y ocho dólares (US$198) o su equivalente en otras monedas.”.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.4.1.1.2. Ver Decreto 1794
de 2013, artículo 7º. Ver Decreto 2076 de 1992, artículo 23.
Texto anterior artículo
525. Modificado por el Decreto 4838 de 2010, artículo 1º. “Impuesto
de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior.
Las tarifas de los impuestos
de timbre nacional sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios
diplomáticos o consulares del país serán las siguientes:
1. Pasaportes ordinarios que
se expidan en el exterior por funcionarios consulares, cuarenta y seis dólares
(US$46) o su equivalente en otras monedas.
2. Las certificaciones
expedidas en el exterior por funcionarios consulares, diez dólares (US$10) o su
equivalente en otras monedas.
3. Las autenticaciones
efectuadas por los cónsules colombianos, diez dólares (US$10) o su equivalente
en otras monedas.
4. El reconocimiento de
firmas ante cónsules colombianos, diez dólares (US$10) o su equivalente en
otras monedas, por cada firma que se autentique.
5. La protocolización de
escrituras públicas en el libro respectivo del consulado colombiano ciento
ochenta dólares (US$180) o su equivalente en otras monedas.”. (Articulo
reglamentado por el Decreto 4838 de 2010.).
Texto original artículo
525 “IMPUESTO DE TIMBRE PARA ACTUACIONES QUE SE CUMPLAN EN EL
EXTERIOR. Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre
actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país
serán las siguientes:
1. Pasaportes ordinarios que
se expidan en el exterior por funcionarios consulares, treinta y tres dólares
(US$33.oo), o su equivalente en otras monedas.
2. Las certificaciones
expedidas en el exterior por funcionarios consulares, ocho dólares (US$8.oo), o
su equivalente en otras monedas.
3. Las autenticaciones
efectuadas por los cónsules colombianos, ocho dólares (US$8.oo), o su
equivalente en otras monedas.
4. El reconocimiento de
firmas ante cónsules colombianos, ocho dólares (US$8.oo), o su equivalente en
otras monedas, por cada firma que se autentique.
5. La protocolización de
escrituras públicas en el libro respectivo del consulado colombiano, ciento
treinta dólares (US$130.00), o su equivalente en otras monedas.”.
Ver
reajustes anuales en valores absolutos del impuesto de timbre en los
Decretos 1368 de 1995, 2302 de 1996, 3019 de 1997, 2590 de
1999, 2665 de 2000, 2796 de 2001, 3259 de 2002, 3806 de
2003, 4346 de 2004 y 4710 de 2005.
Reajustes:
Ver Decreto 2972 de 2013. Ver Decreto 2813 de
1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre
valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año
gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable
1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable
1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable
1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable
1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de
1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable
2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable
2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley
1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de
2009 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Tarifas originales en el texto inicial del artículo (Decreto 624
de 1989): “IMPUESTO DE TIMBRE PARA ACTUACIONES QUE SE
CUMPLAN EN EL EXTERIOR. Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre
actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país
serán las siguientes:
1. Pasaportes ordinarios que
se expidan en el exterior por Funcionarios Consulares, veinte dólares (US$
20.00), o su equivalente en otras monedas.
2. Las certificaciones
expedidas en el exterior por Funcionarios Consulares, cinco dólares (US$ 5.00),
o su equivalente en otras monedas.
3. Las autenticaciones
efectuadas por los Cónsules Colombianos, cinco dólares (US$ 5.00), o su
equivalente en otras monedas.
4. El reconocimiento de
firmas ante Cónsules Colombianos, cinco dólares (US$ 5.00), o su equivalente en
otras monedas, por cada firma que se autentique.
5. La protocolización de
escrituras públicas en el libro respectivo del Consulado Colombiano, ochenta
dólares (US$ 80.00), o su equivalente en otras monedas.
(Valores año base 1986).”.
Artículo 526.
CUANDO SE CANCELEN DENTRO DEL PAÍS SE LIQUIDAN AL CAMBIO OFICIAL. Cuando la
cancelación de los valores señalados en los artículos anteriores deba hacerse
en el territorio nacional, los mismos se liquidarán al tipo de cambio oficial.
TITULO III
CAUSACION DEL IMPUESTO DE
TIMBRE PARA ALGUNAS ACTUACIONES
Artículo 527.
MOMENTOS DE REALIZACIÓN DE ALGUNOS HECHOS GRAVADOS. Se entiende realizado el
hecho gravado:
a)
Respecto de títulos de acciones y bonos nominativos, en el momento de su
suscripción cuando sean al portador en la fecha de entrega del título; (Éste numeral se entiende derogado por la Ley 6 de 1992, art 40)
b)
Sobre certificados de depósito y bono de prenda de almacenes generales de
depósito, en la fecha de entrega, por el almacén del correspondiente
certificado o bono;
c)
En el caso de los cheques, en la fecha de entrega de la chequera.
Artículo 528.
LA NO EXPRESIÓN DE LA FECHA HACE PRESUMIR EL PLAZO VENCIDO. Los instrumentos,
actuaciones o diligencias gravados con impuesto de timbre nacional, en que no
se exprese la fecha se tendrán como de plazo vencido para el pago del impuesto
y las correspondientes sanciones.
TITULO IV
NO CAUSAN IMPUESTO DE TIMBRE
Artículo 529.
LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL CRÉDITO EXTERNO. No están sometidos al
impuesto de timbre los instrumentos en que se haga constar la constitución,
existencia, modificación, o extinción de obligaciones relacionadas con crédito
externo.
TITULO V
ACTUACIONES Y DOCUMENTOS
EXENTOS DEL IMPUESTO DE TIMBRE
Artículo 530.
SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO DE TIMBRE. Están exentos del impuesto:
1. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 268. Los títulos valores emitidos por establecimientos de crédito con
destino a la obtención de recursos.
2.
Los títulos valores nominativos emitidos por intermediarios financieros que no
sean establecimientos de crédito pero estén sometidos a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con destino a la captación de
recursos entre el público.
3.
Los certificados de inversión emitidos por sociedades anónimas administradoras
de inversión y los certificados de participación en los fondos de inversión
expedidos por corporaciones financieras.
4.
Los títulos de capitalización nominativos emitidos por las entidades
autorizadas para ello y sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria.
5.
Las acciones suscritas en el acta de constitución de las sociedades anónimas o
en comandita por acciones.
6. Modificado
por la Ley 633 de 2000
art 47. Las acciones, los bonos, los papeles comerciales con vencimiento
inferior a un (1) año autorizado por la Superintendencia de Valores.
7. Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 40. La cesión o el endoso de los
títulos de acciones y bonos a que se refiere el numeral anterior.
La
exención del impuesto de timbre, prevista en los numerales 6 y 7, operará para
la emisión primaria de acciones, bonos y papeles comerciales inscritos en bolsa
de valores, y para la cesión o el endoso de títulos de acciones que se negocien
en bolsa de valores.
8.
Las facturas cambiarias, siempre que el comprador y el vendedor o el
transportador y el remitente o cargador, según el caso, y su establecimiento se
encuentren matriculados en la Cámara de Comercio.
9. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 27. El endoso de títulos valores y los documentos que se otorguen con el
único propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como
aquellos que se efectúan en desarrollo de operaciones de venta de cartera,
reporto, carrusel, opciones y futuros.
10.
La prórroga de los títulos valores cuando no impliquen novación.
11.
Los cheques girados por entidades de Derecho Público.
12.
Las cartas de crédito sobre el exterior.
13.
Los contratos de venta a plazos de valores negociables en bolsa, por el sistema
de cuotas periódicas, con o sin amortizaciones por medio de sorteos,
autorizados por la Superintendencia Bancaria.
14. Modificado
por la Ley 488 de 1998,
art 8. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a
operaciones de crédito público, las operaciones de manejo de deuda pública y
las conexas con las anteriores que realicen las entidades estatales.
15. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 27. Los documentos suscritos con el Banco de la República por los fondos
ganaderos y el Instituto de Crédito Educativo para utilizar cupos ordinarios,
extraordinarios o especiales de crédito. Igualmente, los documentos en que se
hagan constar operaciones de crédito entre el Banco de la República y los
establecimientos de crédito o entre estos últimos.
16.
Los contratos celebrados por los fondos ganaderos con particulares.
17.
Los acuerdos celebrados entre acreedores y deudores de un establecimiento, con
intervención de la Superintendencia Bancaria cuando éste se halle en posesión
de dicho establecimiento. Ver artículo 24, numeral 24.5 de la
Ley 142 de 1994
18.
Los contratos y manifiestos de exportación de productos que reciban el
certificado de abono tributario.
19.
Los contratos de cuenta corriente bancaria.
20.
Los comprobantes o certificados de depósito a término de los establecimientos
de crédito.
21.
La apertura de tarjetas de crédito.
22. Modificado
Ley
223 de 1995, art 27. Los contratos de promesa de
compra-venta de inmuebles.
23.
Las escrituras otorgadas por el Instituto de Crédito Territorial en lo
concerniente a la adquisición de vivienda y las del Fondo Nacional de Ahorro
con sus afiliados, también para lo relativo a la vivienda.
24.
El otorgamiento, la autorización y el registro de cualquier escritura pública
de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social de que trata la Ley
9ª de 1989.
25.
Las resoluciones de adjudicación de tierras a título gratuito, hechas por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
26.
Los contratos de prenda o garantía hipotecaria abiertas.
27.
Los contratos de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial de pasajeros y
de carga.
28.
Las pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones,
aplicaciones o anexos.
29.
La matrícula de los comerciantes y establecimientos de comercio y la renovación
de tales matrículas en el registro mercantil.
30.
Los pasaportes oficiales de los funcionarios cuando viajen en comisión oficial,
con la presentación previa de la autorización del Gobierno.
31.
La expedición y revalidación de pasaportes de colombianos que no estén en
capacidad de pagar el impuesto, siempre que la exención se conceda por la
Dirección General del Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público previo concepto favorable de la División Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
32.
La visa de inmigrantes autorizada por organismos competentes y otorgada con los
auspicios del Comité Internacional de Migraciones Europeas, CIME.
33.
Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes,
agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes
en Venezuela, Ecuador y Panamá.
34.
Los pasaportes diplomáticos.
35.
La carta de naturalización del cónyuge del colombiano por nacimiento.
36.
Los certificados y las copias sobre el estado civil.
37.
Los contratos de trabajo y las copias, extractos y certificados relativos a
prestaciones sociales.
38.
Los siguientes certificados:
a)
De salud o de vacunación;
b)
Las licencias o certificados de idoneidad para ejercer cualquier profesión;
c)
Los certificados de idoneidad y los títulos o diplomas que se expidan en
estudios secundarios, universitarios, técnicos o comerciales, y
d)
Las actas de inscripción de profesionales o técnicos en las oficinas públicas.
39.
Las autenticaciones de los certificados de estudio que expidan los
establecimientos de enseñanza en el exterior.
40. Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 40. El reconocimiento de
personería jurídica a sindicatos de trabajadores, cooperativas, juntas de
acción comunal; y de los clubes deportivos no profesionales.
41.
Los certificados sobre existencia de fondos mutuos de inversión o acerca de su
representante legal.
42.
Los contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que
consten en el documento del contrato principal.
43.
Los contratos de depósito de ahorros en pesos corrientes y en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC) y los documentos que se originen en ellos.
44.
La factura a que se refiere el artículo 944 del Código de Comercio, el vale y
la cuenta de cobro.
45.
Los instrumentos para garantizar el manejo de bienes de las entidades de
Derecho Público por funcionarios oficiales.
46.
Las actuaciones que adelanten los miembros de la fuerza pública en campaña y
los documentos que otorguen estas mismas personas en dicha circunstancia.
47.
Los duplicados de todo escrito sujeto al impuesto de timbre en los cuales
oficialmente conste haberse pagado el impuesto correspondiente al original.
48.
Los documentos de identificación personal o los relativos a expediciones,
copias o renovaciones de aquéllos.
49.
Los informes y certificados con fines exclusivos de estadística o control de
impuestos y contribuciones.
50.
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en relación al impuesto no
cedido a entidades territoriales.
51. Modificado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 114. Los documentos privados mediante los cuales se acuerde la
exportación de bienes de producción nacional y de servicios.
52. Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 27. Las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, y las ofertas
mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o
venta.
53. Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 87. La refinanciación, la modificación de plazos como consecuencia de
cambios en los sistemas de amortización y el cambio de denominación de
obligaciones financieras de carácter hipotecario destinadas a la financiación
de vivienda.
54. Adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 46. Los pagarés que instrumenten cartera hipotecaria.
55. Adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 46. Los documentos que instrumentan la cesión de activos, pasivos y
contratos que suscriban las entidades financieras públicas conforme a lo
dispuesto por el artículo 68 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o la
cesión de uno o varios de los activos, pasivos o contratos conforme a las
normas del Código de Comercio. Para efectos de este numeral, se entiende por
entidades financieras públicas aquellas en las cuales la participación del
capital público es superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social.
56. Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
art 46. Los títulos y demás documentos que se originen o deriven directamente
de las operaciones de compra de cartera hipotecaria, su titularización y la
colocación de los títulos correspondientes a los que se refiere la Ley
546 de 1999.
Ver Ley 1231 de 2008 y Ley 1111 de 2006, Circular 96 de 2008 de la DIAN, Ley 100 de 1993, art 135, Ley 160 de 1994, art 100 y Ley 223 de 1995, art 256
Artículo 530-1.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
art 56. En ningún caso estarán sometidas al impuesto de timbre las escrituras
públicas de enajenación de inmuebles para viviendas urbanas clasificadas en los
estratos socio económicos uno, dos y tres.
Artículo 531.
LAS OPERACIONES DE FOMENTO DE LA CAJA AGRARIA ESTÁN EXENTAS DEL IMPUESTO DE
TIMBRE. Estarán exentos del impuesto de timbre nacional, los contratos
celebrados por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en desarrollo de
operaciones de fomento a la producción agropecuaria, industrial y minera hasta
por la cantidad de doscientos mil pesos ($ 200.000). (Valor año base 1976).
(Valor año base 1993; $3.000.000). (Valor año base gravable 1995: $4.000.000).
(Valor año base gravable 1996: $4.880.000). (Valor año base gravable 1997:
$5.800.000). (Valor año base gravable 1998: $6.800.000). (Valor año base
gravable 1999: $7.800.000). (Valor año base gravable 2000: $6.800.000).
Artículo 532.
Inciso primero
modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 162. LAS ENTIDADES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE.
Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre
nacional.
Cuando
en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no
exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo
cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la
calidad de sus otorgantes.
Cuando
la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o
entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al
pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior.
Artículo 533.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
art 62. QUÉ SE ENTIENDE POR ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Para los fines
tributarios de este Libro, son entidades de derecho público la Nación, los Departamentos,
los Distritos Municipales, los Municipios, los entes universitarios autónomos y
los organismos o dependencias de las ramas del poder público, central o
seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado
y de las sociedades de economía mixta.
Ver Ley 30 de 1992, art 57
Artículo 534.
LA EXENCIÓN DEBE CONSTAR EN EL DOCUMENTO O ACTO EXENTO. El funcionario que
extienda, expida o autorice trámite (sic) o registre actos o instrumentos sobre
los cuales haya exención deberá dejar constancias en ellos, del objeto a que
son destinados y de las disposiciones que autorizan la exención.
TITULO VI
PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE.
Artículo
535.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, art 140. EL IMPUESTO SE PAGA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN.
El impuesto de timbre nacional, así como sus sanciones e intereses, se harán
efectivos mediante su pago y deberán acreditarse con la presentación de la
declaración del impuesto de timbre en la cual conste el pago correspondiente.
TITULO VII
FACULTADES DE LA
ADMINISTRACION PARA EL CONTROL Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE TIMBRE
Artículo 536.
AMPLIAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. Para asegurar el cumplimiento de las
normas tributarias a que se refiere este Libro, la Dirección General de
Impuestos Nacionales por medio de sus oficinas de investigación o auditoría
podrá:
1.
Exigir a los contribuyentes u otros responsables del impuesto de timbre, la
presentación de todos los documentos o instrumentos sujetos a dichos impuestos.
2.
Practicar visitas para examinar los libros de contabilidad, los instrumentos o
documentos y los demás papeles anexos en lo relativo al impuesto de timbre
nacional, en oficinas públicas o privadas, en locales o establecimientos
ocupados a cualquier título por contribuyentes u otros responsables de los
citados impuestos.
3.
Ordenar, mediante resolución fundamentada, allanar o registrar o sellar
oficinas, establecimientos comerciales o industriales o locales comprendidos en
el ordinal anterior, cuando el ocupante opusiere resistencia sin causa legítima
a la diligencia prevista en el mismo ordinal.
4.
Requerir al (sic) auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para la
ejecución de la diligencias autorizada en el ordinal 2°.
Artículo 537.
LAS AUTORIDADES DEBERÁN PRESTAR TODAS LAS GARANTÍAS Y APOYO A LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DEL CONTROL. Los Gobernadores de los Departamentos, los Intendentes,
Comisarios y Alcaldes prestarán a los empleados encargados de la recaudación y
fiscalización del impuesto de timbre nacional, todas las garantías y el apoyo
que necesiten en el desempeño de sus funciones.
Artículo 538.
EL GOBIERNO ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECER RETENCIONES. El Gobierno Nacional
podrá establecer retenciones en la fuente para facilitar, acelerar y asegurar
los recaudos a que se refiere el presente Título, de acuerdo con las tarifas en
él señaladas.
Artículo 539.
EXCEPCIÓN AL CONTROL Y RECAUDO DEL IMPUESTO. El impuesto de timbre nacional
sobre vehículos automotores cedido por la Ley 14 de 1983
a los Departamentos, intendencias, comisarías y al Distrito Especial de
Bogotá, así como el impuesto de timbre nacional que se causa sobre la
salida al exterior de nacionales y extranjeros residentes en Colombia,
administrado y recaudado por el Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil y demás impuestos de timbre cuya administración esté asignada a otros
organismos distintos de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de expedición de este
Estatuto. (El texto subrayado se entiende modificado por
la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 309 y 322)
Ver Ley 488 de 1998, art 138
Artículo 539-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 41. OBLIGACIONES DEL AGENTE DE
RETENCIÓN DE TIMBRE. Los Agentes de Retención del Impuesto de Timbre deberán
cumplir con las obligaciones consagradas en el Título II del Libro Segundo del
Estatuto Tributario, salvo en lo referente a la expedición de certificados, los
cuales deberán ser expedidos y entregados cada vez que el retenedor perciba el
pago del impuesto, en los formatos oficiales que prescriba la Unidad
Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales y con la
información mínima que se señala en el artículo siguiente.
Artículo 539-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 41 OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
CERTIFICADOS. Los Agentes de Retención en timbre deberán expedir al contribuyente,
por cada causación y pago del gravamen, un certificado, según el formato que
prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos
Nacionales, en el que conste:
1.
La descripción del documento o acto sometido al impuesto, con indicación de su
fecha y cuantía.
2.
Los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria de
las personas o entidades que intervienen en el documento o acto.
3.
El valor pagado, incluido el impuesto y las sanciones e intereses, cuando fuere
el caso.
Artículo 539-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 42. OBLIGACIÓN DE DECLARAR. A partir
del mes de enero de 1993 los agentes de retención del Impuesto de Timbre
deberán declarar por cada mes el valor del impuesto causado durante el período,
en la forma y condiciones que para el efecto señale el reglamento.
Parágrafo Transitorio.
Mientras se expide la reglamentación pertinente, los agentes de retención del
impuesto deberán declarar el valor causado durante el respectivo mes, en los
formularios de declaración de retención en la fuente en el renglón
correspondiente a otros conceptos.
Nota Leyex.info: A partir del año 2010, la tarifa del Impuesto de
Timbre es del 0%.
TITULO VIII
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
DE FUNCIONARIOS
Artículo
540.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-1714 de 2000. Modificado por la Ley 6 de 1992, art
43. NINGÚN DOCUMENTO DEBERÁ SER TENIDO COMO PRUEBA MIENTRAS NO SE PAGUE EL
IMPUESTO DE TIMBRE. Ningún documento o actuación sujeto al impuesto de timbre
podrá ser admitido por funcionarios oficiales, ni tenido como prueba mientras
no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo
535.
Artículo 541.
QUÉ SE ENTIENDE POR ACTUACIÓN. Para los efectos del impuesto, entiéndese por
actuación la actividad escrita de los funcionarios oficiales y de los particulares
en la tramitación, instrucción y resolución de procesos, negocios o
diligencias.
Artículo 542.
QUÉ SE ENTIENDE POR FUNCIONARIO OFICIAL. Para los fines del impuesto,
entiéndese por funcionario oficial o público la persona natural que ejerza
empleo en una entidad de Derecho Público, cuando dicha persona esté vinculada a
la entidad mediante una situación estatutaria o un contrato de trabajo.
Artículo 543.
LOS FUNCIONARIOS OFICIALES REMITIRÁN A LAS DIVISIONES DE FISCALIZACIÓN LOS
DOCUMENTOS QUE NO HAYAN CANCELADO EL IMPUESTO DE TIMBRE. El funcionario oficial
ante quien se presenten documentos gravados con el impuesto de timbre, sin que
el pago del impuesto se hubiere verificado o se haya hecho en forma irregular o
deficiente, los remitirá a la División de Fiscalización de la Administración de
Impuestos Nacionales del lugar con un informe pormenorizado para que haga la
liquidación de los impuestos y se impongan las sanciones.
TITULO IX
SANCIONES
Artículo 544.
MULTA PARA FUNCIONARIOS QUE ADMITAN DOCUMENTOS GRAVADOS SIN EL PAGO DEL
IMPUESTO DE TIMBRE. Los funcionarios oficiales que admitan documentos o
instrumentos gravados con el impuesto de timbre, sin que este impuesto hubiere
sido pagado en la forma y por el valor previsto por la ley, incurrirán en cada
caso en multa de quinientos pesos ($ 500), (Valor año base 1976), aplicada por
los Jefes de las Divisiones de Liquidación de la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
Artículo 545.
MULTA PARA QUIEN IMPIDA Y OBSTACULICE EL CONTROL DEL IMPUESTO DE TIMBRE. El que
por cualquier medio impida u obstaculice la vigilancia fiscal de los
funcionarios de Hacienda, en el recaudo del impuesto de que trata la ley,
incurrirá en multas sucesivas de un mil pesos ($ 1.000) a cincuenta mil pesos
($ 50.000), que impondrán mediante providencia motivada el Director General de
Impuestos Nacionales o sus delegados, los Administradores o sus delegados.
(Valor año base 1976).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996;
Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009
Artículo 546.
SANCIÓN A LAS AUTORIDADES POR NO PRESTAR APOYO Y GARANTÍA A LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRE. Los gobernadores
de los Departamentos, los intendentes, los comisarios y alcaldes que no presten
apoyo a los funcionarios encargados del control y fiscalización del impuesto de
timbre serán sancionados con multa de doscientos pesos ($ 200) a un mil pesos
($ 1.000), impuesta por el superior jerárquico del infractor.
(Valor
año base 1976).
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996;
Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009
Artículo 547.
LAS SANCIONES RECAEN SOBRE EL AGENTE DE RETENCIÓN. Las sanciones impuestas al
agente por incumplimiento en la retención o en la consignación de lo retenido,
recaerán exclusivamente sobre él.
TITULO X
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 548.
REAJUSTE ANUAL DE LOS VALORES ABSOLUTOS EN EL IMPUESTO DE TIMBRE. A partir del
año 1986, los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas
relativas al impuesto de timbre, se reajustarán anual y acumulativamente en el
ciento por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística en el período comprendido entre el 1º.
de julio del año anterior y la misma fecha del año inmediatamente anterior a
éste.
Las
cifras que se obtengan de acuerdo con lo previsto en este artículo, se
aproximarán al valor absoluto superior más cercano. Ver Ley 488 de 1998, art 86
Artículo 549.
QUÉ SON VALORES ABSOLUTOS. Son valores absolutos en pesos los siguientes:
Cien
pesos ($100), ciento cincuenta pesos ($150), doscientos pesos ($200),
doscientos cincuenta pesos ($250), trescientos pesos ($300), cuatrocientos
pesos ($400), quinientos pesos ($500), seiscientos pesos ($600), ochocientos
pesos ($800) y también los que se obtengan de ellos multiplicados o divididos
por diez (10), cien (100), mil (1000), o, en general por cualquier potencia de
diez (10). Ver Ley 488 de 1998, art 86
Artículo 550.
Reglamentado
por el Decreto
2200 de 2016, por el Decreto
2974 de 2013, por el Decreto
4838 de 2010. PARA LAS ACTUACIONES ANTE EL EXTERIOR
EL IMPUESTO SE AJUSTA CADA TRES AÑOS. Los impuestos de timbre por concepto de
actuaciones consulares establecidas en el artículo 525, se reajustarán mediante
decreto del Gobierno Nacional, hasta el veinticinco por ciento (25%), cada tres
(3) años a partir del 1° de enero de 1986.
Artículo 551.
CASO EN QUE NO ES APLICABLE EL AJUSTE. No se aplicará el ajuste previsto en los
artículos 548 y 549 a las tarifas que aparecen por parejas de cifras en pesos o
centavos por cada cien pesos ($ 100), cada mil pesos ($ 1.000), etc.
Artículo 552.
EL GOBIERNO DEBERÁ PUBLICAR LAS CIFRAS AJUSTADAS. El Gobierno publicará
periódicamente las cifras ajustadas del impuesto de timbre.
Ver Ley
1111 de 2006, art 50
Artículo 553.
LOS CONVENIOS ENTRE PARTICULARES SOBRE IMPUESTOS NO SON OPONIBLES AL FISCO. Los
convenios entre particulares sobre impuestos, no son oponibles al fisco.
Artículo 554.
PROCEDIMIENTO APLICABLE AL IMPUESTO DE TIMBRE. Al impuesto de timbre le serán
aplicables las normas relativas a la declaración tributaria, determinación del
tributo, recursos, sanciones y demás normas de procedimiento señaladas en el
Libro Quinto, en cuanto no sean incompatibles con las del presente Título.
LIBRO QUINTO
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO,
SANCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
Ver Decreto
4048 de 2008 y Decreto 1693 de 1997
TITULO I
ACTUACION
NORMAS GENERALES.
Artículo 555.
CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Los contribuyentes pueden actuar ante la
Administración Tributaria personalmente o por medio de sus representantes o
apoderados.
Los
contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por sí
los deberes formales y materiales tributarios.
Artículo 555-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
art 56. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA, NIT. Para efectos tributarios,
cuando la Dirección General de Impuestos lo señale, los contribuyentes,
responsables, agentes retenedores y declarantes, se identificarán mediante el
número de identificación tributaria NIT, que les asigne la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
art 79. Las Cámaras de Comercio, una vez asignada la matrícula mercantil,
deberán solicitar a más tardar dentro de los dos (2) días calendario
siguientes, la expedición del Número de Identificación Tributaria NIT del
matriculado a la Administración de Impuestos Nacionales competente, con el fin
de incorporar, para todos los efectos legales, dicha identificación a la
matrícula mercantil. En las certificaciones de existencia y representación y en
los certificados de matrícula siempre se indicará el número de identificación
tributaria.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
art 79. El incumplimiento de esta obligación por parte de las cámaras de
comercio acarreará la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto
Tributario.
Inciso derogado por la Ley 863 de 2003, art 69. Inciso adicionado por la Ley 788 de 2002, artículo
79. Las personas no obligadas a inscribirse en el registro mercantil, y que de
acuerdo con la ley tributaria tengan obligaciones con la Administración de
Impuestos Nacionales de su jurisdicción, deberán tramitar su inscripción en el
Registro Unico Tributario (RUT) y obtener su Número de Identificación
Tributaria (NIT) ante la respectiva Administración Tributaria.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
art 79. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar convenios
con las cámaras de comercio con el fin de asignar a través de medios electrónicos
el Número de Identificación Tributaria (NIT). Ver Ley 962 de 2005, art 43
Parágrafo. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 1607 de
2012, art 16. Las personas
naturales, para todos los efectos de identificación incluidos los previstos en
este artículo, se identificarán mediante el Número de Identificación de
Seguridad Social NISS, el cual estará conformado por el número de la cédula de
ciudadanía, o el que haga sus veces, adicionado por un código alfanumérico
asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cual constituye
uno de los elementos del Registro Único Tributario RUT.
El Registro Único Tributario (RUT) de las
personas naturales, será actualizado a través del Sistema de Seguridad Social
en Salud. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 555-2. Reglamentado por
el Decreto
2345 de 2019, por el Decreto
1468 de 2019, por el Decreto 2442 de 2018, por el Decreto 2460 de 2013, por el Decreto
4714 de 2008 y por el Decreto
2788 de 2004. Desarrollado por
el Decreto
1415 de 2018, por el Decreto
1951 de 2017, Decreto
2820 de 2011 y por el Decreto
2645 de 2011. Adicionado por la Ley 863 de 2003,
artículo 19. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT. El Registro Unico Tributario, RUT,
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades
que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta
y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del
Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes
retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros,
y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. (Declarado exequible por la Sentencia C-860 de
2007, el aparte subrayado)
El
Registro Único Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el
Registro Nacional de Vendedores, los cuales quedan eliminados con esta
incorporación. Al efecto, todas las referencias legales a dichos registros se
entenderán respecto del RUT. (Declarado exequible por la Sentencia C-860 de
2007, el aparte subrayado)
Los
mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de
inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados,
formas, lugares, plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al efecto
reglamente el Gobierno Nacional.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de
inscripción y actualización del Registro Unico Tributario, RUT.
Parágrafo 1°.
El Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código de
identificación de los inscritos en el RUT. Las normas relacionadas con el NIT
serán aplicables al RUT.
Parágrafo 2°.
La inscripción en el Registro Unico Tributario, RUT, deberá cumplirse en forma
previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas competentes de la
DIAN, de las cámaras de comercio o de las demás entidades que sean facultadas
para el efecto.
Tratándose
de personas naturales que por el año anterior no hubieren estado obligadas a
declarar de acuerdo con los artículos 592, 593 y 594-1, y que en el
correspondiente año gravable adquieren la calidad de declarantes, tendrán plazo
para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para
presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligación de registrarse por una calidad diferente a la de contribuyente del
impuesto sobre la renta.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-860 de 2007. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de tramitar
operaciones de comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se
encuentre inscrito en el RUT, en la respectiva calidad de usuario aduanero.
Parágrafo Transitorio.
Los responsables del Impuesto sobre las Ventas pertenecientes al Régimen
Simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se hubieren
inscrito en el Registro Unico Tributario, RUT, tendrán oportunidad de
inscribirse sin que haya lugar a la imposición de sanciones, antes del
vencimiento de los plazos para la actualización del RUT que señale el
reglamento.
Ver Concepto 15796 de 2016, DIAN
Ver Decreto 4714 de 2008, Sentencia C-111 de 2007 y Ley 1111 de 2006, art 49.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de
las declaraciones tributarias
Artículo 556.
REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. La representación legal de las
personas jurídicas será ejercida por el Presidente, el Gerente o cualquiera de
sus suplentes, en su orden de acuerdo con lo establecido en los artículos 372,
440, 441 y 442 del Código de Comercio, o por la persona señalada en los
estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominación de Presidente o
Gerente.
Para
la actuación de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o
definitiva del principal, sólo será necesaria la certificación de la Cámara de
Comercio sobre su inscripción en el Registro Mercantil. La sociedad también
podrá hacerse representar por medio de apoderado especial.
Artículo 557.
Declarado
exequible por la Sentencia C-690 de 1996.
AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos
para contestar requerimientos e interponer recursos.
En
el caso del requerimiento, el agente oficioso es directamente responsable de
las obligaciones tributarias que se deriven de su actuación, salvo que su
representado la ratifique, caso en cual, quedará liberado de toda
responsabilidad el agente.
Artículo 558.
EQUIVALENCIA DEL TÉRMINO CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE. Para efectos de las normas
de procedimiento tributario, se tendrán como equivalentes los términos de
contribuyente o responsable.
Artículo 559.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
art 43. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y RECURSOS. Las peticiones, recursos y demás
escritos que deban presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, podrán realizarse personalmente o en forma electrónica.
1.
Presentación personal
Los
escritos del contribuyente deberán presentarse en la administración a la cual
se dirijan, personalmente o por interpuesta persona, con exhibición del
documento de identidad del signatario y en caso de apoderado especial, de la
correspondiente tarjeta profesional.
El
signatario que esté en lugar distinto podrá presentarlos ante cualquier
autoridad local quien dejará constancia de su presentación personal.
Los
términos para la administración que sea competente comenzarán a correr a partir
del día siguiente a la fecha de su recibo.
2.
Presentación electrónica
Para
todos los efectos legales la presentación se entenderá surtida en el momento en
que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado
por la DIAN. Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora
en que tenga lugar la recepción en la dirección electrónica. La hora de la
notificación electrónica será la correspondiente a la oficial colombiana.
Para
efectos de la actuación de la Administración, los términos se computarán a partir
del día hábil siguiente a su recibo.
Cuando
por razones técnicas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no pueda
acceder al contenido del escrito, dejará constancia de ello e informará al
interesado para que presente la solicitud en medio físico, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a dicha comunicación. En este caso, el escrito,
petición o recurso se entenderá presentado en la fecha del primer envío
electrónico y para la Administración los términos comenzarán a correr a partir
de la fecha de recepción de los documentos físicos. Cuando sea necesario el
envío de anexos y documentos que por su naturaleza y efectos no sea posible
enviar electrónicamente, deberán remitirse en la misma fecha por correo
certificado o allegarse a la oficina competente, siempre que se encuentre
dentro de los términos para la respectiva actuación.
Los
mecanismos técnicos y de seguridad que se requieran para la presentación en
medio electrónico serán determinados mediante Resolución por el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para
efectos de la presentación de escritos contentivos de recursos, respuestas a
requerimientos y pliegos de cargos, solicitudes de devolución, derechos de
petición y todos aquellos que requieran presentación personal, se entiende
cumplida dicha formalidad con la presentación en forma electrónica, con firma
digital.
Artículo 560.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
art 44. COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Son competentes para
proferir las actuaciones de la administración tributaria los funcionarios y
dependencias de la misma, de acuerdo con la estructura funcional que se
establezca en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 16 del artículo
189 de la Constitución
Política.
Así
mismo, los funcionarios competentes del nivel ejecutivo, podrán delegar las
funciones que la ley les asigne en los funcionarios del nivel ejecutivo o profesional
de las dependencias bajo su responsabilidad, mediante resolución que será
aprobada por el superior del mismo. En el caso del Director General de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta resolución no requerirá tal
aprobación.
Tratándose
de fallos de los recursos de reconsideración contra los diversos actos de
determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás
recursos cuya competencia no esté otorgada a determinado funcionario o
dependencia, la competencia funcional de discusión corresponde:
1. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 281. Cuando la cuantía del acto objeto
del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea inferior a dos mil (2.000)
UVT, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración, los
funcionarios y dependencias de las Direcciones Seccionales de Impuestos, de
Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales que profirió el acto recurrido, de
acuerdo con la estructura funcional que se establezca.
Texto original numeral 1. Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las
sanciones impuestas, sea inferior a setecientas cincuenta (750) UVT, serán
competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y
dependencias de la Administración de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y
Aduanas Nacionales que profirió el acto recurrido, de acuerdo con la estructura
funcional que se establezca.
2. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 281. Cuando la cuantía del acto objeto
del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior a dos mil
(2.000) UVT, pero inferior a veinte mil (20.000) UVT, serán competentes para
fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias de las
Direcciones Seccionales de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y Aduanas
Nacionales de la capital del Departamento en el que esté ubicada la
Administración que profirió el acto recurrido, de acuerdo con la estructura
funcional que se establezca.
Texto anterior numeral 2. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
134. Cuando la cuantía del acto objeto
del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior a
setecientas cincuenta (750) UVT, pero inferior a diez mil (10.000) UVT, serán
competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y
dependencias de la Administración de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y
Aduanas Nacionales de la capital del Departamento en el que esté ubicada la Administración
que profirió el acto recurrido, de acuerdo con la estructura funcional que se
establezca.
Texto anterior num. 2. Cuando la cuantía del acto objeto
del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior a
setecientas cincuenta (750) UVT, pero inferior a cinco mil (5.000) UVT, serán
competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y
dependencias de la Administración de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y
Aduanas Nacionales de la capital del Departamento en el que esté ubicada la
Administración que profirió el acto recurrido, de acuerdo con la estructura
funcional que se establezca.
3. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 281. Cuando la cuantía del acto objeto
del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior a veinte
mil (20.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración,
los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca.
Texto anterior numeral 3. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 134. Cuando la cuantía
del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o
superior a diez mil (10.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de
reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura
funcional que se establezca.
Texto original numeral 3. Cuando la cuantía del acto
objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual o superior a
cinco mil (5.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de
reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura
funcional que se establezca.
Lo anterior aplica igualmente
en el caso de la revocatoria directa contra los actos de determinación de
impuestos y que imponen sanciones, cuya competencia no esté otorgada a
determinado funcionario o dependencia.
Para efectos de lo previsto
en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se entiende que la cuantía del
acto objeto del recurso comprende los mayores valores determinados por concepto
de impuestos y sanciones.
Cuando se trate de actos sin
cuantía, serán competentes para fallar los recursos de reconsideración los
funcionarios y dependencias de la Administración de Impuestos, de Aduanas o de
Impuestos y Aduanas nacionales que profirió el acto recurrido, de acuerdo con
la estructura funcional que se establezca.
Los recursos de
reconsideración que sean confirmados o denegados deberán ser proferidos
mediante resoluciones motivadas. Para
efectos de lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, serán
competentes para conocer los recursos de reconsideración en segunda instancia,
los funcionarios y dependencias de la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales que de acuerdo con la estructura funcional sean superiores
jerárquicamente a aquella que profirió el fallo.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 281. Cuando se trate del fallo de los
recursos a que se refiere el numeral 3, previamente a la adopción de la
decisión y cuando así lo haya solicitado el contribuyente, el expediente se
someterá a la revisión del Comité Técnico que estará integrado por el Ministro
de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Director General de Impuestos y
Aduanas Nacionales o su delegado, el Director de Gestión Jurídica o su
delegado, y los abogados ponente y revisor del proyecto de fallo.
Texto anterior parágrafo. Cuando se trate del fallo de los recursos a que se refiere el
numeral 3, previamente a la adopción de la decisión y cuando así lo haya
solicitado el contribuyente, el expediente se someterá a la revisión del Comité Técnico que estará
integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el
Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, el Jefe de la
Oficina Jurídica o su delegado y los abogados ponente y revisor del proyecto de
fallo.
Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el presente artículo se
aplicará una vez se expida por el Gobierno Nacional el decreto de estructura
funcional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hasta tanto se produzca
dicho decreto, continuarán vigentes las competencias establecidas conforme con
la estructura actual.
Ver Circular 7 de 2009 de la DIAN y Decreto 4048 de 2008
Artículo 561.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES. Los funcionarios del nivel ejecutivo de la Dirección
General de Impuestos Nacionales, podrán delegar las funciones que la ley les
asigne, en los funcionarios del nivel ejecutivo o profesional de las
dependencias bajo su responsabilidad, mediante resolución que será aprobada por
el superior del mismo. En el caso del Director General de Impuestos, esta
resolución no requerirá tal aprobación.
Artículo 562. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 100. Administración de
Grandes Contribuyentes. Para la correcta administración, recaudo
y control de los impuestos nacionales, el Director de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales mediante resolución, establecerá los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores que deban ser calificados como Grandes
Contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio,
importancia en el recaudo y actividad económica definida para el control por el
comité de programas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 102. El empleo de Director Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes es de libre nombramiento y remoción; su
provisión le compete al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) mediante nombramiento ordinario, exceptuándose de lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 333 de la Ley 1819
de 2016 y
en el parágrafo del artículo 6ª del Decreto 4050 del 2008.
Texto inicial del parágrafo. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 90. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta
ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “El empleo de Director Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes es de libre nombramiento y remoción, su provisión le compete al
Director General, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
mediante nombramiento ordinario, exceptuándose de lo dispuesto en el numeral 2
del artículo 333 de la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo del artículo 6° del Decreto 4050 del 2008.”.
Texto original art 562. ADMINISTRACIÓN DE GRANDES
CONTRIBUYENTES. Para la correcta administración, recaudo y control de los
impuestos nacionales, el Director General de Impuestos Nacionales, mediante
resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores,
que por su volumen de operaciones o importancia en el recaudo, deban pertenecer
a las administraciones u oficinas especializadas en dicha clase de
contribuyentes.
A partir de la publicación de
la respectiva resolución, la persona o entidad señalada deberá cumplir todas
sus obligaciones tributarias, en la Administración u Oficina que se les
indique, y en los bancos o entidades asignados para recaudar y recepcionar sus
declaraciones tributarias.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de
las declaraciones tributarias
Artículo 562-1.-
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
art 90. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES. La administración
tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables,
agentes de retención o declarantes, a partir de la información obtenida de
terceros. La información que se obtenga de la actualización autorizada en este artículo,
una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente, dentro
de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el Libro V del Estatuto
Tributario.
Artículo 563. Modificado por el Decreto
19 de 2012, art 59. Dirección para notificaciones. La
notificación de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá
efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y
patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la
antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses
siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.
Cuando el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección
a la Administración de Impuestos, la actuación administrativa correspondiente
se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación
directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en
general de información oficial, comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible
establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los
actos de la Administración le serán notificados por medio de la publicación en
el portal de la web de la DIAN, que deberá incluir mecanismos de búsqueda por
número identificación personal. (Declarados exequibles por la Sentencia C-012 de
2013, los apartes subrayados en este artículo)
Inciso adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 103. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o
declarante informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a
través del Registro Único Tributario (RUT) una dirección de correo electrónico,
todos los actos administrativos le serán notificados a la misma. La
notificación por medios electrónicos será el mecanismo preferente de notificación
de los actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Texto inicial del inciso. Inciso adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 91. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o
declarante informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a
través del Registro Único Tributario (RUT) una dirección de correo electrónico,
todos los actos administrativos le serán notificados a la misma. La
notificación por medios electrónicos, será el mecanismo preferente de
notificación de los actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), a partir del 1° de julio de 2019.”.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 103. Lo dispuesto en este artículo aplica para la notificación de
los actos administrativos expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) y será el mecanismo preferente de notificación.
Texto original parágrafo. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 91. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Lo dispuesto en
este artículo aplica para la notificación de los actos administrativos
expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y será el mecanismo preferente de
notificación.”.
Texto inicial art 563. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. La notificación de las actuaciones
de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última
declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante
formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo
válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la
nueva dirección informada.
Cuando
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una dirección a la Administración de Impuestos, la actuación
administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la
Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías
telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o
bancaria.
Cuando
no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso
anterior, los actos de la Administración le serán notificados por medio de
publicación en un diario de amplia circulación.
Ver Concepto 82229 de 2005 de la
DIAN, sobre domicilio fiscal y artículo 555-2 del presente Estatuto.
Articulo 564. Modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 46. Dirección procesal. Las decisiones
o actos administrativos proferidos dentro de un proceso de determinación y
discusión del tributo, pueden ser notificados de manera física o electrónica a
la dirección procesal que el contribuyente responsable, agente retenedor o
declarante señalen expresamente.
La notificación a la dirección procesal
electrónica se aplicará de manera preferente una vez sea implementada por parte
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Texto original artículo 564 “DIRECCIÓN PROCESAL. Si durante el
proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección
para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administración deberá
hacerlo a dicha dirección.”.
Artículo 565.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
art 45. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones
tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan
sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben
notificarse de manera electrónica,
personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier
servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad
competente.
Inciso 2º
modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo
104. Las providencias que decidan recursos se notificarán
personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días
siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al
correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación
electrónica.
Texto
anterior 2. Inciso 2º modificado
por la Ley
1943 de 2018, artículo 92. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Las providencias que decidan
recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez
(10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de
introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la
notificación electrónica.”.
Texto
original inciso 2. “Las
providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere
dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la
fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también
procede la notificación electrónica.”.
Inciso adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 135. El edicto de que
trata el inciso anterior se fijará en lugar público del despacho respectivo por
el término de diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva del
respectivo acto administrativo.
Parágrafo 1°.
La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia
tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una
copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Unico
Tributario - RUT. En estos eventos también procederá la notificación
electrónica. (Declarada exequible por las Sentencias C-624 de 2007 y C-655 de 2007, la expresión subrayada)
Ver Ley 1111 de 2006 que adiciona las formas de notificación personal
Cuando
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una dirección a la administración tributaria, la actuación
administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la
administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías
telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o
bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios
señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de
publicación en un periódico de circulación nacional.
Cuando
la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el
Registro Unico Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del
término previsto para la notificación del acto.
Parágrafo 2°. Modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 47. Cuando durante los procesos que se
adelanten ante la administración tributaria el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se
surtirá a la dirección de correo físico, o electrónico que dicho apoderado
tenga registrado en el Registro Único Tributario (RUT).
Texto
original parágrafo 2. “Cuando
durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de
apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado
tenga r egistrada (sic) en el Registro Unico Tributario, RUT.”.
Parágrafo 3°.
Las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios
informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
como certificadora digital cerrada serán gratuitos, en los términos de la Ley
527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias.
El edicto de que trata el
inciso anterior se fijará en lugar público del despacho respectivo por el
término de diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo
acto administrativo.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 104. Todos los actos administrativos de que trata el presente artículo,
incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán
notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico
en el Registro Único Tributario (RUT), con lo que se entiende haber manifestado
de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Para estos
efectos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá
implementar los mecanismos correspondientes en el Registro Único Tributario
(RUT) y habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda
incluir la dirección de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados,
caso en el cual se enviará una copia del acto a dicha dirección de correo
electrónico.
Texto original parágrafo 4º. Adicionado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 92. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “A
partir del 1º de julio de 2019, todos los actos administrativos de que trata el
presente artículo incluidos los que se profieran en el proceso de cobro
coactivo, se podrán notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante haya informado un correo electrónico
en el Registro Único Tributario (RUT), con lo que se entiende haber manifestado
de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Para estos
efectos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá
implementar los mecanismos correspondientes en el Registro Único Tributario
(RUT) y habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda
incluir la dirección de correo electrónico de su apoderado o sus apoderados,
caso en el cual se enviará una copia del acto a dicha dirección de correo
electrónico.”.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 104. Lo
dispuesto en este artículo aplica para la notificación de los actos
administrativos expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
(UGPP).
Texto original parágrafo 5º. Adicionado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 92. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Lo
dispuesto en este artículo aplica para la notificación de los actos
administrativos expedidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).”.
Ver Resolución
1263 de 2019, UGPP. Ver Concepto 15796 de 2016, DIAN.
Artículo
566.
Derogado
por la Ley 1111 de 2006, art 78. Reglamentado por el Decreto
1350 de 2002. Modificado
por la Ley 788 de 2002, art
5º. NOTIFICACIÓN POR CORREO. La notificación por correo se practicará mediante
entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el
contribuyente a la Administración.
La Administración podrá
notificar los actos administrativos de que trata el inciso primero del artículo
565 de este Estatuto, a través de cualquier servicio de correo, incluyendo el correo electrónico, en los términos que señale el
reglamento.
Articulo 566-1. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo
105. Notificación electrónica. Es la forma de notificación
que se surte de manera electrónica a través de la cual la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) pone en conocimiento de los administrados los actos
administrativos de que trata el artículo 565 del Estatuto Tributario, incluidos
los que se profieran en el proceso de cobro.
Una vez el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante informe la dirección electrónica a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los términos previstos en los
artículos 563 y 565 del Estatuto Tributario, todos los actos administrativos
proferidos con posterioridad a ese momento, independientemente de la etapa
administrativa en la que se encuentre el proceso, serán notificados a esa
dirección hasta que se informe de manera expresa el cambio de dirección.
La notificación electrónica se entenderá
surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envío del acto
administrativo en el correo electrónico autorizado; no obstante, los términos
legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su
apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr
transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico.
Cuando las personas indicadas
anteriormente no puedan acceder al contenido del acto administrativo por
razones tecnológicas, deberán informarlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) dentro de los tres (3) días siguientes a su entrega, para que
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) envíe nuevamente y por
una sola vez, el acto administrativo a través de correo electrónico; en todo
caso, la notificación del acto administrativo se entiende surtida por la
Administración en la fecha de envío del primer correo electrónico, sin
perjuicio de que los términos para el administrado comiencen a correr
transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto sea
efectivamente entregado.
Cuando no sea posible la notificación del
acto administrativo en forma electrónica, bien sea por imposibilidad técnica
atribuible a la Administración Tributaria o por causas atribuibles al
contribuyente, esta se surtirá de conformidad con lo establecido en los
artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario.
Cuando los actos administrativos enviados
por correo electrónico no puedan notificarse por causas atribuibles al
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado, en la
dirección electrónica autorizada, esta se surtirá de conformidad con lo
establecido en los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario. En este caso,
la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la fecha del primer
envío del acto administrativo al correo electrónico autorizado y para el
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado, el
término legal para responder o impugnar, empezará a contarse a partir de la
fecha en que el acto sea efectivamente notificado.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo
aplica para la notificación de los actos administrativos expedidos por la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Texto
anterior artículo 566-1. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 93. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Notificación
electrónica. Es la forma de notificación que se surte de manera
electrónica a través de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos de
que trata el artículo 565 del Estatuto Tributario, incluidos los que se
profieran en el proceso de cobro.
Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante
informe la dirección electrónica a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en los términos previstos en los artículos 563 y 565, todos
los actos administrativos proferidos con posterioridad a ese momento,
independientemente de la etapa administrativa en la que se encuentre el
proceso, serán notificados a esa dirección hasta que se informe de manera
expresa el cambio de dirección.
La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los
efectos legales, en la fecha del envío del acto administrativo en el correo
electrónico autorizado; no obstante, los términos legales para el
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para
responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos
cinco (5) días a partir del recibo del correo electrónico.
Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al
contenido del acto administrativo por razones tecnológicas, deberán informarlo
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dentro de los tres (3)
días siguientes a su recibo, para que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) envíe nuevamente y por una sola vez, el acto administrativo a
través de correo electrónico; en todo caso, la notificación del acto
administrativo se entiende surtida por la Administración en la fecha de envío
del primer correo electrónico, sin perjuicio de que los términos para el
administrado comiencen a correr transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha
en que el acto sea efectivamente recibido.
Cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en
forma electrónica, bien sea por imposibilidad técnica atribuible a la
Administración Tributaria o por causas atribuibles al contribuyente, esta se
surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 568 del
Estatuto Tributario.
Cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no
puedan notificarse por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente
retenedor, declarante o su apoderado, en la dirección electrónica autorizada,
esta se surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 568
del Estatuto Tributario. En este caso, la notificación se entenderá surtida
para efectos de los términos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), en la fecha del primer envío del acto administrativo al correo
electrónico autorizado y para el contribuyente, responsable, agente retenedor,
declarante o su apoderado, el término legal para responder o impugnar, empezará
a contarse a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente notificado.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo aplica para la
notificación de los actos administrativos expedidos por la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).”.
Texto original Artículo 566-1. Adicionado por la Ley 1111 de 2006, art
46. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Es la forma de notificación que se surte de
manera electrónica a través de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos
producidos por ese mismo medio.
La notificación aquí prevista
se realizará a la dirección electrónica
o sitio electrónico que asigne la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o
declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificación, con
las condiciones técnicas que establezca
el reglamento.
Para todos los efectos
legales, la notificación electrónica se entenderá surtida en el momento en que
se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dicho acuse consiste en el registro
electrónico de la fecha y hora en la que tenga lugar la recepción en la
dirección o sitio electrónico. La hora de la notificación electrónica será la
correspondiente a la hora oficial colombiana.
Para todos los efectos
legales los términos se computarán a partir del día hábil siguiente a aquel en
que quede notificado el acto de conformidad con la presente disposición.
Cuando la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales por razones técnicas no pueda efectuar la
notificación de las actuaciones a la dirección o sitio electrónico asignado al
interesado, podrá realizarla a través de las demás formas de notificación
previstas en este Estatuto, según el tipo de acto de que se trate.
Cuando el interesado en un
término no mayor a tres (3) días hábiles
contados desde la fecha del acuse de recibo electrónico, informe a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio electrónico, la imposibilidad de
acceder al contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo
mensaje, la administración previa evaluación del hecho, procederá a efectuar la
notificación a través de las demás formas de notificación previstas en este
Estatuto, según el tipo de acto de que se trate. En estos casos, la
notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la
Administración, en la fecha del primer acuse de recibo electrónico y para el
contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la fecha
en que se realice la notificación de manera efectiva.
El procedimiento previsto en
este artículo será aplicable a la notificación de los actos administrativos que
decidan recursos y a las actuaciones que en materia de Aduanas y de Control
de Cambios deban notificarse por correo o personalmente. (Declarada exequible por las Sentencias C-624 de 2007 y C-655 de 2007, la expresión subrayada)
El Gobierno Nacional señalará
la fecha a partir de la cual será aplicable esta forma de notificación.
Artículo 567.
CORRECCIÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCIÓN ERRADA. Cuando la liquidación de
impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la
posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error
en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta.
En
este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la
notificación hecha en debida forma.
La
misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y
otros comunicados.
Artículo 568.
Modificado por
el Decreto 19 de 2012,
art 58. Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos
enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados
mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo,
en el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número
identificación personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la
misma entidad. La notificación se entenderá surtida para efectos de los
términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo,
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará
desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la
corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución
se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT,
en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término
legal. (Declarado exequible por la Sentencia C-012 de
2013, el aparte subrayado en este artículo)
Texto anterior art 568. Modificado por la Ley
1111 de 2006, artículo 47. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Las
actuaciones de (sic) la administración enviadas por correo, que por cualquier
razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de
circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la
última dirección informada en el RUT; la notificación se entenderá surtida para
efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de
introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o
impugnar se contará desde el día hábil siguiente, a la publicación del aviso o
de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la
devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada
en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del
término legal.
Artículo 569.
NOTIFICACIÓN PERSONAL. La notificación personal se practicará por funcionario
de la Administración, en el domicilio del interesado, o en la oficina de
impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se
presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia
mediante citación.
El
funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del
interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación
de dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega.
Artículo 570.
CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificación de las providencias se
dejará constancia de los recursos que proceden contra el correspondiente acto
administrativo.
TITULO II
DEBERES Y OBLIGACIONES
FORMALES
CAPITULO I
NORMAS COMUNES.
Artículo 571.
OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los contribuyentes o responsables
directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en
la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, y a
falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio.
Artículo 572.
REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES. Deben cumplir los deberes
formales de sus representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas:
a)
Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el impuesto debe
liquidarse directamente a los menores;
b)
Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan;
c) Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 172. Los gerentes, administradores y en general los representantes
legales, por las personas jurídicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad
puede ser delegada en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en
cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la administración de Impuestos y
Aduanas correspondiente.
d)
Los albaceas con administración de bienes, por las sucesiones; a falta de
albaceas, los herederos con administración de bienes, y a falta de unos y
otros, el curador de la herencia yacente;
e)
Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran;
a falta de aquéllos, los comuneros que hayan tomado parte en la administración
de los bienes comunes;
f)
Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones
modales;
g)
Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las
personas declaradas en quiebra o en concurso de acreedores, y
h)
Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados especiales para fines
del impuesto y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en
el exterior, respecto de sus representados, en los casos en que sean apoderados
de éstos para presentar sus declaraciones de renta o de ventas y cumplir los
demás deberes tributarios.
i) Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 268. Representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas
receptoras de inversión extranjera, por las sociedades inversionistas.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 268. Para efectos del literal d), se presumirá que todo heredero que acepte
la herencia tiene la facultad de administración de bienes, sin necesidad de
disposición especial que lo autorice.
Cuando
no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los
herederos, de común acuerdo, podrán nombrar un representante de la sucesión mediante
documento autenticado ante notario o autoridad competente, en el cual
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el nombramiento es autorizado por
los herederos conocidos.
De
existir un único heredero, este deberá suscribir un documento debidamente
autenticado ante notario o autoridad competente a través del cual manifieste
que ostenta dicha condición.
Tratándose
de menores o incapaces, el documento mencionado se suscribirá por los
representantes o apoderados debidamente acreditados.
Artículo 572-1.
Inciso
modificado por la Ley 1819 de 2016,
art 269. Apoderados
generales y mandatarios especiales. Se
entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los
apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados.
Texto anterior inciso 1 Adicionado por la Ley 6 de
1992, artículo 66. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se
entiende que podrán suscribir y presentar las declaraciones tributarias los
apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. En este
caso se requiere poder otorgado mediante escritura pública.
Lo
dispuesto en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la firma del
revisor fiscal o contador, cuando exista la obligación de ella.
Los
apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente
responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses
que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del
contribuyente.
Inciso adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 269. Los poderes otorgados para actuar ante la administración tributaria
deberán cumplir con las formalidades y requisitos previstos en la legislación
colombiana.
Artículo 573.
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros
responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las
consecuencias que se deriven de su omisión.
CAPITULO II
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 574.
CLASES DE DECLARACIONES. Los contribuyentes, responsables y agentes de
retención en la fuente, deberán presentar las siguientes declaraciones
tributarias:
1. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 166. Declaración anual del impuesto sobre
la renta y complementarios, cuando de conformidad con las normas vigentes,
estén obligados a declarar o, declaración anual del monotributo cuando
opte por este régimen.
1.
Declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando de conformidad
con las normas vigentes, estén obligados a declarar.
2. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 28. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, para los
responsables de este impuesto que pertenezcan al régimen común.
3. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 28. Declaración mensual de retenciones en la fuente, para los agentes
retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto sobre
las ventas, y del impuesto de timbre nacional.
4. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 17. Declaración anual del Impuesto
Mínimo Alternativo Simple (IMAS).
4.
Declaración del impuesto de timbre, para los documentos y actos sometidos a
dicho impuesto. (Nota Leyex.info: Esta declaración de Timbre
fue reemplazada por la declaración de retención del impuesto de timbre, en los
términos del artículo 539-3 de éste Estatuto, incluido por el artículo 42 de la Ley 6 de 1992)
5º. Adicionado por la Ley
1739 de 2014, art 42. Declaración anual
de activos en el exterior
Inciso adicionado
por la Ley 488 de 1998,
art 78. Igualmente la administración podrá exigir una declaración resumen de
retenciones y del impuesto sobre las ventas.
Parágrafo 1º.
Modificado
Ley
223 de 1995, art 28. Sin perjuicio de lo dispuesto
en los numerales 2 y 3 del presente artículo, las entidades no contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios, deberán presentar una
declaración anual de ingresos y patrimonio, salvo que hayan sido expresamente
exceptuadas en el artículo 598.
Ver Decreto 4929 de 2009, arts. 29 y 30, Ley 1111 de 2006, arts. 78 y 260-8 del presente
Estatuto.
Artículo 574-1. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 106. Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios. Los contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad,
deberán diligenciar el formulario diseñado por la Administración Tributaria, el
cual deberá ser firmado por contador o revisor fiscal, en el que deberán
relacionar y detallar el renglón de otras deducciones del formulario de
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. La Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución el formulario
establecido en este artículo.
Texto original artículo 574-1. Adicionado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 94. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Anexo de otras deducciones a la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios. Los contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad,
deberán diligenciar el formulario diseñado por la Administración Tributaria, el
cual deberá ser firmado por contador o revisor fiscal, en el que deberán
relacionar y detallar el renglón de otras deducciones del formulario de
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución el
formulario establecido en este artículo.”.
Artículo 575.
LAS DECLARACIONES DEBEN COINCIDIR CON EL PERÍODO FISCAL. Las declaraciones
corresponderán al período o ejercicio gravable.
Artículo 576. Modificado por la Ley
1607 de 2012, art 101. Obligados a
declarar por contribuyentes sin residencia en el país. Deberán
presentar la declaración de los contribuyentes con residencia en el exterior:
1.
Las sucursales de sociedades extranjeras.
2.
Los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o de
personas jurídicas o entidades extranjeras, según el caso.
3.
A falta de sucursales o de establecimientos permanentes, las sociedades
subordinadas.
4.
A falta de sucursales, establecimientos permanentes o subordinadas, el agente
exclusivo de negocios.
5.
Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales. Si quienes
quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, serán responsables por los
impuestos que se dejaren de pagar.
Texto original art 576. OBLIGADOS A DECLARAR POR CONTRIBUYENTES SIN RESIDENCIA O DOMICILIO
EN EL PAÍS. Deberán presentar la declaración de los contribuyentes con
domicilio o residencia en el exterior:
1.
Las sucursales colombianas de empresas extranjeras.
2.
A falta de sucursal, las sociedades subordinadas.
3.
A falta de sucursales y subordinadas, el agente exclusivo de negocios.
4.
Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales.
Si
quienes quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, serán responsables
por los impuestos que se dejaren de pagar.
Ver Decreto 3026
de 2013.
Artículo 577.
APROXIMACIÓN DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los valores
diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias, deberán
aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.
Lo
dispuesto en este artículo, no será aplicable en materia del impuesto de
timbre, cuando el valor del impuesto correspondiente al respectivo documento o
acto sea inferior a mil pesos ($ 1.000), en cuyo caso, se liquidará y cancelará
en su totalidad. Esta cifra no se reajustará anualmente.
Artículo 578.
UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS. La declaración tributaria se presentará en los
formatos que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales. En
circunstancias excepcionales, el Director General de Impuestos Nacionales,
podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los
formularios oficiales.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
art 117. A partir del año 2001 la DIAN reajustará los precios de los
formularios para la declaración y pago de anticipos, retenciones e impuestos,
hasta dos (2) veces la tasa de inflación registrada en el año inmediatamente
anterior.
Ver Ley 962 de 2005, art 4
Artículo 579. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019, por el Decreto 2179 de 2018, por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por
el Decreto 1101 de 2019, por el Decreto 651 de 2019, por el Decreto 608 de 2019, por el Decreto 1951 de 2017, por el Decreto
1358 de 2011. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentación de las declaraciones
tributarias deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para
tal efecto señale el Gobierno Nacional. Así mismo el Gobierno podrá efectuar la
recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades
financieras.
Ver Circular Externa 26
de 2011 y Circular Externa No.
20 de 2010
Ver decreto 685 de 2014, Decreto 4907 de 2011, Decreto 920 de 2011, Ver Decreto 4836 de 2010, Ver Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006, 4716 de 2005 y 4714 de 2005, Decreto 2588 dde 1999,
relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de las
declaraciones tributarias.
Artículo 579-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 70. DOMICILIO FISCAL. Cuando se
establezca que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se
encuentra en lugar diferente del domicilio social, el Director de Impuestos
Nacionales podrá, mediante resolución motivada, fijar dicho lugar como
domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá
ser modificado por el
contribuyente, mientras se mantengan las razones que dieron origen a tal
determinación.
Contra
esta decisión procede únicamente el recurso de reposición dentro de los diez
días siguientes a su notificación.
Artículo 579-2. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018, por el Decreto
2926 de 2013. por el Decreto 1791 de 2007, por el Decreto 408 de 2001, derogado éste por el Decreto 1791 de 2007, artículo 11.Desarrollado por el Decreto 1951 de 2017. Inciso modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 136. Presentación electrónica de
declaraciones. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 579 de este Estatuto, el Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de
las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las
condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las
declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del
obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas.
Resolución 36 de 2019, Resolución 16 de 2019, Resolución 12 de 2019, Resolución 32
de 2018, Resolución 51 de 2016, Resolución 29
de 2016, Resolución 96 de 2015, Resolución 73 de 2015, Resolución
34 de 2015, DIAN, Circular
66 de 2008 del a DIAN.
Ver Decreto 685
de 2014, Decreto 4907 de 2011, Decreto 920
de 2011. Ver Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929
de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006, 4716 de 2005, 4714 de 2005 y Decreto 2588
de 1999, relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago
de las declaraciones tributarias.
Texto anterior inc. 1º. Reglamentado por el Decreto 1791
de 2007. Modificado por la Ley 633 de
2000, art 38. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 579, el Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes, responsables o
agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las
declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las
condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las
declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del
obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas.
Inciso modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 136. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad
de los servicios informáticos electrónicos o se presenten situaciones de fuerza
mayor que le impidan al contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo
fijado para declarar con la presentación de la declaración en forma virtual, no
se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de
este Estatuto, siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar
al día siguiente a aquel en que los servicios informáticos de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales se hayan restablecido o la situación de fuerza
mayor se haya superado. En este último evento, el declarante deberá remitir a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prueba de los hechos
constitutivos de la fuerza mayor.
Texto anterior inc. 2º. En el evento de presentarse
situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente presentar
oportunamente su declaración por el sistema electrónico, no se aplicará la
sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de este Estatuto,
siempre y cuando la declaración manual se presente a más tardar al día
siguiente del vencimiento del plazo para declarar y se demuestren los hechos
constitutivos de fuerza mayor.
Cuando
se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá
para su validez de la firma autógrafa del documento.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 48. Las universidades públicas colombianas proveerán los servicios de
páginas web integradoras desarrollados y administrados por las mismas, para
facilitar el pago electrónico de obligaciones exigibles por las Entidades
Públicas a los usuarios responsables de: Impuestos, tasas, contribuciones,
multas y todos los conceptos que puedan ser generadores de mora en el pago. El
servicio lo pagará el usuario.
Para
prestar estos servicios las universidades deben poseer certificación de calidad
internacional mínimo ISO 9001:2000 en desarrollo de software y que
adicionalmente tengan calificación de riesgo en solidez y estabilidad
financiera expedidas por certificadoras avaladas por la Superintendencia
Financiera con calificación igual o superior a A+.
Este
acceso deberá realizarse mediante
protocolo de comunicaciones desarrollado y publicado por el gobierno
nacional en período no superior a seis (6) meses que permita estandarizar la
transmisión de la información entre los entes generadores y las Universidades
Públicas. Las Entidades Públicas tendrán un término máximo de un (1) año para adoptar
e implementar el protocolo mencionado.
Ver Resolución 1336 de
2010 y Circular 66 de 2008 del a DIAN.
Ver Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006 y 4716 de 2005, relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de
las declaraciones tributarias
Artículo 580.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. DECLARACIONES QUE SE
TIENEN POR NO PRESENTADAS. No se entenderá cumplido el deber de presentar la
declaración tributaria, en los siguientes casos:
a) Declarado exequible
por la Sentencia
C-690 de 1996. Cuando la declaración no
se presente en los lugares señalados para tal efecto;
b) Declarado exequible
por la Sentencia
C-844 de 1999. Cuando no se suministre la
identificación del declarante, o se haga en forma equivocada;
c) Declarado exequible
por la Sentencia
C-844 de 1999. Cuando no contenga los
factores necesarios para identificar las bases gravables;
d) Declarado exequible
por la Sentencia
C-690 de 1996. Cuando no se presente firmada por
quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del
contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal;
e) Derogado por la Ley 1430 de 2010, artículo
67. Adicionado por la Ley 1066 de 2006, artículo
11. Cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
art 64. No se configurará la causal prevista en el literal e) del presente artículo,
cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte
de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor susceptible de
compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la
fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la
presentación de la declaración de retención en la fuente, por un valor igual o
superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.
El
agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado
en la declaración de retención, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.
Cuando
el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente
o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente
presentada sin pago se tendrá como no presentada.
Ver Circular 66 de 2008 de la DIAN y Circular 118 de 2005 (DIAN).
Sentencia del 22 de septiembre de 2004, Exp. 13632 del Consejo de Estado, Ley 633 de 2000, artículo 38 y artículo 877 del presente Estatuto.
Artículo 580-1.
Reglamentado
por el Decreto 702 de 2013.
Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 15. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas
sin pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin
pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare.
Inciso modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 270. Lo señalado en el inciso
anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se
presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo
a favor igual o superior a dos veces el valor de la retención a cargo,
susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de
retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes
de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor
igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.
Texto anterior inciso 2 Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará
cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte
de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior
a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a
pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto
el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la
declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a
pagar determinado en dicha declaración. (Declarado
exequible por la Sentencia C-883 de 2011, el aparte
subrayado en éste inciso)
El
agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado
en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes a la
presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.
Cuando
el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente
o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente
presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare.
Inciso 5º modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 101. La
declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total
antes del vencimiento del plazo para declarar producirá efectos legales,
siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a
más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha
del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la
liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo caso,
mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en
la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se
entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible
que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de
cobro coactivo, aún cuando en el sistema la declaración tenga una marca de
ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos establecidos en este
artículo.
Texto anterior del inciso 5º. Inciso 5º modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 89. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista
surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).
“La declaración de retención en la fuente que se haya
presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar,
producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se
efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes
contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo
anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya
lugar. En todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la
declaración de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración
inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación
clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado por la Administración
Tributaria en los procesos de cobro coactivo, aun cuando en el sistema la
declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los
presupuestos establecidos en este artículo.”.
Texto anterio Inciso modificado por la Ley 1819 de
2016, art 270. La declaración de retención en la fuente que se haya
presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar u
oportunamente, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la
retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2)
meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para
declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses
moratorios a que haya lugar.
Texto anterior Inciso adicionado por el Decreto 19
de 2012, art 57. La declaración de retención en la fuente que se haya
presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar,
producirá efectos legales, siempre y cuando el pago de la retención se efectúe
o se haya efectuado dentro del plazo fijado para ello en el ordenamiento
jurídico.
Inciso adicionado
por el Decreto 19 de 2012,
art 67. Las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que no se
presentaron ante las entidades autorizadas para recaudar, se tendrán como
presentadas siempre que haya ingresado a la administración tributaria un recibo
oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en
dichas declaraciones.
Inciso adicionado
por el Decreto 19 de 2012,
art 67. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para dar
cumplimiento a lo establecido por el presente artículo, verificará que el
número asignado a la declaración diligenciada virtualmente corresponda al
número de formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago.
Lo
anterior, sin perjuicio de la aplicación de los literales b) y c) y del artículo
580 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 271.
Lo dispuesto en
el inciso sexto del presente artículo aplicará únicamente para las declaraciones
del impuesto sobre la renta de personas naturales que hayan sido diligenciadas
virtualmente, correspondientes a los años gravables 2006 a 2015.
Texto anterior parágrafo 1. Inciso adicionado por
el Decreto 19 de 2012, art
67. Esta disposición se entiende para
las declaraciones virtuales diligenciadas por los años gravables 2006 a 2011.
Parágrafo 2. Inciso adicionado por
el Decreto 19 de 2012,
art 67. Los efectos del presente artículo
no son aplicables si el contribuyente, responsable o agente retenedor presentó
declaración por medio litográfico para el concepto y periodo gravable
correspondiente a la declaración diligenciada virtualmente no presentada en los
bancos. De igual forma, si los valores consignados en el recibo oficial de pago
fueron devueltos o compensados por solicitud del contribuyente o responsable.
Parágrafo
transitorio. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 1607 de
2012, art 137. Los agentes retenedores
que hasta el 31 de julio de 2013 presenten declaraciones de retención en la
fuente con pago en relación con períodos gravables anteriores al 30 de
noviembre de 2012, sobre los cuales se haya configurado la ineficacia de que
trata este artículo, no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad
ni los intereses de mora.
Los
valores consignados a partir de la vigencia de la Ley
1430 de 2010,
sobre las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, en virtud de lo
previsto en este artículo, se imputarán de manera automática y directa al
impuesto y período gravable de la declaración de retención en la fuente que se
considera ineficaz, siempre que el agente de retención, presente en debida
forma la respectiva declaración de retención en la fuente de conformidad con lo
previsto en el inciso anterior y pague la diferencia.
Lo
dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes retenedores
titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT
con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley
1430 de 2010, cuando el saldo a
favor haya sido modificado por la Administración Tributaria o por el
contribuyente o responsable.
Artículo 581.
EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización
e investigación que tiene la Administración de Impuestos para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables
o agentes retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la
Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios
para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento
de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma
del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias,
certifica los siguientes hechos:
1.
Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las
normas vigentes sobre la materia.
2.
Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera
de la empresa.
3.
Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones
que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de
retenciones.
Artículo 582.
DECLARACIONES QUE NO REQUIEREN FIRMA DE CONTADOR. Las declaraciones tributarias
que deban presentar la Nación, los Departamentos, intendencias, comisarías,
municipios y el Distrito Especial de Bogotá, no requerirán de la firma de
contador público o revisor fiscal.
Nota Leyex.info: las Intendencias fueron transformadas a Departamentos
y Bogotá a Distrito Capital.
RESERVA DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS.
Artículo 583.
Declarado
exequible por la Sentencia C-981 de 2005.
RESERVA DE LA DECLARACIÓN. La información tributaria respecto de las bases
gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las
declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por
consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuesto Nacionales
sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y
administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de
estadística.
En
los procesos penales, podrá suministrarse copia de las declaraciones,
cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia
respectiva. (Declarada exequible condicionalmente por la Sentencia C-489 de 1995, la expresión subrayada)
Los
bancos y demás entidades que en virtud de la autorización para recaudar los
impuestos y recibir las declaraciones tributarias, de competencia de la
Dirección General de Impuestos Nacionales, conozcan las informaciones y demás
datos de carácter tributario de las declaraciones, deberán guardar la más
absoluta reserva con relación a ellos y sólo podrán utilizar para los fines del
procesamiento de la información, que demanden los reportes del recaudo y
recepción, exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.
Parágrafo.
Adicionado
Ley
488 de 1998, art 89. Para fines de control al
lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá
remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de
activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de
carácter tributario, aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos
y/o en sus bases de datos.
Artículo 584.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-981 de 2005. EXAMEN DE LA DECLARACIÓN CON
AUTORIZACIÓN DEL DECLARANTE. Las declaraciones podrán ser examinadas cuando se
encuentren en las oficinas de impuestos, por cualquier persona autorizada para
el efecto, mediante escrito presentado personalmente por el contribuyente ante
un funcionario administrativo o judicial.
Artículo 585.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia
C-981 de 2005. PARA LOS EFECTOS DE LOS IMPUESTOS
NACIONALES, DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN.
Para los efectos de liquidación y control de impuestos nacionales, Departamentales
o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los
contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda Departamentales
y Municipales.
Para
ese efecto, los municipios también podrán solicitar a la Dirección General de
Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los
impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir como
prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de industria
y comercio.
A su
turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá solicitar a los
Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia del impuesto de
industria y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente,
para la liquidación y cobro de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas.
Artículo 586.
GARANTÍA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE
INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Cuando se contrate para la Dirección General de
Impuestos Nacionales, los servicios de entidades privadas para el procesamiento
de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por sistemas
electrónicos, podrá suministrarles informaciones globales sobre la renta y el
patrimonio bruto de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas,
exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para
la correcta determinación matemática de los impuestos, y para fines
estadísticos.
Las
entidades privadas con las cuales se contraten los servicios a que se refiere
el inciso anterior, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que
se les suministren, y en los contratos respectivos se incluirá una caución
suficiente que garantice tal obligación.
Artículo 587.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia
C-981 de 2005. INFORMACIÓN SOBRE BASES
PARA APORTES PARAFISCALES. La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá
levantar la reserva de las declaraciones de impuestos sobre la renta y
complementarios, únicamente en relación con los pagos laborales objeto del aporte,
para efectuar cruces de información con el Instituto de Seguros Sociales,
I.S.S., el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, I.C.B.F., el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, y las respectivas cajas de compensación
familiar, así como sus asociaciones o federaciones, tendientes a verificar el
cumplimiento del pago de los aportes a dichas entidades a petición de
cualesquiera de estos organismos.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78, Decreto 1750 de 2003 y Decreto 2117 de 1992
Artículo 587-1.
Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 25. Suministro de información con fines estadísticos. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá, previa solicitud, suministrar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE– para propósitos estrictamente
estadísticos y en particular para desarrollar encuestas económicas y para
análisis empresariales como demografía de empresas, información tributaria
globalizada o desagregada por sectores.
El
uso de esta información estará sometida a la más estricta reserva.
Para
efectos del control y verificación del cumplimiento de requisitos establecidos,
de conformidad con la Constitución y la ley, en los procesos de contratación
administrativa que adelante el Instituto Nacional de Concesiones “INCO” o quien
haga sus veces, por cuantía superior a cuarenta y un mil (41.000) UVT, podrá
solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información de
los contribuyentes, responsables y demás sujetos obligados, que tengan la
calidad de proponentes, que repose en las declaraciones tributarias y en los
sistemas de información y registro de la entidad. El Instituto Nacional de
Concesiones “INCO” sólo podrá utilizar la información suministrada para los
fines mencionados, guardando respecto de dicha información la más absoluta
reserva.
CORRECCIÓN DE LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
Articulo 588. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019, por el Decreto 2442 de 2018. Inciso 1º modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 107. CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO O
DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario, los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones
tributarias dentro de los tres (3) años siguientes al vencimiento del plazo
para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o
pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y
se liquide la correspondiente sanción por corrección.
Texto original inciso 1 “CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL
IMPUESTO O DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 709 y 713, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores,
podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes
al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado
requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración
tributaria que se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por
corrección.”.
Toda
declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como una
corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según
el caso.
Inciso adicionado
por la Ley 49 de 1990,
art 46. Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la
rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio o de
apreciación entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la
declaración objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la
sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir,
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las
razones en que se fundamenta.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 63. La corrección prevista en
este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a
favor. En este caso no será necesario liquidar sanción por corrección.
Parágrafo 1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 65. En los casos previstos en
el presente artículo, el contribuyente, retenedor o responsable podrá corregir
válidamente, sus declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el
término previsto en este artículo, cuando se realice en el término de respuesta
al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 173. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d)
del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se
haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el
procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción
equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 641 de Estatuto
Tributario, sin que exceda de 10 millones pesos. Ver modificaciones en la Ley 863 de 2003, art 39 y
Circular 118 de 2005 de la DIAN.
Ver Sentencia C-506 de 2002,
Circular 118 de 2005 de la DIAN.
Reajustes:
Ver Decreto 2243 de 2015. Ver Decreto 2972
de 2013. Decreto 2634
de 2012. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre
valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre
valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre
valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre
valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre
valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre
valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661
de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794
de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257
de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804
de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344
de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715
de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de
2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850
de 2009 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Ley 1943 de
2018, artículo 101, Ley 1819 de 2016,
artículo 306, Oficio 31370 de 2015.
Ver Oficio 22565 de 2015, DIAN, Ley 1607 de
2012, artículo 148.
Artículo 589. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 274. Correcciones que disminuyan el
valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones
tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se
deberá presentar la respectiva declaración por el medio al cual se encuentra
obligado el contribuyente, dentro del año siguiente al vencimiento del término
para presentar la declaración.
La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no
impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la
corrección.
Parágrafo. El
procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a las
correcciones que impliquen incrementos en los anticipos del impuesto para ser
aplicados a las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la
corrección del anticipo se derive de una corrección que incrementa el impuesto
por el correspondiente ejercicio.
Parágrafo transitorio. El presente artículo entrará en vigencia una vez la Administración
Tributaria realice los ajustes informáticos necesarios y lo informe así en su
página web, plazo que no podrá exceder un (1) año contado a partir del 1° de
enero de 2017.
Texto anterior art 589. Modificado por la Ley 223 de 1995, art
161. CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR.
Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o
aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de
impuestos y aduanas correspondiente, dentro del año siguiente al vencimiento del
término para presentar la declaración. (Nota
Leyex.info: El término de un año fue establecido por la Ley 383 de 1997, art 8)
La administración debe
practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia
dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración
inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no
impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la
corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según
el caso.
Inciso declarado exequible condicionalmente por la Sentencia C-005 de 1998.
Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto
de una sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor
saldo a favor, la que será aplicada en el mismo acto mediante el cual se
produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanción se
disminuirá a la mitad, en el caso de que con ocasión del recurso
correspondiente sea aceptada y pagada.
La oportunidad para presentar
la solicitud se contará desde la fecha de la presentación, cuando se trate de
una declaración de corrección.
Parágrafo. El procedimiento previsto en el
presente artículo, se aplicará igualmente a las correcciones que impliquen
incrementos en los anticipos del impuesto, para ser aplicados a las
declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo que la corrección del
anticipo se derive de una corrección que incrementa el impuesto por el
correspondiente ejercicio.
Artículo
589-1.
Derogado
por la Ley 223 de 1995, art 285. Adicionado por la Ley 49 de 1990, art
48. CORRECCIÓN DE ALGUNOS ERRORES QUE IMPLICAN TENER LA DECLARACIÓN POR NO
PRESENTADA. Habrá lugar a subsanar las inconsistencias a que se refieren los
literales a), b) y d) del artículo 580, siempre y cuando no se haya notificado
sanción por no declarar, y el contribuyente presente a la Administración de
Impuestos Nacionales correspondiente, un proyecto de declaración donde tales
inconsistencias se corrijan.
En el proyecto de
declaración el contribuyente deberá liquidar una sanción equivalente al diez
por ciento (10%) de la sanción de que trata el artículo 641, sin que exceda de
cinco millones de pesos ($5.000.000), y acompañar prueba del pago o acuerdo de
pago de la misma.
Si dentro de los seis (6)
meses siguientes a la presentación del referido proyecto, la Administración de
Impuestos no se pronuncia sobre su aceptación, se entenderá que con el mismo se
ha cumplido con la obligación de declarar.
El término para ejercer la
facultad de revisión se contará a partir del pronunciamiento de la
Administración o una vez cumplidos los seis meses mencionados en el inciso
anterior, según, sea el caso.
Artículo 590.
CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACIÓN. Habrá lugar a corregir la
declaración tributaria con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al
requerimiento especial o a su ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
709.
Igualmente,
habrá lugar a efectuar la corrección de la declaración dentro del término para
interponer el recurso de reconsideración, en las circunstancias previstas en el
artículo 713.
Parágrafo. Modificado
por el Decreto 2106 de 2019, artículo 48. En esta oportunidad procesal el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante podrá decidir pagar
total o parcialmente las glosas planteadas en el pliego de cargos,
requerimiento especial o liquidación de revisión, según el caso, para lo cual
deberá liquidar y pagar intereses por cada día de retardo en el pago, con la
fórmula de interés simple, a la tasa de interés bancario corriente certificado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos
de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales, causados hasta la
presentación de la correspondiente liquidación privada, para evitar la
aplicación de los intereses moratorios y obtener la reducción de la sanción por
inexactitud conforme lo autorizan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.
El interés bancario corriente de que
trata este parágrafo será liquidado en proporción con los hechos aceptados. Lo
anterior sin perjuicio de la posibilidad que tiene el contribuyente de seguir
discutiendo los asuntos de fondo, los cuales, en el evento de ser fallados en
su contra, serán liquidados conforme lo prevén los artículos 634 y 635 de este
Estatuto, sin reimputar los pagos realizados con anterioridad conforme a este
artículo.
En relación con las actuaciones de que
trata este artículo, en el caso de acuerdo de pago, a partir de la suscripción
del mismo, los intereses se liquidarán en la forma indicada en este parágrafo,
con la tasa interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo
y ordinario certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más dos
(2) puntos porcentuales, para la fecha de expedición del acto administrativo
que concede el plazo.
Para liquidar los intereses moratorios
de que trata este parágrafo, o el artículo 635 del Estatuto Tributario, el
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o la Administración
Tributaria según sea el caso, aplicará la siguiente fórmula de interés simple,
así:
(K x T x t).
Donde:
K: valor insoluto de la obligación
T: factor de la tasa de interés
(corresponde a la tasa de interés establecida en el parágrafo del artículo 590,
o artículo 635 del Estatuto Tributario, según corresponda dividida en 365, o
366 días según el caso).
t: número de días calendario de mora
desde la fecha en que se debió realizar el pago.
Texto original parágrafo. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 95. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “En esta oportunidad procesal, el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante podrá decidir pagar total o parcialmente las glosas
planteadas en el pliego de cargos, requerimiento especial o liquidación de
revisión, según el caso, liquidando el interés bancario corriente, certificado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos
de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales, con la correspondiente
liquidación privada, para evitar la aplicación de los intereses moratorios y
obtener la reducción de la sanción por inexactitud conforme lo autorizan los
artículos 709 y 713.
El interés bancario corriente de que trata este parágrafo será
liquidado en proporción con los hechos aceptados. Lo anterior sin perjuicio de
la posibilidad que tiene el contribuyente de seguir discutiendo los asuntos de
fondo.
En relación
con las actuaciones de que trata este artículo, en el caso de acuerdo de pago,
a partir de la suscripción del mismo, se liquidarán los intereses corrientes,
certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad
de créditos de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales, en lugar
de los intereses moratorias establecidos en el artículo 634.”.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 108. El parágrafo anterior aplicará para los procedimientos adelantados
por la DIAN que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la Ley
1943 de 2018 y, respecto de los procedimientos que se adelanten con
posterioridad a la entrada en vigencia de la misma.
Texto original parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 95. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta
ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “El parágrafo
anterior aplicará para los procedimientos adelantados por la DIAN que se
encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley y, respecto
de los procedimientos que se adelanten con posterioridad a la entrada en
vigencia de la misma.”.
DECLARACIÓN DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS.
Artículo 591.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. QUIÉNES DEBEN
PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. Están obligados a presentar
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable
de 1987 y siguientes, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con
excepción de los enumerados en el artículo siguiente.
Ver Decreto 3026 de 2013. Ver Ley 1111 de
2006, artículo 78.
Artículo 592.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. QUIÉNES NO ESTÁN
OBLIGADOS A DECLARAR. No están obligados a presentar declaración de renta y
complementarios:
1. Modificado
por la Ley 788 de 2002,
art 75. Los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no
sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período
gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a veintitrés millones
ochocientos mil pesos ($23.800.000) y que el patrimonio bruto en el último día
del año o período gravable no exceda de ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.000). (Valor año base 2003) Ver Ley 863 de 2003 art 20
2.
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras, sin residencia o domicilio en
el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la
retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, inclusive, y
dicha retención en la fuente así como la retención por remesas cuando fuere del
caso, les hubiere sido practicada.
3.
Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria.
4. Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 29. Los contribuyentes señalados en el artículo 414-1 de este
Estatuto. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-251 de 1999, las expresiones subrayadas). Ver Ley 863 de 2003, artículo 20, inciso segundo
5. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 167. Las personas naturales que
pertenezcan al monotributo.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78, Circular Externa 26
de 2011, Circular Externa No.
20 de 2010 y Ley 863 de 2003
Ver Reajustes: Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495 de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301 de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2008 sobre valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Decreto 3026 de 2013. Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 593.
ASALARIADOS NO OBLIGADOS A DECLARAR. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral 1° del artículo anterior, no presentarán declaración del impuesto sobre
la renta y complementarios, los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por
lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación
laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el respectivo
año gravable se cumplan los siguientes requisitos adicionales:
1. Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 76. Que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable
no exceda de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000). (Valor año base
2003). Ver
Ley 863 de 2003, art 20
2.
Que no sean responsables del impuesto sobre las ventas.
3. Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 76. Que el asalariado no haya obtenido durante el respectivo año
gravable ingresos totales superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000)
(Valor año base 2003). Ver Ley
863 de 2003, art 20
Parágrafo 1.
El asalariado deberá conservar en su poder los certificados de retención en la
fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando la
Administración de Impuestos Nacionales así lo requiera.
Parágrafo 2.
Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se
refiere el inciso 1° y el numeral 3° del presente artículo, no deben incluirse
los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de
loterías, rifas, apuestas o similares.
Parágrafo 3.
Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos originados en la
relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden incorporadas las
pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78, Circular Externa 26
de 2011, Circular Externa No.
20 de 2010 y Ley 863 de 2003 arts. 20 y 22
Artículo 594.
EL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES REEMPLAZA LA DECLARACIÓN PARA LOS
ASALARIADOS NO DECLARANTES. Para los asalariados no declarantes, el certificado
de ingresos y retenciones, con el cumplimiento de los requisitos señalados en
las normas legales, reemplaza para todos los efectos, la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo
594-1. Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Modificado por la Ley 1607 de
2012, art 18. Trabajadores independientes no obligados a declarar.
Sin perjuicio de lo
establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a presentar declaración
de renta y complementarios, los contribuyentes personas naturales y sucesiones
ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ventas, cuyos ingresos
brutos se encuentren debidamente facturados y de los mismos un ochenta por
ciento (80%) o más se originen en honorarios, comisiones y servicios, sobre los
cuales se hubiere practicado retención en la fuente; siempre y cuando, los
ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean superiores a mil
cuatrocientos (1.400) UVT y su patrimonio bruto en el último día del año o
periodo gravable no exceda de (4.500) UVT.
Los
trabajadores que hayan obtenido ingresos como asalariados y como trabajadores
independientes deberán sumar los ingresos correspondientes a los dos conceptos
para establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual están obligados
a presentar declaración del impuesto sobre la renta.
Texto anterior art 594-1. Modificado por la Ley 788 de
2002, art 77. TRABAJADORES INDEPENDIENTES NO OBLIGADOS A DECLARAR. Sin
perjuicio de lo establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, los contribuyentes personas
naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las
ventas, cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados y de los
mismos un ochenta por ciento (80%) o más se originen en honorarios, comisiones
y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado retención en la fuente;
siempre y cuando, los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no
sean superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) y su patrimonio bruto
en el último día del año o período gravable no exceda de ciento cincuenta
millones de pesos ($150.000.000) (Valor año base 2003).
Inciso adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
21. Los trabajadores que hayan obtenido ingresos como asalariados y como
trabajadores independientes deberán sumar los ingresos correspondientes a los
dos conceptos para establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual
están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta. Ver Circular Externa 26 de 2011 y Circular Externa No. 20 de 2010 y Ley 863 de 2003, art 20
Artículo 594-2.
Inciso declarado
exequible por las Sentencias C-251
de 1999 y C-643 de 2002.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 30. DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS NO OBLIGADOS. Las
declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no
producirán efecto legal alguno.
Artículo 594-3.
Modificado por el la Ley 1819 de 2016,
art 19. Otros requisitos para no obligados a presentar declaración del impuesto
sobre la renta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 592, para no estar
obligado a presentar declaración de renta y complementarios se tendrán en
cuenta los siguientes requisitos:
a)
Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no excedan
de la suma de 1.400 UVT;
b) Que el total de compras y consumos durante
el año gravable no superen la suma de 1.400 UVT;
c)
Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o
inversiones financieras, durante el año gravable no exceda de 1.400 UVT.
Artículo 594-3. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
22. OTROS REQUISITOS PARA NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 592, 593 y 594-1
del Estatuto Tributario, para no estar obligado a presentar declaración de
renta y complementarios se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
a) Que los consumos mediante
tarjeta de crédito durante el año gravable no excedan de la suma de cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) (Valor año base 2004);
b) Que el total de compras y
consumos durante el año gravable no superen la suma de cincuenta millones de
pesos ($50.000.000) (Valor año base 2004);
c) Que el valor total
acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras,
durante el año gravable no exceda de ochenta millones de pesos ($80.000.000)
(valor año base 2004). Ver Circular Externa 26 de 2011 y Circular Externa No. 20 de 2010
Artículo 595.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. PERÍODO FISCAL CUANDO
HAY LIQUIDACIÓN EN EL AÑO. En los casos de liquidación durante el ejercicio, el
año concluye en las siguientes fechas:
A)
Sucesiones ilíquidas: en la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la
partición o adjudicación; o en la fecha en que se extienda la escritura
pública, si se optó por el procedimiento a que se refiere el Decreto
extraordinario 902 de 1988.
B)
Personas jurídicas: en la fecha en que se efectúe la aprobación de la
respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la vigilancia del
Estado.
C)
Personas jurídicas no sometidas a la vigilancia estatal, sociedades de hecho y
comunidades organizadas: en la fecha en que finalizó la liquidación de
conformidad con el último asiento de cierre de la contabilidad; cuando no estén
obligados a llevarla, en aquélla en que terminan las operaciones, según
documento de fecha cierta.
Artículo 596.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por la Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible por
la Sentencia
C-645 de 2002. CONTENIDO DE LA
DECLARACIÓN DE RENTA. La declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios deberá presentarse en el formulario que para tal efecto señale
la Dirección General de Impuestos Nacionales. Esta declaración deberá contener:
1.
El formulario que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos
Nacionales debidamente diligenciado.
2.
La información necesaria para la identificación y ubicación del
contribuyente. Ver Concepto 82229 de 2005 de la DIAN, respecto a la expresión subrayada
3.
Las discriminación de los factores necesarios para determinar las bases
gravables del impuesto sobre la renta y complementarios.
4.
La liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios, incluidos
el anticipo y las sanciones, cuando fuere del caso. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayas en este numeral)
5. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 19. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar, o
la identificación en el caso de las personas naturales, a través de los medios
que establezca el Gobierno Nacional.
Texto original numeral 5. La firma de quien cumpla el deber formal de
declarar.
6.
La firma del Revisor Fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a
llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y
demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.
Los
demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios firmada
por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el
patrimonio bruto en el último día del año o período gravable, o los ingresos
brutos del respectivo año, sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000).
(Valor año base 1987).
Cuando
se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en
la declaración de renta el nombre completo y número de matrícula del contador
público o revisor fiscal que firma la declaración.
Reajustes: Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813
de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806
de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020
de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores
año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre
valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009 sobre
valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Resolución
16 de 2019. Ver Resolución 19
de 2017. Ver Resolución 13
de 2017. Ver Resolución 29 de 2016. Ver Concepto
16180 de 2016, DIAN.
Artículo 597.
LA DECLARACIÓN DE RENTA PODRÁ FIRMARSE CON SALVEDADES. El revisor fiscal o
contador público que encuentre hechos irregulares en la contabilidad, podrá
firmar la declaración de renta y complementarios pero en tal evento deberá
consignar en el espacio destinado para su firma en el formulario de declaración
la frase "con salvedades", así como su firma y demás datos
solicitados, y hacer entrega al representante legal o contribuyente de una
constancia en la cual se detallen los hechos que no han sido certificados y la
explicación completa de las razones por las cuales no se certificaron. Dicha
constancia deberá ponerse a disposición de la Administración Tributaria, cuando
ésta lo exija.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78
DECLARACIÓN ANUAL DE
INGRESOS Y PATRIMONIO.
Artículo 598. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 2150 de 2017. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 598. Entidades
no obligadas a presentar declaración. Están obligadas a presentar declaración
de ingresos y patrimonio todas las entidades no contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, con excepción de las siguientes:
1. La Nación, los Departamentos, los Municipios y el resto de entidades
territoriales.
2. La propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70
de 1993.
3. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
4. Las Áreas Metropolitanas.
5. Las Superintendencias.
6. Las Unidades Administrativas Especiales.
7. La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema
federado.
8. Los Resguardos y Cabildos Indígenas, ni la propiedad colectiva de las
comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993.
9. Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de
familia; las juntas de acción comunal; las juntas de defensa civil; las juntas
de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad
horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales; las asociaciones de
exalumnos; las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este y las
asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Texto anterior art 598. ENTIDADES OBLIGADAS A
PRESENTAR DECLARACIÓN. Por los años gravables 1987 y siguientes, están
obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, todas las entidades
no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, con excepción
de las siguientes:
a) La Nación, los Departamentos,
las Intendencias y Comisarías, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá;
b) Las juntas de acción
comunal y defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia,
y las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en
propiedad horizontal.
c) Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
24. Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este y las asociaciones de
adultos mayores autorizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78 y Circular 118 de
2005 que interpreta el art 46 de la Ley 962 de 2005
Artículo 599.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible en
la Sentencia
C-645 de 2002. CONTENIDO DE LA
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO. La declaración de ingresos y patrimonio deberá
contener:
1.
El formulario, que al efecto señale la Dirección General de Impuestos
Nacionales, debidamente diligenciado.
2.
La información necesaria para la identificación y ubicación de la
entidad no contribuyente. Ver Concepto 82229
de 2005 de la DIAN, en relación con la expresión subrayada
3.
La discriminación de los factores necesarios para determinar el valor de los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
4. Declarado exequible
por la Sentencia
C-506 de 2002. La liquidación de las
sanciones cuando fuere del caso.
5.
La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.
6.
La firma del Revisor Fiscal, cuando se trate de entidades obligadas a llevar
libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás
normas vigentes sobre la materia, estén obligadas a tener Revisor Fiscal.
Las
demás entidades obligadas a llevar libros de contabilidad, deberán presentar la
declaración de ingresos y patrimonio firmada por contador público, vinculado o
no laboralmente a la entidad, cuando el patrimonio bruto en el último día del
año o período gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean
superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000). (Valor año base 1987).
Cuando
se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en
la declaración de ingresos y patrimonio, el nombre completo y número de
matricula del contador público o revisor fiscal que firma la declaración.
Reajustes: Ver Decreto 2972 de 2013. Ver Decreto 2813 de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065 de 1992 sobre
valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable
1994; Decreto 2806 de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324 de 1995 sobre
valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable
1997; Decreto 3020 de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649 de 1998 sobre
valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794
de 2001 sobre valores año gravable
2002; Decreto 3257 de 2002 sobre valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344
de 2004 sobre valores año gravable
2005; Decreto 4715 de 2005 sobre valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850
de 2009 sobre valores años gravables
2008 y 2009.
Ver Resolución 16 de 2019, Resolución 19 de 2017, Resolución 13 de 2017, Resolución 29 de 2016, DIAN.
DECLARACIÓN DE VENTAS.
Artículo 600. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 196. Periodo
gravable del impuesto sobre las ventas. El período gravable del impuesto sobre
las ventas será así:
1. Declaración
y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos
a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa
y dos mil (92.000) UVT y para los responsables de que tratan los artículos 477
y 481 de este Estatuto. Los períodos bimestrales son: enero-febrero;
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y
noviembre-diciembre.
2. Declaración
y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, personas
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable
anterior sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos
cuatrimestrales serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-diciembre.
Parágrafo. En el caso de liquidación o
terminación de actividades durante el ejercicio, el período gravable se contará
desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 de este
Estatuto.
Cuando se
inicien actividades durante el ejercicio, el período gravable será el
comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de
finalización del respectivo período de acuerdo al numeral primero del presente
artículo.
En caso de que
el contribuyente, de un año a otro, cambie de periodo gravable, deberá informar
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Gobierno nacional.
Texto anterior art 600. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
61. Periodo
gravable del impuesto sobre las ventas. El período gravable del
impuesto sobre las ventas será así:
1.
Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos
a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa
y dos mil (92.000) UVT y para los responsables de que tratan los artículos 477
y 481 de este Estatuto. Los períodos bimestrales son: enero-febrero;
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y
noviembre-diciembre.
2.
Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto,
personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año
gravable anterior sean iguales o superiores a quince mil (15.000) UVT pero
inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales serán
enero – abril; mayo – agosto; y septiembre – diciembre.
3.
Declaración anual para aquellos responsables personas jurídicas y naturales
cuyos ingresos brutos generados a 31 de diciembre del año gravable anterior
sean inferiores a quince mil (15.000) UVT. El periodo será equivalente al año
gravable enero – diciembre. Los responsables aquí mencionados deberán hacer
pagos cuatrimestrales sin declaración, a modo de anticipo del impuesto sobre
las ventas, los montos de dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en
cuenta el valor del IVA total pagado a 31 de diciembre del año gravable
anterior y dividiendo dicho monto así:
a)
Un primer pago equivalente al 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre
del año anterior, que se cancelará en el mes de mayo.
b)
Un segundo pago equivalente al 30% del total de los IVA pagado a 31 de
diciembre del año anterior, que se cancelará en el mes de septiembre.
c)
Un último pago que corresponderá al saldo por impuesto sobre las ventas
efectivamente generado en el periodo gravable y que deberá pagarse al tiempo
con la declaración de IVA.
Parágrafo. En el caso de
liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el período
gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo
595 de este Estatuto.
Cuando se inicien actividades durante
el ejercicio, el período gravable será el comprendido entre la fecha de
iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo período de
acuerdo al numeral primero del presente artículo.
En caso de que el contribuyente de un
año a otro cambie de periodo gravable de que trata este artículo, deberá
informarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.
Texto anterior art 600. Modificado por la Ley 223 de
1995, art 31. PERÍODO FISCAL EN VENTAS. El período fiscal del impuesto
sobre las ventas será bimestral. Los períodos bimestrales son: enero-febrero;
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y
noviembre-diciembre.
Parágrafo. En el caso de liquidación o
terminación de actividades durante el ejercicio, el período fiscal se contará
desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595.
Cuando se inicien actividades
durante el ejercicio, el período fiscal será el comprendido entre la fecha de
iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo período.
Artículo 601. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 62. Quiénes deben presentar declaración de
impuesto sobre las ventas. Deberán presentar declaración y pago
del impuesto sobre las ventas, según lo dispuesto en el artículo 600 de este
Estatuto, los responsables de este impuesto, incluidos los exportadores.
No están obligados a presentar declaración
de impuesto sobre las ventas, los contribuyentes que pertenezcan al Régimen
Simplificado.
Tampoco estarán obligados a presentar la
declaración del impuesto sobre las ventas los responsables del régimen común en
los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto
ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones
en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 de este Estatuto.
Parágrafo transitorio. Los responsables obligados a
presentar declaración bimestral del impuestos sobre las ventas que no hayan
cumplido la obligación de presentar las declaraciones del impuesto sobre las
ventas en ceros (0) en los meses en los cuales no realizaron operaciones sometidas
al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o
deducciones en los términos de los artículos 484 y 486 de este Estatuto, desde
que tengan la obligación, podrán presentar en esas declaraciones dentro de los
seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta Ley sin liquidar sanción por
extemporaneidad.
Texto anterior art 601. Modificado por la Ley 223 de
1995, art 32. QUIÉNES DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN DE VENTAS. Deberán
presentar declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, según el caso,
los responsables de este impuesto, incluidos los exportadores.
No están obligados a
presentar declaración de impuesto sobre las ventas, los responsables que
pertenezcan al Régimen Simplificado.
Iniciso adicionado por la Ley 1430 de 2010, art
22. Tampoco estarán obligados a presentar la declaración bimestral del impuesto
sobre las ventas los responsables del régimen común en los períodos en los
cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que
den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo
dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario.
Parágrafo transitorio. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, art
22. Los responsables obligados a presentar declaración bimestral del impuesto
sobre las ventas que no hayan cumplido la obligación de presentar las
declaraciones del impuesto sobre las ventas en ceros (0) en los meses en los
cuales no realizaron operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den
lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de los artículos
484 y 486 de este Estatuto desde que tenían la obligación, podrán presentar
esas declaraciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de
esta Ley sin liquidar sanción por extemporaneidad.
Artículo 602.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. CONTENIDO DE LA
DECLARACIÓN BIMESTRAL DE VENTAS. La declaración bimestral deberá contener:
1.
El formulario, que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos
Nacionales, debidamente diligenciado.
2.
La información necesaria para la identificación y ubicación del responsable.
Ver Concepto
82229 de 2005 de la DIAN, en relación con la expresión subrayada
3.
La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases
gravables del impuesto sobre las ventas.
4.
La liquidación privada del impuesto sobre las ventas, incluidas las
sanciones cuando fuere del caso. (Declaradas exequibles por la
Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
5. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 172. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
6.
La firma del Revisor Fiscal cuando se trate de responsables obligados a llevar
libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás
normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.
Los
demás responsables obligados a llevar libros de contabilidad, deberán presentar
la declaración del impuesto sobre las ventas firmada por contador público,
vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del
responsable en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos
brutos de dicho año, sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000),
(Valor año base 1987), o cuando la declaración del impuesto sobre las ventas
presente un saldo a favor del responsable.
Para
los efectos del presente numeral, deberá informarse en la declaración del
impuesto sobre las ventas el nombre completo y número de matrícula del contador
público o Revisor Fiscal que firma la declaración.
Parágrafo.
Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 197. Lo previsto en este artículo aplicará también para la declaración
cuatrimestral del impuesto sobre las ventas.
Reajustes: Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813
de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806
de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020
de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores
año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre
valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009 sobre
valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Resolución
12 de 2019, Resolución 19
de 2017, Resolución 13 de 2017, DIAN.
Artículo 603.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 1951 de 2017. Modificado por la Ley
223 de 1995, artículo 33. OBLIGACIÓN DE DECLARAR Y
PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO. El valor del impuesto sobre las
ventas retenido, deberá declararse y pagarse dentro de los plazos que señale el
Gobierno Nacional, utilizando para tal efecto el mismo formulario que prescriba
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para declarar las retenciones en
la fuente de los impuestos de renta y timbre.
Ver Decreto 4907 de 2011, Decreto 920 de 2011, Decreto 4836 de 2010, Decreto 4929 de 2009 y los Decretos 4680 de 2008, 1915 de 2008, 4818 de 2007, 4583 de 2006, 4716 de 2005, 4714 de 2005 y Decreto 2588 de 1999,
relacionados con lugares y plazos para la presentación y pago de las
declaraciones tributarias.
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN
LA FUENTE.
Artículo 604.
PERIODO FISCAL. El período fiscal de las retenciones en la fuente será mensual.
En
el caso de liquidación o terminación de actividades, el período fiscal se
contará desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595.
Cuando
se inicien actividades durante el mes, el período fiscal será el comprendido
entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del
respectivo período.
Artículo 605.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. QUIÉNES DEBEN
PRESENTAR DECLARACIÓN. A partir del mes de enero de 1988, inclusive, los
agentes de retención en la fuente deberán presentar por cada mes, una
declaración de las retenciones en la fuente que de conformidad con las normas
vigentes debieron efectuar durante el respectivo mes, la cual se presentará en
el formulario que para tal efecto (sic) señale la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Ver Resolución 16 de 2019, Resolución 12 de 2019, DIAN.
Artículo 606.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. CONTENIDO DE LA
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN. La declaración de retención en la fuente deberá
contener:
1.
El formulario debidamente diligenciado.
2.
La información necesaria para la identificación y ubicación del agente
retenedor. Ver Concepto 82229 de 2005 de la DIAN, en
relación con la expresión subrayada
3.
La discriminación de los valores que debieron retener por los diferentes
conceptos sometidos a retención en la fuente durante el respectivo mes, y la
liquidación de las sanciones cuando fuere del caso. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
4.
La firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar.
Cuando el declarante sea la Nación, los Departamentos, Intendencias,
Comisarías, Municipios y el Distrito Especial de Bogotá, podrá ser firmada por
el pagador respectivo o por quien haga sus veces. Ver artículos 309
y 322 de la Constitución Política de 1991
5.
La firma del Revisor Fiscal cuando se trate de agentes retenedores obligados a
llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y
demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.
Los
demás agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad deberán
presentar la declaración mensual de retenciones firmada por contador público,
vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el patrimonio bruto del agente
retenedor en el último día del año inmediatamente anterior a los ingresos
brutos de dicho año, sean superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000).
(Valor año base 1987).
Cuando
se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en
la declaración de retenciones el nombre completo y número de matrícula del
contador público o Revisor Fiscal que firma la declaración.
Parágrafo 1°
Cuando el agente retenedor tenga sucursales o agencias, deberá presentar la
declaración mensual de retenciones en forma consolidada.
Cuando
se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas industriales
y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se podrá
presentar una declaración por cada oficina retenedora.
Parágrafo 2°
Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 20. La presentación de la declaración de que trata este artículo no
será obligatoria en los periodos en los cuales no se hayan realizado
operaciones sujetas a retención en la fuente.
Parágrafo 3°
Los Notarios deberán incluir en su declaración mensual de retenciones, las
recaudadas por la enajenación de activos fijos, realizadas ante ellos durante
el respectivo mes.
Parágrafo 4°
Las personas naturales que enajenen activos fijos no estarán obligadas a
presentar declaración de retenciones por tal concepto; en este caso, bastará
con que la persona natural consigne los valores retenidos.
Parágrafo transitorio.
Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 20. Los agentes de retención que no hayan cumplido con la obligación
de presentar las declaraciones de retención en la fuente en ceros en los meses
que no realizaron pagos sujetos a retención, desde julio de 2006, podrán
presentar esas declaraciones dentro de los seis meses siguientes a la vigencia
de esta ley sin liquidar sanción por extemporaneidad.
Parágrafo
transitorio. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 63. Los
agentes de retención que no hayan cumplido con la obligación de presentar las
declaraciones de retención en la fuente en ceros en los meses que no realizaron
pagos sujetos a retención, desde julio de 2006 podrán presentar esas
declaraciones dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta Ley,
sin liquidar sanción por extemporaneidad.
Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813
de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806
de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020
de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores
año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre
valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009 sobre
valores años gravables 2008 y 2009.
Ver Resolución 12 de 2019. Ver Resolución 29 de 2016,
DIAN.
DECLARACIÓN DE TIMBRE.
Artículo 607. Reglamentado por
el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 1951 de 2017. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 43. Contenido de la declaración anual de activos en el
exterior. A partir del año
gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios, sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de fuente
nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que
posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados a
presentar la declaración anual de activos en el exterior cuyo contenido será el
siguiente:
1. El formulario que para el efecto
ordene la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debidamente
diligenciado.
2. La información necesaria para la
identificación del contribuyente.
3. La discriminación, el valor
patrimonial, la jurisdicción donde estén localizados, la naturaleza y el tipo
de todos los activos poseídos a 1º de enero de cada año cuyo valor patrimonial
sea superior a 3580 UVT.
4. Los activos poseídos a 1° de enero
de cada año que no cumplan con el límite señalado en el numeral anterior,
deberán declararse de manera agregada de acuerdo con la jurisdicción donde
estén localizados, por su valor patrimonial.
5. La firma de quien cumpla el deber
formal de declarar.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 109. La obligación de presentar
declaración de activos en el exterior solamente será aplicable cuando el valor
patrimonial de los activos del exterior poseídos a 1° de enero de cada año sea
superior a dos mil (2.000) UVT.
Resolución 96 de 2015. Ver Oficio 34404 de 2015. Ver Concepto
27751 de 2015. Ver Oficio 25475
de 2015, DIAN.
Texto anterior art 607. Derogado por la Ley 6ª de 1992, artículo 140. QUIÉNES
DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN. A partir del 1º de febrero de 1988, las personas o
entidades que realicen actuaciones sometidas al impuesto de timbre, deberán
presentar una declaración por los documentos y actos sometidos a dicho
gravamen. La obligación de presentar la declaración recae sobre las personas o
entidades, que de conformidad con las normas vigentes, sean contribuyentes de
dicho impuesto, o agentes de retención del mismo, según el caso. La
presentación de la declaración por una cualquiera de las partes libera a las
demás de esta obligación.
Artículo
608.
Derogado
por la Ley 6ª de 1992, artículo 140. ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE TIMBRE. No se requiere la presentación de la declaración del
impuesto de timbre, en relación con el impuesto que se cause sobre:
1. Los cheques que deban
pagarse en Colombia, a que se refiere el literal a) del artículo 521.
2. La salida al exterior de
nacionales y extranjeros residentes en el país.
3. Los pasaportes ordinarios
que se expidan en el país, los pasaportes ordinarios que se expidan en el
exterior por agentes diplomáticos o consulares colombianos y los documentos de
viaje que se expidan a favor de extranjeros, así como sus revalidaciones, de
que tratan los numerales 2° y 3° del artículo 523 y 1º del artículo 525.
4. Los certificados de paz y
salvo que expidan las entidades de Derecho Público por impuestos o
contribuciones de que trata el numeral 4° del artículo 523.
5. Los documentos y actos
gravados cuyo pago se efectúe en el exterior.
6. Las visas de que trata el
artículo 524 y las tarjetas de turismo y tránsito.
7. Los vehículos automotores
de que trata el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 2ª de 1976 y 50 de la Ley 14 de
1983.
Parágrafo. Tampoco se requerirá presentar
declaración del impuesto de timbre sobre los documentos o actuaciones exentas,
ni cuando todas las partes que intervengan en el documento o acto se encuentren
exentas de dicho impuesto.
Artículo
609.
Derogado
por la Ley 6ª de 1992, artículo
140. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE TIMBRE. La
declaración del impuesto de timbre deberá contener:
1. El formulario, que para
el efecto señale la Dirección General de Impuestos Nacionales, debidamente
diligenciado.
2. La descripción del
documento o acto sometido al impuesto, con indicación de su fecha y cuantía.
3. La identificación de las
personas o entidades que intervienen en el documento o acto.
4. La liquidación privada
del impuesto de timbre, incluidas las sanciones e intereses, cuando fuere del
caso.
5. La constancia del pago de
la totalidad del impuesto, sus sanciones e intereses.
6. La firma de quien
presenta la declaración del impuesto de timbre.
Artículo
610.
Derogado
por la Ley 6ª de 1992, artículo
140. CASOS EN QUE LA DECLARACIÓN PUEDE CONTENER MÁS DE
UNA ACTUACIÓN GRAVADA. En el caso de títulos valores, garantías y cartas de
crédito sometidos al impuesto de timbre, emitidos, girados o aceptados por
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o a favor de éstas, se
podrá presentar una declaración por cada oficina o sucursal, relativa a los
impuestos de timbre causados durante el mes inmediatamente anterior.
En este caso, la entidad
deberá conservar la relación de los actos o documentos comprendidos en la
respectiva declaración. La prueba del pago del impuesto de timbre será el
testimonio que de este hecho haga la entidad vigilada en el respectivo
documento.
Artículo 611.
CASOS EN QUE INTERVIENEN LAS MISMAS PARTES. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso anterior, una misma declaración podrá contener más de un acto o
documento sometido al impuesto, cuando quienes intervengan en ellos sean las
mismas partes.
Ver Ley 6 de 1992
CAPITULO III
OTROS DEBERES FORMALES DE
LOS SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS.
Artículo 612.
Modificado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 50. DEBER DE INFORMAR LA DIRECCIÓN. Los obligados a declarar
informarán su dirección y actividad económica en las declaraciones tributarias.
Cuando
existiere cambio de dirección, el término para informarla será de tres (3)
meses contados a partir del mismo, para lo cual se deberán utilizar los
formatos especialmente diseñados para tal efecto por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Lo
anterior se entiende sin perjuicio de la dirección para notificaciones a que
hace referencia el artículo 563.
Artículo 613.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VENDEDORES. Los responsables del
impuesto sobre las ventas, deberán inscribirse de conformidad con lo señalado
en el artículo 507.
Quienes
se acojan al régimen simplificado deberán informarlo según lo señalado en el artículo
508.
Ver Decreto 2788 de 2004, artículo 11, Ley 863 de 2003, artículo 19 y artículo 555-2 del presente Estatuto.
Artículo 614.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los responsables del impuesto
sobre las ventas que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades
sujetas a dicho impuesto, deberán informar tal hecho, dentro de los treinta
(30) días siguientes al mismo.
Recibida
la información, la Administración de Impuestos procederá a cancelar la
inscripción en el Registro Nacional de Vendedores, previa las verificaciones a
que haya lugar.
Mientras
el responsable no informe el cese de actividades, estará obligado a presentar
la declaración del impuesto sobre las ventas.
Artículo 615.
Reglamentado
por el Decreto
1165 de 1996. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
FACTURA. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la
calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios
inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o
ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de
la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su
calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Para
quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el
tiquete expedido por ésta.
Parágrafo 1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 64. La boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica
constituye el documento equivalente a la factura.
Parágrafo 2º.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 34. Quienes tengan la calidad de agentes de retención del impuesto
sobre las ventas, deberán expedir un certificado bimestral que cumpla los
requisitos de que trata el artículo 381 del Estatuto Tributario. A solicitud
del beneficiario del pago, el agente de retención expedirá un certificado por
cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones
del certificado bimestral.
En
los demás aspectos se aplicarán las previsiones de los parágrafos 1º.y 2º del artículo
381 del Estatuto Tributario.
Ver Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008, Circular 96 de 2008 de la DIAN y Decreto 522 de 2003, artículos 4 y 23.
Artículo 615-1. Desarrollado por
el Decreto
1123 de 2018. Adicionado por la Ley 223 de 1995,
art. 35. Obligaciones del agente retenedor en el impuesto sobre las ventas.
Cuando el agente de retención en el Impuesto sobre las Ventas adquiera bienes o
servicios gravados, deberá liquidar y retener el impuesto aplicando la tarifa
de retención correspondiente, que en ningún caso podrá ser superior al 50% del
impuesto liquidado, y expedir el certificado a que se refiere el parágrafo 2º
del artículo 615 del Estatuto Tributario.
Inciso modificado
por la Ley 383 de 1997,
art. 32. Las entidades señaladas como agentes de retención del impuesto sobre
las ventas, en el numeral 1 del artículo 437-2, deberán discriminar el valor
del impuesto sobre las ventas retenido en el documento que ordene el
reconocimiento del pago. Este documento reemplaza el certificado de retención
del impuesto sobre las ventas.
Artículo 616.
Modificado
Ley
223 de 1995, artículo 36. LIBRO FISCAL DE REGISTRO
DE OPERACIONES. Quienes comercialicen bienes o presten servicios gravados
perteneciendo al régimen simplificado, deberán llevar el libro fiscal de
registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual se identifique
el contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten diariamente en forma
global o discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes
deberán, con base en las facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el
valor pagado en la adquisición de bienes y servicios, así como los ingresos
obtenidos en desarrollo de su actividad.
Este
libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no
presentación del mismo al momento que lo requiera la administración, o la
constatación del atraso, dará lugar a la aplicación de las sanciones y
procedimientos contemplados en el artículo 652, pudiéndose establecer tales
hechos mediante el método señalado en el artículo 653.
Artículo 616-1. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 308. Factura o documento equivalente.
La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que
se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las
ventas a consumidores finales.
Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos
equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se
consideran para todos los efectos como una factura de venta.
Los documentos equivalentes a la factura de venta, corresponderán a
aquellos que señale el Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario
deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta.
La factura electrónica solo
se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente.
Sin perjuicio de lo
anterior, cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura
electrónica, por razones tecnológicas atribuibles a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar
está facultado para entregar al adquirente la factura electrónica sin
validación previa. En estos casos, la factura se entenderá expedida con la
entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48
horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los
problemas tecnológicos.
En todos los casos, la
responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y la
entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado a facturar.
Los proveedores autorizados
deberán transmitir a la Administración Tributaria las facturas electrónicas que
validen.
La validación de las facturas
electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las amplias facultades de
fiscalización y control de la Administración Tributaria.
Texto anterior parágrafo 1°. Modificado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Todas las
facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas
previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) o por un proveedor autorizado por esta.
La factura electrónica sólo se
entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente.
Sin perjuicio de lo anterior,
cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica,
por razones tecnológicas atribuibles a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar está
facultado para entregar al adquirente la factura electrónica sin validación
previa. En estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al
adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48
horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los
problemas tecnológicos.
En todos los casos, la
responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y la
entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado a facturar.
Los proveedores autorizados
deberán transmitir a la Administración Tributaria las facturas electrónicas que
validen.
La validación de las facturas
electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las amplias facultades de
fiscalización y control de la Administración Tributaria.”.
Texto anterior del
parágrafo 1 “Todas las facturas
electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a
su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por un
proveedor autorizado por esta.
La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea
validada y entregada al adquirente.
En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura
electrónica para su validación y la entrega al adquirente una vez validada,
corresponde al obligado a facturar.
Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración
Tributaria, las facturas electrónicas que validen; cuando las facturas
electrónicas sean validadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
las mismas se entenderán transmitidas.
La validación de las facturas electrónicas de que trata este
parágrafo no excluye las amplias facultades de fiscalización y control de la
Administración Tributaria.”.
Parágrafo 2°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá
reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los
requisitos del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada
sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como
señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir
factura de venta o documento equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) podrá establecer las condiciones, los términos y los
mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación,
expedición, entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento
equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las
especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la información
que el mismo contenga y genere y la interacción de los sistemas de facturación
con los inventarios, los sistemas de pago, el impuesto sobre las ventas (IVA),
el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente que se haya
practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria que
legalmente sea exigida.
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) deberá adecuar su estructura, para garantizar la
administración y control de la factura electrónica, así como para definir las
competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el
funcionamiento de la misma.
Texto anterior parágrafo 2º. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá
reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los
requisitos del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada
sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como
señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir
factura de venta o documento equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) podrá establecer las condiciones, los términos y los
mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación,
expedición, entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento
equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las
especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la información
que el mismo contenga y genere y la interacción de los sistemas de facturación
con los inventarios, los sistemas de pago, el Impuesto sobre las Ventas (IVA),
el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente que se haya
practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria que
legalmente sea exigida.
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) deberá adecuar su estructura, para garantizar la
administración y control de la factura electrónica, así como para definir las
competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el
funcionamiento de la misma.”.
Texto anterior parágrafo
2 “El Gobierno nacional podrá reglamentar la
factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos del artículo
617 de este estatuto que deban aplicarse para cada sistema de facturación, o
adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el sistema de
facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o
documento equivalente. La Administración Tributaria podrá establecer las
condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la
generación, numeración, validación, expedición, entrega al adquirente y la
transmisión de la factura o documento equivalente, así como la información a
suministrar relacionada con las especificaciones técnicas y el acceso al
software que se implemente, la información que el mismo contenga y genere y la
interacción de los sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas de
pago, el IVA, el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente que se
haya practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria
que legalmente sea exigida.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adecuar su
estructura, para garantizar la administración y control de la factura
electrónica, así como para definir las competencias y funciones en el nivel
central y seccional, para el funcionamiento de la misma.”.
Parágrafo 3°. El Gobierno nacional podrá reglamentar los procedimientos,
condiciones y requisitos para la habilitación de los proveedores autorizados
para validar y transmitir factura.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. Los documentos equivalentes generados por máquinas
registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el
impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la
renta y complementarios para el adquiriente. No obstante, los adquirientes
podrán solicitar al obligado a facturar, factura de venta, cuando en virtud de
su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables,
costos y deducciones.
Texto inicial parágrafo 4º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los
documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no
otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en
el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante,
los adquirientes podrán solicitar al obligado a facturar, factura de venta,
cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar
impuestos descontables,
costos y deducciones.”.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. La plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas
consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y
permitirá su consulta y trazabilidad.
Las entidades autorizadas
para realizar actividades de factoraje tendrán que desarrollar y adaptar sus
sistemas tecnológicos a aquellos de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
El Gobierno nacional
reglamentará la circulación de las facturas electrónicas.
Texto original parágrafo 5º. Adicionado por la Ley 1943 de
2018, artículo 16. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La
plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas
consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y
permitirá su consulta y trazabilidad.
Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje
tendrán que desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Gobierno nacional reglamentará la circulación de las facturas
electrónicas.”.
Parágrafo 6°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. El sistema de facturación electrónica es aplicable a las
operaciones de compra y venta de bienes y de servicios. Este sistema también es
aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina, las
exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del
impuesto sobre las ventas (IVA).
Texto original parágrafo 6º. Adicionado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “El sistema de
facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de
bienes y de servicios. Este sistema también es aplicable a otras operaciones
tales como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a
favor de no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).”.
Parágrafo transitorio 1°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. Los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el
presente artículo, serán reglamentados por el Gobierno nacional; entre tanto
aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia
de la presente ley. Las facturas expedidas de conformidad con los artículos
1.6.1.4.1.1 al 1.6.1.4.1.21. del Decreto 1625 de 2016 mantienen su
condición de documentos equivalentes. A partir del 1° de enero de 2020, se
requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y
costos o gastos deducibles, de conformidad con la siguiente tabla:
Año |
Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica |
2020 |
30% |
2021 |
20% |
2022 |
10% |
Texto
anterior parágrafo transitorio 1. Modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Los
requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo,
serán reglamentados por el Gobierno nacional; entre tanto aplicarán las
disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la
presente ley. Las facturas expedidas de conformidad con los artículos 1.6.1.4.
1.1 al 1.6.1.4.1.21. del Decreto 1625 de 2016 mantienen su condición
de documentos equivalentes. A partir del 1° de enero de 2020, se requerirá
factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos
deducibles, de conformidad con la siguiente tabla:
Año |
Porcentaje
máximo que podrá soportarse sin factura electrónica |
2020 |
30% |
2021 |
20% |
2022 |
10% |
Texto anterior
parágrafo transitorio 1 “Los requisitos, condiciones y
procedimientos establecidos en el presente artículo, serán reglamentados por el
Gobierno nacional; entre tanto aplicarán las disposiciones que regulan la
materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley.”.
Parágrafo
transitorio 2°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar
que deben iniciar la implementación de la factura electrónica durante el año
2020, así como los requisitos técnicos de la factura electrónica para su
aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de
nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de
factoraje, entre otras.
Texto anterior del parágrafo transitorio 2. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 16. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar
que deben iniciar la implementación de la factura electrónica durante el año
2019, así como los requisitos técnicos de la factura electrónica para su
aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de
nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de
factoraje, entre otras.
Texto original parágrafo transitorio 2. “Los
contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo
deberán expedir factura electrónica a partir del 1° de enero de 2019 en los
términos que establezca el reglamento. Durante las vigencias fiscales del 2017
y 2018 los contribuyentes obligados por las autoridades tributarias para
expedir factura electrónica serán seleccionados bajo un criterio sectorial
conforme al alto riesgo de evasión identificado en el mismo y del menor
esfuerzo para su implementación.”.
Parágrafo transitorio 3°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 18. Desde el primero de enero de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020,
quienes estando obligados a expedir factura electrónica incumplan con dicha
obligación, no serán sujeto de las sanciones correspondientes previstas en el
Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
1. Expedir factura y/o
documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, por los métodos
tradicionales diferentes al electrónico.
2. Demostrar que la razón
por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a: i) impedimento
tecnológico; o ii) por razones de inconveniencia comercial justificada.
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer los requisitos para que las
anteriores condiciones se entiendan cumplidas.
Texto original parágrafo transitorio 3º. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 16. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Desde el primero
de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, quienes estando obligados a
expedir factura electrónica incumplan con dicha obligación, no serán sujeto de
las sanciones correspondientes previstas en el Estatuto Tributario, siempre y
cuando cumplan con las siguientes condiciones:
1. Expedir
factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, por los métodos
tradicionales diferentes al electrónico.
2. Demostrar
que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a: i)
impedimento tecnológico; o ii) por razones de inconveniencia comercial justificada.
La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer los requisitos para
que las anteriores condiciones se entiendan cumplidas.”.
Ver Resolución
30 de 2019. Ver Resolución 1
de 2019, DIAN.
Texto inicial del artículo
616-1. Adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo 37. “FACTURA
O DOCUMENTO EQUIVALENTE. La factura de venta o documento
equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes,
importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.
Son documentos equivalentes a
la factura de venta: el tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a
espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el
Gobierno Nacional.
Dentro de los seis meses
siguientes a la vigencia de esta Ley el Gobierno Nacional reglamentara la
utilización de la factura electrónica.”.
Ver Oficio
12572 de 2016. Ver Oficio 36311 de 2015. Ver Resolución
7856 de 2011. Ver Resolución 14465 de 2007 de la DIAN.
Ver Ley
962 de 2005, artículo 26.
Ver Decreto
522 de 2003, artículo 4º.
Articulo
reglamentado por el Decreto 4910 de 2011, por el Decreto 1929 de
2007, por el Decreto 1001 de 1997, por el Decreto 1165 de 1996 y
por el Decreto 1094 de 1996.
Artículo 616-2. Reglamentado por
el Decreto 1001
de 1997 y por el Decreto
1165 de 1996. Adicionado por la Ley 223 de 1995,
artículo 38. CASOS EN LOS CUALES NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE FACTURA. No se
requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por bancos,
corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de
financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las ventas
efectuadas por los responsables del régimen simplificado, y cuando se trate de la enajenación de bienes producto de la
actividad agrícola o ganadera por parte de personas naturales, cuando la
cuantía de esta operación sea inferior a dos millones de pesos ($2.000.000
valor año base 1995), y en los demás casos que señale el Gobierno
Nacional. (El aparte
resaltado fue derogado por la Ley
788 de 2002, art 118)
Ver Ley 1328 de 2009, Decreto 522 de 2003, art 3° y Ley 546 de 1999 art 5°.
Artículo 616-3.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 39. Las empresas que elaboren facturas sin el cumplimiento de los
requisitos previstos en las normas o cuando se presten para expedir facturas
con numeración repetida para un mismo contribuyente o responsable, serán
sancionadas con la clausura por un día del establecimiento o sitio donde
ejerzan la actividad.
Una
vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente dentro de
los 2 años siguientes en cualquiera de los hechos sancionables con esta medida,
la sanción a aplicar será la clausura por diez (10) días calendario y una multa
equivalente a la establecida en la forma prevista en el artículo 655.
Cuando
el lugar clausurado fuera adicionalmente casa de habitación, se permitirá el
acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse
operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad u oficio, por el tiempo
que dura la sanción y en todo caso, se impondrán los sellos correspondientes.
La
sanción a que se refiere el presente artículo, se impondrá mediante resolución,
previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un
término de diez (10) días para responder. Contra esta providencia procede el
recurso previsto en el artículo 735 del Estatuto Tributario
La
sanción se hará efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al agotamiento
de la vía gubernativa.
Artículo 616-4. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 19. Proveedores tecnológicos, obligaciones e infracciones. Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para
generar, entregar y/o transmitir la factura electrónica que cumpla con las
condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional. La Administración
Tributaria, mediante resolución motivada, habilitará como proveedor tecnológico
a quienes cumplan las condiciones y requisitos que sean establecidos.
Son obligaciones e infracciones de los
proveedores tecnológicos las siguientes:
1. Los proveedores tecnológicos, deberán
cumplir las siguientes obligaciones:
a) Generar y entregar facturas
electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos.
b) Transmitir para validación a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado
por ésta, las facturas electrónicas generadas, atendiendo los términos,
requisitos y características exigidos.
c) Cumplir las condiciones y niveles de
servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
d) Garantizar y atender las disposiciones
jurídicas relacionadas con la confidencialidad, integridad y reserva de la
información.
e) Mantener, durante la vigencia de la
habilitación, las condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor
tecnológico.
f) Abstenerse de utilizar maniobras
fraudulentas o engañosas en las operaciones que realice, relacionadas con la
factura electrónica que resulten en operaciones inexistentes, inexactas,
simuladas, ficticias y cualquier otra figura que pueda utilizarse como
instrumento de evasión, elusión o aminoración de la carga tributaria.
g) Prestar a sus clientes el soporte
técnico y funcional relacionado con la implementación y expedición de la
factura electrónica de manera oportuna y adecuada, conforme con las condiciones
y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
h) Garantizar la disponibilidad de los
servicios de infraestructura tecnológica que soportan la operación como
proveedor tecnológico.
i) Garantizar la fácil interoperabilidad
con otros proveedores tecnológicos y obligados a facturar electrónicamente, de
acuerdo con lo señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
2. Los proveedores tecnológicos,
incurrirán en infracción tributaria cuando realicen cualquiera de las
siguientes conductas:
a) No trasmitir a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las facturas generadas y entregadas, ya
sean propias o de sus clientes.
b) Generar y entregar facturas
electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos
técnicos e informáticos exigidos.
c) Incumplir las condiciones y niveles de
servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
d) Transmitir para validación a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o a un proveedor autorizado
por ésta las facturas electrónicas generadas sin el cumplimiento de los
términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáticos exigidos.
e) Violar las disposiciones jurídicas
relacionadas con la confidencialidad y reserva de la información.
f) Haber obtenido la habilitación como
proveedor tecnológico, mediante la utilización de medios y soportes
fraudulentos.
g) No mantener durante la vigencia de la
habilitación alguna de las condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor
tecnológico.
h) Utilizar maniobras fraudulentas o
engañosas en la generación, entrega y/o transmisión de la factura electrónica,
que resulten en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias, las
cuales sirvan como instrumento de evasión y aminoración de la carga tributaria.
i) No prestar a sus clientes el soporte
técnico y funcional relacionado con la implementación y expedición de la
factura electrónica de manera oportuna y adecuada, conforme con las condiciones
y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
j) No garantizar la fácil
interoperabilidad con otros proveedores tecnológicos y obligados a facturar
electrónicamente, de acuerdo con lo señalado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
Texto anterior artículo 616-4. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 17. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “Proveedores tecnológicos, obligaciones e
infracciones. Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada
para generar, entregar y/o transmitir la factura electrónica que cumpla con las
condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional. La Administración
Tributaria, mediante resolución motivada, habilitará como proveedor tecnológico
a quienes cumplan las condiciones y requisitos que sean establecidos.
Son obligaciones e infracciones de los proveedores tecnológicos las
siguientes:
1. Los proveedores tecnológicos, deberán cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Generar y entregar facturas electrónicas atendiendo los términos,
requisitos y características exigidos.
b) Transmitir para validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado por esta, las facturas
electrónicas generadas, atendiendo los términos, requisitos y características
exigidos.
c) Cumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto
señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
d) Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con
la confidencialidad, integridad y reserva de la información.
e) Mantener, durante la vigencia de la habilitación, las condiciones
y requisitos exigidos para ser proveedor tecnológico.
f) Abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en las
operaciones que realice, relacionadas con la factura electrónica que resulten
en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias y cualquier otra
figura que pueda utilizarse como instrumento de evasión, elusión o aminoración
de la carga tributaria.
g) Prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado
con la implementación y expedición de la factura electrónica de manera oportuna
y adecuada, conforme con las condiciones y niveles de servicio que para el
efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
h) Garantizar la disponibilidad de los servicios de infraestructura
tecnológica que soportan la operación como proveedor tecnológico.
i) Garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores
tecnológicos y obligados a facturar electrónicamente, de acuerdo con lo
señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2. Los proveedores tecnológicos, incurrirán en infracción tributaria
cuando realicen cualquiera de las siguientes conductas:
a) No trasmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) las facturas generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes.
b) Generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de
los términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáticos exigidos.
c) Incumplir las condiciones y niveles de servicio que para el
efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
d) Transmitir para validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), o a un proveedor autorizado por esta las facturas electrónicas
generadas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos
e informáticos exigidos.
e) Violar las disposiciones jurídicas relacionadas con la
confidencialidad y reserva de la información.
f) Haber
obtenido la habilitación como proveedor tecnológico, mediante la utilización de
medios y soportes fraudulentos.
g) No mantener durante la vigencia de la habilitación alguna de las
condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor autorizado.
h) Utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en la generación,
entrega y/o transmisión de la factura electrónica, que resulten en operaciones
inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias, las cuales sirvan como
instrumento de evasión y aminoración de la carga tributaria.
i) No prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional
relacionado con la implementación y expedición de la factura electrónica de
manera oportuna y adecuada, conforme con las condiciones y niveles de servicio
que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
j) No garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores
tecnológicos y obligados a facturar electrónicamente, de acuerdo con lo
señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).”.
Texto anterior Artículo 616-4. Adicionado por la Ley 1819 de
2016, art 309. Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones.
Será proveedor autorizado la persona jurídica habilitada para validar y
transmitir la factura electrónica que cumpla con las condiciones y requisitos
que señale el Gobierno nacional. La Administración Tributaria, mediante
resolución motivada, habilitará como proveedor autorizado a quienes cumplan las
condiciones y requisitos que sean establecidos.
Son obligaciones e
infracciones de los proveedores autorizados las siguientes:
1. Los proveedores
autorizados, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Validar las facturas
electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos;
b) Transmitir a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales las facturas electrónicas validadas
atendiendo los términos, requisitos y características exigidos;
c) Garantizar y atender las
disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la
información;
d) Mantener durante la
vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos para ser
proveedor autorizado;
e) Abstenerse, de utilizar
maniobras fraudulentas o engañosas en las operaciones que realice, relacionadas
con la factura electrónica, que resulten en operaciones inexistentes,
inexactas, simuladas, ficticias, y cualquier otra figura que pueda utilizarse
como instrumento de evasión, elusión o aminoración de la carga tributaria.
2. Los proveedores
autorizados, incurrirán en infracción tributaria cuando realicen cualquiera de
las siguientes conductas:
a) No validar las facturas
electrónicas que cumplan con los requisitos exigidos;
b) Validar las facturas
electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos
técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento;
c) No transmitir las facturas
electrónicas que haya validado;
d) Transmitir las facturas
electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos
técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento;
e) Violar las disposiciones
jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la información;
f) Haber obtenido la
habilitación como proveedor autorizado, mediante la utilización de medios
fraudulentos;
g) No mantener durante la
vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos para ser
proveedor autorizado;
h) Utilizar maniobras
fraudulentas o engañosas en la validación o transmisión de la factura electrónica,
que resulten en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias, las
cuales sirvan como instrumento de evasión y aminoración de la carga tributaria.
Artículo 617.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
art 40. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. Para efectos tributarios, la
expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el
original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
a)
Estar denominada expresamente como factura de venta;
b)
Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;
c) Modificado
por la Ley 788 de 2002,
art 64. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d)
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de
facturas de venta;
e)
Fecha de su expedición;
f)
Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios
prestados.
g)
Valor total de la operación;
h)
El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura;
i)
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
j) Adicionado
por el Decreto
129 de 2010, art 5º. Tratándose de trabajadores
independientes o contratistas, se deberá expresar que se han efectuado los
aportes a la seguridad social por los ingresos materia de facturación, a menos
que por otros conceptos esté cotizando por el monto máximo dispuesto por la
ley, y se deberá señalar expresamente el número o referencia de la planilla en
la cual se realizó el pago. Igualmente, se manifestará si estos aportes
sirvieron para la disminución de la base de retención en la fuente en otro
cobro o si pueden ser tomados para tal fin por el pagador; esta manifestación
se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento.
Al
momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b),
d) y h) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos,
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el
contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden
cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá
numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios
necesarios para su verificación y auditoría.
Parágrafo.
En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte no será
obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente
entregar copia de la misma.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley
962 de 2005, artículo 45. Para el caso
de facturación por máquinas registradoras será admisible la utilización de
numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema
consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada
operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o
alfanuméricos o mecanismos similares.
Ver Circular 96 de 2008 de la DIAN, Circular Externa 118 de 2005 de
la DIAN y Ley 1231 de 2008
Artículo 618.
Modificado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 76. OBLIGACIÓN DE EXIGIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE. A partir de
la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o
servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que
establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los
funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados para el
efecto así lo exijan.
Artículo 618-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 36. CREACIÓN DEL PREMIO FISCAL. Establécese el premio fiscal mediante
el cual la administración tributaria podrá realizar rifas, sorteos o concursos.
Para tal efecto, se concursará con las facturas de compra o documento
equivalente, con el lleno de los requisitos legales, que deberán ser enviadas
por los consumidores, para participar en tales eventos.
El
valor global de los premios se establecerá en el Presupuesto Nacional.
El
Ministerio de Comunicaciones y el Instituto Nacional de Radio y Televisión,
cederán gratuitamente los espacios de televisión necesarios para la debida
promoción del Premio Fiscal, así como para la realización de los sorteos que
implique el mismo, en las cadenas de cubrimiento nacional y en horarios de
mayor sintonía.
Los
premios obtenidos en las rifas, sorteos o concursos realizados en virtud del
Premio Fiscal, no constituyen renta ni ganancia ocasional.
Parágrafo
transitorio.
Adicionado
por la Ley 716 de 2001, art 15,
(éste artículo fue declarado inexequible por la Sentencia C-886 de 2002). Hasta el 31 de
diciembre del año 2002, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
realizar rifas, sorteos o concursos dirigidos a los responsables del régimen
simplificado, que durante los años 2001 y 2002 cumplan con las obligaciones
legalmente previstas para dicho régimen.
El procedimiento para la realización de estos concursos, rifas o
sorteos se sujetará a lo previsto en el presente artículo.
Artículo 618-2.
Reglamentado
por el Decreto
1165 de 1996. Adicionado por la Ley
223 de 1995, art 41. Las personas o entidades que
elaboren facturas o documentos equivalentes, deberán cumplir las siguientes
obligaciones:
1.
Elaborar las facturas o documentos equivalentes con los requisitos señalados en
el Estatuto Tributario y con las características que prescriba la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
2.
Llevar un registro de las personas o entidades que hayan solicitado la
elaboración de facturas, con su identificación, dirección, número de facturas
elaboradas para cada cliente y numeración respectiva.
3.
Abstenerse de elaborar facturación en relación con un determinado cliente a
quien se le haya elaborado por parte de dicha empresa la misma numeración.
4.
Expedir factura por la prestación del servicio, la cual, además de cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá
tener la constancia del primero y último número consecutivo de dichos
documentos, que haya elaborado al adquirente del servicio.
Artículo 618-3.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
art 42. PLAZO PARA EMPEZAR A APLICAR EL SISTEMA DE FACTURACIÓN. Los nuevos
requisitos establecidos en los artículos anteriores deberán cumplirse para la
facturación expedida a partir del primero de julio de 1996.
Artículo 619.
EN LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS SE DEBE INFORMAR EL NIT. En
los membretes de la correspondencia, facturas, recibos y demás documentos de
toda empresa y de toda persona natural o entidad de cualquier naturaleza, que
reciba pagos en razón de su objeto, actividad o profesión, deberá imprimirse o
indicarse, junto con el nombre del empresario o profesional, el correspondiente
número de identificación tributaria.
Artículo
620.
Inciso eliminado
por la Ley 1555 de 2012, art 2. OBLIGACIÓN DE FUNDAMENTARSE EN LA DECLARACIÓN DE RENTA. Para
efectos del otorgamiento de préstamos, las entidades de crédito deberán
fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y
complementarios del solicitante, correspondiente al último período gravable.
Para
medir la capacidad económica de los contratistas, las entidades públicas
tendrán en cuenta entre otros factores, los informes que aparezcan en la
declaración de renta y complementarios correspondientes al último período
gravable, cuando dichos contratistas fueren sujetos del impuesto.
Artículo 621.
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN PRÉSTAMOS. Las entidades que reciban dinero a
título de mutuo o a cualquier otro que genere intereses o rendimientos para el
acreedor o para un tercero, deberán exigir al beneficiario, en el momento de
celebrar el contrato, su identificación tributaria y dejar constancia de ello.
DEBERES Y OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN.
Artículo 622.
Reglamentado por el Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible por
la Sentencia
C-981 de 2005. OBLIGACIÓN DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS DE INFORMAR LA PARTE NO GRAVADA DE LOS RENDIMIENTOS. Las
entidades que paguen o abonen los rendimientos financieros informarán a sus
ahorradores personas naturales o sucesiones ilíquidas, el valor no gravado.
Esta información se podrá dar en el mismo certificado de retención en la
fuente.
Ver las
siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de
declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022
de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820
de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511
de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321
de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049
de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588
de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795
de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805
de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714
de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818
de 2007, Decreto 4680 de 2008, y
el Decreto 4929 de 2009, el Decreto 4836
de 2010 y el Decreto 920 de 2011.
Ver Decreto 4907
de 2011, artículo 29, parágrafo 2º.
Artículo 623.
Declarado
exequible por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. A partir
del año 1989, los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, así como las asociaciones de tarjetas de crédito y demás entidades
que las emitan, deberán informar anualmente en medios magnéticos, dentro de los
plazos que indique el Gobierno Nacional, los siguientes datos de sus
cuentahabientes, tarjetahabientes, ahorradores, usuarios, depositantes o
clientes, relativos al año gravable inmediatamente anterior:
a)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consignaciones, depósitos,
captaciones, abonos, traslados y en general, movimientos de dinero cuyo valor
anual acumulado sea superior a ciento veinte millones de pesos ($120.000.000).
(Valor año gravable base 1988) (Valor año gravable 1992: $202.600.000) (Valor
año gravable 1993: $414.600.000) (Valor año gravable 1994: $240.000.000) (Valor
año gravable 1995: $381.800.000) (Valor año gravable 1996: $461.100.000) (Valor
año gravable 1997: $544.100.000) (Valor año gravable 1998: $631.200.000) (Valor
año gravable 1999: $738.800.000) (Valor año gravable 2000: $808.000.000) con
indicación del concepto de la operación y del monto acumulado por concepto, número
de la cuenta o cuentas. (La expresión subrayada fue adicionada por la Ley
383 de 1997, artículo 10). Ver Decreto 4327 de 2005 y Ley
633 de 2000, art 39
Inciso adicionado por el Decreto 150 de 1997, art 14,
(éste declarado inexequible por la Sentencia C-131 de 1997). Igualmente, las
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán informar los
números de las respectivas cuentas.
b)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo año hayan efectuado adquisiciones,
consumos, avances o gastos con tarjetas de crédito, cuando el valor anual
acumulado sea superior a un millón de pesos ($1.000.000), (Valor año gravable
base 1988) (Valor año gravable 1992: $2.700.000) (Valor año gravable 1993:
$3.500.000) (Valor año gravable 1994: $4.200.000) (Valor año gravable 1995:
$5.200.000) (Valor año gravable 1996: $6.200.000) (Valor año gravable 1997:
$7.400.000) (Valor año gravable 1998: $8.600.000) (Valor año gravable 1999:
$10.000.000) (Valor año gravable 2000: $10.900.000), con indicación del valor
total del movimiento efectuado durante el año. Ver Ley 633 de 2000, art 39
c)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo año hayan efectuado ventas o prestación de
servicios y, en general, hayan recibido ingresos a través del sistema de
tarjetas de crédito, cuando el valor anual acumulado sea superior a seis
millones de pesos ($6.000.000),(Valor año gravable base 1988), (Valor año
gravable 1992: $16.400.000) (Valor año gravable 1993: $20.700.000) (Valor año
gravable 1994: $25.300.000) (Valor año gravable 1995: $30.900.000) (Valor año
gravable 1996: $37.400.000) (Valor año gravable 1997: $44.200.000) (Valor año
gravable 1998: $51.300.000) (Valor año gravable 1999: $59.900.000) (Valor año
gravable 2000: $65.500.000) con indicación del valor total del movimiento
efectuado durante el año. Ver Ley 633 de 2000, art 39
Parágrafo 1º
Respecto de las operaciones de que trata el presente artículo, se deberá
informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades que
figuren como titulares principales o secundarios de las cuentas, documentos o
tarjetas respectivas, así como la de quienes sin tener tal calidad, estén
autorizados para realizar operaciones en relación con la respectiva cuenta,
documento o tarjeta.
Parágrafo 2°
La información a que se refiere el literal a) del presente artículo, también
deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de inversión, fondos de
pensiones y fondos mutuos de inversión.
Parágrafo 3°
La información en medios magnéticos, a que se refiere el presente artículo,
podrá suministrarse en forma anual acumulada, o por cada mes, bimestre,
trimestre o período que utilice la respectiva entidad para elaborar sus
extractos, estados de cuenta o facturación. En este último evento, la cuantía a
partir de la cual se debe suministrar la información, será la que resulte de
dividir por 12 cada uno de los montos a que se refieren los literales a), b) y
c) del presente artículo y el resultado multiplicarlo por el número de meses
objeto de información.
Ver Resolución 8654 de 2010 y Ley 863 de 2003, art 23.
Artículo 623-1.
Declarado
exequible por la Sentencia C-981 de 2005.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 73. INFORMACIÓN ESPECIAL A
SUMINISTRAR POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS. Con respecto a las operaciones de
crédito realizadas a partir del primero de enero de 1993, los bancos y demás
entidades financieras deberán informar a la División de Fiscalización de la
Administración de Impuestos de la jurisdicción, aquellos casos en los cuales
los estados financieros presentados con ocasión de la respectiva operación
arrojen una utilidad, antes de impuestos, que exceda en más de un cuarenta por
ciento (40%) la renta líquida que figure en la declaración de renta y
complementarios que corresponda al estado financiero del mismo período. Igual
información deberán enviar cuando el valor del patrimonio contable exceda en
más de un cuarenta por ciento (40%) el patrimonio líquido.
Ver Resolución 8654 de 2010, Resolución 7929 de 2009 de la DIAN. Ley 1111 de 2006, artículo 78
Artículo 623-2 sic. Declarado exequible condicionalmente
por la Sentencia
C-981 de 2005. Adicionado por la Ley
383 de 1997, artículo 11. INFORMACIÓN POR OTRAS
ENTIDADES DE CREDITO. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos
cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del
cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de
empleados, deberán presentar la información establecida en el artículo 623 de
este Estatuto.
Igualmente,
deberán informar los apellidos y nombres o razón social y Nit de cada una de
las personas o entidades a las cuales se les hayan efectuado préstamos cuyo
valor anual acumulado sea superior a doscientos millones de pesos
($200.000.000), (valor año gravable base 1997), (valor año gravable 1998:
$232.000.000) (valor año gravable 1999: $272.600.000), (valor año gravable
2000: $297.000.000), con indicación del concepto de la operación y del monto
acumulado por concepto.
Parágrafo.
La información exigida en el segundo inciso del presente artículo, igualmente
deberán presentarla todas las entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria. Ver Ley 633 de 2000, artículo 39 y Resolución 8654 de 2010
Artículo 623-2. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 138. Información para
la investigación y localización de bienes de deudores morosos. Las
entidades públicas, entidades privadas y demás personas a quienes se solicite
información respecto de bienes de propiedad de los deudores contra los cuales
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o la administración de
impuestos de otro Estado con el que Colombia haya celebrado una convención o
tratado tributario que contenga cláusulas para la asistencia mutua en materia
de administración tributaria y el cobro de obligaciones tributarias, adelanten
procesos de cobro, deberán suministrarla en forma gratuita y a más tardar
dentro del mes siguiente a su solicitud.
El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de la sanción
prevista en el literal a) del artículo 651, con las reducciones señaladas en el
citado artículo.
Texto anterior art 623-2. Declarado exequible por
la Sentencia
C-981 de 2005. Adicionado
por la Ley 223 de 1995, art
130. INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACION DE BIENES DE DEUDORES
MOROSOS. Las entidades públicas, entidades privadas y demás personas a quienes
se solicite información respecto de bienes de propiedad de los deudores contra
los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adelante procesos de
cobro, deberán suministrarla en forma gratuita y a más tardar dentro del mes
siguiente a su solicitud.
El incumplimiento de esta
obligación dará lugar a la aplicación de la sanción prevista en el literal a)
del artículo 651, con las reducciones señaladas en el citado artículo.
Ver Ley 633 de 2000, art 39
Artículo 623-3.
Declarado
exequible por la Sentencia C-981 de 2005.
Adicionado
Ley
383 de 1997, artículo 12. Las entidades enumeradas
en el literal a) del artículo 623 y en el artículo 623-2 del Estatuto
Tributario, deberán informar anualmente el nombre y razón social y Nit, y el
número de las cuentas corrientes y de ahorros que hayan sido abiertas, saldadas
y/o canceladas en el respectivo año.
“Ver Ley 633 de 2000, artículo 39, el cual establece: “Valores de operaciones objeto de
información. Los valores de que tratan los artículos 623 literales a), b) y c),
623-2 y 631 literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante
Resolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información”.
Artículo 624. Declarado exequible condicionalmente
por la Sentencia
C-981 de 2005. INFORMACIÓN DE LAS CÁMARAS
DE COMERCIO. A partir del año 1989, las cámaras de comercio deberán informar
anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno, la razón social de
cada una de las sociedades cuya creación o liquidación se haya registrado
durante el año inmediatamente anterior en la respectiva cámara, con indicación
de la identificación de los socios o accionistas, así como del capital aportado
por cada uno de ellos cuando se trate de creación de sociedades.
La
información a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse en medios
magnéticos.
Ver Decreto 4929 de 2009, artículo 40, Resolución 8655 de 2010 y Resolución 7930 de 2009 de
la DIAN.
Artículo 625. Declarado exequible condicionalmente
por la Sentencia
C-981 de 2005. INFORMACIÓN DE LAS BOLSAS
DE VALORES. A partir del año 1989, las bolsas de valores deberán informar
anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los
apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los comisionistas de
bolsa inscritos, con indicación del valor acumulado de las transacciones
realizadas en la bolsa por el respectivo comisionista, durante el año gravable
inmediatamente anterior.
Ver Decreto 4929 de 2009, artículo 40, Resolución 8656 de 2010 y Resolución 7931 de 2009 de
la DIAN.
Artículo 626.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN RELACIONADA CON APORTES PARAFISCALES. El Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, el Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar, deberán enviar a la
Dirección General de Impuestos Nacionales una relación de quienes no se
encuentren a paz y salvo por concepto de los aportes a tales entidades, para
que sobre ellos se adelanten los programas de fiscalización.
Artículo 627.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. La Registraduría
Nacional del Estado Civil deberá suministrar a la Dirección General de
Impuestos Nacionales, en un medio magnético, la información de las cédulas
correspondientes a personas fallecidas.
La
Registraduría actualizará cada año la información a que hace referencia este artículo,
la cual deberá entregarse a más tardar el 1° de marzo.
Ver Decreto 4929 de 2009, artículo 40, Resolución 8657 de 2010 y Resolución 7932 de 2009 de
la DIAN
Artículo 628.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
Sustituido por
la Ley 49 de 1990,
artículo 55. LIMITE DE INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LOS COMISIONISTAS DE
BOLSA. A partir del año 1991, los Comisionistas de Bolsa deberán informar
anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los
apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades, que durante el año gravable inmediatamente anterior, efectuaron a
través de ellos, enajenaciones o adquisiciones de acciones y demás papeles
transados en bolsa, cuando el valor anual acumulado en cabeza de una misma
persona o entidad sea superior a ciento veinte millones de pesos
($120.000.000), (valor año gravable base 1990) (valor año gravable 1992:
$202.600.000) (valor año gravable 1993: $255.600.000) (valor año gravable 1994:
$312.100.000) (valor año gravable 1995: $381.700.000) (valor año gravable 1996:
$461.900.000) (valor año gravable 1997: $544.000.000) (valor año gravable 1998: $631.100.000)
(valor año gravable 1999: $738.800.000) (valor año gravable 2000: $807.900.000)
(valor año gravable 2001: $880.300.000) (valor año gravable 2002: $951.400.000)
(valor año gravable 2003: $1.008.500.000). Con indicación del valor total
acumulado de dichas operaciones.
Parágrafo.
A la cifra señalada en este artículo se le aplicará el ajuste contemplado en el
artículo 868 del Estatuto Tributario a partir del año gravable 1991.
Ver Resolución 8656 de 2010 y Resolución 7931 de 2009 de la DIAN, Ley 863 de 2003, artículo 23
Articulo 629.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN DE LOS NOTARIOS. A partir del año 1989, los notarios deberán
informar anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los
apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el año inmediatamente anterior, efectuaron en la
respectiva notaría, enajenaciones de bienes o derechos, cuando la cuantía de
cada enajenación sea superior a dos millones de pesos ($2.000.000), (Valor año
gravable base 1988) (valor año gravable 1992: $5.500.000) (valor año gravable
1993: $6.900.000) (valor año gravable 1994: $8.400.000) (valor año gravable
1995:$10.300.000) (valor año gravable 1996: $12.500.000) (valor año gravable
1997: $14.800.000) (valor año gravable 1998: $17.200.000) (valor año gravable
1999: $20.000.000) (valor año gravable 2000: $21.800.000), (valor año gravable
2001: $23.800.000) (valor año gravable 2002: $25.700.000) (valor año gravable
2003: $27.200.000) por enajenante, con indicación del valor total de los bienes
o derechos enajenados. Para efectos del cumplimiento de lo aquí dispuesto, los
notarios podrán exigir la exhibición de la cédula de ciudadanía o NIT de cada
uno de los enajenantes.
La
información a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse en medios
magnéticos.
Ver Resolución 8658 de 2010, Resolución 7933 de 2009 de la DIAN y Ley 863 de 2003, artículo 23.
Artículo 629-1.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 13. INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ELABORAN FACTURAS O
DOCUMENTOS EQUIVALENTES. Las empresas que elaboren facturas de venta o
documentos equivalentes, deberán informar anualmente, dentro de los plazos que
indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nombres, o razón social y Nit,
con indicación del intervalo de numeración elaborada de cada uno de sus
clientes, correspondientes a los trabajos realizados en el año inmediatamente
anterior.
Si
el obligado tiene un patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior,
superior a cien millones de pesos, (valor año gravable 1998 $116.800.000)
(valor año gravable 1999: $135.800.000), (valor año gravable 2000: $148.500.000),
(valor año gravable 2001: $161.800.000), (valor año gravable 2002:
$174.900.000) (valor año gravable 2003: $
5.400.000), la información a que se refiere el presente artículo, deberá
presentarse en medios magnéticos.
Ver Resolución 8659 de 2010, Resolución 7934 de 2009 de la DIAN y Ley 863 de 2003, artículo 23
Artículo 630.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN DE LOS JUECES CIVILES. Es obligación del juez, en todo proceso
ejecutivo de mayor cuantía, dar cuenta a la Administración de Impuestos, de los
títulos valores que hayan sido presentados, mediante oficio en el cual se
relacionará la clase de título, su cuantía, la fecha de su exigibilidad, el
nombre del acreedor y del deudor con su identificación.
La
omisión por parte del juez de lo dispuesto en este artículo, constituye causal
de mala conducta.
Artículo 631. Reglamentado
por el Decreto
2819 de 2013. Inciso modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 139. Para estudios y
cruces de información y el cumplimiento de otras funciones. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las
facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos
Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes,
una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los
estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los
tributos, así como de cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas
las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos
consagrados en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia:
Texto original inc. 1º. PARA ESTUDIOS Y CRUCES DE
INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas
que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director
General de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades,
contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes
informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información
necesarios para el debido control de los tributos:
a)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que sean socias, accionistas, cooperadas, comuneras o asociadas de la
respectiva entidad, con indicación del valor de las acciones, aportes y demás
derechos sociales, así como de las participacioneso dividendos pagados o
abonados en cuenta en calidad de exigibles;
b)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con indicación del
concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido;
c)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor
de la retención y ciudad donde les fue practicada;
d)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de
los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, con indicación del concepto
y valor acumulado por beneficiario;
e) Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 133. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los
beneficiarios de pagos o abanos, que constituyan costo, deducción o den derecho
a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los
casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año
gravable sea superior a diez millones de pesos ($10.000.000), base año gravable
de 1995), (valor año gravable 1999: $16.000.000), (valor año gravable 2000:
$17.500.000), (valor año gravable 2001: $19.100.000) con indicación del
concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable. Ver Ley 633 de 2000, artículo 39
f) Modificado
Ley
223 de 1995, artículo 133. Apellidos y nombres o
razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se
recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso
en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos
($25.000.000, base año gravable de 1995) (valor año gravable 1999: $40.100.000),
(valor año gravable 2000: $43.800.000), (valor año gravable 2001: $47.700.000),
con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere
el caso. Ver Ley 633 de 2000, artículo 39
g)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a
cuyo nombre se recibieron los ingresos, con indicación de la cuantía de los
mismos;
h)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por
pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor;
i)
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por
concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito;
j)
Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de
adquisición exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000), (Valor año gravable
base 1987) (valor año gravable 1999: $6.200.000), (valor año gravable 2000:
$6.700.000), (valor año gravable 2001: $7.400.000), con indicación del valor
patrimonial y del costo fiscal; Ver Ley 633 de 2000, artículo 39
k)
La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los
formularios de las declaraciones tributarias.
l) Adicionado
Ley
383 de 1997, artículo 14. El valor global de las
ventas o prestación de servicios por cada uno de los establecimientos
comerciales con indicación del número y tipo de máquina registradora y/o
intervalos de numeración de facturación de venta utilizada en el año, ciudad y
dirección del establecimiento.
I) Adicionado por el Decreto 150 de 1997, art 15,
(éste declarado inexequible por la Sentencia C-131 de 1997). Apellidos y nombre o
razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que durante el
respectivo año hayan realizado apertura de cuentas corrientes, de ahorro o en
fondos comunes, con la indicación del número de las cuentas y los apellidos y
nombres o razón social y NIT de las personas autorizadas a girar contra las
mismas.
m) Adicionado
Ley
383 de 1997, artículo 14. Cuando el valor de la
factura de venta de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos, que
constituyan costo, deducción u otorguen derecho a impuesto descontable,
incluida la compra de activos fijos o movibles, sea superior a cinco millones
de pesos ($5.000.000), (valor base año gravable 1997) (valor año gravable 1999:
$6.800.000), (valor año gravable 2000: $7.400.000), (valor año gravable 2001: $
$8.100.000), se deberá informar el número de la factura de venta, con
indicación de los apellidos y Nombres, o razón social y Nit del tercero. Ver Ley 633 de 2000, artículo 39.
n) Adicionado por
la Ley 1819 de 2016, art 131. Las sociedades
colombianas que sean subsidiarias o filiales de sociedades de nacionales o del
exterior, los establecimientos permanentes de empresas del exterior, patrimonios
autónomos, fondos de inversión colectiva, deberán identificar a sus
beneficiarios efectivos en los términos del artículo 631-5 de este estatuto, y,
respecto de los mencionados beneficiarios efectivos, deberán suministrar:
1. Sus nombres y apellidos.
2. Su fecha de nacimiento, y
3. El número de identificación
tributaria del exterior donde tienen su residencia fiscal, en caso de existir.
4. Participación en el capital
de las sociedades o empresas.
5. País de residencia fiscal.
6. País del que son nacionales.
Se exceptúan de esta
obligación las sociedades nacionales cuyas acciones se encuentren listadas en
la Bolsa de Valores de Colombia y aquellos fondos y patrimonios autónomos cuyas
participaciones o derechos fiduciarios sean valores y se encuentren listados en
la Bolsa de Valores de Colombia.
o) Adicionado por la ley El
Gobierno nacional podrá señalar mediante reglamento información adicional a la
señalada en este artículo que deba ser suministrada, tanto por contribuyentes
como por no contribuyentes, a la DIAN.
Parágrafo 1°
La solicitud de información de que trata este artículo, se formulará mediante
resolución del Director General de Impuestos Nacionales, en la cual se
establecerán, de manera general, los grupos o sectores de personas o entidades
que deben suministrar la información requerida para cada grupo o sector, los
plazos para su entrega, que no podrán ser inferiores a dos (2) meses, y los
lugares a donde deberá enviarse.
Parágrafo 2°
Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del año
inmediatamente anterior a aquél en el cual se solicita la información, hubieren
poseído un patrimonio bruto superior a doscientos millones de pesos ($
200.000.000) o cuando los ingresos brutos de dicho año sean superiores a
cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000), la información a que se
refiere el presente artículo, deberá presentarse en medios magnéticos que sean
procesables por la Dirección General de Impuestos Nacionales. (Valores año
gravable base 1987) (valor año gravable 1992: $676.600.000 y $1.353.000.000),
(valor año gravable 1993: $2.853.900.000 y $1.707.800.000) (valor año gravable
1994: $1.042.500.000 y $2.084.900.000) (valor año gravable 1995: $1.275.000.000
y $2.550.100.000) (valor año gravable 1996: $1.540.000.000 y $3.080.000.000)
(valor año gravable 1997: $1.817.200.000 (valor año gravable 1998:
$2.108.000.000 y $4.216.000.000) (valor año gravable 1999: $2.467.800.000 y
$·4.935.600.000) (valor año gravable 2000: $2.698.700.000 y $5.397.500.000)
(valor año gravable 2001: $2.940.500.000 y $5.881.100.000) (valor año gravable
2002: $3.178.100.000 y $6.356.300.000) (valor año gravable 2003: $3.368.800.000
y $6.737.700.000)
Parágrafo 3. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 139. La información
a que se refiere el presente artículo, así como la establecida en los artículos
624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá presentarse en medios magnéticos o cualquier
otro medio electrónico para la transmisión de datos, cuyo contenido y características
técnicas serán definidas por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, por
lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable anterior
al cual se solicita la información.
Texto original parágrafo 3º. Adicionado Ley 383 de 1997, artículo
14. La información a que se refiere el presente artículo, así como la establecida
en los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá
presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la
transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas
(sic) por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos
meses de anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la
información.
Ver Resolución 8660 de 2010, Resolución 7935 de 2009 de la DIAN,
Concepto 43820 de 2008 de la DIAN y Ley 863 de 2003, artículo 23.
Artículo 631-1. Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 140. Obligación de
informar los estados financieros consolidados por parte de los grupos
empresariales. A más tardar el treinta (30) de junio de cada año,
los grupos económicos y/o empresariales, registrados en el Registro Mercantil
de las Cámaras de Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto
con sus respectivos anexos, en la forma prevista en los artículos 26 a 44 de la
Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes.
El
incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 651 de este Estatuto.
Texto anterior art 631-1. Declarado exequible condicionalmente por la Sentencia
C-981 de 2005. Adicionado
Ley 488 de
1998, art 95. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS POR PARTE DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES. Para efecto de control
tributario, a más tardar el treinta (30) de junio de cada año, los grupos
económicos y/o empresariales, registrados en el Registro Mercantil de las
Cámaras de Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto con
sus respectivos anexos, en la forma prevista en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de
1995, y demás normas pertinentes.
El incumplimiento de la
obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
Ver Resolución 8661 de 2010 y Resolución 7936 de 2009 de la DIAN.
Artículo 631-2.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
art 23. VALORES DE OPERACIONES OBJETO DE INFORMACIÓN. Los valores y datos, de
que tratan los artículos 623, 623-2 (sic), 628, 629, 629-1 y 631 del Estatuto
Tributario, así como los plazos y los obligados a suministrar la información
allí contemplada, serán determinados mediante resolución expedida por el
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en forma individual o acumulada respecto de las operaciones
objeto de información.
Parágrafo.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
presentará anualmente un informe al Congreso de la República, dando cuenta de
los resultados de gestión obtenidos por la entidad con la información reportada
por los obligados.
Ver Resoluciones 7929 a 7936 de 2009 de la DIAN.
Artículo 631-3.
Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 17. Información para efectos de control tributario. El Director General de
la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señalará las
especificaciones de la información con relevancia tributaria que deben
suministrar los contribuyentes y no contribuyentes.
Ver Resolucion 23 de 2012, Resolucion 24 de 2012
Artículo
631-4. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 132. Obligaciones
relacionadas con el intercambio automático de información. El
Director General de la DIAN definirá mediante resolución las entidades que
deberán suministrar información para efectos de cumplir con los compromisos
internacionales en materia de intercambio automático de información, teniendo
en cuenta los estándares y prácticas reconocidas internacionalmente sobre
intercambio automático de información, estarán obligadas a:
1.
Identificar, respecto de las cuentas financieras, definidas teniendo en cuenta
los estándares y prácticas reconocidas internacionalmente sobre la materia, de
las cuales sea titular una persona natural o jurídica sin residencia fiscal en
Colombia o con múltiples residencias fiscales, una persona jurídica o un
instrumento jurídico, con residencia fiscal en Colombia o en el extranjero, en
los que una persona natural sin residencia fiscal en Colombia o con múltiples
residencias fiscales ejerza control (beneficiario efectivo), la siguiente
información:
a)
Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número de identificación tributaria
del exterior del titular de la cuenta financiera y/o del beneficiario efectivo
en los términos del artículo 631-5 de este Estatuto;
b) La autocertificación de parte de la persona natural
en la que conste el país o jurisdicción de la cual es residente fiscal;
c) Número de la cuenta financiera o su equivalente
funcional en caso de no tenerlo;
d) La
identificación de la institución financiera para efectos del reporte
internacional;
e) El
saldo o valor de la cuenta y el saldo promedio al final de año calendario
correspondiente o el saldo en un momento determinado de conformidad con el
instrumento internacional correspondiente. En caso de que la cuenta haya sido
cerrada, el saldo al momento de cierre;
f) Los
movimientos en las cuentas financieras ocurridos en el año calendario
correspondiente;
g)
Cualquier otra información necesaria para cumplir con las obligaciones
internacionales contraídas por Colombia que señale la DIAN mediante resolución.
2.
Implementar y aplicar los procedimientos de debida diligencia necesarios para
la correcta recolección de la información mencionada en el numeral 1 anterior
que fije la DIAN para lo cual esta última tendrá en cuenta los estándares y
prácticas reconocidas internacionalmente sobre intercambio automático de
información.
Parágrafo
1°. En los
casos en que sea necesario, la DIAN fijará, teniendo en cuenta los estándares y
prácticas reconocidas internacionalmente sobre intercambio automático de
información, los procedimientos de debida diligencia de que trata el numeral 2
de este artículo que deberán implementar y aplicar las entidades señaladas
mediante resolución, para identificar al beneficiario efectivo en los términos
del artículo 631-5 de este Estatuto. Lo aquí dispuesto podrá hacerse de manera
conjunta con las superintendencias de las instituciones financieras según lo
aquí previsto.
Parágrafo
2°. El
incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionable de conformidad
con lo previsto en el artículo 651 de este Estatuto.
Parágrafo
3°. El no
suministro de la información señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo
por parte de la persona natural o jurídica a la entidad señalada mediante la
resolución de que trata este artículo, es causal de no apertura de la cuenta y
de cierre de la misma, en caso de que así se contemple en el procedimiento de
debida diligencia que para el efecto fije la DIAN.
Parágrafo
4°. La
función de fiscalización de los procedimientos de debida diligencia que para el
efecto fije la DIAN, en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 de este
artículo, estará en cabeza de la superintendencia que ejerza la vigilancia
sobre la entidad correspondiente. Para el efecto, se aplicará el mismo régimen
sancionatorio previsto para el incumplimiento de obligaciones relacionadas con
la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo aplicable
a las entidades vigiladas por la respectiva superintendencia.
Parágrafo
5°. Las
superintendencias que ejerzan vigilancia sobre las instituciones financieras
que se señalen mediante resolución de la DIAN podrán impartir instrucciones
necesarias para lograr el adecuado cumplimiento de estas obligaciones para que
dicho cumplimiento no implique menoscabo de otras obligaciones.
Artículo
631-5. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 133. Beneficiarios
efectivos. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 631 de
este Estatuto, se entiende por beneficiario efectivo la persona natural que
cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Tener
control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacional, de un
mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiduciario, de un fondo de
inversión colectiva o de un establecimiento permanente de una sociedad del
exterior;
b) Ser beneficiaria
directa o indirecta de las operaciones y actividades que lleve a cabo la
sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo, el encargo
fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del exterior con
un establecimiento permanente en Colombia.
Parágrafo
1°. El
régimen sancionatorio por no cumplir con la obligación de identificar al
beneficiario efectivo, será el previsto para el incumplimiento del artículo 631
de este Estatuto.
Parágrafo
2°. La
identificación del beneficiario efectivo podrá hacerse teniendo en cuenta los
lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (Sarlaft) aun cuando no se trate de entidades
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Artículo 631-6. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 134. Beneficiarios
efectivos. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 631-4 de
este Estatuto, se entiende por beneficiario efectivo la persona natural que
cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Tener control efectivo,
directa o indirectamente, de una sociedad nacional, de un mandatario, de un
patrimonio autónomo, de un encargo fiduciario, de un fondo de inversión
colectiva o de un establecimiento permanente de una sociedad del exterior, o
b) Ser beneficiaria, directa o
indirecta, de las operaciones y actividades que lleve a cabo la sociedad
nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo, el encargo fiduciario, el
fondo de inversión colectiva o de una sociedad del exterior con un
establecimiento permanente en Colombia, o
c) Poseer, directa o
indirectamente, el 25% o más del capital o de los votos de la sociedad
nacional, del patrimonio autónomo, del encargo fiduciario, del fondo de
inversión colectiva o de la sociedad del exterior con un establecimiento
permanente en Colombia.
Parágrafo 1°. El
régimen sancionatorio por no cumplir con la obligación de identificar al
beneficiario efectivo, será el previsto en los parágrafos 2° y 4° del artículo
631-4 de este Estatuto.
Parágrafo 2°. La
identificación del beneficiario efectivo podrá hacerse, respecto de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, siguiendo
los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo (Sarlaft); siempre y
cuando, se garantice la efectiva identificación de las personas naturales que
tengan una participación directa o indirecta, igual o superior al 25%, en la
sociedad nacional, el patrimonio autónomo, el encargo fiduciario o el fondo de
inversión colectiva.
Artículo 632.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Para efectos del control de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las
personas o entidades contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán
conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1° de
enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los
siguientes documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a
disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera:
1.
Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los
libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo
que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar
la exactitud de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos,
deducciones, rentas exentas, descuentos, impuestos y retenciones consignados en
ellos.
Cuando
la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los
medios magnéticos que contengan la información, así como los programas
respectivos.
2.
Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes,
que dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones,
descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y
pasivos, retenciones y demás factores necesarios para establecer el patrimonio
líquido y la renta líquida de los contribuyentes, y en general, para fijar
correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.
3.
La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente prácticas (sic) en
su calidad de agente retenedor.
4.
Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de
pago correspondientes.
Ver Ley 962 de 2005, art 46
Artículo 632-1.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 44. RELACION DE RETENCIONES DE
TIMBRE. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 539-3, los contribuyentes
y los agentes retenedores del impuesto de timbre, obligados a llevar
contabilidad, deberán registrar la causación, recaudo, pago o consignación del
impuesto en una cuenta destinada exclusivamente para ello. Los comprobantes de
contabilidad respectivos deberán identificar plenamente el acto o documento
gravado. Si a ellos no estuviere anexo el soporte correspondiente, tales
comprobantes deberán indicar el lugar en donde se encuentre archivado el
soporte de manera que en cualquier momento se facilite verificar la exactitud
del registro.
Los
agentes de retención del impuesto de timbre distintos de los indicados en el
inciso anterior, deberán elaborar mensualmente, y conservar a disposición de
las autoridades tributarias, una relación detallada de las actuaciones y
documentos gravados en la que se relacionen los valores recaudados por concepto
de impuesto, su descripción y la identificación de las partes que intervinieron
en su realización, elaboración y suscripción.
La
relación de que trata el inciso anterior debe estar certificada por Contador
Público; en las entidades públicas, por la persona que ejerza las funciones de
pagador y en los consulados, dicha relación deberá suscribirla el cónsul
respectivo.
Artículo 633.
Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia C-981 de 2005.
INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS. Para efectos del envío de la información que
deba suministrarse en medios magnéticos, la Dirección General de Impuestos
Nacionales prescribirá las especificaciones técnicas que deban cumplirse.
TITULO III
SANCIONES
INTERESES MORATORIOS.
Artículo 634. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 278. Intereses
moratorios. Sin perjuicio de las sanciones previstas en este Estatuto, los
contribuyentes, agentes retenedores o responsables de los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que no
cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo,
deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de
retardo en el pago.
Los mayores
valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la
Administración Tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente,
responsable o agente de retención en la corrección de la declaración, causarán
intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que
debieron haberse cancelado por el contribuyente, agente retenedor, responsable
o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable
al que se refiera la liquidación oficial.
Parágrafo 1°. Cuando una entidad
autorizada para recaudar impuestos no efectúe la consignación de los recaudos
dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin
necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios, liquidados
diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios, sobre el monto
exigible no consignado oportunamente, desde el día siguiente a la fecha en que
se debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca.
Cuando la
sumatoria de la casilla “Pago Total” de los formularios y recibos de pago,
informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor
real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no
consignado oportunamente se liquidarán al doble de la tasa prevista en este
artículo.
Parágrafo 2°. Después de dos (2)
años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se suspenderán los intereses
moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor, responsable o
declarante, y los intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia
definitiva.
Lo dispuesto en
este parágrafo será aplicable a los procesos en que sea parte la UGPP salvo
para los intereses generados por los aportes determinados en el Sistema General
de Pensiones.
La suspensión
de intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, de que trata el presente parágrafo, aplicará únicamente en los
procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuya admisión de
la demanda ocurra a partir del 1° de enero de 2017.
Texto anterior art 634. Inciso declarado exequible condicionalmente
por la Sentencia
C-231 de 2003. Inciso primero modificado
por la Ley 788 de 2002, art
3. SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES. Los
contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no
cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo,
deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de
retardo en el pago.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. Declarado exequible condicionalmente por la Sentencia
C-231 de 2003. Modificado
por la Ley 788 de 2002, artículo
3. Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con base
en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.
Los mayores valores de
impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la Administración de
Impuestos en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir
del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los
plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación
oficial.
Ver Sentencia C-257 de 1998, la cual declaró exequible este artículo
en lo relativo a los agentes de retención.
Artículo
634-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 383 de
1997, art 69. SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS. Después de dos
años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses
moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada
la providencia definitiva.
Artículo 635. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 279.
Determinación de
la tasa de interés moratorio. Para
efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de
interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de
consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
publicará la tasa correspondiente en su página web.
Inciso adicionado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 49. Para liquidar los intereses
moratorios de que trata este artículo aplicará la fórmula establecida en el
parágrafo del artículo 590 del Estatuto Tributario.
Texto anterior art 635. Modificado por la Ley 1607 de 2012, art
141. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las obligaciones administradas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se
liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa
de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia
para las modalidades de crédito de consumo.
Las
obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán
intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de
capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos
en relación con los impuestos nacionales, Departamentales, municipales y
distritales.
Texto anterior art 635. Modificado por la Ley 1066 de
2006, art 12. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. Para
efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir
del 1 ° de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente
a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para el respectivo mes de mora.
Las obligaciones con
vencimiento anterior al 1º de enero de 2006 y que se encuentren pendientes de
pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a
la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido
hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa
fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior.
Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en
el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, Departamentales,
municipales y distritales.
Ver Sentencia C-929 de 2009 y Decreto 519 de 2007, art 3º.
Artículo
636.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Inciso declarado exequible
por la Sentencia C-257 de 1998. SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE
LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una entidad
autorizada para recaudar impuestos, no efectúe la consignación de los recaudos
dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin
necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios, liquidados diariamente
a la tasa de la mora que rija para efectos tributarios, sobre el monto exigible
no consignado oportunamente, desde la fecha en que se debió efectuar la
consignación y hasta el día en que ella se produzca.
Cuando la sumatoria de la
casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago, informada
por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que
figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado
oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa prevista en este artículo.
NORMAS GENERALES SOBRE
SANCIONES.
Artículo 637.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. ACTOS EN LOS CUALES SE
PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las sanciones podrán imponerse mediante resolución
independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales.
Artículo 638.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, art 64. PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD
PARA IMPONER SANCIONES. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones
oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe
para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se
impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos
correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se
presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio,
del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la
irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso
de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones
previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales
prescriben en el término de cinco años.
Vencido
el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria
tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa
la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
Artículo 639.
SANCIÓN MÍNIMA. El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones
reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o
la administración de impuestos, será equivalente a la suma de diez mil pesos ($
10.000). (Valor año base 1987)
Inciso modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 280. Lo dispuesto en este artículo no será
aplicable a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales
1 y 3 del artículo 658-3 de este Estatuto ni a las sanciones relativas a la
declaración del monotributo.
Artículo 640. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 282. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en
el régimen sancionatorio. Para la
aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se
deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente
retenedor, responsable o declarante:
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto
previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la
comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido
pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no
declarar, según el caso.
2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del
monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión
de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido
pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no
declarar, según el caso.
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales:
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto
previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la
comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se
hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de
conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del
monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la
comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se
hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de
conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
Parágrafo 1°. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla
con sus obligaciones tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en
el acto respectivo.
Parágrafo 2°. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto
administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro
de los dos (2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio
del cual se impuso la sanción, con excepción de la señalada en el artículo 652
de este Estatuto y aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante.
El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%)
si la persona o entidad es reincidente.
Parágrafo 3°. Para las sanciones
previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del
artículo 648, 652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del
658-3, 669, inciso 6º del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la proporcionalidad
ni la gradualidad contempladas en el presente artículo.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la
liquidación de los intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones
previstas en los artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 5°. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen
sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea
posterior.
Texto anterior inciso segundo: Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de
mora, ni a las sanciones contenidas en los artículos 668, 674, 675 y 676.
Texto anterior art 640. LA REINCIDENCIA AUMENTA EL
VALOR DE LAS SANCIONES. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por
acto administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo
dentro de los dos (2) años siguientes a la comisión del hecho sancionado.
La reincidencia permitirá
elevar las sanciones pecuniarias a que se refieren los artículos siguientes,
con excepción de las señaladas en los artículos 649, 652, 668, 669, 672 y 673 y
aquéllas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, hasta en un ciento por ciento (100%) de su valor. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en
este artículo)
Ver artículo 649 del presente Estatuto
Artículo 640-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 48. OTRAS SANCIONES. El agente
retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas que mediante fraude,
disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el
saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a
200 salarios mínimos mensuales, incurrirá en inhabilidad para ejercer el
comercio, profesión u oficio por un término de uno a cinco años y como pena
accesoria en multa de veinte a cien salarios mínimos mensuales.
En
igual sanción incurrirá quien estando obligado a presentar declaración por impuesto
sobre las ventas o retención en la fuente, no lo hiciere valiéndose de los
mismos medios, siempre que el impuesto determinado por la Administración sea
igual o superior a la cuantía antes señalada.
Si
la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o
engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en concurso con otros
hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código Penal y la que se
prevé en el inciso primero de este artículo, siempre y cuando no implique lo
anterior la imposición doble de una misma pena.
Cumplido
el término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado inmediatamente.
Artículo 640-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 48. INDEPENDENCIA DE PROCESOS. Las
sanciones de que trata el artículo anterior, se aplicarán con independencia de
los procesos administrativos que adelante la Administración Tributaria.
Para
que pueda iniciarse la acción correspondiente en los casos de que trata el
presente artículo se necesita querella que deberá ser presentada ante la
Fiscalía General de la Nación.
Son
competentes para conocer de los hechos ilícitos de que trata el presente artículo
y sus conexos, los jueces penales del Circuito. Para efectos de la indagación
preliminar y la correspondiente investigación se aplicarán las normas del
Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las facultades investigativas
de carácter administrativo que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos Nacionales.
La
prescripción de la acción penal por las infracciones previstas en el artículo
640-1 del Estatuto Tributario, se suspenderá con la iniciación de la
investigación tributaria correspondiente.
SANCIONES RELACIONADAS CON
LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 641. Declarado exequible por
la Sentencia
C-506 de 2002. EXTEMPORANEIDAD EN LA
PRESENTACION. Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten
las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar
una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo,
equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención
objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%)
del impuesto o retención, según el caso. (Declaradas
exequibles condicionalmente por la Sentencia C-637 de 2000, las expresiones subrayadas). Ver Sentencia C-571 de 2010
Esta
sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento
en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente,
responsable o agente retenedor.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-637 de 2000.
Inciso
modificado
por la Ley 49 de 1990,
art 53. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente
al medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante
en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de
aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo a
favor si lo hubiere, o de la suma de cinco millones ($5.000.000) (valor año
gravable 2001: $36.700.000; valor año gravable 2002: $39.600.000), cuando no
existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la
sanción por cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1%) del
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo
a favor si lo hubiere, o de la suma de cinco millones ($5.000.000) (valor año
gravable 2001: $36.700.000; valor año gravable 2002: $39.600.000) cuando no
existiere saldo a favor.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo
110. Cuando la
declaración anual de activos en el exterior se presente de manera extemporánea,
la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los activos
poseídos en el exterior, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo
por no declarar, o al uno por ciento (1%) del valor de los activos poseídos en
el exterior si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de
que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. En todo caso,
el monto de la sanción no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor de los
activos poseídos en el exterior.
Texto original parágrafo 1. Adicionado por la Ley 1819 de
2016, artículo 283. “Cuando la declaración anual de activos en el exterior se
presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo será equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del
valor de los activos poseídos en el exterior si la misma se presenta antes del
emplazamiento previo por no declarar, o al tres por ciento (3%) del valor de
los activos poseídos en el exterior si se presenta con posterioridad al citado
emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por
no declarar. En todo caso, el monto de la sanción no podrá superar el
veinticinco por ciento (25%) del valor de los activos poseídos en el
exterior.”.
Parágrafo 2°. Cuando la declaración del monotributo se presente de manera
extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo
será equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto a cargo, sin exceder
del ciento por ciento (100%) del impuesto, si la misma se presenta antes del
emplazamiento previo por no declarar, o al seis por ciento (6%) del total del
impuesto a cargo, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto, si
se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se
profiera la respectiva resolución sanción por no declarar.
Parágrafo 3°. Cuando la declaración del gravamen a los movimientos financieros
se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo será equivalente al uno por ciento (1%) del total del
impuesto a cargo, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto, si la
misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al dos por
ciento (2%) del total del impuesto a cargo, sin exceder del doscientos por
ciento (200%) del impuesto, si se presenta con posterioridad al citado
emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por
no declarar.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 49 de 1990, art 83. La sanción de que trata el inciso final del presente artículo,
también deberán liquidarla las entidades no contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios, cuando presenten en forma extemporánea la
declaración de ingresos y patrimonio.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 110. Cuando la declaración de activos en el exterior de los años
2019 y anteriores se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo será equivalente al cero punto uno por
ciento (0.1%) del valor de los activos poseídos en el exterior si la misma se
presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al cero punto dos
por ciento (0,2%) del valor de los activos poseídos en el exterior si se
presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera
la respectiva resolución sanción por no declarar. En todo caso, el monto de la
sanción no podrá superar el dos por ciento (2%) del valor de los activos
poseídos en el exterior.
El tratamiento consagrado en
el presente parágrafo transitorio será aplicable, siempre y cuando el
contribuyente presente la declaración de activos en el exterior de los años
2019 y anteriores, y liquide y pague la sanción por extemporaneidad a más
tardar el 30 de abril de 2020.
Artículo 642.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. EXTEMPORANEIDAD EN LA
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. El
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por
ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. Ver Sentencia
C-571 de 2010
Inciso
modificado
por la Ley 49 de 1990,
art 53. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente
al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en
el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de
aplicar el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro veces el valor
del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de diez millones ($10.000.000)
(año gravable 2001: $73.400.000; año gravable 2002: $79.300.000), cuando no
existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la
sanción por cada mes o fracción de mes será del dos por ciento (2%) del
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el
valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de diez millones
($10.000.000) (año gravable 2001: $73.400.000; año gravable 2002: $79.300.000),
cuando no existiere saldo a favor.
Esta
sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento
en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retendor o
responsable.
Cuando
la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que
ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo.
Artículo 643. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 284. Sanción
por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables
obligados a declarar, que omitan la presentación de las declaraciones
tributarias, serán objeto de una sanción equivalente a:
1. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones
bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que
determine la Administración Tributaria por el período al cual corresponda la
declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos
que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere
superior.
2. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, a
la declaración del impuesto nacional al consumo, al diez por ciento (10%) de
las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su
incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al
cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de
los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o
declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso, el que fuere superior.
3. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por
ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través
del sistema financiero, o costos y gastos de quien persiste en su
incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por el período al
cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de
las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada,
el que fuere superior.
4. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, a cinco
(5) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse.
5. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto nacional a la
gasolina y al ACPM, o al impuesto nacional al carbono, al veinte por ciento
(20%) del valor del impuesto que ha debido pagarse.
6. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los movimientos
financieros, al cinco por ciento (5%) del valor del impuesto que ha debido
pagarse.
7. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y patrimonio, al uno
por ciento (1%) del patrimonio líquido de la entidad obligada a su
presentación.
8. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en el exterior,
al cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que figure en la última
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada, o al
cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que determine la Administración Tributaria
por el período a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere
superior.
9. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la riqueza y
complementario, al ciento sesenta por ciento (160%) del impuesto determinado,
tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de
renta presentada o que determine la Administración Tributaria por el período a
que corresponda la declaración no presentada, el que fuere superior.
10. En el caso
de que la omisión se refiera a la declaración del monotributo, a una vez y
media (1.5) el valor del impuesto que ha debido pagarse.
Parágrafo 1°. Cuando la
Administración Tributaria disponga solamente de una de las bases para practicar
las sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, podrá aplicarla
sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras.
Parágrafo 2°. Si dentro del término
para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no
declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor presenta la
declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento
(50%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración
Tributaria, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor
deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo
caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por
extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo
por no declarar.
Texto anterior art 643. SANCIÓN POR NO DECLARAR. la
Sanción por no declarar será equivalente:
1. En el caso de que la
omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones
bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que
determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración
no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que
figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en
este numeral)
2. En el caso de que la
omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, al diez por
ciento (10%) de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien
persiste en su incumplimiento, que
determine la Administración por el período al cual corresponda la
declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos
brutos que figuren en la última declaración de ventas presentada, el que fuere
superior. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas. Éste
numeral y el aparte en negrilla fueron declarados exequibles por la Sentencia C-637 de 2000)
3. En el caso de que la
omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de
los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que
determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración
no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren
en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en
éste numeral)
4. En el caso de que la
omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, la sanción por no
declarar será equivalente a cinco (5) veces el valor del impuesto que ha debido
pagarse.
Parágrafo 1º. Declarado exequible por la Sentencia
C-506 de 2002 y por la Sentencia
C-893 de 2002. Cuando la Administración de
Impuestos disponga solamente de una de las bases para practicar las sanciones a
que se refieren los numerales de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha
base sin necesidad de calcular las otras.
Parágrafo 2°. Si dentro del termino para
interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no
declarar el contribuyente, responsable o agente retenedor, presenta la
declaración, la sanción por no declarar se reducirá al diez por ciento (10%)
del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración, en cuyo
caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y
pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta
sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad,
liquidada de conformidad con lo previsto en el artículo 642. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas). Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 644.
SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES. Cuando los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias,
deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a:
1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 285. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del
menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice
después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca
emplazamiento para corregir de que trata el artículo 685, o auto que ordene
visita de inspección tributaria.
Texto original numeral 1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor
saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior a aquélla, cuando la corrección se realice
antes de que se produzca emplazamiento para corregir de que trata el artículo
685, o auto que ordene visita de inspección tributaria.
2.
El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquélla, si la corrección se realiza después de
notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de
inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego
de cargos.
Parágrafo 1°. Declarado exequible por
la Sentencia
C-054 de 1999. Cuando la declaración
inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en
cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en
una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor
saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario
transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la
fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período, sin
que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a
pagar o del menor saldo a favor.
Parágrafo 2°.
Declarado
exequible por la Sentencia C-054 de 1999.
La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los
intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados.
Parágrafo 3°.
Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor
valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección, no deberá
incluir la sanción aquí prevista.
Parágrafo 4°.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. La sanción de que trata el
presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589.
Ver Sentencia C-571 de
2010
Artículo 645. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 286. Sanción
relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades
obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieren
extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento
del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al
medio por ciento (0.5%) de su patrimonio líquido.
Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo
por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir,
o auto que ordene la inspección tributaria, la sanción de que trata el inciso
anterior se duplicará.
Texto anterior art 645. Modificado por la Ley 49 de 1990, artículo
54. SANCION A APLICAR, POR INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESENTACION DE DECLARACION DE
INGRESOS Y PATRIMONIO. Las entidades obligadas a presentar declaración de
ingresos y patrimonio que no lo hicieren, o que lo hicieren extemporáneamente,
o que corrigieren sus declaraciones, tendrán una sanción hasta del uno por
ciento (1%) de su patrimonio líquido, la cual se graduará de acuerdo con las
condiciones económicas de la entidad. La sanción así propuesta en el pliego de
cargos se reducirá al cincuenta por ciento (50%) si la entidad declara o paga,
según el caso, dentro del mes siguiente a la notificación del mismo.
Parágrafo (Transitorio). Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la vigencia de esta Ley, las entidades a que se refiere este artículo,
podrán presentar tales declaraciones pendientes o corregir las mismas, sin
sanción alguna. La Administración tributaria se abstendrá de aplicar sanciones
si ya hubieran cumplido con presentar dichas declaraciones sin liquidarse las
sanciones correspondientes.
Artículo 646.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. SANCIÓN POR CORRECCIÓN
ARITMÉTICA. Cuando la Administración de Impuestos efectúe una
liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria, y resulte
un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a
cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se
aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor
valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio
de los intereses moratorios a que haya lugar.
La
sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor,
si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del
término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de
la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación
de corrección, junto con la sanción reducida. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
Artículo 647. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 287. Inexactitud en las declaraciones
tributarias. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones
tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor
saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las
siguientes conductas:
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones
gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.
2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones
que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por
un valor inferior.
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos,
impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes
suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o
factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados
artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o
un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.
5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.
6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye
inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista
impuesto a pagar.
Parágrafo 1°. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos,
exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren
inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica
y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad
con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se
sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto.
Parágrafo 2°. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el
mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de
una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho
aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y
verdaderos.
Texto anterior art 647. SANCIÓN POR INEXACTITUD.
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión
de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o
actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos,
deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables,
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general la utilización en las
declaraciones tributarias o en los informes suministrados a las Oficinas de
Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o
un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente,
constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre
sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. (Declarados exequibles por la Sentencia C-571 de 2010, el aparte subrayado)
La sanción por inexactitud
será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el
saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación
oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se
aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el
impuesto declarado por el contribuyente.
Sin perjuicio de las
sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos,
constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho
de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido
efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor
inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento
sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no
declarada.
En el caso de las
declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud será del
veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas
en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista
impuesto a pagar.
La sanción por inexactitud a
que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y
condiciones de los artículos 709 y 713.
No se configura inexactitud,
cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se
derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las
Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del
derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y
verdaderos. Ver Sentencia C-916 de 1999, en relación con este inciso
Inciso derogado
por la Ley 49 de 1990, artículo
83. La determinación de la renta líquida gravable por el sistema de comparación
patrimonial, no da lugar a la sanción por inexactitud respecto del impuesto de
renta; pero sí en cuanto al mayor impuesto de patrimonio que se genere por la
omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.
Parágrafo. Adicionado por el Decreto 129
de 2010, artículo 4º. Las inconsistencias en la declaración del impuesto de
renta y complementarios derivadas de la información a que hace referencia el
parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 789 de 2002
sobre aportes a la seguridad social será sancionable a Título de inexactitud,
en los términos del presente Estatuto Tributario.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1393 de 2010, artículo
28. Las inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y
complementarios derivadas de la información a que hace referencia el parágrafo
1° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 sobre
aportes a la seguridad social será sancionable a título de inexactitud, en los
términos del presente Estatuto Tributario. Ver
Sentencia C-369 de 2011
Ver Ley 863 de 2003, artículo 37 y Sentencia C-571 de 2010
Artículo 647-1.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
art 24. Declarado
exequible condicionalmente por la Sentencia
C-910 de 2004. RECHAZO O DISMINUCIÓN DE
PERDIDAS. La disminución de las pérdidas fiscales declaradas por el
contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por corrección de las
declaraciones privadas, se considera para efectos de todas las sanciones
tributarias como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto
que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuida en la
corrección. Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanción, la
cual se adicionará al valor de las demás sanciones que legalmente deban
aplicarse.
Las
razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o por
corrección, serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de
pérdidas.
Parágrafo 1º.
Las correcciones a las declaraciones del impuesto sobre la renta que incluyan
un incremento del valor de las pérdidas, deberán realizarse de conformidad con
el procedimiento establecido en el artículo 589.
Parágrafo 2 º.
La sanción prevista en el presente artículo no se aplicará, cuando el
contribuyente corrija voluntariamente su declaración antes de la notificación
del emplazamiento para corregir o del auto que ordena inspección tributaria, y
la pérdida no haya sido compensada. Ver Sentencia C-571 de 2010
Ver Concepto 86856 de 2008 de la DIAN
Texto anterior art 648. LA SANCIÓN POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES
PENALES. Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las
sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la
inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito.
Si
el Director General de Impuestos Nacionales, los Administradores o los
funcionarios competentes, consideran que en determinados casos se configuran
inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código Penal, deben enviar las
informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para
adelantar las correspondientes investigaciones penales. Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 648. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 288. Sanción por inexactitud. La
sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la
diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado
en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor
o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso
de las declaraciones de ingresos y patrimonio.
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que
se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata
este artículo será:
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a
cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que
trata el inciso 1° de este artículo cuando la inexactitud se origine de las
conductas contempladas en el numeral 5° del artículo 647 del Estatuto
Tributario o de la comisión
de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo
869 del Estatuto
Tributario.
3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso
de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine
de las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto
Tributario o de la comisión
de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo
869 del Estatuto
Tributario.
4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo
a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el
contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo.
Parágrafo 1°. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1° del presente
artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y
condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.
Parágrafo 2°. La sanción por
inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo será aplicable a
partir del periodo gravable 2018.
Artículo
649.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Modificado por la Ley 863 de
2003, art 6. TRANSITORIO. SANCION POR ACTIVOS OMITIDOS O PASIVOS INEXISTENTES.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que hubieren incluido pasivos
inexistentes u omitido activos adquiridos en períodos no revisables o con
declaración en firme, podrán incluir dichos activos y/o excluir los pasivos en
la declaración inicial por el año gravable 2003, sin que se genere renta por
diferencia patrimonial por tratarse de activos adquiridos en períodos
anteriores no revisables. Lo anterior no se aplica a los inventarios, los
cuales tributan a la tarifa general del impuesto sobre la renta.
La sanción por omisión de
activos e inclusión de pasivos inexistentes de períodos anteriores, será
autoliquidada por el mismo declarante en un valor único del cinco por ciento
(5%) del valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes, por cada
año en que se haya disminuido el patrimonio, sin exceder del treinta por ciento
(30%).
Para tener derecho al
tratamiento anterior, el contribuyente deberá presentar la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2003
dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional, incluyendo los
activos o excluyendo los pasivos, liquidando la correspondiente sanción y
cancelando la totalidad del saldo a pagar o suscribiendo el respectivo acuerdo de
pago.
La preexistencia de los
bienes se entenderá probada con la simple incorporación de los mismos en la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, con la relación
soporte que conserve el contribuyente. Teniendo en cuenta que se trata de
bienes adquiridos con dos años o más de anterioridad, la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales se abstendrá de iniciar investigaciones cambiarias cuando
los mismos estuvieren ubicados en el exterior, salvo que a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley ya se hubiere notificado pliego de cargos. Ver Sentencia C-571 de 2010, Ley 1111 de 2006, arts.
38 y 239-1 del presente Estatuto
Artículo 650.
SANCIÓN POR USO FRAUDULENTO DE CÉDULAS. El contribuyente o responsable que
utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas
fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de fraude procesal.
La
Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos y
pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no
corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado
posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la
operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue
informada, o con su sucesión.
Artículo
650-1.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Declarado exequible
por la Sentencia
C-844 de 1999. Adicionado por la Ley 49 de 1990, artículo
51. SANCION POR NO INFORMAR LA DIRECCION. Cuando en las declaraciones
tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe
incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 589-1.
Ver Circular 118
de 2005 de la DIAN
Artículo
650-2.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Adicionado por la Ley 49 de
1990, artículo 51. SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA.
Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción
hasta de un millón de pesos ($1.000.000) que se graduará según la capacidad
económica del declarante. El procedimiento para la aplicación será el señalado
en el inciso 2º del artículo 651.
Inciso adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
76. Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se
informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le
hubiere señalado la administración una vez efectuadas las verificaciones
previas del caso.
Ver Circular 118 de 2005 de la DIAN
SANCIONES RELATIVAS A
INFORMACIONES Y EXPEDICIÓN DE FACTURAS.
Artículo 651. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 289. Sanción
por no enviar información o enviarla con errores. Las personas y entidades
obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se
les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente
errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:
1. Una multa
que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
a) El cinco por
ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información
exigida;
b) El cuatro
por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma
errónea;
c) El tres por
ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma
extemporánea;
d) Cuando no
sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere
cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren
ingresos, del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o
declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración
del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
2. El
desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos,
pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la
información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración
Tributaria.
Cuando la
sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará
traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término
de un (1) mes para responder.
La sanción a
que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por ciento (50%)
de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es
subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al setenta
por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en
uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se
acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la
misma.
En todo caso,
si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el
literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores
citados en el literal b) que sean probados plenamente.
Parágrafo. El obligado a informar podrá subsanar
de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo, antes de que
la Administración Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá
liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el literal a) del
presente artículo reducida al veinte por ciento (20%).
Las
correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento
del plazo para su presentación no serán objeto de sanción.
Texto anterior art 651. SANCIÓN POR NO ENVIAR
INFORMACIÓN. Inciso modificado por
la Ley 6 de
1992, artículo 55. Las personas y entidades obligadas a suministrar
información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para
ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado,
incurrirán en la siguiente sanción: (Declaradas
exequibles condicionalmente por la Sentencia C-160 de 1998, las expresiones subrayadas)
a) Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo
55. Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), la cual será
fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-Hasta del 5% de las sumas
respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se
suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. (Declaradas exequibles condicionalmente por
la Sentencia C-160 de 1998, las expresiones subrayadas)
-Cuando no sea posible
establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del
0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del
patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año
inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de
ingresos y patrimonio.
b) El desconocimiento de los
costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos
descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se
refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse
y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.
Cuando la sanción se imponga mediante
resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la
persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere
el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma
determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada
antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento
(20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y
otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual
se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de
la misma.
En todo caso, si el
contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el
literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores
citados en el literal b), que sean probados plenamente. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en este literal)
Parágrafo. Derogado por la Ley 863 de 2003, artículo
69. Adicionado por la Ley 223 de
1995, artículo 132. No se aplicará la sanción prevista en este artículo,
cuando la información presente errores que sean corregidos voluntariamente por
el contribuyente antes de que se le notifique pliego de cargos. Ver Sentencia C-571 de 2010
Ver Resolución 11774 de
2005 de la DIAN
Artículo 652.
Título e
inciso
modificados por la Ley 488 de 1998,
artículo 73. SANCIÓN POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS. Quienes estando
obligados a expedir facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los literales a), h) e i) del artículo 617 del Estatuto Tributario,
incurrirán en una sanción del uno por ciento (1%) del valor de las operaciones
facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de diez
millones de pesos ($10.000.000) (valor año base 1998). Cuando haya reincidencia
se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario.
Texto anterior inciso primero: Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
44: “SANCIÓN POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS. Quienes estando obligados a
expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
incurrirán en sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina,
consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658.”
Inciso adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 44. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga
mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la
persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para
responder.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 73. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el
NIT con el lleno de los requisitos legales.
Artículo 652-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 56. SANCIÓN POR NO FACTURAR.
Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de
sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o
consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto
Tributario.
Artículo 653.
Modificado
Ley
223 de 1995, artículo 45. CONSTANCIA DE LA NO
EXPEDICIÓN DE FACTURAS O EXPEDICIÓN SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS. Cuando
sobre las transacciones respecto de las cuales se debe expedir factura no se
cumpla con esta obligación o se cumpla sin el lleno de los requisitos
establecidos en la ley, dos funcionarios designados especialmente por el Jefe
de la División de Fiscalización para tal efecto, que hayan constatado la
infracción, darán fe del hecho, mediante un acta en la cual se consigne el
mismo y las explicaciones que haya aducido quien realizó la operación sin
expedir la factura. En la etapa de discusión posterior no se podrán aducir
explicaciones distintas de las consignadas en la respectiva acta.
SANCIONES RELACIONADAS CON
LA CONTABILIDAD Y DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO.
Artículo 654.
HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Habrá lugar a aplicar sanción por libros
de contabilidad, en los siguientes casos:
a)
No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos;
b)
No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere
obligación de registrarlos;
c)
No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo
exigieren;
d)
Llevar doble contabilidad;
e)
No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de
los impuestos o retenciones;
f)
Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y
el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición,
existan más de cuatro (4) meses de atraso.
Artículo 655.
SANCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. Sin perjuicio del rechazo de
los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos
tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que
no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción
por libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor
entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su
imposición, sin exceder de veinte millones de pesos ($ 20.000.000). (Valor año
base 1987). (año gravable 2001: $294.100.000; año gravable 2002: $317.800.000).
Cuando
la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante
resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a
la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para
responder. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de
2002, las expresiones subrayadas en este inciso)
Parágrafo.
No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en
un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo año
gravable. Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo
656.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Título e inciso modificados por la Ley 223 de
1995, artículo 46. REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES POR LIBROS DE
CONTABILIDAD. Las sanciones pecuniarias contempladas en el artículo 655 se
reducirán en la siguiente forma:
Textos iniciales del título e inciso primero:
“REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES POR LIBROS DE CONTABILIDAD Y NO EXPEDICIÓN DE
FACTURAS. Las sanciones pecuniarias contempladas en los artículos 652 y 655 se
reducirán en la siguiente forma:”
a) A la mitad de su valor,
cuando se acepte la sanción después del traslado de cargos y antes de que se
haya producido la resolución que la impone;
b) Al setenta y cinco por
ciento (75%) de su valor, cuando después de impuesta se acepte la sanción y se
desista de interponer el respectivo recurso.
Para tal efecto, en uno y
otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la
investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el
cual se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las
expresiones subrayadas). Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 657. Modificado por la Ley 1819 de 2016 art 290. Inciso 1º modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 111. La Administración
Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de
comercio, oficina, consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza la
actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que
contendrán la leyenda “CERRADO POR LA DIAN” en los siguientes casos:
Texto anterior inciso 1 del artículo 657 “Sanción de clausura del
establecimiento. La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de
clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en
general, del sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante
la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda “CERRADO POR
EVASIÓN” en los siguientes casos:”.
1. Por un término de tres (3) días, cuando no se expida factura o
documento equivalente estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos
establecidos en los literales b), c), d), e), f), o g) del artículo 617 del Estatuto
Tributario, o se reincida en la
expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales a),
h), o i) del citado artículo.
2. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca que el
contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión
de ingresos y/o de ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que
una factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente, no se
encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias.
3. Por un término de treinta (30) días, cuando las materias
primas, activos o bienes que forman parte del inventario, o las mercancías
recibidas en consignación o en depósito, sean aprehendidas por violación al
régimen aduanero vigente. En este evento, la sanción se aplicará en el mismo
acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días
siguientes a la fecha de firmeza de este. La clausura se acompañará de la
imposición de sellos oficiales que contengan la leyenda “CERRADO POR EVASIÓN Y CONTRABANDO”.
Esta sanción no será aplicable al tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando
ello se pruebe.
4. Por un término de tres (3) días, cuando el agente retenedor o
el responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas o del impuesto
nacional al consumo, o el responsable del impuesto nacional a la gasolina y al
ACPM, o del impuesto nacional al carbono, se encuentre en omisión de la
presentación de la declaración o en mora de la cancelación del saldo a pagar,
superior a tres (3) meses contados a partir de las fechas de vencimiento para
la presentación y pago establecidas por el Gobierno nacional. No habrá lugar a
la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba
a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar, siempre que se
hubiere presentado la solicitud de compensación en los términos establecidos
por la ley; tampoco será aplicable la sanción de clausura, siempre que el
contribuyente declare y pague. Los eximentes de responsabilidad previstos en el
artículo 665 de este Estatuto se tendrán en cuenta para la aplicación de esta
sanción, siempre que se demuestre tal situación en la respuesta al pliego de
cargos.
5. Numeral adicionado
por la Ley 2010 de 2019, artículo 111. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca la no
adopción o el incumplimiento de sistemas técnicos de control.
Parágrafo 1°. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de
habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él
no podrán efectuarse operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad,
profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción y, en todo caso, se
impondrán los sellos correspondientes.
Parágrafo 2°. La sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá
mediante resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad
infractora, quien tendrá un término de diez (10) días para responder. Salvo lo
previsto en el numeral 3 de este artículo, la sanción se hará efectiva dentro
de los diez (10) días siguientes al agotamiento en sede administrativa.
Parágrafo 3°. Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el
contribuyente, responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos oficiales
o por cualquier medio abra o
utilice el sitio o sede clausurado durante el término de la clausura, se
incrementará el término de clausura al doble del inicialmente impuesto.
Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá mediante
resolución, previo traslado de cargos por el término de diez (10) días para
responder.
Parágrafo 4°. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las
autoridades de policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios
competentes de la Administración Tributaria así lo requieran.
Parágrafo 5°. Se entiende por doble facturación la expedición de dos facturas
por un mismo hecho económico, aun cuando alguna de estas no cumpla con los
requisitos formales del artículo 617, y sin que importe su denominación ni el
sistema empleado para su emisión.
Se entiende por sistemas electrónicos de los que se evidencie la
supresión de ingresos y/o de ventas la utilización de técnicas simples de
captura automatizadas e integradas en los sistemas POS valiéndose de programas
informáticos, tales como Phantomware –
software instalado directamente en el sistema POS o programas Zapper – programas externos grabados en
dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que algunas operaciones tales
como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, aparezcan en el
informe o en el historial, se evita que algunas operaciones tales como
reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas, se sumen a los totales
finales, se reinicializa en cero o en algunos casos, en una cifra específica,
los totales finales y otros contadores, genera que ciertos artículos no
aparezcan en el registro o en el historial, se borran selectivamente algunas
transacciones de venta, o se imprimen informes de venta omitiendo algunas
líneas.
Parágrafo 6°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 111. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se
acoge y paga la siguiente multa, la Administración Tributaria se abstendrá de
decretar la clausura del establecimiento, así:
Para efectos de lo dispuesto
en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento (5%) de
los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que
incurrió en el hecho sancionable.
Para efectos de lo dispuesto
en el numeral 2, una sanción pecuniaria equivalente al diez (10%) de los
ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió
en el hecho sancionable.
Para efectos de lo dispuesto
en los numerales 3 y 4, una sanción pecuniaria equivalente al quince por ciento
(15%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en
que incurrió en el hecho sancionable.
Para efectos de lo dispuesto
en el numeral 5, una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) de
los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que
incurrió en el hecho sancionable.
Texto original Parágrafo 6°. En todos los
casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y paga la siguiente
multa, la Administración Tributaria se abstendrá de decretar la clausura del
establecimiento, así:
Para efectos de lo dispuesto
en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) de
los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que
incurrió en el hecho sancionable.
Para efectos de lo dispuesto
en el numeral 2, una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%)
de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que
incurrió en el hecho sancionable.
Para efectos de lo dispuesto
en los numerales 3 y 4, una sanción pecuniaria equivalente al treinta por
ciento (30%) de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la
fecha en que incurrió en el hecho sancionable.
Parágrafo 7°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará en su
página web las sanciones de clausura del establecimiento que sean anuladas en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Texto anterior art 657. SANCIÓN DE CLAUSURA DEL
ESTABLECIMIENTO. La Administración de Impuestos podrá imponer la sanción de
clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, y en
general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, en los
siguientes casos:
a) Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo
74. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a
ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales b), c),
d), e), f), g), del artículo 617 del Estatuto Tributario, o se reincida en la
expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 652
del mismo Estatuto. En estos eventos, cuando se trate de entes que prestan
servicios públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales no exista un perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de
decretar la clausura, aplicando la sanción prevista en el artículo 652 del
Estatuto Tributario. (Declarado
exequible por la Sentencia C-1717 de 2000, el aparte resaltado)
b) Modificado por la Ley 49 de 1990, artículo
42. Cuando se establezca que el contribuyente lleva doble contabilidad, doble
facturación o que una factura o documento equivalente, expedido por el
contribuyente no se encuentra registrada en la contabilidad. Ver Sentencia C-571 de 2010
c) Adicionado por la Ley 633 de 2000 artículo
41. Cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario,
o las mercancías recibidas en consignación o en depósito, sean aprehendidas por
violación al régimen aduanero vigente. En este evento la sanción se hará
efectiva una vez quede en firme en la vía gubernativa el acto administrativo de
decomiso. En este evento la sanción de clausura será de treinta (30) días
calendario y se impondrán sellos oficiales que contengan la leyenda cerrado POR
EVASIÓN Y CONTRABANDO. Esta sanción se aplicará en el mismo acto administrativo
de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) días siguientes al
agotamiento de la vía gubernativa. Esta sanción no será aplicable al tercero
tenedor de buena fe, siempre y cuando lo pueda comprobar con la factura con el lleno de los requisitos legales. (Declarado exequible condicionalmente éste artículo
por la Sentencia C-616 de 2002, salvo la expresión resaltada, la
cual fue declarada inexequible)
d) Derogado por la Ley 1111 de 2006, artículo
78. Adicionado por la Ley 863 de
2003, artículo 25. Cuando quien estando obligado a hacerlo, no se
inscriba en el Registro Unico Tributario, RUT, dentro de los plazos
establecidos en la ley; Ver Sentencia C-616 de 2002
e) Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
25. Cuando el responsable perteneciente al Régimen Simplificado no cumpla con
la obligación prevista en el numeral 4 del artículo 506.
f) Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
25. Cuando el agente retenedor o el responsable del Régimen Común del impuesto
sobre las ventas, se encuentre en omisión de la presentación de la declaración
o en mora en la cancelación del saldo a pagar, superior a tres (3) meses
contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentación y pago
establecidas por el Gobierno Nacional. Los eximentes de responsabilidad
previstos en el artículo 665 se tendrán en cuenta para la aplicación de esta
sanción, siempre que se demuestre tal situación en la respuesta al pliego de cargos.
No habrá lugar a la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes
cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar. Ver Sentencia C-571 de 2010
Inciso declarado exequible por la Sentencia C-1717 de 2000. Inciso modificado por la Ley 488 de
1998, artículo 75. La sanción a que se refiere el presente artículo, se
aplicará clausurando por tres (3) días el sitio o sede respectiva, del
contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la imposición de sellos
oficiales que contendrán la leyenda "cerrado por evasión". Ver Sentencia C-635 de 2012, respecto del aparte subrayado en este inciso
Inciso declarado exequible por la Sentencia
C-571 de 2010. Cuando el lugar clausurado fuere
adicionalmente casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que
lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el
desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que dure la
sanción y en todo caso, se impondrán los sellos correspondientes.
Inciso modificado
por la Ley 223 de 1995, artículo
47. Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente en
cualquiera de los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar
será la clausura por diez (10) días calendario y una multa equivalente a la
establecida en la forma prevista en el artículo 655.
La sanción a que se refiere
el presente artículo, se impondrá mediante resolución, previo traslado
de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de diez
(10) días para responder. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en este inciso)
Inciso declarado exequible por la Sentencia C-1717 de 2000. La
sanción se hará efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al agotamiento
de la vía gubernativa.
Para dar aplicación a lo
dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar
su colaboración, cuando los funcionarios competentes de la Administración de
Impuestos así lo requieran. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en este inciso)
Artículo
657-1.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-674 de 1999, excepto el
numeral 5º que fue declarado
exequible. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 77. RETENCIÓN DE MERCANCÍAS A QUIENES COMPREN SIN FACTURA
O DOCUMENTO EQUIVALENTE. A quien en un radio de seiscientos (600) metros de
distancia del establecimiento comercial, se le sorprenda con mercancías
adquiridas en éste, sin contar con la correspondiente factura o documento
equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad Administrativa
Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Toda retención de mercancías deberá ser efectuada, mediante acta,
por una persona expresamente comisionada por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, quien podrá, si así lo requiere, solicitar el apoyo de la
fuerza pública.
2. Quien adelante la diligencia de retención de la mercancía,
entregará al afectado un comprobante en el cual conste este hecho, el cual se
diligenciará en un formato especialmente diseñado para este efecto por la DIAN.
3. La mercancía retenida será almacenada en las bodegas o depósitos
que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto.
4. Los bienes retenidos podrán ser rescatados por el interesado,
previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente, con
el lleno de los requisitos legales, y el pago de una multa equivalente al diez
por ciento (10%) del valor de la mercancía, que figure en la correspondiente
factura o documento equivalente.
5.
Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin
factura o documento equivalente, deberán elaborar simultáneamente el informe
correspondiente, y darán traslado a la oficina competente para que se imponga
al establecimiento una sanción de cierre por evasión, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 657 del Estatuto Tributario.
6. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la fecha en que se
haya efectuado la retención de la mercancía y esta no haya sido rescatada, con
el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá declarar su decomiso a favor de la Nación mediante
resolución.
El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondrá
de un máximo de ocho (8) días hábiles, contados desde el vencimiento del
término señalado en el inciso anterior, para expedir la resolución
correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra la
resolución proferida procederán los recursos de Ley.
7. Los bienes decomisados a favor de la Nación podrán ser objeto de
venta a través del sistema de remate, de donación o de destrucción de
conformidad con los procedimientos vigentes en el régimen aduanero.
Parágrafo. Cuando se trate de bienes
perecederos, los plazos a que se refiere el numeral 6) de este artículo, serán
de un (1) día hábil.
Artículo
658.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. SANCIÓN
POR INCUMPLIR LA CLAUSURA. Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo
en que incurra el contribuyente, responsable o agente retenedor, cuando rompa
los sellos oficiales, o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede
clausurado durante el término de la clausura, se le podrá incrementar el
término de clausura, hasta por un (1) mes.
Esta ampliación de la
sanción de clausura, se impondrá mediante resolución, previo traslado de
cargos por el término de diez (10) días para responder. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-506 de 2002 y Sentencia C-893 de 2002, las
expresiones subrayadas)
Artículo 658-1.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 1o. SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. Cuando en la
contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se
encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos
gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes y
pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes
que deben cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 de este
Estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento
(20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de la suma de
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual no podrá
ser sufragada por su representada.
Inciso modificado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 26. La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá
igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad
correspondiente.
Esta
sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de
imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la
sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para
adelantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes
para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado. Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 658-2.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 27. SANCIÓN POR EVASIÓN PASIVA. Las personas o entidades que realicen
pagos a contribuyentes y no relacionen el correspondiente costo o gasto dentro
de su contabilidad, o estos no hayan sido informados a la administración
tributaria existiendo obligación de hacerlo, o cuando esta lo hubiere
requerido, serán sancionados con una multa equivalente al valor del impuesto
teórico que hubiera generado tal pago, siempre y cuando el contribuyente
beneficiario de los pagos haya omitido dicho ingreso en su declaración
tributaria.
Sin
perjuicio de la competencia general para aplicar sanciones administrativas y de
las acciones penales que se deriven por tales hechos, la sanción prevista en
este artículo se podrá proponer, determinar y discutir dentro del mismo proceso
de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra el
contribuyente que no declaró el ingreso. En este último caso, las dependencias
competentes para adelantar la actuación frente a dicho contribuyente serán
igualmente competentes para decidir frente a la persona o entidad que hizo el
pago. Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 658-3.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 49. SANCIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE
INSCRIBIRSE EN EL RUT Y OBTENCIÓN DEL NIT.
1.
Sanción por no inscribirse en el Registro Unico Tributario, RUT, antes del
inicio de la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo.
Se
impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por
el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la
inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en
la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u
oficina.
2. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 291. Sanción por no exhibir en
lugar visible al público la certificación de la inscripción en el Registro
Único Tributario (RUT), por parte del responsable del régimen simplificado del
IVA.
Se
impondrá una multa equivalente a diez (10) UVT.
Texto anterior numeral 2. Sanción por no exhibir en lugar
visible al público la certificación de la inscripción en el Registro Unico
Tributario, RUT, por parte del responsable del régimen simplificado del IVA.
Se
impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por
el término de tres (3) días.
3.
Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que
genera la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas en el
Registro Unico Tributario, RUT.
Se
impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la
actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera
a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos
(2) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.
4. Declarado
exequible por la Sentencia
C-571 de 2010. Sanción por informar datos
falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o del obligado a
inscribirse en el Registro Unico Tributario, RUT.
Se
impondrá una multa equivalente a cien (100) UVT.
SANCIONES RELATIVAS A LAS
CERTIFICACIONES DE CONTADORES PÚBLICOS.
Artículo 659.
Declarado
exequible por la Sentencia C-597 de 1996.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 54. SANCIÓN POR VIOLAR LAS
NORMAS QUE RIGEN LA PROFESIÓN. Los contadores públicos, auditores o revisores
fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros
o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los
asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin
sujeción a las normas de Auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base
para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones
ante la Administración Tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 de
1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción
profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.
En
iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria
oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas.
Las
sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la Junta Central de
Contadores. El Director de Impuestos Nacionales o su delegado-quien deberá ser
Contador Público-hará parte de la misma en adición a los actuales miembros.
Artículo 659-1.
Declarado exequible
por la Sentencia
C-597 de 1996 y por la Sentencia
C-538 de 1997. Adicionado por la Ley
6 de 1992, artículo 54. SANCIÓN A SOCIEDADES DE
CONTADORES PÚBLICOS. Las sociedades de contadores públicos que ordenen o
toleren que los contadores públicos a su servicio incurran en los hechos
descritos en el artículo anterior, serán sancionadas por la Junta Central de
Contadores con multas hasta de (dos millones de pesos ($2.000.000.oo) (año
gravable 2001: $8.700.000; año gravable 2002: $9.400.000)). dos millones de
pesdos ($2.000.000.00) (valor año base 1992). La cuantía de la sanción será determinada
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su
servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad.
Se
presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales
hechos, cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de auditoría
o cuando en tres o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en
personas que pertenezcan a la sociedad como auditores, contadores o revisores
fiscales. En este evento procederá la sanción prevista en el artículo anterior.
Artículo 660.
Declarado
exequible por la Sentencia C-597 de 1996.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 54. SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD
DE FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Cuando en la providencia que agote la vía
gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo
a favor, en una cuantía superior a dos millones de pesos ($ 2000.000.00),
originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración
tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal,
que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para
firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás
pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por un año la primera
vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera
oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el
Administrador de Impuestos respectivo y contra la misma procederá recurso de
apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser
interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción
(valor año base 1992).
Todo
lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a
que haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores.
Para
poder aplicar la sanción prevista en este artículo deberá cumplirse el
procedimiento contemplado en el artículo siguiente.
Ver Sentencia del Consejo de Estado 16721 de agosto de 2009.
Artículo 661.
REQUERIMIENTO PREVIO AL CONTADOR O REVISOR FISCAL. El funcionario del
conocimiento enviará un requerimiento al Contador o Revisor Fiscal respectivo,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la providencia, con el
fin de que éste conteste los cargos correspondientes. Este requerimiento se
enviará por correo a la dirección que el Contador hubiere informado, o en su
defecto, a la dirección de la empresa.
El
Contador o Revisor Fiscal dispondrá del término de un (1) mes para responder el
requerimiento, aportar y solicitar pruebas.
Una
vez vencido el término anterior, si hubiere lugar a ello, se aplicará la
sanción correspondiente. La providencia respectiva se notificará personalmente
o por edicto y se comunicará a la Junta Central de Contadores para los fines
pertinentes.
Artículo 661-1.
Declarado
exequible por la Sentencia C-597 de 1996.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 54. COMUNICACIÓN DE
SANCIONES. Una vez en firme en la vía gubernativa las sanciones previstas en
los artículos anteriores, la Administración Tributaria informará a las
entidades financieras, a la Cámaras de Comercio y a las diferentes oficinas de
impuestos del país, el nombre del contador y/o sociedad de contadores o firma
de contadores o auditores objeto de dichas sanciones.
SANCIONES ESPECÍFICAS PARA
CADA TRIBUTO.
Artículo
662.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. Declarado exequible
por la Sentencia
C-739 de 2006. SANCIÓN POR UTILIZACIÓN DE
INTERPUESTAS PERSONAS POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES. Cuando
la Administración Tributaria determine que en la suscripción de acciones o
bonos convertibles en acciones, por parte de los inversionistas
institucionales, que dan derecho al descuento tributario de que trata el artículo
258, éstos actuaron como simples intermediarios de accionistas o terceros, se
aplicarán las siguientes sanciones:
a) Si la sociedad anónima
conoció del hecho, no podrá solicitar el descuento señalado y en caso de
solicitarlo, será objeto de una sanción equivalente al doscientos por ciento
(200%) de dicho descuento;
b) Si la sociedad anónima no
conoció del hecho, la sanción establecida en el numeral anterior, será impuesta
al inversionista institucional, solidariamente con el tercero o accionista al
cual sirvió de testaferro o intermediario.
La sanción de que trata el
presente artículo, se impondrá por el Administrador de Impuestos Nacionales
respectivo, previa investigación por parte de los funcionarios de la
Administración Tributaria y traslado de cargos, por el término de un (1) mes,
para que responda tanto la sociedad, los accionistas o terceros, como el
inversionista institucional correspondiente. Contra esta resolución
solamente procede el recurso de reposición, el cual debe interponerse dentro
del mes siguiente a su notificación.
Parágrafo. Para efectos del ordinal a) del
presente artículo, se entiende que la sociedad conoció del hecho, cuando sus
representantes o directivos conocieron previamente dichas maniobras.
Se considera que un
inversionista institucional actuó como testaferro, cuando concertó previamente
la operación con los terceros o accionistas, o cuando éstos, directa o
indirectamente, suministraron el dinero para la suscripción de dichos valores y
adquieran los mismos, dentro de los doce (12) meses siguientes a la
suscripción. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las
expresiones subrayadas en este artículo)
Artículo 663.
SANCIÓN POR GASTOS NO EXPLICADOS. Cuando las compras, costos y gastos del
contribuyente excedan de la suma de los ingresos declarados y los pasivos
adquiridos en el año, el contribuyente podrá ser requerido por la
Administración de Impuestos para que explique dicha diferencia.
La
no explicación de la diferencia a que se refiere el presente artículo, generará
una sanción equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia no
explicada.
Esta
sanción se impondrá, previo traslado de cargos por el término de un (1) mes
para responder. Ver
Sentencia C-571 de 2010 y Sentencia 16357 de 2008 del Consejo de Estado
Artículo 664.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 25. SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES. El
desconocimiento de la deducción por salarios, por no acreditar el pago de los
aportes al Instituto de Seguros Sociales y a las entidades a que se refiere la Ley
100 de 1993, al Servicio Nacional de Aprendizaje,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las Cajas de Compensación
Familiar, de quienes estén obligados a realizar tales aportes, se efectuará por
parte de la Administración de Impuestos, si no se acredita que el pago fue
efectuado previamente a la presentación de la correspondiente declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desarrollará programas de
fiscalización, para verificar el cumplimiento de los contribuyentes con los
aportes parafiscales y proceder al rechazo de costos y deducciones, de
conformidad con lo establecido en este artículo.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78 y Decreto 1750 de 2003.
Artículo 665.
Modificado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 22. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LAS RETENCIONES EN LA
FUENTE Y EL IVA. El Agente Retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro
de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva
retención, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para
los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación.
En
la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que,
teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por
dicho concepto, dentro del mes siguiente a la finalización del bimestre
correspondiente.
Tratándose
de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas
obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán informar a la
administración de la cual sea contribuyente, con anterioridad al ejercicio de
sus funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente
para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no hacerlo las
sanciones previstas en este artículo, recaerán sobre el representante legal.
Parágrafo.
Unificados los
parágrafos 1 y 2 de este artículo en uno sólo, por la Ley 633 de 2000
artículo 42. Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas
extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus
correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las
sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente
retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito
un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en
debida forma. (El aparte resaltado fue derogado
por la Ley 1066 de 2006, art 21)
“Ver
inciso inciso final del artículo 42 de la Ley 633 de 2000,
el cual establece: “Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para
el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en
liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso
de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido admitidas
a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace referencia la Ley
550 de 1999, en relación con el
impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas"
Artículo 666.
RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CERTIFICAR CORRECTAMENTE VALORES RETENIDOS. Los retenedores
que expidan certificados por sumas distintas a las efectivamente retenidas, así
como los contribuyentes que alteren el certificado expedido por el retenedor,
quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para el
delito de falsedad.
Tratándose
de sociedades u otras entidades quedan sometidas a esas mismas sanciones las
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de las
obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán informar a la respectiva
Administración o Recaudación la identidad de la persona que tiene la
autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones
recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe
constar la aceptación del empleado señalado. Ver Decreto 1643 de 1991 en relación con la expresión subrayada
Artículo 667. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 292. Sanción por no expedir
certificados. Los agentes retenedores que, dentro del plazo establecido
por el Gobierno nacional, no cumplan con la obligación de expedir los
certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y
retenciones, incurrirán en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos.
La misma sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado
de la parte no gravable de los rendimientos financieros pagados a los
ahorradores.
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante
resolución independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la persona
o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere este artículo se reducirá al treinta por
ciento (30%) de la suma inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada
antes de que se notifique la resolución sanción; o al setenta por ciento (70%)
de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se
deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la
omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
Texto original art 667. SANCIÓN POR NO EXPEDIR
CERTIFICADOS. Los retenedores que, dentro del plazo establecido por el Gobierno
Nacional, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención
en la fuente, incluido el certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en
una multa hasta del cinco por ciento (5%) del valor de los pagos o abonos
correspondientes a los certificados no expedidos.
La misma sanción será
aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable
de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores.
Cuando la sanción a que se
refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución independiente,
previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere
este artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma inicialmente
propuesta, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la
resolución de sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la
omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que
se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá
presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la
omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en
éste artículo)
Artículo
668.
Derogado por la Ley 1819 de 2016, art 376. SANCIÓN
POR EXTEMPORANEIDAD EN LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VENDEDORES E
INSCRIPCIÓN DE OFICIO. Los responsables del impuesto sobre las ventas que se
inscriban en el registro nacional de vendedores con posterioridad al plazo
establecido en el artículo 507 y antes de que la Administración de Impuestos lo
haga de oficio, deberán liquidar y cancelar una sanción equivalente a diez mil
pesos ($10.000) (año gravable 2001: $120.000; año gravable 2002: $130.000) por
cada año o fracción de año calendario de extemporaneidad en la inscripción.
Cuando se trate de responsables del régimen simplificado, la sanción será de
cinco mil pesos ($5.000) (año gravable 2001: $59.000; año gravable 2002:
$64.000).
Cuando la inscripción se
haga de oficio, se aplicará una sanción de veinte mil pesos ($20.000) (año
gravable 2001: $240.000; año gravable 2002: $260.000) por cada año o fracción
de año calendario de retardo en la inscripción. Cuando se trate de responsables
del régimen simplificado, la sanción será de diez mil pesos ($10.000) (año
gravable 2001: $120.000; año gravable 2002: $130.000).
Ver Decreto 3804 de 2004 y artículo 555-2 del presente Estatuto.
Artículo 669.
SANCIÓN POR OMITIR INGRESOS O SERVIR DE INSTRUMENTO DE EVASIÓN. Las
responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común, que
realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen sociedades que
sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en una multa
equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma.
Esta
multa se impondrá por el Administrador de Impuestos Nacionales, previa
comprobación del hecho y traslado de cargos al responsable por el término de un
(1) mes para contestar. Ver Sentencia C-571 de 2010
Artículo 670. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 293. Sanción por improcedencia de las
devoluciones y/o compensaciones. Las devoluciones y/o compensaciones
efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y
complementarios, y del impuesto sobre las ventas, presentadas por los
contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su
favor.
Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación,
mediante liquidación oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de
devolución y/o compensación, o en caso de que el contribuyente o responsable
corrija la declaración tributaria disminuyendo el saldo a favor que fue objeto
de devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía, deberán
reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los
intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el
valor devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en
debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la
fecha del pago. La base para liquidar los intereses moratorios no incluye las
sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del
saldo a favor objeto de devolución y/o compensación.
La devolución y/o compensación de valores improcedentes será sancionada
con multa equivalente a:
1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso
cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en
cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción.
2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en
exceso cuando la Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor.
La Administración Tributaria deberá imponer la anterior sanción dentro
de los tres (3) años siguientes a la presentación de la declaración de
corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión, según el
caso.
Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados
por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del período siguiente,
como consecuencia del proceso de determinación o corrección por parte del
contribuyente o responsable, la Administración Tributaria exigirá su reintegro
junto con los intereses moratorios correspondientes, liquidados desde el día
siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar la declaración objeto
de imputación.
Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una
devolución y/o compensación, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente
al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado en forma
improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así como el representante
legal que hayan firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o
compense el saldo improcedente, serán solidariamente responsables de la sanción
prevista en este inciso, si ordenaron y/o aprobaron las referidas
irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la salvedad
correspondiente.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado
del pliego de cargos por el término de un (1) mes para responder al
contribuyente o responsable.
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya
presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción
se debe resolver en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de
interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el
silencio administrativo positivo.
Parágrafo 2°. Cuando el recurso contra la sanción por devolución y/o
compensación improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere
pendiente de resolver en sede administrativa o en la jurisdiccional el recurso
o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la
improcedencia de dicha devolución y/o compensación, la Administración
Tributaria no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la
resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.
Texto anterior art 670. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
131. SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES. Las
devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del
impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por
los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo
a su favor.
Si la Administración
Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial
rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación,
deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso más los
intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta
por ciento (50%).
Esta sanción deberá imponerse
dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se
notifique la liquidación oficial de revisión.
Cuando en el proceso de
determinación del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a favor, que hayan
sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del
período siguiente, la Administración exigirá su reintegro, incrementado en los
intereses moratorios correspondientes.
Cuando utilizando documentos
falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente se impondrá
una sanción equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en
forma improcedente.
Para efectos de lo dispuesto
en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término
de un mes para responder.
Parágrafo 1. Cuando la solicitud de devolución
se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la
sanción, se debe resolver en el término de un año contado a partir de la fecha
de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará
el silencio administrativo positivo
Parágrafo 2. Cuando el recurso contra la
sanción por devolución improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y
estuviere pendiente de resolver en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el
recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la
improcedencia de dicha devolución, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución
que falle negativamente dicha demanda o recurso.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo 671. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 294. Sanción de declaración de
proveedor ficticio o insolvente. No serán deducibles en el impuesto sobre
la renta, ni darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las
ventas, las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiere declarado
como:
a) Proveedores ficticios, en el caso de aquellas personas o entidades
que facturen ventas o prestación de servicios simulados o inexistentes. Esta
calificación se levantará pasados cinco (5) años de haber sido efectuada;
b) Insolventes, en el caso de aquellas personas o entidades a quienes no
se haya podido cobrar las deudas tributarias, en razón a que traspasaron sus
bienes a terceras personas, con el fin de eludir el cobro de la Administración.
La Administración deberá levantar la calificación de insolvente, cuando la
persona o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas. Estas compras
o gastos dejarán de ser deducibles desde la fecha de publicación en un diario
de amplia circulación nacional de la correspondiente declaratoria.
La sanción a que se refiere el presente artículo, deberá imponerse
mediante resolución, previo traslado de cargos por el término de un mes para
responder.
La publicación antes mencionada, se hará una vez se agote la vía
gubernativa.
Texto anterior art 671. SANCIÓN DE DECLARACIÓN DE
PROVEEDOR FICTICIO O INSOLVENTE. A partir de la fecha de su publicación en un
diario de amplia circulación nacional, no serán deducibles en el impuesto sobre
la renta, ni darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las
ventas, las compras o gastos efectuados a quienes el Administrador de
Impuestos Nacionales respectivo, hubiere declarado como:
a) Proveedores ficticios, en
el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o prestación de
servicios, simulados o inexistentes. Esta calificación se levantará pasados
cinco (5) años de haber sido efectuada; Ver
Sentencia C-571 de 2010
b) Insolventes, en el caso de
aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las deudas
tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a terceras personas, con el
fin de eludir el cobro de la Administración. La Administración deberá levantar
la calificación de insolvente, cuando la persona o entidad pague o acuerde el
pago de las sumas adeudadas.
La sanción a que se refiere
el presente artículo, deberá imponerse mediante resolución, previo
traslado de cargos por el término de un mes para responder.
La publicación antes
mencionada, se hará una vez se agote la vía gubernativa. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en éste artículo)
Artículo 671-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 97. INSOLVENCIA. Cuando la
Administración Tributaria encuentre que el contribuyente durante el proceso de
determinación y discusión del tributo, tenía bienes que, dentro del
procedimiento administrativo de cobro, no aparecieren como base para la
cancelación de las obligaciones tributarias y se haya operado una disminución
patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor, salvo que se justifique
plenamente la disminución patrimonial.
No
podrán admitirse como justificación de disminución patrimonial, los siguientes
hechos:
1.
La enajenación de bienes, directamente o por interpuesta persona, hecha a
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único
civil, a su cónyuge o compañero (a) permanente, realizadas con posterioridad a
la existencia de la obligación fiscal.
2.
La separación de bienes de mutuo acuerdo decretada con posterioridad a la
existencia de la obligación fiscal.
3.
La venta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto del
cual se haya renunciado a la lesión enorme.
4.
La venta de acciones, cuotas o partes de interés social distintas a las que se
coticen en bolsa por un valor inferior al costo fiscal.
5.
La enajenación del establecimiento de comercio por un valor inferior al 50% del
valor comercial.
6.
La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia mercantil
deban pasar al mismo contribuyente, a su cónyuge o compañero (a) permanente,
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único
civil o sociedades en las cuales el contribuyente sea socio en más de un 20%.
7.
El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro medio
de disposición del bien que se hubiere gravado como garantía prestada en
facilidades de pago otorgadas por la administración.
Artículo 671-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 98. EFECTOS DE LA
INSOLVENCIA. La declaración administrativa de la insolvencia conlleva los
siguientes efectos:
a)
Para las personas naturales su inhabilitación para ejercer el comercio por
cuenta propia o ajena;
b)
Respecto de las personas jurídicas o sociedades de hecho, su disolución, la
suspensión de sus administradores o representantes legales en el ejercicio de
sus cargos o funciones y la inhabilitación de los mismos para ejercer el
comercio por cuenta propia o ajena. Cuando se trate de sociedades anónimas la
inhabilitación anterior se impondrá solamente a sus administradores o
representantes legales.
Los
efectos señalados en este artículo tendrán una vigencia hasta de cinco años, y
serán levantados en el momento del pago.
Artículo 671-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 99. PROCEDIMIENTO PARA
DECRETAR LA INSOLVENCIA. El Subdirector de Cobranzas o el Administrador de
Impuestos Nacionales según el caso, mediante resolución declarará la
insolvencia de que trata el artículo 671-1 del Estatuto Tributario. Contra esta
providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario y en
subsidio el de apelación, dentro del mes siguiente a su notificación.
Los
anteriores recursos deberán fallarse dentro del mes siguiente a su
interposición en debida forma.
Una
vez ejecutoriada la providencia, deberá comunicarse a la entidad respectiva
quien efectuará los registros correspondientes.
SANCIONES A NOTARIOS Y A
OTROS FUNCIONARIOS.
Artículo 672.
SANCIÓN POR AUTORIZAR ESCRITURAS O TRASPASOS SIN EL PAGO DE LA RETENCIÓN. Los
notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o traspasos sin que se
acredite previamente la cancelación del impuesto retenido, incurrirán en una
multa equivalente al doble del valor que ha debido ser cancelado, la cual se
impondrá por el respectivo Administrador de Impuestos o su delegado, previa
comprobación del hecho.
Artículo 673.
SANCIÓN A NOTARIOS QUE AUTORICEN ESCRITURAS POR UN PRECIO INFERIOR. Los
notarios que violaren lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 278, serán
sancionados por la Superintendencia de Notariado y Registro, con base en la
información que le suministre la Dirección de Impuestos Nacionales, con multa
equivalente al 5% del valor mínimo que debería figurar en la correspondiente
escritura. Ver Decreto 4836 de 2010 y Decreto 920 de 2011
Artículo 673-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 77. SANCIÓN A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL ESTADO
POR ENRIQUECIMIENTO NO JUSTIFICADO. Los empleados y trabajadores del Estado a
quienes como producto de una investigación tributaria se les hubiere
determinado un incremento patrimonial, cuya procedencia no hubiere sido
explicada en forma satisfactoria, perderán automáticamente el cargo que se
encuentren desempeñando, sin perjuicio de las acciones penales y de los mayores
valores por impuestos y sanciones que resulten del proceso de determinación
oficial tributaria.
La
sanción administrativa aquí prevista, se impondrá por la entidad nominadora,
previa información remitida por el Director de Impuestos Nacionales, y una vez
en firme la liquidación oficial en la vía gubernativa.
SANCIONES A ENTIDADES
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS.
Artículo 674. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 295. Errores
de verificación. Las entidades autorizadas para la recepción de las
declaraciones y el recaudo de impuestos y demás pagos originados en
obligaciones tributarias, incurrirán en las siguientes sanciones, en
relación con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha
autorización:
1. Diez (10)
UVT por cada declaración o documento recepcionadocon errores de
verificación, cuando el número de identificación tributaria no coincida
con el consignado en el Registro Único Tributario, RUT, del declarante,
contribuyente, agente retenedor o responsable.
2. Diez (10)
UVT por cada declaración o documento recepcionadosin el diligenciamiento
de la casilla de la firma del declarante o de quien lo representa.
3. Diez (10)
UVT por cada formulario recepcionado cuando el mismo deba presentarse
exclusivamente a través de los servicios informáticos electrónicos de acuerdo
con las resoluciones de prescripción de formularios proferidas por la
Administración Tributaria, salvo en los eventos de contingencia autorizados
previamente por la DIAN.
4. Cinco (5)
UVT por cada número de registro anulado no informado que identifique una
declaración, recibo o documento recepcionado.
Texto anterior art 674. Declarado exequible por la Sentencia C-893 de 2002.
ERRORES DE VERIFICACIÓN. Las entidades autorizadas para la recepción de las
declaraciones y el recaudo de impuestos y demás pagos originados en
obligaciones tributarias, incurrirán en las siguientes sanciones, en relación
con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorización:
1. Hasta mil pesos ($1.000)
(año gravable 2001: $15.000; año gravable 2002: $16.000) por cada declaración,
recibo o documento recepcionado con errores de verificación, cuando el nombre,
la razón social o el número de identificación tributaria, no coincidan con los
que aparecen en el documento de identificación del declarante, contribuyente,
agente retenedor o responsable.
2. Hasta mil pesos ($1.000)
(año gravable 2001: $15.000; año gravable 2002: $16.000) por cada número de
serie de recepción de las declaraciones o recibos de pago, o de las planillas
de control de tales documentos, que haya sido anulado o que se encuentre
repetido, sin que se hubiere informado de tal hecho a la respectiva
Administración de Impuestos, o cuando a pesar de haberlo hecho, tal información
no se encuentre contenida en el respectivo medio magnético.
3. Hasta mil pesos ($1.000)
(año gravable 2001: $15.000; año gravable 2002: $16.000) por cada formulario o
recibo de pago que, conteniendo errores aritméticos, no sea identificado como
tal; o cuando a pesar de haberlo hecho, tal identificación no se encuentre
contenida en el respectivo medio magnético. (Valores año base 1987.)
Artículo 675. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 296. Inconsistencia
en la información remitida. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, cuando la información remitida en el medio magnético no coincida con
la contenida en los formularios o recibos de pago recepcionados por
la entidad autorizada para tal efecto, y esta situación se presente respecto de
un número de documentos que supere el medio por ciento (0.5%) del total de
documentos correspondientes a la recepción o recaudo de un mismo día, la
respectiva entidad será acreedora a una sanción por cada documento que presente
uno o varios errores, liquidada como se señala a continuación:
1. Diez (10)
UVT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor
al medio por ciento (0.5%) y no superior al dos punto cinco por ciento (2.5%)
del total de documentos.
2. Veinte (20)
UVT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor
al dos punto cinco por ciento (2.5%) y no superior al cuatro por ciento (4%)
del total de documentos.
3. Treinta (30)
UVT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor
al cuatro por ciento (4%) del total de documentos.
4. Cinco (5)
UVT por cada documento físico no reportado en medio magnético o cuando el
documento queda reportado más de una vez en el medio magnético.
Texto anterior art 675. Declarado exequible por la Sentencia C-893 de 2002.
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REMITIDA. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, cuando la información remitida en el medio magnético, no coincida con
la contenida en los formularios o recibos de pago recepcionados por la entidad
autorizada para tal efecto, y esta situación se presente respecto de un número
de documentos que supere el uno por ciento (1%), del total de documentos
correspondientes a la recepción o recaudo de un mismo día, la respectiva
entidad será acreedora a una sanción, por cada documento que presente uno o
varios errores, liquidada como se señala a continuación:
1. Hasta mil pesos ($ 1.000),
cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor al
uno por ciento (1%) y no superior al tres por ciento (3%) del total de
documentos.
2. Hasta dos mil pesos ($
2000), cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos
mayor al tres por ciento (3%) y no superior al cinco por ciento (5%) del total
de documentos.
3. Hasta tres mil pesos ($
3.000), cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos
mayor al cinco por ciento (5%). (Valores año base 1987).
Artículo 676. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 297. Extemporaneidad en la entrega de
la información de los documentos recibidos de los contribuyentes. Cuando
las entidades autorizadas para recaudar impuestos incumplan los términos
fijados y lugares señalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para la entrega de los documentos recibidos, así como para entregar la
información correspondiente a esos documentos en medios electrónicos o en los
mecanismos que se determinen para la grabación y transmisión, incurrirán en las
siguientes sanciones, por cada documento:
1. De uno (1) a cinco (5) días de retraso, una sanción de una (1) UVT.
2. De seis (6) a diez (10) días de retraso, una sanción dos (2) UVT.
3. De once (11) a quince (15) días de retraso, una sanción de tres (3)
UVT.
4. De quince (15) a veinte (20) días de retraso, una sanción de cuatro
(4) UVT.
5. De veinte (20) a veinticinco (25) días de retraso, una sanción de
cinco (5) UVT.
6. Más de veinticinco (25) días de retraso, una sanción de ocho (8) UVT.
Los términos se contaran por días calendario, a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo para la entrega de los documentos o la información
correspondiente a los documentos, hasta el día de su entrega efectiva.
Texto anterior art 676. Declarado exequible por
la Sentencia C-893 de 2002. EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Cuando las
entidades autorizadas para recaudar impuestos, incumplan los términos fijados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para entregar a las
Administraciones de Impuestos los documentos recibidos, así como para
entregarle información en medios magnéticos en los lugares señalados para tal
fin, incurrirán en una sanción hasta de veinte mil pesos ($20.000), (Valores
año base 1987) (año gravable 2001: $290.000; año gravable 2002: $320.000), por
cada día de retraso.
Artículo 676-1. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 298. Extemporaneidad e inexactitud en
los informes, formatos o declaraciones que deben presentar las entidades
autorizadas para recaudar. Las entidades autorizadas para recaudar
incurrirán en las siguientes sanciones, en relación con la presentación y entrega
de informes de recaudo, formatos o declaraciones de consignaciones establecidos
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el control del recaudo:
1. Veinte (20) UVT por errores en las cifras reportadas en el valor del
recaudo diario, valor del recaudo total, número de operaciones registradas,
saldos de consignación del recaudo, valor por intereses, valor por sanciones,
valor por consignaciones y saldos pendientes por consignar, en los informes de
recaudo, formatos o declaraciones de consignaciones solicitados por la
Autoridad Tributaria.
2. Cuando cada informe de recaudo, formato o declaración de
consignaciones solicitados por la Administración Tributaria sean presentados o
entregados de forma extemporánea, incurrirán en las siguientes sanciones:
a) De uno (1) a diez (10) días de retraso, una sanción de cinco (5) UVT;
b) De once (11) a veinte (20) días de retraso, una sanción de diez (10)
UVT;
c) Más de veinte (20) días de retraso, una sanción de veinte (20) UVT.
Los términos se contarán por días calendario, a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo en la entrega del informe, formato o declaración hasta
el día de su entrega efectiva.
En la misma sanción prevista en el numeral 2 de este artículo,
incurrirán las entidades autorizadas para recaudar que realicen las
correcciones a los informes de recaudo, formatos o declaraciones de
consignaciones solicitadas por la Administración Tributaria, por fuera de los
plazos concedidos para realizarlas.
Artículo 676-2. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 299. Aplicación de los principios
de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen
sancionatorio de las entidades autorizadas para recaudar. Para la
aplicación del régimen sancionatorio establecido en los artículos 674, 675, 676
y 676-1 del presente Estatuto se deberá atender lo siguiente:
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto
previsto en la ley, siempre que los errores, inconsistencias y/o
extemporaneidades se presenten respecto de un número de documentos o informes
menor o igual al uno por ciento (1.0%) del total de
documentos recepcionados o informes presentados por la entidad
autorizada para recaudar durante el año fiscal en el que se hubiesen cometido
las respectivas conductas objeto de sanción.
2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto
previsto en la ley, siempre que los errores, inconsistencias y/o
extemporaneidades se presenten respecto de un número de documentos o informes
mayor al uno por ciento (1.0%) y menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) del
total de documentos recepcionados o informes presentados por la
entidad autorizada para recaudar durante el año fiscal en el que se hubiesen
cometido las respectivas conductas objeto de sanción.
Artículo 676-3. Adicionada por la Ley
1819 de 2016, art 301. Sanción mínima y máxima en el
régimen sancionatorio de las entidades autorizadas para recaudar. En
ningún caso el valor de las sanciones de que tratan los artículos 674, 675, 676
y 676-1 de este Estatuto será inferior a veinte (20) UVT por cada conducta
sancionable.
En todo caso, la sumatoria de las sanciones de que trata el inciso
anterior, que se lleguen a imponer, no podrá superar el monto de treinta y tres
mil (33.000) UVT en el año fiscal.
Artículo 677.
Declarado
exequible por la Sentencia C-893 de 2002.
CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS Y RECIBIR DECLARACIONES.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá, en cualquier momento, excluir
de la autorización para recaudar impuestos y recibir declaraciones tributarias,
a la entidad que incumpla las obligaciones originadas en la autorización,
cuando haya reincidencia o cuando la gravedad de la falta así lo amerite.
Artículo 678.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. COMPETENCIA PARA SANCIONAR
A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS. Las sanciones de que tratan los artículos 674,
675 y 676, se impondrán por el Subdirector de Recaudo de la Dirección General
de Impuestos Nacionales, previo traslado de cargos, por el término de
quince (15) días para responder. En casos especiales, el Subdirector de
Recaudo podrá ampliar este término.
Contra
la resolución que impone la sanción procede únicamente el recurso de reposición
que deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de la misma, ante el mismo funcionario que profirió la
resolución. (Las expresiones subrayadas fueron declaradas
exequibles por la Sentencia C-506 de 2002 y Sentencia C-893 de 2002, ésta última declararó exequible todo éste artículo)
SANCIONES ESPECIALES
CONTEMPLADAS POR NORMAS TRIBUTARIAS, APLICABLES A FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Artículo 679.
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Sin perjuicio de las sanciones por la violación al
régimen disciplinario de los empleados públicos y de las sanciones penales, por
los delitos, cuando fuere del caso, son causales de destitución de los
funcionarios públicos con nota de mala conducta, las siguientes infracciones:
a)
La violación de la reserva de las declaraciones de renta y complementarios y de
los documentos relacionados con ellas;
b)
La exigencia o aceptación de emolumentos o propinas por el cumplimiento de
funciones relacionadas con la presentación de la declaración de renta y
complementarios, liquidación de los impuestos, tramitación de recursos y, en
general, la administración y recaudación de los tributos;
c)
La reincidencia de los funcionarios de Impuestos Nacionales o de otros
empleados públicos en el incumplimiento de los deberes señalados en las normas
tributarias, cuando a juicio del respectivo superior así lo justifique la
gravedad de la falta.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78
Artículo 680.
VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Los liquidadores del impuesto sobre la renta
serán responsables por mala liquidación cuando, de acuerdo con la decisión
definitiva de los recursos interpuestos por los contribuyentes, hubieren
violado manifiestamente las disposiciones sustantivas de la legislación
tributaria. Esta responsabilidad se extenderá a quienes hubieren confirmado en
la vía gubernativa la mala liquidación y la reincidencia en ella por más de
tres veces será causal de destitución del empleo.
Parágrafo.
La Administración de Impuestos estará obligada, a petición del contribuyente
interesado, a suministrarle el nombre del liquidador para los efectos de este artículo,
y a solicitud comprobada de aquél, deberá aplicar las sanciones en él
previstas.
Artículo 681.
PRETERMISIÓN DE TÉRMINOS. La pretermisión de los términos establecidos en la
ley o los reglamentos, por parte de los funcionarios de la Administración
Tributaria, se sancionará con la destitución, conforme a la ley.
El
superior inmediato que teniendo conocimiento de la irregularidad no solicite la
destitución, incurrirá en la misma sanción.
Artículo 682.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. INCUMPLIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS PARA DEVOLVER. Los funcionarios de la Dirección General de Impuestos
Nacionales que incumplan los términos previstos para efectuar las devoluciones,
responderán ante el Tesoro Público por los intereses imputables a su propia
mora.
Esta
sanción se impondrá mediante resolución motivada del respectivo
Administrador de Impuestos, previo traslado de cargos al funcionario por el
término de diez (10) días. Contra la misma, procederá únicamente el
recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó la
providencia, el cual dispondrá de un término de diez (10) días para resolverlo.
Copia
de la resolución definitiva se enviará al pagador respectivo, con el fin
de que éste descuente del salario inmediatamente siguiente y de los
subsiguientes, los intereses, hasta concurrencia de la suma debida,
incorporando en cada descuento el máximo que permitan las leyes laborales.
El
funcionario que no imponga la sanción estando obligado a
ello, el que no la comunique y el pagador que no la hiciere efectiva,
incurrirán en causal de mala conducta sancionable hasta con destitución.
El
superior inmediato del funcionario, que no comunique estos hechos al
Administrador de Impuestos o al Subdirector General de Impuestos, incurrirá en
la misma sanción. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas en éste artículo)
TITULO IV
DETERMINACION DEL IMPUESTO E
IMPOSICION DE SANCIONES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES.
Artículo 683.
ESPÍRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que
cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales,
deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son
servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar
presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a
que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha
querido que coadyuve a la (sic) cargas públicas de la Nación.
Artículo 684.
FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. La Administración Tributaria tiene
amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo
cumplimiento de las normas sustanciales.
Para
tal efecto podrá:
a)
Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo
considere necesario;
b)
Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la
ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados;
c)
Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o
contesten interrogatorios;
d)
Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que
registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros
registrados;
e)
Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y
documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente o obligados a
llevar contabilidad;
f)
En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y
oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la
aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
g) Adicionado por
la Ley 1819 de 2016, art 130. Sin
perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y
control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines
fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de
los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y
medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la
determinación de los tributos.
Parágrafo. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 275. En desarrollo de las
facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión
electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e
informes, de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de
seguridad de la información que establezca el Director General de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los
datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las
acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de
investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales.
Artículo 684-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 49. OTRAS NORMAS DE
PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las
investigaciones y prácticas de pruebas dentro de los procesos de determinación,
aplicación de sanciones, discusión, cobro, devoluciones y compensaciones, se
podrán utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Código de
Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía, en lo que no sean
contrarias a las disposiciones de este Estatuto.
Artículo 684-2.
Declarado
exequible por la Sentencia C-171 de 2001.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 50. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
TÉCNICOS DE CONTROL. La Dirección de Impuestos Nacionales podrá prescribir que
determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad
económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad
productora de renta, o implantar directamente los mismos, los cuales servirán
de base para la determinación de sus obligaciones tributarias.
La
no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido
dispuestos por la Dirección de Impuestos Nacionales, o su violación dará lugar
a la sanción de clausura del establecimiento en los términos del artículo 657.
La
información que se obtenga de tales sistemas estará amparada por la más
estricta reserva.
Ver Resolución 12889 de 2007 de la DIAN
Artículo 684-3.
Desarrollado
por el Decreto
2670 de 2010. Adicionado por la Ley 383 de 1997,
artículo 1o. TARJETA FISCAL. El Gobierno Nacional podrá establecer la tarjeta
fiscal como un sistema técnico para el control de la evasión, y determinar sus
controles, condiciones y características, así como los sectores de personas o
entidades, contribuyentes, o responsables obligados a adoptarla. Su no adopción
dará lugar a la aplicación de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo
684-2 de este Estatuto. El costo de adquisición de la tarjeta fiscal, será
descontable del impuesto sobre la renta del período gravable en que empiece a
operar.
En
las condiciones señaladas en el inciso anterior, también será descontable el
costo del programa de computador y de las adaptaciones necesarias para la
implantación de la tarjeta fiscal, hasta por una suma equivalente al cincuenta
(sic) (50%) del valor de las tarjetas instaladas durante el respectivo año.
Parágrafo.
Los sectores de contribuyentes que deban adoptar la tarjeta fiscal establecida
en el presente artículo, deberán corresponder preferencialmente a los sectores
proclives a la evasión, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Mixta
de Gestión Tributaria y Aduanera.
Artículo 684-4. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 112. Sanciones aplicables a los proveedores autorizados y tecnológicos. El
proveedor autorizado y/o el proveedor tecnológico será sancionado con la
imposibilidad de contratar con nuevos clientes para prestar sus servicios, con
el objetivo de cumplir alguna o varias de las funciones establecidas en el
numeral 1 del artículo 616-4 del Estatuto Tributario, cuando incurra en alguna
de las infracciones previstas en el numeral segundo de ese mismo artículo, de
forma reiterada. Dicha imposibilidad tendrá una duración de un (1) año contado
desde el día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso esa
sanción al proveedor tecnológico y/o el proveedor autorizado. Si es reincidente,
la imposibilidad tendrá una duración de dos (2) años.
En caso de que la
reincidencia se presente por tercera vez, de acuerdo con el artículo 640 del
Estatuto Tributario, por incurrir en la misma infracción que generó la sanción
u otra de las establecidas en el mismo numeral, el proveedor tecnológico y/o el
proveedor autorizado será sancionado con la cancelación de la habilitación y
sólo podrá ejercer como proveedor tecnológico y/o proveedor autorizado,
trascurrido un (1) año de haber sido cancelada su habilitación, para lo cual
deberá surtir nuevamente el procedimiento previsto para ello.
Las sanciones previstas en
este artículo se impondrán aplicando el procedimiento establecido en la
oportunidad establecida en el artículo 638 del Estatuto Tributario. El
investigado dispondrá de un mes contado a partir de la notificación del pliego
de cargos para dar respuesta, presentar los descargos y solicitar las pruebas
que considere pertinentes.
En caso de que el proveedor
tecnológico y/o el proveedor autorizado no acate de forma inmediata y
voluntaria la sanción propuesta en los párrafos anteriores, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá imponer una sanción de cierre de
establecimiento por un término de hasta treinta (30) días calendario y/o una
sanción pecuniaria equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor de las
facturas respecto a las cuales se verificó el incumplimiento.
Para efectos de este
artículo, se entiende que existe un daño o perjuicio a la Administración
Tributaria por el hecho del incumplimiento del proveedor tecnológico y/o del
proveedor autorizado, considerando la sensibilidad del tema frente a la guerra
del contrabando, el lavado de activos y la evasión.
Parágrafo. La
sanción de imposibilidad de contratar con nuevos clientes, establecida en el
inciso primero de este artículo, no conlleva la prohibición de seguir prestando
el servicio a los clientes con los cuales haya suscrito un contrato, si la
suscripción del mismo es anterior al acto que impone la respectiva sanción.
Texto anterior del artículo 684-4. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 96. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Sanciones aplicables a los
proveedores autorizados y tecnológicos. El proveedor autorizado y/o
el proveedor tecnológico será sancionado con la imposibilidad de contratar con
nuevos clientes para prestar sus servicios, con el objetivo de cumplir alguna o
varias de las funciones establecidas en el numeral 1 del artículo 616-4 del
Estatuto Tributario, cuando incurra en alguna de las infracciones previstas en
el numeral segundo de ese mismo artículo, de forma reiterada. Dicha
imposibilidad tendrá una duración de un (1) año contado desde el día en el que
cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso esa sanción al proveedor
tecnológico y/o el proveedor autorizado. Si es reincidente, la imposibilidad
tendrá una duración de dos (2) años.
En caso de que la reincidencia
se presente por tercera vez, de acuerdo con el artículo 640 del Estatuto
Tributario, por incurrir en la misma infracción que generó la sanción u otra de
las establecidas en el mismo numeral, el proveedor tecnológico y/o el proveedor
autorizado será sancionado con la cancelación de la habilitación y sólo podrá
ejercer como proveedor tecnológico y/o proveedor autorizado, trascurrido un (1)
año de haber sido cancelada su habilitación, para lo cual deberá surtir
nuevamente el procedimiento previsto para ello.
Las sanciones previstas en
este artículo se impondrán aplicando el procedimiento establecido en la
oportunidad establecida en el artículo 638 del Estatuto Tributario. El
investigado dispondrá de un mes contado a partir de la notificación del pliego
de cargos para dar respuesta, presentar los descargos y solicitar las pruebas
que considere pertinentes.
En caso de que el proveedor
tecnológico y/o el proveedor autorizado no acate de forma inmediata y
voluntaria la sanción propuesta en los párrafos anteriores, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá imponer una sanción de cierre de
establecimiento por un término de hasta treinta (30) días calendario y/o una
sanción pecuniaria equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor de las
facturas respecto a las cuales se verificó el incumplimiento.
Para efectos de este artículo,
se entiende que existe un daño o perjuicio a la Administración Tributaria por
el hecho del incumplimiento del proveedor tecnológico y/o del proveedor
autorizado, considerando la sensibilidad del tema frente a la guerra del
contrabando, el lavado de activos y la evasión.
Parágrafo. La sanción de
imposibilidad de contratar con nuevos clientes, establecida en el inciso
primero de este artículo, no conlleva la prohibición de seguir prestando el
servicio a los clientes con los cuales haya suscrito un contrato, si la
suscripción del mismo es anterior al acto que impone la respectiva sanción.”.
Texto original Artículo
684-4. Adicionado por la Ley 1819 de
2016, art 310. Sanciones aplicables a
los proveedores autorizados. El proveedor autorizado será sancionado con la
cancelación de la habilitación cuando incurra en alguna de las infracciones
previstas en los literales a), c), e), f), g) o h) del numeral segundo del
artículo 616-4 de este estatuto y solo podrán ejercer como proveedor
autorizado, trascurridos cinco (5) años de haber sido cancelada su
autorización, para lo cual deberá surtir nuevamente el procedimiento de
habilitación.
El proveedor autorizado que incurra en alguna de las infracciones
previstas en los literales b) o d) del numeral segundo del artículo 616-4 de
este estatuto será objeto de una sanción de diez (10) UVT por cada factura
validada y/o transmitida sin el cumplimiento de los términos, requisitos y
mecanismos técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento. La sanción
no podrá exceder de diez mil (10.000) UVT; esta sanción se reducirá a la mitad
de su valor, cuando se acepte la misma con ocasión de la respuesta al pliego de
cargos y antes de que se haya notificado la resolución que la impone o al
setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando se acepte dentro del
término del recurso de reconsideración y se renuncie a este. Para tal efecto,
en uno y otro caso se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de
la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual
se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma y se acredite el cumplimiento
de la obligación cuando fuera del caso.
En los casos en que el proveedor autorizado reincida, en los
términos del artículo 640 de este estatuto, respecto de las infracciones
previstas en los literales b) o d) del numeral segundo del artículo 616-4 de
este estatuto, será objeto de la sanción de cancelación de la habilitación.
Las sanciones previstas en este artículo se impondrán aplicando el
procedimiento establecido en la oportunidad establecida en el artículo 638 del
Estatuto Tributario. El investigado+ dispondrá de un mes contado a partir de la
notificación del pliego de cargos para dar respuesta, presentar los descargos y
solicitar las pruebas que considere pertinente.
Artículo 685.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. EMPLAZAMIENTO PARA
CORREGIR. Cuando la Administración de Impuestos tenga indicios sobre la inexactitud
de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, podrá
enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro del mes
siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera
procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección
respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a este
emplazamiento no ocasiona sanción alguna.
Inciso adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 47. La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir
las posibles diferencias de interpretación o criterio que no configuran
inexactitud, en cuyo caso el contribuyente podrá realizar la corrección sin
sanción de corrección en lo que respecta a tales diferencias.
Artículo 686.
DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás
obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por
la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de
los mismos, deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas
relacionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos,
cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva
de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.
Artículo 687.
LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA ADMINISTRACIÓN. Las apreciaciones del
contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias
cuya calificación compete a las oficinas de impuestos, no son obligatorias para
éstas.
Artículo 688.
COMPETENCIA PARA LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA. Corresponde al Jefe de la unidad
de fiscalización, proferir los requerimientos especiales, los pliegos y
traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y
demás actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, anticipos
y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones
con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar
correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
Corresponde
a los funcionarios de esta unidad, previa autorización o comisión del Jefe de
Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces,
requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los
actos de competencia del jefe de dicha unidad. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas en éste artículo)
Artículo 689.
FACULTAD PARA ESTABLECER BENEFICIO DE AUDITORÍA. Con el fin de estimular el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, el Gobierno Nacional
señalará, mediante reglamentos, las condiciones y porcentajes en virtud de los
cuales se garantice a los contribuyentes que incrementen su tributación, que la
investigación que da origen a la liquidación de revisión, proviene de una
selección basada en programas de computador.
Artículo 689-1.
Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 33. Beneficio de la auditoría. Para los períodos gravables 2011 a
2012, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un
porcentaje equivalente a cinco (5) veces la inflación causada del respectivo
período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los dieciocho (18) meses
siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento
para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma
oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el
Gobierno Nacional.
Si
el incremento del impuesto neto de renta es de al menos siete (7) veces la
inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto
neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará
en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que
la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se
realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
Si
el incremento del impuesto neto de renta es de al menos doce (12) veces la
inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto
neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará
en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que
la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se
realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
Esta
norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios
en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada.
Cuando
la declaración objeto de beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la
Administración Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para
determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su
compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido
los períodos de que trata el presente artículo.
En
el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que
pretende acogerse al beneficio de auditoría, no hubieren presentado declaración
de renta y complementarios, y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos
que señale el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones
correspondientes a los períodos gravables 2011 a 2012, les serán aplicables los
términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual
deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos en
los porcentajes de inflación del respectivo año gravable de que trata el
presente artículo.
Cuando
se demuestre que las retenciones en la fuente declaradas son inexistentes, no
procederá el beneficio de auditoría.
Parágrafo 1°.
Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten
antes del término de firmeza de que trata el presente artículo, no afectarán la
validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial
el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento
del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos
se mantengan.
Parágrafo 2°.
Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año
gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea
inferior a 41 UVT, no procederá la aplicación del beneficio de auditoría.
Parágrafo 3°.
Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para
solicitar la devolución y/o compensación será el previsto en este artículo,
para la firmeza de la declaración.
Artículo 689-2. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 123. Beneficio de la auditoría. Para los periodos
gravables 2020 y 2021, la liquidación privada de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de
renta en por lo menos un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%), en
relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará
en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o
requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional,
siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el
pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno nacional.
Si el incremento del
impuesto neto de renta es de al menos un porcentaje mínimo del veinte por
ciento (20%), en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente
anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los doce (12)
meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado
emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o
liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada
en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije
el Gobierno nacional.
Esta
norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios
en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada.
Cuando la declaración objeto
de beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración
Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la
procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años
posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido el período
de que trata el presente artículo.
En el caso de los
contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse
al beneficio de auditoría, no hubieren presentado declaración de renta y
complementarios, y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale
el Gobierno nacional para presentar las declaraciones correspondientes al
período gravable 2020, les serán aplicables los términos de firmeza de la
liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el
impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos en los porcentajes de que
trata el presente artículo.
Cuando se demuestre que las
retenciones en la fuente declaradas son inexistentes, no procederá el beneficio
de auditoría.
Parágrafo 1º. Las
declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes
del término de firmeza de que trata el presente artículo, no afectarán la
validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial
el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento
del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos
se mantengan.
Parágrafo 2º. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración
correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del
incremento, sea inferior a 71 UVT, no procederá la aplicación del beneficio de
auditoría.
Parágrafo 3º. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a
favor, el término para solicitar la devolución y/o compensación será el
previsto en este artículo, para la firmeza de la declaración.
Parágrafo 4º. Los términos de firmeza previstos en el presente artículo no
serán aplicables en relación con las declaraciones privadas del impuesto sobre
las ventas y de retención en la fuente por los períodos comprendidos en los
años 2020 y 2021, las cuales se regirán en esta materia por lo previsto en los
artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 5º. Las disposiciones consagradas en el artículo 105 de
la Ley 1943 de 2018 surtirán los efectos allí dispuestos para los
contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año
gravable 2019.
Texto original artículo 689-2. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 105. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).) Artículo
declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-520 de 2019.). “Beneficio de la auditoría. Para los períodos gravables
2019 a 2020, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo
menos un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%), en relación con el
impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se
hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o
emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración
sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos
que para tal efecto fije el Gobierno nacional.
Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en relación con el impuesto neto
de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en
firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación
no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o
emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración
sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos
que para tal efecto fije el Gobierno nacional.
Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de
beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica
determinada.
Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la
Administración Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para
determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su
compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya
transcurrido los períodos de que trata el presente artículo.
En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al
periodo en que pretende acogerse al beneficio de auditoría, no hubieren presentado
declaración de renta y complementarios, y cumplan con dicha obligación dentro
de los plazos que señale el Gobierno nacional para presentar las declaraciones
correspondientes a los períodos gravables 2019 a 2020, les serán aplicables los
términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual
deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos en
los porcentajes de que trata el presente artículo.
Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declaradas son
inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría.
Parágrafo 1°. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección
que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo,
no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla
con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre
la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se mantengan.
Parágrafo 2°. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración
correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del
incremento, sea inferior a 71 UVT, no procederá la aplicación del beneficio
de auditoría.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor,
el término para solicitar la devolución y/o compensación será el previsto en
este artículo, para la firmeza de la declaración.
Parágrafo 4°. Los términos de firmeza previstos en el presente artículo no
serán aplicables en relación con las declaraciones privadas del impuesto sobre
las ventas y de retención en la fuente por los períodos comprendidos en los
años 2019 y 2020, las cuales se regirán en esta materia por lo previsto en los
artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.”.
Artículo 690.
FACULTAD PARA DESCONOCER EFECTOS TRIBUTARIOS DE LOS CONTRATOS SOBRE PARTES DE
INTERÉS SOCIAL. Para efectos tributarios, los contratos sobre partes de interés
social, utilidades, o participacionesen sociedades de responsabilidad limitada
y asimiladas, y sociedades anónimas y asimiladas, que efectúen las sociedades
entre sí o con sus socios o accionistas, directa o indirectamente sean o no
vinculados económicos, o éstos entre sí, sólo se tendrán en cuenta si con tales
actos no se disminuye el monto de los impuestos de los socios, personas
naturales, sucesiones ilíquidas, sociedades anónimas o en comandita por
acciones.
ARTÍCULO 690-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 4º. DETERMINACIÓN DE LA RENTA O GANANCIA OCASIONAL CUANDO SE ENCUBRA
LA ENAJENACIÓN DE BIENES CON LA VENTA DE ACCIONES. En el caso de acciones que
se enajenan a través de bolsa de valores, cuando la administración tributaria
pruebe que la constitución de la sociedad, la transferencia de bienes a la
misma o la venta de sus acciones, constituyeron un mecanismo jurídico para
disminuir los impuestos que se hubieren generado de realizarse la operación
económica real, determinará la renta o ganancia ocasional generada por dicha
operación como la diferencia entre el precio de venta de las acciones y su
precio de adquisición.
Artículo 691.
COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES
Y APLICAR SANCIONES. Corresponde al Jefe de la Unidad de Liquidación,
proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de
revisión; corrección y aforo; la adición de impuestos y demás actos de
determinación oficial de impuestos, anticipos y retenciones; así como la
aplicación y reliquidación de las sanciones por extemporaneidad, corrección,
inexactitud, por no declarar, por libros de contabilidad, por no inscripción,
por no expedir certificados, por no explicación de gastos, por no informar la
clausura del establecimiento; las resoluciones de reintegro de sumas
indebidamente devueltas así como sus sanciones, y en general, de aquellas
sanciones cuya competencia no está adscrita a otro funcionario y se refieran al
cumplimiento de las obligaciones de informar, declarar y determinar
correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
Corresponde
a los funcionarios de esta unidad, previa autorización, comisión o reparto del
Jefe de Liquidación, adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas,
proyectar las resoluciones y liquidaciones y demás actuaciones previas y
necesarias para proferir los actos de competencia del jefe de dicha unidad. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas en éste artículo)
Parágrafo. Adicionado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 50. A partir de la entrada en vigencia del
presente decreto corresponde al Jefe de la Unidad de Fiscalización proferir los
actos de que trata el presente artículo.
Artículo 692.
PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES A LAS DECLARACIONES. El
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá informar
sobre la existencia de la última declaración de corrección, presentada con
posterioridad a la declaración, en que se haya basado el respectivo proceso de
determinación oficial del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida
en cuenta dentro del mismo, para que le funcionario que conozca del expediente
la tenga en cuenta y la incorpore al proceso. No será causal de nulidad de los
actos administrativos, el hecho de que no se basen en la última corrección
presentada por el contribuyente, cuando éste no hubiere dado aviso de ello.
Artículo 693.
RESERVA DE LOS EXPEDIENTES. Las informaciones tributarias respecto de la
determinación oficial del impuesto tendrán el carácter de reservadas en los
términos señalados en el artículo 583.
Artículo 693-1.
Modificado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 43. INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Por solicitud directa de los gobiernos
extranjeros y sus agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá
suministrar información tributaria en el caso en que se requiera para fines de
control fiscal o para obrar en procesos fiscales o penales.
En
tal evento, deberá exigirse al gobierno o agencia solicitante, tanto el compromiso
expreso de su utilización exclusiva para los fines objeto del requerimiento de
información, así como la obligación de garantizar la debida protección a la
reserva que ampara la información suministrada.
Artículo 694.
INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. La liquidación de impuestos de cada año
gravable constituye una obligación individual e independiente a favor del
Estado y a cargo del contribuyente.
Artículo 695.
PERÍODOS DE FISCALIZACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EN RETENCIÓN EN LA
FUENTE. Los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás
actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos podrán
referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente.
Artículo 696.
UN REQUERIMIENTO Y UNA LIQUIDACIÓN PUEDEN REFERIRSE A RENTA Y VENTAS. Un mismo
requerimiento especial podrá referirse tanto a modificaciones del impuesto de
renta como del impuesto de ventas y en una misma liquidación de revisión, de
corrección, o de aforo, podrán determinarse oficialmente los dos (2) tributos,
en cuyo caso el fallo del recurso comprenderá uno y otro.
Artículo 696-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 53. GASTOS DE INVESTIGACIONES
Y COBRO TRIBUTARIOS. Los gastos que por cualquier concepto se generen con
motivo de las investigaciones tributarias y de los procesos de cobro de los
tributos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales, se harán con
cargo a la partida de Defensa de la Hacienda Nacional. Para estos efectos, el
Gobierno Nacional apropiará anualmente las partidas necesarias para cubrir los
gastos en que se incurran para adelantar tales diligencias.
Se
entienden incorporados
dentro de dichos gastos, los necesarios, a juicio del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para la debida protección de los funcionarios de la
tributación o de los denunciantes, que con motivo de las actuaciones
administrativas tributarias que se adelanten, vean amenazada su integridad
personal o familiar.
CAPITULO II
LIQUIDACIONES OFICIALES
LIQUIDACIÓN DE CORRECCIÓN
ARITMÉTICA.
Artículo 697.
ERROR ARITMÉTICO. Se presenta error aritmético en las declaraciones
tributarias, cuando:
1. A
pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos
imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato
equivocado.
2.
Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha
debido resultar.
3.
Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que
implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o
retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar
o devolver.
Ver Circular 118
de 2005 de la DIAN
Artículo 698.
FACULTAD DE CORRECCIÓN. La Administración de Impuestos, mediante liquidación de
corrección podrá corregir los errores aritméticos de las declaraciones
tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de
impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a
su favor para compensar o devolver.
Artículo 699.
TÉRMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCIÓN. La liquidación prevista en el artículo
anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de revisión y deberá
proferirse dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la
respectiva declaración.
Artículo 700.
CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE CORRECCIÓN. La liquidación de corrección
aritmética deberá contener:
a)
Fecha, en caso de no indicarla, se tendrá como tal la de su notificación;
b)
Período gravable a que corresponda;
c)
Nombre o razón social del contribuyente;
d)
Número de identificación tributaria;
e)
Error aritmético cometido.
Artículo 701.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006 y por la Sentencia
C-506 de 2002. CORRECCIÓN DE SANCIONES.
Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las
hubiere liquidado incorrectamente, la Administración las liquidará
incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga
mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideración.
El
incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia
al mismo y cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido.
Ver Sentencia del
Consejo de Estado, del 7 de mayo de 2009, 25000232700020040171101(16384)
LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN.
Artículo 702.
FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La Administración de Impuestos
podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes,
responsables o gentes retenedores, mediante liquidación de revisión.
Parágrafo 1º
La liquidación privada de los responsables del impuesto sobre las ventas,
también podrá modificarse mediante la adición a la declaración, del respectivo
período fiscal, de los ingresos e impuestos determinados como consecuencia de
la aplicación de las presunciones contempladas en los artículos 757 a 760
inclusive.
Parágrafo 2º
La determinación de la renta líquida en forma presuntiva no agota la facultad
de revisión oficiosa.
Artículo 703.
EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A LA LIQUIDACIÓN. Antes de
efectuar la liquidación de revisión, la Administración enviará al
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un
requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar,
con explicación de las razones en que se sustenta.
Artículo 704.
CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El requerimiento deberá contener la cuantificación
de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se pretende
adicionar a la liquidación privada. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas)
Artículo 705. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 276. Término para notificar el
requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703 deberá
notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya
presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un
saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá
notificarse a más tardar tres (3) años después de la fecha de presentación de
la solicitud de devolución o compensación respectiva.
Texto original art 705. TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El requerimiento de que
trata el artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes ala fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años
se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la
declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o
responsable, el requerimiento deberá notificarse dos (2) años después de la
fecha de presentación del a solicitud de devolución o compensación respectiva.
Artículo 705-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 134. TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO EN VENTAS Y RETENCIÓN EN
LA FUENTE. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que
queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención
en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del
Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de
renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año
gravable.
Artículo 706.
Sustituido
por la Ley 223 de 1995,
artículo 251. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO. El término para notificar el
requerimiento especial se suspenderá:
Cuando
se practique inspección tributario (sic) de oficio, por el término de tres
meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.
Cuando
se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.
También
se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial,
durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.
Artículo 707.
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los tres (3) meses siguientes,
contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por
escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita
la ley, solicitar a la Administración se alleguen al proceso documentos que
reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias,
siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas
deben ser atendidas.
Artículo 708.
AMPLIACIÓN AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario que conozca de la
respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su
ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La
ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento
inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos,
anticipos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la ampliación, no podrá
ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
Artículo 709.
CORRECCIÓN PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Si con ocasión de la
respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los
hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata
el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la
Administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su
liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción
por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia
o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de
pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud
reducida. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas) Ver Ley 863 de 2003 artículo 39
Artículo 709-1.
Adicionado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 49. PAGO DE LA SANCIÓN POR OMISIÓN DE ACTIVOS COMO REQUISITO PARA
DESVIRTUAR DIFERENCIA PATRIMONIAL. Cuando en el requerimiento especial se
proponga determinar la renta por el sistema de comparación patrimonial y el contribuyente
invoque como causal justificativa, la existencia del patrimonio con
anterioridad al año base para establecer dicha comparación, sólo se aceptará
tal explicación cuando el contribuyente, con motivo de la respuesta a este
requerimiento, acredite el pago o acuerdo de pago de la sanción de que trata el
artículo 649.
Ver Ley 863 de 2003, artículo 6º y artículo
649 del presente Estatuto
Artículo 710.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 135. TÉRMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. Dentro de los
seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta
al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la Administración
deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello.
Cuando
se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se suspenderá
por el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto
que la decrete. Cuando se practique inspección contable a solicitud del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el término se
suspenderá mientras dure la inspección.
Cuando
la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo
expediente, el término se suspenderá durante dos meses.
Inciso derogado por la Ley 633 de 2000, artículo
134. En todo caso él término de notificación de la liquidación
oficial no podrá exceder de tres años contados desde la fecha de presentación
de la declaración privada.
Inciso derogado por la Ley 633 de 2000, artículo
134. En el caso de las declaraciones del impuesto sobre
las ventas y de retención en la fuente, el plazo máximo de que trata el inciso
anterior se contará desde la fecha de la presentación de la declaración del
impuesto sobre la renta del período gravable al que correspondan las declaraciones
del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 705-1 del Estatuto Tributario.
Artículo 711.
CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACIÓN, EL REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACIÓN DE
REVISIÓN. La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la
declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en
el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.
Artículo 712. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. La
liquidación de revisión, deberá contener:
a)
Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación;
b)
Período gravable a que corresponda;
c)
Nombre o razón social del contribuyente;
d)
Número de identificación tributaria;
e)
Bases de cuantificación del tributo;
f)
Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente
g)
Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la
declaración;
h)
Firma o sello del control manual o automatizado.
Artículo 713.
CORRECCIÓN PROVOCADA POR LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. Si dentro del término para
interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el
contribuyente responsable o agente retenedor, acepta total o parcialmente los
hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a
la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la Administración, en
relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente,
responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada,
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud
reducida, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de
Recursos Tributarios, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte
copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo
de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de
inexactitud reducida. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas). Ver Ley 863 de 2003
artículo 39
Artículo 714. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 277. Término
general de firmeza de las declaraciones tributarias. La declaración
tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en
forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de
presentación de la misma.
La declaración
tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o
responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha de
presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones
tributarias de los periodos fiscales siguientes, el término de firmeza de la
declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor será el señalado
en el inciso 1° de este artículo.
También quedará
en firme la declaración tributaria si, vencido el término para practicar la
liquidación de revisión, esta no se notificó.
La declaración
tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme en el mismo
término que el contribuyente tiene para compensarla, de acuerdo con las reglas
de este Estatuto.
Inciso 5º
derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Si la pérdida fiscal se compensa en
cualquiera de los dos últimos años que el contribuyente tiene para hacerlo, el
término de firmeza se extenderá a partir de dicha compensación por tres (3)
años más en relación con la declaración en la que se liquidó dicha pérdida.
El
término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios de los contribuyentes sujetos al Régimen de Precios de
Transferencia será de seis (6) años contados a partir del vencimiento del plazo
para declarar. Si la declaración se presentó en forma extemporánea, el anterior
término se contará a partir de la fecha de presentación de la misma.
Texto inicial artículo 714 “FIRMEZA DE LA
LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar,
no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se
haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma.
La declaración tributaria que
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si
dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución
o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la
declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de
revisión, ésta no se notificó.”.
Nota,
artículo 714: Ver Oficio 31370 de 2015,
DIAN.
Ver Ley 2010 de 2019, artículo 117.
Texto anterior art 714. FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declaración tributaria
quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de
la misma.
La
declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable,
quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento
especial.
También
quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar
la liquidación de revisión, ésta no se notificó.
LIQUIDACIÓN DE AFORO.
Artículo 715.
EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de
presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán
emplazados por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su
obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes,
advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
El
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la
sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
Artículo 716.
CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo
anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la
Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar,
prevista en el artículo 643. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas)
Artículo 717.
LIQUIDACIÓN DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en los artículos 643,
715 y 716, la Administración podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al
vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una
liquidación de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, que no haya declarado.
Artículo 718.
PUBLICIDAD DE LOS EMPLAZADOS O SANCIONADOS. La Administración de
Impuestos divulgará a través de medios de comunicación de amplia difusión, el
nombre de los contribuyentes, responsables o agentes de retención, emplazados o
sancionados por no declarar. La omisión de lo dispuesto en este artículo, no
afecta la validez del acto respectivo. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-506 de 2002, las expresiones
subrayadas)
Artículo 719.
CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE AFORO. La liquidación de aforo tendrá el mismo
contenido de la liquidación de revisión, señalado en el artículo 712, con
explicación sumaria de los fundamentos del aforo.
Artículo 719-1.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 6o. INSCRIPCIÓN EN PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL. Dentro del
proceso de determinación del tributo e imposición de sanciones, el respectivo
Administrador de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales, ordenará la
inscripción de la liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución
de sanción debidamente notificados, según corresponda, en los registros
públicos, de acuerdo con la naturaleza del bien, en los términos que señale el
reglamento.
Con
la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los
bienes quedan afectos al pago de las obligaciones del contribuyente.
La
inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de
cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los
siguientes casos:
1.
Cuando se extinga la respectiva obligación.
2.
Cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quedare en
firme.
3.
Cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernativa o jurisdiccional.
4.
Cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto
determinado en el acto que se inscriba.
5.
Cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes
inmuebles para su embargo, por un monto igual o superior al determinado en la
inscripción, previo avalúo del bien ofrecido.
En
cualquiera de los anteriores casos, la Administración deberá solicitar la
cancelación de la inscripción a la autoridad competente, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que
amerita el levantamiento de la anotación.
Artículo 719-2.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 7. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN EN PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL. Los
efectos de la inscripción de que trata el artículo 719-1 son:
1.
Los bienes sobre los cuales se haya realizado la inscripción constituyen
garantía real del pago de la obligación tributario (sic) objeto de cobro.
2.
La administración tributaria podrá perseguir coactivamente dichos bienes sin
importar que los mismos hayan sido traspasados a terceros.
3.
El propietario de un bien objeto de la inscripción deberá advertir al comprador
de tal circunstancia. Si no lo hiciere, deberá responder civilmente ante el
mismo, de acuerdo con las normas del Código Civil.
TITULO V
DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA
ADMINISTRACION
Artículo 720.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 67. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas
especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones
que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos
producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, procede el recurso
de reconsideración.
El
recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá
interponerse ante la Oficina competente, para conocer los recurso tributarios,
de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo,
dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo.
Cuando
el acto haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus delegados,
el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que
lo profirió.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 283. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento
especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá
prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la notificación de la liquidación oficial.
Artículo 721.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. COMPETENCIA FUNCIONAL DE
DISCUSIÓN. Corresponde al Jefe de la Unidad de Recursos Tributarios, fallar los
recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de
impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya
competencia no esté adscrita a otro funcionario.
Corresponde
a los funcionarios de esta unidad, previa autorización, comisión o reparto del
jefe de Recursos Tributarios, sustanciar los expedientes, admitir o rechazar
los recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios,
dar concepto sobre los expedientes, y en general, las acciones previas y
necesarias para proferir los actos de competencia del jefe de dicha unidad. (Declaradas
exequibles por la Sentencia
C-506 de 2002, las expresiones subrayadas)
Ver
Decreto 4048 de 2008, artículo 40.
Artículo 722.
REQUISITOS DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y REPOSICIÓN. El recurso de
reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)
Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de
inconformidad;
b)
Que se interponga dentro de la oportunidad legal
c)
Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa
como apoderado o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona
por quien obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos
(2) meses, contados a partir de la notificación del auto de admisión del
recurso si no hubiere ratificación se entenderá que el recurso no se presentó
en debida forma y se revocará el auto admisorio.
Para
estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos.
d) Declarado inexequible por la Sentencia C-1441 de
2000. Que se acredite el pago de la respectiva liquidación privada
cuando el recurso se interponga contra una liquidación de revisión o de
corrección aritmética.
Parágrafo.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-506 de 2002. Para recurrir la sanción
por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se requiere que el sancionado
demuestre que ha empezado a llevarlos o que dichos libros existen y cumplen con
las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlo o empezar a
llevarlos, no invalida la sanción impuesta. Ver Ley 6 de 1992, artículo 67 y Conceptos 105195
de 2008 y 25682 de 2000 de la DIAN.
Artículo 723.
LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO. En la etapa de reconsideración,
el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la
respuesta al requerimiento especial o en su ampliación.
Artículo 724.
PRESENTACIÓN DEL RECURSO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 559, no
será necesario presentar personalmente ante la Administración, el memorial del
recurso y los poderes, cuando las firmas de quienes los suscriben estén
autenticadas.
Artículo 725.
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO. El funcionario que reciba el memorial
del recurso, dejará constancia escrita en su original de la fecha de
presentación y devolverá al interesado uno de los ejemplares con la referida
constancia.
Artículo 726.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 68. INADMISIÓN DEL RECURSO.
En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 722, deberá
dictarse auto de inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del
recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si pasados diez
días el interesado no se presentare a notificarse personalmente, y contra el
mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario,
el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes y deberá
resolverse dentro de los cinco días siguientes a su interposición.
Si
transcurridos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso
no se ha proferido auto de inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se
procederá al fallo de fondo.
Artículo
727.
NOTIFICACIÓN DEL AUTO. Derogado por la Ley 6 de 1992, artículo 140. El auto previsto en el artículo anterior, se
notificará personalmente, o por edicto, si pasados diez (10) días, a partir de
la fecha de la citación, el interesado no se presentare a notificarse
personalmente.
Artículo 728.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. RECURSO CONTRA EL AUTO
INADMISORIO. Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse
únicamente recurso de reposición dentro de los cinco (5) días (hoy diez días)
siguientes a su notificación.
La
omisión de los requisitos de que tratan los literales a) y c) del artículo 722,
podrán sanearse dentro del término de interposición. La omisión del
requisito señalado en el literal d) del mismo artículo, se entenderá saneada,
si dentro de los veinte (20) días (hoy diez días) siguientes a la
notificación del auto inadmisorio, se acredita el pago o acuerdo de pago.
La interposición extemporánea no es saneable.
El
recurso de reposición deberá resolverse dentro de los diez (10) días (hoy 5
días) siguientes a su interposición, salvo el caso en el cual la omisión que
originó la inadmisión, sea el acreditar el pago de la liquidación privada.
La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto.
Si
la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se
agotará en el momento de su notificación. (En relación con los apartes subrayados, el requisito
contemplado en el literal d) del artículo 722 de este Estatuto, referente a la
acreditación del pago de la liquidación privada, fue declarado inexequible por
la Sentencia
C-1441 de 2000)
Ver Ley 6 de 1992, artículo 68
Artículo 729.
RESERVA DEL EXPEDIENTE. Los expedientes de recursos sólo podrán ser examinados
por el contribuyente o su apoderado, legalmente constituido, o abogados
autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente.
Artículo 730.
CAUSALES DE NULIDAD. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de
recursos, proferidos por la Administración Tributaria, son nulos:
1.
Cuando se practiquen por funcionario incompetente.
2.
Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o
se pretermita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en
la ley, en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas.
3. Numeral
derogado por la Ley 2010 de 2019,
artículo 160 y por la Ley 1943 de 2018,
artículo 122. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a
partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). Cuando no se notifiquen
dentro del término legal.
4. Cuando
se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las
modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del
aforo.
5.
Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.
6.
Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la
ley como causal de nulidad.
Artículo 731.
TÉRMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del término señalado para interponer el recurso,
deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en el escrito de
interposición del recurso o mediante adición del mismo.
Articulo 732.
TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La Administración de Impuestos tendrá un
(1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir
de su interposición en debida forma.
Ver Conceptos
105195 de 2008 y 25682 de 2000, de la DIAN.
Artículo 733.
SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER. Cuando se practique inspección
tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la
inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de
oficio.
Artículo 734.
SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado en el artículo
732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha
resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la
Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.
Inciso declarado inexequible por la Corte Suprema
de Justicia en la Sentencia de febrero 22 de 1990. Exp. 2002. En materia de
impuesto a las ventas cuando transcurran seis (6) meses contados a partir de la
fecha de la notificación del auto admisorio del recurso de reconsideración, sin
que se haya proferido la correspondiente resolución, el responsable podrá
acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuyo caso,
para tal efecto, se entenderá agotada la vía gubernativa y no operará lo
dispuesto en el inciso anterior.
Artículo 735.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006 y Sentencia
C-506 de 2002. RECURSOS CONTRA LAS
RESOLUCIONES QUE IMPONEN SANCIÓN DE CLAUSURA Y SANCIÓN POR INCUMPLIR LA
CLAUSURA. Contra la resolución que impone la sanción por clausura del
establecimiento de que trata el artículo 657, procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación, quien deberá fallar dentro de los diez (10) días
siguientes a su interposición.
Contra
la resolución que imponga la sanción por incumplir la clausura de que trata el artículo
658, procede el recurso de reposición que deberá interponerse en el término de
diez (10) días a partir de su notificación.
Artículo 736.
REVOCATORIA DIRECTA. Sólo procederá la revocatoria directa prevista en el
Código Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere
interpuesto los recursos por la vía gubernativa.
Artículo 737.
OPORTUNIDAD. El término para ejercitar la revocatoria directa será de dos (2)
años a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.
Artículo 738.
COMPETENCIA. Radica en el Administrador de Impuestos Nacionales respectivo, o
su delegado, la competencia para fallar las solicitudes de revocatoria directa.
Artículo 738-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 136. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA. Las
solicitudes de revocatoria directa deberán fallarse dentro del término de un
(1) año contado a partir de su petición en debida forma. Si dentro de éste
término no se profiere decisión, se entenderá resuelta a favor del solicitante,
debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio
administrativo positivo.
Parágrafo Transitorio.
Para las solicitudes de revocatoria directa pendientes de fallo, el término
señalado en este artículo empezará a correr a partir del mes siguiente de la
vigencia de la presente ley.
Artículo 739.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. RECURSO CONTRA
PROVIDENCIAS QUE SANCIONAN A CONTADORES PÚBLICOS O REVISORES FISCALES. Contra
la providencia que impone la sanción de que tratan los artículos 660 y 661,
procede únicamente el recurso de reposición por la vía gubernativa, el cual
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de la providencia respectiva. Este recurso deberá ser resuelto por un comité
integrado por el jefe de la División de Programación y Control de la
Subdirección Jurídica, y por el Jefe de la División de Programación y Control
de la Subdirección de Fiscalización, o quienes hagan sus veces. Ver artículo 660 de
este Estatuto y Ley
6 de 1992, artículo 54.
Artículo 740.
INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia de recursos se aplicará
sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso Administrativo, que consagren
las disposiciones legales vigentes.
Artículo 741.
RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado
recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, pero se
encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se
haya interpuesto, resolverá este ultimo si es competente, o lo enviará a quien
deba fallarlo.
TITULO VI
REGIMEN PROBATORIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 742.
LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. La
determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los
hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de
prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento
Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquéllos.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 89. Declarado inexequible por la Corte Constitucional en su Sentencia
C-896 de 2003. Las pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos
interinstitucionales recíprocos de intercambio de información con agencias de
gobiernos extranjeros, en materia tributaria y aduanera, serán valoradas de
conformidad con las reglas de la sana crítica con el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos acuerdos.
Artículo 743.
IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. La idoneidad de los medios de prueba
depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados
hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por
demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el
hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda
atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Artículo 744.
OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE. Para estimar el mérito de las
pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes
circunstancias:
1.
Formar parte de la declaración.
2.
Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e
investigación, o en cumplimiento del deber de información conforme a las normas
legales.
3.
Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a
su ampliación.
4.
Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste, y
5.
Haberse practicado de oficio.
6. Adicionado
Ley
6ª de 1992, artículo 51. Haber sido obtenidas y
allegadas en desarrollo de un convenio internacional de intercambio de
información para fines de control tributario.
7. Adicionado
Ley
6ª de 1992, artículo 51. Haber sido enviadas por
Gobierno o entidad extranjera a solicitud de la administración colombiana o de
oficio.
8. Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 44. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos
interinstitucionales recíprocos de intercambio de información, para fines de
control fiscal con entidades del orden nacional o con agencias de gobiernos extranjeros.
(Declarado
inexequible por la Sentencia
C-622 de 2004, el aparte resaltado)
9. Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 44. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de
la Administración Tributaria, o haber sido practicadas directamente por
funcionarios de la Administración Tributaria debidamente comisionados de
acuerdo a la ley.
Artículo 745.
LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACÍOS PROBATORIOS SE RESUELVEN A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE. Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el
momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben
resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando
éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las
normas del capítulo III de este título.
Artículo 746.
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas
a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no
se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.
Artículo 746-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 52. PRÁCTICA DE PRUEBAS EN
VIRTUD DE CONVENIOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. Cuando en virtud del
cumplimiento de un convenio de intercambio de información para efectos de
control tributario y financiero, se requiera la obtención de pruebas por parte
de la Administración Tributaria colombiana, serán competentes para ello los
mismos funcionarios que de acuerdo con las normas vigentes son competentes para
adelantar el proceso de fiscalización.
Artículo 746-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 52. PRESENCIA DE TERCEROS EN
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. Cuando en virtud del cumplimiento de un convenio de
intercambio de información para efectos de control tributario y financiero, se
requiera la obtención de pruebas por parte de la Administración Tributaria colombiana
se podrá permitir en su práctica, la presencia de funcionarios del Estado
solicitante, o de terceros, así como la formulación a través de la autoridad
tributaria colombiana de las preguntas que los mismos requieran.
CAPITULO II
MEDIOS DE PRUEBA.
Artículo 747.
HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. La manifestación que se hace mediante
escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente legalmente
capaz, en el cual se informe la existencia de un hecho físicamente posible que
perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste.
Contra
esta clase de confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza sufridos
por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito
contentivo de ella.
Artículo 748.
Declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia No. 129 del
17 de octubre de 1991. Exp. 2328. CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA. Cuando a un
contribuyente se le ha requerido verbalmente o por escrito dirigido a su última
dirección informada, para que responda si es cierto o no un determinado hecho,
se tendrá como verdadero si el contribuyente da una respuesta evasiva o se
contradice.
Si
el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda
considerarse confesado el hecho, deberá citársele por una sola vez, a lo menos,
mediante aviso publicado en un periódico de suficiente circulación.
La
confesión de que trata este artículo admite prueba en contrario y puede ser
desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de dirección o error al
informarlo. En este caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo que
exista un indicio por escrito.
Artículo 749.
INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN. La confesión es indivisible cuando la
afirmación de ser cierto un hecho va acompañada de la expresión de
circunstancias lógicamente inseparables de él, como cuando se afirma haber
recibido un ingreso pero en cuantía inferior, o en una moneda o especie
determinadas.
Pero
cuando la afirmación va acompañada de la expresión de circunstancias que constituyen
hechos distintos, aunque tengan íntima relación con el confesado, como cuando
afirma haber recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes pero
con un determinado costo o expensa, el contribuyente debe probar tales
circunstancias.
TESTIMONIO.
Artículo 750.
LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos
consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones
rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en escrito dirigidos
a éstas, o en respuestas de éstos a requerimientos administrativos,
relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se tendrán como
testimonio, sujeto a los principios de publicidad y contradicción de la prueba.
Artículo 751.
LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN HABERSE RENDIDO ANTES DEL
REQUERIMIENTO O LIQUIDACIÓN. Cuando el interesado invoque los testimonios, de
que trata el artículo anterior, éstos surtirán efectos, siempre y cuando las
declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber mediado
requerimiento o practicado liquidación a quien los aduzca como prueba.
Artículo 752.
INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial no es admisible para
demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o especiales no sean
susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que
por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos,
salvo que en este último caso y en las circunstancias en que otras
disposiciones lo permitan exista un indicio escrito.
Artículo 753.
DECLARACIONES RENDIDAS FUERA DE LA ACTUACIÓN TRIBUTARIA. Las declaraciones
rendidas fuera de la actuación tributaria, pueden ratificarse ante las oficinas
que conozcan del negocio o ante las dependencias de la Dirección General de
Impuestos Nacionales comisionadas para el efecto, si en concepto del
funcionario que debe apreciar el testimonio resulta conveniente
contrainterrogar al testigo.
INDICIOS Y PRESUNCIONES.
Artículo 754.
DATOS ESTADÍSTICOS QUE CONSTITUYEN INDICIO. Los datos estadísticos producidos
por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística y por el Banco de la República,
constituyen indicio grave en caso de ausencia absoluta de pruebas directas,
para establecer el valor de ingresos, costos, deducciones y activos
patrimoniales, cuya existencia haya sido probada.
Artículo 754-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 60. INDICIOS CON BASE EN
ESTADÍSTICAS DE SECTORES ECONÓMICOS. Los datos estadísticos oficiales obtenidos
o procesados por la Dirección de Impuestos Nacionales sobre sectores económicos
de contribuyentes, constituirán indicio para efectos de adelantar los procesos
de determinación de los impuestos, retenciones y establecer la existencia y
cuantía de los ingresos, costos, deduccciones, impuestos descontables y activos
patrimoniales.
Artículo 755.
LA OMISIÓN DEL NIT O DEL NOMBRE EN LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS Y RECIBOS
PERMITEN PRESUMIR INGRESOS. El incumplimiento del deber contemplado en el artículo
619, hará presumir la omisión de pagos declarados por terceros, por parte del
presunto beneficiario de los mismos.
Artículo 755-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 57. PRESUNCIÓN EN JUEGOS DE
AZAR. Cuando quien coloque efectivamente apuestas permanentes, a título de
concesionario, agente comercializador o subcontratista, incurra en inexactitud
en su declaración de renta o en irregularidades contables, se presumirá que sus
ingresos mínimos por el ejercicio de la referida actividad estarán conformados
por las sumatorias del valor promedio efectivamente pagado por los apostadores
por cada formulario, excluyendo los formularios recibidos y no utilizados en el
ejercicio. Se aceptará como porcentaje normal de deterioro, destrucción,
pérdida o anulación de formularios, el 10% de los recibidos por el
contribuyente.
El
promedio de que trata el inciso anterior se establecerá de acuerdo con datos
estadísticos técnicamente obtenidos por la Administración de Impuestos o por
las entidades concedentes, en cada región y durante el año gravable o el
inmediatamente anterior.
Artículo 755-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 61. PRESUNCIÓN DE RENTA
GRAVABLE POR INGRESOS EN DIVISAS. Los ingresos provenientes del exterior en
moneda extranjera por concepto de servicios o trasferencias se presumen
constitutivos de renta gravable a menos que se demuestre lo contrario.
Parágrafo.
Esta presunción no será aplicable a los ingresos percibidos en moneda
extranjera por el servicio exterior diplomático, consular y de organismos
internacionales acreditados en Colombia.
Artículo 755-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 59. Inciso modificado por la Ley
863 de 2003, artículo 29. RENTA PRESUNTIVA POR
CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO. Cuando exista indicio grave de
que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a
nombre de terceros, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas
por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las
consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha
originado una renta líquida gravable equivalente a un cincuenta por ciento
(50%) del valor total de las mismas, independientemente de que figuren o no en
la contabilidad o no correspondan a las registradas en ella. Esta presunción
admite prueba en contrario.
Para
el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se
aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma
indicada en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en
proporción a las ventas declaradas en cada uno de los bimestres
correspondientes. Los mayores impuestos originados en la aplicación de lo dispuesto
en este artículo, no podrán afectarse con descuento alguno.
FACULTAD PARA PRESUMIR
INGRESOS EN VENTAS.
Artículo 756.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. LAS PRESUNCIONES SIRVEN PARA
DETERMINAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Los funcionarios competentes para la
determinación de los impuestos podrán adicionar ingresos para efectos de los
impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro del
proceso de determinación oficial previsto en el Título IV del Libro V del
Estatuto Tributario, aplicando las presunciones de los artículos siguientes.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 757.
PRESUNCIÓN POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. Cuando se constate que los
inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá presumirse
que tales diferencias representan ventas gravadas omitidas en el año anterior.
El
monto de las ventas gravadas omitidas se establecerá como el resultado de
incrementar la diferencia de inventarios detectada en el porcentaje de utilidad
bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo
ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. Dicho porcentaje se establecerá
de conformidad con lo previsto en el artículo 760.
Inciso
modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. Las ventas gravadas
omitidas, así determinadas, se imputarán en proporción a las ventas
correspondientes a cada uno de los bimestres del año; igualmente se adicionarán
a la renta líquida gravable del mismo año.
El
impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno.
Artículo 758.
PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS O INGRESOS GRAVADOS. El control de
los ingresos por ventas o prestación de servicios gravados, de no menos de
cinco (5) días continuos o alternados de un mismo mes permitirá presumir que el
valor total de los ingresos gravados del respectivo mes, es el que resulte de
multiplicar el promedio diario de los ingresos controlados, por el número de
días hábiles comerciales de dicho mes.
A su
vez, el mencionado control, efectuado en no menos de cuatro (4) meses de un
mismo año, permitirá presumir que los ingresos por ventas o servicios gravados
correspondientes a cada período comprendido en dicho año, son los que resulten
de multiplicar el promedio mensual de los ingresos controlados por el número de
meses del período.
La
diferencia de ingresos existente entre los registrados como gravables y los
determinados presuntivamente, se considerarán como ingresos gravados omitidos
en los respectivos períodos.
Igual
procedimiento podrá utilizarse para determinar el monto de los ingresos exentos
o excluidos del impuesto a las ventas.
El
impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrán disminuirse
mediante la imputación de descuento alguno.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. La adición de los
ingresos gravados establecidos en la forma señalada en los incisos anteriores,
se efectuará siempre y cuando el valor de los mismos sea superior en más de un
20% a los ingresos declarados o no se haya presentado la declaración
correspondiente.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. En ningún caso el control
podrá hacerse en días que correspondan a fechas especiales en que por la
costumbre de la actividad comercial general se incrementan significativamente
los ingresos.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. Lo dispuesto en este artículo
será igualmente aplicable en el impuesto sobre la renta, en cuyo caso los
ingresos establecidos en la forma aquí prevista se considerarán renta gravable
del respectivo período.
Artículo 759.
PRESUNCIÓN POR OMISIÓN DE REGISTRO DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Cuando
se constate que el responsable ha omitido registrar ventas o prestaciones de
servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año calendario, podrá
presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido
ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de
multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos
omitidos durante los meses constatados. La siguiente frase fue adicionada por
la Ley
6 de 1992, artículo 58. Así mismo, se presumirá
que en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, el contribuyente
omitió ingresos, constitutivos de renta líquida gravable, por igual cuantía en
el respectivo año o período gravable.
El
impuesto que origine los ingresos así determinados, no podrá disminuirse
mediante la imputación de descuento alguno.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78
Artículo 760.
PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR OMISIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS. Cuando se constate
que el responsable ha omitido registrar compras destinadas a las operaciones
gravadas, se presumirá como ingreso gravado omitido el resultado que se obtenga
al efectuar el siguiente calculo: se tomará el valor de las compras omitidas y
se dividirá por el porcentaje que resulte de restar del ciento por ciento
(100%), el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la
declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior.
El
porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior será el
resultado de dividir la renta bruta operacional por la totalidad de los
ingresos brutos operacionales que figuren en la declaración de renta. Cuando no
existieren declaraciones del impuesto de renta, se presumirá que tal porcentaje
es del cincuenta por ciento (50%).
En
los casos en que la omisión de compras se constate en no menos de cuatro (4)
meses de un mismo año, se presumirá que la omisión se presentó en todos los
meses del año calendario.
El
impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrán disminuirse
mediante la imputación de descuento alguno.
Inciso adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. Lo dispuesto en este artículo
permitirá presumir, igualmente, que el contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios ha omitido ingresos, constitutivos de renta líquida
gravable, en la declaración del respectivo año o período gravable, por igual cuantía
a la establecida en la forma aquí prevista.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78.
Artículo 761.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 58. LAS PRESUNCIONES ADMITEN
PRUEBA EN CONTRARIO. Las presunciones para la determinación de ingresos, costos
y gastos admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los
hechos base de la presunción con la contabilidad, el contribuyente o
responsable deberá acreditar pruebas adicionales.
Artículo 762.
PRESUNCIÓN DEL VALOR DE LA TRANSACCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS VENTAS. Cuando se
establezca la inexistencia de factura o documento equivalente, o cuando éstos
demuestren como monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza,
se considerará, salvo prueba en contrario, como valor de la operación
atribuible a la venta o prestación del servicio gravado, el corriente en plaza.
Artículo 763.
PRESUNCIÓN DE INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LAS VENTAS, POR NO DIFERENCIAR
LAS VENTAS Y SERVICIOS GRAVADOS DE LOS QUE NO LO SON. Cuando la contabilidad
del responsable no permita identificar los bienes vendidos o los servicios
prestados, se presumirá que la totalidad de las ventas y servicios no
identificados corresponden a bienes o servicios gravados con la tarifa más alta
de los bienes que venda el responsable.
Artículo
763-1.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-740 de 1999. Adicionado por la Ley 488 de 1998, artículo 28. RÉGIMEN UNIFICADO DE IMPOSICIÓN (RUI) PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS. El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas aplicable a
los pequeños contribuyentes y responsables por un año calendario determinado,
podrá liquidarse en forma unificada sobre los ingresos mínimos gravados que en
forma presunta y general determine la administración tributaria para cada
actividad a partir de bases de estimación objetivas.
Se entenderán como base de estimación objetivas, entre otras, los
gastos efectuados por servicios públicos, así como el número de empleados, área
del establecimiento, aportes a la seguridad social, ubicación geográfica, y los
ingresos resultantes de las verificaciones realizadas mediante el procedimiento
establecido en los dos (2) primeros incisos del artículo 758 del Estatuto
Tributario.
Para efectos de establecer las bases de estimación objetivas, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá realizar las verificaciones
y/o censos que resulten necesarios.
A partir del ingreso mínimo gravable presunto la administración
tributaria deberá determinar el monto unificado de los impuestos, el cual,
podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor máximo presunto por concepto
de los impuestos a las ventas aplicables a las adquisiciones y servicios
gravados, por concepto de los gastos y costos, y por concepto de las
retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, imputables a la
actividad, que será determinado igualmente en forma general y a partir de
similares bases de estimación objetivas por parte de la administración
tributaria.
Mientras la administración tributaria no realice una nueva
estimación de las bases de estimación objetivas que permiten establecer las
presunciones generales aquí contempladas, para cada año gravable serán
aplicables los valores del año inmediatamente anterior, ajustados de
conformidad con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributario para
los valores absolutos expresados en moneda nacional.
El monto del ingreso gravable presunto mínimo, así como el valor
unificado de los impuestos así determinados, junto con la cuantía máxima de
crédito fiscal solicitable, deberá comunicarse al interesado a más tardar el
último día del mes de enero de cada año.
Si dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la
comunicación, el interesado manifiesta su voluntad de someterse al RUI, el
impuesto unificado menos el valor del crédito fiscal solicitable, será el
impuesto a su cargo por el mismo año calendario, para lo cual la Administración
Tributaria procederá a facturar periódicamente el valor a pagar. El número de cuotas,
la periodicidad y el plazo para su cancelación serán fijadas mediante
resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los pequeños contribuyentes y responsables que no expresen su
voluntad de someterse al RUI dentro de la oportunidad aquí señalada,
continuarán sometidos a las normas generales que regulan el impuesto sobre la
renta y el impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto Tributario.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se consideran
pequeños contribuyentes y responsables las personas naturales y jurídicas que
durante el año gravable inmediatamente anterior hubieran obtenido unos ingresos
brutos inferiores a trescientos millones de pesos ($300.000.000) (valor año
base 1998) y a 31 de diciembre del mismo año, tengan un patrimonio bruto
inferior a quinientos millones de pesos ($500.000.000) (valor año base 1998),
un número máximo de veinte (20) trabajadores y cuya actividad sea el comercio,
la prestación de servicios, el ejercicio de profesiones independientes y
liberales, agricultura, ganadería, empresas de carácter industrial y
elaboración y venta de productos artesanales. Estos valores se ajustarán
anualmente de conformidad con las reglas generales consagradas en el Estatuto
Tributario.
La recaudación del impuesto unificado podrá efectuarse mediante
facturación realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
directamente o en forma indirecta a través de convenios que realicen con
terceros.
Quienes se sometan al Régimen Unificado de Imposición (RUI) no
estarán obligados a presentar declaraciones tributarias por los impuestos sobre
las ventas y sobre la renta, ni a cobrar el impuesto sobre las ventas por las
operaciones gravadas que realicen.
La obligación de facturar para el caso de personas naturales
sometidas al RUI, se cumplirá de conformidad con las normas que regulan dicha
obligación para los responsables del impuesto sobre las ventas sometidos al
régimen simplificado.
Las personas que se sometan a este régimen estarán excluidas de
retención en la fuente por el impuesto sobre las ventas.
Los cobijados por el régimen deberán exigir y conservar las facturas
o documentos equivalentes que soporten sus adquisiciones de bienes y servicios.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá llevar un
registro especial de los contribuyentes y responsables que se sometan al RUI,
en el cual se deberán inscribir igualmente aquellos que, demostrando haber
reunido los requisitos para pertenecer a dicho régimen durante dos (2) años
calendarios seguidos, soliciten que les sea aplicable el mismo.
Si durante el transcurso del año calendario, el contribuyente
responsable sometido al RUI, supera los requisitos para pertenecer a dicho
régimen, empezará a cumplir con sus obligaciones tributarias en el impuesto
sobre la renta y sobre las ventas, de acuerdo con las normas generales, a partir
del primero de enero del año calendario inmediatamente siguiente.
Parágrafo 1º. La DIAN podrá celebrar convenios
con los entes municipales con el fin de administrar el recaudo del tributo de
Industria, Comercio y Avisos, originado en las bases de estimación objetiva
previstas en el presente artículo que hubieren sido determinadas por dicha
Entidad. En este evento los municipios deberán reconocer como compensación a
favor de dicha entidad, un porcentaje no mayor del uno por ciento (1%) de lo
recaudado. Para poder celebrar estos convenios, los municipios deberán adoptar
previamente este mismo régimen para el Impuesto de Industria, Comercio y
Avisos, en cuyo caso al pago mensual por los impuestos sobre las ventas y sobre
la renta, se adicionará con el valor correspondiente al impuesto de Industria y
Comercio y Avisos.
Parágrafo 2º. A las disposiciones contenidas en
el presente artículo se podrán someter los comerciantes informales.
DETERMINACIÓN PROVISIONAL
DEL IMPUESTO.
Artículo 764. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 255. Liquidación provisional. La
Administración Tributaria podrá proferir Liquidación Provisional con el
propósito de determinar y liquidar las siguientes obligaciones:
a)
Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones que
hayan sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el
contribuyente, agente de retención o declarante, junto con las correspondientes
sanciones que se deriven por la inexactitud u omisión, según el caso;
b)
Sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias;
c)
Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales.
Para
tal efecto, la Administración Tributaria podrá utilizar como elemento
probatorio la información obtenida de conformidad con lo establecido en el
artículo 631 y a partir de las presunciones y los medios de prueba contemplados
en el Estatuto Tributario, y que permita la proyección de los factores a partir
de los cuales se establezca una presunta inexactitud, impuestos, gravámenes,
contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.
La
Liquidación Provisional deberá contener lo señalado en el artículo 712 del
Estatuto Tributario.
Parágrafo 1°.
En los casos previstos en este artículo, solo se proferirá Liquidación
Provisional respecto de aquellos contribuyentes que, en el año gravable
inmediatamente anterior al cual se refiere la Liquidación Provisional, hayan
declarado ingresos brutos iguales o inferiores a quince mil (15.000) UVT o un
patrimonio bruto igual o inferior a treinta mil (30.000) UVT, o que determine la
Administración Tributaria a falta de declaración, en ningún caso se podrá
superar dicho tope.
Parágrafo 2°.
En la Liquidación Provisional se liquidarán los impuestos, gravámenes,
contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones de uno o varios
periodos gravables correspondientes a un mismo impuesto, que puedan ser objeto
de revisión, o se determinarán las obligaciones formales que han sido
incumplidas en uno o más periodos respecto de los cuales no haya prescrito la
acción sancionatoria.
Parágrafo 3°.
La Administración Tributaria proferirá Liquidación Provisional con el propósito
de determinar y liquidar el monotributo cuando los contribuyentes del mismo
omitan su declaración o lo declaren de manera inexacta, junto con las
correspondientes sanciones.
Parágrafo 4°.
Cuando se solicite la modificación de la Liquidación Provisional por parte del
contribuyente, el término de firmeza de la declaración tributaria sobre la cual
se adelanta la discusión, se suspenderá por el término que dure la discusión,
contado a partir de la notificación de la Liquidación Provisional.
Texto anterior art 764. DETERMINACIÓN PROVISIONAL DEL IMPUESTO POR OMISIÓN DE LA
DECLARACIÓN TRIBUTARIA. Cuando el contribuyente omita la presentación de la
declaración tributaria, estando obligado a ello, la Administración de Impuestos
Nacionales, podrá determinar provisionalmente como impuesto a cargo del
contribuyente, una suma equivalente al impuesto determinado en su última
declaración, aumentado en el incremento porcentual que registre el índice de
precios al consumidor para empleados, en el período comprendido entre el último
día del período gravable correspondiente a la última declaración presentada y
el último día del periodo gravable correspondiente a la declaración omitida.
Contra
la determinación provisional del impuesto prevista en este artículo, procede el
recurso de reconsideración.
El
procedimiento previsto en el presente artículo no impide a la administración
determinar el impuesto que realmente le corresponda al contribuyente.
Artículo 764-1. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 256. Procedimiento para proferir, aceptar, rechazar o modificar la
liquidación provisional. La
Liquidación Provisional deberá ser proferida en las siguientes oportunidades:
a) Dentro del término de firmeza de la declaración tributaria,
cuando se trate de la modificación de la misma;
b) Dentro del término de cinco (5) años contados a partir de la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, cuando se trate de obligados que
no han cumplido con el deber formal de declarar;
c) Dentro del término previsto para imponer sanciones, cuando se
trate del incumplimiento de las obligaciones distintas al deber formal de
declarar.
Una vez proferida la Liquidación Provisional, el contribuyente
tendrá un (1) mes contado a partir de su notificación para aceptarla,
rechazarla o solicitar su modificación por una única vez, en este último caso
deberá manifestar los motivos de inconformidad en un memorial dirigido a la
Administración Tributaria.
Cuando se solicite la modificación de la Liquidación Provisional,
la Administración Tributaria deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del término que tiene el contribuyente para proponer
la modificación, ya sea profiriendo una nueva Liquidación Provisional o
rechazando la solicitud de modificación.
El contribuyente tendrá un (1) mes para aceptar o rechazar la
nueva Liquidación Provisional, contado a partir de su notificación.
En todos los casos, si el contribuyente opta por aceptar la
Liquidación Provisional, deberá hacerlo en forma total.
Parágrafo 1°. La Liquidación Provisional se proferirá por una sola vez, sin
perjuicio de que la Administración Tributaria pueda proferir una nueva con
ocasión de la modificación solicitada por el contribuyente.
En ningún caso se podrá proferir Liquidación Provisional de manera
concomitante con el requerimiento especial, el pliego de cargos o el
emplazamiento previo por no declarar.
Parágrafo 2°. La Liquidación Provisional se considera aceptada cuando el
contribuyente corrija la correspondiente declaración tributaria o presente la
misma, en los términos dispuestos en la Liquidación Provisional y atendiendo
las formas y procedimientos señalados en el Estatuto Tributario para la presentación y/o corrección de las declaraciones
tributarias.
De igual manera se considera aceptada por el contribuyente, cuando
este no se pronuncie dentro de los términos previstos en este artículo sobre la
propuesta de Liquidación Provisional, en cuyo caso la Administración Tributaria
podrá iniciar el procedimiento administrativo de cobro.
Cuando se trate del incumplimiento de otras obligaciones formales,
distintas a la presentación de la declaración tributaria, se entenderá aceptada
la Liquidación Provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague o
se acuerde el pago de la sanción impuesta, conforme las condiciones y requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario para la obligación formal que corresponda. En este caso, la
Liquidación Provisional constituye título ejecutivo de conformidad con lo
establecido en el artículo 828 del mismo Estatuto.
Artículo 764-2. Modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 51. Rechazo de la liquidación provisional, o
de la solicitud de modificación de la misma. Cuando el contribuyente,
agente de retención o declarante rechace la Liquidación Provisional, o cuando
la Administración Tributaria rechace la solicitud de modificación, deberá dar
aplicación al procedimiento previsto en el artículo 764-6 de este Estatuto para
la investigación, determinación, liquidación y discusión de los impuestos,
gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.
En estos casos, la Liquidación
Provisional rechazada constituirá prueba, así como los escritos y documentos
presentados por el contribuyente al momento de solicitar la modificación de la
Liquidación Provisional.
La Liquidación Provisional reemplazará,
para todos los efectos legales, al requerimiento especial, al pliego de cargos
o al emplazamiento previo por no declarar, según sea el caso, siempre y cuando
se haya notificado en debida forma y se haya dado el término de respuesta
establecido en el artículo 764-1 del Estatuto Tributario.
Texto original Artículo 764-2. Adicionado
por la Ley 1819 de 2016, art 257. Rechazo de
la liquidación provisional o de la solicitud de modificación de la misma. Cuando el contribuyente, agente de
retención o declarante rechace la Liquidación Provisional, o cuando la
Administración Tributaria rechace la solicitud de modificación, deberá dar
aplicación al procedimiento previsto en el artículo 764-6 de este Estatuto para
la investigación, determinación, liquidación y discusión de los impuestos,
gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones.
En estos casos, la
Liquidación Provisional rechazada constituirá prueba, así como los escritos y
documentos presentados por el contribuyente al momento de solicitar la modificación
de la Liquidación Provisional.
La Liquidación Provisional
remplazará, para todos los efectos legales, al requerimiento especial, al
pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, según sea el caso,
siempre y cuando la Administración Tributaria la ratifique como tal, sean
notificados en debida forma y se otorguen los términos para su contestación,
conforme lo indicado en este Estatuto.
Artículo 764-3. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 258. Sanciones en la liquidación provisional. Las sanciones que se deriven de una
Liquidación Provisional aceptada se reducirán en un cuarenta por ciento (40%)
del valor que resulte de la aplicación del régimen sancionatorio establecido en
el Estatuto
Tributario, siempre que el
contribuyente la acepte y pague dentro del mes siguiente a su notificación,
bien sea que se haya o no discutido.
Lo anterior no aplica para las sanciones generadas por la omisión
o corrección de las declaraciones tributarias, ni para aquellas derivadas del
incumplimiento de las obligaciones formales que puedan ser subsanadas por el
contribuyente en forma voluntaria antes de proferido el Pliego de Cargos, en
cuyo caso se aplicará el régimen sancionatorio establecido en el Estatuto
Tributario.
Artículo 764-4. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 259. Firmeza de las declaraciones tributarias producto de la aceptación
de la liquidación provisional. La
firmeza de las declaraciones tributarias corregidas o presentadas por el
contribuyente, con ocasión de la aceptación de la Liquidación Provisional, será
de seis (6) meses a partir de la fecha de su corrección o presentación, siempre
que se atiendan las formalidades y condiciones establecidas en este Estatuto
para que la declaración que se corrige o que se presenta se considere válidamente
presentada; de lo contrario aplicará el termino general de firmeza que
corresponda a la referida declaración tributaria conforme lo establecido en el
presente Estatuto.
Artículo 764-5. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 260. Notificación de
la liquidación provisional y demás actos. La
Liquidación Provisional y demás actos de la Administración Tributaria que se
deriven de la misma deberán notificarse de acuerdo con las formas establecidas
en el Estatuto
Tributario.
Parágrafo. A partir del año
2020, los actos administrativos de que trata el presente artículo se deberán
notificar de manera electrónica; para tal efecto, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá haber implementado el sistema de notificación
electrónica de que tratan los artículos 565 y 566-1 de este Estatuto.
Una vez notificada la Liquidación Provisional, las actuaciones que
le sigan por parte de la Administración Tributaria como del contribuyente
podrán realizarse de la misma manera en la página web de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales o, en su defecto, a través del servicio
electrónico que se disponga para el caso.
Artículo
764-6. Modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 52. Determinación y discusión de las
actuaciones que se deriven de una liquidación provisional. Los términos de
las actuaciones en las que se propongan impuestos, gravámenes, contribuciones,
sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones, derivadas de una Liquidación
Provisional conforme lo establecen los artículos 764-1 y 764-2 de este
Estatuto, en la determinación y discusión serán ratificados y notificados así:
1. Cuando la Liquidación Provisional
reemplace al Requerimiento Especial o se profiera su Ampliación, la
Administración Tributaria lo ratifica con la Liquidación Oficial de Revisión
dentro de los dos (2) meses siguientes después de agotado el término de
respuesta a la Liquidación Provisional.
2. Cuando la Liquidación Provisional
reemplace al Emplazamiento Previo por no declarar, la Administración Tributaria
lo ratificará con la Liquidación Oficial de Aforo dentro de los dos (2) meses
siguientes después de agotado el término de respuesta a la Liquidación
Provisional y dentro de este mismo acto se deberá imponer la sanción por no
declarar de que trata el artículo 643 del Estatuto Tributario.
3. Cuando la Liquidación Provisional
reemplace al Pliego de Cargos, la administración tributaria lo ratificará con
la Resolución Sanción dentro de los dos (2) meses siguientes, contados después
de agotado el término de respuesta la Liquidación Provisional.
Parágrafo 1°. El término para interponer
el recurso de reconsideración en contra de la Liquidación Oficial de Revisión,
la Resolución Sanción y la Liquidación Oficial de Aforo de que trata este
artículo será de dos (2) meses, contados a partir de que se notifiquen los citados
actos; por su parte, la Administración Tributaria tendrá un (1) año para
resolver los recursos de reconsideración, contados a partir de su interposición
en debida forma.
Parágrafo 2°. Salvo lo establecido en este artículo respecto de los términos indicados
para la determinación y discusión de los actos en los cuales se determinan los
impuestos y/o se imponen las sanciones, se deberán atender las mismas
condiciones y requisitos establecidos en este Estatuto para la discusión y
determinación de los citados actos administrativos.
Texto original Artículo 764-6. Adicionado
por la Ley 1819 de 2016, art 261. Determinación
y discusión de las actuaciones que se deriven de una liquidación provisional. Los términos de las actuaciones en las
que se propongan impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos,
retenciones y sanciones, derivadas de una Liquidación Provisional conforme lo
establecen los artículos 764 y 764-2 de este Estatuto, en la determinación y
discusión serán los siguientes:
1. Cuando la Liquidación
Provisional remplace al Requerimiento Especial o se profiera su Ampliación, el
término de respuesta para el contribuyente en uno u otro caso será de un (1)
mes; por su parte, si se emite la Liquidación Oficial de Revisión la misma
deberá proferirse dentro de los dos (2) meses contados después de agotado el
término de respuesta al Requerimiento Especial o a su Ampliación, según el
caso.
2. Cuando la Liquidación
Provisional remplace al Emplazamiento Previo por no declarar, el término de
respuesta para el contribuyente, respecto del citado acto, será de un (1) mes;
por su parte, la Liquidación Oficial de Aforo deberá proferirse dentro de los
tres (3) años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para
declarar y dentro de este mismo acto se deberá imponer la sanción por no
declarar de que trata el artículo 643 del Estatuto
Tributario.
3. Cuando la Liquidación
Provisional remplace al Pliego de Cargos, el término de respuesta para el
contribuyente, respecto del citado acto, será de un (1) mes; por su parte, la
Resolución Sanción se deberá proferir dentro de los dos (2) meses contados
después de agotado el término de respuesta al Pliego de Cargos.
Parágrafo 1°. Los
términos para interponer el recurso de reconsideración en contra de la
Liquidación Oficial de Revisión, la Resolución Sanción y la Liquidación Oficial
de Aforo de que trata este artículo será de dos (2) meses contados a partir de
que se notifiquen los citados actos; por su parte, la Administración Tributaria
tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración, contados a
partir de su interposición en debida forma.
Parágrafo 2°. Salvo
lo establecido en este artículo respecto de los términos indicados para la
determinación y discusión de los actos en los cuales se determinan los
impuestos se imponen las sanciones, se deberán atender las mismas condiciones y
requisitos establecidos en este Estatuto para la discusión y determinación de
los citados actos administrativos.
PRUEBA DOCUMENTAL.
Artículo 765.
FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS DE IMPUESTOS. Los
contribuyentes podrán invocar como prueba, documentos expedidos por las
oficinas de impuestos, siempre que se individualicen y se indique su fecha,
número y oficina que los expidió.
Artículo 766.
PROCEDIMIENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LA ADMINISTRACIÓN.
Cuando el contribuyente invoque como prueba el contenido de documentos que se
guarden en las oficinas de impuestos, debe pedirse el envío de tal documento,
inspeccionarlo y tomar copia de lo conducente, o pedir que la oficina donde
estén archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes.
Artículo 767.
FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Un documento privado, cualquiera que
sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido
registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa,
siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación.
Artículo 768.
RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PRIVADOS. El reconocimiento de la firma
de los documentos privados puede hacerse ante las oficinas de impuestos.
Artículo 769.
CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTÉNTICA. Los certificados tienen el valor de
copias auténticas, en los casos siguientes:
a)
Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a hechos
que consten en protocolos o archivos oficiales;
b)
Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y
versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o
que consten en documentos de sus archivos;
c)
Cuando han sido expedidos por las cámaras de comercio y versan sobre asientos
de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como están
registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes externos que respaldan
tales asientos.
Artículo 770.
PRUEBA DE PASIVOS. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de
contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados
por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar
respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades
exigidas para la contabilidad.
Artículo 771.
PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, acarreará el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe
que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente
declarados por el beneficiario.
Artículo 771-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 74. VALOR PROBATORIO DE LA
IMPRESIÓN DE IMÁGENES ÓPTICAS NO MODIFICABLES. La reproducción impresa de
imágenes ópticas no modificables, efectuadas por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos Nacionales sobre documentos originales
relacionados con los impuestos que administra, corresponde a una de las clases
de documentos señalados en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil,
con su correspondiente valor probatorio.
Artículo 771-2.
Desarrollado
por el Decreto
1794 de 2013. Inciso declarado exequible por la Sentencia
C-733 de 2003. Adicionado por la Ley
383 de 1997, artículo 3. PROCEDENCIA DE COSTOS,
DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES. Para la procedencia de costos y
deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f)
y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia
C-733 de 2003.Tratándose de documentos
equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b),
d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.
Cuando
no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el
documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos,
deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que
el Gobierno Nacional establezca.
Parágrafo.
Declarado
exequible por la Sentencia C-733 de 2003.
En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo
617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de
impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga
la correspondiente numeración.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley
1819 de 2016, art 135. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los
costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o período gravable
serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente
tenga fecha del año o período siguiente, siempre y cuando se acredite la
prestación del servicio o venta del bien en el año o período gravable.
Ver Ley
1231 de 2008, la cual modificó algunos artículos del Código de
Comercio referente a facturas cambiarias y Circular 96 de 2008 de la DIAN.
Artículo 771-3.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 4. CONTROL INTEGRAL. El valor de los bienes introducidos al territorio
nacional sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes, no podrá ser
tratado como costo o deducción en el impuesto sobre la renta por el infractor,
por quien de cualquier forma participe en la infracción o por quienes a
sabiendas de tal hecho efectúan compras de estos bienes.
Artículo 771-4.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 5. CONTROL EN LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACIÓN. El
Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, verificará toda la
información suministrada por el usuario en la solicitud de registro o licencia
de importación. Cuando exista diferencia entre el precio declarado y los
precios oficiales o de referencia, según sea el caso, podrá postergar el
trámite de la solicitud, hasta que el importador demuestre la veracidad de la
información consignada en la solicitud de registro o licencia de importación.
En
todos los casos, informará a la autoridad aduanera para que inicie las
investigaciones a que hubiere lugar.
Parágrafo.
El control que realice el Incomex se efectuará sin perjuicio de las facultades
de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-nales (sic).
Ver Decreto 210 de 2003, Ley 790 de 2002 y Decreto 2682 de 1999 el cúal suprimió el Incómex
Artículo 771-5. Modificado por la Ley 1739 de 2014, art 52 Medios de pago para efectos de la aceptación de costos,
deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su
reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos
descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán
realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: Depósitos en
cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer
beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o
bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el
Gobierno nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo
no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de
los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos
en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas concordantes.
Así mismo, lo dispuesto en el
presente artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la
validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio
ilimitado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 31 de 1992.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 307. Podrán
tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos
descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables,
independientemente del número de pagos que se realicen durante el año, así:
1. En el año
2018, el menor valor entre:
a) El ochenta y
cinco por ciento (85%) de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de cien
mil (100.000) UVT, y
b) El cincuenta
por ciento (50%) de los costos y deducciones totales.
2. En el año
2019, el menor valor entre:
a) El setenta
por ciento (70%) de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de ochenta mil
(80.000) UVT, y
b) El cuarenta
y cinco por ciento (45%) de los costos y deducciones totales.
3. En el año
2020, el menor valor entre:
a) El cincuenta
y cinco por ciento (55%) de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de
sesenta mil (60.000) UVT, y
b) El cuarenta
por ciento (40%) de los costos y deducciones totales.
4. A partir del
año 2021, el menor valor entre:
a) El cuarenta
por ciento (40%) de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de cuarenta
mil (40.000) UVT, y
b) El treinta y
cinco por ciento (35%) de los costos y deducciones totales.
Parágrafo 2°. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 307. En
todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las
personas naturales que perciban rentas no laborales de acuerdo a lo dispuesto
en este Estatuto, que superen las cien (100) UVT deberán canalizarse a través
de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal como costo,
deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las
rentas no laborales.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 307. Tratándose
de los pagos en efectivo que efectúen operadores de Juegos de Suerte y Azar, la
gradualidad prevista en el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente
manera:
1. En el año
2018, el setenta y cuatro por ciento (74%) de los costos, deducciones, pasivos
o impuestos descontables totales.
2. En el año
2019, el sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos, deducciones, pasivos o
impuestos descontables totales.
3. En el año
2020, el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los costos, deducciones, pasivos
o impuestos descontables totales.
4. A partir del
año 2021, el cincuenta y dos por ciento (52%) de los costos, deducciones,
pasivos o impuestos descontables totales.
Para efectos de
este parágrafo no se consideran comprendidos los pagos hasta por mil
ochocientas (1.800) UVT que realicen los operadores de juegos de suerte y azar,
siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente.
El presente
tratamiento no será aplicable a los operadores de juegos de suerte y azar que
cumplan con las normas de lavado de activos establecidas por las autoridades
competentes en aquellos casos en que las entidades financieras por motivos
debidamente justificados nieguen el acceso a los productos financieros para la
canalización de los pagos de que trata este artículo. En este caso el
contribuyente deberá aportar las pruebas correspondientes que acrediten tal
hecho, incluyendo las comunicaciones de todas las entidades financieras que
sustenten la negativa para abrir los productos financieros. Dichas entidades
estarán obligadas a expedir la mencionada comunicación cuando nieguen el acceso
a los productos anteriormente mencionados.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 307. Los
bancos y demás entidades financieras de naturaleza pública deberán abrir y
mantener cuentas en sus entidades y otorgar los productos financieros
transaccionales, usuales a los operadores de juegos de suerte y azar
autorizados por Coljuegos y demás autoridades nacionales o
territoriales competentes, mediante concesión, licencia o cualquier otro tipo
de acto administrativo y a los operadores de giros postales, siempre y cuando
cumplan con las normas sobre lavado de activos establecidas por las autoridades
nacionales.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 136. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los
contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, de las
actividades agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, avícola y forestal, así
como los comercializadores del régimen SIMPLE y las cooperativas y asociaciones
de productores del sector agrícola que comercialicen productos adquiridos
directamente al productor, podrán tener reconocimiento fiscal dichos pagos como
costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, independientemente del
número de pagos que se realicen durante el año, así:
- En el año 2020, el ochenta y cinco por
ciento (85%) de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables
totales.
- En el año 2021, el setenta y cinco por
ciento (75%) de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables
totales.
- A partir del año 2022, el setenta (70%)
de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
Texto original parágrafo 5. Adicionado por la Ley 1943 de 2018,
artículo 120. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Tratándose
de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables
pertenecientes al sector agropecuario, de las actividades agrícola, ganadera,
pesquera, acuícola, avícola y forestal, así como los comercializadores del
régimen SIMPLE y las cooperativas y asociaciones de productores del sector
agrícola que comercialicen productos adquiridos directamente al productor,
podrán tener reconocimiento fiscal dichos pagos como costos, deducciones,
pasivos o impuestos descontables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el
año, así:
- En el año 2019, el noventa por ciento (90%) de los costos,
deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
- En el año 2020, el ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos,
deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
- En el año 2021, el setenta y cinco por ciento (75%) de los costos,
deducciones, pasivos o impuesto descontables totales.
- A partir del año 2022, el setenta (70%) de los costos,
deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.”.
Parágrafo 6º. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 136. El cien por ciento (100%) de los pagos en efectivo que realicen
los contribuyentes por compras de pescado fresco, congelado, refrigerado o
salado, procedente de la Cuenca Amazónica, que se clasifique en las partidas
arancelarias 0302, 0303 y 0305 del Arancel de Aduanas, cuyo ingreso se realice
por la jurisdicción correspondiente al Municipio de Leticia, podrán tener
reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos
descontables.
Parágrafo transitorio. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 307. El
100% de los pagos en efectivo que realicen los contribuyentes durante los años
2014, 2015, 2016 y 2017 tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones,
pasivos, o impuestos descontables en la declaración de renta correspondiente a
dicho período gravable, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos
establecidos en las normas vigentes.
Texto
anterior parágrafo 1°. Podrán tener reconocimiento fiscal como
costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos en efectivo
que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número
de pagos que se realicen durante el año, así:
– En el año 2019, el menor entre el ochenta y cinco por
ciento (85%) de lo pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento
(50%) de los costos y deducciones totales.
– En el año 2020, el menor entre el setenta por ciento (70%)
de lo pagado u ochenta mil (80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por ciento (45%)
de los costos y deducciones totales.
– En el año 2021, el menor entre el cincuenta y cinco por
ciento (55%) de lo pagado o sesenta mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento
(40%) de los costos y deducciones totales.
A partir del año 2022, el menor entre cuarenta por ciento
(40%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento
(35%) de los costos y deducciones totales.
Texto
anterior parágrafo 2°. Tratándose de los pagos en efectivo que
efectúen operadores de Juegos de Suerte y Azar, la gradualidad prevista en el
parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera:
– En el año 2019, el setenta y cuatro por ciento (74%) de
los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
– En el año 2020, el
sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos, deducciones, pasivos o
impuestos descontables totales.
– En el año 2021, el cincuenta y ocho por ciento (58%) de
los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
– A partir del año 2022, el cincuenta y dos por ciento (52%)
de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
Para efectos de este parágrafo no se consideran comprendidos
los pagos hasta por 1.800 UVT que realicen los operadores de juegos de suerte y
azar, siempre y cuando realicen la retención en la fuente correspondiente.
Texto
anterior parágrafo transitorio. El 100% de los pagos en efectivo que
realicen los contribuyentes durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
tendrán reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos, o impuestos
descontables en la declaración de
renta correspondiente a dicho período gravable, siempre y cuando cumplan con
los demás requisitos establecidos en las normas vigentes.
Texto anterior art 771-5. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, art
26. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones,
pasivos e impuestos descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como
costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen
los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los
siguientes medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o
transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de
crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios
de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo
no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de
los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos
en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas concordantes.
Así mismo, lo dispuesto en el
presente artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la
validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio
ilimitado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 31 de 1992.
Parágrafo. Podrán tener reconocimiento fiscal
como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos en
efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del
número de pagos que se realicen durante el año, así:
– En el primer año, el menor
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) de lo pagado o cien mil (100.000)
UVT, o el cincuenta por ciento (50%) de los costos y deducciones totales.
– En el segundo año, el menor
entre el setenta por ciento (70%) de lo pagado u ochenta mil (80.000) UVT, o el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de los costos y deducciones totales.
– En el tercer año, el menor
entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) de lo pagado o sesenta mil (60.000)
UVT, o el cuarenta por ciento (40%) de los costos y deducciones totales.
A partir del cuarto año, el
menor entre cuarenta por ciento (40%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT,
o el treinta y cinco por ciento (35%) de los costos y deducciones totales.
Esta gradualidad prevista en
el presente artículo empieza su aplicación a partir del año gravable 2014.
Parágrafo
2°. Adicionado por la Ley
1607 de 2012 art
164. Tratándose de los pagos en efectivo
que efectúen operadores de Juegos de Suerte y Azar, la gradualidad prevista en
el parágrafo anterior se aplicará de la siguiente manera:
– En
el primer año, el setenta y cuatro por ciento (74%) de los costos, deducciones,
pasivos o impuestos descontables totales.
– En
el segundo año, el sesenta y cinco por ciento (65%) de los costos, deducciones,
pasivos o impuestos descontables totales.
– En
el tercer año, el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los costos, deducciones,
pasivos o impuestos descontables totales.
– A
partir del cuarto año, el cincuenta y dos por ciento (52%) de los costos,
deducciones, pasivos o impuestos descontables totales.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1731 de 2014, art 23. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen
los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario,
pesquero, acuícola y forestal la gradualidad prevista en el parágrafo 1° del
presente artículo se aplicará de la siguiente manera:
–
En el año gravable 2016 el menor entre el ochenta y cinco por ciento (85%) de
lo pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento (50%) de los
costos y deducciones totales.
–
En el año gravable 2017, el menor entre el setenta por ciento (70%) de lo pagado
u ochenta mil (80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los
costos y deducciones totales.
–
En el año gravable 2018, el menor entre el cincuenta y cinco por ciento (55%)
de lo pagado o sesenta mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento (40%) de los
costos y deducciones totales.
–
A partir del año gravable 2019, el menor entre cuarenta por ciento (40%) de lo
pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento (35%) de
los costos y deducciones totales.
El
porcentaje del quince por ciento (15%) de los pagos en efectivo sin
reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos
descontables, que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente
parágrafo durante el año 2014, tendrán reconocimiento fiscal en la declaración
de renta correspondiente al período gravable 2015.
La
gradualidad prevista en el presente parágrafo solo podrá aplicarse para las
personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 UVT.
Para
el año gravable 2015, no tendrá aplicación la gradualidad prevista en el
parágrafo 1° de este artículo.
Artículo 771-6. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 136. Facultad para
desconocer costos y gastos. La DIAN podrá rechazar la procedencia de costos y la
deducción de gastos en el exterior cuando se verifique que:
1. El beneficiario efectivo, en
los términos del artículo 631-5 de este Estatuto, de dichos pagos es, directa o
indirectamente, en una proporción igual o superior al 50%, el mismo
contribuyente.
2. El pago se efectúa a una
jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o a entidades sometidas
a un régimen tributario preferencial o no se allegue certificado de residencia
fiscal del beneficiario del pago.
Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la estructura jurídica
obedece a un propósito principal de negocios, diferente al ahorro tributario, lo
cual podrá hacerse a través de la aplicación del régimen de precios de
transferencia.
PRUEBA CONTABLE.
Artículo 772.
LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del
contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida
forma.
Artículo 772-1. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 137. Conciliación fiscal.
Sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1314 de 2009, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de
control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación
de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones de este
Estatuto. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
El incumplimiento de esta
obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en
la contabilidad.
Artículo 773.
Reglamentado
por el Decreto
2548 de 2014. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA
CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá
sujetarse al Título IV del Libro I, del Código de Comercio, y:
1.
Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones
correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de
modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.
2.
Cumplir los requisitos señalados por el Gobierno mediante reglamentos, en forma
que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del
negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar en
uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa.
Artículo 774.
Reglamentado
por el Decreto
2548 de 2014. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD
CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de
contabilidad como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de
contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
1.
Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos
Nacionales, según el caso.
2.
Estar respaldados por comprobantes internos y externos.
3.
Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.
4.
No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no
estén prohibidos por la ley.
5.
No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio.
Ver Decreto 1625 de 2016, artículo 1.6.1.27.5, Decreto 3028
de 2013, artículo 9º.
Artículo 775.
PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE A LA DECLARACIÓN. Cuando haya
desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos de
contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen éstos.
Artículo 776.
PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE CONTABILIDAD. Si las
cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones,
exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes externos,
los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del
valor de dichos comprobantes.
Artículo 777.
LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL ES PRUEBA CONTABLE.
Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración pruebas
contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores
fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la
facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes.
INSPECCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 778.
DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCIÓN. El contribuyente puede solicitar la
práctica de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervención de
testigos actuarios, serán nombrados, uno por el contribuyente y otro por la
oficina de impuestos.
Antes
de fallarse deberá constar el pago de la indemnización del tiempo empleado por
los testigos, en la cuantía señalada por la oficina de impuestos.
Artículo 779.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 137. INSPECCIÓN TRIBUTARIA. La administración podrá ordenar la
práctica de inspección tributaria, para verificar la exactitud de las
declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o
no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.
Se
entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se
realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso
adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia,
características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual
pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación
tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las
ritualidades que les sean propias.
La
inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o
personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los
funcionarios comisionados para practicarla.
La
inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De
ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos
en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita
por los funcionarios que la adelantaron.
Cuando
de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación
administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma.
Artículo 779-1.
Inciso
declarado
exequible por las Sentencias C-505
de 1999 y C-818
de 1999. Adicionado por la Ley
383 de 1997, artículo 2. FACULTADES DE REGISTRO. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante resolución
motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o
de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros
depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no
coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales.
Inciso
declarado
exequible por las Sentencias C-505
de 1999 y C-818
de 1999. En desarrollo de las
facultades establecidas en el inciso anterior, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales podrá tomar las medidas necesarias para evitar que las
pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su
inmovilización y aseguramiento.
Para
tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, previo requerimiento de los
funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de las
respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte
del miembro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de
mala conducta.
Parágrafo 1º.
La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata el
presente artículo, corresponde al Administrador de Impuestos y Aduanas
Nacionales y al Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. Esta competencia es indelegable.
Parágrafo 2º.
La providencia que ordena el registro de que trata el presente artículo será
notificado en el momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre en
el lugar, y contra la misma no procede recurso alguno. (Declaradas
exequibles por las Sentencias C-505
de 1999 y C-818
de 1999, las expresiones subrayadas)
Artículo 780.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. La obligación de presentar
libros de contabilidad deberá cumplirse, en las oficinas o establecimientos del
contribuyente obligado a llevarlos.
Artículo 781.
LA NO PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SERÁ INDICIO EN CONTRA DEL
CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y
demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá
invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como
indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes
costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los
acredite plenamente. Unicamente se aceptará como causa justificativa de la no
presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito.
La
existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley
impone la obligación de llevarla.
Artículo 782.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 138. INSPECCIÓN CONTABLE. La administración podrá ordenar la práctica
de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados
a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para
establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el
cumplimiento de obligaciones formales.
De
la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá
entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y
las partes intervinientes.
Cuando
alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su omisión no
afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejará
constancia en el acta.
Se
considera que los datos consignados en ella, están fielmente tomados de los
libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.
Cuando
de la práctica de la inspección contable, se derive una actuación
administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha
actuación.
Artículo 783.
CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL ACTA. Cuando no proceda el
requerimiento especial o el traslado de cargos, del acta de visita de la
inspección tributaria, deberá darse traslado por el término de un mes para que
se presenten los descargos que se tenga a bien.
PRUEBA PERICIAL.
Artículo 784.
DESIGNACIÓN DE PERITOS. Para efectos de las pruebas periciales, la
Administración nombrará como perito a una persona o entidad especializada en la
materia, y ante la objeción a su dictamen, ordenará un nuevo peritazgo. El
fallador valorará los dictámenes dentro de la sana crítica.
Artículo 785.
VALORACIÓN DEL DICTAMEN. La fuerza probatoria del dictamen pericial será
apreciada por la oficina de impuestos, conforme a las reglas de sana crítica y
tomando en cuenta la calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se
haya dado a las normas legales relativas a impuestos, las bases doctrinarias y
técnicas en que se fundamente y la mayor o menor precisión o certidumbre de los
conceptos y de las conclusiones.
CAPITULO III
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE DEBEN SER PROBADAS POR EL CONTRIBUYENTE.
Artículo 786.
LAS DE LOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA. Cuando exista alguna prueba
distinta de la declaración de renta y complementarios del contribuyente, sobre
la existencia de un ingreso, y éste alega haberlo recibido en circunstancias
que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a demostrar tales
circunstancias.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo 787.
LAS DE LOS PAGOS Y PASIVOS NEGADOS POR LOS BENEFICIARIOS. Cuando el
contribuyente ha solicitado en su declaración de renta y complementarios la
aceptación de costos, deducciones, exenciones especiales o pasivos, cumpliendo
todos los requisitos legales, si el tercero beneficiado con los pagos o
acreencias respectivos niega el hecho, el contribuyente está obligado a
informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al
mismo, a fin de que las oficinas de impuestos prosigan la investigación.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78
Artículo 788.
LAS QUE LOS HACEN ACREEDORES A UNA EXENCIÓN. Los contribuyentes están obligados
a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención
tributaria, cuando para gozar de ésta no resulte suficiente conocer solamente
la naturaleza del ingreso o del activo.
Artículo 789.
LOS HECHOS QUE JUSTIFICAN AUMENTO PATRIMONIAL. Los hechos que justifiquen los
aumentos patrimoniales deben ser probados por el contribuyente, salvo cuando se
consideren ciertos de conformidad con el artículo 746.
Artículo 790.
DE LOS ACTIVOS POSEÍDOS A NOMBRE DE TERCEROS. Cuando sobre la posesión de un
activo, por un contribuyente, exista alguna prueba distinta de su declaración
de renta y complementarios, y éste alega que el bien lo tiene a nombre de otra
persona, debe probar este hecho.
Ver Ley
1111 de 2006, art 78
Artículo 791.
DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS CON PERSONAS FALLECIDAS. La administración
tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos
patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a
cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos
que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del
fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión.
TITULO VII
EXTINCION DE LA OBLIGACION
TRIBUTARIA
CAPITULO I
RESPONSABILIDAD POR EL PAGO
DEL IMPUESTO.
Artículo 792.
SUJETOS PASIVOS. Son contribuyentes o responsables directos del pago del
tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la
obligación tributaria sustancial.
Artículo 793.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el contribuyente por el pago del
tributo:
a)
Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la
sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados
y sin perjuicio del beneficio de inventario;
b)
Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la
liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente; Ver modificación
en la Ley
633 de 2000, art 51
c)
La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el
aporte de la absorbida;
d)
Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz
domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las
obligaciones de ésta;
e)
Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes,
solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin
personalidad jurídica.
f) Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 82. Los terceros que se
comprometan a cancelar obligaciones del deudor.
g) Literal adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 72. Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios
con propósitos de evasión o de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones
dejados de recaudar por parte de la Administración Tributaria.
Texto original literal g). Literal adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
64. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Las
personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión
o de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar por
parte de la Administración Tributaria.”.
h) Literal adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo
72. Quienes custodien,
administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o vehículos
utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con
conocimiento de operación u operaciones constitutivas de abuso en materia
tributaria.
Texto original literal h). Literal adicionado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 64. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Quienes
custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o
vehículos utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con
conocimiento de operación u operaciones constitutivas de abuso en materia
tributaria.”.
Parágrafo 1°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 72. En todos los casos de solidaridad previstos en este
Estatuto, la Administración deberá notificar sus actuaciones a los deudores
solidarios, en aras de que ejerzan su derecho de defensa.
Texto original parágrafo 1. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 64. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “En todos los casos
de solidaridad previstos en este Estatuto, la Administración deberá notificar
sus actuaciones a los deudores solidarios, en aras de que ejerzan su derecho de
defensa.”.
Parágrafo 2°. Adicionado
por
la Ley 2010 de 2019, artículo 72. Los auxiliares de la justicia que actúan como liquidadores o
interventores en la liquidación judicial de procesos concursales, de
intervención por captación ilegal y en los casos en que de acuerdo con la ley
deban ser designados por la Superintendencia de Sociedades, solo responden de
manera subsidiaria por el incumplimiento de las obligaciones formales que se
deriven de las obligaciones sustanciales que se originen con posterioridad a su
posesión.
Texto original parágrafo 2. Adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo 64. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los
auxiliares de la justicia que actúan como liquidadores o interventores en
procesos concursales designados
por la Superintendencia de Sociedades responden patrimonialmente de manera
subsidiar la por las sumas que se llegaren a liquidar, sean estas por tributos,
intereses y sanciones, entre otras, respecto de periodos posteriores a su
posesión. No habrá lugar a la responsabilidad subsidiaria a cargo de los
referidos auxiliares de la justicia cuando el deudor carezca de contabilidad de
acuerdo con la certificación que para el efecto expida la Superintendencia de
Sociedades al momento de su posesión, pero este velará por el cumplimiento de
los deberes formales a cargo del deudor después de reconstruir dicha
contabilidad. El término de reconstrucción de la contabilidad no podrá exceder
el plazo previsto en la legislación vigente, una vez se posesione el auxiliar
de la justicia.”.
Artículo 794.
Declarado
exequible por la Sentencia C-210 de 2000.
Inciso
modificado por la Ley 863 de 2003,
artículo 30. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA
SOCIEDAD. En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados,
comuneros y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos,
actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin
personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados,
cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participacionesen
las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo
período gravable. (Declarado exequible por la Sentencia
C-910 de 2004, el texto subrayado)
Inciso modificado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 30. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de
los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez, a los suscriptores de los fondos de inversión y de los
fondos mutuos de inversión, ni será aplicable a los accionistas de sociedades
anónimas y asimiladas a anónimas.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 108. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria
establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperadores que
se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o
actividades de la respectiva entidad cooperativa. Ver Ley 633 de 2000, artículo 51
y modificación
en la Ley
633 de 2000, artículo 51
Artículo 794-1. Adicionado por
la Ley 1607 de 2012, art
142. Desestimación de la personalidad
jurídica. Cuando se utilice una o varias
sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a la administración
tributaria o de manera abusiva como mecanismo de evasión fiscal, el o los
accionistas que hubiere realizado, participado o facilitado los actos de
defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderán
solidariamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por las
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.
La declaratoria de nulidad de
los actos de defraudación o abuso, así como la acción de indemnización de los
posibles perjuicios que se deriven de los actos respectivos serán de
competencia de la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento
verbal sumario.
El Director
Nacional de los Impuestos y Aduanas tendrá legitimación para iniciar la acción
de que trata el presente artículo. Así mismo, podrá delegar en el funcionario o
funcionarios de la DIAN que estime necesarios para que presenten la demanda
correspondiente e impulsen el proceso mediante las actuaciones a que haya
lugar.
En cualquier caso en que la DIAN tenga
indicios de la existencia de una defraudación fiscal para la cual se hubiere
empleado una o varias sociedades, solicitará y practicará las pruebas a que
haya lugar, de manera tal que pueda iniciarse la demanda de desestimación de la
personalidad jurídica correspondiente. Dichas pruebas pueden ser controvertidas
por los contribuyentes en los plazos y dentro de los procedimientos establecidos
en la ley para tal efecto.
En los términos del artículo 590 del Código General del Proceso, admitida
la demanda el Superintendente podrá decretar, de oficio o a petición de la
DIAN, todas las medidas cautelares que considere pertinentes.
Artículo 795.
SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES QUE SIRVAN DE ELEMENTO DE
EVASIÓN. Cuando los no contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios o los contribuyentes exentos de tal gravamen, sirvan como
elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no contribuyente
o exenta, como los miembros de la junta o el consejo directivo y su
representante legal, responden solidariamente con el tercero por los impuestos
omitidos y por las sanciones que se deriven de la omisión.
Ver Ley 1111 de 2006, art 78
Artículo 795-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 62. PROCEDIMIENTO PARA
DECLARACIÓN DE DEUDOR SOLIDARIO. En los casos del artículo 795, simultáneamente
con la notificación del acto de determinación oficial o de aplicación de
sanciones, la administración tributaria notificará pliego de cargos a las
personas o entidades, que hayan resultado comprometidas en las conductas
descritas en los artículos citados, concediéndoles un mes para presentar sus
descargos. Una vez vencido este término, se dictará la resolución mediante la
cual se declare la calidad de deudor solidario, por los impuestos, sanciones,
retenciones, anticipos y sanciones establecidos por las investigaciones que
dieron lugar a este procedimiento, así como por los intereses que se generen
hasta su cancelación.
Contra
dicha resolución procede el recurso de reconsideración y en el mismo sólo podrá
discutirse la calidad de deudor solidario.
Inciso derogado por la Ley 383 de 1997, artículo 74
y por el Decreto 150 de 1997, artículo
23, (éste declarado inexequible por la Sentencia C-131 de 1997). En cuanto a las sociedades comerciales se deja expresamente
establecido que en las sociedades anónimas y asimiladas a éstas, los socios no
responden solidariamente por ninguna de las cargas fiscales de sus respectivas
sociedades.
Artículo 796.
SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Los
representantes legales de las entidades del sector público, responden
solidariamente con la entidad por el impuesto sobre las ventas no consignado
oportunamente que se cause a partir de diciembre 24 de 1986, y por sus
correspondientes sanciones.
Artículo 797.
SOLIDARIDAD FISCAL ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE UN TÍTULO VALOR. Cuando varias
personas aparezcan como beneficiarios en forma conjunta, o bajo la expresión
y/o, de un título valor, serán solidariamente responsables del impuesto
correspondiente a los respectivos ingresos y valores patrimoniales.
Cuando
alguno de los titulares fuere una sociedad de hecho o sociedad que no presente
declaración de renta y patrimonio, serán solidariamente responsables los socios
o participes por los impuestos correspondientes a la sociedad.
Cuando
alguno de los beneficiarios de que trata este artículo cancelare los impuestos
correspondientes al respectivo título valor, la Administración Tributaria no
podrá exigir el pago a los demás beneficiarios.
Artículo 798.
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES. Los
obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que
se deriven de su omisión.
Artículo 799.
RESPONSABILIDAD DE LOS BANCOS POR PAGO IRREGULAR DE CHEQUES FISCALES. Los
establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma
violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su
totalidad por el pago irregular y sus empleados responsables quedarán sometidos
a las sanciones legales y reglamentarias del caso.
Artículo
799-1.
Declarado
inexequible por las Sentencias C-993 de 2004 y C-1028 de 2004. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
31. INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO. La información relativa al
cumplimiento o mora de las obligaciones de impuestos, anticipos, retenciones,
tributos y gravámenes aduaneros, sanciones e intereses, podrá ser reportada a
las centrales de riesgo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Tratándose de contribuyentes
morosos, se reportará su cuantía a partir del sexto (6) mes de mora.
Una vez cancelada la
obligación por todo concepto, esta entidad deberá ordenar la eliminación
inmediata y definitiva del registro en la respectiva central de riesgo.
CAPITULO II
FORMAS DE EXTINGUIR LA
OBLIGACION TRIBUTARIA
SOLUCIÓN O PAGO.
Artículo 800. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019. Decreto 2442 de 2018 , por el Decreto 702 de 2013.
Desarrollado por el Decreto 618 de 2018 y por el Decreto 1951 de 2017. LUGAR DE PAGO. El
pago de los impuestos, anticipos y retenciones, deberá efectuarse en los
lugares que para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
El
Gobierno Nacional podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, a través de bancos y demás entidades financieras.
Ver Resolución 3992 de 2007 de la DIAN.
Ver las
siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de
declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022
de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820
de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511
de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321
de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049
de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588
de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795
de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805
de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714
de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818
de 2007, Decreto 4680 de 2008, por
el Decreto 4929 de 2009 y el Decreto 4907
de 2011.
Artículo 800-1. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 79. Obras por impuestos. Las personas naturales o jurídicas
obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan
obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos
diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las entidades públicas del
nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago
del impuesto sobre la renta, en los términos previstos en la presente
disposición. Los compromisos de inversión adquiridos en estos convenios no
podrán superar el treinta por ciento (30%) del patrimonio contable del
contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el patrimonio del año
inmediatamente anterior a la suscripción de los mismos. En caso de que los
aspirantes no hayan tenido ingresos en el año inmediatamente anterior por
encontrarse en período improductivo, la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) podrá autorizar la realización de los proyectos a los que se refiere la
presente disposición, si verifica que el contribuyente puede otorgar garantías
suficientes para la ejecución del proyecto, a través de sus vinculados
económicos o de entidades financieras o aseguradoras de reconocida idoneidad.
El objeto de los convenios
será la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia
económica y social en los diferentes municipios definidos como las Zonas Más
Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), relacionados con agua potable y
saneamiento básico, energía, salud pública, educación pública, bienes públicos
rurales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, pagos por
servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura
de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural,
infraestructura deportiva y las demás que defina el manual operativo de Obras
por Impuestos, todo de conformidad con lo establecido en la evaluación de
viabilidad del proyecto. Los proyectos a financiar podrán comprender las obras,
servicios y erogaciones necesarias para su viabilidad, planeación,
preoperación, ejecución, operación, mantenimiento e interventoría, en los
términos establecidos por el manual operativo de Obras por Impuestos, según el
caso. También podrán ser considerados proyectos en jurisdicciones que sin estar
localizadas en las Zomac, de acuerdo con el concepto de la Agencia de
Renovación del Territorio, resulten estratégicos para la reactivación económica
y/o social de las Zomac o algunas de ellas.
Para este fin, la Agencia de
Renovación del Territorio (ART) deberá llevar actualizada una lista de
iniciativas susceptibles de contar con viabilidad técnica y presupuestal para
conformar el banco de proyectos a realizar en los diferentes municipios
definidos como Zomac, que contribuyan a la disminución de las brechas de
inequidad y la renovación territorial de estas zonas, su reactivación
económica, social y su fortalecimiento institucional, y que puedan ser ejecutados
con los recursos provenientes de la forma de pago que se establece en el
presente artículo. El contribuyente podrá proponer iniciativas distintas a las
publicadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las cuales
deberán ser presentadas a esta Agencia y cumplir los requisitos necesarios para
la viabilidad sectorial y aprobación del Departamento Nacional de Planeación
(DNP).
Para el desarrollo del
presente mecanismo de pago del impuesto sobre la renta se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos y procedimientos:
1. Manifestación de interés
por parte del contribuyente. En cualquier momento, el contribuyente que
pretenda optar por el mecanismo previsto en la presente disposición, podrá
seleccionar de la lista de iniciativas o del banco de proyectos publicado por
la ART, una o más iniciativas o proyectos, para lo cual deberá contar con la
aprobación de su junta directiva o del órgano que haga sus veces y manifestarlo
mediante escrito dirigido a la ART y a la Entidad Nacional Competente del sector
del proyecto a desarrollar. En la misma manifestación deberá informar desde qué
etapa de estructuración va a desarrollar el proyecto y los gastos de
pre-inversión y mantenimiento, en el caso de requerirse, adjuntando una
propuesta de costos de estas etapas, así como la actualización y posibles
ajustes al proyecto. En los casos en que el contribuyente haya propuesto un
proyecto, este tendrá prioridad para la ejecución del mismo siempre que cumpla
con todos los requisitos previstos en la presente disposición, a menos que un
tercero ofrezca mejores condiciones para su realización, en cuyo caso, la ART y
la Entidad Nacional Competente realizarán la valoración de las propuestas e
informarán los resultados a los contribuyentes.
2. Estructuración de
iniciativas por parte del Contribuyente. En los casos en que el contribuyente
haya manifestado el interés de estructurar una iniciativa, la entidad nacional
competente deberá indicar y aprobar los estudios, diseños, costos y tiempos,
que debe realizar y cumplir el contribuyente para presentar la iniciativa con
el lleno de requisitos necesarios para iniciar el proceso de viabilidad, evento
en el cual estos costos serán incluidos en el valor total del proyecto.
3. Viabilización de
iniciativas. Posterior a la manifestación del interés por parte del
contribuyente sobre una o más iniciativas, la Entidad Nacional Competente y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizarán los trámites necesarios
para emitir los conceptos de viabilidad del o los proyectos conforme con la
normatividad vigente.
4. Aprobación para la
suscripción del convenio. Emitidos los conceptos de viabilidad del proyecto, la
ART aprobará mediante acto administrativo la suscripción del convenio para la
ejecución del proyecto, contra el cual no procederá recurso alguno.
5. Suscripción del convenio.
Posterior a la aprobación por parte de la ART, la Entidad Nacional competente
procederá a la suscripción del convenio con el contribuyente, para la ejecución
del proyecto. Por medio de dicho convenio, el contribuyente se comprometerá a
desarrollar el proyecto a cambio de una remuneración que será pagada por medio
de Títulos para la Renovación del Territorio (TRT), una vez sea entregado el
proyecto a satisfacción a la entidad nacional competente. En los casos en que
la ejecución del proyecto sea superior a un (1) año, el convenio podrá prever
el pago contra la entrega de los hitos que se establezcan en el mismo. El
convenio estará regido por el régimen aquí previsto y en su defecto por las
normas de derecho privado.
6. Reglas del Convenio. La
celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:
a) Interventoría. La Entidad
Nacional Competente determinará los casos en los que se requiera la
contratación de una interventoría sobre el bien o servicio, cuyo valor deberá
estar incluido dentro del costo del proyecto, caso en el cual deberá ser
seleccionada y contratada por la Entidad Nacional Competente. Los pagos de la
interventoría los realizará el contratista conforme con lo pactado en el convenio
de obras por impuestos.
b) Supervisión. La Entidad
Nacional Competente realizará la supervisión del convenio de obras por
impuestos y del contrato de interventoría.
c) Garantías. La Entidad
Nacional Competente deberá establecer la suficiencia de las garantías para
amparar como mínimo el cumplimiento del proyecto, la estabilidad de la obra o
calidad y correcto funcionamiento de los bienes según corresponda.
El contratista deberá
constituir las garantías exigidas para la ejecución del proyecto, en caso de
realizarlo directamente, o deberá exigirle a los terceros dichas garantías en
los términos definidos en el convenio. En todo caso, las garantías constituidas
deben ser aprobadas por la Entidad Nacional Competente. Tratándose de pólizas,
las mismas no expirarán por falta de pago o por revocatoria unilateral y
deberán ser aprobadas por la Entidad Nacional Competente al proyecto de
inversión.
d) Naturaleza de los
recursos para la ejecución del proyecto. Los contribuyentes realizarán los
proyectos con recursos propios, cuyo tratamiento corresponderá a la naturaleza
jurídica del contribuyente.
e) Subcontratos. En caso que
el contribuyente deba subcontratar con terceros para la realización del
proyecto, a dichos contratos les será aplicable el régimen de contratación
correspondiente a la naturaleza jurídica del contribuyente y no vincularán a
las entidades públicas que suscriban el convenio principal.
f)
Condiciones del Convenio y de los subcontratos. El Convenio y los subcontratos
que deba suscribir el contribuyente para la ejecución del mismo deberán ser
realizados a precios de mercado. El reglamento establecerá las condiciones bajo
las cuales se dará cumplimiento a la presente disposición, así como los casos
que exijan la contratación de una gerencia de proyecto.
En caso de que los
subcontratos sean celebrados con vinculados económicos del suscriptor, el
respectivo convenio señalará las condiciones bajo las cuales se garantizará la
transparencia en la ejecución y la definición de los costos del proyecto.
g) Ejecución directa por
parte del contribuyente. En caso de que el mismo contribuyente desarrolle el
proyecto, los bienes y servicios que incorpore serán valorados a precios de
mercado, de acuerdo con lo previsto en el literal anterior.
h) Tratamiento tributario y
contable de los convenios celebrados. Los convenios celebrados de acuerdo con
lo previsto en la presente disposición, tendrán el tratamiento tributario y
contable que les corresponda según su naturaleza y las normas que resulten
aplicables. En tal medida, los convenios se entenderán efectuados en desarrollo
de la actividad productora de renta del contribuyente, quien para estos efectos
no necesitará ampliar su objeto social. Sin perjuicio de lo anterior, los
convenios no estarán sometidos a retención y/o autorretención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta.
Las obras por impuestos no
tendrán derecho a los beneficios establecidos en los artículos 258-1 y demás
consagrados en el Estatuto Tributario.
i. Modificaciones y adiciones.
Cualquier ajuste en el proyecto que implique la modificación del convenio de
obras por impuestos, deberá ser aprobado por la Entidad Nacional Competente
previo visto bueno de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP). El convenio preverá, además, los
efectos de los eventos eximentes de responsabilidad, así como la matriz de
riesgos del convenio.
El convenio desarrollará los
efectos de los eximentes de responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito. El
Gobierno nacional establecerá el procedimiento para su declaratoria.
j) Cesiones. Los convenios
de obras por impuestos podrán ser cedidos previa la aprobación de la Entidad
Nacional Competente.
k) Incumplimiento. En el
convenio se pactarán las multas y sanciones aplicables por el incumplimiento
del contratista. Para su imposición, la Entidad Nacional Competente del
proyecto de inversión, deberá aplicar el procedimiento establecido en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la que la modifique o sustituya.
l) Régimen jurídico
aplicable y solución de controversias contractuales. Los convenios celebrados
de conformidad con la presente disposición se regirán por las normas de derecho
privado. En los convenios podrán incluirse cláusulas compromisorias que se
regirán por lo establecido en la Ley 1563 de 2012 o la que la
modifique o sustituya.
m) Publicidad. En un sitio
notoriamente visible para el público ubicado en las inmediaciones del proyecto
respectivo, el contribuyente deberá colocar una valla publicitaria en la cual
informe al público el proyecto que le ha sido asignado, el nombre del ejecutor
y de sus beneficiarios efectivos, el tiempo de ejecución y la página web donde
se encuentren los detalles del proyecto. La valla deberá mantenerse aún en caso
de incumplimiento, durante el tiempo de ejecución del proyecto según el caso y
el tiempo adicional que se indique en el convenio.
n) Títulos para la
Renovación del Territorio (TRT). Autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para la emisión de los TRT, los cuales serán usados como
contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios de obras por
impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables. El Gobierno
nacional reglamentará las condiciones de los TRT y los requisitos para su
emisión.
Los TRT
una vez utilizados, computarán dentro de las metas de recaudo de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos títulos, podrán ser utilizados
por su tenedor para pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta y complementarios.
Parágrafo 1°. Las personas jurídicas que tengan deudas por concepto del
impuesto sobre la renta, podrán asumir el pago de las mismas a través de los
TRT.
Parágrafo 2°. El mecanismo previsto en el presente artículo podrá ser
usado de manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un
mismo proyecto.
Parágrafo 3°. El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (CONFIS)
aprobará el cupo máximo de aprobación de proyectos, a cargo de los cuales se
podrán celebrar los convenios establecidos en la presente regulación.
Parágrafo 4°. Los contribuyentes no podrán realizar proyectos a los que se
refiere la presente disposición, que correspondan a los que deban ejecutar en
virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. Adicional a
lo anterior, las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales
e hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la
actividad portuaria, no podrán desarrollar proyectos de infraestructura física
que tengan relación de causalidad con su actividad generadora de renta.
Parágrafo 5°. La presente disposición será reglamentada, en su integridad, en
un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Parágrafo 6°. La referencia al mecanismo de obras por impuestos realizada
por el artículo 285 de la Ley 1955 de 2019 entiéndase hecha a este
artículo.
Texto original
artículo 800-1. Adicionado por la Ley
1943 de 2018, artículo 71. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).) ). “Obras por impuestos. Las personas naturales o jurídicas
obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan
obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil
seiscientos diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las entidades
públicas del nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos negociables
para el pago del impuesto sobre la renta, en los términos previstos en la
presente disposición. Los compromisos de inversión adquiridos en estos
convenios no podrán superar el treinta por ciento (30%) del patrimonio contable
del contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el patrimonio del año
inmediatamente anterior a la suscripción de los mismos. En caso de que los
aspirantes no hayan tenido ingresos en el año inmediatamente anterior por
encontrarse en período improductivo, la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) podrá autorizar la realización de los proyectos a los que se refiere la
presente disposición, si verifica que el contribuyente puede otorgar garantías
suficientes para la ejecución del proyecto, a través de sus vinculados
económicos o de entidades financieras o aseguradoras de reconocida idoneidad.
El objeto de
los convenios será la inversión directa en la ejecución de proyectos de
trascendencia económica y social en los diferentes municipios definidos como
las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), relacionados con agua potable y
saneamiento básico, energía, salud pública, educación pública, bienes públicos
rurales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, pagos por
servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones,
infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura
cultural, infraestructura deportiva y las demás que defina el Manual Operativo
de Obras por Impuestos, todo de conformidad con lo establecido en la evaluación
de viabilidad del proyecto. Los proyectos a financiar podrán comprender las
obras, servicios y erogaciones necesarias para su viabilidad, planeación, preoperación, ejecución, operación,
mantenimiento e interventoría, en los términos establecidos por el manual operativo de Obras por
Impuestos, según el caso. También podrán ser considerados proyectos en
jurisdicciones que sin estar localizadas en las Zomac, de acuerdo con el concepto de la
Agencia de Renovación del Territorio, resulten estratégicos para la
reactivación económica y/o social de las Zomac o algunas de ellas.
Para este
fin, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) deberá llevar actualizada
una lista de iniciativas susceptibles de contar con viabilidad técnica y
presupuestal para conformar el banco de proyectos a realizar en los diferentes
municipios definidos como Zomac, que contribuyan a la disminución de las brechas de inequidad y la
renovación territorial de estas zonas, su reactivación económica, social y su
fortalecimiento institucional, y que puedan ser ejecutados con los recursos
provenientes de la forma de pago que se establece en el presente artículo. El
contribuyente podrá proponer iniciativas distintas a las publicadas por la
Agencia de Renovación del Territorio (ART), las cuales deberán ser presentadas
a esta Agencia y cumplir los requisitos necesarios para la viabilidad sectorial
y aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Para el
desarrollo del presente mecanismo de pago del impuesto sobre la renta se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos y procedimientos:
1.
Manifestación de interés por parte del contribuyente. En cualquier momento, el
contribuyente que pretenda optar por el mecanismo previsto en la presente
disposición, podrá seleccionar de la lista de iniciativas o del banco de
proyectos publicado por la ART, una o más iniciativas o proyectos, para lo cual
deberá contar con la aprobación de su junta directiva o del órgano que haga sus
veces y manifestarlo mediante escrito dirigido a la ART y a la Entidad Nacional
Competente del sector del proyecto a desarrollar. En la misma manifestación
deberá informar desde qué etapa de estructuración va a desarrollar el proyecto
y los gastos de preinversión y mantenimiento, en el caso de requerirse,
adjuntando una propuesta de costos de estas etapas, así como la actualización y
posibles ajustes al proyecto. En los casos en que el contribuyente haya
propuesto un proyecto, este tendrá prioridad para la ejecución del mismo
siempre que cum pla con todos los requisitos previstos en la presente disposición, a
menos que un tercero ofrezca mejores condiciones para su realización, en cuyo
caso, la ART y la Entidad Nacional Competente realizarán la valoración de las
propuestas e informarán los resultados a los contribuyentes.
2.
Estructuración de iniciativas por parte del Contribuyente. En los casos en que
el contribuyente haya manifestado el interés de estructurar una iniciativa, la
entidad nacional competente deberá indicar y aprobar los estudios, diseños,
costos y tiempos, que debe realizar y cumplir el contribuyente para presentar
la iniciativa con el lleno de requisitos necesarios para iniciar el proceso de
viabilidad, evento en el cual estos costos serán incluidos en el valor total
del proyecto.
3. Viabilización de iniciativas.
Posterior a la manifestación del interés por parte del contribuyente sobre una
o más iniciativas, la Entidad Nacional Competente y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) realizarán los trámites necesarios para emitir los conceptos
de viabilidad del o los proyectos conforme con la normatividad vigente.
4.
Aprobación para la suscripción del convenio. Emitidos los conceptos de
viabilidad del proyecto, la ART aprobará mediante acto administrativo la
suscripción del convenio para la ejecución del proyecto, contra el cual no
procederá recurso alguno.
5.
Suscripción del convenio. Posterior a la aprobación por parte de la ART, la
Entidad Nacional competente procederá a la suscripción del convenio con el
contribuyente, para la ejecución del proyecto. Por medio de dicho convenio, el
contribuyente se comprometerá a desarrollar el proyecto a cambio de una remuneración
que será pagada por medio de Títulos para la Renovación del Territorio (TRT),
una vez sea entregado el proyecto a satisfacción a la entidad nacional
competente. En los casos en que la ejecución del proyecto sea superior a un (1)
año, el convenio podrá prever el pago contra la entrega de los hitos que se
establezcan en el mismo. El convenio estará regido por el régimen aquí previsto
y en su defecto por las normas de derecho privado.
6. Reglas
del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes
reglas:
a) Interventoría. La Entidad Nacional
Competente determinará los casos en los que se requiera la contratación de
una interventoría sobre el bien o servicio, cuyo valor deberá estar incluido
dentro del costo del proyecto, caso en el cual deberá ser seleccionada y
contratada por la Entidad Nacional Competente. Los pagos de la interventoría los realizará el
contratista conforme con lo pactado en el convenio de obras por impuestos;
b)
Supervisión. La Entidad Nacional Competente realizará la supervisión del
convenio de obras por impuestos y del contrato de interventoría;
c)
Garantías. La Entidad Nacional Competente deberá establecer la suficiencia de
las garantías para amparar como mínimo el cumplimiento del proyecto, la
estabilidad de la obra o calidad y correcto funcionamiento de los bienes según
corresponda.
El
contratista deberá constituir las garantías exigidas para la ejecución del
proyecto, en caso de realizarlo directamente, o deberá exigirle a los terceros
dichas garantías en los términos definidos en el convenio. En todo caso, las
garantías constituidas deben ser aprobadas por la Entidad Nacional Competente.
Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago o por
revocatoria unilateral y deberán ser aprobadas por la Entidad Nacional
Competente al proyecto de inversión;
d)
Naturaleza de los recursos para la ejecución del proyecto. Los contribuyentes
realizarán los proyectos con recursos propios, cuyo tratamiento corresponderá a
la naturaleza jurídica del contribuyente;
e)
Subcontratos. En caso que el contribuyente deba subcontratar con terceros para
la realización del proyecto, a dichos contratos les será aplicable el régimen
de contratación correspondiente a la naturaleza jurídica del contribuyente y no
vincularán a las entidades públicas que suscriban el convenio principal;
f)
Condiciones del Convenio y de los subcontratos. El Convenio y los subcontratos
que deba suscribir el contribuyente para la ejecución del mismo deberán ser
realizados a precios de mercado. El reglamento establecerá las condiciones bajo
las cuales se dará cumplimiento a la presente disposición, así como los casos
que exijan la contratación de una gerencia de proyecto. En caso de que los
subcontratos sean celebrados con vinculados económicos del suscriptor, el
respectivo convenio señalará las condiciones bajo las cuales se garantizará la
transparencia en la ejecución y la definición de los costos del proyecto;
g) Ejecución
directa por parte del contribuyente. En caso de que el mismo contribuyente desarrolle
el proyecto, los bienes y servicios que incorpore serán valorados a precios de
mercado, de acuerdo con lo previsto en el literal anterior;
h)
Tratamiento tributario y contable de los convenios celebrados. Los convenios
celebrados de acuerdo con lo previsto en la presente disposición, tendrán el
tratamiento tributario y contable que les corresponda según su naturaleza y las
normas que resulten aplicables. En tal medida, los convenios se entenderán
efectuados en desarrollo de la actividad productora de renta del contribuyente,
quien para estos efectos no necesitará ampliar su objeto social. Sin perjuicio
de lo anterior, los convenios no estarán sometidos a retención y/o autorretención en la fuente a título
del impuesto sobre la renta.
Las obras
por impuestos no tendrán derecho a los beneficios establecidos en los artículos
258-1 y demás consagrados en el Estatuto Tributario;
i)
Modificaciones y adiciones. Cualquier ajuste en el proyecto que implique la
modificación del convenio de obras por impuestos, deberá ser aprobado por la
Entidad Nacional Competente previo visto bueno de la Agencia de Renovación del
Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El convenio
preverá, además, los efectos de los eventos eximentes de responsabilidad, así
como la matriz de riesgos del convenio.
El convenio
desarrollará los efectos de los eximentes de responsabilidad de fuerza mayor y
caso fortuito. El Gobierno nacional establecerá el procedimiento para su
declaratoria;
j) Cesiones.
Los convenios de obras por impuestos podrán ser cedidos previa la aprobación de
la Entidad Nacional Competente;
k)
Incumplimiento. En el convenio se pactarán las multas y sanciones aplicables
por el incumplimiento del contratista. Para su imposición, la Entidad Nacional
Competente del proyecto de inversión, deberá aplicar el procedimiento
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la que la
modifique o sustituya;
l) Régimen
jurídico aplicable y solución de controversias contractuales. Los convenios
celebrados de conformidad con la presente disposición se regirán por las normas
de derecho privado. En los convenios podrán incluirse cláusulas compromisorias
que se regirán por lo establecido en la Ley 1563 de 2012 o la que la
modifique o sustituya;
m)
Publicidad. En un sitio notoriamente visible para el público ubicado en las
inmediaciones del proyecto respectivo, el contribuyente deberá colocar una
valla publicitaria en la cual informe al público el proyecto que le ha sido
asignado, el nombre del ejecutor y de sus beneficiarios efectivos, el tiempo de
ejecución y la página web donde se encuentren los detalles del proyecto. La valla deberá
mantenerse aún en caso de incumplimiento, durante el tiempo de ejecución del
proyecto según el caso y el tiempo adicional que se indique en el convenio;
n) Títulos
para la Renovación del Territorio (TRT). Autorícese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para la emisión de los TRT, los cuales serán usados como
contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios de obras por
impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables. El Gobierno
nacional reglamentará las condiciones de los TRT y los requisitos para su
emisión.
Los TRT una
vez utilizados, computarán dentro de las metas de recaudo de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos títulos, podrán ser utilizados por
su tenedor para pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta y
complementarios.
Parágrafo
1°. Las personas jurídicas que tengan deudas por concepto del impuesto
sobre la renta, podrán asumir el pago de las mismas a través de los TRT.
Parágrafo
2°. El mecanismo previsto en el presente artículo podrá ser usado de
manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un mismo
proyecto.
Parágrafo
3. El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (Confis) aprobará el cupo máximo de
aprobación de proyectos, a cargo de los cuales se podrán celebrar los convenios
establecidos en la presente regulación.
Parágrafo
4°. Los contribuyentes no podrán realizar proyectos a los que se refiere
la presente disposición, que correspondan a los que deban ejecutar en virtud de
mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. Adicional a lo
anterior, las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e
hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la
actividad portuaria, no podrán desarrollar proyectos de obras por impuestos que
se encuentren vinculados al desarrollo de su objeto social.
Parágrafo
5°. La presente disposición será reglamentada, en su integridad, en un
término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.”.
Ver Ley
1955 de 2019, artículo 285.
Artículo 801.
AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR IMPUESTOS. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señalará los bancos y
demás entidades especializadas, que cumpliendo con los requisitos exigidos,
están autorizados para recaudar y cobrar impuestos, anticipos, retenciones,
sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias.
Las
entidades que obtengan autorización, deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
a)
Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que
señale la Dirección General de Impuestos Nacionales, las declaraciones
tributarias y pagos de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o
declarantes que lo soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizadas;
b)
Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las
declaraciones y pagos, de tal manera que se garantice la reserva de los mismos;
c)
Consignar los valores recaudados, en los plazos y lugares que señale el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
d)
Entregar en los plazos y lugares que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, las declaraciones y recibos de pago que hayan recibido;
e)
Diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo de las declaraciones
y recibos de pago;
f)
Transcribir y entregar en medios magnéticos en los plazos y lugares que señale
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información contenida en las
declaraciones y recibos de pago recibidos, identificando aquellos documentos
que presenten errores aritméticos, previa validación de los mismos;
g)
Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos de
pago recibidos, coincida con la del documento de identificación del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante;
h)
Numerar consecutivamente los documentos de declaración y pago recibidos, así
como las planillas de control, de conformidad con las series establecidas por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informando los números anulados o
repetidos.
Artículo 802.
APROXIMACIÓN DE LOS VALORES EN LOS RECIBOS DE PAGO. Los valores diligenciados
en los recibos de pago deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más
cercano.
Lo
dispuesto en este artículo, no será aplicable en materia de impuesto de timbre,
cuando el valor del impuesto correspondiente al respectivo documento o acto sea
inferior a mil pesos ($1.000), en cuyo caso se liquidará y cancelará en su
totalidad. Esta cifra no se reajustará anualmente.
Artículo 803.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. FECHA EN QUE SE
ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. Se tendrá como fecha de pago del impuesto,
respecto de cada contribuyente, aquella en que los valores imputables hayan
ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los bancos autorizados,
aun en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depósitos,
buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor
por cualquier concepto.
Artículo 804.
Reglamentado
parcialmente por
los Decretos 425 de 2004
y 328
de 1995. Inciso modificado por la Ley
1066 de 2006, artículo 6º. PRELACIÓN EN LA
IMPUTACIÓN DEL PAGO. A partir del 1° de enero del 2006, los pagos que por
cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retención
o usuarios aduaneros en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán
imputarse al período e impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones
con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos
y retenciones, dentro de la obligación total al momento del pago. (Declarado
exequible por la Sentencia
C-723 de 2007, el texto subrayado)
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-1441 de 2000.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 139. Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute
el pago en forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la
Administración lo reimputará en el orden señalado sin que se requiera de acto
administrativo previo.
Parágrafo Transitorio.
Adicionado
por la Ley 863 de 2003,
artículo 32. Los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes, agentes de
retención y responsables hasta el 30 de abril de 2004 en relación con deudas
vencidas con anterioridad al 1º de enero de 2003, se imputarán de la siguiente
forma: primero a los anticipos, impuestos o retenciones junto con la
actualización por inflación a que haya lugar, segundo a las sanciones y tercero
a los intereses, siempre y cuando el pago cubra totalmente el valor de los
anticipos, impuestos o retenciones del respectivo período.
Para
la cancelación de las sanciones y de los intereses que queden pendientes, se
otorgará una facilidad automática de pago sin necesidad de garantías, por el
término de tres (3) años a partir del 1º de julio de 2004, pagaderos en seis
cuotas semestrales iguales a más tardar el último día hábil de cada semestre
calendario.
Para
los deudores que se acojan a este orden de imputación transitorio de los pagos,
los valores pendientes por concepto de intereses serán los causados hasta la
fecha en que se realice el pago total del anticipo, impuesto, retenciones o
actualización por inflación, y no se modificará por variaciones futuras de la
tasa de interés moratorio.
Quienes
tuvieren vigente un acuerdo de pago, podrán acogerse a lo dispuesto en este
parágrafo transitorio, pagando el saldo de los impuestos, anticipos y
retenciones pendientes en la forma aquí prevista y difiriendo el pago de las
sanciones e intereses a los tres (3) años previstos en el mismo.
Las
garantías y medidas preventivas que se hubieren tomado por estas obligaciones,
los procesos coactivos y las denuncias penales formuladas, se levantarán,
terminarán o retirarán, según el caso, inmediatamente se hayan pagado los
impuestos, anticipos y retenciones. Lo anterior sin perjuicio de que ante el
incumplimiento de cualquiera de las cuotas de dicha facilidad de pago,
automáticamente la administración proceda al cobro coactivo del saldo total
pendiente de cancelación.
Parágrafo. Adicionado
por el Decreto 2106 de 2019, artículo 53. Los contribuyentes podrán
presentar pagos asociados a declaraciones que se encuentren en firme, detallando
el mayor valor del impuesto a pagar y el concepto que lo origina. Estos pagos
son pagos válidos y no serán objeto de devolución por concepto de pago de lo no
debido, pago en exceso ni por cualquier otro concepto.
PAGO DE IMPUESTOS CON BONOS
Y TÍTULOS.
Artículo 805.
Reglamentado
por el Decreto 1208
de 1996. CON BONOS DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTAL, BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL Y BONOS PARA LA PAZ. Los Bonos
de Financiamiento Presupuestal y los Bonos de Financiamiento Especial, se
amortizarán a su vencimiento por el ciento treinta por ciento (130%) de su
valor nominal y sólo podrán ser utilizados para el pago de impuestos.
Los
Bonos para la Paz a su vencimiento sólo podrán ser utilizados para el pago de
impuestos nacionales.
Artículo 806.
Reglamentado
por el Decreto
73 de 1996, (éste derogado por los Decretos 1208
de 1996 y 2289
de 1996). PAGO CON TÍTULOS Y CERTIFICADOS. Los
Títulos de Devolución de Impuestos sólo servirán para cancelar impuestos o
derechos administrados por las Direcciones de Impuestos o de Aduanas, dentro
del año calendario siguiente a la fecha de su expedición.
Inciso derogado por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Los Certificados de Desarrollo Turístico sirven
para pagar por su valor nominal, toda clase de impuestos nacionales.
ANTICIPO DEL IMPUESTO.
Artículo 807.
CÁLCULO Y APLICACIÓN DEL ANTICIPO. Los contribuyentes del impuesto sobre la
renta están obligados a pagar un setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto
de renta y del complementario de patrimonio, determinado en su
liquidación privada, a título de anticipo del impuesto de renta del año
siguiente al gravable.
Para
determinar la base del anticipo, al impuesto neto de renta y al
complementario de patrimonio del año gravable, o al promedio de los dos (2)
últimos años a opción del contribuyente, se aplica el porcentaje previsto en el
inciso anterior. Del resultado así obtenido se descuenta el valor de la
retención en la fuente correspondiente al respectivo ejercicio fiscal, con lo
cual se obtiene el anticipo a pagar. (Los textos subrayados perdieron vigencia a partir del año
gravable de 1992, de conformidad con el Decreto
1321 de 1989)
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78 y Decreto
4400 de 2004, artículo 19
En
el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje de
anticipo de que trata este artículo será del veinticinco por ciento (25%) para
el primer año, cincuenta por ciento (50%) para el segundo año y setenta y cinco
por ciento (75%) para los años siguientes.
En
las respectivas liquidaciones privadas del impuesto sobre la renta y
complementarios los contribuyentes agregarán al total liquidado el valor del
anticipo. Del resultado anterior deducirán el valor del anticipo consignado de
acuerdo con la liquidación del año o período gravable inmediatamente anterior,
el valor retenido en la fuente y el saldo a favor del período anterior, cuando
fuere del caso. La diferencia se cancelará en la proporción y dentro de los
términos señalados para el pago de la liquidación privada.
Parágrafo
primero Transitorio. Derogado por la Ley 223 de 1995, artículo
285. Adicionado por a Ley 6 de 1992, artículo
11. Para los años gravables 1993 a 1997, el anticipo contemplado en este artículo,
será del setenta y cinco por ciento (75%) y deberá liquidarse sobre el impuesto
de renta más la contribución especial del respectivo ejercicio, que trata el artículo
248-1.
Artículo 808.
FACULTAD PARA REDUCIR EL ANTICIPO EN FORMA GENERAL. El Gobierno Nacional podrá
autorizar reducciones del anticipo del impuesto, cuando en un ejercicio
gravable causas ajenas a la voluntad de los contribuyentes hagan prever
razonablemente una disminución general de las rentas provenientes de
determinada actividad económica.
Artículo 809.
AUTORIZACIÓN DE LA REDUCCIÓN EN CASOS INDIVIDUALES. A solicitud del
contribuyente, el Administrador de Impuestos Nacionales respectivo o sus
delegados, autorizarán mediante resoluciones de carácter especial, reducciones
proporcionales del anticipo del impuesto en los siguientes casos:
a)
Cuando en los tres (3) primeros meses del año o período gravable al cual
corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores
al quince por ciento (15%) de los ingresos correspondientes al año o período
gravable inmediatamente anterior;
b)
Cuando en los seis (6) primeros meses del año o período gravable al cual
corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores
al veinticinco por ciento (25%) de los ingresos correspondientes al año o
período gravable inmediatamente anterior.
En
caso de que la solicitud sea resuelta favorablemente, en la resolución se
fijará el monto del anticipo a cargo del contribuyente y su forma de pago.
La
sola presentación de la solicitud de reducción, que deberá hacerse acompañada
de todas las pruebas necesarias para su resolución, no suspende la obligación
de cancelar la totalidad del anticipo.
Ver Circular 44 de
2009 de la DIAN
Artículo 810.
TÉRMINO PARA DECIDIR SOBRE LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN. Las solicitudes
presentadas de acuerdo con lo exigido en el artículo anterior, deberán ser
resueltas dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación.
Contra la providencia que resuelva la solicitud no cabe recurso alguno.
Si
la solicitud no estuviere resuelta dentro de dicho término, el contribuyente
podrá aplicar la reducción propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser
inferior al veinticinco por ciento (25%) del impuesto de renta y del
complementario de patrimonio del respectivo año gravable.
Ver Ley
1111 de 2006, artículo 78 y Ley
6 de 1992
PLAZOS PARA EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES.
Artículo 811.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019, por el Decreto 2179 de 2018, por el Decreto 2442 de 2018. Desarrollado por el Decreto 1101 de 2019, por el Decreto 651 de 2019, por el Decreto 608 de 2019, por el Decreto 618 de 2018, por el Decreto 1951 de 2017 por el Decreto
1358 de 2011. FACULTAD PARA FIJARLOS. El pago de los
impuestos, anticipos y retenciones, deberá efectuarse dentro de los plazos que
para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
En
el caso de importaciones, el impuesto a las ventas se liquidará y pagará
conjuntamente con la liquidación y pago de los derechos de aduana.
Ver las
siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de
declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022
de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820
de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511
de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321
de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049
de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588
de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795
de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805
de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714
de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818
de 2007, Decreto 4680 de 2008, por
el Decreto 4929 de 2009, el Decreto 4836
de 2010, Decreto 920 de 2011 y
el Decreto 4907 de 2011.
Artículo 812.
MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS NACIONALES. El no pago oportuno de los
impuestos, anticipos y retenciones, causa intereses moratorios en la forma
prevista en los artículos 634 y 635. Ver Sentencia
C-257 de 1998, en lo relativo a agentes de retención
Artículo 813.
EXONERACIÓN DE INTERESES MORATORIOS. En los procesos relativos a cualquiera de
los impuestos nacionales que se hallaban en trámite ante el Consejo de Estado
el 6 de noviembre de 1985, no se causarán intereses moratorios ni corrientes
entre esa fecha y el 6 de julio de 1986.
ACUERDOS DE PAGO.
Artículo 814.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 91. FACILIDADES PARA EL PAGO.
El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales,
podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un
tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de
timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la
fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección de Impuestos
Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a
que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya
fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías
personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra
garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la
Administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la
deuda no sea superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000). (Valor año base
1992).
Igualmente
podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior a un
año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. En relación con la deuda objeto del plazo y durante
el tiempo que se autorice la facilidad para el pago, se liquidará el reajuste
de que trata el artículo 867-1 y se causarán intereses a la tasa de interés de
mora que para efectos tributarios esté vigente en el momento de otorgar la
facilidad.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. En el evento en que legalmente, la tasa de interés
moratorio se modifique durante la vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá
reajustarse a solicitud del contribuyente.
Inciso adicionado
por la Ley 488 de 1998,
artículo 114. En casos especiales y solamente bajo la competencia del Director
de Impuestos Nacionales, podrá concederse un plazo adicional de dos (2) años,
al establecido en el inciso primero de este artículo.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000
artículo 48. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de
reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de conformidad
con la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia Bancaria,
y el monto de la deuda reestructurada represente no menos del cincuenta por
ciento (50%) del pasivo del deudor, el Subdirector de Cobranzas y los
Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante Resolución conceder
facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de interés inferiores
y plazo para el pago superior a los establecidos en el presente artículo,
siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1.
En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser
superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de reestructuración con
entidades financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.
2.
Las garantías que se otorguen a la DIAN serán iguales o equivalentes a las que
se hayan establecido de manera general para los acreedores financieros en el
respectivo acuerdo.
3. Numeral
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 113. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de
pago para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán
a la tasa que se haya pactado en el acuerdo de restructuración con las
entidades financieras. Dicha tasa se podrá aplicar desde el vencimiento
original de las obligaciones fiscales objeto de la facilidad de pago, cuando
desde el punto de vista de viabilidad financiera de la compañía sea necesario
reliquidar este interés, de conformidad con las siguientes reglas:
a) En ningún caso la tasa de
interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de
interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros
acreedores;
b) La tasa de interés de las
obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá ser inferior al
índice de precios al consumidor certificado por el DANE incrementado en el
cincuenta por ciento (50%).
Texto
anterior numeral 3. Numeral
modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 97. (La
Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los
intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las
obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán a la tasa que
se haya pactado en el acuerdo de restructuración con las entidades financieras. Dicha tasa se podrá aplicar
desde el vencimiento original de las obligaciones fiscales objeto de la
facilidad de pago, cuando desde el punto de vista de viabilidad financiera de
la compañía sea necesario reliquidar este interés, de conformidad con las siguientes reglas:
a) En ningún
caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser
inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera
de los otros acreedores;
b) La tasa
de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no
podrá ser inferior al índice de precios al consumidor certificado por el DANE
incrementado en el cincuenta por ciento (50%).”.
Texto original numeral 3 “Los intereses que se
causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las obligaciones fiscales
susceptibles de negociación se liquidarán a la tasa que se haya pactado en el
acuerdo de reestructuración con las entidades financieras, observando las
siguientes reglas:
a) En ningún caso la tasa de
interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de
interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros
acreedores;
b) La tasa de interés de las
obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá ser inferior al
índice de precios al consumidor certificado por el DANE incrementado en el
cincuenta por ciento (50%).”.
Parágrafo
transitorio. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 113. En aquellos casos
en que el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de restructuración de su
deuda con establecimientos financieros, la DIAN podrá reliquidar las
facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de
la Ley 1943 de 2018. Lo
anterior, con la finalidad de recalcular los intereses a cargo del
contribuyente, aplicando para efectos de este recálculo, la tasa que se haya
pactado en el acuerdo de restructuración mencionado a las obligaciones fiscales
objeto de la facilidad de pago, desde la fecha original de vencimiento de
estas.
Texto anterior parágrafo transitorio. Modificado por la Ley 1943 de
2018, artículo 97. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “En aquellos casos en que el
respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de restructuración de su
deuda con establecimientos financieros, la DIAN podrá reliquidar las
facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de la
presente ley. Lo anterior, con la finalidad de recalcular los intereses a cargo
del contribuyente, aplicando para efectos de este recalculo, la tasa que se
haya pactado en el acuerdo de restructuración mencionado a las obligaciones fiscales objeto de la facilidad
de pago, desde la fecha original de vencimiento de estas.”.
Texto original parágrafo
transitorio. Adicionado por la Ley 1066 de
2006, artículo 7º. “Los contribuyentes que dentro de
los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley cancelen el
treinta por ciento (30%) del valor del impuesto y de las sanciones, frente a
uno o varios conceptos y períodos que se encuentren en mora a 31 de diciembre
de 2004, podrán tener derecho a obtener una facilidad de pago bajo las
siguientes condiciones:
1. Hasta un año, sin
garantía, pagadera en seis (6) cuotas bimestrales iguales.
2. Hasta dos (2) años, con
garantía que cubra el valor de los impuestos y sanciones sometidos a plazo,
pagadera en doce (12) cuotas bimestrales iguales.
Para el efecto, el
contribuyente deberá acreditar, dentro de la oportunidad arriba señalada, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Pagar en efectivo el
treinta por ciento (30%) del total de la deuda por impuesto y sanción, frente a
cada uno de los períodos y conceptos por los cuales el contribuyente pretenda
obtener la facilidad, imputando el pago en primer lugar a impuesto, en segundo
lugar a sanciones con la actualización a que haya lugar y por último a
intereses;
b) Solicitar por escrito ante
la administración competente la facilidad de pago, señalando en forma expresa
el plazo solicitado e indicando los períodos y conceptos objeto de la
solicitud, así como la descripción de la garantía ofrecida respaldada por los
documentos que acrediten su existencia;
El plazo podrá concederse aun
cuando exista facilidad de pago vigente o hubiere existido facilidad anterior
que haya sido declarada sin efecto. En el evento en que la facilidad sea a un
plazo no superior a un año, habrá lugar únicamente al levantamiento de las
medidas preventivas sobre embargos bancarios que se encuentren vigentes.
La facilidad aquí contemplada
procede igualmente frente a los intereses causados a la fecha de la
constitución de los bonos establecidos en las Leyes 345 de 1996 y 487 de 1998;
para el efecto habrá lugar a efectuar la inversión por el 100% de su valor ante
las entidades autorizadas y a diferir el monto de los intereses liquidados a la
tasa moratoria que corresponda a la fecha de la constitución de la inversión.
En relación con la deuda
objeto de plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad para el pago,
se liquidarán intereses de plazo calculados en forma diaria, a la misma tasa
establecida para el interés moratorio. En el caso en que la facilidad otorgada
sea igual o inferior a un año, habrá lugar a calcular interés en forma diaria,
equivalente al setenta por ciento (70%) del valor del interés de mora.
En el evento de que
legalmente la tasa de interés moratorio se modifique durante la vigencia de la
facilidad, el interés tanto moratorio como de plazo podrá reajustarse a
solicitud del contribuyente.
El contribuyente que cancele
el ciento por ciento (100%) del impuesto a su cargo por concepto y período,
imputando su pago a impuesto, podrá acceder a una facilidad de pago por las
sanciones e intereses adeudados a un plazo de tres años, pagadero en seis (6)
cuotas semestrales, previa constitución de garantía.
En caso de que el pago
efectivo realizado por los contribuyentes, agentes de retención y responsables
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley cubra el valor total de la obligación por período o impuesto, la
tasa de interés que deberá liquidar y pagar, corresponderá a la cuarta parte de
la tasa de interés moratorio vigente al momento del pago.
Las disposiciones previstas
en este artículo aplicarán a las entidades territoriales, sin necesidad de acto
administrativo que así lo disponga.
Para la obtención de las
facilidades de pago reguladas en el presente parágrafo transitorio, el
contribuyente deberá encontrarse al día en el pago de sus obligaciones
correspondientes a las vigencias posteriores a diciembre 31 de 2004.”.
Ver Ley 1739 de
2014, artículo 55 y 56. Ver Ley 1111 de
2006, artículo 78. Ver Decreto 1444
de 2001.
Reajustes: Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813
de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806
de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020
de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable 1999, 2587 de 1999 sobre valores
año gravable 2000; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre
valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009 sobre
valores años gravables 2008 y 2009.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): “FACILIDADES PARA EL PAGO. Los Administradores de Impuestos
Nacionales, por medio de resolución motivada, podrán conceder plazos hasta por
cinco (5) años para el pago de los impuestos de timbre, de renta y
complementarios, de ventas, la retención en la fuente, así como para el pago de
los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor ofrezca
garantías reales, bancarias o de compañía de seguros, a satisfacción de la
Administración. Se podrán aceptar garantías personales, cuando la cuantía de la
deuda no sea superior a dos millones de pesos ($ 2000.000). (Valor año base
1987).
En relación con la deuda
objeto del plazo y por el tiempo que se autorice el acuerdo de pago, se
causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos tributarios,
esté vigente al momento de suscribir el acuerdo.
Si el beneficiario del plazo
dejare de pagar cualquiera de las cuotas fijadas en el acuerdo respectivo, o
incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con
posterioridad a la suscripción del mismo, el Administrador de Impuestos podrá
revocar unilateralmente el acuerdo de plazo concedido y hacer efectiva la
garantía, hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada.”.
Artículo
814-1. Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 92. COMPETENCIA PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE GARANTÍA. El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de
Impuestos Nacionales Regionales y Especiales, tendrán la facultad de celebrar
los contratos relativos a las garantías a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 814-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 93. COBRO DE GARANTÍAS.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que
ordene hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el
valor garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto.
Vencido
este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, el funcionario
competente librará mandamiento de pago contra el garante y en el mismo acto
podrá ordenar el embargo, secuestro y avalúo de los bienes del mismo.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. La notificación del mandamiento de pago al garante
se hará en la forma indicada en el artículo 826 de este Estatuto.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. En ningún caso el garante podrá alegar excepción
alguna diferente a la de pago efectivo.
Artículo 814-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 94. INCUMPLIMIENTO DE LAS
FACILIDADES. Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de
pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación
tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el
Administrador de Impuestos o el Subdirector de Cobranzas, según el caso,
mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago,
declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la
garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del
embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos si
fuere del caso.
Inciso derogado por la Ley 1066 de 2006, artículo
21. En este evento los intereses moratorios se
liquidarán a la tasa de interés moratorio vigente, siempre y cuando ésta no sea
inferior a la pactada.
Contra
esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que
la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien
deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.
Ver Circular 69 de
2006 de la DIAN
COMPENSACIÓN DE LAS DEUDAS
FISCALES.
Artículo 815.
COMPENSACIÓN CON SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o responsables que liquiden
saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán:
a)
Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente
al siguiente período gravable;
b)
Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos,
retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo.
Parágrafo. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 64. Cuando se trate
de responsables del impuesto sobre las ventas, la compensación de saldos
originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, solo podrá ser
solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de que trata el artículo
481 de este Estatuto, por los productores de los bienes exentos a que se
refiere el artículo 477 de este Estatuto, por los responsables de los bienes y
servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto y por
aquellos que hayan sido objeto de retención.
En
el caso de los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 de
este Estatuto y los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos
468-1 y 468-3 de este Estatuto, los saldos a favor originados en la declaración
del impuesto sobre las ventas por los excesos de impuesto descontable por
diferencia de tarifa solo podrán ser solicitados en compensación una vez
presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente
al período gravable en el que se originaron dichos saldos.
Texto anterior parágrafo. Modificado Ley 788 de 2002, artículo
68. Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la
compensación de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las
ventas, solo podrá ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y
servicios de que trata el artículo 481, por los productores de los bienes
exentos a que se refiere el artículo 477 y por aquellos que hayan sido objeto
de retención. (Declaradas exequibles por la Sentencia C-1149 de 2003, las
expresiones subrayadas)
Inciso derogado por la Ley
633 de 2000, artículo 134. Tendrán
derecho a compensación las entidades que hubieren pagado impuesto sobre las
ventas en la adquisición de materiales de construcción para vivienda de interés
social, cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe, o por quien
este organismo delegue. También tendrán derecho a la compensación aquí prevista
las cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo
de lucro, que realicen planes de autoconstrucción, previamente aprobados por el
Inurbe o su delegado.
Inciso derogado por la Ley
633 de 2000, artículo 134. Están
exentas del impuesto sobre las ventas, y en consecuencia dan lugar a
compensación, las ventas de materiales destinados a autoconstrucción, que
realicen las cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades
sin ánimo de lucro mencionadas en el inciso anterior, siempre que se efectúen a
personas naturales, y que el valor individual no exceda del equivalente a un
salario mínimo mensual, en los términos y con el cumplimiento de los requisitos
que señale el reglamento.
Inciso derogado por la Ley
488 de 1998, artículo 154. Está exento
del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación, el alambre de púas.
Ver Decreto 522 de 2003, artículo
13 y Ley 788 de 2002, artículo
66.
Artículo 815-1.
Adicionado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 48. Los contribuyentes sujetos a retención del impuesto sobre las
ventas, que obtengan un saldo a favor en su declaración del impuesto sobre las
ventas, podrán solicitar la devolución del respectivo saldo, o imputarlo en la
declaración correspondiente al período fiscal siguiente.
Artículo
815-2.
Derogado
por la Ley 633 de 2000 artículo
134. Modificado por la Ley 488 de 1998, artículo
88. COMPENSACIÓN DE OFICIO. Cuando la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales establezca que los contribuyentes presentan saldos a favor
originados en sus declaraciones, podrá compensar de oficio dichos valores hasta
concurrencia de sus deudas. Una vez realizado el trámite, se enviará
comunicación al contribuyente.
Artículo 816. Inciso modificado por la Ley
1607 de 2012, art 65. La solicitud de
compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después de
la fecha de vencimiento del término para declarar. Para la compensación de
impuestos de que trata el inciso segundo del parágrafo del artículo 815 de este
Estatuto, este término será de un mes, contado a partir de la fecha de
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
correspondiente al periodo gravable en el cual se generaron los respectivos
saldos.
Texto anterior inciso 1º. Declarado
exequible por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 15 de febrero de 1990. Exp. 1980. Sala Plena. TÉRMINO
PARA SOLICITAR LA COMPENSACIÓN. La solicitud de compensación de impuestos
deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del
término para declarar.
Cuando
el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y
complementarios o sobre las ventas, haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no
se hubiere efectuado la compensación, la parte rechazada no podrá solicitarse
aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.
Parágrafo.
En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por la
Administración cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y existan
deudas fiscales a cargo del solicitante.
Parágrafo 2.
Adicionado
por el Decreto 150 de 1997,
artículo 12, Decreto éste declarado inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia
C-131 de 1997. La administración
tributaria podrá compensar oficiosamente los saldos a favor generados en
declaraciones tributarias, aunque no medie solicitud de devolución, y
comunicará en forma oportuna al contribuyente la aplicación de sus pagos.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
COBRO.
Artículo 817.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 86. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro
de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años,
contados a partir de:
1.
La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2.
La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en
forma extemporánea.
3.
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los
mayores valores.
4.
La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o
discusión.
Inciso modificado
por la Ley 1066 de 2006,
artículo 8. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro
será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales
respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte.
Ver Circular 69 de
2006 de la DIAN
Artículo 818.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 81. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN
DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de
cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el
otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del
concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa
administrativa.
Interrumpida
la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de
nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde
la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa
administrativa.
El
término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el
auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:
-La
ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.
-La
ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo
567 del Estatuto Tributario.
-El
pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el
caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario.
Ver Concepto 33292 de 2009 de la DIAN y Ley 1111 de 2006, artículo 78
Artículo 819.
EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA, NO SE PUEDE COMPENSAR, NI DEVOLVER. Lo
pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de
repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la
prescripción.
REMISIÓN DE LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS.
Artículo 820. Modificado por la Ley 1739 de 2014, art 54. Remisión de las deudas tributarias. Los Directores Seccionales de
Impuestos y/o Aduanas Nacionales quedan facultados para suprimir de los
registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a
cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de
esta facultad deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución
allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente y
las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber
dejado bienes.
El Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales o los Directores Seccionales de Impuestos y/o Aduanas Nacionales a
quienes este les delegue, quedan facultados para suprimir de los registros y
cuentas de los contribuyentes, las deudas a su cargo por concepto de impuestos,
tasas, contribuciones y demás obligaciones cambiarias y aduaneras cuyo cobro
esté a cargo de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre los
mismos, siempre que el valor de la obligación principal no supere 159 UVT, sin
incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del proceso;
que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, estén sin
respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna y tengan
un vencimiento mayor de cincuenta y cuatro (54) meses.
Cuando el total de las obligaciones
del deudor, sea hasta las 40 UVT sin incluir otros conceptos como sanciones,
intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso, podrán ser
suprimidas pasados seis (6) meses contados a partir de la exigibilidad de la
obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que
determine el reglamento.
Cuando el total de las obligaciones
del deudor supere las 40 UVT y hasta 96 UVT, sin incluir otros conceptos como
sanciones, intereses recargos, actualizaciones y costas del proceso, podrán ser
suprimidas pasados dieciocho meses (18) meses desde la exigibilidad de la
obligación más reciente, para lo cual bastará realizar la gestión de cobro que
determine el reglamento.
Parágrafo. Para determinar la existencia de
bienes, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adelantar
las acciones que considere convenientes, y en todo caso, oficiar a las oficinas
o entidades de registros públicos tales como Cámaras de Comercio, de Tránsito,
de Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad intelectual, de marcas, de
registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para que
informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. Si
dentro del mes siguiente de enviada la solicitud a la entidad de registro o
financiera respectiva, la Dirección Seccional no recibe respuesta, se entenderá
que la misma es negativa, pudiendo proceder a decretar la remisibilidad de las obligaciones.
Para los efectos anteriores, serán
válidas las solicitudes que la DIAN remita a los correos electrónicos que las
diferentes entidades han puesto a disposición para recibir notificaciones
judiciales de que trata la Ley 1437 de 2011.
No se requerirá determinar la
existencia de bienes del deudor para decretar la remisibilidad de las obligaciones señaladas en los
incisos tres y cuatro del presente artículo.
Parágrafo transitorio. Los contribuyentes que se acogieron a
las normas que establecieron condiciones especiales de pago de impuestos, tasas
y contribuciones establecidas en leyes anteriores y tienen en sus cuentas
saldos a pagar hasta de 1 UVT por cada obligación que fue objeto de la condición
de pago respectiva, no perderán el beneficio y sus saldos serán suprimidos por
la Dirección Seccional de Impuestos sin requisito alguno; en el caso de los
contribuyentes cuyos saldos asciendan a más de una (1) UVT por cada obligación,
no perderán el beneficio consagrado en la condición especial respectiva si
pagan el mismo dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia
de esta norma.
Texto anterior art 820. Reglamentado por el Decreto 328 de 1995.
FACULTAD DEL ADMINISTRADOR. Los Administradores de Impuestos Nacionales quedan
facultados para suprimir de los registros y cuentas corrientes de los
contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto
sin dejar bienes.
Para poder hacer uso de esta
facultad deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución,
allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente y
las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber
dejado bienes.
Podrán igualmente suprimir
las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su
cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía
alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga
una anterioridad de más de cinco años.
Inciso adicionado por la Ley 174 de 1994, artículo
12. El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales queda facultado para suprimir
de los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a su
cargo por concepto de los impuestos administrados por la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, sanciones, intereses y recargos sobre los mismos,
hasta por un límite de trescientos mil pesos ($300.000) para cada deuda (valor
base para 1994), siempre que tengan al menos tres años devencidas. Los límites
para las cancelaciones anuales serán señalados a través de resoluciones de
carácter general.
CONTROL AL RECAUDO DE
IMPUESTOS.
Artículo
821.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-292 de
2008.
SALIDA DE
EXTRANJEROS. La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá solicitar a los
organismos de seguridad, se impida la salida del país de aquellos extranjeros
que hayan obtenido ingresos de fuente nacional, mientras no cancelen el valor
de los impuestos correspondientes.
Artículo 822.
CONTROL DE LOS RECAUDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Para
efectos del control de la gestión fiscal que la Contraloría General de la
República debe adelantar, la Dirección General de Impuestos enviará,
centralizadamente y en resúmenes globales, informes mensuales de la gestión
adelantada por la Dirección General de Impuestos en las áreas de recaudo,
cobro, determinación y discusión de los tributos administrados por la misma.
Artículo
822-1.
Derogado
por la Ley 633 de 2000 artículo
134. Adicionado por la Ley 6 de 1992, artículo
95. DACIÓN EN PAGO. Cuando el Administrador de Impuestos Nacionales o el
Subdirector de Cobranzas, según el caso, lo considere conveniente, podrá
autorizar la cancelación de sanciones e intereses mediante la dación en pago de
bienes muebles o inmuebles que a su juicio, previa evaluación, satisfagan la
obligación.
Una vez se evalúe la
procedencia de la dación en pago, para autorizarla, deberá obtenerse en forma
previa, concepto favorable del Comité de Contratación de la Unidad
Administrativa Especial-Dirección de Impuestos Nacionales.
Los bienes recibidos en
dación en pago podrán ser objeto de remate en la forma establecida en este
Estatuto o destinarse a otros fines, según lo indique el Gobierno Nacional.
La solicitud de dación en
pago no suspende el procedimiento administrativo de cobro.
TITULO VIII
COBRO COACTIVO
Artículo 823.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Para el cobro coactivo de las deudas
fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y
sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en
los artículos siguientes.
Ver Decreto 2117 de 1992, artículo 1
Artículo 824.
COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo de las deudas por los
conceptos referidos en el artículo anterior, son competentes los siguientes
funcionarios:
El subdirector
de recaudo de la Dirección General de Impuestos Nacionales, los
Administradores de Impuestos y los Jefes de las dependencias de Cobranzas.
También serán competentes los funcionarios de las dependencias de Cobranzas
y de las Recaudaciones de Impuestos Nacionales, a quienes se les deleguen
estas funciones. Ver el Decreto 1643 de 1991, respecto al
texto subrayado
Artículo 825.
COMPETENCIA TERRITORIAL. El procedimiento coactivo se adelantará por la Oficina
de Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado las
respectivas obligaciones tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre
domiciliado el deudor. Cuando se estén adelantando varios procedimientos
administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, éstos podrán acumularse.
Artículo 825-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 100. COMPETENCIA PARA
INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. Dentro del procedimiento administrativo de cobro
los funcionarios de cobranzas, para efectos de la investigación de bienes,
tendrán las mismas facultades de investigación que los funcionarios de
fiscalización.
Artículo 826.
MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo,
producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones
pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará
personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de
diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se
notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo
a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.
Cuando
la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse
de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad,
no invalida la notificación efectuada.
Parágrafo.
El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo
deudor.
Artículo 827.
COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE CONCORDATO. A partir del 1º de mayo de 1989,
cuando el juez o funcionario que esté conociendo de la solicitud del concordato
preventivo, potestativo u obligatorio, le dé aviso a la Administración, el
funcionario que esté adelantando el proceso administrativo coactivo, deberá
suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las disposiciones
legales.
Ver Ley
1111 de 2006 y Ley 222 de 1995
y Código de
Comercio, artículos 1910 a 1936
Artículo 828.
TÍTULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:
1.
Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.
2.
Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
3.
Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en
los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.
4.
Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago
de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la
Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones
garantizadas.
5.
Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan
sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Parágrafo.
Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación
del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de
las liquidaciones privadas u oficiales.
Para
el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya
efectuado el funcionario competente.
Artículo 828-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 83. VINCULACIÓN DE DEUDORES
SOLIDARIOS. La vinculación del deudor solidario se hará mediante la
notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando
individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará
en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 9. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra
los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de
títulos individuales adicionales.
Artículo 829.
EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos
que sirven de fundamento al cobro coactivo:
1.
Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2.
Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto
o no se presenten en debida forma.
3.
Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4.
Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de
restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en
forma definitiva, según el caso.
Parágrafo. Derogado
por la Ley 6 de 1992, artículo
140. El ejercicio de la revocatoria directa contra los
actos de la Administración, suspende la acción de cobro, hasta tanto se resuelva
sobre la misma.
Artículo 829-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 105. EFECTOS DE LA
REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán
debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
gubernativa.
La
interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo
567, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que
exista pronunciamiento definitivo.
Artículo 830.
TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar
el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán
proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo
siguiente.
Artículo 831.
EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes
excepciones:
1.
El pago efectivo.
2.
La existencia de acuerdo de pago.
3.
La de falta de ejecutoria del título.
4.
La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del
acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5.
La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión
de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6.
La prescripción de la acción de cobro, y
7.
La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 84. Contra el mandamiento de
pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes
excepciones:
1.
La calidad de deudor solidario.
2.
La indebida tasación del monto de la deuda.
Artículo 832.
TRÁMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito
mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente
decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando
sea el caso.
Artículo 833.
EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario
competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando
fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren
decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el
deudor cancela la totalidad de las obligaciones.
Cuando
la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos
comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación
con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.
Artículo 833-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 78. RECURSOS EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO. Las actuaciones administrativas
realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y contra
ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en
este procedimiento para las actuaciones definitivas.
Artículo 834.
Declarado
exequible por la Sentencia
C-739 de 2006. Modificado por la Ley
6 de 1992, artículo 80. RECURSO CONTRA LA
RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las
excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los
bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el
recurso de reposición ante el Jefe de la División de Cobranzas, dentro del mes
siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir
de su interposición en debida forma.
Artículo 835.
INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro
administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el
proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista
pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
Artículo 836.
ORDEN DE EJECUCIÓN. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren
propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente
proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes
embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.
Parágrafo.
Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo,
no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados en
caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que
una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de
los mismos.
Artículo 836-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 89. GASTOS EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. En el procedimiento administrativo de
cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la obligación los
gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito.
Artículo 837.
MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el
funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del
deudor que se hayan establecido como de su propiedad.
Para
este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del
deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones
suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos
los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración, so pena de ser
sancionadas al tenor del artículo 651 literal a).
Parágrafo.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 85. Cuando se hubieren
decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda
contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas.
Las
medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que
fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta
garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.
Artículo 837-1.
Adicionado
por la Ley 1066 de 2006,
artículo 9º. LÍMITE DE INEMBARGABILIDAD. Para efecto de los embargos a cuentas
de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro
de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas
naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más
antigua de la cual sea titular el contribuyente.
En el
caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de
inembargabilidad.
Inciso
modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 34. No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN y
demás entidades públicas, los bienes inmuebles afectados con patrimonio de
familia inembargable o con afectación a vivienda familiar, y las cuentas de
depósito en el Banco de la República.
No
obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán
utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la
acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por
vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer
las acciones judiciales procedentes.
Los
recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del
deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del
100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de
seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de
oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.
La
caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior,
deberá ser aceptada por la entidad.
Artículo 838.
LÍMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del
doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes éstos
excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible,
hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.
Parágrafo. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 264. El avalúo de los bienes embargados
estará a cargo de la Administración Tributaria, el cual se notificará
personalmente o por correo.
Practicados el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto o la
sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, se procederá al avalúo
de los bienes conforme a las reglas siguientes:
a) Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el contenido en la
declaración del impuesto predial del último año gravable, incrementado en un
cincuenta por ciento (50%);
b) Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado
oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable;
c) Para los demás bienes, diferentes a los previstos en los anteriores
literales, el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas
especializadas, que se adjuntarán al expediente en copia informal;
d) Cuando, por la naturaleza del bien, no sea posible establecer el
valor del mismo de acuerdo con las reglas mencionadas
en los literales a), b) y c), se podrá nombrar un
perito avaluador de la lista de auxiliares de la Justicia, o
contratar el dictamen pericial con entidades o profesionales especializados.
De los avalúos, determinados de conformidad con las anteriores reglas,
se correrá traslado por diez (10) días a los interesados mediante auto, con el
fin de que presenten sus objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, podrán
allegar un avalúo diferente, caso en el cual la Administración Tributaria
resolverá la situación dentro de los tres (3) días siguientes. Contra esta
decisión no procede recurso alguno.
Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se
dará aplicación a lo previsto en el artículo 233 del Código General del
Proceso, sin perjuicio de que la DIAN adopte las medidas necesarias para
superar los obstáculos que se presenten.
Texto anterior parágrafo. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la Administración
teniendo en cuenta el valor comercial de éstos y lo notificará personalmente o
por correo.
Si
el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular
designado por la Administración, caso en el cual, el deudor le deberá cancelar
los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso alguno.
Artículo 839.
REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolución que decreta el embargo de bienes se
enviará una copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos
bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y
comunicará a la Administración y el Juez que ordenó el embargo anterior.
En
este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior
al del fisco, el funcionario de Cobranzas continuará con el procedimiento,
informando de ello al Juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su
disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo
anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de Cobranzas se hará
parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente
del remate del bien embargado.
Parágrafo.
Cuando el embargo se refiera a salarios se informará al patrono o pagador
respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la Administración y
responderá solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.
Artículo 839-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 86. TRÁMITE PARA ALGUNOS
EMBARGOS.
1.
El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada
del mismo, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si
aquellos pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y remitirá el certificado
donde figure la inscripción, al funcionario de la Administración de Impuestos
que ordenó el embargo.
Si
el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el
embargo y así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra,
el funcionario que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará
la cancelación del mismo.
Cuando
sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y
comunicará a la Administración de Impuestos y al Juzgado que haya ordenado el
embargo anterior.
En
este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al
del fisco, el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento de
cobro, informando de ello al juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su
disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo
anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobro se hará parte
en el proceso ejecutivo y velará por que se garantice la deuda con el remanente
del remate del bien embargado.
Si
del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes,
resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el
funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo,
mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su
crédito ante juez competente.
El
dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que solicite
y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real.
2.
El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el
contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios,
financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el
país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del
oficio.
Al
recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil
siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no
existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad.
Parágrafo primero.
Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.
Parágrafo segundo.
Lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo en lo relativo a la prelación de
los embargos, será aplicable a todo tipo de embargos (sic) de bienes.
Parágrafo tercero.
Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y
entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento
oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán
solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación.
Artículo 839-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 87. EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE
BIENES. En los aspectos compatibles y no contemplados en este Estatuto, se
observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del
Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de
bienes.
Artículo 839-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, art 88. OPOSICIÓN AL SECUESTRO. En la
misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes
y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se
puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de
los (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
Artículo 839-4. Adicionado por
la Ley
1819 de 2016, art 265. Relación costo-beneficio en
el proceso administrativo de cobro coactivo. Decretada en el proceso de cobro
coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes de fijar fecha para la
práctica de la diligencia de secuestro, el funcionario de cobro competente,
mediante auto de trámite, decidirá sobre la relación costo-beneficio del bien,
teniendo en cuenta los criterios que establezca el Director General de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.
Si
se establece que la relación costo-beneficio es negativa, el funcionario de
cobro competente se abstendrá de practicar la diligencia de secuestro y
levantará la medida cautelar dejando el bien a disposición del deudor o de la
autoridad competente, según sea el caso, y continuará con las demás actividades
del proceso de cobro.
Parágrafo.
En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley,
tengan medidas cautelares decretadas y/o perfeccionadas se dará aplicación a
las disposiciones contenidas en este artículo.
Texto anterior art 839-4. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art
143. Criterios para valorar bienes en procesos de cobro
coactivo, especiales, de extinción de dominio y otros procesos que establezca
la ley. Para el
perfeccionamiento de las medidas cautelares sobre bienes que se puedan
adjudicar a favor de la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
respecto de los cuales se pueda practicar el secuestro dentro procesos de cobro
coactivo, ya sea en virtud de procesos de extinción de dominio, procesos de
dación en pago o cualquiera otros que disponga la ley, se deberá atender el
siguiente procedimiento:
Previo
el perfeccionamiento de las medidas cautelares dentro del proceso de cobro
coactivo y la práctica de la diligencia de secuestro de bienes, la
Administración Tributaria evaluará la productividad de estas medidas con
criterios de comerciabilidad, costo - beneficio y demás parámetros que
establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución.
Cuando
la Administración Tributaria establezca que las medidas cautelares son
improductivas, se abstendrá de perfeccionarlas y así lo declarará dentro del
proceso. En este evento se interrumpe el término de prescripción de la acción
de cobro y podrá calificarse la cartera conforme con las disposiciones legales
vigentes.
Interrumpida
la prescripción como lo dispone el inciso anterior, el término empezará a
correr de nuevo desde el día en que se declara la improductividad de las
medidas cautelares.
Solamente
se podrán perfeccionar las medidas cautelares cuando la Administración
Tributaria, mediante resolución, establezca que son productivas.
Previamente
al recibo de bienes en dación en pago se deberá dar aplicación a lo previsto
en este artículo y establecer si los bienes ofrecidos dentro de los procesos
especiales, se encuentran libres de gravámenes, embargos, y demás limitaciones
al dominio para aceptar o rechazar la dación en pago. En caso de rechazo no se
entenderán extinguidas las obligaciones.
Previamente
a la adjudicación de bienes en los procesos de extinción de dominio y otros,
conforme con las previsiones de ley, se deberá consultar a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, quien valorará de acuerdo con los criterios
previstos en el presente artículo, los bienes a adjudicar, con el fin de
aceptar o rechazar la adjudicación que se propone, dentro de los veinte (20)
días siguientes al ofrecimiento de la adjudicación. En caso de rechazo no se
entenderán extinguidas las obligaciones.
Artículo 840. Reglamentado por el Decreto 2091 de 2017. Modificado por la Ley 1819 de 2016, art 266. Remate
de bienes. En firme el avalúo, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) efectuará el remate de los bienes, directamente o a través de
entidades de derecho público o privado, y adjudicará los bienes a favor de la
nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera
licitación por el porcentaje de esta última, de acuerdo con las normas del
Código General del Proceso, en la forma y términos que establezca el
reglamento.
La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar el remate de bienes en forma
virtual, en los términos y condiciones que establezca el reglamento.
Los bienes
adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo y en
los procesos concursales se podrán administrar y disponer directamente por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la venta, donación entre
entidades públicas, destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización,
en la forma y términos que establezca el reglamento.
La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales también podrá entregar para su administración
y/o venta al Colector de Activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA),
los bienes adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro
coactivo y en los procesos concursales.
Parágrafo 1°. Los gastos en
que incurra el Colector de Activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA),
para la administración y venta de los bienes adjudicados a favor de la nación
dentro de los procesos concursales o en proceso de cobro coactivo se pagarán
con cargo al presupuesto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
Parágrafo 2°. Los bienes que,
a la entrada en vigencia de la presente ley, ya hubieran sido recibidos en pago
de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), tendrán el tratamiento previsto en las disposiciones
contenidas en este artículo.
Texto anterior art 840. Reglamentado parcialmente
por el Decreto 881 de 2007. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo
8. REMATE DE BIENES. En firme el avalúo, la Administración efectuará el remate
de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado
y adjudicará los bienes a favor de la Nación en caso de declararse desierto el
remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el
reglamento.
Inciso
reglamentado por el Decreto
4815 de 2007. Los bienes adjudicados a favor de la
Nación y aquellos recibidos en dación en pago por deudas tributarias, se podrán
entregar para su administración o venta a la Central de Inversiones S.A. o a
cualquier entidad que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
en la forma y términos que establezca el reglamento.
Artículo 841.
SUSPENSIÓN POR ACUERDO DE PAGO. En cualquier etapa del procedimiento
administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la
Administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán
levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.
Sin
perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento
del acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquéllas no son
suficientes para cubrir la totalidad de la deuda.
Artículo
842.
Derogado
por la Ley 6 de 1992, artículo
140. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de
cobro de las obligaciones fiscales prescribe en la forma prevista en el artículo
817 y se interrumpe y se suspende de acuerdo a lo establecido en el artículo
818.
Artículo 843.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-649 de 2002.
COBRO ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA. La Dirección General de Impuestos
Nacionales podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva
ante los Jueces Civiles del Circuito. Para este efecto, el Ministro de Hacienda
y Crédito Público, o la respectiva autoridad competente, podrán otorgar poderes
a funcionarios abogados de la citada Dirección. Así mismo, el gobierno podrá
contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.
Artículo 843-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 90. AUXILIARES. Para el
nombramiento de auxiliares la Administración Tributaria podrá:
1.
Elaborar listas propias.
2.
Contratar expertos.
3.
Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.
Parágrafo.
La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la
Administración Tributaria se regirá por las normas del Código de Procedimiento
Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia.
Los
honorarios, se fijarán por el funcionario ejecutor de acuerdo a las tarifas que
la Administración establezca.
Artículo 843-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 104. APLICACIÓN DE DEPÓSITOS.
Los títulos de depósito que se efectúen a favor de la Administración de
Impuestos Nacionales y que correspondan a procesos administrativos de cobro,
adelantados por dicha entidad, que no fueren reclamados por el contribuyente
dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así como aquellos de los
cuales no se hubiere localizado su titular, ingresarán como recursos del Fondo
de Gestión Tributaria.
TITULO IX
INTERVENCION DE LA
ADMINISTRACION
Artículo 844.
EN LOS PROCESOS DE SUCESIÓN. Los funcionarios ante quienes se adelanten o
tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes sea superior a setecientos
mil pesos ($700.000) (año gravable 2001: $10.300.000; año gravable 2002:
$11.100.000), deberán informar previamente a la partición el nombre del
causante y el avalúo o valor de los bienes. Esta información deberá ser enviada
a la oficina de cobranzas de la administración de Impuestos Nacionales que
corresponda, con el fin de que ésta se haga parte en el trámite y obtenga el
recaudo de las deudas de plazo vencido y de las que surjan hasta el momento en
que se liquide la sucesión.
Si
dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación, la administración
de Impuestos no se ha hecho parte, el funcionario podrá continuar con los
trámites correspondientes.
Los
herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de pago por las
deudas fiscales de la sucesión. En la resolución que apruebe el acuerdo de pago
se autorizará al funcionario para que proceda a tramitar la partición de los
bienes, sin el requisito del pago total de las deudas.
Artículo 845.
Modificado
por la Ley
6 de 1992, artículo 103. CONCORDATOS. En los
trámites concordatarios obligatorios y potestativos, el funcionario competente
para adelantarlos deberá notificar de inmediato, por correo certificado, al
jefe de la División de Cobranzas de la Administración ante la cual sea
contribuyente el concursado, el auto que abre el trámite, anexando la relación
prevista en el numeral 5 del artículo 4o del Decreto
350 de 1989, con el fin de que ésta se
haga parte , sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 27, inciso 5o
del Decreto 350 ibídem.
De
igual manera deberá surtirse la notificación de los autos de calificación y
graduación de los créditos, los que ordenen el traslado de los créditos, los
que convoquen a audiencias concordatarias, los que declaren el cumplimiento del
acuerdo celebrado y los que abren el incidente de su incumplimiento.
La
no observancia de las notificaciones de que tratan los incisos 1 y 2 de este artículo
generará la nulidad de la actuación que dependa de la providencia cuya
notificación se omitió, salvo que la Administración de Impuestos haya actuado
sin proponerla.
El
representante de la Administración Tributaria intervendrá en las deliberaciones
o asambleas de acreedores concordatarios, para garantizar el pago de las
acreencias originadas por los diferentes conceptos administrados por la
Dirección (sic) Impuestos Nacionales.
Las
decisiones tomadas con ocasión del concordato, no modifican ni afectan el monto
de las deudas fiscales ni el de los intereses correspondientes. Igualmente, el
plazo concedido en la fórmula concordataria para la cancelación de los créditos
fiscales no podrá ser superior al estipulado por este Estatuto para las
Facilidades de Pago.
Parágrafo.
La intervención de la Administración Tributaria en el Concordato Preventivo,
Potestativo u Obligatorio, se regirá por las disposiciones contenidas en el Decreto
350 de 1989, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.
Ver Ley 1116 de 2006, Ley
222 de 1995, Ley 550 de 1999, artículo 55,
inciso tercero, Decreto
350 de 1989
y Código de Comercio, artículos 1910 a 1936.
Artículo 846.
EN OTROS PROCESOS. En los procesos de concurso de acreedores, de quiebra, de
intervención, de liquidación judicial o administrativa, el Juez o funcionario
informará dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud o al acto que
inicie el proceso, a la Oficina de Cobranza de la Administración del lugar que
le corresponda, con el fin de que ésta se haga parte en el proceso y haga valer
las deudas fiscales de plazo vencido y las que surjan hasta el momento de la
liquidación o terminación del respectivo proceso. Para este efecto, los Jueces
o funcionarios deberán respetar la prelación de los créditos fiscales señalada
en la ley, al proceder a la cancelación de los pasivos.
Artículo 847.
EN LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES. Cuando una sociedad comercial o civil entre en
cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley, distintas a la
declaratoria de quiebra o concurso de acreedores, deberá darle aviso, por medio
de su representante legal dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en
que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución, a la Oficina de
Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales ante la cual sea
contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que ésta le
comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad.
Los
liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago de las deudas
de la sociedad, respetando la prelación de los créditos fiscales.
Parágrafo.
Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la Administración
y los liquidadores que desconozcan la prelación de los créditos fiscales, serán
solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por
la Administración, sin perjuicio de la señalada en el artículo 794, entre los
socios y accionistas y la sociedad.
Artículo 848.
PERSONERÍA DEL FUNCIONARIO DE COBRANZAS. Para la intervención de la
Administración en los casos señalados en los artículos anteriores, será
suficiente que los funcionarios acrediten su personería mediante la exhibición
del Auto Comisorio proferido por el superior respectivo.
En
todos los casos contemplados, la Administración deberá presentar o remitir la
liquidación de los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses a
cargo del deudor, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de la
respectiva comunicación o aviso. Si vencido este término no lo hiciere, el
juez, funcionario o liquidador podrá continuar el proceso o diligencia, sin
perjuicio de hacer valer las deudas fiscales u obligaciones tributarias
pendientes, que se conozcan o deriven de dicho proceso y de las que se hagan
valer antes de la respectiva sentencia, aprobación, liquidación u homologación.
Artículo 849.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-939 de 2003.
INDEPENDENCIA DE PROCESOS. La intervención de la Administración en los procesos
de sucesión, quiebra, concurso de acreedores y liquidaciones, se hará sin
perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo.
1.
Irregularidades en el procedimiento. Las irregularidades procesales que se
presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en
cualquier tiempo de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el
remate de los bienes.
La
irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en
el proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y
no se violó el derecho de defensa.
2.
Provisión para el pago de impuestos. En los procesos de sucesión,
concordatarios, concurso de acreedores, quiebra, intervención, liquidación
voluntaria, judicial o administrativa, en los cuales intervenga la Administración
de Impuestos, deberán efectuarse las reservas correspondientes constituyendo el
respectivo depósito o garantía, en el caso de existir algún proceso de
determinación o discusión en trámite.
3.
Clasificación de la cartera morosa. Con el objeto de garantizar la oportunidad
en el proceso de cobro, el Comité de Coordinación de la Unidad Administrativa
Especial-Dirección de Impuestos Nacionales, podrá clasificar la cartera
pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios
tales como cuantía de la obligación, solvencia de los contribuyentes, períodos
gravables y antigüedad de la deuda.
4.
Reserva del expediente en la etapa de cobro. Los expedientes de las Oficinas de
Cobranzas sólo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado
legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado
personalmente por el contribuyente.
Artículo 849-1.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 79. IRREGULARIDADES EN EL
PROCEDIMIENTO. Las irregularidades procesales que se presenten en el
procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo,
de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate de los
bienes.
La
irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en
el proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y
no se violó el derecho de defensa.
Artículo 849-2.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 96. PROVISIÓN PARA EL PAGO DE
IMPUESTOS. En los procesos de sucesión, concordatarios, concurso de acreedores,
quiebra, intervención, liquidación voluntaria, judicial o administrativa, en
los cuales intervenga la Administración de Impuestos, deberán efectuarse las
reservas correspondientes constituyendo el respectivo depósito o garantía, en
el caso de existir algún proceso de determinación o discusión en trámite.
Artículo 849-3.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 101. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA
MOROSA. Con el objeto de garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, el
comité de coordinación de la Unidad Administrativa Especial Dirección General
de Impuestos Nacionales, podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en
prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como cuantía de
la obligación, solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y antiguedad
de la deuda.
Artículo 849-4.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 102. RESERVA DEL EXPEDIENTE
EN LA ETAPA DE COBRO. Los expedientes de las Oficinas de Cobranzas sólo podrán
ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o
abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el
contribuyente.
TITULO X
DEVOLUCIONES
Artículo 850.
Reglamentado por el Decreto 96 de 2020. Modificado por
la Ley
223 de 1995, art 49. DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR.
Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus
declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan
efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que
fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para
las devoluciones de los saldos a favor.
Parágrafo 1°. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 114. Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la
devolución de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas
solo podrá ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de
que trata el artículo 481 de este Estatuto, por los productores de los bienes
exentos a que se refiere el artículo 477 de este Estatuto, y los productores y
vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 de este Estatuto,
por los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos
468-1 y 468-3 de este Estatuto y por aquellos que hayan sido objeto de
retención.
En el caso de los
productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 de este Estatuto,
los productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477
de este Estatuto y los responsables de los bienes y servicios de que tratan los
artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto, los saldos a favor originados en la
declaración del impuesto sobre las ventas por los excesos de impuesto
descontable por diferencia de tarifa solo podrán ser solicitados en devolución
una vez presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
correspondiente al período gravable en el que se originaron dichos saldos,
salvo que el responsable ostente la calidad de operador económico autorizado en
los términos del Decreto 3568 de 2011, o las normas que lo modifiquen o
sustituyan, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada bimestralmente,
de conformidad con lo previsto en el artículo 481 de este Estatuto.
Adicionalmente, los
productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 de este
Estatuto, los productores y vendedores de que tratan los numerales 4 y 5 del
artículo 477 de este Estatuto podrán solicitar en devolución, previas las
compensaciones que deban realizarse, los saldos a favor de IVA que se hayan
generado durante los tres primeros bimestres del año a partir del mes de julio
del mismo año o periodo gravable, siempre y cuando hubiere cumplido con la
obligación de presentar la declaración de renta del periodo gravable anterior
si hubiere lugar a ella.
Texto anterior parágrafo 1º. Modificado
por la Ley 1607 de 2012, artículo 66. “Cuando se
trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la devolución de saldos
originados en la declaración del impuesto sobre las ventas, solo podrá ser
solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de que trata el
artículo 481 de este Estatuto, por los productores de los bienes exentos a que
se refiere el artículo 477 de este Estatuto, por los responsables de los bienes
y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto y por
aquellos que hayan sido objeto de retención.
En el caso de los productores
de bienes exentos de que trata el artículo 477 de este Estatuto y los
responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y
468-3 de este Estatuto, los saldos a favor originados en la declaración del
impuesto sobre las ventas por los excesos de impuesto descontable por
diferencia de tarifa solo podrán ser solicitados en devolución una vez
presentada la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
correspondiente al período gravable en el que se originaron dichos saldos,
salvo que el responsable ostente la calidad de operador económico autorizado en
los términos del decreto 3568 de 2011, o las normas que lo modifiquen o
sustituyan, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada bimestralmente,
de conformidad con lo previsto en el artículo 481 de este Estatuto.
Adicionalmente, los
productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 de este Estatuto
podrán solicitar en devolución, previas las compensaciones que deban
realizarse, los saldos a favor de IVA que se hayan generado durante los tres
primeros bimestres del año a partir del mes de julio del mismo año o periodo
gravable, siempre y cuando hubiere cumplido con la obligación de presentar la
declaración de renta del periodo gravable anterior si hubiere lugar a ella.”.
Texto anterior parágrafo 1º. Modificado
por la Ley 788 de 2002, artículo 67. “Cuando se trate de
responsables del impuesto sobre las ventas, la devolución de saldos originados
en la declaración del impuesto sobre las ventas, solo podrá ser
solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de que trata el
artículo 481, por los productores de los bienes exentos a que se refiere el
artículo 477 y por aquellos que hayan sido objeto de retención.”. (Las
expresiones señaladas con negrilla en este parágrafo fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1149 de 2003.).
Texto anterior
del Parágrafo 1: Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo
49. “Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la
devolución de saldos a favor originados en la declaración del impuesto sobre
las ventas sólo podrá ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y
servicios de que trata el artículo 481, y por aquellos que hayan sido objeto de
retención.
Inciso segundo
del parágrafo 1, derogado por la Ley 633 de 2000, artículo 134. Tendrán
derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición
de materiales de construcción para vivienda de interés social las entidades
cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe o por quien este
organismo delegue. También tendrán derecho a la devolución aquí prevista las
cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de
lucro, que realicen planes de autoconstrucción, previamente aprobadas por el
Inurbe, o su delegado.
Inciso
tercero del parágrafo, derogado por la Ley 633 de 2000, artículo 134. Están
exentas del impuesto sobre las ventas y, en consecuencia, dan lugar a
devolución las ventas de materiales destinados a autoconstrucción que realicen
las cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo
de lucro mencionadas en el inciso anterior, siempre que se efectúen a personas
naturales, y que el valor individual no exceda del equivalente a un salario
mínimo mensual, en los términos y con el cumplimiento de los requisitos que
señale el reglamento.
Inciso
cuarto derogado por la Ley 488 de 1998, artículo 154 Está
exento del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución, el alambre de
púas.”.
Texto anterior Parágrafo. Modificado por
la Ley 49 de 1990, artículo 27. “Cuando se trate de responsables
del impuesto sobre las ventas. La devolución de saldo a favor originados en las
declaraciones del impuesto sobre las ventas, sólo la podrían solicitar aquellos
responsables de los bienes de que tratan los literales a), b) y c) del artículo
481.”.
Texto original parágrafo (Decreto
624 de 1989): “Cuando se trate de responsables del impuesto
sobre las ventas, la devolución de saldos a favor originados en las
declaraciones del impuesto sobre las ventas, sólo la podrán solicitar los
productores de bienes exentos y los exportadores.”.
Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto 96 de 2020 y por el Decreto 2924 de 2013. Modificado
por la Ley 1607 de 2012,
art 66. Tendrán derecho a la devolución o compensación del
impuesto al valor agregado, IVA, pagado en la adquisición de materiales para
la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, los constructores
que los desarrollen.
La
devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%)
del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo
adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de
la vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes. El Gobierno
Nacional reglamentará las condiciones de la devolución o compensación a que
hace referencia el presente artículo.
La
DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que
demuestren el pago del IVA en la construcción de las viviendas.
Texto anterior parágrafo 2º. Modificado por la Ley 1537 de 2012, art
40. Tendrán derecho a la devolución o compensación del Impuesto al Valor
Agregado, IVA, pagado en la adquisición de materiales para la construcción de
Vivienda de Interés Social y prioritaria, para estratos 1, 2 y 3, los
constructores que los desarrollen.
La devolución o compensación
se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las
escrituras de venta del inmueble nuevo tal como lo adquiere su comprador o
usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de la Vivienda de Interés
Social, de acuerdo con las normas vigentes. El Gobierno Nacional reglamentará las
condiciones de la devolución o compensación a que hace referencia el presente artículo.
La DIAN podrá solicitar en
los casos que considere necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA
en la construcción de las viviendas.
Texto original parágrafo 2.
“Adicionado por la Ley 633 de 2000 artículo
49. Tendrán derecho a la devolución o compensación del impuesto al valor
agregado IVA, pagado en la adquisición de materiales para la construcción de
vivienda de interés social, las entidades cuyos planes estén debidamente
aprobados por el Inurbe, o por quién este organismo delegue, ya sea en
proyectos de construcción realizados por constructores privados, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro.
La
devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%)
del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal como lo
adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda los ciento treinta
y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales de acuerdo a la reglamentación
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
La
DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que
demuestren el pago del IVA en la construcción del proyecto de vivienda de
interés social”.
Parágrafo
3º. Adicionado por
la Ley 1819 de 2016, art 267. El exportador de oro podrá solicitar la
devolución de los saldos originados en la declaración del impuesto sobre las
ventas, únicamente cuando se certifique que el oro exportado proviene de una
producción que se adelantó al amparo de un título minero vigente e inscrito en
el Registro Minero Nacional y con el cumplimiento de los requisitos legales
para su extracción, transporte y comercialización, y la debida licencia
ambiental otorgada por las autoridades competentes.
Ver Ley 1151 de 2007, artículo 83, Ley 788 de 2002, artículo 66, Decreto 554 de 2003, Decreto 555 de 2003 y el Decreto 522 de 2003, artículo 13.
Artículo 850-1. Reglamentado
por el Decreto
2876 de 2013.
Modificado por la Ley 1607 de 2012,
art 67. Devolución del IVA
por adquisiciones con tarjetas de crédito, débito o banca móvil. Las
personas naturales que adquieran bienes o servicios a la tarifa general y del
5% del impuesto sobre las ventas mediante tarjetas de crédito, débito o a
través del servicio de Banca Móvil, tendrán derecho a la devolución de dos (2)
puntos del Impuesto sobre las Ventas pagado. La devolución anteriormente
establecida solo operará para los casos en que el adquirente de los bienes o
servicios no haya solicitado los dos puntos del IVA como impuesto descontable.
La
devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de bienes
o servicios se realice con otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios
de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos deberán
estar previamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, reuniendo las condiciones técnicas que dicha entidad establezca, a
efectos de poder contar con los datos de identificación y ubicación del
adquirente de los bienes o servicios gravados a la tarifa general o a la tarifa
del 5%.
El
Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de la devolución para que
esta se haga efectiva antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha de la
adquisición, consumo o prestación del servicio.
La
devolución del IVA se podrá realizar a través de las entidades financieras
mediante abono en una cuenta a nombre del tarjetahabiente o el titular del
producto financiero en el cual fue originado el pago.
Texto anterior art 850-1. Reglamentado por el Decreto 428 de 2004. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
33. DEVOLUCIÓN DEL IVA POR ADQUISICIONES
CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO. Las personas naturales que adquieran
bienes o servicios a la tarifa general y del diez por ciento (10%) del Impuesto
sobre las Ventas mediante tarjetas de crédito o débito, tendrán derecho
a la devolución de dos (2) puntos del Impuesto sobre las Ventas pagado. La
devolución anteriormente establecida solo operará para los casos en que el
adquirente de los bienes o servicios no haya solicitado los dos puntos del
impuesto de IVA como impuesto descontable. (Declaradas
exequibles por la Sentencia C-989 de 2004, las expresiones subrayadas)
Inciso declarado exequible por la Sentencia
C-989 de 2004. La
devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de bienes o
servicios se realice con otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios
de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos deberán
estar previamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, reuniendo las condiciones técnicas que dicha entidad establezca, a
efectos de poder contar con los datos de identificación y ubicación del
adquirente de los bienes o servicios gravados a la tarifa general o a la tarifa
del diez por ciento (10%).
El Gobierno Nacional
determinará la forma y condiciones de la devolución para que esta (sic) se haga
efectiva antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha de la adquisición,
consumo o prestación del servicio.
Inciso declarado exequible por la Sentencia
C-989 de 2004. La
devolución del IVA se podrá realizar a través de las entidades financieras
mediante abono en una cuenta a nombre del tarjetahabiente.
Ver Resolución 2144 de 2004 de la DIAN.
Artículo 851.
FACULTAD PARA FIJAR TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. El Gobierno
establecerá trámites especiales que agilicen la devolución de impuestos pagados
y no causados o pagados en exceso.
Inciso modificado
por la Ley 383 de 1997,
art 50. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá establecer
sistemas de devolución de saldos a favor de los contribuyentes, que opere de
oficio, con posterioridad a la presentación de las respectivas declaraciones
tributarias.
Parágrafo.
Adicionado
por la Ley 383 de 1997,
artículo 70. La Dirección de Impuestos y Aduanas priorizará dentro del sistema
de devolución automática previsto en este artículo, las devoluciones de las
entidades sin ánimo de lucro.
Artículo 852.
FACULTAD PARA DEVOLVER A ENTIDADES EXENTAS O NO CONTRIBUYENTES. El Gobierno
Nacional podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor o sumas
retenidas antes de presentar la respectiva declaración tributaria, cuando las
retenciones en la fuente que establezcan las normas pertinentes, deban
practicarse sobre los ingresos de las entidades exentas o no contribuyentes.
Artículo 853.
COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES. Corresponde al Jefe de la Unidad de
Devoluciones o de la Unidad de Recaudo encargada de dicha función, proferir los
actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones de
los saldos a favor de las declaraciones tributarias o pagos en exceso, de
conformidad con lo dispuesto en este título.
Corresponde
a los funcionarios de dichas unidades, previa autorización, comisión o reparto
del Jefe de Devoluciones, estudiar, verificar las devoluciones y proyectar los
fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y necesarias para
proferir los actos de competencia del Jefe de la Unidad correspondiente.
Artículo 854.
Declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 15 de
febrero de 1990. Exp. 1980. Sala Plena. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE
SALDOS A FAVOR. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a
más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para
declarar.
Cuando
el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y
complementarios o sobre las ventas, haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no
se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse
aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.
Ver Ley 1111 de 2006, artículo 78.
Artículo 855. Inciso modificado por
la Ley
1430 de 2010, artículo 19. Término para efectuar la
devolución. La Administración de Impuestos deberá devolver, previa las
compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos
sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta
(50) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada
oportunamente y en debida forma.
Parágrafo 1º.
Modificado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 41. En el evento de que la Contraloría General de la República efectúe
algún control previo en relación con el pago de las devoluciones, el término
para tal control no podrá ser superior a dos (2) días, en el caso de las
devoluciones con garantía, o a cinco (5) días en los demás casos, términos
estos que se entienden comprendidos dentro del término para devolver.
Parágrafo 2º.
La Contraloría General de la República no podrá objetar las resoluciones de la
Administración de Impuestos Nacionales, por medio de las cuales se ordenen las
devoluciones de impuestos, sino por errores aritméticos o por falta de
comprobantes de pago de los gravámenes cuya devolución se ordene.
Parágrafo 3º. Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 140. Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los dos
(2) meses siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la
Administración Tributaria dispondrá de un término adicional de un (1) mes para
devolver.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 68. Para efectos de la devolución establecida en
el parágrafo 1° del artículo 850 de este Estatuto, para los productores de los
bienes exentos a que se refiere el artículo 477 de este Estatuto, para los responsables
de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este
Estatuto y para los responsables del impuesto sobre las ventas de que trata el artículo
481 de este Estatuto, que ostenten la calidad de operador económico autorizado
de conformidad con el decreto 3568 de 2011, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá devolver previas las compensaciones a que haya lugar
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud presentada
oportunamente y en debida forma.
Inciso adicionado
por la Ley
962 de 2005, art 47. El término
previsto en el presente artículo aplica igualmente para la devolución de
impuestos pagados y no causados o pagados en exceso.
Parágrafo 5°. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 115. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá
devolver, de forma automática, los saldos a favor originados en el impuesto
sobre la renta y sobre las ventas.
El mecanismo de devolución
automática de saldos a favor aplica para los contribuyentes y responsables que:
a) No representen un riesgo
alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
b) Más del ochenta y cinco
por ciento (85%) de los costos o gastos y/o impuestos sobre las ventas
descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el
mecanismo de factura electrónica.
El Gobierno nacional
reglamentará el mecanismo de devolución automática.
Texto original parágrafo 5º.
Reglamentado por el Decreto 1422 de 2019. Adicionado por la Ley
1943 de 2018, artículo 98. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá devolver, de forma automática, los
saldos a favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas.
El mecanismo
de devolución automática de saldos a favor aplica para los contribuyentes y
responsables que:
a) No
representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
b) Más del
ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos o gastos y/o impuestos sobre las
ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el
mecanismo de factura electrónica.
El Gobierno
nacional reglamentará el mecanismo de devolución automática.”.
Artículo 856.
VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES. La Administración seleccionará de las
solicitudes de devolución que presenten los contribuyentes o responsables,
aquéllas que deban ser objeto de verificación, la cual se llevará a cabo dentro
del término previsto para devolver. En la etapa de verificación de las
solicitudes seleccionadas, la Administración hará una constatación de la
existencia de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan
lugar al saldo a favor.
Para
este fin bastará con que la Administración compruebe que existen uno o varios
de los agentes retenedores señalados en la solicitud de devolución que se
somete a verificación, y que el agente o agentes comprobados, efectivamente
practicaron la retención denunciada por el solicitante, o que el pago o pagos
en exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente efectivamente fueron
recibidos por la Administración de Impuestos.
En
el impuesto sobre las ventas, la constatación se efectuará sobre la existencia
del saldo a favor y el cumplimiento de los requisitos legales para la
aceptación de los impuestos descontables, para lo cual bastará con que la
Administración compruebe que existen uno o varios de los proveedores señalados
en la solicitud de devolución que se somete a verificación, y que el proveedor
o proveedores comprobados, efectivamente liquidaron el impuesto denunciado por
el solicitante.
Artículo 857.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 141. RECHAZO E INADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN O
COMPENSACIÓN. Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en
forma definitiva:
1.
Cuando fueren presentadas extemporáneamente.
2.
Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución,
compensación o imputación anterior.
3. Declarado exequible
por la Sentencia
C-170 de 2001. En el caso de los
exportadores cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a
operaciones realizada antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en
el Registro Nacional de Exportadores previsto en el artículo 507.
4.
Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de
devolución o compensación, como resultado de la corrección de la declaración
efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar.
5. Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 14. Cuando se compruebe que el proveedor de las Sociedades de
Comercialización Internacional solicitante de devolución y/o compensación, a la
fecha de presentación de la solicitud no ha cumplido con la obligación de
efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de
retención en la fuente con pago, de los períodos cuyo plazo para la
presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la
solicitud.
En
estos casos no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
580-1 de este Estatuto.
Cuando
la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas haya sido
practicada y consignada directamente al Tesoro Nacional a través de las
entidades financieras, conforme lo prevé el artículo 376-1 de este Estatuto, se
verificará el cumplimiento de la obligación de declarar los periodos cuyo plazo
para la presentación se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la
solicitud.
Las
solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del
proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:
1.
Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no
presentada por las causales de que tratan los artículos 580 y 650-1.
2.
Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que
exigen las normas pertinentes.
3.
Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error
aritmético.
4.
Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al declarado.
PARAGRAFO 1.
Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente
una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron lugar a su
inadmisión.
Vencido
el término para solicitar la devolución o compensación la nueva solicitud se
entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su presentación se efectúe
dentro del plazo señalado en el inciso anterior.
En
todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración
tributaria, su corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el artículo
588.
PARAGRAFO 2.
Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista requerimiento
especial, la solicitud de devolución o compensación sólo procederá sobre las
sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas sobre las cuales se
produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras
se resuelve sobre su procedencia.
Ver Circular 118
de 2005 de la DIAN y artículo 555-2 del presente Estatuto.
Artículo 857-1.
Modificado
por la Ley 223 de 1995,
artículo 142. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN. El término
para devolver o compensar se podrá suspender hasta por un máximo de noventa
(90) días, para que la División de Fiscalización adelante la correspondiente
investigación, cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:
1.
Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso denunciados
por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retención no fue
practicada, o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en exceso
que manifiesta haber realizado el contribuyente, distinto de retenciones, no
fue recibido por la administración.
2.
Cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados por el
solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación, o cuando sean
inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado, o porque el proveedor
o la operación no existe por ser ficticios.
3.
Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la
declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia
escrita de las razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere
posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente.
Terminada
la investigación, si no se produce requerimiento especial, se procederá a la
devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjere requerimiento
especial, sólo procederá la devolución o compensación sobre el saldo a favor
que se plantee en el mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de
devolución o compensación por parte del contribuyente. Este mismo tratamiento
se aplicará en las demás etapas del proceso de determinación y discusión tanto
en la vía gubernativa como jurisdiccional, en cuyo caso bastará conque el
contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva.
Parágrafo.
Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de garantía a favor de
la Nación, no procederá a la suspensión prevista en este artículo.
Artículo 858.
Inciso primero
modificado
Ley
223 de 1995, artículo 143. AUTO INADMISORIO. Cuando
la solicitud de devolución o compensación no cumpla con los requisitos, el auto
inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de quince (15) días.
Cuando
se trate de devoluciones con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse
dentro del mismo término para devolver.
Artículo 859.
DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES NO CONSIGNADAS. La Administración de Impuestos deberá
efectuar las devoluciones de impuestos, originadas en exceso de retenciones
legalmente practicadas, cuando el retenido acredite o la Administración
compruebe que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de las normas
correspondientes, aunque el agente retenedor no haya efectuado las
consignaciones respectivas. En este caso, se adelantarán las investigaciones y
sanciones sobre el agente retenedor.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 2. Lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando se trate de
autorretenciones, retenciones del IVA, retenciones para los eventos previstos
en el artículo 54 de la Ley
550 de 1999 y anticipos, frente a los
cuales deberá acreditarse su pago.
Ver Ley
1116 de 2006
Artículo 860.
Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 18. Devolución
con presentación de garantía. Cuando el contribuyente o responsable
presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación,
otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor
equivalente al monto objeto de devolución, más las sanciones de
que trata el artículo 670 de este Estatuto siempre que estas últimas no superen
diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Administración de Impuestos, dentro
de los veinte (20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o
giro. (Declarado inexequible por la Sentencia C-877
de 2011, el aparte resaltado)
La
garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos (2) años. Si
dentro de este lapso, la Administración Tributaria notifica el requerimiento
especial o el contribuyente corrige la declaración, el garante será
solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el
monto de las sanciones por improcedencia de la devolución, las cuales se harán
efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en
la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda
ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación
oficial o de improcedencia de la devolución, aún si este se produce con
posterioridad a los dos años.
En
el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación –Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales–, deberá constar expresamente la mención de que
la entidad bancaria o compañía de seguros renuncia al beneficio de excusión.
El
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, previa evaluación de los factores
de riesgo en las devoluciones, podrá prescribir mediante resolución motivada,
los contribuyentes o sectores que se sujetarán al término general de que trata
el artículo 855 de este Estatuto, aunque la solicitud de devolución y/o
compensación sea presentada con garantía, caso en el cual podrá ser suspendido
el término para devolver y/o compensar hasta por un máximo de noventa (90) días
conforme con lo previsto en el artículo 857-1.
En
todos los casos en que el contribuyente o responsable corrija la declaración
tributaria cuyo saldo a favor fue objeto de devolución y/o compensación,
tramitada con o sin garantía, la Administración Tributaria impondrá las sanciones
de que trata el artículo 670 de este Estatuto, previa formulación del pliego de
cargos y dará traslado por el término de un (1) mes para responder, para tal
efecto, el pliego de cargos debe proferirse dentro de los dos (2) años
siguientes a la presentación de la declaración de corrección.
Artículo 861.
COMPENSACIÓN PREVIA A LA DEVOLUCIÓN. En todos los casos, la devolución de
saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de
plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la
devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente
o responsable.
Artículo 862.
Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 32. Mecanismo para efectuar la devolución. La devolución de saldos a
favor podrá efectuarse mediante cheque, título o giro. La administración
tributaria podrá efectuar devoluciones de saldos a favor superiores a un mil
(1.000 UVT) mediante títulos de devolución de impuestos, los cuales solo
servirán para cancelar impuestos o derechos administrados por las Direcciones
de Impuestos y de Aduanas dentro del año calendario siguiente a la fecha de su
expedición.
El
valor de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del diez por ciento
(10%) del valor de los recaudos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales respecto al año anterior; se expedirán a nombre del
beneficiario de la devolución y serán negociables.
Artículo 863.
Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 12. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones
tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán
intereses comentes y moratorios, en los siguientes casos:
Se
causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de
devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de
notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución,
según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o
parcialmente el saldo a favor.
Se
causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver
y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
En
todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan
intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o
providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha
del giro del cheque, emisión del título o consignación.
Artículo 864.
Modificado
por la Ley 49 de 1990,
artículo 44. TASA DE INTERÉS CORRIENTE Y MORATORIO.. La tasa anual de interés
corriente, será igual a la tasa de incremento porcentual del índice del precios
al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el período comprendido entre
el primero (1o) de enero y el 31 de diciembre del año anterior, a aquel en el
cual se efectúa el pago.
La
tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo anterior, será igual a
la sanción por mora que determine el Gobierno Nacional para los impuestos que
administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Inciso adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 37. Los intereses corrientes se liquidarán a una tasa equivalente al
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de
Colombia; para la liquidación de los intereses moratorios, se descontará el
término del plazo originario para devolver no utilizado por la administración a
la fecha del rechazo total o parcial del saldo a favor.
Artículo 865.
EL GOBIERNO EFECTUARÁ LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LAS DEVOLUCIONES.
El Gobierno efectuará las apropiaciones presupuestales que sean necesarias para
garantizar la devolución de los saldos a favor a que tengan derecho los
contribuyentes.
TITULO XI
OTRAS DISPOSICIONES
PROCEDIMENTALES
Artículo 866.
CORRECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LIQUIDACIONES PRIVADAS. Podrán
corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores
aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones
oficiales y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la
acción Contencioso-Administrativa.
Artículo
867.
Declarado
inexequible por la Sentencia C-318 de 1998. Modificado por la Ley 383 de 1997, artículo 7º. GARANTIA PARA DEMANDAR. Para acudir a la vía
contencioso-administrativa no será necesario hacer la consignación del monto de
los impuestos que hubiere liquidado la administración.
Cuando el montro discutido sea de cuantía igual o superior a diez
millones de pesos (10.000.000) (año base 1997), será necesario acreditar la
constitución de una garantía bancaria o de compañía de seguros a favor de la
Nación– Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-, cuya vigencia deberá ser por el término de duración del
proceso y tres meses más, contados a partir
de la fecha de la sentencia o decisión jurisdiccional ejecutoriada.
En materia de impuesto de renta y complementarios la garantía será
por un monto equivalente al 20% de los valores determinados por la
Administración y que sean objeto de discusión. En materia de retención en la
fuente, la garantía será por un valor igual al 60% de la suma materia de
impugnación. Cuando se trate del impuesto sobre las ventas, la garantía será
del 30% del valor impugnado.
Parágrafo. Se podrá descontar del impuesto de
renta del año gravable en el cual quede ejecutoriada la sentencia definitiva a
favor del contribuyente, el valor de la prima cancelada para la adquisición de
la garantía a que se refiere el presente artículo.
Artículo 867-1.
Reglamentado
por el Decreto 20 de 1994
y por el Decreto 300 de 2001.
Adicionado
por la Ley
6 de 1992, artículo 75. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR
DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes,
responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente
los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo, a partir del
tercer año de mora, deberán reajustar los valores de dichos conceptos en un
porcentaje equivalente al incremento porcentual del índice de precios al
consumidor nivel ingresos medios, certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE, por año vencido corrido entre el
1o. de marzo siguiente al vencimiento del plazo y el 1o. de marzo
inmediatamente anterior a la fecha del respectivo pago.
Cuando
se trate de mayores valores establecidos mediante liquidación oficial el
período a tener en cuenta para el ajuste, se empezará a contar desde el 1o. de
marzo siguiente a los tres años contados a partir del vencimiento del plazo en
que debieron de haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año
o período gravable al que se refiera la correspondiente liquidación oficial.
En
el caso de las sanciones aplicadas mediante resolución independiente, el
período se contará a partir del 1o. de marzo siguiente a los tres años contados
a partir de la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa la
correspondiente sanción.
Lo
dispuesto en este artículo se aplicará a todos los pagos o acuerdos de pago que
se realicen a partir del 1o. de marzo de 1993, sin perjuicio de los intereses
de mora, los cuales se continuarán liquidando en la forma prevista en los artículos
634 y 635, sobre el valor de la obligación sin el ajuste a que se refiere este artículo.
Para
los efectos de la aplicación de este artículo, la Dirección de Impuestos
Nacionales, deberá señalar anualmente la tabla contentiva de los factores que
faciliten a los contribuyentes liquidar el monto a pagar durante la respectiva
vigencia.
Parágrafo 1°.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 51. Para efectos de la actualización de las obligaciones tributarias
de que trata este artículo, las empresas que celebren acuerdos de
reestructuración en los términos de la Ley
550 de 1999, en relación con las
obligaciones tributarias objeto de negociación de conformidad con el artículo
52 de la misma ley, se ajustarán a la siguiente regulación:
1.
Se liquidará y causará la obligación correspondiente a la actualización de
acuerdo a las normas vigentes, pero su pago podrá ser diferido para ser
cancelado una vez se haya cubierto la totalidad de las sumas correspondientes a
sanciones, intereses e impuestos adeudados objeto de la negociación.
2.
Los saldos así acumulados se podrán pagar en pesos corrientes a partir del
vencimiento del plazo acordado para el pago de las obligaciones tributarias,
siempre y cuando se cumpla con los términos y plazos establecidos en el acuerdo
de reestructuración y hasta por un plazo máximo de dos (2) años, que se
graduará en atención al monto de la deuda, de la situación de la empresa
deudora y de la viabilidad de la misma.
3.
Para el plazo adicional así establecido, el monto de las obligaciones por
concepto de actualización de que trata este artículo, conservará la prelación
legal, y su pago podrá ser compartido con los demás acreedores.
Parágrafo 2°.
Adicionado
por la Ley 633 de 2000,
artículo 51. En todos los casos los socios, copartícipes, asociados,
cooperados, comuneros y consorcios responderán solidariamente por los
impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo
sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes,
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes en
las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo
período gravable. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a
las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.
Ver Ley
863 de 2003, artículo 30 y Decreto 1443 de 2001.
Artículo 868.
Modificado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 50. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO, UVT. Con el fin de unificar y
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea la unidad de
Valor Tributario, UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar los
valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y
obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El
valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación
del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el
primero (1) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a este (sic).
De
acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución antes
del primero (1) de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año
gravable siguiente. Si no lo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará
el aumento autorizado.
El
valor en pesos de la UVT será de veinte mil pesos ($20.000.00) (Valor año base
2006).
Todas
las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en general a
los asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán en UVT.
Cuando
las normas tributarias expresadas en UVT se conviertan en valores absolutos, se
empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación, a fin
de obtener cifras enteras y de fácil operación:
a)
Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más próximo
cuando el resultado sea de cien pesos ($100) o menos;
b)
Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre
cien pesos ($100) y diez mil pesos ($10.000);
c)
Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere
superior a diez mil pesos ($10.000)”. Ver Sentencia C-815
de 2009
Ver Resolución 084 de 2019 (noviembre 28) por la cual se fija el valor de
la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2020. Resolución
056 de 2018 (noviembre 22) por la cual se fija el valor de la Unidad de
Valor Tributario (UVT), aplicable para el año 2019, Resolución
063 de 2017 (noviembre 14) por la cual se fija el valor de la Unidad de
Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2018, Resolución
071 de 2016 (noviembre 21) por la cual se fija el valor de la Unidad de
Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2017, Resolución 115 de 2015, artículo 1°: “Fijase
en veintinueve mil setecientos cincuenta y tres pesos ($29.753) el valor de la
Unidad de Valor Tributario (UVT), que regirá durante el año 2016.”.
Texto anterior artículo Modificado por la Ley 488 de
1998, artículo 86. “AJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS
EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL EN LAS NORMAS DE RENTA Y VENTAS. Inciso
primero modificado por la Ley 863 de 2003,
artículo 35. Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las
normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, y sobre las
ventas, se reajustarán anual y acumulativamente en el cien por ciento (100%)
del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido
entre el primero (1°) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha
del año inmediatamente anterior a este.”.
Texto original inciso primero (Ley 488 de
1998) “Los valores absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios,
y sobre las ventas, se reajustarán anual y acumulativamente en el cien por
ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor
para empleados, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1º) de
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente
anterior a este.”.
Antes del primero (1º) de
enero del respectivo año gravable, el Gobierno determinará por Decreto los
valores absolutos que regirán en dicho año, reajustados de acuerdo con lo
previsto en este artículo y en el artículo siguiente.
Parágrafo 1º. Para los efectos previstos en este
artículo no se aplicará lo previsto en la Ley 242 de
1995.
Parágrafo 2º. Los valores absolutos expresados
en moneda nacional en las normas relativas al impuesto de timbre nacional, se
reajustarán anualmente de acuerdo con lo previsto en el presente artículo y en
el artículo 869 del Estatuto Tributario."
Ver Decreto 2972
de 2013. Ver Decreto 2813
de 1991 sobre valores año gravable 1992; Decreto 2065
de 1992 sobre valores año gravable 1993; Decreto 2495
de 1993 sobre valores año gravable 1994; Decreto 2806
de 1994 sobre valores año gravable 1995; Decreto 2324
de 1995 sobre valores año gravable 1996; Decreto 2301
de 1996 sobre valores año gravable 1997; Decreto 3020
de 1997 sobre valores año gravable 1998; Decreto 2649
de 1998 sobre valores año gravable 1999, Decreto 2587
de 1999 sobre valores año gravable 2000; Ver Decreto 2586
de 1999; Decreto 2661 de 2000 sobre
valores año gravable 2001; Decreto 2794 de 2001 sobre
valores año gravable 2002; Decreto 3257 de 2002 sobre
valores año gravable 2003; Decreto 3804 de 2003 sobre
valores año gravable 2004; Decreto 4344 de 2004 sobre
valores año gravable 2005; Decreto 4715 de 2005 sobre
valores año gravable 2006, Ley 1111 de 2006 sobre
valores año gravable 2007 y Decreto 850 de 2009 sobre
valores años gravables 2008 y 2009.
Texto original artículo (Decreto 624
de 1989): “AJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL EN
LAS NORMAS DE RENTA Y VENTAS. Los valores absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y
complementarios y sobre las ventas, se reajustarán anual y acumulativamente en
el ciento por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el 1º
de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste.
Antes del 1º de enero del
respectivo año gravable, el Gobierno determinará por decreto los valores
absolutos que regirán en dicho año, reajustados de acuerdo con lo previsto en
este artículo y en el artículo siguiente.”.
Artículo 868-1.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 51. VALORES ABSOLUTOS REEXPRESADOS EN UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO,
UVT. Los valores absolutos contenidos tanto en las normas relativas a los
impuestos sobre la renta y complementarios, IVA, timbre nacional, patrimonio,
gravamen a los movimientos financieros, procedimiento y sanciones, convertidos
a Unidades de Valor Tributario, UVT, son los siguientes: Ver Sentencia C-815
de 2009
Ver Resolución 084 de 2019 (noviembre 28) por la cual se fija el valor de
la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año 2020, Resolución
063 de 2017 (noviembre
14) por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT)
aplicable para el año 2018, Resolución 071 de 2016 (noviembre
21) por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT)
aplicable para el año 2017, Resolución
115 de 2015, artículo 2°.
Tablas en el
Diario Oficial No. 46.494, Pag. 143
Artículo 868-2. Adicionado por la Ley 1819 de 2016. Moneda para efectos fiscales. Para efectos
fiscales, la información financiera y contable así como sus elementos activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán en
pesos colombianos, desde el momento de su reconocimiento inicial y
posteriormente.
Artículo 869. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 300. Abuso en materia
tributaria. La Administración Tributaria podrá recaracterizar o
reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en
materia tributaria y, consecuentemente, desconocer sus efectos. En este
sentido, podrá expedir los actos administrativos correspondientes en los cuales
proponga y liquide los impuestos, intereses y sanciones respectivos.
Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia
tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o
negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial
aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier
intención subjetiva adicional.
Parágrafo 1°. Se entiende por recaracterizar o
reconfigurar, la potestad con que cuenta la Administración Tributaria para
determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación o
serie de operaciones, distinta a la que el obligado tributario pretende
presentar, y que conlleva a diferentes consecuencias tributarias.
Parágrafo 2°. Se entenderá que un acto o negocio jurídico es
artificioso y por tanto carece de propósito económico y/o comercial, cuando se
evidencie, entre otras circunstancias, que: Ver Sentencia C-02 de 2018, con relación a la expresión subrayada
1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos
económicos y/o comerciales, no es razonable.
2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que
no se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el
obligado tributario.
3. La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente
correcto es aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las
partes.
Parágrafo 3°. Se entiende por provecho tributario la alteración,
desfiguración o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera, se
generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios
efectivos, tales como la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el
incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de
beneficios o exenciones tributarias.
Ver Resolución 4
de 2020, Resolution 53 de 2019
Texto anterior artículo 869. Modificado
por la Ley 1607 de 2012, artículo 122. (éste declarado exequible por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-465 de 2014.). “ABUSO EN
MATERIA TRIBUTARIA. Constituye abuso o conducta abusiva en materia
tributaria, el uso o la implementación, a través de una operación o serie de
operaciones, de cualquier tipo de entidad, acto jurídico o procedimiento,
tendiente a alterar, desfigurar o modificar artificialmente los efectos
tributarios que de otra manera se generarían en cabeza de uno o más
contribuyentes o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o
accionistas o beneficiarios reales definidos de conformidad con el artículo
6.1.1.1.3 del Decreto número 2555 de 2010 o las normas que lo
modifiquen o lo sustituyan, con el objeto de obtener provecho tributario,
consistente entre otros, en la eliminación, reducción o diferimiento del
tributo, el incremento del saldo a favor o pérdidas fiscales y la extensión de
beneficios o exenciones tributarias, sin que tales efectos sean el resultado de
un propósito comercial o de negocios legítimo y razonable que fuere la causa
principal para el uso o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico
o procedimiento.
No se entenderá que existe
abuso cuando el contribuyente se acoja, mediante el cumplimiento de los
requisitos pertinentes, a beneficios expresamente consagrados en la ley, sin el
uso para tal efecto, de mecanismos, procedimientos, entidades o actos
artificiosos.
El fraude a la ley con
propósitos tributarios, constituye abuso en materia tributaria.
Cuando, en los casos que
involucran a personas jurídicas u otras entidades, y a personas naturales
propietarias o usufructuarias de un patrimonio líquido por un valor igual o
superior a ciento noventa y dos mil (192.000) UVT la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales pruebe plenamente la ocurrencia de 3 o más de los supuestos
que se enuncian en el artículo 869-1 del Estatuto Tributario, el cuerpo
colegiado o comité al que se refiere el parágrafo de este artículo podrá
conminar al contribuyente para que, en ejercicio del derecho de defensa,
controvierta la ocurrencia de dichos supuestos, o que pruebe cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1. La respectiva operación
contaba con un propósito comercial o de negocios legítimo principal frente a la
mera obtención del beneficio tributario definido de conformidad con el presente
artículo.
2. El precio o remuneración
pactado o aplicado está dentro del rango comercial, según la metodología de
precios de transferencia, aun cuando se trate de partes vinculadas nacionales.
Si el contribuyente o responsable aportare el respectivo estudio de precios de
transferencia como prueba de conformidad con lo aquí establecido, para efectos
de controvertir dicha prueba la Administración Tributaria deberá iniciar el
proceso correspondiente para el cuestionamiento técnico de dicho estudio a
través de los procedimientos expresamente establecidos por la ley para tal
efecto.
Parágrafo. La decisión acerca de la existencia de abuso
deberá ser adoptada por un cuerpo colegiado o comité, conforme lo establezca el
reglamento, del cual forme parte el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el Director de Gestión de Fiscalización, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Superintendente de la Superintendencia a la que
corresponda la inspección, vigilancia y control de la entidad y el Procurador
General de la Nación. Los funcionarios que conformen el cuerpo colegiado o
comité a que se refiere esta disposición deberán en todo momento someter sus
actuaciones al espíritu de justicia consagrado en el artículo 683 del Estatuto
Tributario, no pudiendo exigirle al contribuyente más de aquello que la misma
ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.”.
El parágrafo del
artículo 198 de la presente Ley, dice: “Las disposiciones contenidas en los
artículos 869 y 869-1 del Estatuto Tributario, entrarán en vigencia para
conductas cometidas a partir del año gravable 2013.”.
Texto original artículo 869. Derogado
por la Ley 1111 de 2006, artículo 78. “PROCEDIMIENTO PARA
AJUSTE DE CIFRAS. Cada vez que se determinen las cifras básicas anuales, se
empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación, a fin
de obtener cifras enteras y de fácil operación:
a) Se
prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más próximo
cuando el resultado sea de cien pesos ($100.00) o menos;
b) Se
aproximará al múltiple (sic) de cien más cercano, si el resultado estuviere
entre cien pesos ($ 100.00) y diez mil pesos ($ 10.000);
c) Modificado
por la Ley 863 de 2003, artículo 63. Se
aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a
diez mil pesos ($10.000).
Texto original del literal
c) (Decreto 624 de 1989): “Se aproximará al múltiple (sic) de
mil más cercano, si el resultado estuviere entre diez mil pesos ($10.000) y
cien mil pesos ($100.000);”.
d) Derogado por la Ley
863 de 2003, artículo 69. Se aproximará al múltiple (sic) de diez
mil más cercano, cuando el resultado estuviere entre cien mil pesos ($ 100.000)
y un millón de pesos ($ 1.000.000);
e) Derogado por
la Ley 863 de 2003, artículo 69. Se aproximará al
múltiple (sic) de cien mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a un
millón de pesos ($1.000.000).
Parágrafo. El Gobierno
publicará periódicamente las cifras finales. Si el Gobierno no las publicare
oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado.”.
Ver Decreto
3804 de 2003, sobre valores absolutos en moneda nacional para efecto de
impuestos, cuyo yerro fue corregido por el Decreto 24 de 2004.
Ver Decreto 2587 de 1999. Ver Decrero 2586 de 1999.
Artículo 869-1. Modificado por la Ley
1819 de 2016, art 302. Procedimiento especial por abuso
en materia tributaria. El funcionario competente que, dentro del término
de firmeza de la declaración, evidencie que una operación o serie de
operaciones puede constituir abuso en materia tributaria, en los términos del
artículo 869, deberá emitir un emplazamiento especial explicando las razones en
las que se basa, sustentadas si quiera en prueba sumaria. Dicho emplazamiento
especial por abuso en materia tributaria deberá notificarse al contribuyente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 565 y siguientes de este
Estatuto.
Una vez notificado el emplazamiento especial por abuso en materia
tributaria, el contribuyente dispondrá de un término de tres (3) meses para
contestarlo, aportando y/o solicitando las pruebas que considere pertinentes,
tiempo durante el cual se suspenderá el término de firmeza de la declaración.
Vencido el término de que trata el inciso anterior, el funcionario que
viene conociendo de la investigación deberá emitir requerimiento especial o
emplazamiento previo por no declarar, según el caso, en los términos de los
artículos 703 y 715, previo visto bueno del correspondiente Director Seccional
y de un delegado del Director de Gestión de Fiscalización. Una vez notificado
el requerimiento especial o el emplazamiento previo por no declarar, se deberá
seguir el trámite respectivo, según el caso, determinado en este Estatuto. En
el requerimiento especial se propondrá una recaracterización o
reconfiguración de la operación o serie de operaciones que constituyan abuso en
materia tributaria, de acuerdo con el acervo probatorio recaudado, así como
cualquier otra modificación de la declaración privada, sin perjuicio de las
demás modificaciones a la declaración tributaria a que haya lugar. De igual
forma se procederá cuando se emita emplazamiento previo por no declarar.
Parágrafo 1°. La motivación de que trata este artículo deberá contener la
descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la conducta
abusiva, las pruebas en que se funda la Administración Tributaria respecto de
tales hechos, actos u omisiones y la referencia expresa a la valoración de las
pruebas que haya presentado el contribuyente para desvirtuar la conducta
abusiva. Para todos los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal
aplicación a las disposiciones y principios en materia procedimental y
probatoria pertinentes.
Parágrafo 2°. El procedimiento de que trata el presente artículo tiene como
propósito la reconfiguración o recaracterización de una operación o
serie de operaciones que constituyan o puedan constituir abuso en materia
tributaria.
Texto
anterior art 869-1. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 123. Supuestos para la aplicación del artículo 869
del Estatuto Tributario. Los siguientes son los supuestos a los que se refiere el artículo
869 del Estatuto Tributario:
1.
La respectiva operación o serie de operaciones se realizó entre vinculados
económicos.
2.
La respectiva operación o serie de operaciones involucra el uso de paraísos
fiscales.
3.
La respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del
régimen tributario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o una
entidad sometida a un régimen tarifario en materia del impuesto sobre la renta
y complementarios distinto al ordinario.
4.
El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de un 25% del precio
o remuneración para operaciones similares en condiciones de mercado.
5.
Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, acto jurídico,
documento o cláusula material, que no se hubiere omitido en condiciones
similares razonables comercialmente si la operación o serie de operaciones no
se hubieran planeado o ejecutado con el objeto de obtener de manera abusiva
para el contribuyente o sus vinculados el beneficio tributario de que trata el
presente artículo.
Artículo 869-2. Adicionado por la Ley 1607 de 2012, art 124. Facultades de la
administración tributaria en caso de abuso. En el evento de presentarse abuso en los
términos del artículo 869 de este Estatuto, la Administración Tributaria tendrá
la facultad de desconocer los efectos de la conducta constitutiva de abuso y
recaracterizarlos o reconfigurarlos como si la conducta abusiva no se hubiere
presentado. En este sentido, podrá la Administración Tributaria expedir los
actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los
impuestos, intereses y sanciones correspondientes a los contribuyentes o
responsables del tributo o a sus vinculados y adicionalmente, a quienes
resulten responsables solidaria o subsidiariamente por los mismos e iniciar los
procedimientos aplicables de conformidad con el Estatuto Tributario. Dentro de las facultades mencionadas,
podrá la Administración Tributaria remover el velo corporativo de entidades
que hayan sido utilizadas o hayan participado, por decisión de sus socios,
accionistas, directores o administradores, dentro de las conductas abusivas. La
Administración Tributaria deberá motivar expresa y suficientemente las
decisiones adoptadas conforme al presente artículo en el requerimiento
especial, el emplazamiento para declarar, el pliego de cargos y las
liquidaciones de aforo o de corrección, conforme fuera el caso. La motivación
de que trata este artículo deberá contener la expresa y minuciosa descripción
de los hechos, actos u omisiones que constituyen la conducta abusiva, las
pruebas en que se funda la administración respecto de tales hechos, actos u
omisiones y la referencia expresa a la valoración de las pruebas que haya
presentado el contribuyente para desvirtuar la conducta abusiva. Para todos
los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal aplicación a las
disposiciones y principios en materia procedimental y probatoria pertinentes.
Para
los efectos del artículo 869 de este Estatuto, con el objeto de garantizar la
oportunidad del contribuyente o responsable del impuesto de suministrar las
pruebas para desvirtuar la existencia de la conducta abusiva, la Administración
Tributaria, previamente a la expedición de cualquier acto administrativo en el
cual proponga o liquide tributos, intereses o sanciones, mediante solicitud
escrita y en la cual se haga referencia al artículo 869 de este Estatuto,
requerirá al contribuyente para que suministre las pruebas correspondientes y
presente sus argumentos, dentro de un plazo que no podrá ser inferior a un mes.
Parágrafo. La facultad de la Administración Tributaria a la que se
refiere este artículo será ejercida con el fin de garantizar la aplicación del
principio constitucional de sustancia sobre forma en casos de gran relevancia
económica y jurídica para el país.
Artículo 869-3. Adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 116. Procedimiento de mutuo acuerdo. Los
contribuyentes podrán solicitar asistencia para el Procedimiento de Mutuo
Acuerdo (MAP) regulado en los convenios para evitar la doble imposición
suscritos por Colombia a través de la presentación de una solicitud formal ante
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El contenido de la
solicitud, así como los detalles del procedimiento, serán aquellos que disponga
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución. La
Autoridad Competente para desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP)
será el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) o quien este delegue, quienes contarán con los recursos necesarios para
llevar a cabo el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP).
Los acuerdos que suscriba la Autoridad
Competente de Colombia en desarrollo del Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP)
establecido en los convenios para evitar la doble imposición tendrán la misma
naturaleza jurídica y tratamiento que un fallo judicial definitivo, por lo cual
prestarán mérito ejecutivo, no serán susceptibles de recurso alguno, y podrán
ser implementados en cualquier momento independientemente del período de
firmeza establecido para las declaraciones pertinentes.
Parágrafo. En caso de
aprobación de una solicitud de Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP), los
contribuyentes deberán desistir de los recursos interpuestos en sede
administrativa respecto de las glosas que se deseen someter a Procedimiento de
Mutuo Acuerdo (MAP). Dicho desistimiento deberá ser aceptado por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) siempre que se adjunte copia de la
decisión aprobando la solicitud de acceso a Procedimiento de Mutuo Acuerdo
(MAP).
Los contribuyentes que cuenten con una
solicitud de Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) aprobada y que hayan radicado
una acción judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa deberán
desistir de dicha acción en los puntos del litigio que deseen someter a
Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP). Dicho desistimiento deberá ser aceptado
por la jurisdicción, siempre que con el desistimiento se adjunte copia de la
decisión aprobando la solicitud de acceso a Procedimiento de Mutuo Acuerdo
(MAP).
Desde la radicación del desistimiento en
vía administrativa o judicial, se suspenderá cualquier procedimiento de cobro
coactivo hasta tanto no se expida una decisión final de Procedimiento de Mutuo
Acuerdo (MAP) o se notifique de la cesación del procedimiento de mutuo acuerdo
por parte de la Autoridad Competente.
Texto original artículo 869-3. Adicionado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 99. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Procedimiento
de mutuo acuerdo. Los contribuyentes podrán solicitar asistencia
para el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) regulado en los convenios para
evitar la doble imposición suscritos por Colombia a través de la presentación
de una solicitud formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). El contenido de la solicitud, así como los detalles del procedimiento,
serán aquéllos que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) mediante resolución. La Autoridad Competente para desarrollar el
Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) será el Director General de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien este delegue, quienes contarán
con los recursos necesarios para llevar a cabo el Procedimiento de Mutuo
Acuerdo (MAP).
Los acuerdos
que suscriba la Autoridad Competente de Colombia en desarrollo del
Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) establecido en los convenios para evitar
la doble imposición, tendrán la misma naturaleza jurídica y tratamiento que un
fallo judicial definitivo, por lo cual prestarán mérito ejecutivo, no serán
susceptibles de recurso alguno, y podrán ser implementados en cualquier momento
independientemente del período de firmeza establecido para las declaraciones
pertinentes.
Parágrafo. En
caso de aprobación de una solicitud de Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP),
los contribuyentes deberán desistir de los recursos interpuestos en sede
administrativa respecto de las glosas que se deseen someter a Procedimiento de
Mutuo Acuerdo (MAP). Dicho desistimiento deberá ser aceptado por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) siempre que se adjunte copia de la
decisión aprobando la solicitud de acceso a Procedimiento de Mutuo Acuerdo
(MAP).
Los
contribuyentes que cuenten con una solicitud de Procedimiento de Mutuo Acuerdo
(MAP) aprobada y que hayan radicado una acción judicial ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, deberán desistir de dicha acción en los puntos del
litigio que deseen someter a Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP). Dicho
desistimiento deberá ser aceptado por la jurisdicción siempre que con el
desistimiento se adjunte copia de la decisión aprobando la solicitud de acceso
a Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP).
Desde la
radicación del desistimiento en vía administrativa o judicial, se suspenderá
cualquier procedimiento de cobro coactivo hasta tanto no se expida una decisión
final de Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) o se notifique de la cesación del
procedimiento de mutuo acuerdo por parte de la Autoridad Competente.”.
LIBRO SEXTO
Libro
adicionado
por la Ley 633 de 2000
Gravamen a los movimientos
financieros
Artículo 870.
Declarado
exequible por las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS -GMF-. Créase como un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de
enero del año 2001, el gravamen a los movimientos financieros, a cargo de los
usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
Ver Decreto 4400 de 2004, art 4º
Artículo 871.
Desarrollado por
el Decreto
1744 de 2013. Reglamentado por el Decreto
660 de 2011, por el Decreto
86 de 2008 y por el Decreto
2892 de 2007. HECHO GENERADOR DEL GMF. El hecho
generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la
realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga
de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas
de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.
En
el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro
perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no bancario o por
un establecimiento bancario especializado en cartera hipotecaria que no utilice
el mecanismo de captación de recursos mediante la cuenta corriente, se
considerará que constituyen una sola operación el retiro en virtud del cual se
expide el cheque y el pago del mismo.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 45. También constituyen hecho generador del impuesto:
El
traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras
colectivas, entre diferentes copropietarios de los mismos, así como el retiro
de estos derechos por parte del beneficiario o fideicomitente, inclusive cuando
dichos traslados o retiros no estén vinculados directamente a un movimiento de
una cuenta corriente, de ahorros o de depósito. En aquellos casos en que sí
estén vinculados a débitos de alguna de dichas cuentas, toda la operación se
considerará como un solo hecho generador.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 45. La disposición de recursos a través de los denominados contratos o
convenios de recaudo o similares que suscriban las entidades financieras con
sus clientes en los cuales no exista disposición de recursos de una cuenta
corriente, de ahorros o de depósito.
Inciso declarado
exequible por la Sentencia C-114 de 2006.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 45. Los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro genero
(sic), diferentes a las corrientes, de ahorros o de depósito, para la
realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.
Inciso adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 45. Para efectos de la aplicación de este artículo, se entiende por carteras
colectivas los fondos de valores, los fondos de inversión, los fondos comunes
ordinarios, los fondos comunes especiales, los fondos de pensiones, los fondos
de cesantía y, en general, cualquier ente o conjunto de bienes administrado por
una sociedad legalmente habilitada para el efecto, que carecen de personalidad
jurídica y pertenecen a varias personas, que serán sus copropietarios en partes
alícuotas.
Inciso
adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 28. También constituye hecho generador del impuesto, los desembolsos
de créditos y los pagos derivados de operaciones de compensación y liquidación
de valores, operaciones de reporto, simultáneas y trasferencia temporal de
valores, operaciones de derivados, divisas o en las bolsas de productos
agropecuarios u otros comodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta
de participantes realizados a través de sistemas de compensación y liquidación
cuyo importe se destine a realizar desembolsos o pagos a terceros, mandatarios
o diputados para el cobro y/o el pago a cualquier título por cuenta de los
clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencias Financiera o
Economía Solidaria según el caso, por conceptos tales como nómina, servicios,
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones.
Inciso
adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 28. Igualmente, constituye hecho generador los desembolsos de créditos
abonados y/o cancelados el mismo día.
Inciso
adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 28. En los casos previstos en los incisos 8° y 9° el sujeto pasivo del
impuesto es el deudor del crédito, el cliente, mandante, fideicomitente o
comitente.
Inciso
adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 28. Las cuentas de ahorro colectivo o carteras colectivas se
encuentran gravadas con el impuesto en la misma forma que las cuentas de ahorro
individual en cabeza de la portante o suscriptor.
Parágrafo.
Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 45. Para los efectos del presente artículo se entiende por transacción
financiera toda disposición de recursos provenientes de cuentas corrientes, de
ahorro, o de depósito que implique entre otros: retiro en efectivo mediante
cheque, talonario, tarjetas débito, cajero electrónico, puntos de pago, notas
débito o a través de cualquier otra modalidad, así como los movimientos
contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de
bienes, recursos o derechos a cualquier título, incluidos los realizados sobre,
carteras colectivas y títulos, o la disposición de recursos a través de
contratos o convenios de recaudo a que se refiere este artículo. Esto incluye
los débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como ‘saldos positivos
de tarjetas de crédito’ y las operaciones mediante las cuales los
establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término
mediante el abono en cuenta.
Parágrafo 2°.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
artículo 40. El movimiento contable y el abono en cuenta corriente o de ahorros
que se realice en las operaciones cambiarias se considera una sola operación
hasta el pago al titular de la operación de cambio, para lo cual los
intermediarios cambiarios deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros
mediante la cual dispongan de los recursos. El gravamen a los movimientos
financieros se causa a cargo del beneficiario de la operación cambiaria cuando
el pago sea en efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la restricción
de “para consignar en cuenta corriente o de ahorros del primer beneficiario”, o
cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de los recursos
mediante mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de ahorros o
contable.
Parágrafo 3°. Adicionado por la Ley 1819 de 2016,
art 215. Los movimientos créditos, débitos y/o
contables realizados por intermedio de corresponsales constituyen una sola
operación gravada en cabeza del usuario o cliente de la entidad financiera,
siempre y cuando se trate de operaciones efectuadas en desarrollo del contrato
de corresponsalía, para lo cual deberá identificarse una cuenta en la entidad
financiera, en la cual se manejen de manera exclusiva los recursos objeto de
corresponsalía. La cuenta identificada de los corresponsales podrá ser abierta
en una entidad financiera diferente de la entidad financiera contratante.
En el caso de los corresponsales de múltiples entidades financieras,
estos podrán recibir recursos de dichos contratos en cualquiera de las cuentas
a las que se refiere el inciso anterior. Los movimientos entre cuentas de
corresponsalía del que sea titular un solo corresponsal constituyen parte de la
operación gravada en cabeza del usuario o cliente de las entidades financieras.
Artículo 872. Modificado por
la Ley
1819 de 2016, art 214. La tarifa del
gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil (4 x 1.000).
Artículo 872. Modificado por
la Ley 1739 de 2014, art 45. Tarifa del gravamen a los movimientos financieros.
La tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil
(4x1.000).
La
tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la
siguiente manera:
–
Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2019.
–
Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2020.
–
Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2021.
Parágrafo. A partir del
1° de enero de 2022 deróguense las disposiciones contenidas en el Libro Sexto
del Estatuto
Tributario relativo
al Gravamen a los Movimientos Financieros.
Texto anterior art 872. Reglamentado por el Decreto 660
de 2011. Modificado por la Ley 1111 de
2006, artículo 41. TARIFA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. La
tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil (4 x
1.000).
Parágrafo transitorio. Adicionado por la Ley 863 de 2003, artículo
18. Por los años 2004 a 2007 inclusive la Tarifa del Gravamen a los Movimientos
Financieros será del cuatro por mil (4 x 1.000).
Inciso adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
3º. La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de
la siguiente manera:
– Al dos por mil (2x1.000) en
los años 2014 y 2015
– Al uno por mil (1x 1.000)
en los años 2016 y 2017
– Al cero por mil (0x1.000)
en los años 2018 y siguientes.
Parágrafo. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
3º. A partir del 1° de enero de 2018 derógase las disposiciones contenidas en
el Libro Sexto del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los Movimientos
Financieros”.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por la Ley 1430 de 2010, artículo
3º. El veinticinco por ciento 25% de los dineros recaudados por el Gravamen a
los Movimientos Financieros (GMF) durante las vigencias fiscales 2012 y 2013,
se dedicarán exclusivamente al Fondo de Calamidades para atender los
damnificados por la ola invernal del 2010 y 2011.
Artículo 873.
Declarado
exequible por las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. CAUSACIÓN DEL GMF. El
Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto instantáneo y se causa en
el momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la
transacción financiera.
Artículo 874.
Declarado
exequible por las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. BASE GRAVABLE DEL GMF. La
base gravable del Gravamen a los Movimientos Financieros estará integrada por
el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los
recursos.
Artículo 875.
Desarrollado por
el Decreto
1744 de 2013. Declarado exequible por las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. Inciso primero modificado por la Ley
788 de 2002, artículo 46. SUJETOS PASIVOS DEL GMF.
Serán sujetos pasivos del gravamen a los movimientos financieros los usuarios y
clientes de las entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria, de Valores
o de Economía Solidaria; así como las entidades vigiladas por estas mismas
superintendencias, incluido el Banco de la República.
Cuando
se trate de retiros de fondos que manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo
será el ahorrador individual beneficiario del retiro.
Artículo 876.
Desarrollado por
el Decreto
1744 de 2013. Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018, por el Decreto
86 de 2008. Sustituido por la Ley 788 de 2002,
artículo 47. AGENTES DE RETENCIÓN DEL GMF. Actuarán como agentes retenedores y
serán responsables por el recaudo y el pago del GMF, el Banco de la República y
las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de Valores o de
Economía Solidaria en las cuales se encuentre la respectiva cuenta corriente,
de ahorros, de depósito, derechos sobre carteras colectivas o donde se realicen
los movimientos contables que impliquen el traslado o la disposición de
recursos de que trata el artículo 871.
Texto original artículo (Ley 633 de
2000): “AGENTES DE RETENCIÓN
DEL GMF. Actuarán como agentes retenedores y serán responsables por el recaudo
y el pago del GMF, el Banco de la República y los establecimientos de crédito
en los cuales se encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos
de crédito que expiden los cheques de gerencia.” (Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en las Sentencias C-1295 de 2001 y C-734 de 2002, en
relación con los cargos analizados en las mismas.).
Ver las
siguientes normas sobre fijación de plazos para presentación y pago de
declaraciones, así como sobre fijación de cuantías: Decreto 3022
de 1989, Decreto 3101 de 1990, Decreto 2820
de 1991, Decreto 2064 de 1992, Decreto 2511
de 1993, Decreto 2798 de 1994, Decreto 2321
de 1995, Decreto 2300 de 1996, Decreto 3049
de 1997, Decreto 2652 de 1998, Decreto 2588
de 1999, Decreto 2662 de 2000, Decreto 2795
de 2001, Decreto 3258 de 2002, Decreto 3805
de 2003, Decreto 4345 de 2004, Decreto 4714
de 2005, Decreto 4583 de 2006, Decreto 4818
de 2007, Decreto 4680 de 2008,
el Decreto 4929 de 2009, el Decreto 4836
de 2010, Decreto 920 de 2011 y
el Decreto 4907 de 2011.
Artículo 877.
Reglamentado por el Decreto 2345 de 2019 y por el Decreto 2442 de 2018. Declarado exequible por
las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. DECLARACIÓN Y PAGO DEL
GMF. Los agentes de retención del GMF deberán depositar las sumas recaudadas a
la orden de la Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta
señale para el efecto, presentando la declaración correspondiente, en el formulario
que para este fin disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La
declaración y pago del GMF deberá realizarse en los plazos y condiciones que
señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo:
Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el
pago en forma simultánea a su presentación.
Artículo 878.
Declarado
exequible por las Sentencias C-1295
de 2001 y C-734
de 2002. ADMINISTRACIÓN DEL GMF.
Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración
del Gravamen a los Movimientos Financieros a que se refiere este Libro, para lo
cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la
investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los
impuestos de su competencia. Así mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar
las sanciones contempladas en dicho Estatuto, que sean compatibles con la
naturaleza del impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de
retención, incluida la de trasladar a las autoridades competentes el conocimiento
de posibles conductas de carácter penal.
Para
el caso de aquellas sanciones en las cuales su determinación se encuentra
referida en el Estatuto Tributario a mes o fracción de mes calendario, se
entenderán referidas a semana o fracción de semana calendario, aplicando el
1.25% del valor total de las retenciones practicadas en el respectivo período,
para aquellos agentes retenedores que presenten extemporáneamente la
declaración correspondiente.
Artículo 879. Desarrollado por
el Decreto
1744 de 2013. Declarado exequible por la Sentencia C-1295
de 2001. Reglamentado por el Decreto
660 de 2011 y por el Decreto 193 de 2001.
EXENCIONES DEL GMF. Se encuentran exentas del gravamen a los movimientos
financieros:
1. Modificado por la Ley 1739 de 2014, art 47. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro, los
depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por
entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y
crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria
respectivamente, que no excedan mensualmente de trescientos cincuenta (350)
UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá
indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que
dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con la
exención.
La exención se aplicará
exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago
por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que
una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, depósito electrónico y
tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir una
sola cuenta, depósito electrónico o tarjeta prepago sobre la cual operará el
beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento
o entidad financiera.
Texto anterior numeral 1. 1. Modificado por la Ley 1430 de 2010, art
35. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro o tarjetas prepago abiertas
o administradas por entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza
financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera
o de Economía Solidaria respectivamente, que no excedan mensualmente de
trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la
tarjeta prepago deberá indicar ante el respectivo establecimiento de crédito o
cooperativa financiera, que dicha cuenta o tarjeta prepago será la única
beneficiada con la exención.
La exención se aplicará
exclusivamente a una cuenta de ahorros o tarjeta prepago por titular y siempre
y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea
titular de más de una cuenta de ahorros y tarjeta prepago en uno o varios
establecimientos de crédito, deberá elegir en relación con la cual operará el
beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento.
2.
Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo establecimiento de crédito,
cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo y único titular que sea una sola
persona.
3.
Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a
través de los órganos ejecutores, incluyendo las operaciones de reporto que se
celebren con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha Dirección por parte
de las entidades recaudadoras; así mismo, las operaciones realizadas durante el
año 2001 por las Tesorerías Públicas de cualquier orden con entidades públicas
o con entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria o de Valores,
efectuadas con títulos emitidos por Fogafín para la capitalización de la Banca
Pública.
4.
Las operaciones de liquidez que realice el Banco de la República, conforme a lo
previsto en la Ley 31 de 1992.
5. Modificado
por la Ley 1430 de 2010,
artículo 4º. Los créditos interbancarios y la disposición de recursos
originadas en las operaciones de reporto y operaciones simultáneas y de
transferencia temporal de valores sobre títulos materializados o
desmaterializados, realizados exclusivamente entre entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, entre estas e intermediarios de
valores inscritos en el Registro Nacional de agentes de mercado de valores, o
entre dichas entidades vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las
tesorerías de las entidades públicas.
Las
operaciones de pago a terceros por cuenta del comitente, fideicomitente o
mandante por conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición
de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones fuera del mercado de valores
se encuentran sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros, así se
originen en operaciones de compensación y liquidación de valores u operaciones
simultáneas o transferencia temporal de valores. Para estos casos el agente de
retención es el titular de la cuenta de compensación y el sujeto pasivo su
cliente.
6.
Las transacciones ocasionadas por la compensación interbancaria respecto de las
cuentas que poseen los establecimientos de crédito en el Banco de la República.
7. Reglamentado
por el Decreto
1625 de 2012. Modificado por la Ley 1430 de 2010,
artículo 5º. Los desembolsos o pagos, según corresponda, mediante abono a la
cuenta corriente o de ahorros o mediante la expedición de cheques con cruce y
negociabilidad restringida, derivados de las operaciones de compensación y
liquidación que se realicen a través de sistemas de compensación y liquidación
administradas por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que
se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de
productos agropecuarios o de otros comodities, incluidas las garantías
entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la
administración de valores en los depósitos centralizados de valores siempre y
cuando el pago se efectúe al cliente, comitente, fideicomitente, mandante.
Las
operaciones de pago a terceros por conceptos tales como nómina, servicios,
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se
encuentran sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros.
Cuando
la operación sea gravada, el agente de retención es el titular de la cuenta de
compensación y el sujeto pasivo su cliente.
8.
Las operaciones de reporto realizadas entre el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras (Fogafìn) o el Fondo de Garantías de Instituciones
Cooperativas (Fogacoop) con entidades inscritas ante tales instituciones.
9. Declarado exequible
por la Sentencia
C-1297 de 2001. El manejo de recursos
públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales.
10. Modificado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 48. Las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, de las EPS y ARS diferentes a los que financian gastos
administrativos, del Sistema General de Pensiones a que se refiere
la Ley
100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de que
trata el Decreto
2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos
Profesionales, hasta el pago a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), o
al pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso. (Declaradas
inexequibles por la Sentencia
C-824 de 2004, las expresiones resaltadas en rojo)
También
quedarán exentas las operaciones realizadas con los recursos correspondientes a
los giros que reciben las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios) por
concepto de pago del POS (Plan Obligatorio de Salud) por parte de las EPS o ARS
hasta en un 50%. (Declaradas exequibles por la Sentencia
C-572 de 2003, las expresiones subrayadas)
11. Numeral
modificado por
la Ley 2010 de 2019, artículo 99. Los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o
corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad
restringida que realicen los establecimientos de crédito, las cooperativas con
actividad financiera o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las
Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, o los
créditos externos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en
los términos de la regulación cambiaria del Banco de la República, siempre y
cuando el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un
tercero, solo será exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición de
vivienda, vehículos o activos fijos.
Los desembolsos o pagos a
terceros por conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición
de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se encuentran sujetos al
Gravamen a los Movimientos Financieros, salvo la utilización de las tarjetas de
crédito de las cuales sean titulares las personas naturales, las cuales
continúan siendo exentas.
También se encuentran
exentos los desembolsos efectuados por las compañías de financiamiento o
bancos, para el pago a los comercializadores de bienes que serán entregados a
terceros mediante contratos de leasing financiero con opción de compra.
Texto anterior numeral 11. Numeral modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 87. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “Los desembolsos de crédito mediante
abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce
y negociabilidad restringida que realicen los establecimientos de crédito, las
cooperativas con actividad financiera o las cooperativas de ahorro y crédito
vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria
respectivamente, o los créditos externos desembolsados en moneda legal por
agentes no residentes en los términos de la regulación cambiaria del Banco de
la República, siempre y cuando el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el
desembolso se haga a un tercero solo será exento cuando el deudor destine el
crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.”.
Texto anterior del numeral
11. Numeral modificado por la Ley 1430 de 2010, artículo 6º. “Los
desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante
expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen los
establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera
o de Economía Solidaria respectivamente, siempre y cuando el desembolso se
efectúe al deudor cuando el desembolso se haga a un tercer solo será exento
cuando el deudor destine el crédito a adquisición de vivienda, vehículos o
activos fijos.
Los desembolsos o pagos a
terceros por conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición
de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se encuentran sujetos al
Gravamen a los Movimientos Financieros, salvo la utilización de las tarjetas de
crédito de las cuales sean titulares las personas naturales, las cuales
continúan siendo exentas.
También se encuentran exentos
los desembolsos efectuados por las compañías de financiamiento o bancos, para
el pago a los comercializadores de bienes que serán entregados a terceros
mediante contratos de leasing financiero con opción de compra.”. (Ver Decreto
1625 de 2016, artículos 1.5.2.2.15, 1.4.2.2.17 y 1.4.2.2.18. Ver Decreto
660 de 2011, artículos 1°, 4° y 5°. Ver Oficio 34422 de 2015, DIAN.).
Texto anterior numeral
11. Modificado por la Ley 1111 de 2006, artículo 42. “Los desembolsos de crédito mediante abono
a la cuenta o mediante expedición de cheques que realicen los establecimientos
de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las cooperativas de
ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía
Solidaria respe ctivamente (sic).”.
Texto original numeral
11 (Ley 633 de 2000): “Los desembolsos de crédito mediante
abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los
establecimientos de crédito.”.
12.
Las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas a través de cuentas de
depósito del Banco de la República o de cuentas corrientes, realizadas entre
intermediarios del mercado cambiario vigilados por las Superintendencias
Bancaria o de Valores, el Banco de la República y la Dirección del Tesoro
Nacional.
Las
cuentas corrientes a que se refiere el anterior inciso deberán ser de
utilización exclusiva para la compra y venta de divisas entre los
intermediarios del mercado cambiario.
13.
Los cheques de gerencia cuando se expidan con cargo a los recursos de la cuenta
corriente o de ahorros del ordenante, siempre y cuando que la cuenta corriente
o de ahorros sea de la misma entidad de crédito que expida el cheque de
gerencia.
14. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los traslados
que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o de ahorro
programado y/o de ahorro contractual y/o tarjetas prepago abiertas en un mismo
establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa
de ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía Solidaria según el caso,
a nombre de un mismo y único titular, así como los traslados entre inversiones
o portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa,
una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones, vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un mismo
beneficiario.
Esta
exención se aplicará también cuando el traslado se realice entre cuentas de
ahorro colectivo o entre estas y cuentas corrientes o de ahorro o entre
inversiones que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén
abiertas en la misma entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia o de Economía Solidaria según sea el caso.
Los
retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los pensionados abran
para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el monto de las
mismas, cuando estas sean equivalentes a cuarenta y un (41) Unidades de Valor
Tributario, UVT, o menos, están exentos del Gravamen a los Movimientos
Financieros. Los pensionados podrán abrir y marcar otra cuenta en el mismo
establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera o cooperativa
de ahorro y crédito para gozar de la exención a que se refiere el numeral 1 de
este artículo. Igualmente estarán exentos, los traslados que se efectúen entre
las cuentas de ahorro especial que los pensionados abran para depositar el valor
de sus mesadas pensionales y la otra cuenta marcada en el mismo
establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera o cooperativa
de ahorro y crédito.
En caso de que el pensionado decida no marcar ninguna otra cuenta adicional, el
límite exento de las cuentas de ahorro especial de los pensionados será
equivalente a trescientos cincuenta (350) Unidades de Valor Tributario (UVT).
Estarán
exentos igualmente los traslados que se efectúen entre cuentas corrientes y/o
de ahorros pertenecientes a fondos mutuos y las cuentas de sus suscriptores o partícipes,
abiertas en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa con actividad
financiera o cooperativa de ahorro y crédito a nombre de un mismo y único
titular.
Texto anterior num. 14. Inciso
modificado por la Ley 1430 de
2010, artículo 36 y por la Ley 1111 de 2006, artículo
42. Los traslados que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o
tarjetas prepago abiertas en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa
con actividad financiera, cooperativa de ahorro y crédito, comisionistas de
bolsa y demás entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o de
Economía Solidaria según el caso, a nombre de un mismo y único titular, así
como los traslados entre inversiones o portafolios que se realicen por parte de
una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad
administradora de inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia a favor de un mismo beneficiario, salvo
lo correspondiente a las utilidades o rendimientos que hubiere generado la
inversión, los cuales son la base gravable para la liquidación del impuesto, el
cual será retenido por el comisionista o quien reconozca las utilidades o
rendimientos. Ver Ley 1450 de 2011, art 276, el cual suprimió el aparte
resaltado en éste numeral
Esta exención se aplicará
también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo o entre
estas y cuentas corrientes o de ahorro o entre inversiones que pertenezcan a un
mismo y único titular, siempre y cuando estén abiertas en la misma entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los retiros efectuados de
cuentas de ahorro especial que los pensionados abran para depositar el valor de
sus mesadas pensionales y hasta el monto de las mismas, cuando estas (sic) sean
equivalentes a cuarenta y un (41) Unidades de Valor Tributario, UVT, o menos,
están exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros. Los pensionados
podrán abrir y marcar otra cuenta en el mismo establecimiento de crédito para
gozar de la exención a que se refiere el numeral 1 de este artículo.
15. Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
art 48. Las operaciones del Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria,
cuya creación se autorizó por el artículo 48 de la Ley 546 de 1999,
en especial las relativas a los pagos y aportes que deban realizar las partes
en virtud de los contratos de cobertura, así como las inversiones del Fondo.
16. Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
art 48. Las operaciones derivadas del mecanismo de cobertura de tasa de interés
para los créditos individuales hipotecarios para la adquisición de vivienda.
17. Modificado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los
movimientos contables correspondientes a pago de obligaciones o traslado de
bienes, recursos y derechos a cualquier título efectuado entre entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la
Superintendencia de Economía Solidaria, entre estas e intermediarios de valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o entre dichas
entidades vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las tesorerías de
las entidades públicas, siempre que correspondan a operaciones de compra y
venta de títulos de deuda pública.
Texto anterior num. 17. Adicionado
por la Ley 788 de 2002, art
48. Los movimientos contables correspondientes a pago de obligaciones o
traslado de bienes, recursos y derechos a cualquier título efectuado entre
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores, entre estas
(sic) e intermediarios de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores
e Intermediarios o entre dichas entidades vigiladas y la Tesorería General de
la Nación y las tesorerías de las entidades públicas, siempre que correspondan
a operaciones de compra y venta de títulos de deuda pública.
18. Reglamentado
por el Decreto
4788 de 2009. Adicionado por la Ley 1111 de 2006,
artículo 42. Los retiros que realicen las asociaciones de hogares comunitarios
autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los recursos
asignados por esta entidad.
19. Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
art 42. La disposición de recursos y los débitos contables respecto de las
primeras sesenta (60) Unidades de Valor Tributario, UVT, mensuales que se
generen por el pago de los giros provenientes del exterior, que se canalicen a
través de Entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera.
20. Adicionado
por la Ley 1430 de 2010,
art 7º. Los retiros efectuados de las cuentas corrientes abiertas en entidades
bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que
correspondan a recursos de la población reclusa del orden nacional y
autorizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, quien
será el titular de la cuenta, siempre que no exceden mensualmente de
trescientas cincuenta (350) UVT por recluso.
21. Numeral modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 99. La disposición de recursos para la realización de operaciones de
factoring, compra o descuento de cartera, realizadas por fondos de inversión
colectiva, patrimonios autónomos, por personas naturales o jurídicas, o por
entidades cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones y que de
acuerdo con la ley puedan realizarlas.
Para efectos de esta
exención, las personas y/o entidades que realicen estas operaciones podrán
marcar como exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros hasta diez (10)
cuentas corrientes o de ahorro, depósitos electrónicos, cuentas de ahorro de
trámite simplificado, cuentas de recaudo, cuentas de patrimonios autónomos,
cuentas de encargos fiduciarios, cuentas de o en fondos de inversión colectiva
y cuentas de o en fondos de capital privado, destinadas única y exclusivamente
a estas operaciones, cuyo objeto sea el recaudo, desembolso y pago del fondeo
de las mismas. Respecto a las cuentas de fondos de inversión colectiva.
El giro de los recursos se
deberá realizar solamente al beneficiario de la operación de factoring o
descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente, depósitos
electrónicos, cuentas de ahorro de trámite simplificado, cuentas de recaudo,
cuentas de patrimonios autónomos, cuentas de encargos fiduciarios, cuentas de o
en fondos de inversión colectiva y cuentas de o en fondos de capital privado, o
mediante la expedición de cheques a los que les incluya la restricción: “Para
consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario”. En el
evento de levantarse dicha restricción, se causará el gravamen a los
movimientos financieros en cabeza de la persona que enajena sus facturas o
cartera al fondo de inversión colectiva o patrimonio autónomo o el cliente de
la sociedad o de la entidad. El Representante legal de la entidad
administradora o de la sociedad o de la entidad o la persona natural, deberá
manifestar bajo la gravedad del juramento que las cuentas de ahorros,
corrientes, depósitos electrónicos, cuentas de ahorro electrónicas, cuentas de
ahorro de trámite simplificado, cuentas de recaudo, cuentas de patrimonios
autónomos, cuentas de encargos fiduciarios, cuentas de o en fondos de inversión
colectiva, cuentas de o en fondos de capital privado, a marcar, según sea el
caso, serán destinados única y exclusivamente a estas operaciones en las
condiciones establecidas en este numeral.
Texto anterior numeral 21.
Numeral modificado por la Ley 1943 de 2018, artículo 87. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). “La disposición de
recursos para la realización de operaciones de factoring, compra o descuento de cartera, realizadas por fondos de inversión
colectiva, patrimonios autónomos, por personas naturales o jurídicas, o por
entidades cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones.
Para efectos
de esta exención, las personas y/o entidades que realicen estas operaciones
podrán marcar como exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros hasta
diez (10) cuentas corrientes o de ahorro o cuentas de patrimonios autónomos o
encargos fiduciarios, en todo el sistema financiero destinadas única y
exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto sea el recaudo, desembolso y
pago del fondeo de las mismas. En caso de tratarse de fondos de inversión
colectiva o fideicomisos de inversión colectiva o fideicomiso que administre,
destinado a este tipo de operaciones.
El giro de
los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la operación
de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o
corriente o mediante la expedición de cheques a los que les incluya la
restricción: “Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer
beneficiario”. En el evento de levantarse dicha restricción, se causará el
gravamen a los movimientos financieros en cabeza de la persona que enajena sus
facturas o cartera al fondo de inversión colectiva o patrimonio autónomo o el
cliente de la sociedad o de la entidad. El Representante legal de la entidad
administradora o de la sociedad o de la entidad, deberá manifestar bajo la
gravedad del juramento que las cuentas de ahorros, corrientes o los patrimonios
autónomos a marcar, según sea el caso, serán destinados única y exclusivamente
a estas operaciones en las condiciones establecidas en este numeral.”.
Texto anterior numeral 21.
Numeral modificado por la Ley 1739 de 2014, artículo 48. “La disposición de recursos para la realización de operaciones
de factoring –compra o descuento de cartera– realizadas por fondos de inversión colectiva, patrimonios
autónomos o por sociedades o por entidades cuyo objeto principal sea la
realización de este tipo de operaciones.
Inciso 2º
modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo 216. Para
efectos de esta exención, las sociedades podrán marcar como exentas del
Gravamen a los Movimientos Financieros hasta cinco (5) cuentas corrientes o de
ahorro o cuentas de patrimonios autónomos, en todo el sistema financiero
destinadas única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto sea el
recaudo, desembolso y pago del fondeo de las mismas. En caso de tratarse de
fondos de inversión colectiva o fideicomisos de inversión colectiva o
fideicomiso que administre, destinado a este tipo de operaciones.
Texto anterior inciso 2º del numeral 21 “Para efectos de esta exención, las sociedades podrán marcar como
exentas del gravamen a los movimientos financieros hasta tres (3) cuentas
corrientes o de ahorro o, cuentas de patrimonios autónomos, en todo el sistema
financiero, destinadas única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto
sea el recaudo, desembolso y pago de las mismas. En caso de tratarse de fondos
de inversión colectiva o fideicomisos de inversión, el administrador deberá
marcar una cuenta por cada fondo de inversión colectiva o fideicomiso que
administre, destinado a este tipo de operaciones.”.
El giro de
los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la operación
de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o
corriente o mediante la expedición de cheques a los que se les incluya la
restricción: “Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario”.
En el evento de levantarse dicha restricción, se causará el gravamen a los
movimientos financieros en cabeza de la persona que enajena sus facturas o
cartera al fondo de inversión colectiva o patrimonio autónomo o el cliente de
la sociedad o de la entidad. El representante legal de la entidad
administradora o de la sociedad o de la entidad, deberá manifestar bajo la
gravedad del juramento que las cuentas de ahorros, corrientes o los patrimonios
autónomos a marcar, según sea el caso, serán destinados única y exclusivamente
a estas operaciones en las condiciones establecidas en este numeral.”.
Texto anterior numeral 21. Modificado
por la Ley 1607 de 2012, artículo 132. “La
disposición de recursos para la realización de operaciones de factoring –compra
o descuento de cartera– realizadas por carteras colectivas, patrimonios
autónomos cuyo administrador sea una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia o por sociedades vigiladas
por la Superintendencia de Sociedades cuyo objeto social principal sea
este tipo de operaciones o por entidades vigiladas por la Superintendencia de
Economía Solidaria. (Las expresiones resaltadas en sepia fueron
declaradas inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-766
de 2013.).
Para efectos de esta exención, las sociedades vigiladas por
la Superintendencia de Sociedades y las entidades vigiladas
por la Superintendencia de Economía Solidaria deberán marcar como
exenta del gravamen a los movimientos financieros una cuenta corriente o de ahorros
o una cuenta de un único patrimonio autónomo destinada única y exclusivamente a
estas operaciones y cuyo objeto sea el recaudo, desembolso y pago de las
mismas. En caso de tratarse de carteras colectivas o fideicomisos de inversión,
el administrador vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia deberá marcar una cuenta por cada cartera o fideicomiso que
administre destinado a este tipo de operaciones. (Las expresiones
resaltadas en sepia fueron declaradas inexequible por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-766 de 2013.).
El giro de
los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la operación de
factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o
corriente, o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la
restricción: “para consignar en la cuenta corriente o de ahorros del primer
beneficiario”. En el evento de levantarse dicha restricción, se causará el
gravamen a los movimientos financieros en cabeza de la persona que enajena sus
facturas o cartera a la cartera colectiva o patrimonio autónomo, cuyo
administrador es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, o el cliente de la sociedad vigilada por la
Superintendencia de Sociedades o de la entidad vigilada por la
Superintendencia de Economía Solidaria. El representante legal de la
entidad administradora vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia o de la sociedad vigilada por la Superintendencia de
Sociedades o de la entidad vigilada por la Superintendencia de
Economía Solidaria, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que
la cuenta de ahorros, corriente o del patrimonio autónomo a marcar según el
caso, será destinada única y exclusivamente a estas operaciones en las
condiciones establecidas en este numeral.”. (Las expresiones resaltadas
en sepia fueron declaradas inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-766 de 2013.).
Texto original numeral 21. Adicionado por la Ley 1450
de 2011, artículo 38. “La disposición de recursos para la realización
de operaciones de factoring –compra o descuento de cartera– realizadas por
sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades cuyo
objeto social principal sea este tipo de operaciones. (La expresión
resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1021 de 2012.).
Para efectos de esta exención, estas sociedades deberán marcar como
exenta del GMF una cuenta corriente o de ahorros o una cuenta de un único
patrimonio autónomo destinada única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo
objeto sea el recaudo, desembolso y pago de las mismas.
El giro de los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario
de la operación de factoring o descuento de cartera mediante abono a cuenta de
ahorro o corriente o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la
restricción: “para consignar en la cuenta corriente o de ahorros del primer
beneficiario”, en el evento de levantarse esta restricción, se generará el
gravamen en cabeza del cliente de la sociedad vigilada. El representante legal,
deberá manifestar ante la entidad vigilada bajo la gravedad del juramento, que
la cuenta de ahorros, corriente o del patrimonio autónomo a marcar según el
caso, será destinada única y exclusivamente a estas operaciones en las
condiciones establecidas en este numeral.”.
22. Adicionado
por la Ley 1537 de 2012,
art 39. Las transacciones que se efectúen con los recursos del subsidio
familiar de vivienda asignado por el Gobierno Nacional o las Cajas de
Compensación Familiar, independientemente del mecanismo financiero de
recepción, así como las transacciones que de estos mecanismos se realicen a los
oferentes, y las transacciones que se realicen en el marco del esquema
fiduciario previsto para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés
Social prioritario
23. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los retiros
efectuados de las cuentas corrientes o de ahorros, o de los depósitos
electrónicos constituidos en entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia o de Economía Solidaria según sea el caso, que
correspondan a los subsidios otorgados a los beneficiarios de la Red Unidos.
24. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los retiros
efectuados de las cuentas corrientes o de ahorros abiertas en entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía
Solidaria según sea el caso, que correspondan a desembolsos de créditos
educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex.
25. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los retiros o
disposición de recursos de los depósitos electrónicos de que tratan los artículos
2.1.15.1.1 y siguientes del Decreto
número 2555 de 2010,
con sujeción a los términos y límites allí previstos.
26. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los
desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante
expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen las
sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos; siempre y
cuando el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un
tercero sólo será exento si el deudor destina el crédito a adquisición de
vivienda, vehículos, activos fijos o seguros. En caso de levantarse la
restricción del cheque, se generará este gravamen en cabeza del deudor.
Para
efectos de esta exención, la Superintendencia de Sociedades certificará
previamente que la sociedad mercantil tiene como objeto exclusivo la
originación de créditos.
Para
efectos de esta exención, estas sociedades deberán marcar como exenta del GMF,
ante la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, una cuenta
corriente o de ahorros destinada única y exclusivamente a estas operaciones. El
representante legal de la sociedad que otorga el préstamo, deberá manifestar
ante la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, bajo la gravedad
del juramento, que la cuenta de ahorros o corriente a marcar según el caso,
será destinada única y exclusivamente a estas operaciones en las condiciones
establecidas en este numeral.
27. Adicionado por
la Ley
1607 de 2012, art 132. Los retiros
efectuados de cuenta de ahorro electrónica o cuentas de ahorro de trámite
simplificado administradas por entidades financieras o cooperativas de ahorro
y crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o de
Economía solidaría según sea el caso. Para el caso de estos productos no aplica
la restricción impuesta en el inciso 2° del numeral 1 del presente artículo.
28. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 46. Los depósitos a la vista que constituyan las sociedades
especializadas en depósitos electrónicos de que trata el artículo 1° de la Ley 1735 de 2014 en otras entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
La disposición de recursos desde
estos depósitos para el pago a terceros por conceptos tales como nómina, servicios,
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se
encuentran sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros.
Para efectos de esta exención, las
sociedades especializadas en depósitos electrónicos de que trata el artículo 1°
de la Ley 1735 de 2014 deberán marcar como exenta del
Gravamen a los Movimientos Financieros máximo una cuenta corriente o de ahorros
por entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia destinada
única y exclusivamente a la gestión de los recursos que están autorizadas a
captar.
29. Adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 217. Las operaciones de compra de divisas que tengan como
único propósito la repatriación de inversiones de portafolio.
30. Numeral adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 100. La afectación de las cuentas de
depósito en el Banco de la República que se origine en el retiro de efectivo en
el Banco de la República.
Texto original
numeral 30. Numeral adicionado por la Ley 1943 de 2018, artículo
88. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de
2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los
artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de inexequibilidad
prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte
(2020).). “La afectación
de las cuentas de depósito en el Banco de la República que se origine en el
retiro de efectivo en el Banco de la República.”.
31. Numeral
adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 99. Los traslados y retiros totales o
parciales del auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías que se
realicen mediante abono en cuenta de ahorro, efectivo y/o cheque de gerencia
estarán exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros.
Parágrafo: El gravamen a los movimientos financieros que se genere por
el giro de recursos exentos de impuestos de conformidad con los tratados,
acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país, será objeto de
devolución en los términos que indique el reglamento.
Parágrafo. En el caso de las cuentas o productos establecidos en
los numerales 25 y 27 de este artículo, el beneficio de la exención aplicará
únicamente en el caso de que pertenezca a un único y mismo titular que sea una
persona natural, en retiros hasta por sesenta y cinto (65) Unidades de Valor
Tributario (UVT) por mes. En un mismo establecimiento de crédito o cooperativa
con actividad financiera o cooperativa de ahorro y crédito, el titular solo
podrá tener una sola cuenta que goce de la exención establecida en los
numerales 25 y 27 de este artículo.
Parágrafo.
El gravamen a los movimientos financieros que se genere por el giro de recursos
exentos de impuestos de conformidad con los tratados, acuerdos y convenios
internacionales suscritos por el país, será objeto de devolución en los
términos que indique el reglamento.
Parágrafo 2.
Adicionado
por la Ley 788 de 2002,
artículo 48. Para efectos de control de las exenciones consagradas en el presente
artículo las entidades respectivas deberán identificar las cuentas en las
cuales se manejen de manera exclusiva dichas operaciones, conforme lo disponga
el reglamento que se expida para el efecto. En ningún caso procede la exención
de las operaciones señaladas en el presente artículo cuando se incumpla con la
obligación de identificar las respectivas cuentas, o cuando aparezca más de una
cuenta identificada para el mismo cliente.
Parágrafo 3°.
Adicionado
por la Ley 1111 de 2006,
art 42. Los contribuyentes beneficiarios de los contratos de estabilidad
tributaria que regulaba el artículo 240-1 de este Estatuto, están excluidos del
Gravamen a los Movimientos Financieros durante la vigencia del contrato, por
las operaciones propias como sujeto pasivo del tributo, para lo cual el
representante legal deberá identificar las cuentas corrientes o de ahorros en
las cuales maneje los recursos de manera exclusiva.
Cuando
el contribuyente beneficiario del contrato de estabilidad tributaria sea agente
retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros, deberá cumplir con todas
las obligaciones legales derivadas de esta condición, por las operaciones que
realicen los usuarios o cuando, en desarrollo de sus actividades deba
realizar transacciones en las cuales el resultado sea la extinción de
obligaciones de su cliente. (Declarado exequible por la Sentencia
C-949 de 2007, el aparte subrayado en éste númeral)
Ver Circular 75 de
2008 de la DIAN y Ley
964 de 2005
Ver Ley 546
de 1999, art
56, la cual adicionó al presente Estatuto el siguiente artículo: “Las
nuevas operaciones destinadas a la financiación de vivienda de interés social
subsidiables, no generarán rentas gravables por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Parágrafo 4°. Adicionado por la Ley 1739 de 2014, art 47.
En el caso de
las cuentas o productos establecidos en los numerales 25 y 27 de este artículo,
el beneficio de la exención aplicará únicamente en el caso de que pertenezca a
un único y mismo titular que sea una persona natural, en retiros hasta por
sesenta y cinco (65) Unidades de Valor Tributario (UVT) por mes. En un mismo
establecimiento de crédito, entidad financiera o cooperativa con actividad
financiera o cooperativa de ahorro y crédito, el titular solo podrá tener una
sola cuenta que goce de la exención establecida en los numerales 25 y 27 de
este artículo. Hacer uso del beneficio establecido en el numeral 1 del presente
artículo eligiendo un depósito electrónico, no excluye la aplicación del
beneficio contemplado en este parágrafo respecto de las exenciones de los
numerales 25 y 27 de este artículo.
Artículo 880.
Declarado
exequible por la Sentencia C-1295
de 2001. AGENTES DE RETENCIÓN DEL
GMF EN OPERACIONES DE CUENTA DE DEPÓSITO. En armonía con lo dispuesto en el artículo
876 del presente Estatuto, cuando se utilicen las cuentas de depósito en el
Banco de la República para operaciones distintas a las previstas en el artículo
879 del Estatuto Tributario, el Banco de la República actuará como agente
retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros que corresponda pagar por
dicha transacción a la entidad usuaria de la respectiva cuenta.
Artículo 881.
Desarrollado por
el Decreto
1744 de 2013. Reglamentado parcialmente por el Decreto 752 de 2002.
DEVOLUCIÓN DEL GMF. Las sociedades titularizadoras, los establecimientos de
crédito que administren cartera hipotecaria movilizada, y las sociedades
fiduciarias, tendrán derecho a obtener la devolución del gravamen a los
movimientos financieros que se cause por la transferencia de los flujos en los
procesos de movilización de cartera hipotecaria para vivienda por parte de
dichas entidades, a que se refiere la Ley 546 de 1999,
en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional.
Inciso derogado por la Ley 788 de 2002, artículo
118. Igualmente, tendrán derecho a la devolución establecida
en el presente artículo las operaciones del Fondo de Estabilización de la Cartera
Hipotecaria, cuya creación se autorizó por el artículo 48 de la Ley 546 de
1999, en especial las relativas al pago o aporte que deban realizar las partes
en virtud de los contratos de cobertura, así como las inversiones del fondo. Ver Ley 633 de 2000, artículos 2, 3 y 4
Parágrafo.
Adicionado por la Ley
1607 de 2012, art 133. Lo dispuesto en este artículo también será
aplicable a las entidades autorizadas para realizar titularizaciones de activos
no hipotecarios a que se refiere el artículo 72 de la Ley
1328 de 2009 en los procesos de
titularización allí previstos en los términos y condiciones que determine el
Gobierno Nacional.
LIBRO SÉPTIMO
Libro séptimo adicionado por la Ley 1819 de 2016, art 139.
TÍTULO I
RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS
DEL EXTERIOR
Artículo 882. Entidades
controladas del Exterior sin residencia Fiscal en Colombia (ECE). Para efectos de lo previsto en este Título, son
entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE),
aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos siguientes:
1. La ECE es
controlada por uno o más residentes fiscales colombianos en los términos de
cualquiera de las siguientes disposiciones:
a) Se trata de
una subordinada en los términos de los numerales i., ii., iv., y v del literal
b) del numeral 1 del artículo 260-1 de este Estatuto, o
b) Se trata de
un vinculado económico del exterior en los términos de cualquiera de los
literales del Numeral 5 del artículo 260-1 de este estatuto.
2. La ECE no
tiene residencia fiscal en Colombia.
Parágrafo 1°. Las ECE comprenden vehículos de inversión tales como
sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de
inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés
privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en el exterior, ya sea
que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella, o que sean transparentes
para efectos fiscales o no.
Parágrafo 2°. Se presume que los residentes fiscales tienen control
sobre las ECE que se encuentren domiciliadas, constituidas o en operación en
una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o a entidades
sometidas a un régimen tributario preferencial en los términos del artículo
260-7 del Estatuto Tributario,
independientemente de su participación en ellas.
Parágrafo 3°. Para efectos de determinar la existencia o no de
control en los términos del numeral 1 del artículo 260-1 del Estatuto Tributario, la tenencia de opciones de compra sobre acciones o
participaciones en el capital de la ECE, se asimila a la tenencia de las
acciones o participaciones directamente.
Artículo 883. Sujetos del régimen de entidades controladas del exterior sin
residencia fiscal en Colombia (ECE). Cuando se determine que la ECE es controlada por
residentes colombianos de acuerdo con el artículo 882 anterior, estarán
obligados a cumplir con las disposiciones de este título, todos aquellos
residentes fiscales colombianos que tengan, directa o indirectamente, una
participación igual o superior al 10% en el capital de la ECE o en los
resultados de la misma.
Artículo 884. Ingresos pasivos. Para
efectos de lo dispuesto en este Título, son ingresos pasivos obtenidos por una
ECE, los siguientes:
1. Dividendos,
retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o realización de
utilidades provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de
inversión, salvo que:
a) Las
utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a rentas activas
de la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes, siempre y
cuando:
i) Dichas
utilidades tengan su origen principalmente en actividades económicas reales
llevadas a cabo por la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos
permanentes en la jurisdicción en la que se encuentre ubicada o tenga su
residencia fiscal, según el caso, la ECE, sus filiales, subordinadas o
establecimientos permanentes; y
ii) En el caso
de las filiales, subordinadas o establecimientos permanentes de la ECE, estas,
a su vez, sean controladas indirectamente por uno o más residentes fiscales
colombianos.
Para efectos de
este literal, la referencia a utilidades con origen principalmente en
actividades económicas reales significa que dichas utilidades se deriven en un
porcentaje igual o superior a un 80% de ingresos que no sean considerados como
rentas pasivas.
b) De haberse
distribuido directamente a los residentes fiscales colombianos, los dividendos,
retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de
utilidades habrían estado exentos de tributación en Colombia en virtud de un
convenio para evitar la doble imposición.
2. Intereses o
rendimientos financieros. No se consideran rentas pasivas los intereses o
rendimientos financieros obtenidos por una ECE que sea controlada por una
sociedad nacional sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia; o
a) Sea una
institución financiera del exterior, y
b) No esté
domiciliada, localizada o constituida en una jurisdicción calificada como una
jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, que no intercambie
efectivamente de manera automática, información con Colombia de acuerdo con los
estándares internacionales.
3. Ingresos
derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos intangibles,
tales como marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual e
industrial y otras similares.
4. Ingresos
provenientes de la enajenación o cesión de derechos sobre activos que generen
rentas pasivas.
5. Ingresos
provenientes de la enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles.
6. Ingresos
provenientes de la compra o venta de bienes corporales que cumplan la totalidad
de las siguientes condiciones:
i) sean
adquiridos o enajenados de, para, o en nombre de, una persona relacionada;
ii) sean
producidos, manufacturados, construidos, cultivados o extraídos en una
jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE; y
iii) su uso,
consumo o disposición se realice en una jurisdicción distinta a la de
residencia o ubicación de la ECE.
7. Ingresos
provenientes de la prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica,
administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados,
industriales y comerciales, para o en nombre de partes relacionadas en una
jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE.
Artículo 885. Modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 67. Presunciones de pleno derecho. Se presume de pleno derecho que:
1. Cuando los ingresos
pasivos de la ECE representan un 80% o más de los ingresos totales de la ECE,
que la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a
rentas pasivas.
2. Cuando los ingresos
activos o de actividades económicas reales de la ECE representan un 80% o más
de los ingresos totales de la ECE, que la totalidad de los ingresos, costos y
deducciones de la ECE darán origen a rentas activas.
Texto anterior artículo 885. Modificado
por la Ley 1943 de 2018, artículo 59. (La Corte Constitucional en
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de los artículos de
esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la declaratoria de
inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de
dos mil veinte (2020).). “Presunciones de pleno
derecho. Se presume de pleno derecho que:
1. Cuando
los ingresos pasivos de la ECE representan un 80% o más de los ingresos totales
de la ECE, que la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE
darán origen a rentas pasivas.
2. Cuando
los ingresos activos o de actividades económicas reales de la ECE representan
un 80% o más de los ingresos totales de la ECE, que la totalidad de los
ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a rentas activas.”.
Texto original artículo 885 “Presunción
de pleno derecho. Se presume de pleno derecho que cuando los ingresos
pasivos de la ECE representan un 80% o más de los ingresos totales de la ECE,
que la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a
rentas pasivas.”.
Artículo 886. Realización de los ingresos. Los ingresos pasivos obtenidos por una ECE, se
entienden realizados en cabeza de los residentes fiscales colombianos
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que, directa o
indirectamente, controlen la ECE, en el año o período gravable en que la ECE
las realizó, en proporción a su participación en el capital de la ECE o en los
resultados de esta última, según sea el caso, de acuerdo con los artículos 27,
28, 29 de este Estatuto.
Artículo 887. Realización de los costos. Los costos asociados a los ingresos pasivos obtenidos
por una ECE, se entienden realizados en cabeza de los residentes fiscales
colombianos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que,
directa o indirectamente, controlen la ECE, en el año o período gravable en que
la ECE las realizó, en proporción a su participación en el capital de la ECE o
en los resultados de esta última, según sea el caso, de acuerdo con los
artículos 58 y 59 de este Estatuto.
Artículo 888. Realización de las deducciones. Las expensas en las que incurra la ECE para la
obtención de los ingresos pasivos serán deducibles al momento de determinar las
rentas pasivas siempre que cumplan con los requisitos previstos en este
estatuto para su procedencia. Las deducciones que solicite una ECE, se
entienden realizadas en cabeza de los residentes fiscales colombianos
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que, directa o
indirectamente, controlen la ECE, en el año o período gravable en que la ECE
las realizó, en proporción a su participación en el capital de la ECE o en los
resultados de esta última, según sea el caso, de acuerdo con los artículos 104,
105 y 106 de este Estatuto.
Artículo 889. Determinación de las rentas pasivas. Las rentas pasivas atribuibles a los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios son aquellas que resulten de
sumar la totalidad de los ingresos pasivos realizados por la ECE en el año o
período gravable, y restar los costos y las deducciones asociados a esos
ingresos pasivos, de acuerdo con las reglas de los artículos anteriores.
Artículo 890. Renta líquida gravable. Las rentas pasivas, cuyo valor sea igual o mayor a cero (0), deberán ser
incluidas en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios de
acuerdo con la participación que tengan en la ECE o en los resultados de la
misma, los sujetos obligados a este régimen de acuerdo con el artículo 883.
Artículo 891. Pérdidas asociadas a las rentas pasivas. Las rentas pasivas, cuyo valor sea inferior a cero
(0), no se someten a las reglas previstas en el artículo 147 de este estatuto
para las pérdidas fiscales.
Artículo 892. Descuento por impuestos pagados en el exterior por la ECE. Los residentes fiscales que ejerzan control sobre una
ECE y, en consecuencia, se vean en la obligación de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 890 de este Estatuto, tendrán derecho a los descuentos de que trata
el artículo 254 de este Estatuto en la proporción de su participación en la
ECE.
Artículo 893. Tratamiento de la distribución de beneficios por parte de la ECE cuyo
origen corresponde a rentas sometidas al régimen ECE. Los dividendos y beneficios distribuidos o repartidos
por la ECE, así como los remanentes distribuidos al momento de la liquidación
de la ECE, originados en utilidades que estuvieron sometidas a tributación de
acuerdo con las reglas de este Título, serán considerados como ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional al momento de su realización para
efectos fiscales por parte del sujeto obligado al régimen de ECE de conformidad
con el artículo 883 en la proporción a que a ellas tuvieran derecho.
Las rentas o
ganancias ocasionales provenientes de la enajenación de las acciones o
participaciones en la ECE que correspondan a utilidades que estuvieron
sometidas a tributación de conformidad con lo previsto en este Título, se
consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional al momento
de su realización para efectos fiscales por parte del sujeto obligado al
régimen de ECE de conformidad con el artículo 883 en la proporción a que a
ellas tuvieran derecho.
La condición de
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de estos dividendos se
somete a lo previsto en el literal b. del numeral 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario.
Artículo 882. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. SUBDIRECCIÓN DE RECAUDO. Son funciones de la Subdirección
de Recaudo:
a) Velar por el debido
recaudo y cobro de los impuestos de competencia de la Dirección General de
Impuestos Nacionales;
b) Elaborar el programa anual
de recaudo y cobranzas;
c) Ejercer el control e
imponer las sanciones, cuando fuere del caso, a las entidades autorizadas para
recaudar y cobrar los tributos de competencia de la Dirección General de
Impuestos Nacionales;
d) Impartir las instrucciones
específicas en materia de recaudo, de procedimientos contables, de
reconocimientos, de informes y de la rendición de la cuenta mensual a la
Contraloría General de la República, de conformidad con las normas fiscales
vigentes;
e) Programar y evaluar la
gestión de las Unidades de Recaudo y Cobranzas, Devoluciones, y Contabilidad y
Cuentas Corrientes, de las Administraciones de Impuestos Nacionales, y
asesorarlas en el cumplimiento de sus funciones:
f) Absolver las consultas que
en relación con la ejecución de los programas establecidos, formulen las
unidades correspondientes de las Administraciones de Impuestos Nacionales.
Artículo 883. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISION DE CONTABILIDAD. Son funciones de la División de
Contabilidad:
a) Elaborar los programas,
manuales, reglamentos e instrucciones que en materia contable deban desarrollar
las unidades correspondientes de las Administraciones de Impuestos Nacionales;
b) Centralizar las cuentas de
los balances mensuales y conciliar el balance anual de los movimientos
contables de las Administraciones de Impuestos Nacionales y presentar los
respectivos informes de recaudo y contabilización;
c) Elaborar los
procedimientos sobre contabilización y control de los recaudos, efectuados por
las entidades autorizadas para tal fin.
Artículo 884. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISION DE COBRANZAS Y RECAUDO. Son funciones de la
División de Cobranzas y Recaudo:
a) Elaborar y orientar los
programas, manuales, reglamentos e instrucciones que en materia de cobranzas
deban ejecutar las Administraciones y Recaudaciones de Impuestos Nacionales;
b) Elaborar los manuales de
procedimientos y establecer las guías de supervisión para el control de los
programas adoptados;
c) Controlar el cumplimiento
de los programas, manuales, reglamentos e instrucciones en las unidades de
cobranzas de las Administraciones de Impuestos Nacionales e impartir
instrucciones para corregir las irregularidades que se presenten;
d) Vigilar el trámite de los
procesos que adelanten las Unidades de Cobranzas de las Administraciones de
Impuestos Nacionales y asesorarlas en el cumplimento de sus funciones;
e) Determinar y preparar la
información que requiera de procesamiento automático y controlar los
procedimientos tendientes a corregir los errores e inconsistencias que se
registren;
f) Realizar estudios sobre cartera
morosa no recuperada, sobre el comportamiento del recaudo obtenido por
recuperación de cartera morosa, efectuar proyecciones por Administración de
Impuestos Nacionales y elaborar los cuadros estadísticos necesarios;
g) Programar y controlar la
ejecución de la partida "Defensa de Hacienda Pública", en desarrollo
de los planes de recuperación de cartera por cobrar;
h) Absolver las consultas en
relación con la ejecución de los programas establecidos que formulen las Secciones
de Cobranzas de las Administraciones de Impuestos Nacionales;
i) Asesorar y supervisar de
acuerdo con las órdenes impartidas por el Subdirector de Recaudo, en casos
individuales a los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva;
j) Controlar el Inventario de
los Procesos que adelantan las Unidades de Cobranzas de las Administraciones de
Impuestos Nacionales;
k) Orientar y controlar las
labores de Cobranzas ejercidas por entidades diferentes de la Dirección General
de Impuestos Nacionales;
l) Elaborar, orientar y
controlar los programas, manuales, reglamentos e instrucciones de Retención en
la Fuente.
Artículo 885. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE CONTROL DE ENTIDADES RECAUDADORAS. Son
funciones de la División de Control de Entidades Recaudadoras:
a) Ejercer el control de las
obligaciones que tienen las entidades autorizadas para recaudar y orientarlas
en el desarrollo de su actividad recaudadora;
b) Controlar los errores e
inconsistencias que cometan las entidades autorizadas para recaudar, a fin de
tomar las medidas del caso para su corrección;
c) Controlar el sistema de
cuenta corriente de los contribuyentes, impartiendo las instrucciones
necesarias para su debida actualización y conservación.
Artículo 886. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN. Son funciones de la
Subdirección de Fiscalización:
a) Presentar el plan general
de fiscalización de acuerdo con la política establecida por la Dirección
General;
b) Establecer los programas
de control y determinación de los impuestos que administra la Dirección General
de Impuestos Nacionales;
c) Dirigir y evaluar los
programas de fiscalización realizados por las Administraciones de Impuestos
Nacionales;
d) Coordinar con la
Subdirección de Informática el procesamiento de la información requerida para
la ejecución del plan de fiscalización;
e) Absolver consultas
relacionadas con los programas establecidos y con el área de su competencia,
provenientes de la Administraciones de Impuestos;
f) Adelantar en casos
especiales, a través de los funcionarios de la Subdirección, visitas de investigación
y control de los impuestos, a contribuyentes, responsables, agentes de
retención o declarantes, de acuerdo con las autorizaciones del Subdirector de
Fiscalización y remitir las investigaciones a las administraciones
correspondientes para que se profieran las actuaciones del caso.
Artículo 887. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA. Son funciones de la
División de Investigación Tributaria:
a) Adelantar los estudios e
investigaciones sobre el comportamiento de los distintos sectores de
contribuyentes;
b) Elaborar manuales de
procedimientos y técnicas de investigación tributaria;
c) Proponer programas de
fiscalización de acuerdo con los estudios adelantados.
Artículo 888. DIVISIÓN DE SELECCIÓN DE CASOS Y
CRUCES DE INFORMACIÓN. Son funciones de la División de Selección de Casos y
Cruces de Información:
a) Diseñar sistemas
automáticos de selección de contribuyentes para fiscalización de acuerdo con
índices de tributación;
b) Analizar la información
sistematizada de las declaraciones y enviada por los contribuyentes, y diseñar
sistemas de cruce de información para los programas de fiscalización;
c) Señalar las
especificaciones y necesidades del procesamiento de la información requerida
para la ejecución del plan de fiscalización.
Artículo 889. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. Son funciones de la
División de Programación y Control:
a) Preparar el plan general
de fiscalización y diseñar los programas respectivos;
b) Llevar el control y hacer
la evaluación de los programas de fiscalización adelantados por las
Administraciones de Impuestos Nacionales;
c) Adelantar visitas de
supervisión a las Administraciones de Impuestos, sobre el desarrollo de los
programas de fiscalización.
Artículo 890. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. SUBDIRECCION JURÍDICA. Son funciones de la Subdirección
Jurídica:
a) Determinar y mantener la
unidad doctrinal en la interpretación y aplicación de las normas tributarias,
en el proceso de determinación, recaudo y discusión administrativa de los
impuestos de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales;
b) Compilar las normas
jurídicas tributarias y la doctrina contenciosa administrativa;
c) Conforme a los artículos
que asignan competencias a sus divisiones, resolver los recursos de competencia
de la Dirección General;
d) Programar, orientar y
controlar las labores que deben desarrollar las Divisiones de Recursos
Tributarios de las Administraciones de Impuestos;
e) Absolver las consultas
escritas que formulen los funcionarios, los contribuyentes y los gremios,
relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas tributarias;
f) Hacerse parte en los
procesos contencioso administrativos relativos a impuestos.
Artículo 891. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE DOCTRINA TRIBUTARIA. Son funciones de la
División de Doctrina Tributaria:
a) Velar por la unidad
doctrinal en lo relacionado con la aplicación de las normas tributarias y su
interpretación administrativa;
b) Absolver las consultas
escritas tanto de funcionarios como de particulares sobre la interpretación y
aplicación general de las normas tributarias;
c) Compilar las disposiciones,
conceptos y jurisprudencia, relacionados con los impuestos que administra la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
Artículo 892. Derogado por el Decreto 1643
de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE REPRESENTACIÓN EXTERNA. Son funciones de la
División de Representación Externa:
a) Hacerse parte en los
procesos que en materia tributaria se promuevan ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y asesorar a las administraciones en sus actuaciones
ante esta jurisdicción;
b) Informarse sobre las
demandas de inexequibilidad de normas tributarias ante la Corte Suprema de
Justicia y seguir el curso de dichos procesos.
Artículo
893.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. Son funciones de la
División de Programación y Control:
a) Establecer los
procedimientos e instrucciones de trabajo de las divisiones de recursos
tributarios de las Administraciones de Impuestos y absolver las consultas que
presenten las mismas.
Artículo
894.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Son funciones de la Subdirección
de Informática:
a) Asesorar a las demás
subdirecciones en la elaboración y estandarización de los manuales de
funcionamiento, guías de supervisión y formas de su uso de la Dirección;
b) Diseñar, aprobar y llevar
el control de los formularios que utilice la Dirección General;
c) Establecer normas
técnicas sobre los sistemas de archivo y disposición de documentos;
d) Coordinar la labor de
procesamiento de datos de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
elaborar o aprobar los programas de computador y emitir su concepto sobre la
conveniencia y especificaciones técnicas de los equipos de cómputo al adquirir
o arrendar. Este concepto será requisito indispensable y suficiente para la
compra o arrendamiento de equipos y programas de computador con destino a la
Dirección de Impuestos y reemplaza el de la Comisión Nacional de Sistemas;
e) Establecer normas e
instrucciones para el procesamiento y control de la información en las unidades
de control de gestión y sistemas de las administraciones.
Artículo
895.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. Son funciones de la
División de Evaluación y Procedimientos:
a) Diseñar y elaborar
manuales e instrucciones y establecer normas técnicas referentes al manejo y
control de archivos y a los flujos de documentos de la Dirección de Impuestos;
b) Diseñar los formularios
de declaración y demás formas de la Dirección de Impuestos;
c) Evaluar los resultados de
las unidades de documentación de las administraciones.
Artículo
896.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN. Son funciones de la
División de Análisis y Programación:
a) Realizar estudios de
factibilidad para las nuevas aplicaciones del servicio de procesamiento
automático de información en las dependencias de la Dirección General;
b) Analizar, diseñar y
desarrollar sistemas de computación para procesamiento, manejo, consulta y
control de la información de la dirección general;
c) Elaborar manuales del
usuario y del sistema para las aplicaciones sistematizadas.
Artículo
897.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN TÉCNICA. Son funciones de la División Técnica:
a) Definir y controlar las
normas y estándares relacionados con los programas y archivos computarizados;
b) Investigar, mantener,
optimizar y resolver los problemas de utilización de las herramientas de
"software" de la dirección general;
c) Plantear alternativas
sistémicas de "software" y "hardware" a las utilizadas por
la dirección a fin de poder evolucionar tecnológicamente acorde con los cambios
estructurales y de procedimientos de la dirección general.
Artículo
898.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN. Son funciones de la División de
Producción:
a) Coordinar y controlar la
prestación del servicio de procesamiento automático de información de la
Dirección General;
b) Mantener control sobre
los programas fuente y medios de almacenamiento de la información;
c) Realizar las actividades
relacionadas con el envío y recepción de información, listados y resultados de
los procesos computarizados;
d) Administrar los centros
de cómputo de información relativa a los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
Artículo
899.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. Son funciones de la
Subdirección de Administración:
a) Elaborar el proyecto de
presupuesto de la Dirección General de Impuestos Nacionales, supervisar la
ejecución y proyectar las modificaciones que se requieran;
b) Ejecutar las partidas
asignadas en el fondo de divulgación tributaria, en los términos de delegación
del Director General de Impuestos;
c) Adelantar los trámites
pertinentes en materia de contratación administrativa, que garanticen el normal
funcionamiento de la Dirección General de Impuestos Nacionales;
d) Elaborar los proyectos de
actos administrativos relacionados con la administración de personal, de la
Dirección General de Impuestos;
e) Coordinar con la
Subdirección Escuela de Impuestos, la política de promoción y capacitación de
los funcionarios;
f) Elaborar los manuales de
funciones de la Dirección General, e impartir instrucciones sobre la
elaboración de los mismos a nivel regional;
g) Coordinar las labores de
investigación sobre la conducta de los funcionarios de la Dirección General.
Artículo
900.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Son funciones de la División de
Recursos Humanos:
a) Organizar en coordinación
con la Subdirección Escuela de Impuestos la preparación de pruebas para los
concursos necesarios para el ingreso y promoción de funcionarios;
b) Analizar las
calificaciones de servicios de los funcionarios y efectuar los trámites ante el
Departamento Administrativo del Servicio Civil;
c) Coordinar con la
Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda, la elaboración de los
actos administrativos relacionados con la remuneración de los funcionarios de
la Dirección General;
d) Presentar e implementar
el programa de bienestar social, para los funcionarios de la Dirección General;
e) Presentar los proyectos
de manuales de funciones para la Dirección General de Impuestos Nacionales;
f) Llevar el registro de las
novedades de personal de los funcionarios de la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
Artículo
901.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN DE INSPECCIÓN. Son funciones de la División de
Inspección:
a) Vigilar la conducta de
los funcionarios y adoptar las medidas necesarias para la prevención de
irregularidades en materia disciplinaria;
b) Investigar las
irregularidades en la conducta de los funcionarios de la Dirección General;
c) Atender las demandas
instauradas contra el Ministerio de Hacienda en relación con actos
administrativos de personal, de la Dirección General de Impuestos en los
términos de delegación del Ministro de Hacienda;
d) El Jefe de la División
podrá con base en las investigaciones adelantadas, imponer sanciones de
suspensión hasta por 10 días y multa hasta por la quinta parte del sueldo
mensual.
Artículo
902.
Derogado
por el Decreto 1643 de 1991, Art 110. DIVISIÓN FINANCIERA. Son funciones de la División Financiera:
a) Elaborar el anteproyecto
de presupuesto de la Dirección General de Impuestos Nacionales;
b) Realizar las operaciones
presupuestales, contables, de tesorería, publicaciones y servicios generales
que le correspondan según las normas que regulan el Fondo de Divulgación
Tributaria;
c) Propender por el correcto
funcionamiento logístico de las administraciones de impuestos nacionales y del
nivel central;
d) Ejecutar el presupuesto
asignado a la Dirección General de Impuestos Nacionales.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE
COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS (CHC) EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS
OCASIONALES
Título II adicionado por la Ley 2010 de 2019, artículo 77.
Artículo 894. Compañías Holding Colombianas (CHC). Podrán acogerse al
régimen CHC las sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades
principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o
participaciones en sociedades o entidades colombianas y/o del exterior, y/o la
administración de dichas inversiones, siempre que cumplan con las siguientes
condiciones:
1.
Participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más
sociedades o entidades colombianas y/o extranjeras por un período mínimo de 12
meses.
2. Contar con los recursos
humanos y materiales para la plena realización del objeto social. Se entenderá
que se cumple con los recursos humanos y materiales necesarios para una
actividad de holding cuando la compañía cuente con al menos tres (3) empleados,
una dirección propia en Colombia y pueda demostrar que la toma de decisiones
estratégicas respecto de las inversiones y los activos de la CHC se realiza en Colombia,
para lo cual la simple formalidad de la Asamblea Anual de Accionistas, no será
suficiente.
Las entidades que deseen
acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) mediante los formatos que establezca el reglamento.
Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán a partir del año
fiscal en que se radique la comunicación en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
Parágrafo 1°. Los beneficios del régimen CHC podrán ser rechazados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en caso de incumplimiento de
los requisitos mencionados en este artículo, lo cual ocurrirá en la respectiva
vigencia fiscal en la que se produzca el incumplimiento. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 869 y siguientes del Estatuto
Tributario y las cláusulas antiabuso establecidas en los convenios de doble
imposición.
Parágrafo 2°. Las entidades públicas descentralizadas que tengan
participaciones en otras sociedades, se entenderán incluidas en el régimen CHC.
Artículo 895. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no
residentes en Colombia. Los dividendos o participaciones distribuidos por
entidades no residentes en Colombia a una CHC estarán exentos del impuesto
sobre la renta y se declararán como rentas exentas de capital.
Los dividendos que a su vez
distribuya una CHC a una persona natural residente o a una persona jurídica
residente, contribuyente del impuesto sobre la renta, estarán gravados a la tarifa
del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de conformidad con los
artículos 242 y 242-1 de este Estatuto. Los dividendos que distribuya una CHC a
una persona natural o jurídica no residente en Colombia, se entenderán rentas
de fuente extranjera de acuerdo con el literal e) del artículo 25 del Estatuto
Tributario.
La distribución de la prima
en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, tendrá el mismo
tratamiento que los dividendos ordinarios, configurándose como rentas exentas
cuando el beneficiario sea una CHC, como rentas de fuente extranjera cuando la
CHC distribuya a una persona natural o jurídica no residente en Colombia y como
renta gravable cuando la CHC distribuya a una persona natural o jurídica
residente en Colombia.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando
el perceptor de las rentas distribuidas por la CHC tenga su domicilio o sea
residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de un
régimen tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus
normas reglamentarias o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.
Artículo 896. Ganancias ocasionales exentas. Las rentas derivadas de
la venta o transmisión de la participación de una CHC en entidades no
residentes en Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y deberán
declararse como ganancias ocasionales exentas.
Las
rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones en
una CHC estarán exentas excepto por el valor correspondiente a las utilidades
obtenidas por actividades realizadas en Colombia. En el caso de socios o
accionistas no residentes, las rentas de la venta o transmisión de las acciones
o participaciones en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente
extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades
realizadas o los activos poseídos por entidades no residentes, según lo
dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el
perceptor de las rentas derivadas de la venta de las acciones en la CHC o
distribuidas por esta, tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción
no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen tributario
preferencial, según lo dispuesto en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario y
sus normas reglamentarias o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.
Artículo 897. Obligaciones de información y documentación. Las CHC
deberán mantener la documentación que acredite el importe de las rentas exentas
y los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a estas, así como
facilitar a sus socios o accionistas la información necesaria para que estos
puedan cumplir lo previsto en los artículos anteriores. Adicionalmente, deberán
mantener los estudios, documentos y comunicaciones, que justifiquen que la toma
de decisiones estratégicas respecto de las inversiones se verifica en Colombia.
Artículo 898. Coordinación con otros regímenes. Las CHC y sus accionistas
estarán sometidos al régimen general del impuesto sobre la renta respecto de
las actividades gravadas realizadas en el territorio nacional y en el
extranjero a través de establecimientos permanentes. Adicionalmente, se tendrán
en cuenta las siguientes interacciones para efectos de la tributación de las
CHC:
1. Las CHC se consideran
residentes fiscales colombianos para efectos de los convenios de doble
imposición suscritos por Colombia.
2. Para efectos del artículo
177-1 del Estatuto Tributario, serán deducibles en cabeza de las CHC,
únicamente los costos y gastos atribuibles a los ingresos obtenidos por
actividades gravadas realizadas en Colombia o en el extranjero a través de
establecimientos permanentes.
3. Las CHC estarán sometidas
al régimen ECE y podrán aplicar el descuento por impuestos pagados al exterior
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 892 de este Estatuto. Las rentas
reconocidas bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios del régimen CHC.
4. Las CHC se encuentran
sometidas al impuesto de industria y comercio en la medida en que realicen el
hecho generador dentro del territorio de un municipio colombiano. Los
dividendos recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y cubiertos
por el régimen CHC, no estarán sujetos al impuesto de industria y comercio.
Texto original Título II: “TÍTULO II
Título II adicionado por
la Ley 1943 de 2018, artículo 69. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de
los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).
RÉGIMEN DE
COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS (CHC) EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS
OCASIONALES
Artículo
894. Compañías Holding Colombianas (CHC). Podrán acogerse al régimen
CHC las sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades
principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o
participaciones en sociedades o entidades colombianas y/o del exterior, y/o la
administración de dichas inversiones, siempre que cumplan con las siguientes
condiciones:
1.
Participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más
sociedades o entidades colombianas y/o extranjeras por un período mínimo de 12
meses.
2. Contar
con los recursos humanos y materiales para la plena realización del objeto
social. Se entenderá que se cumple con los recursos humanos y materiales
necesarios para una actividad de holding cuando la compañía cuente con al menos
tres (3) empleados, una dirección propia en Colombia y pueda demostrar que la
toma de decisiones estratégicas respecto de las inversiones y los activos de la
CHC se realiza en Colombia, para lo cual la simple formalidad de la Asamblea
Anual de Accionistas, no será suficiente.
Las
entidades que deseen acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante los formatos que establezca
el reglamento. Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán a
partir del año fiscal en que se radique la comunicación en la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Parágrafo
1°. Los beneficios del régimen CHC podrán ser rechazados por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en caso de incumplimiento de los
requisitos mencionados en este artículo, lo cual ocurrirá en la respectiva
vigencia fiscal en la que se produzca el incumplimiento. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 869 y siguientes del Estatuto
Tributario y las cláusulas antiabuso establecidas en los convenios de doble imposición.
Parágrafo
2°. Las entidades públicas descentralizadas que tengan participaciones en
otras sociedades, se entenderán incluidas en el régimen CHC.
Artículo
895. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes
en Colombia. Los dividendos o participaciones distribuidos por entidades
no residentes en Colombia a una CHC estarán exentos del impuesto sobre la renta
y se declararán como rentas exentas de capital.
Los
dividendos que a su vez distribuya una CHC a una persona natural residente o a
una persona jurídica residente, contribuyente del impuesto sobre la renta,
estarán gravados a la tarifa del impuesto sobre la renta por concepto de
dividendos, de conformidad con los artículos 242 y 242-1 de este Estatuto. Los
dividendos que distribuya una CHC a una persona natural o jurídica no residente
en Colombia, se entenderán rentas de fuente extranjera de acuerdo con el
literal e) del artículo 25 del Estatuto Tributario.
La
distribución de la prima en colocación de acciones, que no constituye costo
fiscal, tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios,
configurándose como rentas exentas cuando el beneficiario sea una CHC, como
rentas de fuente extranjera cuando la CHC distribuya a una persona natural o
jurídica no residente en Colombia y como renta gravable cuando la CHC
distribuya a una persona natural o jurídica residente en Colombia.
Parágrafo. Lo
dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las
rentas distribuidas por la CHC tenga su domicilio o sea residente en una
jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen
tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus normas
reglamentarias o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.
Artículo
896. Ganancias ocasionales exentas. Las rentas derivadas de la venta
o transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes en
Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y deberán declararse como
ganancias ocasionales exentas.
Las rentas
derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones en una
CHC estarán exentas excepto por el valor correspondiente a las utilidades
obtenidas por actividades realizadas en Colombia. En el caso de socios o
accionistas no residentes, las rentas de la venta o transmisión de las acciones
o participaciones en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente
extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades
realizadas o los activos poseídos por entidades no residentes, según lo
dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Tributario.
Parágrafo.
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las
rentas derivadas de la venta de las acciones en la CHC o distribuidas por esta,
tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante de baja o
nula imposición y/o de un régimen tributario preferencial según lo dispuesto en
el artículo 260-7 y sus normas reglamentarias o las disposiciones que los
modifiquen o sustituyan.
Artículo
897. Obligaciones de información y documentación. Las CHC deberán
mantener la documentación que acredite el importe de las rentas exentas y los
impuestos pagados en el extranjero correspondientes a estas, así como facilitar
a sus socios o accionistas la información necesaria para que estos puedan
cumplir lo previsto en los artículos anteriores. Adicionalmente, deberán
mantener los estudios, documentos y comunicaciones, que justifiquen que la toma
de decisiones estratégicas respecto de las inversiones se verifica en Colombia.
Artículo
898. Coordinación con otros regímenes. Las CHC y sus accionistas estarán
sometidos al régimen general del impuesto sobre la renta respecto de las
actividades gravadas realizadas en el territorio nacional y en el extranjero a
través de establecimientos permanentes. Adicionalmente, se tendrán en cuenta
las siguientes interacciones para efectos de la tributación de las CHC:
l. Las CHC
se consideran residentes fiscales colombianos para efectos de los convenios de
doble imposición suscritos por Colombia.
2. Para
efectos del artículo 177-1, serán deducibles en cabeza de las CHC, únicamente
los costos y gastos atribuibles a los ingresos obtenidos por actividades
gravadas realizadas en Colombia o en el extranjero a través de establecimientos
permanentes.
3. Las CHC
estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar el descuento por impuestos
pagados al exterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 892 de este
Estatuto. Las rentas reconocidas bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios
del régimen CHC.
4. Las CHC
se encuentran sometidas al impuesto de industria y comercio en la medida en que
realicen el hecho generador dentro del territorio de un municipio colombiano.
Los dividendos recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y
cubiertos por el régimen CHC, no estarán sujetos al impuesto de industria y
comercio.”.
LIBRO OCTAVO
IMPUESTO
UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - SIMPLE PARA LA FORMALIZACIÓN
Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Libro Octavo sustituido por la Ley 2010 de 2019, artículo 74.
Nota leyex.info. Según el texto oficialmente publicado de la Ley
2010 de 2019, artículo 74, este Título no contempla un orden consecutivo de los
artículos del Estatuto, pues al terminar el Título séptimo anterior en el
artículo 898, este Título comienza inexplicablemente en el artículo 903
Artículo 903. Creación del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación - Simple. Créese a partir del 1° de enero de 2020 el impuesto
unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple, con el
fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en
general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de
los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el
presente Libro.
El impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación - Simple es un modelo de tributación opcional
de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que
sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo
y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los
contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de
industria y comercio consolidado comprende el impuesto complementario de avisos
y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los
municipios.
Este sistema también integra
los aportes del empleador a pensiones, mediante el mecanismo del crédito
tributario.
Parágrafo 1°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en
uso de sus facultades, podrá registrar en el presente régimen de manera
oficiosa a contribuyentes que no hayan declarado cualquiera de los impuestos
sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al consumo y/o el impuesto
de industria y comercio consolidado. La inscripción o registro, podrá hacerse
en el Registro Único Tributario (RUT) de manera masiva, a través de un edicto
que se publicará en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) informará a las autoridades municipales y
distritales, mediante resolución, el listado de los contribuyentes que se
acogieron al Régimen Simple de Tributación - Simple, así como aquellos que sean
inscritos de oficio.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará el intercambio de
información y los programas de control y fiscalización conjuntos entre la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades municipales
y distritales.
Parágrafo 3°. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple deberán realizar los
respectivos aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la
legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los
términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 4°. El
valor del aporte al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador que sea
contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -
Simple, se podrá tomar como un descuento tributario en los recibos electrónicos
de pago del anticipo bimestral Simple de que trata el artículo 910 de este
Estatuto. El descuento no podrá exceder el valor del anticipo bimestral a cargo
del contribuyente perteneciente a este régimen. La parte que corresponda al
impuesto de industria y comercio consolidado no podrá ser cubierta con dicho
descuento.
El exceso originado en el
descuento de que trata este parágrafo, podrá tomarse en los siguientes recibos
electrónicos del anticipo bimestral SIMPLE a aquel en que se realizó el pago
del aporte al Sistema General de Pensiones. Para la procedencia del descuento,
el contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -
Simple debe haber efectuado el pago de los aportes al Sistema General de
Pensiones antes de presentar el recibo electrónico del anticipo bimestral
Simple de que trata el artículo 910 de este Estatuto.
Artículo 904. Hecho generador y base gravable del impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación - Simple. El hecho generador del impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple es la obtención de
ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, y su base gravable
está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y
extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo gravable.
Para el caso del impuesto de
industria y comercio consolidado, el cual se integra al impuesto unificado bajo
el régimen simple de tributación – SIMPLE, se mantienen la autonomía de los
entes territoriales para la definición de los elementos del hecho generador,
base gravable, tarifa y sujetos pasivos, de conformidad con las leyes vigentes.
Parágrafo. Los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran
la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación-SIMPLE. Tampoco integran la base gravable los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
Artículo 905. Sujetos pasivos. Podrán ser sujetos pasivos del
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE las personas
naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que se trate de una
persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que
sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o
extranjeras, residentes en Colombia.
2. Que en el año gravable
anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios,
inferiores a 80.000 UVT. En el caso de las empresas o personas jurídicas
nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE estará condicionada a que los ingresos del año no superen
estos límites.
3. Si uno de los socios
persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias
sociedades, inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de
forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o
sociedades.
4. Si uno de los socios
persona natural tiene una participación superior al 10% en una o varias
sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de
forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades.
5. Si uno de los socios
persona natural es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los
límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de
las empresas o sociedades que administra.
6. La persona natural o
jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter
nacional, departamental y municipal, y con sus obligaciones de pago de
contribuciones al Sistema de Seguridad Social Integral. También debe contar con
la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario (RUT) y con todos los
mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura
electrónica.
Parágrafo. Para
efectos de la consolidación de los límites máximos de ingresos que tratan los
numerales 3, 4 y 5 de este artículo, se tendrán en cuenta únicamente los
ingresos para efectos fiscales.
Artículo 906. Sujetos
que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – simple. No podrán optar por el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE:
1. Las personas jurídicas
extranjeras o sus establecimientos permanentes.
2. Las personas naturales
sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes.
3. Las personas naturales
residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los
elementos propios de un contrato realidad laboral o relación legal y
reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) no requerirá pronunciamiento de otra autoridad
judicial o administrativa para el efecto.
4. Las sociedades cuyos
socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el
contratante, por tratarse de servicios personales, prestados con habitualidad y
subordinación.
5. Las entidades que sean
filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, de personas jurídicas nacionales
o extranjeras, o de extranjeros no residentes.
6. Las sociedades que sean
accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras
sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior.
7. Las sociedades que sean
entidades financieras.
8. Las personas naturales o
jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades:
a) Actividades de
microcrédito;
b) Actividades de gestión de
activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y/o
las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de
los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica.
c) Factoraje o factoring;
d) Servicios de asesoría
financiera y/o estructuración de créditos;
e) Generación, transmisión,
distribución o comercialización de energía eléctrica;
f) Actividad de fabricación,
importación o comercialización de automóviles;
g) Actividad de importación
de combustibles;
h) Producción o
comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y
detonantes.
9. Las personas naturales o
jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas
en el numeral 8 anterior y otra diferente.
10. Las sociedades que sean
el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio, que haya
ocurrido en los cinco (5) años anteriores al momento de la solicitud de
inscripción.
Artículo 907. Impuestos
que comprenden e integran el impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – simple. El impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE comprende e integra los siguientes impuestos:
1. Impuesto sobre la renta;
2. Impuesto nacional al
consumo, cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas;
3. Impuesto de industria y
comercio consolidado, de conformidad con las tarifas determinadas por los
consejos municipales y distritales, según las leyes vigentes. Las tarifas del
impuesto de industria y comercio consolidado se entienden integradas o
incorporadas a la tarifa SIMPLE consolidada, que constituye un mecanismo para
la facilitación del recaudo de este impuesto.
Parágrafo
Transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y
distritales deberán proferir acuerdos con el propósito de establecer las
tarifas únicas del impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables
bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Los acuerdos que profieran
los concejos municipales y distritales deben establecer una única tarifa
consolidada para cada grupo de actividades descritas en los numerales del artículo
908 de este Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio,
complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando
la autonomía de los entes territoriales y dentro de los límites dispuestos en
las leyes vigentes.
A partir el 1° de enero de
2021, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto de industria y
comercio a través del sistema del régimen simple de tributación – SIMPLE
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al régimen SIMPLE. Los municipios
o distritos que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieren integrado
la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado al Régimen Simple de
Tributación (Simple), lo recaudarán por medio de este a partir del 1° de
enero de 2020.
Artículo 908. Tarifa.
La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE
depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial, así:
1.
Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería:
Imagen
2.
Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en
los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, mini-industria y micro-industria; actividades de
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes
numerales:
Imagen
3.
Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:
Imagen
4.
Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:
Imagen
Parágrafo 1°. Cuando se
presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se adicionará la tarifa del
ocho por ciento (8%) por concepto del impuesto de consumo a la tarifa SIMPLE
consolidada.
Parágrafo 2°. En el
caso del impuesto de industria y comercio consolidado, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público desempeñará exclusivamente la función de recaudador
y tendrá la obligación de transferir bimestralmente el impuesto recaudado a las
autoridades municipales y distritales competentes, una vez se realice el
recaudo.
Parágrafo 3°. Las
autoridades municipales y distritales competentes deben informar a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a más tardar el 31 de enero de cada
año, todas las tarifas aplicables para esa vigencia a título del impuesto de
industria y comercio consolidado dentro de su jurisdicción. En caso que se
modifiquen las tarifas, las autoridades municipales y distritales competentes
deben actualizar la información respecto a las mismas dentro del mes siguiente
a su modificación.
El contribuyente debe
informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el
formulario que esta prescriba, el municipio o los municipios a los que
corresponde el ingreso declarado, la actividad gravada, y el porcentaje del
ingreso total que le corresponde a cada autoridad territorial. Esta información
será compartida con todos los municipios para que puedan adelantar su gestión
de fiscalización cuando lo consideren conveniente. (Nota: Parágrafo desarrollado por la Resolución 92 de 2019, DIAN.).
Parágrafo 4°. Los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE, están obligados a pagar de forma bimestral un anticipo a título de este
impuesto, a través de los recibos de pago electrónico del régimen SIMPLE, el
cual debe incluir la información sobre los ingresos que corresponde a cada
municipio o distrito.
La base del anticipo depende
de los ingresos brutos bimestrales y de la actividad desarrollada, así:
1.
Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías:
Imagen
2.
Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en
los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, mini-industria y micro-industria; actividades de
telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes
numerales:
Imagen
3.
Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:
Imagen
4.
Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:
En los recibos electrónicos
de pago del anticipo bimestral SIMPLE se adicionará la tarifa correspondiente
al impuesto nacional al consumo, a la tarifa del 8% por concepto de impuesto al
consumo a la tarifa SIMPLE consolidada. De igual forma, se entiende integrada
la tarifa consolidada del impuesto de industria y comercio en la tarifa SIMPLE.
Parágrafo 5°. Cuando un
mismo contribuyente del régimen simple de tributación-SIMPLE realice dos o más
actividades empresariales, este estará sometido a la tarifa simple consolidada
más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo. El formulario que
prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debe permitir
que los contribuyentes reporten los municipios donde son desarrolladas sus
actividades y los ingresos atribuidos a cada uno de ellos. Lo anterior con el
propósito que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueda transferir los
recursos recaudados por concepto de impuesto de industria y comercio
consolidado al municipio o distrito que corresponda.
Parágrafo 6°. En el año
gravable en el que el contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación – SIMPLE realice ganancias ocasionales o ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dichos ingresos no se
considerarán para efectos de los límites de ingresos establecidos en este
régimen. El impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente,
con base en las reglas generales, y se paga con la presentación de la
declaración anual consolidada.
Artículo 909. Inscripción
al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple. Los
contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación – SIMPLE deberán inscribirse en el Registro Único
Tributario (RUT) como contribuyentes del SIMPLE hasta el 31 del mes de enero
del año gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se
inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT), deberán
indicar en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este
régimen. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), consolidará
mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen
simple de tributación - SIMPLE.
Quienes se inscriban como
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta
por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la misma debe
mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable
siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último
día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mecanismos
simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario
(RUT).
Parágrafo. Quienes
inicien actividades en el año gravable, podrán inscribirse en el régimen SIMPLE
en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario (RUT).
Parágrafo Transitorio
1°. Únicamente por el año 2020, quienes cumplan los requisitos para optar
por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año. Para
subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los bimestres
anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo
electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones
o intereses.
Si en los bimestres previos
a la inscripción en el régimen simple de tributación, el contribuyente pagó el
impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y comercio y avisos y
tableros, impuesto sobre las ventas - IVA o estuvo sujeto a retenciones o auto
retenciones en la fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán
descontarse del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos
electrónicos del Simple que sean presentados en los bimestres siguientes.
Parágrafo Transitorio
2°. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan cumplido con
los requisitos para optar por el régimen SIMPLE y se hayan inscrito dentro de
los plazos establecidos para el efecto, no tendrán que volver a surtir dicho
trámite para el año 2020. Lo anterior, siempre que los contribuyentes quieran
continuar en el régimen SIMPLE durante dicha vigencia.
Parágrafo Transitorio 3°.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades municipales y distritales
tienen plazo para integrar el impuesto de industria y comercio al impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
En consecuencia, únicamente
por el año gravable 2020, los contribuyentes que realicen actividades gravadas
con el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, en municipios que
no hayan integrado este impuesto en el impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación – SIMPLE, podrán descontar el impuesto mencionado en
primer lugar en los recibos electrónicos bimestrales del SIMPLE.
Artículo
910. Declaración y pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – simple. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE deberán presentar una declaración anual
consolidada dentro de los plazos que fije el Gobierno nacional y en el
formulario simplificado señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) mediante resolución. Lo anterior sin perjuicio del pago del anticipo
bimestral a través del recibo electrónico SIMPLE, el cual se debe presentar de
forma obligatoria, con independencia de que haya saldo a pagar de anticipo, de
conformidad con los plazos que establezca el Gobierno nacional, en los términos
del artículo 908 de este Estatuto. Dicho anticipo se descontará del valor a
pagar en la declaración consolidada anual.
La declaración anual
consolidada del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE deberá transmitirse y presentarse con pago mediante los sistemas
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro
de los plazos que fije el Gobierno nacional y deberá incluir los ingresos del año
gravable reportados mediante los recibos electrónicos del SIMPLE. En caso de
que los valores pagados bimestralmente sean superiores al impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, se reconocerá un saldo a favor
compensable de forma automática con los recibos electrónicos SIMPLE de los
meses siguientes o con las declaraciones consolidadas anuales siguientes.
El contribuyente deberá
informar en la declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE la territorialidad de los ingresos obtenidos con el fin de
distribuir lo recaudado por concepto del impuesto de industria y comercio
consolidado en el municipio o los municipios en donde se efectuó el hecho
generador y los anticipos realizados a cada una de esas entidades
territoriales.
Parágrafo. El pago del
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE podrá
realizarse a través de las redes electrónicas de pago y entidades financieras,
incluidas sus redes de corresponsales, que para el efecto determine el Gobierno
nacional. Estas entidades o redes deberán transferir el componente de impuesto
sobre la renta y complementarios, impuesto nacional al consumo y el del
impuesto de industria y comercio consolidado, conforme con los porcentajes establecidos
en la tabla respectiva y conforme con la información respecto de los municipios
en los que se desarrollan las actividades económicas que se incluirán en la
declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE.
Artículo
911. Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación – simple. Los contribuyentes del
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE no estarán
sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar
retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las
correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o
servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE, el tercero receptor del pago,
contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la
renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin
perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas
–IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.
Artículo 912. Crédito o
descuento del impuesto por ingresos de tarjetas de crédito, débito y otros
mecanismos de pagos electrónicos. Los pagos o abonos en cuenta
susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación-SIMPLE, por concepto
de ventas de bienes o servicios realizadas a través de los sistemas de tarjetas
de crédito y/o débito y otros mecanismos de pagos electrónicos, generarán un
crédito o descuento del impuesto a pagar equivalente al 0.5% de los ingresos
recibidos por este medio, conforme a certificación emitida por la entidad
financiera adquirente. Este descuento no podrá exceder el impuesto a cargo del
contribuyente perteneciente al régimen simple de tributación – SIMPLE y, la
parte que corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado, no podrá
ser cubierta con dicho descuento.
Artículo 913. Exclusión
del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple por
razones de control. Cuando el contribuyente incumpla las condiciones y
requisitos previstos para pertenecer al impuesto unificado bajo el régimen simple
de tributación – SIMPLE o cuando se verifique abuso en materia tributaria, y el
incumplimiento no sea subsanable, perderá automáticamente su calificación como
contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE y deberá declararse como contribuyente del régimen ordinario, situación
que debe actualizarse en el Registro Único Tributario (RUT) y debe transmitirse
a las correspondientes autoridades municipales y distritales.
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá las facultades para notificar una liquidación
oficial simplificada del impuesto unificado bajo el régimen simple de
tributación – SIMPLE, a través de estimaciones objetivas realizadas por la
Administración Tributaria y conforme con la información obtenida de terceros y
del mecanismo de la factura electrónica. En el caso de contribuyentes omisos de
la obligación tributaria, su inscripción en el impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación – SIMPLE se verificará de forma oficiosa y
automática por parte de la Administración Tributaria.
El contribuyente podrá
desestimar y controvertir la liquidación oficial simplificada, a través de la
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta bajo el sistema
ordinario o cedular según el caso, dentro de los tres meses siguientes a su
notificación, de lo contrario quedará en firme la liquidación oficial
simplificada y prestará mérito ejecutivo.
Artículo 914. Exclusión
del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple por
incumplimiento. Cuando el contribuyente incumpla los pagos
correspondientes al total del periodo del impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación – SIMPLE, será excluido del Régimen y no podrá optar por
este en el año gravable siguiente al del año gravable de la omisión o retardo
en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración o en el
pago del recibo SIMPLE sea mayor a un (1) mes calendario.
Artículo 915. Régimen de IVA y de impuesto al consumo. Los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE son responsables del impuesto sobre las ventas – IVA o del impuesto
nacional al consumo.
En el caso de los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE que sean responsables del impuesto sobre las ventas – IVA, presentarán
una declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas – IVA, sin
perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual a pagar mediante el
mecanismo del recibo electrónico SIMPLE. En el caso de los contribuyentes del
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE que
desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el impuesto al
consumo se declara y paga mediante el SIMPLE.
Los contribuyentes del impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE están obligados a
expedir facturas electrónicas y a solicitar las facturas o documento
equivalente a sus proveedores de bienes y servicios, según las normas generales
consagradas en el marco tributario.
Parágrafo. Los contribuyentes que opten por el impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación -SIMPLE, deberán adoptar el sistema de factura
electrónica dentro de los dos (2) meses siguientes a su inscripción en el
Registro Único Tributario (RUT). Los demás contribuyentes cumplirán su
obligación en los plazos establecidos en las normas generales sobre factura
electrónica.
Artículo 916. Régimen
de procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación – simple. El régimen de
procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE es el previsto en el
Estatuto Tributario.
Parágrafo. Los ingresos
obtenidos por concepto de sanciones e intereses se distribuirán entre la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades
municipales y distritales competentes, en proporción a la participación de los
impuestos nacionales y territoriales en el impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación – SIMPLE.
Texto anterior Libro Octavo:
Libro octavo
sustituido por la Ley 1943 de 2018,
artículo 66. (La Corte
Constitucional en Sentencia C-481
de 2019, declaró la inexequibilidad de los
artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114 y 115. (la
declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir del primero
(1o.) de enero de dos mil veinte (2020).). (Ver Sentencia C-368 de 2019.). Artículo declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-493
de 2019. Providencia confirmada en la
Sentencia C-520 de 2019.).
Según el
texto oficialmente publicado de la Ley 1943 de
2018, este Título no contempla un orden consecutivo de los artículos del
Estatuto, pues al terminar el Título séptimo anterior en el artículo 898, este
Título comienza inexplicablemente en el artículo 903. (La Corte Constitucional en Sentencia C-481 de 2019, declaró la
inexequibilidad de los artículos de esta ley, salvo los artículos 50, 110, 114
y 115. (la declaratoria de inexequibilidad prevista surtirá efectos a partir
del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020).).
“IMPUESTO
UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE) PARA LA FORMALIZACIÓN
Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Artículo
903. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Creación del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple). Créese a partir del 1° de enero de 2019 el impuesto
unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple), con el
fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en
general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de
los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el presente
Libro.
El impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) es un modelo de
tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo
bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional
al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los
contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de
industria y comercio consolidado comprende el impuesto complementario de avisos
y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los municipios.
Este sistema
también integra los aportes del empleador a pensiones, mediante el mecanismo
del crédito tributario.
Parágrafo
1°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus
facultades, podrá registrar en el presente régimen de manera oficiosa a
contribuyentes que no hayan declarado cualquiera de los impuestos sobre la
renta y complementarios, sobre las ventas, al consumo y/o el impuesto de
industria y comercio consolidado. La inscripción o registro, podrá hacerse en
el Registro Único Tributario (RUT) de manera masiva, a través de un edicto que
se publicará en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informará a las autoridades
municipales y distritales, mediante resolución, el listado de los contribuyentes que se
acogieron al Régimen Simple de Tributación (Simple), así como aquellos que sean
inscritos de oficio.
Parágrafo
2°. El Gobierno nacional reglamentará el intercambio de información y los
programas de control y fiscalización conjuntos entre la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), y las autoridades municipales y distritales.
Parágrafo
3°. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación (Simple) deberán realizar los respectivos
aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la legislación
vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del
artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
Parágrafo
4°. El valor del aporte al Sistema General de Pensiones a cargo del
empleador que sea contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple), se podrá tomar como un descuento tributario en los
recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral Simple de que trata el
artículo 910 de este Estatuto. El descuento no podrá exceder el valor del
anticipo bimestral a cargo del contribuyente perteneciente a este régimen. La
parte que corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado no podrá
ser cubierta con dicho descuento.
El exceso
originado en el descuento de que trata este parágrafo, podrá tomarse en los
siguientes recibos electrónicos del anticipo bimestral Simple a aquel en que se
realizó el pago del aporte al Sistema General de Pensiones. Para la procedencia
del descuento, el contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple) debe haber efectuado el pago de los aportes al Sistema
General de Pensiones antes de presentar el recibo electrónico del anticipo
bimestral Simple de que trata el artículo 910 de este Estatuto.
Artículo
904. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Hecho generador y base gravable del impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple). El hecho generador del impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) es la obtención de
ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, y su base gravable
está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y
extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo gravable.
Para el caso
del impuesto de industria y comercio consolidado, el cual se integra al
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple), se mantienen
la autonomía de los entes territoriales para la definición de los elementos del
hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos, de conformidad con
las leyes vigentes.
Parágrafo. Los
ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran la base gravable del
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple). Tampoco
integran la base gravable los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional.
Artículo
905. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Sujetos pasivos. Podrán ser sujetos pasivos del impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) las personas naturales
o jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que se
trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona
jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas
naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia.
2. Que en el
año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o
extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT. En el caso de las empresas o personas
jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación (Simple) estará condicionada a que los ingresos del año
no superen estos límites.
3. Si uno de
los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o
varias sociedades, inscritas en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple), los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de
forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o
sociedades.
4. Si uno de
los socios persona natural tiene una participación superior al 10% en una o
varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple), los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de
forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas sociedades.
5. Si uno de
los socios persona natural es gerente o administrador de otras empresas o
sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma
consolidada con los de las empresas o sociedades que administra.
6. La
persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias
de carácter nacional, departamental y municipal, y con sus obligaciones de pago
de contribuciones al Sistema de Seguridad Social Integral. También debe contar
con la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario (RUT) y con todos
los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura
electrónica.
Parágrafo. Para
efectos de la consolidación de los límites máximos de ingresos que tratan los
numerales 3, 4 y 5 de este artículo, se tendrán en cuenta únicamente los
ingresos para efectos fiscales.
Artículo 906. Reglamentado
por el Decreto 1468 de 2019. Sujetos que no pueden optar
por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple). No podrán optar por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple):
1. Las
personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes.
2. Las
personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos
permanentes.
3. Las
personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades
configuren los elementos propios de un contrato realidad laboral o relación
legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no requerirá pronunciamiento de otra
autoridad judicial o administrativa para el efecto.
4. Las
sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación
laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales, prestados con
habitualidad y subordinación.
5. Las
entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, de personas
jurídicas nacionales o extranjeras, o de extranjeros no residentes.
6. Las
sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o
beneficiarios de otras sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior.
7. Las
sociedades que sean entidades financieras.
8. Las
personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes
actividades:
a)
Actividades de microcrédito;
b)
Actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos,
arrendamiento de activos y/o las actividades que generen ingresos pasivos que
representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o
jurídica.
c) Factoraje
o factoring;
d) Servicios
de asesoría financiera y/o estructuración de créditos;
e)
Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica;
f) Actividad
de fabricación, importación o comercialización de automóviles;
g) Actividad
de importación de combustibles;
h)
Producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras,
explosivos y detonantes.
9. Las
personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las
actividades relacionadas en el numeral 8 anterior y otra diferente.
10. Las
sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un
negocio, que haya ocurrido en los cinco (5) años anteriores al momento de la
solicitud de inscripción.
Artículo
907. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Impuestos que comprenden e integran el impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple). El impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple) comprende e integra los siguientes
impuestos:
1. Impuesto
sobre la renta.
2. Impuesto
nacional al consumo, cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y
bebidas.
3. El
Impuesto sobre las Ventas (IVA), únicamente cuando se desarrolle una o más
actividades descritas en el numeral 1 del artículo 908 de este Estatuto.
4. Impuesto
de industria y comercio consolidado, de conformidad con las tarifas
determinadas por los consejos municipales y distritales, según las leyes vigentes.
Las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado se entienden
integradas o incorporadas a la tarifa SIMPLE consolidada, que constituye un
mecanismo para la facilitación del recaudo de este impuesto.
Parágrafo
transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2019, los concejos municipales
y distritales deberán proferir acuerdos con el propósito de establecer las
tarifas únicas del impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables
bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple).
Los acuerdos
que profieran los concejos municipales y distritales deben establecer una única tarifa consolidada para cada grupo
de actividades descritas en los numerales del artículo 908 de este Estatuto,
que integren el impuesto de industria y comercio, complementarios y sobretasas, de conformidad con las
leyes vigentes, respetando la autonomía de los entes territoriales y dentro de
los límites dispuestos en las leyes vigentes.
A partir el
1° de enero de 2020, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto de
industria y comercio a través del sistema del Régimen Simple de Tributación
(Simple) respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al régimen Simple.
Artículo
908. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Tarifa. La tarifa del impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple) depende de los ingresos brutos anuales y de la
actividad empresarial, así:
1. Tiendas
pequeñas, minimercados, micromercados y peluquería:
Imagen
2.
Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en
los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, miniindustria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las
demás actividades no incluidas en los siguientes numerales:
Imagen
3.
Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:
Imagen
4.
Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:
Imagen
Parágrafo 1°. Cuando se
presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se adicionará la tarifa del
ocho por ciento (8%) por concepto del impuesto de consumo a la tarifa Simple
consolidada.
Parágrafo
2°. En el caso del impuesto de industria y comercio consolidado, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público desempeñará exclusivamente la función
de recaudador y tendrá la obligación de transferir bimestralmente el impuesto
recaudado a las autoridades municipales y distritales competentes, una vez se
realice el recaudo.
Parágrafo
3°. Las autoridades municipales y distritales competentes deben informar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), a más tardar el 31 de enero de cada año, todas las
tarifas aplicables para esa vigencia a título del impuesto de industria y
comercio consolidado dentro de su jurisdicción. En caso que se modifiquen las
tarifas, las autoridades municipales y distritales competentes deben actualizar la información respecto a las
mismas dentro del mes siguiente a su modificación.
El
contribuyente debe informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) en el formulario que esta prescriba, el municipio o los municipios a los
que corresponde el ingreso declarado, la actividad gravada, y el porcentaje del
ingreso total que le corresponde a cada autoridad territorial. Esta información
será compartida con todos los municipios para que puedan adelantar su gestión
de fiscalización cuando lo consideren conveniente.
Parágrafo 4°. Los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple), están obligados a pagar de forma bimestral un anticipo a título de
este impuesto, a través de los recibos de pago electrónico del régimen Simple,
el cual debe incluir la información sobre los ingresos que corresponde a cada
municipio o distrito.
La base del
anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la actividad
desarrollada, así:
1. Tiendas
pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías:
Imagen
2.
Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en
los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas,
los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de
agro-industria, miniindustria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las
demás actividades no incluidas en los siguientes numerales:
Imagen
3. Servicios
profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor
intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones
liberales:
Imagen
4.
Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte:
Imagen
En los
recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral Simple se adicionará la
tarifa correspondiente al impuesto nacional al consumo, a la tarifa del 8% por
concepto de impuesto al consumo a la tarifa Simple consolidada. De igual forma,
se entiende integrada la tarifa consolidada del impuesto de industria y
comercio en la tarifa Simple.
Parágrafo
5°. Cuando un mismo contribuyente del Régimen Simple de Tributación
(Simple) realice dos o más actividades empresariales, este estará sometido a la
tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al
consumo. El formulario que prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) debe permitir que los contribuyentes reporten los municipios
donde son desarrolladas sus actividades y los ingresos atribuidos a cada uno de
ellos. Lo anterior con el propósito que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público pueda transferir los recursos recaudados por concepto de impuesto de
industria y comercio consolidado al municipio o distrito que corresponda.
Parágrafo
6°. En el año gravable en el que el contribuyente del impuesto unificado
bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) realice ganancias ocasionales o
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dichos ingresos no se
considerarán para efectos de los límites de ingresos establecidos en este
régimen. El impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente,
con base en las reglas generales, y se paga con la presentación de la
declaración anual consolidada.
Artículo 909. Reglamentado
por el Decreto 1468 de 2019. Inscripción al impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple). Los
contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación (Simple) deberán inscribirse en el Registro Único
Tributario (RUT) como contribuyentes del SIMPLE hasta el 31 del mes de enero
del año gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se
inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT), deberán indicar
en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este régimen. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), consolidará mediante
Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al Régimen Simple de
Tributación (Simple).
Quienes se
inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple) no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto
sobre la renta por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la
misma debe mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año
gravable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes
del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la
opción.
La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mecanismos
simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario
(RUT).
Parágrafo. Quienes
inicien actividades en el año gravable, podrán inscribirse en el Régimen Simple
en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario (RUT).
Parágrafo
transitorio 1°. Únicamente por el año 2019, quienes cumplan los requisitos
para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año.
Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los bimestres
anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo
electrónico Simple de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones
o intereses.
Si en los
bimestres previos a la inscripción en el régimen simple de tributación, el
contribuyente pagó el impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y
comercio y avisos y tableros, o estuvo sujeto a retenciones o auto retenciones
en la fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse del
valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos del Simple
que sean presentados en los bimestres siguientes.
Parágrafo
transitorio 2°. Hasta el 31 de diciembre de 2019, las autoridades municipales
y distritales tienen plazo para integrar el impuesto de industria y comercio
al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple).
En
consecuencia, únicamente por el año gravable 2019, los contribuyentes que
realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio y avisos
y tableros, en municipios que no hayan integrado este impuesto en el impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple), podrán descontar el
impuesto mencionado en primer lugar en los recibos electrónicos bimestrales del
Simple.
Artículo
910. Reglamentado por el Decreto 2345
de 2019, por el Decreto 1468 de 2019 y por
el Decreto 2442 de 2018. Declaración y pago del
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple). Los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple) deberán presentar una declaración anual consolidada dentro de los
plazos que fije el Gobierno nacional y en el formulario simplificado señalado
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución.
Lo anterior sin perjuicio del pago del anticipo bimestral a través del recibo
electrónico Simple, el cual se debe presentar de forma obligatoria, con
independencia de que haya saldo a pagar de anticipo, de conformidad con los plazos
que establezca el Gobierno nacional, en los términos del artículo 908 de este
Estatuto. Dicho anticipo se descontará del valor a pagar en la declaración
consolidada anual.
La
declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple) deberá transmitirse y presentarse con pago mediante los
sistemas electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
dentro de los plazos que fije el Gobierno nacional y deberá incluir los
ingresos del año gravable reportados mediante los recibos electrónicos del
Simple. En caso de que los valores pagados bimestralmente sean superiores al
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple), se
reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos
electrónicos Simple de los meses siguientes o con las declaraciones
consolidadas anuales siguientes.
El
contribuyente deberá informar en la declaración del impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple) la territorialidad de los ingresos
obtenidos con el fin de distribuir lo recaudado por concepto del impuesto de
industria y comercio consolidado en el municipio o los municipios en donde se
efectuó el hecho generador y los anticipos realizados a cada una de esas entidades
territoriales.
Parágrafo. El
pago del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple)
podrá realizarse a través de las redes electrónicas de pago y entidades
financieras, incluidas sus redes de corresponsales, que para el efecto determine
el Gobierno nacional. Estas entidades o redes deberán transferir el componente
de impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto nacional al consumo y el
del impuesto de industria y comercio consolidado, conforme con los porcentajes
establecidos en la tabla respectiva y conforme con la información respecto de
los municipios en los que se desarrollan las actividades económicas que se
incluirán en la declaración del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple).
Artículo
911. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple
de Tributación (Simple). Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple) no estarán sujetos a retención en la
fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la
fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos
por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple), el tercero
receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del
impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo
anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del Impuesto sobre
las Ventas (IVA), regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto
Tributario.
Artículo
912. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Crédito o descuento del impuesto por ingresos de tarjetas de
crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos. Los pagos o
abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple), por concepto de ventas de bienes o servicios realizadas a través de
los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos de pagos
electrónicos, generarán un crédito o descuento del impuesto a pagar equivalente
al 0.5% de los ingresos recibidos por este medio, conforme a certificación
emitida por la entidad financiera adquirente. Este descuento no podrá exceder
el impuesto a cargo del contribuyente perteneciente al Régimen Simple de
Tributación (Simple) y, la parte que corresponda al impuesto de industria y
comercio consolidado, no podrá ser cubierta con dicho descuento.
Artículo
913. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Exclusión del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple) por razones de control. Cuando el contribuyente
incumpla las condiciones y requisitos previstos para pertenecer al impuesto
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) o cuando se verifique
abuso en materia tributaria, y el incumplimiento no sea subsanable, perderá
automáticamente su calificación como contribuyente del impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación (Simple) y deberá declararse como
contribuyente del régimen ordinario, situación que debe actualizarse en el
Registro Único Tributario (RUT) y debe transmitirse a las correspondientes
autoridades municipales y distritales.
La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá las facultades para notificar
una liquidación oficial simplificada del impuesto unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación (Simple), a través de estimaciones objetivas realizadas
por la Administración Tributaria y conforme con la información obtenida de
terceros y del mecanismo de la factura electrónica. En el caso de
contribuyentes omisos de la obligación tributaria, su inscripción en el
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) se verificará
de forma oficiosa y automática por parte de la Administración Tributaria.
El
contribuyente podrá desestimar y controvertir la liquidación oficial
simplificada, a través de la presentación de la declaración del impuesto sobre
la renta bajo el sistema ordinario o cedular según el caso, dentro de los tres
meses siguientes a su notificación, de lo contrario quedará en firme la
liquidación oficial simplificada y prestará mérito ejecutivo.
Artículo
914. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Exclusión del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple) por incumplimiento. Cuando el contribuyente incumpla
los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado bajo el
Régimen Simple de Tributación (Simple), será excluido del Régimen y no podrá
optar por este en el año gravable siguiente al del año gravable de la omisión o
retardo en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración
o en el pago del recibo Simple sea mayor a un (1) mes calendario.
Artículo
915. Reglamentado por el Decreto 2345
de 2019 y por el Decreto 1468 de 2019. Régimen de IVA y de impuesto al consumo. Los contribuyentes del
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) son
responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) o del impuesto nacional al
consumo.
En el caso
de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple) que sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA),
presentarán una declaración anual consolidada del Impuesto sobre las Ventas
(IVA), sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual a pagar
mediante el mecanismo del recibo electrónico Simple. En el caso de los contribuyentes
del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) que
desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el impuesto al
consumo se declara y paga mediante el Simple.
Los
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple) están obligados a expedir facturas electrónicas y a solicitar las
facturas o documento equivalente a sus proveedores de bienes y servicios, según
las normas generales consagradas en el marco tributario.
Parágrafo. Cuando
un contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
(Simple) sea responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), en virtud del
desarrollo de una o más actividades descritas en el numeral 1 del artículo 908
de este Estatuto, no tienen derecho a solicitar impuestos descontables.
Parágrafo
transitorio. Los contribuyentes que opten por el impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación (Simple), tendrán plazo para adoptar el
sistema de factura electrónica hasta el 31 de agosto de 2019.
Artículo
916. Reglamentado por el Decreto 1468
de 2019. Régimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación (Simple). El régimen de
procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto unificado bajo
el Régimen Simple de Tributación (Simple) es el previsto en el Estatuto
Tributario.
Parágrafo. Los
ingresos obtenidos por concepto de sanciones e intereses se distribuirán entre
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades
municipales y distritales competentes, en proporción a la participación de los impuestos
nacionales y territoriales en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de
Tributación (Simple).”.
Texto
original libro octavo:
LIBRO OCTAVO
Libro octavo
adicionado por la Ley 1819 de 2016,
artículo 165.
Según el
texto oficialmente publicado de la Ley 1819 de
2016, este Título no contempla un orden consecutivo de los artículos del
Estatuto, pues al terminar el Título séptimo anterior en el artículo 893, este
Título comienzan inexplicablemente en el artículo 903.
MONOTRIBUTO
CAPÍTULO I
Disposiciones
generales
Artículo 903. Creación
del monotributo. Créese a partir del 1º de enero de 2017 el monotributo
con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la
formalidad y en general simplificar y facilitar el cumplimiento de la
obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al
régimen previsto en el presente capítulo.
El monotributo es un tributo
opcional de determinación integral, de causación anual, que sustituye el
impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes que
opten voluntariamente por acogerse al mismo.
Artículo 904. Hecho
generador y base gravable del monotributo. El componente de impuesto del
monotributo se genera por la obtención de ingresos, ordinarios y
extraordinarios, y su base gravable está integrada por la totalidad de los
ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo
periodo gravable.
Artículo 905. Sujetos
pasivos. Podrán ser sujetos pasivos del monotributo las personas naturales
que reúnan las siguientes condiciones:
1. Que en el año gravable
hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios, iguales o
superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT.
2. Que desarrollen su
actividad económica en un establecimiento con un área inferior o igual a 50
metros cuadrados.
3. Que sean elegibles para
pertenecer al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos, BEPS, de acuerdo con la verificación que para tal efecto haga el
administrador de dicho servicio social complementario.
4. Numeral corregido
por el Decreto 939 de 2017, artículo
5º. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas
en la división 47 comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros
tratamientos de belleza de la Clasificación de Actividades Económicas (CIIU)
adoptada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Texto inicial del numeral 4:
“Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división
47 comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de
106 belleza de la Clasificación de Actividades Económicas (CIIU) adoptada por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).”.
Parágrafo 1°. Podrán ser
sujetos pasivos del monotributo las personas naturales que sin cumplir el
numeral 3 del presente artículo hayan efectuado cotizaciones al Sistema General
de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses
continuos o discontinuos del año gravable anterior.
Parágrafo 2°. Las
personas naturales que no cumplan con la condición descrita en el numeral 1 del
presente artículo, por haber obtenido ingresos brutos ordinarios o
extraordinarios inferiores al umbral mínimo allí establecido podrán acogerse
voluntariamente al esquema de monotributo y percibir los beneficios
contemplados en el régimen. Aquellos que tampoco cumplan con el numeral 3 del
presente artículo, y que hayan efectuado cotizaciones al Sistema General de
Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses
continuos o discontinuos del año gravable anterior, tendrán el mismo tratamiento
de los sujetos pasivos del parágrafo 1°.
Artículo 906. Sujetos
que no pueden optar por el monotributo. No podrán optar por el
monotributo:
1. Las personas jurídicas.
2. Las personas naturales que
obtengan rentas de trabajo.
3. Las personas naturales que
obtengan de la suma de las rentas de capital y dividendos más del 5% de sus
ingresos totales.
4. Las personas que
desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el artículo
anterior y otra diferente.
Artículo 907. Componentes
del monotributo. El monto pagado por concepto del monotributo tiene dos
componentes: un impuesto de carácter nacional y un aporte al Servicio Social
Complementario de BEPS.
En el caso de los
contribuyentes de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 del presente Libro,
el monto pagado por concepto del monotributo tiene dos componentes: un impuesto
de carácter nacional y un aporte al Sistema General de Riesgos Laborales.
Artículo 908. Valor del
monotributo. El valor a pagar por el monotributo dependerá de la categoría
a la que pertenezca el contribuyente, que a su vez dependerá de sus ingresos
brutos anuales, así:
imagen
Parágrafo 1°. Para los
contribuyentes de que trata el parágrafo 1 del artículo 905 del presente Libro,
el monto del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales se hará conforme a
la tabla de cotizaciones establecida por el Gobierno nacional. El monto
restante pagado por concepto de monotributo constituye un impuesto de carácter
nacional.
Parágrafo 2°. Cualquier
contribuyente del monotributo puede optar por contribuir en una categoría
superior a la que le sea aplicable, de conformidad con lo previsto en este
artículo.
CAPÍTULO II
Inscripción,
declaración, periodo y pago
Artículo
909. Inscripción al monotributo. Los contribuyentes que opten por
acogerse al monotributo deberán inscribirse en el Registro Único Tributario
como contribuyentes del mismo, antes del 31 de marzo del respectivo periodo
gravable.
Quienes se inscriban como
contribuyentes del monotributo no estarán sometidos al régimen ordinario del
impuesto sobre la renta y complementarios por el respectivo año gravable.
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales podrá establecer mecanismos simplificados de renovación de
la inscripción del Registro.
Artículo
910. Declaración y pago del monotributo. Los contribuyentes del
monotributo deberán presentar una declaración anual en un formulario
simplificado que para el efecto adopte la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, dentro de los plazos que señale el Gobierno nacional.
La declaración del
monotributo deberá presentarse con pago en los bancos y demás entidades
autorizadas para recaudar.
Parágrafo 1°. El pago
del monotributo podrá realizarse a través de las redes electrónicas de pago y
entidades financieras, incluidas sus redes de corresponsales, que para el
efecto determine el Gobierno nacional. Estas entidades o redes deberán
transferir el componente de aporte al servicio social complementario de BEPS o
de riesgos laborales directamente al administrador de dicho servicio social,
según corresponda.
Artículo desarrollado por el Decreto 1951 de 2017.
Artículo reglamentado por el Decreto 2442 de 2018.
Artículo
911. Retenciones en la fuente. Los contribuyentes del monotributo
serán sujetos de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y
complementarios.
Artículo 912. Retención
en la fuente sobre ingresos de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos
de pagos electrónicos. Los pagos o abonos en cuenta susceptibles de
constituir ingreso tributario para los contribuyentes del monotributo, por
concepto de ventas de bienes o servicios realizadas a través de los sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos de pagos electrónicos no
están sometidos a retención en la fuente.
CAPÍTULO III
Disposiciones
varias
Artículo 913. Exclusión
del monotributo por razones de control. Cuando dentro de los programas de
fiscalización la Administración Tributaria establezca que el contribuyente no
cumple los requisitos para pertenecer al monotributo, procederá a excluirlo del
régimen, mediante resolución independiente en la cual se reclasificará al
contribuyente en el régimen tributario que corresponda.
Una vez en firme el acto de
exclusión del régimen, la Administración Tributaria podrá adelantar los
procesos de fiscalización tendientes a exigirle el cumplimiento de la totalidad
de las obligaciones tributarias que correspondan, por los períodos durante los
cuales operó dentro del monotributo en forma irregular, junto con las sanciones
que fueren del caso. Igualmente, el contribuyente deberá continuar cumpliendo
sus obligaciones tributarias.
Artículo 914. Exclusión
del monotributo por incumplimiento. Cuando el contribuyente incumpla los
pagos correspondientes al total del período del monotributo, será excluido del
Régimen y no podrá optar por este durante los siguientes tres (3) años.
Artículo 915. Cambio del
régimen común al monotributo. Los responsables sometidos al Régimen Común
en el impuesto sobre las ventas solo podrán acogerse al monotributo, cuando
demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron las
condiciones establecidas en el presente libro.
Artículo
916. Destinación específica del componente de impuesto nacional del
monotributo. El recaudo del componente del impuesto nacional del
monotributo se destinará a la financiación del aseguramiento en el marco del
Sistema General de Seguridad Social, en Salud y en Riesgos Laborales. Para el
primer caso, los recursos se presupuestarán en la sección del Ministerio de
Salud y Protección Social, y serán transferidos a la Entidad Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creada en los
artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015. En
el segundo caso, los recursos serán transferidos al Fondo de Riesgos Laborales,
creado en el artículo 88 del Decreto ley 1295 de
1994.”.
* *
Nota
leyex.info Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 633 de 2000, dicen lo
siguiente:
“Articulo
2º. Del recaudo proveniente del Gravamen a los Movimientos Financieros por los
meses de enero y febrero del año 2001, un valor equivalente a dos (2) de los
tres (3) puntos de la tarifa del impuesto será destinado a la reconstrucción
del Eje Cafetero en lo referido a financiar vivienda de interés social y
otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de instituciones oficiales de
salud, a la dotación educativa y tecnológica de los centros docentes oficiales
de la zona afectada, a la concesión de créditos blandos para las pequeñas y
medianas empresas asociativas de trabajo en tanto fueron afectadas por el
terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en el Decreto 1627 de
1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero de 1999 en
Armenia y Pereira.
Para
efectos de lo dispuesto en este artículo se consideran pequeñas y medianas
aquellas empresas que hubieran obtenido ingresos brutos inferiores a
seiscientos millones de pesos ($600.000.000), tengan un patrimonio bruto
inferior a ochocientos millones de pesos ($800.000.000) y un número máximo de
veinte (20) trabajadores.”. (Este
artículo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-734 de 2002 y exequible en la Sentencia C-992
de 2001, en relación con los cargos analizados en la misma.).
“Articulo
3º. Utilización de los recursos generados por el Gravamen a los Movimientos
Financieros. Los recaudos del Gravamen a los Movimientos financieros y sus
rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del
Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la
Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las
subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República la
incorporación de estos ingresos en la medida en que las necesidades locales así
lo aconsejen, hasta que se agote su producido.”. (Este artículo fue declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-992 de 2001, en relación con los
cargos analizados en la misma.).
“Articulo
4º. Declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-992 de 2001. Beneficio especial de auditoría. Las liquidaciones
privadas de los años gravables 2000 y anteriores de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, que incluyan en su declaración
correspondiente al año gravable 2000, activos representados en moneda
extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre del año 1999 y no
declarados, quedarán en firme dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de presentación de la declaración del año 2000, en relación con la
posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos
correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre
y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos
diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las
siguientes condiciones:
1.
Presentar la declaración de renta del año 2000 y cancelar o acordar el pago de
la totalidad de los valores a cargo, dentro de los plazos especiales que se
señalen para el efecto, los cuales vencerán a más tardar el 9 de abril del año
2001.
2.
Liquidar y pagar en un recibo oficial de pago en bancos, un valor equivalente
al tres por ciento (3%) del valor patrimonial bruto de los activos
representados en moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre
de 1999, que se incluyan en el patrimonio declarado a 31 de diciembre del año
2000. Este valor no podrá ser afectado por ningún concepto.
3.
En el caso de contribuyentes que pretendan acogerse al beneficio y no hayan
declarado por los años gravables 1999 y anteriores, presentar en debida forma
estas declaraciones y cancelar o acordar el pago de los valores a cargo que
correspondan por concepto de impuestos, sanciones, intereses y actualización, a
más tardar el 9 de abril del año 2001.
Del
porcentaje mencionado en el numeral segundo de este artículo, dos (2) puntos
serán cancelados a título de impuesto sobre la renta y un (1) punto como
sanción por la omisión de activos de que trata el artículo 649 del Estatuto
Tributario.
La
preexistencia a 31 de diciembre de 1999 de los bienes poseídos en el exterior,
se entenderá demostrada con su simple inclusión en la declaración de renta del
año 2000.
Cumplidos
los supuestos señalados en el presente artículo y en firme las liquidaciones
privadas en relación con los conceptos señalados en el inciso primero de este
artículo, el contribuyente no podrá ser objeto de investigaciones ni sanciones
cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior
antes del primero de agosto del año 2000, siempre y cuando a la fecha de
vigencia de esta ley no se hubiere notificado pliego de cargos respecto de
tales infracciones.”
TITULO XII
ESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS NACIONALES Y COMPETENCIAS
Notaleyex.info Los textos iniciales de
los artículos 870 a 881 del Decreto 624 de 1989, fueron los siguientes:
Artículo 870.
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES. A la Dirección
General de Impuestos Nacionales le corresponde interpretar, cumplir y ejecutar
en todos sus aspectos las normas que establezcan y regulen los impuestos
nacionales cuya competencia no esté adscrita a otros organismos; programar y
realizar, siguiendo los procedimientos señalados en el procedimiento
tributario, las actuaciones necesarias para que éste se cumpla en forma
correcta, oportuna y eficaz; prevenir las infracciones al mencionado régimen;
adelantar las investigaciones necesarias para su cumplimiento y sancionar a los
infractores; liquidar y recaudar los gravámenes que están a su cargo; resolver
los recursos que se interpongan contra sus actos; registrar los movimientos de
los impuesto nacionales y llevar sus estadísticas; facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones; realizar estudios para
perfeccionar el régimen tributario; participar en estudios de proyectos de ley
y de acuerdos internacionales que contemplen aspectos tributarios; cumplir las
funciones administrativas necesarias para la gestión interna y las demás que le
señale la ley.
Articulo 871.
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES. La Dirección
General de Impuestos Nacionales tendrá la siguiente organización en su nivel
central:
I.
DIRECCIÓN GENERAL.
II.
SUBDIRECCIÓN GENERAL.
1.
División de Planeación.
2.
División de Regionales.
III.
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS.
1.
División de Estadística.
IV.
SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN TRIBUTARIA.
V.
SUBDIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE IMPUESTOS.
1.
División Académica.
2.
División de Investigación y Medios.
VI.
SUBDIRECCIÓN DE RECAUDO
1.
División de Contabilidad.
2.
División de Cobranzas y Recaudo.
3.
División de Control de Entidades Recaudadoras.
VII.
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.
1.
División de Investigación Tributaria.
2.
División de Selección de Casos y Cruces de Información.
3.
División de Programación y Control.
VIII.
SUBDIRECCION JURIDICA.
1.
División de Doctrina Tributaria.
2.
División de Representación Externa.
3.
División de Programación y Control.
IX.
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.
1.
División de Evaluación y Procedimientos.
2.
División de Análisis y Programación.
3.
División Técnica.
4.
División de Producción.
X.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
1.
División de Recursos Humanos.
2.
División Financiera.
3.
División de Inspección.
COMITÉ
DE COORDINACIÓN.
Articulo 872.
DIRECTOR GENERAL. SON FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL:
a)
Planear, coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
investigación, determinación, recaudo, cobro y discusión de los impuestos de
competencia de la Dirección General, así como las relacionadas con estudios
tributarios, capacitación y divulgación, e impartir las instrucciones
necesarias para la ejecución de dichas actividades;
b)
Establecer y dirigir los sistemas de control que garanticen el cumplimiento de
las normas de procedimiento que la ley y los reglamentos prescriben para la
investigación, determinación, recaudo, cobro y discusión de los impuestos;
c)
Planear y dirigir la aplicación de los servicios de procesamiento automático de
datos en las actividades de la Dirección General y decidir sobre las
características de los equipos de procesamiento a adquirir o arrendar, según
las necesidades de la Dirección.
d)
Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos técnicos y de
interpretación de las normas tributarias y aprobar las que emitan las unidades
del nivel central en los asuntos de su competencia;
e)
Ordenar los gastos y pagos de los recursos asignados al Fondo de Divulgación
Tributaria. Esta función podrá delegarla total o parcialmente en el Subdirector
General, el Subdirector de Administración o los Administradores de Impuestos;
f)
Coordinar con el Ministro de Hacienda y Crédito Público la programación y
desarrollo de la política tributaria.
Articulo 873.
SUBDIRECTOR GENERAL. Son funciones del Subdirector General:
a)
Planear, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la
gestión de las subdirecciones y administraciones de impuestos e impartir las
instrucciones necesarias para la ejecución de dichas actividades, así como
establecer metas de resultado;
b)
Asesorar al Director General y colaborar en su gestión e informarle sobre el
funcionamiento administrativo de las unidades que conforman la Dirección
General;
c)
Mantener permanente contacto con los administradores de impuestos e informar al
Director General de la gestión adelantada por éstos, así como impartir las
instrucciones necesarias para solucionar los problemas que se presenten;
d)
Ejercer las funciones de inmediato superior de los administradores de
impuestos;
e)
Reemplazar al Director General en sus faltas temporales;
f)
En los casos de falta temporal o absoluta de los administradores de impuestos o
subdirectores, podrá asignar las funciones a otro funcionario, mientras se
provea el cargo o regresa el titular al ejercicio del mismo;
g)
Aprobar el proyecto de presupuesto de la Dirección General de Impuestos
Nacionales;
h)
Coordinar el desarrollo e implementación de los planes de auditoría de sistemas
para los programas y archivos magnéticos de la Dirección General, velando por
su confiabilidad y seguridad.
Articulo 874.
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN. Son funciones de la División de Planeación:
a)
Establecer normas técnicas para las labores de planeación que adelanten las
subdirecciones y administraciones, y asesorar al Subdirector General en la
adopción de políticas y metas de planeación;
b)
Coordinar con las subdirecciones el plan de actividades de la Dirección General
de Impuestos Nacionales;
c)
Ejercer la Secretaría del Comité de Coordinación de la Dirección General de
Impuestos Nacionales;
d)
Llevar el control de los programas adelantados por las subdirecciones e
informar al Subdirector General sobre su desarrollo.
Articulo 875.
DIVISIÓN DE REGIONALES. Son funciones de la División de Regionales:
a)
Actuar como oficina de enlace entre las administraciones de impuestos y el
nivel central de la Dirección General de Impuestos Nacionales;
b)
Realizar la evaluación global del funcionamiento de las administraciones de
impuestos nacionales;
c)
Hacer el diagnóstico de los problemas presentados, recomendar las respectivas
soluciones y sugerir la práctica de visitas cuando lo estime necesario.
Articulo 876.
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS. Son funciones de la Subdirección de
Estudios Tributarios:
a)
Efectuar los estudios relativos al comportamiento de la tributación y su
incidencia en la economía;
b)
Evaluar el efecto de las reformas tributarias en la economía y su incidencia en
la economía;
c)
Coordinar el intercambio de información interinstitucional y el sistema
estadístico de la Dirección General de Impuestos Nacionales y efectuar las
proyecciones necesarias para la toma de decisiones por parte de la misma;
d)
Analizar la legislación tributaria internacional, el movimiento de capitales y
de comercio exterior y propender por la equidad, coherencia normativa del
sistema tributario nacional con el internacional.
Articulo 877.
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA. Son funciones de la División de Estadística:
a)
Llevar las estadísticas de las actividades desarrolladas por las diferentes
unidades de la Dirección General de Impuestos;
b)
Realizar estudios analíticos, las series estadísticas de la Dirección General;
c)
Analizar la información administrativa y tributaria requerida para implementar
un sistema de información gerencial;
d)
Producir los boletines de estadísticas de la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
Articulo 878.
SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN TRIBUTARIA. Son funciones de la Subdirección de
Divulgación Tributaria:
a)
Elaborar el programa anual de divulgación tributaria;
b)
Diseñar los instrumentos de la campaña de divulgación y vigilar su ejecución en
los diferentes medios de comunicación;
c)
Propender por la debida y oportuna difusión de las normas de carácter
tributario;
d)
Presentar el anteproyecto de presupuestos de divulgación tributaria.
Articulo 879.
SUBDIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE IMPUESTOS. Son funciones de la Subdirección
Escuela Nacional de Impuestos:
a)
Presentar el plan general de capacitación de los funcionarios, de acuerdo con
las necesidades y políticas definidas por la Dirección General de Impuestos;
b)
Adelantar y coordinar programas y cursos de capacitación, tanto a nivel nacional
como en las Administraciones de Impuestos;
c)
Diseñar los sistemas de ingreso y promoción de los funcionarios, y certificar
sobre la idoneidad de los aspirantes a vincularse a la Dirección General de
Impuestos, de acuerdo con lo que establezca el Estatuto Especial de Personal de
esta Dirección;
d)
Coordinar con las universidades y entidades nacionales e internacionales, la
realización de cursos de capacitación;
e)
Propender por elevar el nivel de formación académica de los funcionarios, y por
el estudio, análisis y discusión de los asuntos económico-fiscales;
f)
Desarrollar mecanismos de intercambio de experiencias y conocimiento en materia
tributaria, con otros países.
Articulo 880.
DIVISIÓN ACADÉMICA. Son funciones de la División Académica:
a)
Elaborar el proyecto del plan general de capacitación;
b)
Desarrollar los cursos, conferencias y demás eventos académicos a través de los
instructores de la División, de funcionarios, o profesores y conferencistas
externos;
c)
Evaluar y calificar la actividad académica de quienes reciben capacitación de
la Escuela y de los docentes de la misma.
Articulo 881.
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y MEDIOS. Son funciones de la División de
Investigación y Medios:
a)
Adelantar estudios e investigaciones sobre aspectos doctrinarios de la
tributación y la administración tributaria;
b)
Diseñar y elaborar el material didáctico y los instrumentos pedagógicos con
utilización de los sistemas y técnicas de capacitación a distancia;
c)
Editar y divulgar las investigaciones, estudios, documentos y libros
relacionados con los asuntos económico-fiscales.
Articulo 882.
SUBDIRECCIÓN DE RECAUDO. Son funciones de la Subdirección de Recaudo:
a)
Velar por el debido recaudo y cobro de los impuestos de competencia de la Dirección
General de Impuestos Nacionales;
b)
Elaborar el programa anual de recaudo y cobranzas;
c)
Ejercer el control e imponer las sanciones, cuando fuere del caso, a las
entidades autorizadas para recaudar y cobrar los tributos de competencia de la Dirección
General de Impuestos Nacionales;
d)
Impartir las instrucciones específicas en materia de recaudo, de procedimientos
contables, de reconocimientos, de informes y de la rendición de la cuenta
mensual a la Contraloría General de la República, de conformidad con las normas
fiscales vigentes;
e)
Programar y evaluar la gestión de las Unidades de Recaudo y Cobranzas,
Devoluciones, y Contabilidad y Cuentas Corrientes, de las Administraciones de
Impuestos Nacionales, y asesorarlas en el cumplimiento de sus funciones:
f)
Absolver las consultas que en relación con la ejecución de los programas
establecidos, formulen las unidades correspondientes de las Administraciones de
Impuestos Nacionales.
Articulo 883.
DIVISION DE CONTABILIDAD. Son funciones de la División de Contabilidad:
a)
Elaborar los programas, manuales, reglamentos e instrucciones que en materia
contable deban desarrollar las unidades correspondientes de las
Administraciones de Impuestos Nacionales;
b)
Centralizar las cuentas de los balances mensuales y conciliar el balance anual
de los movimientos contables de las Administraciones de Impuestos Nacionales y
presentar los respectivos informes de recaudo y contabilización;
c)
Elaborar los procedimientos sobre contabilización y control de los recaudos,
efectuados por las entidades autorizadas para tal fin.
Articulo 884.
DIVISION DE COBRANZAS Y RECAUDO. Son funciones de la División de Cobranzas y
Recaudo:
a)
Elaborar y orientar los programas, manuales, reglamentos e instrucciones que en
materia de cobranzas deban ejecutar las Administraciones y Recaudaciones de
Impuestos Nacionales;
b)
Elaborar los manuales de procedimientos y establecer las guías de supervisión
para el control de los programas adoptados;
c)
Controlar el cumplimiento de los programas, manuales, reglamentos e
instrucciones en las unidades de cobranzas de las Administraciones de Impuestos
Nacionales e impartir instrucciones para corregir las irregularidades que se
presenten;
d)
Vigilar el trámite de los procesos que adelanten las Unidades de Cobranzas de
las Administraciones de Impuestos Nacionales y asesorarlas en el cumplimento de
sus funciones;
e)
Determinar y preparar la información que requiera de procesamiento automático y
controlar los procedimientos tendientes a corregir los errores e
inconsistencias que se registren;
f)
Realizar estudios sobre cartera morosa no recuperada, sobre el comportamiento
del recaudo obtenido por recuperación de cartera morosa, efectuar proyecciones
por Administración de Impuestos Nacionales y elaborar los cuadros estadísticos
necesarios;
g)
Programar y controlar la ejecución de la partida "Defensa de Hacienda
Pública", en desarrollo de los planes de recuperación de cartera por
cobrar;
h)
Absolver las consultas en relación con la ejecución de los programas
establecidos que formulen las Secciones de Cobranzas de las Administraciones de
Impuestos Nacionales;
i)
Asesorar y supervisar de acuerdo con las órdenes impartidas por el Subdirector
de Recaudo, en casos individuales a los funcionarios investidos de jurisdicción
coactiva;
j)
Controlar el Inventario de los Procesos que adelantan las Unidades de Cobranzas
de las Administraciones de Impuestos Nacionales;
k)
Orientar y controlar las labores de Cobranzas ejercidas por entidades diferentes
de la Dirección General de Impuestos Nacionales;
l)
Elaborar, orientar y controlar los programas, manuales, reglamentos e
instrucciones de Retención en la Fuente.
Articulo 885.
DIVISIÓN DE CONTROL DE ENTIDADES RECAUDADORAS. Son funciones de la División de
Control de Entidades Recaudadoras:
a)
Ejercer el control de las obligaciones que tienen las entidades autorizadas
para recaudar y orientarlas en el desarrollo de su actividad recaudadora;
b)
Controlar los errores e inconsistencias que cometan las entidades autorizadas
para recaudar, a fin de tomar las medidas del caso para su corrección;
c)
Controlar el sistema de cuenta corriente de los contribuyentes, impartiendo las
instrucciones necesarias para su debida actualización y conservación.
Articulo 886.
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN. Son funciones de la Subdirección de
Fiscalización:
a)
Presentar el plan general de fiscalización de acuerdo con la política
establecida por la Dirección General;
b)
Establecer los programas de control y determinación de los impuestos que
administra la Dirección General de Impuestos Nacionales;
c)
Dirigir y evaluar los programas de fiscalización realizados por las
Administraciones de Impuestos Nacionales;
d)
Coordinar con la Subdirección de Informática el procesamiento de la información
requerida para la ejecución del plan de fiscalización;
e)
Absolver consultas relacionadas con los programas establecidos y con el área de
su competencia, provenientes de la Administraciones de Impuestos;
f)
Adelantar en casos especiales, a través de los funcionarios de la Subdirección,
visitas de investigación y control de los impuestos, a contribuyentes,
responsables, agentes de retención o declarantes, de acuerdo con las
autorizaciones del Subdirector de Fiscalización y remitir las investigaciones a
las administraciones correspondientes para que se profieran las actuaciones del
caso.
Articulo 887.
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA. Son funciones de la División de
Investigación Tributaria:
a)
Adelantar los estudios e investigaciones sobre el comportamiento de los
distintos sectores de contribuyentes;
b)
Elaborar manuales de procedimientos y técnicas de investigación tributaria;
c)
Proponer programas de fiscalización de acuerdo con los estudios adelantados.
Articulo 888.
DIVISIÓN DE SELECCIÓN DE CASOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN. Son funciones de la
División de Selección de Casos y Cruces de Información:
a)
Diseñar sistemas automáticos de selección de contribuyentes para fiscalización
de acuerdo con índices de tributación;
b)
Analizar la información sistematizada de las declaraciones y enviada por los
contribuyentes, y diseñar sistemas de cruce de información para los programas
de fiscalización;
c)
Señalar las especificaciones y necesidades del procesamiento de la información
requerida para la ejecución del plan de fiscalización.
Articulo 889.
DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. Son funciones de la División de
Programación y Control:
a)
Preparar el plan general de fiscalización y diseñar los programas respectivos;
b)
Llevar el control y hacer la evaluación de los programas de fiscalización
adelantados por las Administraciones de Impuestos Nacionales;
c)
Adelantar visitas de supervisión a las Administraciones de Impuestos, sobre el
desarrollo de los programas de fiscalización.
Articulo 890.
SUBDIRECCION JURÍDICA. Son funciones de la Subdirección Jurídica:
a)
Determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación y aplicación de
las normas tributarias, en el proceso de determinación, recaudo y discusión
administrativa de los impuestos de competencia de la Dirección General de
Impuestos Nacionales;
b)
Compilar las normas jurídicas tributarias y la doctrina contenciosa
administrativa;
c)
Conforme a los artículos que asignan competencias a sus divisiones, resolver
los recursos de competencia de la Dirección General;
d)
Programar, orientar y controlar las labores que deben desarrollar las
Divisiones de Recursos Tributarios de las Administraciones de Impuestos;
e)
Absolver las consultas escritas que formulen los funcionarios, los
contribuyentes y los gremios, relacionadas con la interpretación y aplicación
de las normas tributarias;
f)
Hacerse parte en los procesos contencioso administrativos relativos a
impuestos.
Articulo 891.
DIVISIÓN DE DOCTRINA TRIBUTARIA. Son funciones de la División de Doctrina
Tributaria:
a)
Velar por la unidad doctrinal en lo relacionado con la aplicación de las normas
tributarias y su interpretación administrativa;
b)
Absolver las consultas escritas tanto de funcionarios como de particulares
sobre la interpretación y aplicación general de las normas tributarias;
c)
Compilar las disposiciones, conceptos y jurisprudencia, relacionados con los
impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Articulo 892.
DIVISIÓN DE REPRESENTACIÓN EXTERNA. Son funciones de la División de
Representación Externa:
a)
Hacerse parte en los procesos que en materia tributaria se promuevan ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y asesorar a las administraciones
en sus actuaciones ante esta jurisdicción;
b)
Informarse sobre las demandas de inexequibilidad de normas tributarias ante la
Corte Suprema de Justicia y seguir el curso de dichos procesos.
Articulo 893.
DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. Son funciones de la División de
Programación y Control:
a)
Establecer los procedimientos e instrucciones de trabajo de las divisiones de
recursos tributarios de las Administraciones de Impuestos y absolver las
consultas que presenten las mismas.
Articulo 894.
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Son funciones de la Subdirección de Informática:
a)
Asesorar a las demás subdirecciones en la elaboración y estandarización de los
manuales de funcionamiento, guías de supervisión y formas de su uso de la
Dirección;
b)
Diseñar, aprobar y llevar el control de los formularios que utilice la
Dirección General;
c)
Establecer normas técnicas sobre los sistemas de archivo y disposición de
documentos;
d)
Coordinar la labor de procesamiento de datos de la Dirección General de
Impuestos Nacionales, elaborar o aprobar los programas de computador y emitir
su concepto sobre la conveniencia y especificaciones técnicas de los equipos de
cómputo al adquirir o arrendar. Este concepto será requisito indispensable y
suficiente para la compra o arrendamiento de equipos y programas de computador
con destino a la Dirección de Impuestos y reemplaza el de la Comisión Nacional
de Sistemas;
e)
Establecer normas e instrucciones para el procesamiento y control de la
información en las unidades de control de gestión y sistemas de las
administraciones.
Articulo 895.
DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. Son funciones de la División de
Evaluación y Procedimientos:
a)
Diseñar y elaborar manuales e instrucciones y establecer normas técnicas
referentes al manejo y control de archivos y a los flujos de documentos de la
Dirección de Impuestos;
b)
Diseñar los formularios de declaración y demás formas de la Dirección de
Impuestos;
c)
Evaluar los resultados de las unidades de documentación de las
administraciones.
Articulo 896.
DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN. Son funciones de la División de Análisis y
Programación:
a)
Realizar estudios de factibilidad para las nuevas aplicaciones del servicio de
procesamiento automático de información en las dependencias de la Dirección
General;
b)
Analizar, diseñar y desarrollar sistemas de computación para procesamiento,
manejo, consulta y control de la información de la dirección general;
c)
Elaborar manuales del usuario y del sistema para las aplicaciones
sistematizadas.
Articulo 897.
DIVISIÓN TÉCNICA. Son funciones de la División Técnica:
a)
Definir y controlar las normas y estándares relacionados con los programas y
archivos computarizados;
b)
Investigar, mantener, optimizar y resolver los problemas de utilización de las
herramientas de "software" de la dirección general;
c)
Plantear alternativas sistémicas de "software" y "hardware"
a las utilizadas por la dirección a fin de poder evolucionar tecnológicamente
acorde con los cambios estructurales y de procedimientos de la dirección
general.
Articulo 898.
DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN. Son funciones de la División de Producción:
a)
Coordinar y controlar la prestación del servicio de procesamiento automático de
información de la Dirección General;
b)
Mantener control sobre los programas fuente y medios de almacenamiento de la
información;
c)
Realizar las actividades relacionadas con el envío y recepción de información,
listados y resultados de los procesos computarizados;
d)
Administrar los centros de cómputo de información relativa a los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Articulo 899. SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN. Son funciones de la Subdirección
de Administración:
a)
Elaborar el proyecto de presupuesto de la Dirección General de Impuestos
Nacionales, supervisar la ejecución y proyectar las modificaciones que se
requieran;
b)
Ejecutar las partidas asignadas en el fondo de divulgación tributaria, en los
términos de delegación del Director General de Impuestos;
c)
Adelantar los trámites pertinentes en materia de contratación administrativa,
que garanticen el normal funcionamiento de la Dirección General de Impuestos
Nacionales;
d)
Elaborar los proyectos de actos administrativos relacionados con la
administración de personal, de la Dirección General de Impuestos;
e)
Coordinar con la Subdirección Escuela de Impuestos, la política de promoción y
capacitación de los funcionarios;
f)
Elaborar los manuales de funciones de la Dirección General, e impartir
instrucciones sobre la elaboración de los mismos a nivel regional;
g)
Coordinar las labores de investigación sobre la conducta de los funcionarios de
la Dirección General.
Articulo
900. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Son funciones de la División de Recursos
Humanos:
a)
Organizar en coordinación con la Subdirección Escuela de Impuestos la
preparación de pruebas para los concursos necesarios para el ingreso y
promoción de funcionarios;
b)
Analizar las calificaciones de servicios de los funcionarios y efectuar los
trámites ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil;
c)
Coordinar con la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda, la
elaboración de los actos administrativos relacionados con la remuneración de
los funcionarios de la Dirección General;
d)
Presentar e implementar el programa de bienestar social, para los funcionarios
de la Dirección General;
e)
Presentar los proyectos de manuales de funciones para la Dirección General de
Impuestos Nacionales;
f)
Llevar el registro de las novedades de personal de los funcionarios de la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
Articulo 901.
DIVISIÓN DE INSPECCIÓN. Son funciones de la División de Inspección:
a)
Vigilar la conducta de los funcionarios y adoptar las medidas necesarias para
la prevención de irregularidades en materia disciplinaria;
b)
Investigar las irregularidades en la conducta de los funcionarios de la
Dirección General;
c)
Atender las demandas instauradas contra el Ministerio de Hacienda en relación
con actos administrativos de personal, de la Dirección General de Impuestos en
los términos de delegación del Ministro de Hacienda;
d)
El Jefe de la División podrá con base en las investigaciones adelantadas,
imponer sanciones de suspensión hasta por 10 días y multa hasta por la quinta
parte del sueldo mensual.
Articulo 902.
DIVISIÓN FINANCIERA. Son funciones de la División Financiera:
a)
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de Impuestos
Nacionales;
b)
Realizar las operaciones presupuestales, contables, de tesorería, publicaciones
y servicios generales que le correspondan según las normas que regulan el Fondo
de Divulgación Tributaria;
c)
Propender por el correcto funcionamiento logístico de las administraciones de
impuestos nacionales y del nivel central;
d)
Ejecutar el presupuesto asignado a la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
Articulo 903.
COMITÉ DE COORDINACIÓN. Son funciones del Comité de Coordinación:
El
Comité de Coordinación de la Dirección General de Impuestos Nacionales, estará
integrado por el Director General de Impuestos quien lo presidirá y por los
Subdirectores de la Dirección General.
Este
comité será el órgano consultivo máximo de la Dirección y fijará la política
técnica, administrativa y jurídica de la misma; será órgano asesor del Director
General y propenderá por la unificación de la doctrina tributaria y
modificación de la legislación impositiva. Los conceptos o decisiones adoptados
por el Comité serán de obligatorio acatamiento para todos los funcionarios de
la Dirección General de Impuestos.
Articulo 904.
ORGANIZACIÓN EN EL NIVEL REGIONAL. La Dirección General de Impuestos Nacionales
tendrá la siguiente organización en su nivel regional:
A.
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE BOGOTÁ.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
División Jurídica.
III.
División de Control de Gestión.
IV.
División de Recaudo.
V.
División de Fiscalización.
VI.
División de Liquidación.
VII.
División de Recursos Tributarios.
VIII.
División de Documentación.
IX.
División Administrativa.
B.
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES DE PERSONAS NATURALES DE BOGOTÁ Y
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES DE PERSONAS JURÍDICAS DE BOGOTÁ.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
División Jurídica.
III.
División de Control de Gestión.
IV.
División de Contabilidad y Cuentas Corrientes.
V.
División de Devoluciones.
VI.
División de Cobranzas.
VII.
División de Fiscalización.
VIII.
División de Liquidación.
IX.
División de Recursos Tributarios.
X.
División de Documentación.
XI.
División Administrativa.
XII.
Recaudaciones de Impuestos, en el caso de la Administración de personas
naturales de Bogotá.
C.
ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLÍN, CALI Y BARRANQUILLA.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
Subadministrador de Grandes Contribuyentes.
1.
División de Recaudo.
2.
División de Fiscalización.
3.
División de Liquidación.
4.
División de Recursos Tributarios.
III.
División Jurídica.
IV.
División de Control de Gestión.
V.
División de Contabilidad y Cuentas Corrientes.
VI.
División de Devoluciones.
VII.
División de Cobranzas.
VIII.
División de Fiscalización.
IX.
División de Liquidación.
X.
División de Recursos Tributarios.
XI.
División de Documentación.
XII.
División Administrativa.
XIII.
Recaudaciones de Impuestos.
D.
ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES DE BUCARAMANGA, CÚCUTA, CARTAGENA,
IBAGUÉ, MANIZALES, PEREIRA Y PALMIRA.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
División Jurídica.
III.
División de Control de Gestión.
IV.
División de Contabilidad y Cuentas Corrientes.
V.
División de Devoluciones.
VI.
División de Cobranzas.
VII.
División de Fiscalización.
VIII.
División de Liquidación.
IX.
División de Recursos Tributarios.
X.
División de Documentación.
XI.
División Administrativa.
XII.
División de Grandes Contribuyentes.
XIII.
Recaudaciones de Impuestos.
E.
ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES DE VILLAVICENCIO, ARMENIA, MONTERÍA,
NEIVA, TUNJA, PASTO, POPAYÁN, SANTA MARTA Y TULÚA.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
División Jurídica.
III.
División de Control de Gestión.
IV.
División de Recaudo.
V.
División de Cobranzas.
VI.
División de Fiscalización.
VII.
División de Liquidación.
VIII.
División de Recursos Tributarios.
IX.
División Administrativa y de Documentación.
X.
Recaudaciones de Impuestos.
F.
ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES DE GIRARDOT, SOGAMOSO,
BARRANCABERMEJA, QUIBDÓ, FLORENCIA, RIOHACHA, SAN ANDRÉS, SINCELEJO Y
VALLEDUPAR.
I.
Despacho del Administrador.
1.
Comité de Coordinación.
II.
División de Recaudo.
III.
División de Fiscalización.
IV.
División de Liquidación.
V.
División de Recursos Tributarios.
VI.
División Administrativa y de Documentación.
VII.
Recaudaciones de Impuestos.
Articulo 905.
ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES. Son funciones de las Administraciones
de Impuestos Nacionales:
a)
Aplicar las disposiciones que regulan las obligaciones y el procedimiento
tributario, en especial que regulan las de recaudo, cobro, fiscalización,
determinación y discusión de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, dentro de la jurisdicción que corresponda a
cada Administración;
b)
Cumplir las funciones administrativas relacionadas con los asuntos internos de
la administración, que garanticen el normal funcionamiento y logros y programas
que establezca la Dirección General.
Articulo 906.
ADMINISTRADOR DE IMPUESTOS NACIONALES. Son funciones del Administrador de
Impuestos Nacionales:
a)
Organizar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las funciones
propias de las unidades y funcionarios bajo su dependencia, conforme a los
programas, manuales, normas e instrucciones emanadas del nivel central;
b)
Responder ante la Dirección General por la gestión técnica y administrativa de
la dependencia bajo su cargo;
c)
Cumplir y hacer cumplir las normas que establecen las obligaciones y los
procedimientos tributarios, así como las instrucciones que imparta la Dirección
General;
d)
Coordinar las políticas en materia de manejo presupuestal que garanticen el
normal funcionamiento de la Administración y velar por la correcta ejecución
del presupuesto asignado;
e)
Fijar los programas que deban desarrollar las recaudaciones de impuestos y
velar por su cumplimiento;
f)
En los casos de falta temporal o absoluta de los funcionarios de la
Administración o recaudaciones, podrá asignar las funciones a otro funcionario,
mientras se provee el cargo o regresa el titular al ejercicio del mismo.
Articulo 907.
DIVISIÓN JURÍDICA. Son funciones de la División Jurídica:
a)
Difundir las normas tributarias, así como organizar y prestar el servicio de
atención y orientación al contribuyente;
b)
Programar seminarios, mesas redondas, conferencias y demás reuniones,
necesarias para la difusión y explicación de las normas tributarias entre los
contribuyentes y funcionarios;
c)
Asesorar en temas jurídicos a los funcionarios de la respectiva administración
y velar por la unificación de los criterios en materia tributaria, de acuerdo
con las interpretaciones adoptadas por la unidad competente del Nivel Central;
d)
Conforme a la autorización o delegación por parte del competente, los abogados
de la División Jurídica intervendrán en los procesos de materia laboral y
tributaria que se adelanten en la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Articulo 908.
DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN. Son funciones de la División de Control de
Gestión:
a)
Llevar las estadísticas e información que permitan efectuar evaluaciones
globales y particulares de la gestión de la Administración, elaborando los
informes requeridos tanto por el Despacho del Administrador, como por el Nivel
Central;
b)
Elaborar estudios y recomendaciones para optimizar los recursos, así como la
calidad y eficacia de los procesos utilizados por la Administración;
c)
Efectuar los estudios económicos y del comportamiento tributario de su
jurisdicción, que permitan orientar los programas a desarrollar.
Articulo 909.
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTAS CORRIENTES. Son funciones de la División de
Contabilidad y Cuentas Corrientes:
a)
Velar por el adecuado recaudo de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, de acuerdo con los programas manuales y
disposiciones que señale el Nivel Central;
b)
Efectuar los registros contables y rendir la cuenta de recaudo de la
Administración, de acuerdo con las normas fiscales vigentes;
c)
Controlar la ejecución de los planes y programas de las recaudaciones de su
jurisdicción;
d)
Mantener clasificadas, actualizadas y depuradas las cuentas corrientes de los
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y de los demás impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales;
e)
Recibir y controlar los documentos y consignaciones de las entidades
autorizadas para efectuar el recaudo;
f)
Elaborar las relaciones de cartera por cobrar para efecto de que las unidades
competentes inicien las acciones de cobro pertinentes;
g)
Llevar el control de los fondos remesados y recibidos de las recaudaciones y de
las formas preimpresas que expenda la Administración de Impuestos;
h)
Validar las inconsistencias de los datos de los contribuyentes, de acuerdo con
las instrucciones que imparta el Nivel Central;
i)
Ejercer el control de las entidades autorizadas para recibir declaraciones y
recaudar los impuestos e informar cualquier irregularidad que se presente, a la
dependencia competente del Nivel Central.
Articulo 910.
DIVISIÓN DE DEVOLUCIONES. Son funciones de la División de Devoluciones:
a)
Coordinar, ejecutar y controlar los procesos inherentes a devoluciones,
compensaciones y aplicaciones de los distintos tributos, de conformidad con las
disposiciones que regulan dichos procedimientos dentro de los términos
señalados por las mismas;
b)
Dictar las providencias relacionadas con el cumplimiento de las sentencias de
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Articulo 911.
DIVISIÓN DE COBRANZAS. Son funciones de la División de Cobranzas:
a)
Coordinar, controlar y adelantar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de
impuestos exigibles, de competencia de la Dirección General;
b)
Adelantar las diligencias necesarias para que los deudores morosos paguen
voluntariamente, sin perjuicio del cobro coactivo;
c)
Proyectar y velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos para
suscribir los acuerdos de pago;
d)
Mantener actualizada la información e inventario de los procesos de cobro tanto
persuasivo como coactivo.
Articulo 912.
DIVISIÓN DE RECAUDO. Son funciones de la División de Recaudo:
Corresponde
ejercer a la División de Recaudo, las funciones establecidas en el presente
Decreto para las Divisiones de Cobranzas, Contabilidad y Cuentas Corrientes, y
Devoluciones cuando quiera que en la estructura interna de la respectiva
Administración o Subadministración no existan dichas dependencias.
Articulo 913.
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN. Son funciones de la División de Fiscalización:
a)
Coordinar y garantizar el desarrollo de las funciones de fiscalización de los
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes en general, por
concepto de los impuestos de competencia de la Dirección General;
b)
Efectuar las tareas inherentes al estricto cumplimiento de las obligaciones
tributarias, para la correcta y oportuna determinación de los impuestos y
adelantar el procedimiento correspondiente, de acuerdo con las disposiciones
que regulan la materia;
c)
Remitir los expedientes a la Unidad de Liquidación de la respectiva
Administración, una vez concluidas las actuaciones de su competencia.
Articulo 914.
DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN. Son funciones de la División de Liquidación:
a)
Proferir las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación oficial de
las obligaciones tributarias, así como la aplicación y reliquidación de las
sanciones de su competencia, de acuerdo con el procedimiento señalado en las
normas vigentes;
b)
Remitir a la Unidad de Cobranzas o de Recaudo según el caso, los actos de
liquidación y determinación oficial y los que fueren recurridos, a la Unidad de
Recursos Tributarios.
Articulo 915.
DIVISIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS. Son funciones de la División de Recursos
Tributarios:
a)
Fallar los recursos de reconsideración que se interpongan contra los diversos
actos de determinación de impuestos y de imposición de sanciones y en general
los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario;
b)
Sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los recursos, solicitar pruebas,
proyectar los fallos, realizar los estudios, dar conceptos sobre los
expedientes y en general, las acciones previas y necesarias para proferir los
actos de competencia de dicha unidad;
c)
Remitir copia de las resoluciones que resuelvan los recursos a la División de
Cobranzas o de Recaudo, según el caso.
Articulo 916.
DIVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Son funciones de la División de Documentación:
a)
Recibir, radicar, seleccionar, sustanciar, entregar, controlar y prestar los
servicios inherentes al manejo de los documentos bajo su responsabilidad, así
como de la correspondencia general de la Administración, de acuerdo con los
procedimientos que se indiquen;
b)
Llevar el archivo actualizado de los documentos originados en el proceso de la
determinación, recaudo y discusión de los impuestos y demás documentos bajo su
responsabilidad, estableciendo los controles que garanticen la custodia y
conservación de los mismos;
c)
En los casos en que así lo disponga el Administrador de Impuestos, notificar
los actos proferidos por las distintas dependencias de la Administración;
d)
Expedir números de identificación tributaria (NIT), de acuerdo con las
disposiciones sobre la materia;
e)
Recepcionar las declaraciones tributarias cuando las instrucciones del Nivel
Central así lo dispongan.
Articulo 917.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. Son funciones de la División Administrativa:
a)
Ejecutar los planes y programas de compra y prestación de servicios que
garanticen el normal funcionamiento de la Administración;
b)
Elaborar el anteproyecto de necesidades presupuestales en materia de elementos,
suministros y mantenimiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
Nivel Central;
c)
Administrar los almacenes de elementos de consumo y devolutivos, rindiendo las
cuentas pertinentes, de acuerdo con las disposiciones administrativas y
fiscales;
d)
Proyectar todas las actuaciones en materia de personal, que sean de competencia
de la respectiva Administración;
e)
Proyectar los actos de reconocimiento de autorización de compra y ordenación de
pago.
Articulo 918.
SUBADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES. Son funciones de la
Subadministración de Grandes Contribuyentes:
Corresponde
a la Subadministración de Grandes Contribuyentes, dirigir, coordinar y ejecutar
las funciones de recaudo, fiscalización, liquidación y recursos tributarios a
través de sus correspondientes divisiones, con dedicación exclusiva al Grupo de
Grandes Contribuyentes que sea señalado de conformidad con las normas
pertinentes.
Articulo 919.
DIVISIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES. Son funciones de la División de Grandes
Contribuyentes:
a)
Controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
grandes contribuyentes e inducir al cumplimiento voluntario de dichas
obligaciones;
b)
Supervisar el desarrollo de los procesos de recaudo, fiscalización,
liquidación, recursos y cobro de los tributos de los grandes contribuyentes;
c)
Efectuar los estudios de comportamiento tributario de los grandes
contribuyentes, en coordinación con la División de Control de Gestión.
Articulo 920.
FUNCIONES GENERALES. Sin perjuicio de las funciones señaladas para cada una de
las dependencias descritas anteriormente, corresponde a todas ellas las
siguientes:
a)
Remitir de acuerdo con los procedimientos y términos señalados, la información
de las actuaciones desempeñadas por cada una de ellas a la División de Control
de gestión o quien haga sus veces;
b)
Las demás que le asignen la ley, el reglamento, instrucciones y demás
disposiciones que emanen del Nivel Central y del respectivo administrador.
Articulo 921.
FUNCIONES QUE ASUME EL ADMINISTRADOR. En aquellas Administraciones cuya
estructura interna no contempla las Divisiones Jurídica y de Control de Gestión
las funciones inherentes a las mismas las asume el Administrador de Impuestos
quien las podrá delegar.
Articulo 922.
COMITÉ DE COORDINACIÓN. Son funciones del Comité de Coordinación:
a)
Analizar la aplicación de las normas tributarias y administrativas y demás
disposiciones tanto legales como las emanadas del Nivel Central;
b)
Asesorar al Administrador en el estudio y solución de los problemas que se
presenten en el desarrollo de las funciones asignadas a la Administración;
c)
Proponer a las Unidades del Nivel Central la adopción de programas que tiendan
a agilizar o mejorar la administración tributaria, tanto en sus aspectos técnicos
como administrativos.
Articulo 923.
RECAUDACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES. Son funciones de las Recaudaciones de
Impuestos Nacionales:
a)
Velar por el efectivo control de los recaudos provenientes de los impuestos que
administra la Dirección General de acuerdo con los programas, manuales y
disposiciones que señale el Nivel Central o el respectivo Administrador;
b)
Orientar a los contribuyentes;
c)
Elaborar los registros contables y rendir la cuenta de conformidad con las
disposiciones que señale la Contraloría General de la República;
d)
Elaborar las relaciones de cartera por cobrar y efectuar las acciones de cobro
persuasivo y coactivo de acuerdo con los procedimientos señalados;
e)
Velar por el funcionamiento administrativo que garantice el desarrollo normal
de su gestión;
Articulo 924.
PLANTA GLOBAL. Con el fin de atender las necesidades del servicio de acuerdo
con las variaciones y ciclos del proceso tributario y de los programas de
recaudo y control. (sic) La Dirección General de Impuestos
nacionales tendrá una planta global de personal que incluye el nivel central y
el nivel regional de la misma.
Articulo 925.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA GLOBAL Y UBICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS. El Ministro
de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución, distribuirá la planta de
personal y ubicará los funcionarios de la Dirección General de Impuestos
Nacionales entre el nivel central y las administraciones regionales.
Una
vez hecho el nombramiento, dentro de los 10 días siguientes, previo a la comunicación
del mismo, se proferirá la resolución de ubicación del funcionario, señalando
la dependencia en la cual deberá laborar; esta resolución será comunicada
conjuntamente con el nombramiento.
Articulo 926.
REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS. El Ministro de
Hacienda y Crédito Público, cuando las necesidades del servicio lo exijan,
podrá trasladar cargos de la planta de una regional a otra u otras regionales,
o hacer traslados de cargos dentro de la Dirección General, y entre esta y las
regionales.
Le
corresponde igualmente cambiar la ubicación de los cargos, de acuerdo con las
necesidades del servicio.
Cuando
sea cambiada la ubicación de un cargo que no se encuentre vacante, la persona
que lo desempeña deberá suscribir la correspondiente acta de ubicación dentro
de los 10 días siguientes a la fecha en que se le comunique tal decisión, so
pena de incurrir en abandono de cargo.
Parágrafo.
Firmada el acta de ubicación, el funcionario asume las funciones propias de su
cargo dentro de la dependencia en la cual ha sido ubicado.
Articulo 927.
RECONOCIMIENTO POR EL TRASLADO. Cuando se ubique a un funcionario en una ciudad
distinta de aquella en que se encuentre laborando, éste tendrá derecho al
reconocimiento y pago de los gastos que demande el traslado del funcionario, de
conformidad con las normas vigentes.
Articulo 928.
TRASLADO SIN LLENO DE REQUISITOS PARA EL CARGO. Los funcionarios de la
Dirección General de Impuestos Nacionales, que desempeñen cargos sin reunir los
requisitos mínimos exigidos por la ley para el desempeño de los mismos, podrán
ser trasladados a otros cargos de igual remuneración salarial, sin tener en
cuenta los requisitos exigidos para el nuevo cargo.
Articulo 929.
FONDO DE DIVULGACIÓN TRIBUTARIA. Son recursos del Fondo de Divulgación
Tributaria:
a)
El producto de la venta de impresos y demás publicaciones hechas por la
Dirección General de Impuestos Nacionales;
b)
Las partidas que dentro del Presupuesto Nacional se asignen al Fondo de
Divulgación Tributaria para atender los gastos de funcionamiento e inversión,
de la Dirección General de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
c)
Los demás bienes que se le asignen al Fondo a cualquier título.
Articulo 930.
DESTINACIÓN DEL FONDO DE DIVULGACIÓN TRIBUTARIA. Los recursos del Fondo de
Divulgación Tributaria se destinarán a cubrir los gastos de funcionamiento e
inversión que en desarrollo de sus funciones deba efectuar la Dirección General
de Impuestos Nacionales, con excepción de los relativos a servicios personales.
No obstante, podrá ejecutar las partidas asignadas para los rubros de
remuneración servicios técnicos, personal supernumerario, viáticos y demás
gastos generales asignados a la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Articulo 931.
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO. El Ministro de Hacienda y
Crédito Público mediante resolución hará la distribución general de los
recursos del Fondo, por cada uno de los conceptos de gasto. El Director General
de Impuestos Nacionales distribuirá y modificará mediante resolución los
recursos asignados, con destino a las administraciones y recaudaciones de
impuestos y el nivel central de la respectiva dirección.
Articulo 932.
FIJACIÓN DE TARIFAS. El Director General de Impuestos Nacionales establecerá
mediante resolución, las tarifas o precios que deban cobrarse por las
publicaciones y servicios que preste la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
Articulo 933.
CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES. Los conceptos
emitidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales sobre la
interpretación y aplicación de la ley tributaria, son de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios de la administración y su desconocimiento
acarreará sanción disciplinaria por mala conducta.
Las
Oficinas de Orientación al Contribuyente darán sus opiniones sobre casos
particulares en forma verbal, y dichas opiniones no obligan a quienes las
solicitan, ni a la Administración.
ARTICULO 2º
Las normas reglamentarias de las disposiciones incorporadas al Estatuto
Tributario, se entenderán referidas a las que les correspondan en el nuevo
articulado, mientras no sean expedidos los reglamentos que las sustituyan,
modifiquen o deroguen.
ARTICULO 3º
El Estatuto Tributario sustituye las normas con fuerza de ley relativas a los
impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales, en él
comprendidas, vigentes a la fecha de expedición de este Decreto y entrará en
vigencia dos (2) meses después de la publicación de este Decreto.
ARTICULO 4º
Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 30 de marzo de
1989.
VIRGILIO BARCO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA.